Política
El Presidente Vizcarra impulsó Acuerdo de Escazú que atentará contra la soberanía nacional
¿En qué consiste el Acuerdo de Escazú? El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado el 04 de marzo de 2018 en Costa Rica, por 22 países del Caribe y América Latina, y según su comunicado oficial, éste impulsará protocolos que protegerán el medio ambiente. Asimismo, refieren que implementará los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, así como el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Posteriormente, se firmó el 27 de septiembre de 2018 en Nueva York y aún se encuentra a la espera de la ratificación de cada uno de los países firmantes. En ese sentido, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Perú como negociador firmó en la fecha mencionada, pero ahora se requiere su ratificación, porque solo faltan dos meses; según el artículo 21° del tratado, el plazo final para la firma de todos los países de América Latina y el Caribe es hasta el 26 de septiembre de 2020.
El Congreso nacional será el responsable de tomar la decisión, y deberá priorizar los intereses nacionales, antes que los intereses de terceros. Precisamente, el artículo 56° de la Constitución señala que el Parlamento es quien debe aprobar aquel tratado, por tratarse de temas de Derechos Humanos, Soberanía, dominio o integridad del Estado, y Defensa Nacional.
Veamos qué dicen las normas peruanas con respecto a la soberanía nacional:
El 16 de diciembre de 1822 el nuevo Congreso Constituyente decretó las Bases de la Constitución Política de la República Peruana y en su segundo artículo señala claramente: “La soberanía reside esencialmente en la Nación: ésta es independiente de la Monarquía Española, y de toda dominación extranjera, y no puede ser patrimonio de ninguna persona ni familia”. Justamente, esa Nación es definida en su siguiente artículo, como la denominada República Peruana.
Asimismo, en nuestra Carta Magna vigente, claramente se señala:
Artículo 44°.- Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.
Artículo 54°.- El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre.
El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley.
En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.
El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.
Sin embargo, en el artículo 55° nace una relativización en los tratados internacionales, y que eventualmente podría cobrar una peligrosa dualidad. El artículo en mención señala: “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”.
¿Por qué hay tanto interés en defender este acuerdo?
Cuando éste se firmó, las ONGs ambientales aseveraron que había sido algo histórico a favor del ambiente y el ciudadano. Ahora entendemos por qué la ministra del Ambiente Fabiola Muñoz fue la que suscribió el acuerdo, en lugar del titular de Relaciones Exteriores, que es el que nos debió representar como Estado. Sin embargo, el propio presidente Martín Vizcarra, y el canciller Néstor Popolizio fueron los que firmaron la Resolución Suprema 183-2018-RE para que la ministra viajara a Nueva York para cumplir con la misión. Actualmente, el diplomático Néstor Popolizio se desempeña como Representante Permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas.
En tanto, la ministra Muñoz ha afirmado más de una vez, que este acuerdo fortalece la transparencia y la participación de la sociedad en los temas ambientales y que los ayudará a trabajar con la sociedad civil y con las industrias. Además, menciona que conforme a su trabajo en equipo con otros sectores como el de Cultura y Relaciones Exteriores, este acuerdo es positivo para el país, porque es un tema de participación ciudadana. Entonces, uno se pregunta ¿Acaso el ciudadano común sabe de estos temas y realmente desea participar? ¿Quiénes serán los grupos de ciudadanos o asociaciones que realmente querrán participar? Sin embargo, Fabiola Muñoz insiste en su tesis dizque altruista y asegura que ellos buscan defender los derechos de los líderes ambientalistas en materia de seguridad, y sobre todo, para que puedan tener espacios de diálogos con el sector privado.
En palabras de esta ministra… todo suena bonito, porque resalta las bondades que traería la ratificación de nuestra nación en el acuerdo de Escazú y lo marketea como la panacea absoluta en temas de transparencia para que la gente común ejerza su derecho a informarse. Pero hay que tomar en cuenta que Perú es un territorio muy recurrente en sus conflictos sociales, precisamente por las enésimas controversias ambientales surgidas entre comunidades originarias y otros poderosos agentes que pertenecen al gran empresariado y al emporio industrial, minero, y extractivista.
