Política
El Presidente Vizcarra impulsó Acuerdo de Escazú que atentará contra la soberanía nacional
¿En qué consiste el Acuerdo de Escazú? El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado el 04 de marzo de 2018 en Costa Rica, por 22 países del Caribe y América Latina, y según su comunicado oficial, éste impulsará protocolos que protegerán el medio ambiente. Asimismo, refieren que implementará los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, así como el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Posteriormente, se firmó el 27 de septiembre de 2018 en Nueva York y aún se encuentra a la espera de la ratificación de cada uno de los países firmantes. En ese sentido, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Perú como negociador firmó en la fecha mencionada, pero ahora se requiere su ratificación, porque solo faltan dos meses; según el artículo 21° del tratado, el plazo final para la firma de todos los países de América Latina y el Caribe es hasta el 26 de septiembre de 2020.
El Congreso nacional será el responsable de tomar la decisión, y deberá priorizar los intereses nacionales, antes que los intereses de terceros. Precisamente, el artículo 56° de la Constitución señala que el Parlamento es quien debe aprobar aquel tratado, por tratarse de temas de Derechos Humanos, Soberanía, dominio o integridad del Estado, y Defensa Nacional.
Veamos qué dicen las normas peruanas con respecto a la soberanía nacional:
El 16 de diciembre de 1822 el nuevo Congreso Constituyente decretó las Bases de la Constitución Política de la República Peruana y en su segundo artículo señala claramente: “La soberanía reside esencialmente en la Nación: ésta es independiente de la Monarquía Española, y de toda dominación extranjera, y no puede ser patrimonio de ninguna persona ni familia”. Justamente, esa Nación es definida en su siguiente artículo, como la denominada República Peruana.
Asimismo, en nuestra Carta Magna vigente, claramente se señala:
Artículo 44°.- Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.
Artículo 54°.- El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre.
El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley.
En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.
El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.
Sin embargo, en el artículo 55° nace una relativización en los tratados internacionales, y que eventualmente podría cobrar una peligrosa dualidad. El artículo en mención señala: “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”.
¿Por qué hay tanto interés en defender este acuerdo?
Cuando éste se firmó, las ONGs ambientales aseveraron que había sido algo histórico a favor del ambiente y el ciudadano. Ahora entendemos por qué la ministra del Ambiente Fabiola Muñoz fue la que suscribió el acuerdo, en lugar del titular de Relaciones Exteriores, que es el que nos debió representar como Estado. Sin embargo, el propio presidente Martín Vizcarra, y el canciller Néstor Popolizio fueron los que firmaron la Resolución Suprema 183-2018-RE para que la ministra viajara a Nueva York para cumplir con la misión. Actualmente, el diplomático Néstor Popolizio se desempeña como Representante Permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas.
En tanto, la ministra Muñoz ha afirmado más de una vez, que este acuerdo fortalece la transparencia y la participación de la sociedad en los temas ambientales y que los ayudará a trabajar con la sociedad civil y con las industrias. Además, menciona que conforme a su trabajo en equipo con otros sectores como el de Cultura y Relaciones Exteriores, este acuerdo es positivo para el país, porque es un tema de participación ciudadana. Entonces, uno se pregunta ¿Acaso el ciudadano común sabe de estos temas y realmente desea participar? ¿Quiénes serán los grupos de ciudadanos o asociaciones que realmente querrán participar? Sin embargo, Fabiola Muñoz insiste en su tesis dizque altruista y asegura que ellos buscan defender los derechos de los líderes ambientalistas en materia de seguridad, y sobre todo, para que puedan tener espacios de diálogos con el sector privado.
En palabras de esta ministra… todo suena bonito, porque resalta las bondades que traería la ratificación de nuestra nación en el acuerdo de Escazú y lo marketea como la panacea absoluta en temas de transparencia para que la gente común ejerza su derecho a informarse. Pero hay que tomar en cuenta que Perú es un territorio muy recurrente en sus conflictos sociales, precisamente por las enésimas controversias ambientales surgidas entre comunidades originarias y otros poderosos agentes que pertenecen al gran empresariado y al emporio industrial, minero, y extractivista.
