Política
El Presidente Vizcarra impulsó Acuerdo de Escazú que atentará contra la soberanía nacional
¿En qué consiste el Acuerdo de Escazú? El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado el 04 de marzo de 2018 en Costa Rica, por 22 países del Caribe y América Latina, y según su comunicado oficial, éste impulsará protocolos que protegerán el medio ambiente. Asimismo, refieren que implementará los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, así como el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Posteriormente, se firmó el 27 de septiembre de 2018 en Nueva York y aún se encuentra a la espera de la ratificación de cada uno de los países firmantes. En ese sentido, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Perú como negociador firmó en la fecha mencionada, pero ahora se requiere su ratificación, porque solo faltan dos meses; según el artículo 21° del tratado, el plazo final para la firma de todos los países de América Latina y el Caribe es hasta el 26 de septiembre de 2020.
El Congreso nacional será el responsable de tomar la decisión, y deberá priorizar los intereses nacionales, antes que los intereses de terceros. Precisamente, el artículo 56° de la Constitución señala que el Parlamento es quien debe aprobar aquel tratado, por tratarse de temas de Derechos Humanos, Soberanía, dominio o integridad del Estado, y Defensa Nacional.
Veamos qué dicen las normas peruanas con respecto a la soberanía nacional:
El 16 de diciembre de 1822 el nuevo Congreso Constituyente decretó las Bases de la Constitución Política de la República Peruana y en su segundo artículo señala claramente: “La soberanía reside esencialmente en la Nación: ésta es independiente de la Monarquía Española, y de toda dominación extranjera, y no puede ser patrimonio de ninguna persona ni familia”. Justamente, esa Nación es definida en su siguiente artículo, como la denominada República Peruana.
Asimismo, en nuestra Carta Magna vigente, claramente se señala:
Artículo 44°.- Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.
Artículo 54°.- El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre.
El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley.
En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.
El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.
Sin embargo, en el artículo 55° nace una relativización en los tratados internacionales, y que eventualmente podría cobrar una peligrosa dualidad. El artículo en mención señala: “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”.
¿Por qué hay tanto interés en defender este acuerdo?
Cuando éste se firmó, las ONGs ambientales aseveraron que había sido algo histórico a favor del ambiente y el ciudadano. Ahora entendemos por qué la ministra del Ambiente Fabiola Muñoz fue la que suscribió el acuerdo, en lugar del titular de Relaciones Exteriores, que es el que nos debió representar como Estado. Sin embargo, el propio presidente Martín Vizcarra, y el canciller Néstor Popolizio fueron los que firmaron la Resolución Suprema 183-2018-RE para que la ministra viajara a Nueva York para cumplir con la misión. Actualmente, el diplomático Néstor Popolizio se desempeña como Representante Permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas.
En tanto, la ministra Muñoz ha afirmado más de una vez, que este acuerdo fortalece la transparencia y la participación de la sociedad en los temas ambientales y que los ayudará a trabajar con la sociedad civil y con las industrias. Además, menciona que conforme a su trabajo en equipo con otros sectores como el de Cultura y Relaciones Exteriores, este acuerdo es positivo para el país, porque es un tema de participación ciudadana. Entonces, uno se pregunta ¿Acaso el ciudadano común sabe de estos temas y realmente desea participar? ¿Quiénes serán los grupos de ciudadanos o asociaciones que realmente querrán participar? Sin embargo, Fabiola Muñoz insiste en su tesis dizque altruista y asegura que ellos buscan defender los derechos de los líderes ambientalistas en materia de seguridad, y sobre todo, para que puedan tener espacios de diálogos con el sector privado.
En palabras de esta ministra… todo suena bonito, porque resalta las bondades que traería la ratificación de nuestra nación en el acuerdo de Escazú y lo marketea como la panacea absoluta en temas de transparencia para que la gente común ejerza su derecho a informarse. Pero hay que tomar en cuenta que Perú es un territorio muy recurrente en sus conflictos sociales, precisamente por las enésimas controversias ambientales surgidas entre comunidades originarias y otros poderosos agentes que pertenecen al gran empresariado y al emporio industrial, minero, y extractivista.
Precisamente, en lo que se refiere a ese aspecto, quizá sigamos siendo testigos de futuras y encarnizadas controversias nacionales; que luego podrían convertirse en una guerra, porque justamente si se diera el tratado, todo lo que pudiera surgir en temas ambientales dentro de los territorios peruanos, quizás ya no podrían resolverse de acuerdo al derecho nacional o interno, porque dada su relativización, probablemente se tendría que recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Y sin duda, con ese criterio, incluso Ecuador podría aprovechar la oportunidad para demandarnos ante la Corte Internacional, y luego de tantas décadas de conflictos, estaríamos a merced del tribunal exterior, porque en este acuerdo no se admiten reservas. En otras palabras, nuestra soberanía correría el riesgo de verse soterrada, a pesar que nuestra ley magna expresa claramente que ella es absoluta.
