La fiscal Anticorrupción Gloria Soto, formalizó acusación contra tres exdirectores del Ministerio Cultura de Cusco (DDC), por la construcción del hotel Sheraton de la calle Saphy, ubicado en el centro histórico de la ciudad imperial. En el documento se advierte la destrucción de muros incas y republicanos, ante una aparente inacción de quienes estaban encargados de velar por la protección del legado cultural.
Entre los exfuncionarios con responsabilidad penal se encuentran Ricardo Ruiz Caro, Juan Julio García Rivas y David Ugarte Vega Centeno. La fiscalía Anticorrupción pide cárcel para los exfuncionarios.
En el caso del denunciado Ricardo Ruiz Caro, la fiscalía solicita cuatro años de prisión y se le imputa la autorización del rearmado del muro prehispánico para la edificación de la nueva infraestructura. Sobre el señor Ruiz Caro es importante recordar que en marzo de 2019 publicamos un correo al cual tuvo acceso Lima Gris, y que reveló cómo se estuvo planificando la “caducidad” de los procesos sancionadores del hotel Sheraton de la calle Saphy.
El correo fue enviado al abogado Rubén Carrión por Ricardo Ruiz Caro, ex asesor de Luis Nieto Degregori (Director de la DDC de Cusco) con el título “Resolución Directorial de caducidad”.
En el primer párrafo del correo, Ricardo Ruiz Caro, quien ha sido denunciando penalmente por el tema del hotel Sheraton en Cusco, señala:
“Rubén, le he dado una mirada a la propuesta de RD de caducidad y luego de consultarlas con tus colegas Omar y Christian, me parece necesario marcar una diferencia entre este tipo de RDs (que proviene “de oficio” y por ende están sujetas a caducidad) de aquellas que vienen “de parte” como la que ya se emitió sobre el tema de Saphy”.
Rubén Carrión fue uno de los abogados que estuvo a cargo del tema legal en el Ministerio de Cultura de Cusco, y con él coordinaban los diferentes casos que se presentaban en la ciudad imperial. Uno de ellos fue el caso del hotel Sheraton en Cusco, un caso emblemático de la destrucción del patrimonio cultural, donde el exministro de Cultura Rogers Valencia, terminó firmando dos resoluciones basadas en la “caducidad”, y con la cual se le perdonaba una sanción millonaria de más de 4 millones de soles a la empresa R&G.
En el mismo correo, en el segundo párrafo, Ricardo Ruiz Caro menciona:
“Mi sugerencia es hacer expresa la situación de procedimiento “de parte” por tanto en la parte considerativa como en los propios artículos resolutivos… de este modo estas caducidades no se tomarían en argumentos en contra de aquellas sanciones que asumimos que no caducan por devenir de parte”.
La comunicación del correo reveló que Ricardo Ruiz Caro a pesar de estar denunciado penalmente por el caso del hotel en la calle Saphy, como asesor del Ministerio de Cultura, personalmente planificaba la caducidad de los procesos sancionadores, es decir, era juez y parte de un caso donde él está involucrado junto a otros funcionarios de la DDC de Cusco.
En el tercer párrafo del correo, el señor Ricardo Ruiz Caro le da una sugerencia a los abogados, mencionando:
“Sugeriría también una mirada conjunta entre abogados respecto a esta sugerencia y un acuerdo colegiado de ustedes de la planilla general que se habrá de usar a futuro para este procedimiento”.
Recordemos que Ricardo Ruiz Caro fue asesor de Luis Nieto Degregori, y todo lo que se realizaba lo hacía con conocimiento del propio señor Nieto Degregori, exDirector del Ministerio de Cultura de Cusco.
Nos comunicamos con el abogado Rubén Carrión para conversar sobre el correo y las coordinaciones que realizaba con el señor Ricardo Ruiz Caro sobre el tema de caducidad. Aquí la entrevista.
¿En qué contexto usted recibe este correo?
Yo he sido presidente del órgano técnico colegiado de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, hasta el 28 de agosto del 2018. En ese contexto cuando entra la nueva gestión del señor Luis Nieto Degregori, entra como asesor el arquitecto Ricardo Ruiz Caro, e inmediatamente los expedientes del caso Saphy era de interés de la institución y de la dirección. En todo caso señor Luis Nieto directamente, con mi persona, el jefe del área de defensa de patrimonio y con asesoría jurídica, hemos tenido permanentes reuniones de coordinación para ver cómo se resolvía lo de Saphy.