Precisamente, en lo que se refiere a ese aspecto, quizá sigamos siendo testigos de futuras y encarnizadas controversias nacionales; que luego podrían convertirse en una guerra, porque justamente si se diera el tratado, todo lo que pudiera surgir en temas ambientales dentro de los territorios peruanos, quizás ya no podrían resolverse de acuerdo al derecho nacional o interno, porque dada su relativización, probablemente se tendría que recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Y sin duda, con ese criterio, incluso Ecuador podría aprovechar la oportunidad para demandarnos ante la Corte Internacional, y luego de tantas décadas de conflictos, estaríamos a merced del tribunal exterior, porque en este acuerdo no se admiten reservas. En otras palabras, nuestra soberanía correría el riesgo de verse soterrada, a pesar que nuestra ley magna expresa claramente que ella es absoluta.
Algo que resulta asombroso, es ver cómo todo ese grupo de ONGs caviares ambientalistas que están integradas al CEPAL de la ONU, están adquiriendo poder en los últimos años. Y además están desesperadas para que pronto se firme la ratificación, con el pretexto de que se preocupan de cautelar los derechos de los indígenas y de la conservación del ambiente amazónico; como si ellas trabajaran gratis y vivieran en condiciones espartanas.
Por su parte, en Chile a pesar del gran auspicio de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, y a pesar que fueron uno de los principales promotores del acuerdo, hoy parece que lo tienen claro, porque aún no han firmado su ratificación. Chile está tomando una postura reacia, y alega que el tema requiere un análisis más profundo y que necesariamente están involucrando a otras instituciones sectoriales para evaluar sus implicancias. Mientras tanto, las ONGs ambientalistas han dado el grito en el cielo en el pais Mapocho y han mostrado un agresivo rechazo. Incluso, más de 130 juristas han avalado la tesis del desarrollo sostenible y han exigido al gobierno que firme el acuerdo para que no sigan perdiendo la confianza de los organismos internacionales.
Volviendo a nuestro país ¿qué pasaría si el Congreso ratifica el acuerdo en las próximas semanas? Las respuestas no se han dejado esperar. Por su parte, un importante grupo de generales de la Fuerza Aérea en situación de Retiro han manifestado su preocupación y enviaron una carta al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General del Ejército, César Astudillo Salcedo.
Aquí un extracto de la misiva:
“Los Oficiales Generales de la Fuerza Aérea en situación militar de Retiro que suscriben el presente, desean hacerle saber su profunda preocupación, ante la posibilidad que el Congreso de la República apruebe en las próximas semanas o días, el Acuerdo de Escazú (Costa Rica), para su posterior ratificación por el Presidente de la República, que se daría a más tardar el 26 de setiembre de 2020, tal como lo establece el artículo 21o del mencionado tratado.
Este Acuerdo Regional impulsado por la CEPAL, tiene la particularidad de permitir la participación del público, de las comunidades y de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) de derechos humanos y asuntos ambientales, entre otros, en los procesos de toma de decisiones sobre inversiones mineras y utilización de recursos naturales, en donde puedan existir controversias, originadas por los intereses propios de alguna de estas ONG’s; utilizando para tal fin a distintas comunidades, así como pueblos indígenas o grupos étnicos. Es claro que en el caso del Perú, se refiere a zonas mineras y principalmente a la Amazonía, cuya superficie abarca aproximadamente el 53% del territorio nacional, en donde las mencionadas ONG’s bloquearían la explotación de los recursos mineros y demás recursos naturales, impidiendo ulteriormente, el ingreso de divisas necesarias para el desarrollo del país.
El problema central de este acuerdo, se encuentra en el artículo 19o, donde se establece que, en el caso de controversias respecto a los procesos nacionales, sobre la aplicación de lo establecido en este tratado, dicha controversia se someterá a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a fin que sea la “justicia internacional” quien decida por sobre lo resuelto en los tribunales nacionales, con lo cual la Soberanía del Estado Peruano se vería menoscabada, por una supuesta controversia entre nacionales. En pocas palabras, el Perú perdería soberanía sobre gran parte del territorio nacional”.