Algo que resulta asombroso, es ver cómo todo ese grupo de ONGs caviares ambientalistas que están integradas al CEPAL de la ONU, están adquiriendo poder en los últimos años. Y además están desesperadas para que pronto se firme la ratificación, con el pretexto de que se preocupan de cautelar los derechos de los indígenas y de la conservación del ambiente amazónico; como si ellas trabajaran gratis y vivieran en condiciones espartanas.
Por su parte, en Chile a pesar del gran auspicio de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, y a pesar que fueron uno de los principales promotores del acuerdo, hoy parece que lo tienen claro, porque aún no han firmado su ratificación. Chile está tomando una postura reacia, y alega que el tema requiere un análisis más profundo y que necesariamente están involucrando a otras instituciones sectoriales para evaluar sus implicancias. Mientras tanto, las ONGs ambientalistas han dado el grito en el cielo en el pais Mapocho y han mostrado un agresivo rechazo. Incluso, más de 130 juristas han avalado la tesis del desarrollo sostenible y han exigido al gobierno que firme el acuerdo para que no sigan perdiendo la confianza de los organismos internacionales.
Volviendo a nuestro país ¿qué pasaría si el Congreso ratifica el acuerdo en las próximas semanas? Las respuestas no se han dejado esperar. Por su parte, un importante grupo de generales de la Fuerza Aérea en situación de Retiro han manifestado su preocupación y enviaron una carta al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General del Ejército, César Astudillo Salcedo.
Aquí un extracto de la misiva:
“Los Oficiales Generales de la Fuerza Aérea en situación militar de Retiro que suscriben el presente, desean hacerle saber su profunda preocupación, ante la posibilidad que el Congreso de la República apruebe en las próximas semanas o días, el Acuerdo de Escazú (Costa Rica), para su posterior ratificación por el Presidente de la República, que se daría a más tardar el 26 de setiembre de 2020, tal como lo establece el artículo 21o del mencionado tratado.
Este Acuerdo Regional impulsado por la CEPAL, tiene la particularidad de permitir la participación del público, de las comunidades y de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) de derechos humanos y asuntos ambientales, entre otros, en los procesos de toma de decisiones sobre inversiones mineras y utilización de recursos naturales, en donde puedan existir controversias, originadas por los intereses propios de alguna de estas ONG’s; utilizando para tal fin a distintas comunidades, así como pueblos indígenas o grupos étnicos. Es claro que en el caso del Perú, se refiere a zonas mineras y principalmente a la Amazonía, cuya superficie abarca aproximadamente el 53% del territorio nacional, en donde las mencionadas ONG’s bloquearían la explotación de los recursos mineros y demás recursos naturales, impidiendo ulteriormente, el ingreso de divisas necesarias para el desarrollo del país.
El problema central de este acuerdo, se encuentra en el artículo 19o, donde se establece que, en el caso de controversias respecto a los procesos nacionales, sobre la aplicación de lo establecido en este tratado, dicha controversia se someterá a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a fin que sea la “justicia internacional” quien decida por sobre lo resuelto en los tribunales nacionales, con lo cual la Soberanía del Estado Peruano se vería menoscabada, por una supuesta controversia entre nacionales. En pocas palabras, el Perú perdería soberanía sobre gran parte del territorio nacional”.
Asimismo, la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú (ADOGEN) ya manifestaron su rechazo e invocan al Congreso no ratificar el controvertido acuerdo. Y el día de ayer emitieron el Comunicado N° 20-2020 y en uno de sus puntos refieren: “es el proyecto más ambicioso y audaz de la ONU para ejercer presión supra nacional sobre los asuntos internos de los Estados con relación al empleo y uso de sus recursos naturales; la dimensión e implicancias de sus alcances, subordinan de hecho, cualquier consideración sobre la soberanía de los Estados y de la autoridad de gobierno a los principios que se exponen en dicho acuerdo. La incorporación del concepto de Justicia Ambiental dentro del marco de los llamados Derechos Ambientales y Gobernabilidad que define la Cepal, subordina la toma de decisiones sobre el empleo de los recursos naturales de cada país a la dinámica e intereses de los organismos internacionales como las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Fundaciones Internacionales, movimientos, agrupaciones, personas e individuos que no tienen ningún alcance de responsabilidad, ni compromiso directo con el Estado Peruano, más allá de la imposición de una ideología de alcance supra nacional”.
Aquí las normativas del CEPAL incluidas en el Acuerdo de Escazú
Hay que tomar en cuenta y analizar tres artículos puntuales del Acuerdo de Escazú, para poder avizorar qué efectos acarreará en el futuro cuando se recurra al Depositario, que no es otro que el Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 2
Definiciones
a) por “derechos de acceso” se entiende el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales;
d) por “público” se entiende una o varias personas físicas o jurídicas y las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas, que son nacionales o que están sujetos a la jurisdicción nacional del Estado Parte;
Artículo 19
Solución de controversias
1. Si surge una controversia entre dos o más Partes respecto de la interpretación o de la aplicación del presente Acuerdo, esas Partes se esforzarán por resolverlo por medio de la negociación o por cualquier otro medio de solución de controversias que consideren aceptable.