Al leer el correo uno se da cuenta que el tema de la caducidad ha sido planificado estratégicamente por parte de los funcionarios del Ministerio de Cultura de Cusco.
Lo que le puedo aclarar es lo siguiente: Yo no era jefe, sino era presidente de un órgano colegiado, que estaba encargado de emitir opiniones realizando propuestas en los procedimientos administrativos sancionadores. En todo caso nosotros debemos subordinación al jefe que es el director Nieto Degregori. Y si sus asesores estaban en representación de él, lo propio nosotros teníamos que hacer y sacar las disposiciones emitidas por el director de la DDC de Cusco.
Entonces, los asesores y el señor Luis Nieto de Degregori son los responsables directos.
Cuando todavía no ha salido a la luz este correo, decían que me han cruzado documentos a mi persona. Yo he aclarado que en todos los documentos que me han cruzado a mi persona, el único error que he cometido es haber opinado por la sanción a la empresa R&G del caso Saphy. Ese ha sido mi único error, por eso he sido objeto de maltrato, acoso laboral y además me sacan del cargo por ese motivo. Me dijeron que entregue a otro abogado el cargo, eso fue el 28 de agosto del 2018. Luego de ello me dejan sin escritorio, sin computadora y sin lugar de trabajo.
Luis Nieto Degregori y Ricardo Ruiz Caro.
Tomaron represalias contra usted por opinar a favor de la defensa del patrimonio…
Sí. Al tercer o cuarto día yo puse en conocimiento todos estos hechos, le indiqué al director Luis Nieto, quien era mi jefe inmediato, que regularicé mi situación, porque era una situación ilegal. Hicieron caso omiso hasta el 05 de octubre del 2018, que ya cansado de todo esto, tuve que pasar una carta notarial indicando que cese el acoso laboral, el maltrato y el abuso de autoridad. He trabajado más de siete años en la institución, no he tenido nunca ninguna llamada de atención ni ningún proceso.
Usted representaba una piedra en el zapato para los intereses de los asesores, el señor Luis Nieto Degregori y para la empresa R&G.
Incluso el director quería que renuncie en esa fecha, pero yo como soy abogado y tengo que hacer respetar mis derechos, no voy a permitir semejante atropello de las autoridades. A pesar de todo eso, los asesores de la DDC se mofaban de mi situación.
Después de todo lo sucedido, imagino que para usted no fue una sorpresa que el exministro de Cultura Rogers Valencia, firmará las dos resoluciones a favor de la empresa R&G.
Cuando estaba viendo el caso, había una situación del monto y de los procesos administrativos, pero como veía que, en el proceso de la desaparición y destrucción de los tres muros prehispánicos, teníamos una opinión uniforme, en el sentido de que era una falta grave, propusimos la máxima sanción para ello, que fueron las mil UIT. No sé cómo lo hayan tomado los funcionarios del Ministerio de Cultura, pero en el Ministerio de Cultura dijeron que estaba mal. Sucedido esto, a mí me mandaron a Lima a sustentar en asesoría jurídica y lo hice. La ley es bien clara y es precisa. La opinión que nosotros emitimos como órgano técnico colegiado estaba enmarcada en la ley. Ahora que tenga una interpretación de la norma diferente, que no sea acorde a lo establecido en la norma y al interés público, no podemos asumir responsabilidades por ello.
¿Con quienes se reunió en la sede central del Ministerio de Cultura en Lima?
Me reuní con el jefe de asesoría jurídica y con dos asesores que propuso, ahí sustenté los términos de la sanción. Nosotros emitimos una propuesta, una opinión, y ellos revisaron con su equipo. Nosotros no lo suscribimos, nos somos el órgano sancionador, el órgano sancionador es la dirección, y la dirección es la que emite en última instancia asegurándose por todos los medios que sea la adecuada y la que esté de acuerdo con su precisión e institucionalidad, que es sancionar o no sancionar. Para tal efecto la dirección ha tomado todas las prevenciones del caso y han estado de acuerdo con ello.