Asimismo, la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú (ADOGEN) ya manifestaron su rechazo e invocan al Congreso no ratificar el controvertido acuerdo. Y el día de ayer emitieron el Comunicado N° 20-2020 y en uno de sus puntos refieren: “es el proyecto más ambicioso y audaz de la ONU para ejercer presión supra nacional sobre los asuntos internos de los Estados con relación al empleo y uso de sus recursos naturales; la dimensión e implicancias de sus alcances, subordinan de hecho, cualquier consideración sobre la soberanía de los Estados y de la autoridad de gobierno a los principios que se exponen en dicho acuerdo. La incorporación del concepto de Justicia Ambiental dentro del marco de los llamados Derechos Ambientales y Gobernabilidad que define la Cepal, subordina la toma de decisiones sobre el empleo de los recursos naturales de cada país a la dinámica e intereses de los organismos internacionales como las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Fundaciones Internacionales, movimientos, agrupaciones, personas e individuos que no tienen ningún alcance de responsabilidad, ni compromiso directo con el Estado Peruano, más allá de la imposición de una ideología de alcance supra nacional”.
Aquí las normativas del CEPAL incluidas en el Acuerdo de Escazú
Hay que tomar en cuenta y analizar tres artículos puntuales del Acuerdo de Escazú, para poder avizorar qué efectos acarreará en el futuro cuando se recurra al Depositario, que no es otro que el Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 2
Definiciones
a) por “derechos de acceso” se entiende el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales;
d) por “público” se entiende una o varias personas físicas o jurídicas y las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas, que son nacionales o que están sujetos a la jurisdicción nacional del Estado Parte;
Artículo 19
Solución de controversias
1. Si surge una controversia entre dos o más Partes respecto de la interpretación o de la aplicación del presente Acuerdo, esas Partes se esforzarán por resolverlo por medio de la negociación o por cualquier otro medio de solución de controversias que consideren aceptable.
2. Cuando una Parte firme, ratifique, acepte o apruebe el presente Acuerdo o se adhiera a él, o en cualquier otro momento posterior, podrá indicar por escrito al Depositario, en lo que respecta a las controversias que no se hayan resuelto conforme al párrafo 1 del presente artículo, que acepta considerar obligatorio uno o los dos medios de solución siguientes en sus relaciones con cualquier Parte que acepte la misma obligación:
a) el sometimiento de la controversia a la Corte Internacional de Justicia;
b) el arbitraje de conformidad con los procedimientos que la Conferencia de las Partes establezca.
3. Si las Partes en la controversia han aceptado los dos medios de solución de controversias mencionados en el párrafo 2 del presente artículo, la controversia no podrá someterse más que a la Corte Internacional de Justicia, a menos que las Partes acuerden otra cosa.
Artículo 23
Reservas
No se podrán formular reservas al presente Acuerdo.
Los puntos enunciados en los tres artículos son contundentes. Porque primero se confirma que la participación pública no necesariamente va a ser a través de una comunidad nativa afectada, sino, por terceros. Es decir, a través de asociaciones y/o organizaciones, como por ejemplo una ONG. Asimismo, el sometimiento de las futuras controversias será ante la Corte Nacional de Justicia. Y por último, en este acuerdo no están permitidas las reservas.
Así las cosas, el Congreso deberá ponerse firme y no debe aprobar aquel Acuerdo que luego pasaría a la condición de Tratado Internacional. Porque el área total del territorio de la Amazonia peruana, así como el resto de territorios que gozan de grandes recursos naturales y donde existen yacimientos mineros, le pertenece a la soberanía nacional y sería inadmisible que luego de las decisiones políticas que están siendo negociadas por este gobierno, la prerrogativa de decidir el uso de los recursos naturales so pretexto de defender a la ecología de los pueblos amazónicos, pase a manos de los grupos radicales y de ONGs ideológicas para defender intereses individuales y de organismos internacionales, más allá de los derechos ancestrales, como siempre ellos lo hacen ver.
En ese sentido, nuestra Amazonía nacional corre el riesgo de pasar a ser patrimonio común de la humanidad como ha sucedido con la Antártida; evidentemente, eso no significa que el Perú perderá el territorio de la Amazonía; sin embargo, desde el punto de vista jurídico perdería el manejo y la autonomía para resolver conflictos que normalmente se deben solucionar por la vía del derecho interno y/o nacional.