2. Cuando una Parte firme, ratifique, acepte o apruebe el presente Acuerdo o se adhiera a él, o en cualquier otro momento posterior, podrá indicar por escrito al Depositario, en lo que respecta a las controversias que no se hayan resuelto conforme al párrafo 1 del presente artículo, que acepta considerar obligatorio uno o los dos medios de solución siguientes en sus relaciones con cualquier Parte que acepte la misma obligación:
a) el sometimiento de la controversia a la Corte Internacional de Justicia;
b) el arbitraje de conformidad con los procedimientos que la Conferencia de las Partes establezca.
3. Si las Partes en la controversia han aceptado los dos medios de solución de controversias mencionados en el párrafo 2 del presente artículo, la controversia no podrá someterse más que a la Corte Internacional de Justicia, a menos que las Partes acuerden otra cosa.
Artículo 23
Reservas
No se podrán formular reservas al presente Acuerdo.
Los puntos enunciados en los tres artículos son contundentes. Porque primero se confirma que la participación pública no necesariamente va a ser a través de una comunidad nativa afectada, sino, por terceros. Es decir, a través de asociaciones y/o organizaciones, como por ejemplo una ONG. Asimismo, el sometimiento de las futuras controversias será ante la Corte Nacional de Justicia. Y por último, en este acuerdo no están permitidas las reservas.
Así las cosas, el Congreso deberá ponerse firme y no debe aprobar aquel Acuerdo que luego pasaría a la condición de Tratado Internacional. Porque el área total del territorio de la Amazonia peruana, así como el resto de territorios que gozan de grandes recursos naturales y donde existen yacimientos mineros, le pertenece a la soberanía nacional y sería inadmisible que luego de las decisiones políticas que están siendo negociadas por este gobierno, la prerrogativa de decidir el uso de los recursos naturales so pretexto de defender a la ecología de los pueblos amazónicos, pase a manos de los grupos radicales y de ONGs ideológicas para defender intereses individuales y de organismos internacionales, más allá de los derechos ancestrales, como siempre ellos lo hacen ver.
En ese sentido, nuestra Amazonía nacional corre el riesgo de pasar a ser patrimonio común de la humanidad como ha sucedido con la Antártida; evidentemente, eso no significa que el Perú perderá el territorio de la Amazonía; sin embargo, desde el punto de vista jurídico perdería el manejo y la autonomía para resolver conflictos que normalmente se deben solucionar por la vía del derecho interno y/o nacional.
Finalmente, la soberanía de un territorio es innegociable, pero con el refrendo ratificatorio del tratado que el gobierno de Martín Vizcarra pretende realizar junto a su ministra del Ambiente y a la Cancillería, la soberanía de la Amazonía se convertiría en una soberanía relativizada, y eso bajo ninguna circunstancia es admisible. ¡Basta de más concesiones y de vender a la patria!
Política
El negocio de las armas: una alianza oscura tras FAME
Una reunión en un restaurante de Miraflores reveló un negocio oscuro en el que se mezclan poder político, negocios de armas y funcionarios públicos
El 21 de febrero, se realizó una reunión clandestina en Miraflores. Este encuentro, realizado inmediatamente después de la salida discreta de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, involucró a figuras clave vinculadas al comercio de armamento en el país. Cuarto Poder mostró imágenes de la reunión que involucra a tres personajes claves.
Jorge Garboza, director de la ONG «Las manos que ayudan de corazón» y señalado como intermediario de Nicanor Boluarte, Paulo César Zevallos Rivarola, gerente temporal de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), y el empresario Diego Alfaro Di Natale, conocido por su relación con el proveedor de armas israelí IWI, se reunieron de manera casual en un restaurante en Miraflores.
Lo que parecía un encuentro sin mayores implicancias pronto dejó claro que las piezas del negocio comenzaban a encajar. En una conversación de tono confiado, Garboza relató su encuentro con Nicanor, mientras que Alfaro actuaba como puente entre Garboza y Zevallos. El objetivo de la reunión era claro: asegurar que Zevallos obtuviera el nombramiento definitivo como titular de la Gerencia Comercial de FAME, lo que finalmente ocurrió el 1 de marzo.
FAME, la empresa estatal encargada de la fabricación y comercialización de armas para el Ejército y la Policía Nacional, ha sido objeto de controversia. En 2024, la Contraloría detectó irregularidades en la compra de fusiles de la empresa israelí IWI, con la que FAME mantiene contratos millonarios. Sin embargo, el encuentro en el restaurante dejó en evidencia cómo estos contratos parecen estar entrelazados con favores políticos y empresariales.
La relación de Diego Alfaro con IWI es crucial, ya que representó a la empresa que vendió al Perú 10,000 fusiles ARAD7 por 23 millones de dólares. Mientras tanto, FAME, en sociedad con IWI, ha firmado acuerdos millonarios con el Estado para proveer armamento a la policía, incluida una transacción de 19 millones de dólares.