Precisamente, en lo que se refiere a ese aspecto, quizá sigamos siendo testigos de futuras y encarnizadas controversias nacionales; que luego podrían convertirse en una guerra, porque justamente si se diera el tratado, todo lo que pudiera surgir en temas ambientales dentro de los territorios peruanos, quizás ya no podrían resolverse de acuerdo al derecho nacional o interno, porque dada su relativización, probablemente se tendría que recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Y sin duda, con ese criterio, incluso Ecuador podría aprovechar la oportunidad para demandarnos ante la Corte Internacional, y luego de tantas décadas de conflictos, estaríamos a merced del tribunal exterior, porque en este acuerdo no se admiten reservas. En otras palabras, nuestra soberanía correría el riesgo de verse soterrada, a pesar que nuestra ley magna expresa claramente que ella es absoluta.
Algo que resulta asombroso, es ver cómo todo ese grupo de ONGs caviares ambientalistas que están integradas al CEPAL de la ONU, están adquiriendo poder en los últimos años. Y además están desesperadas para que pronto se firme la ratificación, con el pretexto de que se preocupan de cautelar los derechos de los indígenas y de la conservación del ambiente amazónico; como si ellas trabajaran gratis y vivieran en condiciones espartanas.
Por su parte, en Chile a pesar del gran auspicio de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, y a pesar que fueron uno de los principales promotores del acuerdo, hoy parece que lo tienen claro, porque aún no han firmado su ratificación. Chile está tomando una postura reacia, y alega que el tema requiere un análisis más profundo y que necesariamente están involucrando a otras instituciones sectoriales para evaluar sus implicancias. Mientras tanto, las ONGs ambientalistas han dado el grito en el cielo en el pais Mapocho y han mostrado un agresivo rechazo. Incluso, más de 130 juristas han avalado la tesis del desarrollo sostenible y han exigido al gobierno que firme el acuerdo para que no sigan perdiendo la confianza de los organismos internacionales.
Volviendo a nuestro país ¿qué pasaría si el Congreso ratifica el acuerdo en las próximas semanas? Las respuestas no se han dejado esperar. Por su parte, un importante grupo de generales de la Fuerza Aérea en situación de Retiro han manifestado su preocupación y enviaron una carta al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General del Ejército, César Astudillo Salcedo.
Aquí un extracto de la misiva:
“Los Oficiales Generales de la Fuerza Aérea en situación militar de Retiro que suscriben el presente, desean hacerle saber su profunda preocupación, ante la posibilidad que el Congreso de la República apruebe en las próximas semanas o días, el Acuerdo de Escazú (Costa Rica), para su posterior ratificación por el Presidente de la República, que se daría a más tardar el 26 de setiembre de 2020, tal como lo establece el artículo 21o del mencionado tratado.
Este Acuerdo Regional impulsado por la CEPAL, tiene la particularidad de permitir la participación del público, de las comunidades y de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) de derechos humanos y asuntos ambientales, entre otros, en los procesos de toma de decisiones sobre inversiones mineras y utilización de recursos naturales, en donde puedan existir controversias, originadas por los intereses propios de alguna de estas ONG’s; utilizando para tal fin a distintas comunidades, así como pueblos indígenas o grupos étnicos. Es claro que en el caso del Perú, se refiere a zonas mineras y principalmente a la Amazonía, cuya superficie abarca aproximadamente el 53% del territorio nacional, en donde las mencionadas ONG’s bloquearían la explotación de los recursos mineros y demás recursos naturales, impidiendo ulteriormente, el ingreso de divisas necesarias para el desarrollo del país.
El problema central de este acuerdo, se encuentra en el artículo 19o, donde se establece que, en el caso de controversias respecto a los procesos nacionales, sobre la aplicación de lo establecido en este tratado, dicha controversia se someterá a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a fin que sea la “justicia internacional” quien decida por sobre lo resuelto en los tribunales nacionales, con lo cual la Soberanía del Estado Peruano se vería menoscabada, por una supuesta controversia entre nacionales. En pocas palabras, el Perú perdería soberanía sobre gran parte del territorio nacional”.
Asimismo, la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú (ADOGEN) ya manifestaron su rechazo e invocan al Congreso no ratificar el controvertido acuerdo. Y el día de ayer emitieron el Comunicado N° 20-2020 y en uno de sus puntos refieren: “es el proyecto más ambicioso y audaz de la ONU para ejercer presión supra nacional sobre los asuntos internos de los Estados con relación al empleo y uso de sus recursos naturales; la dimensión e implicancias de sus alcances, subordinan de hecho, cualquier consideración sobre la soberanía de los Estados y de la autoridad de gobierno a los principios que se exponen en dicho acuerdo. La incorporación del concepto de Justicia Ambiental dentro del marco de los llamados Derechos Ambientales y Gobernabilidad que define la Cepal, subordina la toma de decisiones sobre el empleo de los recursos naturales de cada país a la dinámica e intereses de los organismos internacionales como las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Fundaciones Internacionales, movimientos, agrupaciones, personas e individuos que no tienen ningún alcance de responsabilidad, ni compromiso directo con el Estado Peruano, más allá de la imposición de una ideología de alcance supra nacional”.
