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Política

El escándalo del hotel Sheraton: Correo de Ricardo Ruiz Caro reveló la planificación de “caducidad” de los procesos sancionadores

Un correo electrónico reveló cómo se estuvo manejando el caso de la construcción del hotel Sheraton en el centro histórico de la ciudad del Cusco.

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La fiscal Anticorrupción Gloria Soto, formalizó acusación contra tres exdirectores del Ministerio Cultura de Cusco (DDC), por la construcción del hotel Sheraton de la calle Saphy, ubicado en el centro histórico de la ciudad imperial. En el documento se advierte la destrucción de muros incas y republicanos, ante una aparente inacción de quienes estaban encargados de velar por la protección del legado cultural.

Entre los exfuncionarios con responsabilidad penal se encuentran Ricardo Ruiz Caro, Juan Julio García Rivas y David Ugarte Vega Centeno. La fiscalía Anticorrupción pide cárcel para los exfuncionarios.

En el caso del denunciado Ricardo Ruiz Caro, la fiscalía solicita cuatro años de prisión y se le imputa la autorización del rearmado del muro prehispánico para la edificación de la nueva infraestructura. Sobre el señor Ruiz Caro es importante recordar que en marzo de 2019 publicamos un correo al cual tuvo acceso Lima Gris, y que reveló cómo se estuvo planificando la “caducidad” de los procesos sancionadores del hotel Sheraton de la calle Saphy.

El correo fue enviado al abogado Rubén Carrión por Ricardo Ruiz Caro, ex asesor de Luis Nieto Degregori (Director de la DDC de Cusco) con el título “Resolución Directorial de caducidad”.

En el primer párrafo del correo, Ricardo Ruiz Caro, quien ha sido denunciando penalmente por el tema del hotel Sheraton en Cusco, señala:

“Rubén, le he dado una mirada a la propuesta de RD de caducidad y luego de consultarlas con tus colegas Omar y Christian, me parece necesario marcar una diferencia entre este tipo de RDs (que proviene “de oficio” y por ende están sujetas a caducidad) de aquellas que vienen “de parte” como la que ya se emitió sobre el tema de Saphy”.

Rubén Carrión fue uno de los abogados que estuvo a cargo del tema legal en el Ministerio de Cultura de Cusco, y con él coordinaban los diferentes casos que se presentaban en la ciudad imperial. Uno de ellos fue el caso del hotel Sheraton en Cusco, un caso emblemático de la destrucción del patrimonio cultural, donde el exministro de Cultura Rogers Valencia, terminó firmando dos resoluciones basadas en la “caducidad”, y con la cual se le perdonaba una sanción millonaria de más de 4 millones de soles a la empresa R&G.

En el mismo correo, en el segundo párrafo, Ricardo Ruiz Caro menciona:

“Mi sugerencia es hacer expresa la situación de procedimiento “de parte” por tanto en la parte considerativa como en los propios artículos resolutivos… de este modo estas caducidades no se tomarían en argumentos en contra de aquellas sanciones que asumimos que no caducan por devenir de parte”.

La comunicación del correo reveló que Ricardo Ruiz Caro a pesar de estar denunciado penalmente por el caso del hotel en la calle Saphy, como asesor del Ministerio de Cultura, personalmente planificaba la caducidad de los procesos sancionadores, es decir, era juez y parte de un caso donde él está involucrado junto a otros funcionarios de la DDC de Cusco.

En el tercer párrafo del correo, el señor Ricardo Ruiz Caro le da una sugerencia a los abogados, mencionando:

“Sugeriría también una mirada conjunta entre abogados respecto a esta sugerencia y un acuerdo colegiado de ustedes de la planilla general que se habrá de usar a futuro para este procedimiento”.

Recordemos que Ricardo Ruiz Caro fue asesor de Luis Nieto Degregori, y todo lo que se realizaba lo hacía con conocimiento del propio señor Nieto Degregori, exDirector del Ministerio de Cultura de Cusco.

Nos comunicamos con el abogado Rubén Carrión para conversar sobre el correo y las coordinaciones que realizaba con el señor Ricardo Ruiz Caro sobre el tema de caducidad. Aquí la entrevista.

¿En qué contexto usted recibe este correo?