Más allá de la reunión en el restaurante, otros encuentros entre los involucrados, como las visitas previas de Alfaro a Zevallos en su despacho y su viaje a España en 2024, apuntan a una conexión más profunda, que no solo involucra negocios, sino también posibles implicaciones legales, ya que varios de los participantes enfrentan investigaciones fiscales.
El encuentro de 15 minutos, aunque fugaz, tuvo consecuencias inmediatas. El pedido hecho durante la conversación se materializó con la designación de Zevallos como titular de FAME, lo que demuestra cómo, en el corazón de este negocio de armas, las decisiones claves se toman en espacios ajenos a una institución, y lejos de la mirada pública.
La falta de respuesta por parte de FAME y de los involucrados deja una sombra de impunidad, mientras el país enfrenta una crisis de confianza en sus instituciones. En reuniones clandestinas, donde los intereses políticos y económicos se entrelazan, se define el destino de cargos clave, bajo la influencia del poder presidencial.
Política
Patricia Muriano contó todo sobre el oscuro gobierno de Dina Boluarte
El Secretario General de Palacio de Gobierno involucrado en las presuntas firmas falsas. La información brindada por Muriano Peralta podría acabar con el gobierno de Dina Boluarte.
La situación de la presidenta Dina Boluarte se ha vuelto cada vez más insostenible. En los últimos días, su amiga de confianza y exasistente presidencial, Patricia Muriano, ha comenzado a delatarla, lo que podría llevarla a enfrentar graves consecuencias legales. La excolaboradora de la mandataria ha comenzado a colaborar con la Fiscalía desde Estados Unidos, confirmando hechos clave que podrían marcar el fin del gobierno de Boluarte.
Uno de los factores que más resuena en el Palacio de Gobierno es la figura de Patricia Muriano. Según su testimonio ante la Fiscalía, Muriano ha confirmado que la presidenta se sometió a una cirugía estética en junio de 2023 y que, durante su recuperación, se falsificaron firmas en varios Decretos Supremos. Esta información ha causado gran revuelo, ya que, según Muriano, la mandataria estaba incapacitada para ejercer funciones en ese período, sin embargo, se firmaron al menos tres decretos durante su reposo.
Un aspecto crucial en la investigación es la misteriosa «puerta 6» de Palacio de Gobierno. Este acceso, que no tiene ningún tipo de registro ni control, fue utilizado por varias personas cuya entrada no quedó registrada en los documentos oficiales. Entre ellas se encontraría Ney Guerrero Orellana, un conocido productor televisivo, quien habría ingresado por este portón sin que nadie pudiera confirmar su presencia. Este acceso sin control genera sospechas sobre las actividades que se habrían realizado detrás de esas puertas, sin dejar evidencia alguna.
Cuarto Poder confirmó la visita de Ney Guerrero.
Muriano, quien tenía la responsabilidad de garantizar que los salones de reuniones estuvieran «libres de chuponeos», también podría tener información valiosa sobre otras irregularidades. Según su círculo cercano, la exasistente fue la encargada de filtrar estos salones y evitar cualquier tipo de grabación de conversaciones.
Pero el impacto de Muriano va más allá de las cirugías estéticas de la presidenta. Durante su testimonio, ha hablado sobre la falsificación de firmas en los decretos emitidos mientras Dina Boluarte estaba en recuperación. Estos decretos son claves en la investigación, ya que incluyen temas como la alimentación saludable y el estado de emergencia en varios distritos. Además, en ese mismo período se firmaron resoluciones supremas y actas de consejos de ministros que presentan diferencias evidentes en las firmas, lo que refuerza la sospecha de falsificación.
Patricia Muriano, quien fue una de las personas más cercanas a la presidenta, comenzó a distanciarse de ella a finales de 2023, a raíz de un aumento en la desconfianza. En diciembre de ese año, Muriano presentó su renuncia, pero esta fue rechazada. En marzo de 2023, finalmente dejó su cargo y, desde ese momento, ha decidido contar todo lo que sabe. Aunque le pidieron que no hablara con nadie, ha decidido colaborar con la justicia desde su refugio en Estados Unidos.
La situación legal de Dina Boluarte se complica a medida que nuevos detalles salen a la luz, y la figura de su exasistente Patricia Muriano parece ser clave en la resolución de este escándalo. Con la colaboración de Muriano, la Fiscalía podría abrir nuevos frentes de investigación, lo que pone en riesgo el futuro político de la presidenta. En los próximos días, se esperan más revelaciones que podrían llevar a Boluarte a enfrentarse a un juicio y, posiblemente, a la cárcel.
El desenlace de este caso sigue siendo incierto, pero lo que parece claro es que la confianza en la presidenta se ha desmoronado, y la verdad detrás de la «puerta 6» y los Decretos falsificados podría ser el golpe final a su gobierno.
Política
Nuevo escándalo en Condorcanqui: Subprefectos y un ministro de Educación en medio de irregularidades
Tras la denuncia de violaciones masivas de niñas y adolescentes de los grupos étnicos Wampís y Awajún, aparece un nuevo caso que involucra al Ministerio de Educación y al Ministerio de Interior en la región Amazonas.