Luis Nieto Degregori y exministro Rogers Valencia..
Cómo se puede entender que el señor Ricardo Ruiz Caro pueda ser juez y parte en este asunto, ya que él esta denunciado penalmente por el caso del hotel en la calle Saphy.
Sí, tengo entendido que tiene una denuncia penal y que está muy avanzado el caso. Fíjese, como es parte de dirección del Ministerio de Cultura hasta la fecha, y está a un nivel superior de nosotros, si bien es cierto podíamos discrepar con ello, pero nosotros no teníamos ninguna facultad para poder decidir. En todo caso, la institución sabe perfectamente cuál es la situación del señor.
Después de todo lo que ha ocurrido con el caso del Hotel de la calle Saphy, ¿cuál es su lectura sobre el tema?
Mi persona ha trabajado más de siete años en la institución, he trabajado con todos los directores, e incluso he sido asesor de dirección, cuando los asesores ganaban 3 mil 500 soles, ahora el señor Ruiz Caro, gana 11 mil soles. A mí nunca me han subido el sueldo, pero siempre he servido a la institución por vocación y convicción. Cuando suceden cuestiones irregulares y para las personas que uno resulta incómodo, lamentablemente uno tiene que pagar las consecuencias. Desde el 2008 que empieza la obras hasta el 2018 que se llega a sancionar recién, porque nadie la quería hacer, y nosotros hicimos la adecuada y correcta propuesta, porque eso dice la ley. Pero por todo esto me han maltrato, menospreciado y han llegado al extremo de quererme hacer renunciar, y por hacer respetar mis derechos, hasta la fecha me siguen maltratando, y eso es muy agraviante para mi persona como profesional, padre de familia y miembro de la sociedad.
Para mucha gente en el Ministerio de Cultura de Cusco hay operadores de la corrupción, gente con gran poder, que incluso llega al Ministerio de Cultura en Lima, ¿Para usted la construcción del hotel Sheraton en Cusco se llegará a demoler?
Sobre el tema lo que se tendría que hacer es sacar el excedente de la construcción, porque que llegue a demolición administrativamente es casi un imposible con los procesos que han declarado la nulidad y caducidad.
Nos queda claro que en el correo que revelamos hay una planificación e intencionalidad de nulidad y caducidad sobre el tema.
En las dos resoluciones que emite el exministro Rogers Valencia, en su última parte dice: se buscarán las responsabilidades conforme al artículo 11 de la ley 27444, ley de procedimientos administrativos general. Que dice “Se buscará la responsabilidad en la autoridad que suscribió la resolución materia de nulidad, caducidad”. Y qué está sucediendo ahorita, le explicado mi situación. Quién ha emitido la resolución materia de nulidad, pues ha sido el señor Luis Nieto Degregori, director de la DDC de Cusco, entonces, en merito a la ejecución de una resolución que ha causado estado de procedimiento, el que debería ser procesado es la persona que ha emitido el escrito. Pero lo que están haciendo ahorita es irregular, están buscando a terceros responsables como chivos expiatorios, y el director Luis Nieto está procesando, cuando él debería estar procesado. Es decir, el señor Nieto Degregori está de juez y parte. Eso es una situación incorrecta.
¿Por qué se anima a denunciar y hacer público el correo?
A mi persona y a los miembros OTC nos han aperturado procedimientos administrativos disciplinarios, por la resolución 998 del 2018 del Ministerio de Cultura, y el caso es lo que le explicado, la resolución está disponiendo que le aperturen instrucción o proceso disciplinario al director, por es Luis Nieto Degregori quien ha emitido y suscrito la resolución. Lejos de hacer eso, lo están haciendo contra nosotros, y el director esta de juez, y eso debe ser sancionado penalmente. Mi situación laboral está en suspenso porque he puesto un recurso de apelación, y el director en los documentos que emite, dice: al abogado Rubén Carrión, se le deberá pagar sus remuneraciones y no se le podrá dar permiso. Y eso es de fecha 15 de enero y 15 de febrero. Si el director está disponiendo mi situación laboral, entonces, que lo ejecute. Pero nada de eso se hace, ya que lo responden de cualquier manera y vulneran mis derechos como servidor público.