Yo he sido presidente del órgano técnico colegiado de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, hasta el 28 de agosto del 2018. En ese contexto cuando entra la nueva gestión del señor Luis Nieto Degregori, entra como asesor el arquitecto Ricardo Ruiz Caro, e inmediatamente los expedientes del caso Saphy era de interés de la institución y de la dirección. En todo caso señor Luis Nieto directamente, con mi persona, el jefe del área de defensa de patrimonio y con asesoría jurídica, hemos tenido permanentes reuniones de coordinación para ver cómo se resolvía lo de Saphy.

Al leer el correo uno se da cuenta que el tema de la caducidad ha sido planificado estratégicamente por parte de los funcionarios del Ministerio de Cultura de Cusco.

Lo que le puedo aclarar es lo siguiente: Yo no era jefe, sino era presidente de un órgano colegiado, que estaba encargado de emitir opiniones realizando propuestas en los procedimientos administrativos sancionadores. En todo caso nosotros debemos subordinación al jefe que es el director Nieto Degregori. Y si sus asesores estaban en representación de él, lo propio nosotros teníamos que hacer y sacar las disposiciones emitidas por el director de la DDC de Cusco.

Entonces, los asesores y el señor Luis Nieto de Degregori son los responsables directos.

Cuando todavía no ha salido a la luz este correo, decían que me han cruzado documentos a mi persona. Yo he aclarado que en todos los documentos que me han cruzado a mi persona, el único error que he cometido es haber opinado por la sanción a la empresa R&G del caso Saphy. Ese ha sido mi único error, por eso he sido objeto de maltrato, acoso laboral y además me sacan del cargo por ese motivo. Me dijeron que entregue a otro abogado el cargo, eso fue el 28 de agosto del 2018. Luego de ello me dejan sin escritorio, sin computadora y sin lugar de trabajo.

Luis Nieto Degregori y Ricardo Ruiz Caro.

Tomaron represalias contra usted por opinar a favor de la defensa del patrimonio…

Sí. Al tercer o cuarto día yo puse en conocimiento todos estos hechos, le indiqué al director Luis Nieto, quien era mi jefe inmediato, que regularicé mi situación, porque era una situación ilegal. Hicieron caso omiso hasta el 05 de octubre del 2018, que ya cansado de todo esto, tuve que pasar una carta notarial indicando que cese el acoso laboral, el maltrato y el abuso de autoridad. He trabajado más de siete años en la institución, no he tenido nunca ninguna llamada de atención ni ningún proceso.

Usted representaba una piedra en el zapato para los intereses de los asesores, el señor Luis Nieto Degregori y para la empresa R&G.

Incluso el director quería que renuncie en esa fecha, pero yo como soy abogado y tengo que hacer respetar mis derechos, no voy a permitir semejante atropello de las autoridades. A pesar de todo eso, los asesores de la DDC se mofaban de mi situación.

Después de todo lo sucedido, imagino que para usted no fue una sorpresa que el exministro de Cultura Rogers Valencia, firmará las dos resoluciones a favor de la empresa R&G.

Cuando estaba viendo el caso, había una situación del monto y de los procesos administrativos, pero como veía que, en el proceso de la desaparición y destrucción de los tres muros prehispánicos, teníamos una opinión uniforme, en el sentido de que era una falta grave, propusimos la máxima sanción para ello, que fueron las mil UIT. No sé cómo lo hayan tomado los funcionarios del Ministerio de Cultura, pero en el Ministerio de Cultura dijeron que estaba mal. Sucedido esto, a mí me mandaron a Lima a sustentar en asesoría jurídica y lo hice. La ley es bien clara y es precisa. La opinión que nosotros emitimos como órgano técnico colegiado estaba enmarcada en la ley. Ahora que tenga una interpretación de la norma diferente, que no sea acorde a lo establecido en la norma y al interés público, no podemos asumir responsabilidades por ello.

¿Con quienes se reunió en la sede central del Ministerio de Cultura en Lima?