Por Leonardo Serrano Zapata
En medio de la crisis educativa que vive Condorcanqui (Amazonas), nuevas denuncias salpican al actual Subprefecto Provincial, Romer Orrego Ikam. Según documentos oficiales y testimonios a los que se tuvo acceso, Orrego estaría presuntamente apoyando al Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado «San Marcelo» para operar de manera irregular en las sedes de Nieva y El Cenepa.
Esta institución, dirigida por los hermanos Rosales, ha estado ofreciendo formación docente sin contar con las autorizaciones necesarias. Según la Resolución Directoral N.º 00085-2020-MINEDU-VMGP-DIGEDD-DIFOID y el reciente Oficio N.º 00130-2025-MINEDU/VMGP-DIGEDD, esta institución «no cuenta con licenciamiento ni con filial autorizada por el Ministerio de Educación».
El 12 de noviembre de 2024, mediante Oficio N.º 02302-2024-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID dirigido al propio Orrego Ikam, el MINEDU estableció categóricamente que: «El Instituto de Educación Superior Pedagógica privado ‘San Marcelo’ no cuenta con autorización para brindar servicios en un lugar distinto al de su local ubicado en el distrito de San Miguel, provincia y región de Lima, ni para brindar servicios educativos bajo la modalidad a distancia».
El caso llegó incluso al Congreso de la República. El legislador Guido Bellido Ugarte, mediante Oficio N° 1175-2024-2025-GBU/CR del 12 de diciembre de 2024, solicitó información al MINEDU, quien confirmó la irregularidad del IESP «San Marcelo» en su Informe N° 00040-2025-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID del 17 de enero de 2025.
La gravedad del caso aumenta tras la difusión de un audio en redes sociales el pasado 10 y 11 de marzo de 2025. Según el denunciante Luis Chigkim Catip, en dicha grabación se escucharía al Subprefecto Orrego Ikam negociando el retiro de una denuncia contra los hermanos Rosales por presuntamente intermediar en la apertura de sedes no autorizadas. En el audio, Orrego habría sugerido reducir de 5,000 a 2,000 soles el monto solicitado para desistir de la denuncia por presunta estafa.
Cabe recordar que Romer Orrego Ikam, quien defendió públicamente al Ministro de Educación Morgan Niccolo Quero Gaime en junio de 2024, fue designado como Subprefecto poco después, reemplazando a María Clarivel Huaman Jintach, quien fue sentenciada por solicitar pagos indebidos para el otorgamiento de garantías personales.
Como consecuencia de esta situación irregular, decenas de estudiantes que confiaron en esta institución han quedado en el limbo, ya que, según la normativa vigente, «el marco normativo que rige la trayectoria académica en la Formación Inicial Docente no admite regularizaciones».
Acta de firmas de denuncia Subprefecto.
Un acta del Juez de Paz de Condorcanqui, con participación del Comandante PNP William Herrera Cotera, muestra que ya existe un «pedido de destitución del señor Subprefecto ROMER ORREGO IKAM por haber pruebas contundentes sobre la negociación y estar involucrados directamente con el Instituto San Marcelo». Este documento hace referencia al aparente vínculo con Gilmer Nilton Rosales Sánchez, quien fue candidato por Fuerza Popular a la Alcaldía de Condorcanqui en las Elecciones Regionales y Municipales 2022.
Es urgente que tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio del Interior se pronuncien sobre estas graves acusaciones. Mientras tanto, en una región que sufre por la falta de profesionales docentes calificados en EIB, el Subprefecto anuncia que la atención de su despacho será virtual, limitando aún más el acceso a servicios gubernamentales en esta apartada provincia amazónica.
Por parte del ministro de Educación Morgan Quero existe un gran silencio. Por otro lado, ministro Diaz Zulueta, los ciudadanos necesitamos muestras de transparencia y lucha concreta contra la corrupción. No cometa el error del ex ministro Santiváñez que con la RM N° 1066-2024-IN de fecha 16 de agosto de 2024, decidió absolver a la ex subprefecta de la Provincia de Condorcanqui Rosemary Pioc Tenazoa, con la excusa de que se perdió el expediente de la denuncia. ¡El colmo!
Política
Colegio Médico del Perú investiga a cirujano Mario Cabani por presunto intercambio de favores
El CMP inició investigación ética y disciplinaria en contra de Mario Cabani, cirujano de la presidenta Dina Boluarte porque habría gestionado puestos en entidades del Estado para personas allegadas a cambio de cirugías estéticas realizadas en su clínica.
El Colegio Médico del Perú (CMP) ha iniciado de oficio una investigación ética y disciplinaria contra Mario Cabani Ravello, cirujano estético de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, por presuntas irregularidades en su práctica profesional y por ende por incumplir las normas deontológicas que rigen el ejercicio de la profesión médica en Perú.