Finalmente, la soberanía de un territorio es innegociable, pero con el refrendo ratificatorio del tratado que el gobierno de Martín Vizcarra pretende realizar junto a su ministra del Ambiente y a la Cancillería, la soberanía de la Amazonía se convertiría en una soberanía relativizada, y eso bajo ninguna circunstancia es admisible. ¡Basta de más concesiones y de vender a la patria!
Política
Gobierno Regional de Loreto impulsa consulta previa para construcción de carreteras
Avanza la consulta previa para la construcción de carreteras en Loreto.
Ante la urgente necesidad de mejorar la conectividad en Loreto, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, en conjunto con la Gerencia de Pueblos Originarios, ha intensificado la consulta previa para la construcción de la carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos.
Gracias a la gestión del Gobernador Regional de Loreto, Dr. René Chávez Silvano, el gerente regional de Transportes y Comunicaciones, Dr. Pío Flores Tang, se reunió con autoridades locales, entre ellas el alcalde del distrito de Yaquerana, Octavio Carihusario Flores; la alcaldesa del distrito de Jenaro Herrera, María Luisa Taboada Álvarez; representantes de Provías Nacional, y el gerente de Pueblos Originarios, Dr. Edwin Florett.
Pio Flores Tang, gerente de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Loreto.
El principal objetivo de esta reunión fue informar sobre el proceso de consulta previa relacionado con el proyecto de mejoramiento de la carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos, que conecta la región con la frontera de Brasil.
Este proyecto, que abarcará una extensión de 98 kilómetros, beneficiará a más de 51,000 habitantes de la zona. Actualmente, todas las especialidades de ingeniería necesarias ya han sido aprobadas, y con la construcción de la carretera se busca mejorar la conectividad y potenciar el desarrollo de las comunidades rurales de la región.
Erwin Florett Diaz, Gerente Regional de Desarrollo de los Pueblos Originarios.
Política
Por mencionar el nombre de Dina Boluarte, el ministro Arana fue abucheado en Cusco [VIDEO]
Durante su discurso en un evento en Cusco al ministro de Justicia Eduardo Arana se le antojó trasmitir el saludo de la señora presidenta, y ni bien terminó de expresar su nombre inmediatamente fue pifiado y protestado por el público asistente.
Política
Municipalidad de Lima demuele parcialmente iglesia San Roque de Surco para obra de Vía Expresa Sur
La Parroquia en plena misa fue afectada y tomó por sorpresa a los feligreses al sufrir demolición por trabajos en la construcción de la obra vial impulsada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
La mañana de este viernes 21 de febrero, mientras se realizaban actividades litúrgicas en la Parroquia San Roque, ubicada en el distrito de Santiago de Surco, los feligreses fueron sorprendidos porque la edificación religiosa sufrió una demolición parcial como parte de los trabajos de construcción de la Vía Expresa Sur.
El personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), utilizó maquinaria pesada en la demolición que afectó áreas específicas de la parroquia, como una capilla secundaria, el patio central, un quiosco utilizado para ventas y un biohuerto que formaba parte del espacio exterior. Sin embargo, no incluyó las áreas esenciales, como el templo principal y la capilla de adoración a Dios.
A pesar de que las autoridades eclesiásticas ya habían sido informadas sobre los trabajos, la noticia sorprendió a muchos fieles, quienes mostraron su malestar por el impacto en el recinto religioso.
Con la demolición de estas áreas, la parroquia se verá parcialmente afectada, pero se espera que continúen las obras para la recuperación del terreno, de acuerdo con la planificación de la nueva Vía Expresa.
Municipalidad de Lima arrasa con 200 stands de Surco y los demuele por obras de Vía Expresa Sur
Como se recuerda, hace tres meses, específicamente el 05 de noviembre del 2024, se demolieron cerca de 30 stands del mercado “Charapita” y aproximadamente 180 en el mercado «Virgen del Carmen», en Surco, pese a que no contaban con expediente técnico. A su vez, un grupo de propietarios aseguraron que la MML intervino un terreno que ellos compraron en 1924, e incluso, mostraron título de propiedad y la copia literal del año 1924; sin embargo, los fiscalizadores hicieron caso omiso a sus reclamos.