Me reuní con el jefe de asesoría jurídica y con dos asesores que propuso, ahí sustenté los términos de la sanción. Nosotros emitimos una propuesta, una opinión, y ellos revisaron con su equipo. Nosotros no lo suscribimos, nos somos el órgano sancionador, el órgano sancionador es la dirección, y la dirección es la que emite en última instancia asegurándose por todos los medios que sea la adecuada y la que esté de acuerdo con su precisión e institucionalidad, que es sancionar o no sancionar. Para tal efecto la dirección ha tomado todas las prevenciones del caso y han estado de acuerdo con ello.

Luis Nieto Degregori y exministro Rogers Valencia..

Cómo se puede entender que el señor Ricardo Ruiz Caro pueda ser juez y parte en este asunto, ya que él esta denunciado penalmente por el caso del hotel en la calle Saphy.

Sí, tengo entendido que tiene una denuncia penal y que está muy avanzado el caso. Fíjese, como es parte de dirección del Ministerio de Cultura hasta la fecha, y está a un nivel superior de nosotros, si bien es cierto podíamos discrepar con ello, pero nosotros no teníamos ninguna facultad para poder decidir. En todo caso, la institución sabe perfectamente cuál es la situación del señor.

Después de todo lo que ha ocurrido con el caso del Hotel de la calle Saphy, ¿cuál es su lectura sobre el tema?

Mi persona ha trabajado más de siete años en la institución, he trabajado con todos los directores, e incluso he sido asesor de dirección, cuando los asesores ganaban 3 mil 500 soles, ahora el señor Ruiz Caro, gana 11 mil soles. A mí nunca me han subido el sueldo, pero siempre he servido a la institución por vocación y convicción. Cuando suceden cuestiones irregulares y para las personas que uno resulta incómodo, lamentablemente uno tiene que pagar las consecuencias. Desde el 2008 que empieza la obras hasta el 2018 que se llega a sancionar recién, porque nadie la quería hacer, y nosotros hicimos la adecuada y correcta propuesta, porque eso dice la ley. Pero por todo esto me han maltrato, menospreciado y han llegado al extremo de quererme hacer renunciar, y por hacer respetar mis derechos, hasta la fecha me siguen maltratando, y eso es muy agraviante para mi persona como profesional, padre de familia y miembro de la sociedad.

Para mucha gente en el Ministerio de Cultura de Cusco hay operadores de la corrupción, gente con gran poder, que incluso llega al Ministerio de Cultura en Lima, ¿Para usted la construcción del hotel Sheraton en Cusco se llegará a demoler?

Sobre el tema lo que se tendría que hacer es sacar el excedente de la construcción, porque que llegue a demolición administrativamente es casi un imposible con los procesos que han declarado la nulidad y caducidad.

Nos queda claro que en el correo que revelamos hay una planificación e intencionalidad de nulidad y caducidad sobre el tema.

En las dos resoluciones que emite el exministro Rogers Valencia, en su última parte dice: se buscarán las responsabilidades conforme al artículo 11 de la ley 27444, ley de procedimientos administrativos general.  Que dice “Se buscará la responsabilidad en la autoridad que suscribió la resolución materia de nulidad, caducidad”. Y qué está sucediendo ahorita, le explicado mi situación. Quién ha emitido la resolución materia de nulidad, pues ha sido el señor Luis Nieto Degregori, director de la DDC de Cusco, entonces, en merito a la ejecución de una resolución que ha causado estado de procedimiento, el que debería ser procesado es la persona que ha emitido el escrito. Pero lo que están haciendo ahorita es irregular, están buscando a terceros responsables como chivos expiatorios, y el director Luis Nieto está procesando, cuando él debería estar procesado. Es decir, el señor Nieto Degregori está de juez y parte. Eso es una situación incorrecta.

¿Por qué se anima a denunciar y hacer público el correo?

A mi persona y a los miembros OTC nos han aperturado procedimientos administrativos disciplinarios, por la resolución 998 del 2018 del Ministerio de Cultura, y el caso es lo que le explicado, la resolución está disponiendo que le aperturen instrucción o proceso disciplinario al director, por es Luis Nieto Degregori quien ha emitido y suscrito la resolución. Lejos de hacer eso, lo están haciendo contra nosotros, y el director esta de juez, y eso debe ser sancionado penalmente. Mi situación laboral está en suspenso porque he puesto un recurso de apelación, y el director en los documentos que emite, dice: al abogado Rubén Carrión, se le deberá pagar sus remuneraciones y no se le podrá dar permiso. Y eso es de fecha 15 de enero y 15 de febrero. Si el director está disponiendo mi situación laboral, entonces, que lo ejecute. Pero nada de eso se hace, ya que lo responden de cualquier manera y vulneran mis derechos como servidor público.