Aquí las normativas del CEPAL incluidas en el Acuerdo de Escazú
Hay que tomar en cuenta y analizar tres artículos puntuales del Acuerdo de Escazú, para poder avizorar qué efectos acarreará en el futuro cuando se recurra al Depositario, que no es otro que el Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 2
Definiciones
a) por “derechos de acceso” se entiende el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales;
d) por “público” se entiende una o varias personas físicas o jurídicas y las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas, que son nacionales o que están sujetos a la jurisdicción nacional del Estado Parte;
Artículo 19
Solución de controversias
1. Si surge una controversia entre dos o más Partes respecto de la interpretación o de la aplicación del presente Acuerdo, esas Partes se esforzarán por resolverlo por medio de la negociación o por cualquier otro medio de solución de controversias que consideren aceptable.
2. Cuando una Parte firme, ratifique, acepte o apruebe el presente Acuerdo o se adhiera a él, o en cualquier otro momento posterior, podrá indicar por escrito al Depositario, en lo que respecta a las controversias que no se hayan resuelto conforme al párrafo 1 del presente artículo, que acepta considerar obligatorio uno o los dos medios de solución siguientes en sus relaciones con cualquier Parte que acepte la misma obligación:
a) el sometimiento de la controversia a la Corte Internacional de Justicia;
b) el arbitraje de conformidad con los procedimientos que la Conferencia de las Partes establezca.
3. Si las Partes en la controversia han aceptado los dos medios de solución de controversias mencionados en el párrafo 2 del presente artículo, la controversia no podrá someterse más que a la Corte Internacional de Justicia, a menos que las Partes acuerden otra cosa.
Artículo 23
Reservas
No se podrán formular reservas al presente Acuerdo.
Los puntos enunciados en los tres artículos son contundentes. Porque primero se confirma que la participación pública no necesariamente va a ser a través de una comunidad nativa afectada, sino, por terceros. Es decir, a través de asociaciones y/o organizaciones, como por ejemplo una ONG. Asimismo, el sometimiento de las futuras controversias será ante la Corte Nacional de Justicia. Y por último, en este acuerdo no están permitidas las reservas.
Así las cosas, el Congreso deberá ponerse firme y no debe aprobar aquel Acuerdo que luego pasaría a la condición de Tratado Internacional. Porque el área total del territorio de la Amazonia peruana, así como el resto de territorios que gozan de grandes recursos naturales y donde existen yacimientos mineros, le pertenece a la soberanía nacional y sería inadmisible que luego de las decisiones políticas que están siendo negociadas por este gobierno, la prerrogativa de decidir el uso de los recursos naturales so pretexto de defender a la ecología de los pueblos amazónicos, pase a manos de los grupos radicales y de ONGs ideológicas para defender intereses individuales y de organismos internacionales, más allá de los derechos ancestrales, como siempre ellos lo hacen ver.
En ese sentido, nuestra Amazonía nacional corre el riesgo de pasar a ser patrimonio común de la humanidad como ha sucedido con la Antártida; evidentemente, eso no significa que el Perú perderá el territorio de la Amazonía; sin embargo, desde el punto de vista jurídico perdería el manejo y la autonomía para resolver conflictos que normalmente se deben solucionar por la vía del derecho interno y/o nacional.
Finalmente, la soberanía de un territorio es innegociable, pero con el refrendo ratificatorio del tratado que el gobierno de Martín Vizcarra pretende realizar junto a su ministra del Ambiente y a la Cancillería, la soberanía de la Amazonía se convertiría en una soberanía relativizada, y eso bajo ninguna circunstancia es admisible. ¡Basta de más concesiones y de vender a la patria!
Política
Declaratoria de emergencia, pero al gobierno de Dina Boluarte
Más de 30 de estados de emergencia han sido declarados durante su mandato. El resultado: ni una sola mejoría.
Habría que ser bien caradura para solicitar un aumento de sueldo pese a los malos resultados. Si un técnico de fútbol pierde todos sus partidos no puede pedir que se le mejore su sueldo. Si un gerente manda a la quiebra su empresa no puede atreverse a ganar el doble. Como todos los cargos, siempre se exigirán resultados, y lo realizado hasta ahora por la presidenta de la República, Dina Boluarte, es desastroso, por decirlo de una manera educada.