Política
Fernando Tuesta Soldevilla y su relación con la ONG Transparencia
Aquí nuestra respuesta al tuit de Tuesta Soldevilla.
Política
Dina Boluarte pretende darle inmunidad al exministro de ‘carne de caballo’ con embajada en El Vaticano
El Gobierno protege con impunidad al exministro Julio Demartini, quien habría cometido graves delitos en contra de niños y que está seriamente investigado en Fiscalía. Y en lugar de que permanezca en el país para responder ante la justicia, pretenden obstaculizarla y se le premiará con un puesto diplomático.
No cabe duda que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ya mostró su nula lucha contra la corrupción y su verdadera cara de pretender blindar y proteger a sus funcionarios que tienen problemas con la justicia por actos de corrupción; por lo que, el exministro de ‘carne de caballo’ Julio Demartini estaría a un paso de ser blindado y librado de las investigaciones por el caso ‘Qali Warma’.
Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso Juan Burgos a través de un oficio, pidió con carácter de urgencia a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que tome cartas en el asunto de lo más pronto posible ante la eventual designación de Demartini como embajador de Perú en el Vaticano.
“De concretarse el nombramiento del señor Julio Demartini Montes como embajador del Perú ante la Santa Sede, se pondrían en riesgo las investigaciones en curso del Ministerio Público, ya que obtendría inmunidad diplomática conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961)», se lee en el documento enviado a Delia Espinoza.
Dina Boluarte al designar a Demartini obstaculiza a la justicia.
Si la presidenta Dina Boluarte llega a concretar la designación del cuestionado Julio Demartini, quedaría demostrado que estaría obstruyendo a la justicia y alimentando a la impunidad, porque el exministro ya no podría ser procesado, investigado o ser detenido por parte de las autoridades de Perú mientras ocupe su cargo de diplomático. Y sus propiedades tampoco estarían sujetas a allanamientos, así como sus documentos, y sus comunicaciones tampoco podrían ser intervenidas sin el consentimiento del país receptor o del Estado peruano.
Política
Leslie Urteaga defiende a Julio Demartini: “Nada impide que asuma como embajador en el Vaticano”
La cuestionada exministra de Cultura y hoy ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, asegura que no existe ningún obstáculo legal para que su excolega del Midis, el investigado por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia y negociación incompatible ocupe el cargo diplomático.
Política
El país es su chacra: ministro del Interior anunció que no acudirá al peritaje de voz programado por el Ministerio Público
Juan José Santiváñez viene siendo investigado por una presunta conversación que habría tenido con el capitán ‘Culebra’. Peritaje está programado para este 27 de febrero.
Cobijado por los brazos adornados de relojes Rolex de la mandataria, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, viene disfrutando sus cinco minutos de inmunidad total, burlándose de toda investigación en su contra, así como de las encuestas que periódicamente le recuerdan que el país se viene derrumbando por los extorsionadores y que él precisamente, junto con su jefa, son los responsables de semejante desgobierno.
No le basta con negar la terrible cantidad de homicidios ocurridos solo en este año, o de equivocarse reiteradamente en acusar a ciudadanos inocentes al vincularlos con sanguinarias organizaciones criminales. Tampoco le interesa que la ciudad de Trujillo se desangre o que en varios distritos de la capital se encuentren sometidas por los extorsionadores. Pero qué se podría esperar de alguien moldeado a los caprichos y arrebatos de la chalhuanquina.
Ahora último, el ministro Santiváñez manifestó que no tiene en mente participar de la diligencia fiscal para la toma de muestra de voz que programó el Ministerio Público en el marco de la investigación que se le sigue por la difusión de presuntas conversaciones que habría tenido con el capitán de la Policía Nacional, Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’.
Izquierdo entregó a la Fiscalía audios de conversaciones con Santiváñez, en los cuales el ministro habría mencionado que la presidenta Dina Boluarte le solicitó desactivar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) como condición para su nombramiento.
En declaraciones para RPP, el ministro indicó que hace una semana y media presentó una tutela de derechos ante la Corte Suprema ante la negativa de la fiscal de la Nación a su pedido para que se acumulen las dos carpetas fiscales por las que se le investiga. Añadió que hoy la Corte fijó para el 7 de marzo la fecha de audiencia de dicho pedido.