Es sorprendente que, por defender el patrimonio cultural, este pasando por toda esta situación…
Solo por defender el patrimonio, por haber opinado por una sanción. Seguro hay otros intereses como usted lo ha manifestado y mi defensa no ha sido bien visto, y seguro he defraudado a muchas personas en el Ministerio de Cultura. Eso para mí es indignante. Yo salgo a esta entrevista porque si bien es cierto me han maltrato desde que he emitido la resolución esa, y me han sacado de la peor manera de la institución, y ahora me siguen maltratando. El correo es bien claro y preciso, ahí está todo el contexto de cómo se ha llevado el proceso correspondiente a Saphy.
Su ‘estate quieto’ por faltoso. Entre berrinches, dolores de estómago, pataletas y tropelías contra los magistrados de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, el ex presidente Pedro Castillo se ganó a pulso que no se le conceda el “uso de la palabra”. Cabe recordar que el ex mandatario se encuentra en el juicio oral por el presunto golpe de Estado perpetrado en el año 2022.
El profesor chotano, a lo largo de las audiencias, se ha mostrado evasivo y confrontacional con los magistrados, apelando a calificativos ofensivos o denigrantes contra el proceso, tildando de “mamarracho” la misma.
En la última sesión, el ambiente se tornó aún más tenso cuando Castillo volvió a desafiar la autoridad del tribunal, lo que motivó una decisión drástica por parte del juez José Neira: suspenderle el derecho a la palabra. Esta medida se tomó luego de que el exmandatario hiciera varios comentarios que fueron considerados como agravios directos a los magistrados, generando un desorden que dificultó el desarrollo del juicio.
De acuerdo al artículo 375 del Código Penal se establecen sanciones para quienes perturben el orden en lugares donde las autoridades ejercen funciones, lo que incluye las salas de justicia.
El desarrollo del juicio se ha visto interrumpido no solo por las actitudes de Pedro Castillo, sino también por las intervenciones de sus abogados, quienes han generado más de un momento de tensión. Durante la jornada de ayer, uno de los defensores del expresidente buscó presentar un recurso de reposición, alegando que se estaba vulnerando el derecho constitucional a la libre expresión de su cliente. Este intento de impugnación fue rechazado por el tribunal, que reafirmó la decisión de suspender la intervención de Castillo.
El juez José Neira, quien preside el juicio, también se vio obligado a reprender a los abogados durante el proceso. En particular, hizo un llamado a la disciplina en la sala, señalando que las intervenciones no estaban siendo realizadas conforme a los protocolos procesales. Con esta reprimenda, el juez restableció el orden y aclaró que el tribunal no toleraría más interrupciones que alteraran el ritmo del juicio.
Madres indignadas en Piura protestan por los alimentos de ‘Wasi Mikuna’
La congresista Katy Ugarte se apersonó al colegio Castro de Quiróz en Piura en medio de una masiva protesta de madres enfurecidas y calificó de indignante el tipo de alimentos que utilizan en el programa estatal. Asimismo, lo tildó como un fracaso y exigió su reestructuración inmediata.
En medio de la reciente decisión del Gobierno de Dina Boluarte, y tras el anuncio de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga que confirma la extinción del fallido programa alimentario ‘Wasi Mikuna’, tras haber intoxicado masivamente a más de 80 escolares en Piura, las protestas de las madres de familia se han intensificado con carteles y reclamos directos al Ejecutivo.
Ellas denuncian con indignación que los alimentos entregados por el programa del Midis están en mal estado. “Que se los coman ellos”, reclamó una madre muy disgustada.
‘Qali Warma’ y ‘Wasi Mikuna’ es más de lo mismo en calidad de atención.
Ante la gravedad del hecho, ya que no es un caso aislado, la Fiscalía de Prevención del Delito ordenó inmovilizar los lotes de alimentos que se encuentran almacenados para proceder con un riguroso análisis, que determine su calidad y estado de salubridad.
Ochenta y cinco escolares se intoxicaron en Piura
Como se recuerda, 85 escolares del colegio Elvira Castro de Quiróz, en Piura, se intoxicaron tras consumir pescado enlatado provenientes de los productos alimenticios del cuestionado programa estatal ‘Wasi Mikuna’, antes ‘Qali Warma’. Mientras tanto, cinco menores continúan hospitalizados. Esta situación ha generado la indignación entre los padres de familia, quienes le exigen a la presidenta Dina Boluarte la desactivación del programa alimentario, porque la calidad de sus productos no les brinda ninguna garantía, ni confianza.