Desde que se colocara la banda presidencial el 7 de diciembre del 2022, Dina Boluarte ha declarado al menos 32 estados de emergencia en distintas regiones del país. En teoría, durante un estado de emergencia, según el artículo 137 de nuestra Constitución Política, se suspenden ciertos derechos, como la libertad de reunión, de tránsito o la inviolabilidad de domicilio, sin embargo, son los propios lugareños quienes manifiestan que todo, absolutamente todo, continúa igual.
En pleno “estado de emergencia” ocurren asesinatos, extorsiones, detonaciones con dinamita, secuestros al paso, amenazas a pequeños negocios. Todo eso a escasos metros de una comisaría o un puesto de vigilancia.
Las medidas adoptadas por la mandataria y sus ministros de Defensa y del Interior ya rozan con la improvisación o la mera dejadez. Hace poco, Miguel Rodríguez Díaz, conocido como ‘Cuchillo’, se fue a Colombia desde el aeropuerto Jorge Chávez de Lima. ¿No que estaban realizando un “trabajo articulado”?
Cuesta mucho colegir que en verdad se viene trabajando de manera eficiente desde el Gobierno Central, sobre todo por los resultados que se vienen dando desde hace más de tres años. De los miles de detenidos solo uno o dos son verdaderos cabecillas de organizaciones criminales. Los demás fueron detenidos por violencia familiar, micro comercialización de drogas, o robo o hurto agravado.
La mandataria piensa que declarando estados de emergencia como por arte de magia la criminalidad va a desaparecer, pero si detrás de ello no hay una verdadera planificación todo seguirá con o sin declaratoria.
Un informe realizado por el diario Correo indica que desde el año 2022 se han declarado al menos 32 estados de emergencia a nivel nacional, siendo la provincia de Pataz, en La Libertad, con más declaratorias debido a la minería ilegal. Le siguen las regiones de Huancavelica, Amazonas, Lima y Callao en cantidad.
En dichas regiones no se ha visto un cambio positivo, al contrario, las bandas criminales vienen actuando con total impunidad, asesinando a diestra y siniestra a cuanto ciudadano se le cruce en su camino.
Cualquier experto en seguridad, con dos dedos de frente, concluye que no existen resultados en esa treintena de declaratorias. La presidenta, de tratarse de un trabajador más, ya estaría desempleada desde hace tiempo, por la sencilla razón de que no cumple con lo requerido: restablecer la paz en todo el país.
Política
Tierra de nadie: almacenes ‘clandestinos’ en Mesa Redonda son conocidos por todos [VIDEO]
A vista y paciencia de todos continúa la informalidad en conocido emporio comercial. A pesar del caos, alcalde de Lima ya se viene preparando para su candidatura presidencial.
No estamos hablando de una, dos, tres, diez, o veinte fiscalizaciones, sino que a lo largo de la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, las zonas comerciales conocidas como Mesa Redonda y Mercado Central, durante todo el día, están repletas de vendedores ambulantes, triciclos que invaden gran parte de la avenida Abancay, imposibilitando el libre tránsito de los vehículos y transeúntes.
A pesar de ubicarse a unas cuantas cuadras del Palacio Municipal, pareciera ser que esa parte del Centro de Lima correspondiera a otra región o país, pues es sumamente evidente el nivel de descuido de parte de la autoridad municipal. Está olvidada a su suerte y a pesar de ello el actual burgomaestre ya viene pensando en las próximas elecciones presidenciales.
Día a día miles de personas acuden a esos emporios comerciales a adquirir productos de diversa necesidad. El fin de semana pasado, con motivo al Día de la Madre, la situación resultaba caótica debido a la gran cantidad de vendedores que ocupaban gran parte del espacio público. Y todos se preguntan ¿dónde se guarda tanta mercadería?
Un reportaje del programa dominical Punto Final indicó que más del 50 % de las viviendas ubicadas en el jirón Junín sirven de almacenes. Sería incorrecto llamarlos clandestinos porque es conocido por todos que ahí se guarda mercadería; incluso la propia gerente de fiscalización de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Mariella Falla, indicó que desde su oficina se tiene conocimiento pleno de los almacenes y la manera en cómo le sacan la vuelta a la ley.
La gerente de fiscalización indicó que en un principio las empresas suelen cumplir con los solicitado, es decir, piden permiso para que en el local trabaje como oficina, pero con el tiempo se utilizan como depósitos.