“No vamos a acudir, porque ya el día de hoy hemos sido notificados de la resolución de la audiencia de tutela de derechos, en donde nosotros solicitamos la acumulación de ambos expedientes, es decir, el 012 y el 213”, sostuvo.
“Se solicitó a la fiscal de la Nación para que ambos se acumularan en una sola carpeta y la fiscal de la Nación lo que ha hecho es emitir una disposición absolutamente ilegal donde dice yo no separo las carpetas y continuó las investigaciones por separado”, añadió.
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Política
Alcaldesa de Barranco Jessica Vargas viajó a Punta Cana con invitación falsa
El Concejo Municipal de Barranco otorgó licencia y aprobó el desembolso de 3 mil dólares de viáticos para que la alcaldesa Jessica Vargas (Renovación Popular) viaje y asista a un “Curso de Capacitación” y a una “Asamblea de Gobernantes” en República Dominicana; sin embargo, el presidente de la organización ONWARD Internacional, mediante una carta señaló que la alcaldesa de Barranco jamás fue invitada.
Hace 12 meses, el Concejo Municipal de Barranco, según Acuerdo N° 008-2024-MDB autorizó el viaje de la alcaldesa Jessica Vargas Gómez a la ciudad de Punta Cana en República Dominicana, en representación de la comuna barranquina, para participar en el “Curso de Capacitación” y a la “Reunión Anual 2024 de las Asambleas de Gobernantes”, la “Reunión Anual 2024 de las Asambleas de Gobernantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Invest”, que se realizó del 05 al 11 de marzo del 2024.
Acuerdo N° 008-2024-MDB autorizó el viaje de la alcaldesa Jessica Vargas Gómez a Punta Cana.
La alcaldesa perteneciente al partido Renovación Popular viajó a esa ciudad centroamericana durante esas fechas, pero, ¿realmente participó como invitada del evento? Documentos oficiales desmienten la versión de la autoridad edil; no solo porque no fue oficialmente invitada a la reunión Anual de Gobernadores; sino, porque en dicho encuentro usualmente participan ministros de Economía, funcionarios de las finanzas y banqueros.
¿Un Concejo Municipal cómplice?
Los regidores, evidentemente votaron a favor de brindar licencia a Jessica Vargas para que viaje a Punta Cana, porque se basaron en una invitación transcrita en un documento membretado que mostraba los logotipos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Organización para el Desarrollo de América Latina y el Caribe (ONWARD Internacional) y que llegó por Mesa de Partes de la MDB. En dicha misiva del 21 de febrero del 2024, el presidente de dicho organismo, Félix González-Polar supuestamente envió la invitación a Jessica Vargas, a través de mesa de partes de la MDB.
“Tenemos el agrado de invitarlo a usted a ser parte del Curso de Capacitación y a ‘La Reunión Anual de Gobernantes’ La Reunión Anual 2024 de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de BID Invest tendrán lugar en Punta Cana, República Dominicana, del 04 al 10 de marzo”, se lee en la invitación.
Presunta invitación a la alcaldesa de Barranco a la Reunión Anual de Gobernantes en Punta Cana.
Entre tanto, el martes 27 de febrero, la entonces asistente de la Oficina de Secretaría General, Clara Ruesta envió un correo electrónico con el Asunto: “Solicitud de Licencia de la Sra. Alcaldesa”, remitido, tanto a la propia Jessica Vargas, a los regidores municipales y al gerente municipal Manuel Espinoza Loarte, indicando que en dos días, en la próxima sesión de Concejo del día jueves, se trataría el tema de la invitación a Punta Cana y el pedido de licencia solicitado por la propia alcaldesa. En dicho correo, se adjuntó la invitación y el memorándum de la Gerencia Municipal.
Correo de Secretaría General enviado a los regidores para informarles de invitación a la alcaldesa.
Los viáticos
Asimismo, en la invitación se indica que, durante el curso, los lideres económicos y financieros de los 48 países miembros del BID debatirán sobre las oportunidades para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Y agregan que a la alcaldesa Jessica Vargas le brindarían una beca integral para el curso de capacitación. Sin embargo, en el ofrecimiento, no estaba incluido el hospedaje ni los viáticos, pero sí los pasajes aéreos.