En Amazonas detectan que agua de lácteos tenía bajos niveles de cloro.
Luego de trasladarse presencialmente hasta la institución educativa Elvira Castro de Quiróz, en la región Piura, la congresista Katy Ugarte Mamani, en su condición de miembro de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, calificó el programa ‘Wasi Mikuna’ como un fracaso y exigió su reestructuración inmediata, y que ejerzan controles más estrictos de calidad y nutrición.
«No podemos permitir que le estén dando este tipo de alimentos. Han atentado contra la salud de los niños. Se está invirtiendo una importante cantidad de dinero para que los niños tengan que estar en estas condiciones», expresó en canal N.
A pesar de las investigaciones y la presunta intervención del Gobierno para mejorar la calidad del programa alimentario, las madres insisten en que ‘Wasi Mikuna’ sea eliminado y le exigen a la presidenta Dina Boluarte que el Estado les garantice alimentos seguros para sus hijos.
Alcaldes están prohibidos de hacer publicidad y salir con su nombre en redes sociales
El experto en temas electorales, exministro de Justicia, y exgerente de la gestión del alcalde López Aliaga, José Tello, afirmó que, tras la convocatoria a Elecciones Generales, los burgomaestres no pueden realizar publicidad estatal.
José Andrés Tello Alfaro, exministro de Justicia, y experto en asuntos electorales, se pronunció respecto a las restricciones que impuso el JNE, tras la convocatoria a Elecciones Generales 2026 anunciada por la mandataria Dina Boluarte, y refirió en una entrevista radial que los alcaldes están prohibidos de publicitar colores, frases y símbolos que estén relacionados con una organización política.
Curiosamente, Tello Alfaro, quien también se desempeñó como Gerente del Gobierno Regional Metropolitano de Lima, justamente durante la gestión del alcalde Rafael López Aliaga en la MML, no le quedó otra opción que pronunciarse sobre las acciones de su exjefe López Aliaga, quien viaja constantemente a algunas regiones del Perú para inaugurar hospitales de la Solidaridad con fondos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y con gorros y pancartas de su partido político ‘Renovación Popular’, y con portátil incluida que lleva banderolas celestes, lo que claramente denota una explicita «campaña electoral».
Ante esta situación, el experto en temas electorales evitó mencionar que López Aliaga habría incurrido en una infracción, pese a las restricciones establecidas por el JNE referente a publicidad estatal y neutralidad, así como propaganda política. Y mencionó que, en este caso, “SISOL tiene un sistema que debe ser analizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque es un sistema que no usa recursos de la MML, sino fondos privados”.
Asimismo, añadió que el JNE debe ver cómo opera una persona como el alcalde de Lima, que siempre ha llamado la atención al «viajar como un personaje político», dejando de lado su cargo.
«Podría haber infracciones en tema de neutralidad que debería tener toda autoridad, y no hablar a favor o en contra de un determinado candidato u organización política. (…) Las autoridades, incluido el alcalde de Lima (RLA), debe tener cuidado de no salir en estas actividades porque incluso hoy en día, los alcaldes no pueden aparecer en gigantografías, ya no pueden aparecer con sus nombres en redes sociales», expresó Tello y también cuestionó a López Aliaga por comportarse como presidente de un partido político y pedir licencia en el municipio para inaugurar un hospital, que en su opinión tiene recursos privados.
«Esto más bien debería aclararse y mientras se determina una parte de responsabilidad, por parte del JNE, se tiene también que parar con este tipo de actividades. (…) Con este posible acto de infracciones», aseveró Tello Alfaro.
Lopez Aliaga viajó a Arequipa e hizo campaña política
Pese a las restricciones impuestas por el JNE, alcalde de Lima López Aliaga viajó a Arequipa para la inauguración del Hospital de la Solidaridad. Durante su discurso, aclaró que él llegaba no como burgomaestre, sino como «un ciudadano más».