Cabe indicar que Rafael López Aliaga es alcalde de Lima desde el año 2022; han pasado más de tres años y la situación en esos emporios no ha cambiado en lo más mínimo. Según la gerente entrevistada, desde hace una semana vienen aplicando la “inteligencia” para sancionar a los malos empresarios. En otras palabras, se han pasado tres años colocando anuncios de cierre temporal en los almacenes para que a las semanas vuelvan a abrir.
Ni las propias empresas formales se salvan. El caso de Tai Loy resulta reprochable por donde se le mire, sirviendo de mal ejemplo para todas aquellas empresas formales que se quieren pasar de listas, pasando por encima las normas municipales.
Fueron los propios trabajadores de esa empresa de útiles escolares y de oficina quienes reconocieron que esas viviendas servían de almacenes, infringiendo la norma que indica que solo el 30 % puede ser utilizado como almacén.
A todo esto ¿dónde está el alcalde que le gusta pasearse con tiktokers o youtubers, haciéndolos pasar al Palacio Municipal? ¿O será que él no ve esas cosas porque es un “alcalde empresarial”? Estamos más que seguros que jamás se dará una vuelta por Mesa Redonda o el Mercado Central porque no se encontrará con su “portátil”, sino con ofuscados vecinos que le recriminar el estado de abandono de sus calles.
Política
Ni cien videos limpiarán la imagen a Morgan Quero [VIDEO]
Video realizado por el IPD realzaba la imagen del titular del Minedu que en junio del año pasado había dicho que la violación a niñas awajún eran “prácticas culturales”.
Se va a cumplir un año desde que el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Morgan Quero Gaime, señalara públicamente que las violaciones realizadas contra niñas awajún es una “práctica cultura”.
“[…] Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas…” fueron las palabras textuales del ministro Quero, las mismas que posteriormente tuvo que pedir disculpas, reconociendo que fueron sumamente indebidas.
A pesar de esas terribles declaraciones, el titular del Minedu permanece inamovible de su cargo, sin que nadie se atreva a moverle un pelo.
A propósito de su equivocada forma de pensar, el programa Punto Final reveló que desde el Instituto Peruano del Deporte (IPD), entidad adscrita al Minedu, se había elaborado un video institucional realzando la imagen de Quero Gaime. La única intención de ese video era tratar de contrarrestar la ola de críticas de la población tras haber escuchado la declaración de Quero en el caso de las niñas awajún.
Dicho video nunca salió a la luz debido a que era una “muy obvia y burda” la manera en que se intentaba limpiar la imagen del titular del Minedu. Ante ello, se optó por guardar ese material audiovisual bajo siete llaves, sin embargo, se tuvo conocimiento que el video finalmente llegó a costar 55 mil soles, según el propio IPD.
Otro dato importante. El citado medio periodístico indicó que el mismo presidente del IPD, Federico Tong, le había solicitado al alcalde de Río Santiago, Urías Sharup Yambisa, que se encargara de realizar unos juegos deportivos para julio del año pasado, para así justificar la presencia del equipo técnico del IPD y así poder realizar el video institucional.
Morgan Quero, el ‘pelele’ de Dina Boluarte
A la jefa de Estado no le incomoda para nada que el titular del Minedu se equivoque una y otra vez, ya que para ella eso solo representa que los focos apunten en dirección al ministro Quero y así la prensa no está detrás de ella todo el tiempo.
El ‘escudero’ de Boluarte es el más fidedigno ejemplar de que los ministros a final de cuentas terminan siendo ‘fusibles’ para la mandataria que está más que agradecida que Quero diga una que otra estupidez cada cierto tiempo. Cómo olvidar la vez que lanzó “vivas” al autismo; o la ocasión en que dijo que “los Derechos Humanos no son para ratas” cuando se le consultó sobre las muertes durante las protestas tras la salida de Pedro Castillo”; o más recientemente, cuando afirmó que no se necesitan “docentes de inglés en los colegios”. Pero la declaración más descabezada de todas, sin lugar a dudas, fue cuando dijo que “las violaciones son una práctica cultural”.
Ni cien videos dirigidos por el mejor director del mundo podrán elevar la imagen de Morgan Quero, pues solo está al lado de Boluarte para distraer la atención cada vez que abre la boca. A fin de año, seguramente, acompañará a la mandataria como figura para quemar en Año Nuevo. Total, es solo un muñeco de paja.