Esta investigación surge tras la publicación de un informe que en los medios de comunicación difunde documentos y correos electrónicos en el que se indica que el cirujano plástico habría solicitado puestos en el Estado para personas de su confianza y entorno, tras realizar intervenciones quirúrgicas a la mandataria Dina Boluarte.
Según el comunicado oficial del CMP N° 31-2025, el caso será evaluado por su comité ético, el cual analizará si Cabani Ravello incurrió en faltas deontológicas, específicamente relacionadas con el principio de imparcialidad y la conducta profesional en su relación con la presidenta. Si se encuentran irregularidades, podrían aplicarse sanciones disciplinarias al cirujano.
Este caso ya se encuentra en investigación preliminar en el Ministerio Público y ha cobrado más relevancia, tras la difusión de dos audios y de un correo electrónico, en el que Cabani Ravello habría solicitado a la exsecretaria personal de Boluarte Zegarra, Patricia Muriano Peralta, cargos en diversas entidades estatales, como EsSalud y PromPerú, para allegados suyos.
Exsecretaria Patricia Muriano declaró ‘virtualmente’ ante Fiscalía sobre cirugías de Dina Boluarte
Finalmente, la exsecretaria de la presidenta de la república Dina Boluarte, Patricia Muriano Peralta, si bien no llegó a aterrizar a suelo peruano, procedente de Estados Unidos para declarar presencialmente ante el Ministerio Público por el caso denominado ‘cirugías’; de todas maneras, realizó la diligencia y lo hizo de manera virtual ante el fiscal supremo Hernán Mendoza quien investiga el caso de las intervenciones quirúrgicas de la mandataria. Durante la comunicación en línea, Muriano Peralta ofreció detalles sobre las operaciones estéticas a las que se sometió Boluarte Zegarra en 2023.
Muriano Peralta no solo coordinó las consultas con el cirujano plástico Mario Cabani, encargado de realizar los procedimientos estéticos, sino que también tiene datos específicos sobre el financiamiento de dichas intervenciones.
En la diligencia virtual la exsecretaria de la presidenta Dina Boluarte confirmó detalles de la rinoplastia y otros procedimientos estéticos que la presidenta se realizó el año pasado. Asimismo, corroboró un audio que reveló la relación entre ambas, así como la posible manipulación de la historia clínica de Boluarte Zegarra. También, habría revelado que la jefa de Estado habría permanecido dos días hospitalizada en la clínica Cabani.
De acuerdo con las investigaciones, Mario Cabani habría realizado al menos cinco procedimientos quirúrgicos a Dina Boluarte en el año 2023, entre los cuales se destacan una rinoplastia y una abdominoplastia. Asimismo, la clínica del doctor Cabani, ‘Cabani Health’, entregó a la Fiscalía documentos relacionados con las operaciones, incluidos correos electrónicos y cartas notariales que exigirían el pago de los procedimientos.
Un detalle que ha generado suspicacias, es la falta de facturas y la ausencia de la historia clínica de la presidenta de la República, la cual, según Muriano Peralta, habría sido retirada personalmente por Boluarte Zegarra.
Política
Teniente alcalde de Chorrillos recibió ‘fajo de dinero’ para presunta coima a tribuno del JNE [VIDEO]
A través de un video se capta al primer regidor de Alianza para el Progreso (APP) Richard Cortez Melgarejo recibir una fuerte cantidad de billetes en una reunión privada. Tras la propalación del audiovisual, el Consejo Municipal lo encaró y lo suspendió. Asimismo, el alcalde Fernando Velazco, le dijo: «Vas a responder ante la Fiscalía».
El Municipio de Chorrillos, a través del Concejo Municipal, fue escenario de un escándalo tras la difusión de un video en el que se observa al teniente alcalde de las filas de Alianza para el Progreso (APP), Richard Cortez Melgarejo, recibiendo fajos de dinero, en medio de una reunión privada.
Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal, el alcalde Fernando Velazco presentó el material audiovisual ante los regidores y vecinos. En el video, Cortez Melgarejo discute sobre un proceso de vacancia y menciona contactos con miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
En el audiovisual que se expuso frente a los 13 regidores que conforman el Concejo Municipal y algunos ciudadanos del distrito, el teniente alcalde de Alianza Para el Progreso (APP) intenta persuadir a su interlocutor para que le brinde un “apoyo económico” en lo que denomina una “línea de confianza con proyección al futuro”. Asimismo, Cortez Melgarejo habla sobre el proceso de vacancia aparentemente ‘obstruido’ en alguna instancia del JNE, y las soluciones que le encuentra a este trámite.
«Lamentablemente, este jurado está un poco desprestigiado. Entonces, estas situaciones, de cuestión de interpretación se manejan de otra forma. Yo he buscado la forma de contactarme con alguno de los cinco tribunos para así evitar que, al final, algún intermediario me termine engañando o mintiendo. A través del doctor Acevedo he logrado contactarme con uno de los tribunos. He tenido una conversación directa, seria y concisa. Para mí, es una batalla que voy a ganar», expresa el teniente alcalde en la conversación con uno de los presuntos ‘aportantes’.