“En ese sentido le brindamos una Beca Integral del 100% al curso de Capacitación y ser parte de la Reunión Anual de Gobernantes, dicha beca incluye, inscripción al curso, participación de los foros, reuniones, mesas de trabajo, pasajes aéreos de ida-vuelta y certificado del curso por 40 horas académicas. No incluye hospedaje, ni viáticos. La entidad puede brindarle el servicio hospedaje, movilidad y almuerzos por un costo de 1500 dólares americanos, si la entidad requiere Factura no Incluye IGV”, se lee en otro párrafo de la invitación.
Alcaldesa Jessica Vargas y alcalde de Lima Rafael López Aliaga.
$3 mil dólares para Punta Cana
Para mantener su estadía de siete días en Punta Cana, y luego de tener el ‘visto bueno’ mediante informes de Secretaría General, de Subgerencia de Contabilidad, de Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, de Gerencia de Administración y Finanzas y de la Gerencia Municipal, el 01 de marzo del 2024 se emitió la Resolución de Alcaldía N° 055-2024-MDB que autorizó el gasto de 3,010.00 dólares, o su equivalente 11,407 soles, por 7 días de viáticos de la alcaldesa Jessica Vargas. Es decir, se le asignó US$430 dólares para gastos por cada día. El dispositivo lleva las firmas de la propia alcaldesa Jessica Vargas y del Secretario General, Jorge Luis Rey de Castro Mesa.
Resolución de Alcaldía N° 055-2024-MDB que autorizó el gasto de 3,010.00 dólares, o su equivalente 11,407 soles, por 7 días de viáticos de la alcaldesa Jessica Vargas.
Algo curioso que se indica en esta resolución edil, como argumento para autorizar dicho desembolso de dinero, tiene que ver con lo que se señala en el articulo 2° de la Ley N° 27619, “Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos”, y que establece que las autorizaciones de viajes al exterior deberán sustentarse en un interés nacional o institucional, bajo responsabilidad. ¿El viaje de la alcaldesa realmente fue de interés nacional e institucional?
Fuente: Municipalidad de Barranco.
Presidente de ONWARD nunca invitó a alcaldesa
Por esa fechas, la regidora distrital del Municipio de Barranco, Fiorella Muñoz Zevallos pidió información detallada referente al itinerario del viaje del evento realizado en Punta Cana a la propia organización anfitriona del evento internacional, por lo que el 26 de marzo le escribió directamente al presidente de ONWARD Internacional, Félix González-Polar para solicitarle que le remita todos los sustentos de la invitación a la alcaldesa de Barranco, respecto del ‘Curso de Capacitación en la Reunión Anual de Gobernantes’.
Entre los requerimientos de la regidora y en virtud de su función fiscalizadora, en la Carta N° 038-2024-NFMZ-REG/CDB, en detalle, pidió la información de lo siguiente:
Fecha de ingreso y N° de Expediente de la Carta de invitación firmada por su persona en su calidad de presidente de ONWARD.
Sustento de la Beca Integral del 100% al Curso de Capacitación y ser parte de la Reunión Anual de Gobernantes.
Ficha de inscripción al curso.
Sustento de participación de los foros, reuniones, mesas de trabajo.
Copia de los pasajes aéreos de ida-vuelta.
Copia del certificado del curso por 40 horas académicas.
Copia del servicio hospedaje, movilidad y almuerzos de ser el caso.
Carta enviada al presidente de ONWARD Internacional, con el fin de que corrobore información sobre la invitación.
Sin embargo, la respuesta del directivo de ONWARD Internacional fue inesperada y reveladora. En una carta del 02 de julio del 2024, Félix González-Polar le respondió a la concejal barranquina y aseguró que su institución ni siquiera fue la organizadora del evento internacional y remarcó que únicamente asistieron a la “Asamblea de Gobernantes” en calidad de invitados y que tampoco invitaron a la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas para que participe en dicho evento y mucho menos le otorgaron una beca, ni certificación alguna.