Es sorprendente que, por defender el patrimonio cultural, este pasando por toda esta situación…

Solo por defender el patrimonio, por haber opinado por una sanción. Seguro hay otros intereses como usted lo ha manifestado y mi defensa no ha sido bien visto, y seguro he defraudado a muchas personas en el Ministerio de Cultura. Eso para mí es indignante. Yo salgo a esta entrevista porque si bien es cierto me han maltrato desde que he emitido la resolución esa, y me han sacado de la peor manera de la institución, y ahora me siguen maltratando. El correo es bien claro y preciso, ahí está todo el contexto de cómo se ha llevado el proceso correspondiente a Saphy.

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Adiós al Reinfo hereditario

Minem decidió dar marcha atrás modificando en último momento reglamento de formalización.

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Recapacitaron. Desde distintos grupos empresariales, autoridades y la sociedad civil se vio de mala manera de que se quiera continuar ofreciendo una puerta de ingreso a los mineros ilegales que camuflados de artesanales o informales pretendían seguir deforestando, contaminando los bosques y ríos de nuestro país, así como asesinando a todo aquel que les quisiese hacer frente.

Es así que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) se derogaron algunas disposiciones en el reglamento que regula el proceso de formalización minera en el Perú. De esta manera, se modificó y publicó el Decreto Supremo n.° 010-2025-EM este último domingo 1 de junio.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la eliminación de poder transferir automáticamente por herencia la titularidad en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo); también se retira la coordinación presupuestal con los gobiernos regionales para este proceso.

De acuerdo con el decreto citado, se derogan tanto el artículo 10 del Reglamento de la Ley n.° 32213 aprobado previamente por el Decreto Supremo n.° 009-2025-EM, como la Tercera Disposición Complementario Final del Decreto Supremo n.° 018-2017-EM.

Estas disposiciones permitían, entre otras cosas, la transferencia de titularidad en el Reinfo por sucesión y la posibilidad de que los gobiernos regionales colaboraran en el proceso de formalización minera mediante convenios específicos.

El Decreto Supremo n.° 010-2025-EM subraya la necesidad de garantizar la calidad regulatoria y la efectividad de las competencias del Minem en el proceso de formalización minera.

La norma fue refrendada por la presidenta Dina Boluarte y el ministro Jorge Luis Montero, quienes destacaron la importancia de estas medidas para fortalecer la sostenibilidad y la legalidad en la pequeña minería y minería artesanal.

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Política

Al mismo estilo que Pedro Castillo, Dina Boluarte también organizó su fiesta de cumpleaños en estricto privado [VIDEO]

Mariachis, torta, ‘ayayeros’, y mucho secretismo en torno a los 63 años de la mandataria.

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Una presidenta caprichosa. Si ya se salió con las ganas de viajar al Vaticano para verse con ¡dos papas!, adornar sus muñecas con carísimos relojes, realizarse “retoquitos” en el rostro, impedir que se le acerquen los periodistas, mandar a cerrar la Plaza Mayor durante un simulacro de sismo, querer aumentarse el sueldo y luego negarlo, ignorar el clamor de toda una población que le pide mano dura contra la extorsión, Dina Boluarte no podía quedarse sin una fiesta de cumpleaños el pasado viernes 30 de mayo.

Acostumbrada a querer realizar sus actividades sin el ojo cuestionador de la prensa, la jefa de Estado habría dado una orden directa de prohibir el ingreso de celulares, de acuerdo al dominical Cuarto Poder; asimismo, tampoco se quiso registrar el ingreso de sus visitantes en el acta de ingreso a Palacio de Gobierno, protocolo obligatorio cuando se trata de permitirle el acceso a una persona, sea este funcionario, diplomático o alguna autoridad gubernamental.