El interlocutor le termina dando una ‘inicial’ pecuniaria a Cortez Melgarejo: «Toma, te estoy dando 5 (mil soles). Una señal de buena voluntad. A más tardar, mañana te estoy dando 35 (mil soles)».
Posteriormente, en otra parte del video, que recopila varias grabaciones, Richard Cortez Melgarejo influye en otra persona, a la que revela, conoció a través de un tercero al que llama ‘Tejada’, para que se sume a la recolección de fondos que, según exclama, ya tiene acumulado 150 mil soles. En seguida, este nuevo ‘aportante’ le da un nuevo fajo de billete, Cortez Melgarejo cuenta la suma y lo mete a su bolsillo.
Concejo Municipal lo suspendió
Tras observar las reveladoras imágenes, los demás integrantes del Consejo Municipal increparon fuertemente a Richard Cortez Melgarejo por su presunto acto de corrupción y anunciaron la suspensión de sus funciones por contravenir los principios éticos de la función pública. Tras conocer dicha decisión, el teniente alcalde trató de defenderse, pero terminó protagonizando una fuerte discusión con el alcalde de Chorrillos Fernando Velazco, y tras abandonar la sesión, la autoridad edil le dijo: «Vas a responder ante la Fiscalía».
🚨 Teniente alcalde de Chorrillos y militante de Alianza Para el Progreso, Richard Cortez Melgarejo, fue captado recibiendo 'plata como cancha'.
— Revista Lima Gris (@Limagris) March 28, 2025
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Política
‘Renovación Popular’ defiende a ‘Fuerza Popular’ y rechaza a Fiscal de la Nación por pretender su cancelación
A través de un comunicado, el partido ‘celeste’ de propiedad de Rafael López Aliaga se solidariza con el partido de Keiko Fujimori, debido a la disposición de la fiscal Delia Espinoza, que podría determinar la extinción del partido ‘naranja’ y el de Carlos Álvarez, ‘País para Todos’.
El partido político de Rafael López Aliaga, ‘Renovación Popular’, se pronunció con respecto a la medida dispuesta por la Fiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela, y rechazó que busque declarar la ilegalidad de las organizaciones políticas ‘Fuerza Popular’ y ‘País para Todos’. Mediante un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) exhortaron a Espinoza Valenzuela a «avocarse a su función» y no utilizar políticamente sus facultades fiscales. Asimismo, el (CEN) indicó que aquello solo interferiría en el proceso electoral convocado.
Renovación Popular, mediante sus redes sociales, compartió el comunicado oficial, en donde expresó su rechazo ante lo establecido por la mandamás del Ministerio Público.
Fiscalía inició diligencias por denuncia de ilegalidad contra dos partidos políticos
Como se sabe, último jueves 27 de marzo, la Fiscalía inició diligencias contra los partidos ‘Fuerza Popular’ y ‘País para Todos’, por presuntamente haber incurrido en «conductas antidemocráticas».
Según el artículo 14 de la Ley n.º 28094 – Ley de Organizaciones Políticas, la Corte Suprema, a pedido del fiscal de la Nación o defensor del Pueblo, podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos, siendo los siguientes:
1- Vulnerar sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas por cualquier razón, o legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos.
2- Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones que, para la consecución de fines políticos, practiquen el terrorismo o que con su prédica contribuyan a multiplicar los efectos de violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera.
3- Apoyar la acción de organizaciones que practican el terrorismo Y/o el narcotráfico.
‘Renovación Popular’ exige a Delia Espinoza que se avoque a sus funciones.
«RP manifiesta el rechazo rotundo a la utilización política de la facultad de investigar que tiene la fiscal de la Nación, pretendiendo interferir en el proceso electoral ya convocado», se lee en el primer punto anunciado por la agrupación celeste que lidera López Aliaga.
Además, aseguró que sus militantes defenderán el Estado de Derecho y el sistema democrático de gobierno, y garantizarán el respeto irrestricto al derecho constitucional de elegir y ser elegidos que tienen todos los peruanos. Por último, RP exhortó a Delia Espinoza a avocarse exclusivamente a sus funciones, y no interferir en asuntos políticos.
«Exigimos a la fiscal de la Nación avocarse a su función constitucional de investigar y combatir la delincuencia y la criminalidad que mantienen en zozobra a toda la población, haciendo uso eficiente de sus recursos, para lograr dicho fin. El derecho de elegir a sus autoridades las tiene el pueblo peruano, no la fiscal de la Nación», concluyó el CEN del partido.
Política
Declaraciones de exsecretaria complican a Dina Boluarte: tras cirugías, publicaron tres decretos con firma falsa de la presidenta
Patricia Muriano teme por su vida y no desea volver a Perú. Sin embargo, declaró ante Fiscalía de forma virtual por más de 6 horas y estaría tramitando residencia en Estados Unidos como ‘perseguida política’ del gobierno. Su próxima declaración está programada para inicios de abril.