«Respeto mucho la ley de mi país y también sigo lo que es el marco jurídico. Para estar acá he pedido licencia al Concejo Metropolitano de Lima, entonces en este momento no soy alcalde de Lima. Soy un ciudadano más. Hay un alcalde encargado de acuerdo a ley. No es costumbre mía ni de Renovación Popular sacarle la vuelta ni a la ley ni a nadie», afirmó el alcalde López Aliaga.
Titular de Midis anuncia que programa ‘Wasi Mikuna’ entrará en un “proceso de extinción” [VIDEO]
Ministra Leslie Urteaga confirmó que se eliminará programa nacional de alimentación luego de reportarse más de un centenar de niños intoxicados en todo el país.
¿Repetirán el plato? Quisieron creer a la población que solamente cambiando el nombre se iba a solucionar de raíz el problema de los alimentos en mal estado, pero desde adentro de esa cartera sabían a la perfección que nada había cambiado.
Ante la denuncia de conservas con carne de caballo o con la presencia de elementos ajenos a su producción ‘rodaron la cabeza’ del ex ministro Julio Demartini, quien hasta se atrevió a retar que no iba a volver a aparecer más casos como esos. Tarde o temprano iba a caer y así pasó.
La mandataria Dina Boluarte, apelando a su cúpula más fiel de escuderos, decidió volver a llamar a Leslie Urteaga, una de sus ex ministras favoritas que se fue sin pena ni gloria cuando pasó por el Ministerio de Cultura, para que dirija el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
Ahora, la ministra Urteaga, luego de reportarse más de un centenar de niños intoxicados luego de haber ingerido alimentos del programa ‘Wasi Mikuna’, anunció que dicho programa se encuentra en “proceso de extición”.
“Estamos decidiendo la extinción del actual modelo, porque no podemos poner en riesgo la vida de los niños, tal como estaba constituido con la entrega de productos y raciones, que fueron heredados de Qali Warma. Los proveedores ya estaban con contratos y no podíamos comprar directamente a los fabricantes”, indicó Urteaga para Latina.
🔴 Titular del Midis, Leslie Urteaga, explicó qué sucederá con Wasi Mikuna tras anuncio de "proceso de extinción".
En ese sentido, la ministra señaló que su sector se encuentra trabajando en un dispositivo legal, para establecer nuevas modalidades que garanticen la calidad, inocuidad, salubridad, valor nutritivo y pertinencia cultural del servicio alimentario, dando paso a un proceso de extinción, en el corto plazo, del referido programa de alimentación tal y como se le conoce hasta ahora.
Además, expresó su solidaridad «con los niños, padres de Piura y varias regiones, por lo ocurrido, que está atribuido a parte de la alimentación» y resaltó que «por eso estamos haciendo cambios estructurales”. Asimismo, por ese caso, señaló que se está a la espera de los resultados de las investigaciones a cargo de Digesa y Sanipes, para esclarecer las causas de la intoxicación.
La hasta ahora titular del Midis estaría intentando de esta manera tratar de salvar su puesto en la referida cartera, pues ya desde el Parlamento se ha previsto una moción de interpelación, la cual podría derivar en una censura por la cantidad de intoxicados.
El pleno del Congreso de la República aprobó, por insistencia, la iniciativa legislativa que propone la inclusión de intérpretes de lengua de señas en las comisarías y en la formación de la Policía Nacional del Perú (PNP), para garantizar la recepción y trámite de denuncias de personas con discapacidad auditiva.
La propuesta modifica la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y el Decreto Legislativo 1318, Decreto Legislativo que regula la formación profesional de la PNP.
Así se establece que la PNP coordine con el Programa Aurora (del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), la Dirección de Promoción y Desarrollo de las Personas con Discapacidad (Red Alivia Perú), con el Ministerio Público y otras instituciones públicas para que se facilite intérpretes en lengua de señas peruana de manera inmediata para la atención de denuncias de personas con discapacidad auditiva o con limitaciones para la expresión oral.
Durante la sustentación del proyecto, Jessica Córdova Lobatón, presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, destacó la importancia de esta medida para proteger los derechos de las personas con discapacidad auditiva, quienes a menudo enfrentan situaciones de violencia y encuentran obstáculos significativos para acceder a la justicia. Córdova señaló que la falta de intérpretes y personal capacitado en las comisarías ha dificultado que estas personas puedan comunicar sus denuncias de manera clara y eficiente. “Muchos de ellos viven situaciones de violencia y, además, enfrentan el obstáculo de no poder comunicar sus denuncias de manera clara y eficiente debido a la falta de intérpretes y personal capacitado en la Policía”, manifestó la parlamentaria.