Política
Rectora de San Marcos entregó condecoración a ministra Leslie Urteaga por su “aporte al desarrollo del país” [VIDEO]
Titular del Midis fue condecorada por la rectora Jerí Ramón el pasado 6 de mayo.
Una de las ministras incondicionales de la presidenta Dina Boluarte, nos referimos a Leslie Urteaga Peña, estuvo presente el pasado 6 de mayo en su casa de estudios para recibir una condecoración con motivo del 474° aniversario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
La ‘Decana de América’ realizó un reconocimiento a destacados ex alumnos que ahora cumplen funciones dentro del Estado, entre ellos la ministra Urteaga, actual titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
Fue la propia rectora de San Marcos, Jerí Ramón, quien entregó la distinción “Sanmarquinos destacados 2025”, a la abogada Leslie Urteaga, aprovechando la ocasión para darle un fuerte abrazo y un beso a la cuestionada ministra que previamente pasó también por la cartera de Cultura.
La infame rectora de San Marcos Jeri Ramón, condecora a Leslie Urteaga como "Personalidad destacada 2025". La Ministra responsable de la intoxicación de decenas de niños por Qaliwarma ¡Una vergüenza! pic.twitter.com/STk3QQNEp5
— Chacotero (@ChacoteroPeru) May 8, 2025
A propósito de sus desempeños en las carteras de Cultura y el Midis, a Urteaga Peña, siendo ministra de Cultura, se le critica severamente por su falta de apoyo al cine regional, siendo abucheada en una oportunidad cuando asistió al 28° Festival de Cine de Lima.
También fue duramente cuestionada al pretender “flexibilizar” la intangibilidad de las reservas indígenas cuando propuso crear una mesa de trabajo para analizarlo.
“Las comunidades que viven ahí necesitan tener servicios básicos, eso no significa que sean intangibles, creo que también es flexibilizar, de pronto, algunas autorizaciones totalmente formales y los esquemas de intervención que tiene el Estado. Me permito hacer una propuesta de tener un grupo técnico que pueda debatir y conversar, respecto aquellos casos en que sí nos preocupa”, fueron sus palabras durante su participación en la vigésima sesión ordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, el 30 de abril del año pasado.
También recibió comentarios negativos cuando en una oportunidad recibió en su despacho a Juan Muñico Gonzales, líder de la agrupación de ultra derecha ‘La Resistencia’.
En tanto, siendo ministra del Midis, viene siendo investigada por el Congreso por su labor dentro del extinto programa Wasi Mikuna (ex Qali Warma), al revelarse una serie de casos de intoxicación en niños luego de haber ingerido productos de ese programa alimenticio.
Resulta increíble que una destacada universidad condecore a una ministra que tras su paso por dos ministerios no ha dejado nada rescatable; al contrario, viene saliendo de uno con una pesada mochila, y se encuentra en el Midis solamente por su cercanía con Dina Boluarte.
El dato:
También fueron condecorados personalidades como la doctora Janet Ofelia Lourdes Tello Gilardi, presidenta de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial de la República; la licenciada Fanny Esther Montellanos Carbajal, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; el doctor Alejandro Narváez Liceras, presidente del Directorio de Petróleos del Perú – Petroperú S.A.; el abogado César José Bernabé Pérez, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Calidad (INACAL); y el Sr. Alejandro Castro Coronado, representante en Perú de la Corporación Estatal China CETC.
Política
Hoy juez Concepción Carhuancho decide si Alejandro Toledo se va a su casa
El expresidente Alejandro Toledo declaró que sufre de cáncer, gastritis y ansiedad crónica y pidió su excarcelación por razones humanitarias para continuar su condena de 20 años en su vivienda. Entretanto, en audiencia de hoy el juez anunciará su decisión.
Esta mañana el Poder Judicial inició la audiencia para evaluar la sustitución de la sanción condenatoria de 20 años de prisión efectiva dictada contra el expresidente de la República, Alejandro Toledo Manrique. En esa línea, el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, anunció que hoy a las 16:00 horas, emitirá su decisión respecto al pedido presentado por la defensa del hoy preso exmandatario para cumplir su condena en calidad de arresto domiciliario, por razones humanitarias.
Por su parte, Alejandro Toledo declaró que tiene enfermedades como cáncer, gastritis y ansiedad crónica, entre otras, que requieren de permanente atención médica.
“No pedimos la modificación de la pena, sino la parte dónde debe cumplir la condena. Solicitamos que se declare fundado el pedido y que se ordene que Alejandro Toledo cumpla su condena conforme establece la modificación del Código Penal”, refirió el abogado defensor del exmandatario.