La exsecretaria personal de la presidenta Dina Boluarte, Patricia Muriano Peralta, pese a que no llegó a Perú para apersonarse al Ministerio Público, y a pesar que el abogado de la mandataria Juan Carlos Portugal intentó frustrar la diligencia, ella declaró de forma virtual ante la Fiscalía durante más de 6 horas por el ‘caso Cirugías’. Según el informe de Hildebrandt en sus Trece, se indica que Muriano Peralta declaró que tres decretos fueron publicados con la firma falsa de la jefa de Estado y todas las intervenciones fueron operaciones de rejuvenecimiento.
En la declaración ante el equipo del fiscal supremo Hernán Mendoza Salvatierra, encargado del área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del MP, Muriano Peralta reconoció su voz y ratificó que el audio difundido es suyo y confirmó que el contenido de este es verídico. De igual modo, ratificó que la expresidenta Dina Boluarte fue sometida a cinco intervenciones quirúrgicas.
Abogado de Boluarte intentó frustrar declaración
Según se dio a conocer, la defensa técnica de la jefa de Estado, Juan Carlos Portugal, tal como lo hizo en diciembre pasado, nuevamente se opuso a que Patricia Muriano declarara ante el Ministerio Público. Sin embargo, el equipo fiscal admitió el testimonio de la examiga de Dina Boluarte, quien ha manifestado que está dispuesta a colaborar con todo lo que se pueda con la investigación del ‘caso cirugías’, pero solo lo hará de forma virtual, ya que no desea volver al Perú y teme por su vida. Incluso, ya habría empezado a tramitar su residencia en Estados Unidos argumentado que es una perseguida política del gobierno de Dina Boluarte Zegarra.
Entre las cosas más importantes que reveló y confirmó, fue que al menos tres decretos supremos que se publicaron en el diario oficial ‘El Peruano’ llevaban una firma falsa de la mandataria. Esto debido a que la presidenta Dina Boluarte se encontraba indispuesta después de las intervenciones estéticas realizadas entre el 28 y 30 de junio del 2023.
Además, mencionó que, si bien el internamiento fue de 48 horas, la jefa de Estado se mantuvo en reposo absoluto hasta el 9 de julio del 2023. En relación a ello, también indicó que el médico Mario Cabani la visitó en dos oportunidades en su vivienda de Surquillo. Sin embargo, él no fue el único galeno que supervisó su estado de salud, porque la expresidenta de EsSalud, María Elena Aguilar del Águila, también estuvo en la Clínica Cabani en la fecha que se realizaron las operaciones a la presidenta Dina Boluarte. Por lo que ella se habría encargado personalmente de supervisar la recuperación postoperatoria de la mandataria.
Muriano es presionada por circulo cercano de la presidenta
Según se ha podido conocer, Patricia Muriano le ha dicho a su círculo más cercano que ha estado recibiendo presiones del círculo de seguridad de la jefa de Estado Dina Boluarte Zegarra para que desconozca el audio en el que se le escucha confirmar las operaciones estéticas de la mandataria, y que niegue que fuera su voz.
Política
Alcalde de Lima designa como nuevo gerente de Emape a ingeniero que dijo polémica frase “no se cayó, se desplomó”
José Luis Justiniano será recordado por tratar de explicar torpemente el derrumbe de un puente que no duró ni 10 años.
¡Qué estaremos pagando! El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, incapaz hasta la fecha de poder reordenar Mesa Redonda y Mercado Central, investigado por traer vagones de tren a sobrecosto, desaparecido durante el último incendio en Barrios Altos pero que sí se encontraba muy predispuesto a tomarse cuanta foto sea posible con un famoso streamer extranjero, ahora acaba de designar a uno de los ingenieros incondicionales del ex burgomaestre Luis Castañeda Lossio, nos referimos al ingeniero José Luis Justiniano Martínez, como el nuevo gerente general de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape).
Y es que más que se le recuerde al ingeniero Justiniano Martínez por sus magníficas obras en la ciudad, es recordado solamente por su frase “no se cayó, se desplomó” luego que tratara de explicar la caída del puente de la Solidaridad en el año 2017, luego de la crecida del río Rímac.
El entonces gerente de Infraestructura Vial de Emape, Justiniano Martínez, dijo que la estructura había sido diseñada “por los mejores especialistas del medio” y “de acuerdo a las normas vigentes”.
“No se ha caído, solamente se ha desplomado su apoyo externo. Yo le estoy hablando técnicamente. Usted no me va a entender quizás nunca, porque es periodista”, mencionó al ser interrogado por América TV.
Ahora, de acuerdo a la plataforma oficial del Estado peruano, el ingeniero comenzó a laborar el 8 de marzo de este año en esta dependencia de la Municipalidad de Lima.
Será Justiniano Martínez quien tenga a cargo la firma de acuerdos y convenios con entidades públicas, privadas y organismos internacionales, así como la dirección, ejecución y supervisión del cumplimiento de las decisiones de la empresa. También será responsable de aprobar modificaciones presupuestarias y otras acciones administrativas.
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