“Al respecto, debemos señalar que nuestra organización ONWARD International como miembros de la red del BID, hemos tenido participación en el referido evento, únicamente en calidad de invitados, por consiguiente no hemos remitido invitaciones, ni certificaciones, ni otorgado becas para participar u otros aspectos relacionados con el evento citado a ninguna institución con el fin de participar en la Reunión Anual 2024 de las Asambleas de Gobernadores del BID, desconociendo en todos sus extremos el origen del documento de la referencia el cual no representa a nuestra organización”, se lee en la contundente carta de respuesta.
Carta de respuesta señala que no se invitó a alcaldesa Jessica Vargas.
Entre tanto, surge una pregunta importante ¿Si ONWARD no invitó a la Asamblea de Gobernantes a Jessica Vargas, entonces quién lo hizo y quién costeó los pasajes aéreos?
La postal en Punta Cana con sus amigos de ‘Renovación Popular’
Como se recuerda, la propia Municipalidad de Barranco el 25 de marzo del 2024 publicó en su portal institucional imágenes de la “Reunión Anual de Gobernantes”; y en las vistas no se le registra a la alcaldesa Jessica Vargas participar como parte de un grupo en ningún foro, ninguna mesa de trabajo, y mucho menos en una capacitación.
Únicamente se la ve posando para la foto, quizás tras el termino de las jornadas, con su único grupo de militantes de Renovación Popular.
Team de ‘Renovación Popular’ en Punta Cana: hermanos Ronald y Cristian Salazar Mateo junto a alcaldes Rubén Cano y Jessica Vargas.
En las fotografías de Punta Cana, la señora Vargas siempre sale acompañada de dos hermanos, el primero, Ronald William Salazar Mateo, personaje muy allegado a Rafael López Aliaga y que tras candidatear en 2022 la alcaldía de Cieneguilla, justamente por Renovación Popular y luego de perder la elección fue acogido como el proveedor estrella de la gestión celeste en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y el segundo, Cristian Jhon Salazar Mateo, quien fue jefe de redes sociales de López Aliaga durante la campaña celeste y que tras el triunfo de “Porky” también fue premiado con el cargo de asesor de la Gerencia de Relaciones Públicas en la MML; y por si fuera poco, como miembro del Consejo Directivo del Patronato del Parque de las Leyendas.
No obstante, el otro personaje que también acompaña a la alcaldesa de Barranco, es nada menos que su colega distrital, el alcalde de La Victoria por Renovación Popular, Rubén Cano Altez; en todo caso habría que preguntarle si él también recibió una invitación de ONWARD Internacional.
Asimismo, en una de las imágenes se aprecia a la alcaldesa junto a su “mancha celeste”, estar sentada casi en la última fila del recinto, muy cerca a los hombres de prensa que desde atrás registran las incidencias del evento. Hay que destacar que a dicha reunión anual también puede asistir el público en general, previo registro.
Los hermanos Salazar Mateo, el alcalde de La Victoria y la alcaldesa Vargas, prácticamente en la penúltima fila entre el público en general.
Jessica Vargas al banquillo
Tras este escándalo de haber participado en un evento internacional utilizando dinero público y basándose en una presunta invitación que en realidad nunca existió y sopretexto de cumplir con lo que establece la propia normativa, que para autorizar viajes al exterior de un servidor público, primero se debe sustentar que éste sea de interés nacional o institucional; es exigible que la propia señora alcaldesa Jessica Vargas y en honor a la trasparencia que le exige la ley y los ciudadanos barranquinos, salga a dar una explicación razonable, documentada y sincera, a través de una rendición de cuentas para corroborar la legalidad y legitimidad de sus acciones, respecto del pasado viaje a Punta Cana.
Lima Gris se comunicó con la alcaldesa de Barranco Jessica Vargas, vía telefónica. Asimismo, se le envió un mensaje vía WhatsApp para que brinde sus descargos; sin embargo, hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta de la señora alcaldesa.
Es importante que el Concejo Municipal, a través de sus regidores, especialmente los ‘oficialistas’, aún tienen la oportunidad de demostrar dignidad e imparcialidad frente a sus electores. Es fundamental que soliciten a la alcaldesa las explicaciones correspondientes para contribuir a dar luz a este oscuro viaje.
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