Pese a esta obstaculización de la información se pudo observar el ingreso del canciller Elmer Schialer, el vocero presidencial Freddy Hinojosa, su premier Eduardo Arana, y cómo no, sus fieles ‘vasallos’ Juan José Santiváñez y Gustavo Adrianzén. La llegada del actual titular del Minjusdh, Juan Alcántara, solo corroboraba que adentro de Palacio el banquete estaba servido, pues se le vio ingresando con un costoso obsequio para la cumpleañera, el cual se trataría de una joya.

El citado medio indicó que la fiesta de cumpleaños empezó al promediar las nueve de la noche y se prolongó pasada la medianoche, momento en el que salió un conjunto de mariachis para cantarle ‘Las mañanitas’ a la autodenominada “mamá de todos los peruanos”. Aquella parranda palaciega que no habría escatimado en gastos habría estado organizada por Carmen Giordano, asesora y amiga cercana de Boluarte Zegarra.

Ya caída la una de la madrugada, uno a uno empezaron a salir los ministros invitados, yéndose raudamente a sus vehículos sin brindar declaraciones.

En tanto, ninguna autoridad del Ejecutivo se ha pronunciado hasta el momento por la fiesta de cumpleaños privada de la Jefa de Estado.

Al mismo estilo que Pedro Castillo

Como se recuerda, el 19 de octubre de 2021, meses después de que Pedro Castillo fuera oficialmente nombrado como presidente del Perú, este quiso cambiar su modesta celebración de cumpleaños por algo más suntuoso y opulento. Es así que la empresaria Karelim López habría apoyado financieramente en la fiesta, contratando un grupo de mariachis, la presentación de un elenco del Brisas del Titicaca, así como de abundante comida que le es del agrado del chotano, todo ello con el apoyo de los entonces ministros de Castillo Terrones.

“Yo gasté en todo ello 7.000 soles, de los cuales 5.000 me entregó Bruno Pacheco indicando que era la cuota de los ministros, pero no me reembolsaron los 2.000 restantes”, explicó la lobista.

Cabe recordar que la fiesta por los 52 años de Pedro Castillo se realizó en plenas restricciones por la pandemia, prohibiéndose las reuniones sociales.

Si Castillo lo hizo, Boluarte tampoco se quería quedar con las ganas.

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Política

CONADEA: Universitarios de Arqueología del Perú rechazan reducción del perímetro de las Líneas de Nasca

Ante la insólita y cuestionada decisión del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, y la viceministra Moira Novoa, la Coordinadora Nacional de Estudiantes de Arqueología lanza su voz de protesta y llama a defender el patrimonio de Nasca, recordando que proteger la memoria cultural es una responsabilidad colectiva.

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No solo el Colegio de Arqueólogos del Perú ha rechazado la reciente decisión de recortar el área protegida de las emblemáticas Líneas y Geoglifos de Nasca, una medida adoptada por el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, y la viceministra Moira Novoa. Ahora, representantes de las universidades del país, a través de la Coordinadora Nacional de Estudiantes de Arqueología (CONADEA), también se han unido en defensa del patrimonio cultural de la Nación. Mediante un pronunciamiento público, expresaron su firme oposición a la modificación del plano perimétrico de la reserva arqueológica.

Pronunciamiento de la CONADEA.

Entre los principales argumentos, CONADEA señala que una medida de tal magnitud afecta gravemente un bien declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Consideran que se está atentando contra un legado espiritual, simbólico y cultural de los pueblos antiguos, cuya memoria debe ser preservada con respeto. Intervenir su entorno natural implica distorsionar su significado y romper el vínculo milenario entre el ser humano, el territorio y su historia.

Finalmente, CONADEA exhorta a todas las universidades del país a mantenerse alertas y comprometidas con la defensa del patrimonio de Nasca, recordando que esta lucha no es individual, sino una responsabilidad colectiva con la memoria y el futuro cultural del Perú.

Pronunciamiento de COARPE.

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Política

Johnny Marchán es designado como gerente general de Osiptel

Mediante Resolución n.° 000089-2025-PE/OSIPTEL se nombró al ingeniero sanitario de la UNI.

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Movidas. El pasado 30 de mayo se nombró al ingeniero sanitario y maestro en gestión ambiental, Johnny Analberto Marchán Peña, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) quien, mediante Resolución n° 000089-2025-PE/OSIPTEL, fue oficializado como el nuevo gerente general del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

“Designar a partir del 02 de junio de 2025, al señor Johnny Analbeto Marchán Peña en el cargo de confianza de Gerente General del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL”, se lee en la resolución publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

Con más de 24 años de trayectoria en la administración pública, Marchán Peña ha ocupado importantes cargos, destacando su liderazgo como presidente del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES).