A su turno, desde el Penal de Barbadillo, Alejandro Toledo pidió al juez “de todo corazón”, que le permita salir a su vivienda, considerando sus 80 años de edad y los males que tiene. Dijo que no se irá del país, hasta que su situación legal se resuelva.
“Iré a una clínica privada donde me diagnosticaron el cáncer que tengo, que ha resurgido. Tengo problemas cardiacos, problemas de ansiedad aguda. Pido, de todo corazón que, por razones humanitarias, de mi enfermedad y de mi edad, se atienda mi pedido”, refirió.
En tanto, la representante de la Fiscalía se opuso al pedido de la defensa de Toledo, señalando que en la sentencia de condena a 20 años y 6 meses impuesta al exjefe de Estado, se precisa que debió ser extraditado de Estados Unidos, porque nunca se puso a derecho.
“Hoy se va a dar la decisión. Anuncio que será a las 4 de la tarde, en sesión presencial”, refirió el juez Concepción Carhuancho.
Durante la audiencia, el abogado de Alejandro Toledo, Roberto Su, dijo que ha formulado el pedido al amparo de una reciente norma que establece que, por razones humanitarias, los sentenciados mayores de 80 años cumplirán su condena con arresto domiciliario.
Política
Presidente del Congreso sobre posible viaje de Dina Boluarte al Vaticano: “Miramos con simpatía esa posibilidad” [VIDEO]
Congresista Salhuana, de APP, no tendría inconvenientes en aprobar un posible viaje de la mandataria a la Santa Sede para visitar al papa nacionalizado peruano.
¡Vade retro! La presidenta de la República, Dina Boluarte, estaría evaluando en las próximas horas solicitar al Congreso de la República un permiso para poder viajar al Vaticano y así estar presente el próximo 18 de mayo para la entronización del papa León XIV o Robert Prevost, quien tiene la nacionalidad peruana desde el año 2015.
Es bien conocido por todos los ciudadanos la fuerte devoción católica de la mandataria, quien en ocasiones anteriores estuvo al lado del papa Francisco en la ciudad del Vaticano, así como su intención de querer estar presente durante su velatorio. Ahora, teniendo como nuevo papa a un ciudadano peruano-estadounidense, la mandataria no querrá desaprovechar la ocasión de compartir momentos junto al sumo pontífice.
Consultado sobre ese posible viaje, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Eduardo Salhuana, respondió a varios medios de prensa estar “dispuesto” a evaluar esa “eventual solicitud”.
“Si la presidenta lo solicita, se evaluará. Nosotros miramos con simpatía esa posibilidad porque posiciona al Perú en el escenario internacional”, respondió el legislador de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña, aliado no declarado de la jefa de Estado.
A propósito de APP, la congresista María Acuña, hermana del gobernador de La Libertad, manifestó encontrarse a favor del viaje de Boluarte Zegarra, añadiendo que le gustaría viajar también al Vaticano junto con toda su familia.
“Mi familia y yo quisiéramos viajar (al Vaticano) y por supuesto con nuestros recursos”, aclaró la legisladora apepista ante la interrogante si viajaría utilizando los recursos del Estado.
Por su parte, el congresista de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, se mostró en contra de otorgarle un permiso a la presidenta. El legislador indicó que la presencia de Dina Boluarte podría “perturbar” la alegría que se vive en el mundo debido a la elección del exobispo de Chiclayo.
«El Perú, respecto a la presidenta, tiene otro sentimiento. Y, respecto al Papa, es totalmente distinto. Así sea por una invitación, ella no debería mezclar las cosas. Y eso, al contrario, podría perturbar yo creo este sentimiento de alegría, de regocijo espiritual que todos los peruanos y los católicos estamos viviendo», contestó Cruz Mamani.
Política
Fiscalía tras ‘hija política’ de Acuña por su presunta designación ilegal
Ministerio Público abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables de «negociación incompatible», tras haber contratado en el Congreso a la militante de APP, Yessenia Lozano Millones como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso.
A través de un comunicado, la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima anunció que abrió investigación preliminar por la presunta contratación ilegal de la mayormente conocida como ‘Hija política’ de César Acuña, Jaqueline Yessenia Lozano Millones, en el cargo de jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso de la República.
El Ministerio Público informa que la fiscalía anticorrupción ya empezó a investigar a los que resulten responsables del delito de ‘negociación incompatible’ por la referida designación en el Parlamento.
«Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima (Tercer Despacho) inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de negociación incompatible por la designación presuntamente irregular de Jaqueline Yessenia Lozano Millones como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso de la República», se lee en el anuncio fiscal.
Asimismo, se indica que la fiscal adjunta provincial Djanira Ajalcriña Cáceres ha solicitado formalmente al Congreso de la República que remita los documentos relacionados con la contratación de la apepista Lozano Millones, así como también el instrumento normativo que sustente la creación, funciones y conformación de la referida oficina, «entre otras diligencias necesarias» para que se logre esclarecer los hechos. Asimismo, indican que la investigación se basa en la hipótesis de que se trata de un «beneficio laboral obtenido únicamente en virtud de su afiliación a un partido político», como es Alianza para el Progreso (APP).
Salhuana defiende a Yessenia Lozano
Entre tanto, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, defendió la permanencia de Yessenia Lozano Millones en una oficina del Parlamento, indicando que no habría motivos para que la militante del partido Alianza para el Progreso (APP) tenga que abandonar su puesto como jefa del Centro de Modalidades.
«No hay ningún motivo objetivo para retirarla. Ella es una joven profesional y aquí, en el Congreso, damos oportunidades para que los jóvenes peruanos asuman roles y responsabilidades. Si ella estuviera involucrada en un tema ilícito, de corrupción, de malos manejos, o un trabajo incompetente, tengan la absoluta seguridad de que la retiraríamos de inmediato […] Yessenia será valorada, no por la universidad donde ha estudiado, sino por sus capacidades y los logros que nos brinda en la oficina en referencia», refirió el presidente del Congreso en una entrevista.
Política
Congresistas cusqueños exigen citar al gobernador de Cusco por conflicto del lujoso hotel de López Aliaga en Machu Picchu
Legisladores de la región Cusco piden la intervención de la Comisión de Fiscalización ante la controversia del lujoso Hotel Sanctuary Lodge, que ha logrado prolongar su concesión gracias a una medida cautelar otorgada por un juzgado del Poder Judicial.
Los congresistas de la región Cusco, Luis Ángel Aragón Carreño, Guido Bellido Ugarte, Ruth Luque Ibarra, Alejandro Soto Reyes y Jhakeline Katy Ugarte Mamani enviaron un oficio formalmente al presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Juan Burgos Oliveros, para que cite con carácter de urgencia al gobernador regional de Cusco, Werner Máximo Salcedo Álvarez, con el fin de que rinda cuentas y explique qué acciones viene tomando, respecto del conflicto generado a raíz de la concesión del lujoso hotel Sanctuary Lodge, de propiedad del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
Este lujoso hospedaje se encuentra ubicado en la entrada del Parque Arqueológico de Machu Picchu y gracias a una medida cautelar otorgada por el Décimo Segundo Juzgado Civil Subespecializado Comercial de Lima, del Poder Judicial, la empresa Belmond Hotels ya no abandonará las instalaciones del lugar hasta que la controversia se resuelva mediante un arbitraje.
Como se sabe, el contrato de usufructo con la empresa hotelera debió culminar este mes de mayo; sin embargo, actualmente se ha prorrogado la vigencia del contrato, impidiendo que el Gobierno Regional del Cusco (GORE Cusco) recupere la posesión del predio en Machu Picchu.
Empresa hotelera de ‘Porky’ denuncia posibles disturbios violentos
Temen una posible toma del hotel; por ello, el 7 de mayo, la Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu emitió una advertencia al gobernador Werner Salcedo y a dirigentes sociales, como Héctor Calla Chura y Alfredo Cornejo Paredes, para que se abstengan de promover o ejecutar la recuperación por la fuerza del Hotel Sanctuary Lodge, basándose en una denuncia presentada por la empresa Perú Belmond Hotel S.A., que acusa a los mencionados de incitar a la población a actos que podrían configurar delitos como usurpación, disturbios, daño agravado y coacción.
Ante el anuncio de nuevas movilizaciones programadas para el próximo viernes 16 de mayo, la fiscal María Teresa Huaco Cateriano advierte que existe un riesgo «efectivo e inminente» de violencia.
Juzgado de Lima le dio la razón al hotel de López Aliaga
El contrato original entre Belmond Hotels y el GORE de Cusco data de 1995. Es decir, tienen más de 30 años concesionando el bien y el vencimiento de la misma, debiera ser el próximo 16 de mayo. Sin embargo, en abril de 2025, el 12.º Juzgado Civil Comercial de Lima ordenó mantener vigente dicho contrato mientras se resuelve un proceso arbitral pendiente.
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