Asimismo, se ha desempeñado como director general de Programas y Proyectos en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, gerente de Fiscalización en la SUNASS y presidente del Tribunal de Atención de Reclamos de la misma entidad. Entre otros roles, también ha sido jefe de Estudios Económicos en el Instituto Nacional de Calidad (INACAL).

Vinculaciones

El ex presidente de SANIPES sería parte del círculo de confianza de la ex ministra de Producción Rocío Barrios Alvarado durante el gobierno de Martín Vizcarra. Cabe recordar que Rocío Barrios es hermana de la cuestionada ex presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios.

El dato:

El ahora gerente general de OSIPTEL no se encuentra afiliado a ningún partido político luego de haber realizado la consulta en el JNE.

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Política

Congresista Jorge Marticorena exige atención urgente para escuela en Sayán

«La educación es un derecho fundamental. No podemos permitir que niños estudien en condiciones precarias», declaró el parlamentario.

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Durante la semana de representación, el vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), congresista Jorge Marticorena Mendoza, visitó la Institución Educativa N.º 20801 «Jorge Chávez», ubicada en el centro poblado La Unión, distrito de Sayán, provincia de Huaura. Esta visita se realizó en cumplimiento de un compromiso asumido con la directora del plantel, Maritza Obregón, quien previamente viajó hasta el Barrio Chino (Ica) para exponer la crítica situación del colegio.

La realidad que encontró el parlamentario fue alarmante. Con más de 50 años de servicio a la comunidad, la escuela enfrenta serios problemas de infraestructura. Varias aulas han sido clausuradas por deterioro, obligando a los estudiantes a trasladarse a locales externos que no cuentan con servicios básicos, lo que compromete seriamente su bienestar y el desarrollo de las clases.

A pesar de las pésimas condiciones en las que se encuentra la infraestructura de la institución educativa es admirable el compromiso que ha asumido la directora, el personal docente y los alumnos, motivación que los llevó a ser los protagonistas principales de la franquicia Transformers, OPTIMUS PRIME de siete metros de altura, elaborado por los escolares del primer año de secundaria, quienes utilizaron material reciclado: papel, cartón, carrizos, el cual fue paseado por todo el pueblo por el aniversario de su institución educativa

«La educación es un derecho fundamental. No podemos permitir que niños estudien en condiciones precarias», declaró Marticorena en una entrevista. También destacó el esfuerzo de la comunidad educativa, especialmente de los alumnos de primer año de secundaria, quienes a pesar de las carencias, crearon una escultura de siete metros de Optimus Prime con materiales reciclados, como parte del aniversario escolar. «Ese espíritu merece ser respaldado con acciones concretas», añadió.

El congresista anunció que gestionará, junto a autoridades locales y regionales, la instalación de módulos temporales para asegurar la continuidad de las clases. Asimismo, se comprometió a impulsar recursos para la reparación y mantenimiento de la infraestructura existente. «Esta no debe ser una acción aislada. Necesitamos soluciones sostenibles que garanticen una educación digna», enfatizó.

Marticorena reiteró su compromiso con la comunidad educativa y aseguró que iniciará de inmediato las gestiones necesarias ante los entes competentes. Padres de familia y docentes fueron informados de que se están tomando medidas para resolver esta situación y garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje.

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Política

Líneas de Nasca: Colegio de Arqueólogos exige la renuncia del ministro Fabricio Valencia

Ministerio Público, Congreso de la República y el Colegio de Arqueólogos del Perú, tras los pasos de la oscura gestión del ministro de Cultura Fabricio Valencia Gibaja. Diversos sectores exigen su salida tras presunta negociación política con las Líneas de Nasca.

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El reciente recorte del área protegida de las emblemáticas Líneas y Geoglifos de Nasca ha encendido las alarmas en la comunidad arqueológica del país. Mediante la Resolución Viceministerial N.º 000128-2025-VMPCIC/MC, firmada el pasado 28 de mayo, el Ministerio de Cultura ha oficializado una medida que, según expertos, vulnera flagrantemente la protección del patrimonio mundial declarado por la UNESCO.

El Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú ha emitido un pronunciamiento firme y crítico, denunciando que esta resolución fue aprobada sin seguir el debido proceso técnico ni ético, dejando fuera de protección a numerosos sectores de geoglifos recientemente descubiertos por arqueólogos peruanos y japoneses. Estos nuevos hallazgos confirman que el paisaje cultural de Nasca aún guarda múltiples secretos, lo cual hace más cuestionable el argumento oficial de que «ya no hay más sitios arqueológicos por descubrir», como aseguró el ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, en recientes declaraciones públicas.

El gremio arqueológico ha condenado abiertamente el accionar de la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva, quien, siendo arqueóloga colegiada, firmó esta resolución que consideran atentatoria contra la integridad del patrimonio nacional. También han señalado la participación de Jhony Isla Cuadrado, director del Plan de Gestión Nasca-Palpa, y del director de la DDC Ica, Víctor Injante Tipismana, exigiendo su destitución inmediata y su denuncia ante las instancias correspondientes.

Además, el Colegio de Arqueólogos alerta sobre un trasfondo económico en esta medida: la redelimitación favorecería intereses vinculados a la minería ilegal y a proyectos de expansión agrícola no formalizados, que estarían promoviendo el desmembramiento del perímetro arqueológico para facilitar actividades extractivas en la zona.

«Es inaceptable que se pretenda reducir el área protegida de uno de los patrimonios más valiosos del país con fines ajenos a la conservación cultural», señala el comunicado. «Estamos ante un acto de claudicación del Estado frente a intereses ilícitos, en desmedro de la historia y la identidad nacional».

El Colegio exige la inmediata nulidad de la resolución, la interpelación del ministro Valencia Gibaja en el Congreso de la República y que la presidenta Dina Boluarte destituya de manera inmediata a los funcionarios implicados.

Este escándalo vuelve a poner sobre la mesa una preocupante realidad: la fragilidad institucional en materia de gestión patrimonial, donde decisiones técnicas son desplazadas por presiones políticas o económicas. Las Líneas de Nasca, trazadas hace más de mil años por las antiguas culturas del sur peruano, podrían estar en peligro no por el paso del tiempo, sino por la irresponsabilidad de quienes juraron protegerlas.

Aquí el pronunciamiento completo.

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Política

Congresista Guido Bellido responde a campaña de desprestigio: “Esta farsa caerá”

En medio de renovadas acusaciones mediáticas, el congresista Guido Bellido Ugarte ha utilizado su cuenta oficial de X (antes Twitter) para responder de manera enfática a lo que califica como una “campaña de desprestigio” orquestada desde sectores del poder político, mediático y de inteligencia.

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En un extenso mensaje, el ex primer ministro niega cualquier vínculo con el terrorismo y denuncia una estrategia sistemática de persecución política que tendría como finalidad el control ilegítimo del Poder Ejecutivo.

Esta farsa caerá: ni vínculos con terrorismo, ni obstrucción a la justicia; solo persecución para seguir usurpando el Poder Ejecutivo”, sentenció Bellido al inicio de su publicación. El congresista recordó que, durante la segunda vuelta electoral del 2021, fue víctima —junto a otros miembros de Perú Libre— de acusaciones basadas en el testimonio de un supuesto informante relacionado con Sendero Luminoso, al que califica como “un agente lumpen usado por la DIRCOTE”.

Bellido sostiene que esas imputaciones, promovidas desde el Ministerio Público con apoyo de ciertos medios de comunicación, buscaron frenar el ascenso electoral de Pedro Castillo y asociar al partido ganador con la violencia terrorista. “La campaña sucia tenía un objetivo claro: evitar que Pedro Castillo ganara las elecciones”, escribió el parlamentario cusqueño.

Sin embargo, señala que, tras la victoria electoral, las maniobras no cesaron. A su juicio, hubo una articulación entre operadores del sistema judicial y servicios de inteligencia del Ejército para montar acusaciones de obstrucción a la justicia. Estas denuncias surgieron con mayor intensidad cuando asumió la presidencia del Consejo de Ministros en julio de 2021. “Se montó una falsa acusación con el objetivo de desestabilizar el gobierno y usurpar el Poder Ejecutivo”, afirmó.

El congresista no escatimó en señalar con nombre y apellido a quienes considera responsables de estas maniobras: “Son aquellos que lucran con el terrorismo, hacen política basada en el miedo, obtienen millones en su nombre y causan la muerte de personas inocentes bajo esa bandera”.

Asimismo, lanzó duras críticas contra la prensa que ha difundido estas denuncias. Bellido apuntó directamente a los medios de comunicación que califica como “sensacionalistas” y subordinados a intereses empresariales. “Se dedican exclusivamente a difamar a quienes no están alineados con su agenda o no sirven a los intereses económicos de los dueños de estas corporaciones”, escribió, sin hacer distinciones.

La publicación del congresista Guido Bellido surge en un contexto de creciente polarización política y judicialización de exfuncionarios vinculados al gobierno de Pedro Castillo, hoy en prisión preventiva por cargos de presunta rebelión y corrupción. Bellido Ugarte, quien presidió el Consejo de Ministros entre julio y octubre de 2021, ha sido una de las figuras más visibles —y polémicas— del oficialismo, y sostiene que las imputaciones en su contra responden a un “linchamiento político” con fines de control del poder.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha respondido a estas acusaciones. No obstante, la publicación del congresista ha reavivado el debate sobre la politización de la justicia, el uso de los medios como herramientas de presión y la fragilidad institucional del país.

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Política

Un voto de confianza más que conversado

Premier Arana acudirá el 12 de junio al Congreso para solicitar el voto de confianza.

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Aunque muchos no lo deseen, Dina Boluarte terminará su mandato en julio de 2026, luego de haber creado ‘puentes’ con las principales bancadas del Congreso de la República; sin ellos, su nefasto gobierno habría durado menos que el de Pedro Castillo que no tuvo ‘muñeca’ ni tino para saciar el hambre de los parlamentarios.

Tras la renuncia de Gustavo Adrianzén al premierato su reemplazante fue el entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana Melchor, quien este 12 de junio tendrá que acudir con todo su Gabinete Ministerial al hemiciclo del Legislativo, buscando (o ratificando) el voto de confianza.

Sabiendo de antemano que no iba a contar con los votos suficientes para evitar su censura, el entonces premier Adrianzén decidió ‘inmolarse’ y ofrecer su ‘cabeza en bandeja’ para así evitar el primer ‘strike’ de un gabinete ministerial en la era Boluarte. De no haber realizado tal movida, Dina Boluarte y compañía en estos momentos solo tendrían una ‘bala de plata’, la cual era sumamente riesgosa si no se escogía correctamente al nuevo primer ministro. De haber persistido con Adrianzén estarían a merced del Congreso y eso significaba una amenaza muy fuerte para las aspiraciones de la chalhuanquina.

A los hechos eso nunca sucedió y ahora estamos solo hablando de un nuevo premier que ya contaría con la aprobación de la mayoría de bancadas en el Congreso; es por ello que Arana y compañía acudirán más que confiados el próximo 12 de junio para recibir la aprobación del Legislativo.

“Hemos compatibilizado las agendas y ya hemos dispuesto que la fecha de presentación del Gabinete sea el jueves 12 de junio, a partir de las 9 horas”, indicó el premier Arana luego de haber sostenido una reunión con el presidente del Parlamento, el congresista de Alianza para el Progreso (APP), su tocayo Eduardo Salhuana.

Tocayos. Todo estaría arreglado para que se le dé la confianza a Arana. Foto: Congreso.

Asimismo, Arana Melchor también mencionó que ha cursado invitaciones formales a las diferentes bancadas con el objetivo de sostener encuentros previos a su exposición ante el pleno, las cuales se realizarán el lunes 2 y martes 3 de junio.

 “Tenemos una agenda prevista para exponer nuestros lineamientos de trabajo, pero también para escuchar y recoger las propuestas de los legisladores”, añadió.

Desde las bancadas de izquierda ya se viene anunciando que no le darán el voto de confianza al gabinete de Arana, pero pesará más ese tridente compuesto por Fuerza Popular, Renovación Popular y APP, sí, la misma bancada del presidente del Congreso.

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