Parlamentaria Jessica Córdova. Foto: Congreso.
También se establece incluir en el Plan Curricular de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial la enseñanza de la lengua de señas peruana.
Presentan moción de interpelación contra ministra Leslie Urteaga tras intoxicación de escolares
La titular de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, “deberá responder por intoxicaciones de Wasi Mikuna”, expresó la congresista Sigrid Bazán, quien anunció la presentación de una moción de interpelación contra la ministra.
La parlamentaria del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán Narro, presentó una moción de interpelación contra la cuestionada ministra de Desarrollo e Inclusión Social, (Midis) Leslie Urteaga Peña, por la intoxicación masiva de escolares en la institución educativa Elvira Castro de Quiróz, ubicado en la región Piura.
Bazán Narro formuló la iniciativa, luego de conocerse el lamentable hecho que afectó a más de 80 alumnos, quienes presentaron convulsiones, picazón y/o prurito y parálisis, tras ingerir alimentos del programa ‘Wasi Mikuna’, antes ‘Qali Warma’.
“Midis tiene que responder por las intoxicaciones”
La moción de interpelación contra Leslie Urteaga, fue la cuarta iniciativa del día y contó con la firma de 20 congresistas. Asimismo, consta de 14 preguntas, principalmente relacionadas a las intoxicaciones reportadas en Piura.
“¡MIDIS tiene que responder por las intoxicaciones de Wasi Mikuna (ex Qali Warma) ¡He presentado una moción para interpelar a la ministra Leslie Urteaga porque no es posible hasta ahora no se pueda garantizar alimentos seguros para los escolares»!, escribió la congresista en su cuenta de X.
Asimismo, en el Parlamento fueron presentadas otras tres mociones de interpelación contra los ministros de Transportes, Pérez-Reyes, de Salud, César Vásquez, y de Educación, Morgan Quero.
Pese a sus cuestionamientos, la ministra Leslie Urteaga cuenta con el apoyo incondicional de la presidenta Dina Boluarte.
De acuerdo al Reglamento del Congreso, la moción se presenta con no menos del 15 % del número legal de legisladores, y debe adjuntar el respectivo pliego interrogatorio. Luego esta se da cuenta en el Pleno y se evalúa su admisibilidad en la siguiente sesión plenaria. De admitirse dicha moción (se requieren 33 firmas) se fija el día y hora para la presentación de la ministra interpelada. La Junta de Portavoces o el Consejo Directivo del Congreso acuerda el tiempo y las reglas del debate.
La asistencia presencial de la ministra no puede ser antes del tercer día, ni luego del décimo de admitida la moción. Entre tanto, responderá el pliego de preguntas y de no convencer al Pleno del Congreso, este podrá optar por la censura (destitución).
Wasi Mikuna: En Amazonas detectan que agua de preparación de lácteos tenía bajos niveles de cloro
El director regional de Salud de Amazonas, Jorge Ojeda, advirtió que el personal de ‘Wasi Mikuna’ que manipula los alimentos destinados a niños de la región, no tenía conocimiento para el manejo de los productos.
Las falencias y constantes irregularidades que presenta el programa alimentario ‘Wasi Mikuna’, antes ‘Qali Warma’, no cesan. Y lamentablemente los únicos perjudicados son los niños del Perú. En tal sentido, un nuevo caso de indebidas practicas se ha detectado en la región Amazonas.
El Director Regional de Salud de Amazonas, Jorge Orestes Ojeda Torres, advirtió que, durante las revisiones que efectuaron a los almacenes donde se producen los alimentos para ‘Wasi Mikuna’, se descubrió que las personas asignadas no tenían conocimiento para el manejo y manipulación de los alimentos, y advirtió que algunos indicadores estaban por debajo de lo estipulado para el consumo humano.
El experto de la Diresa enfatizó en entrevista para Exitosa, que la cloración del agua estipulada para productos lácteos, por ejemplo, estaba por debajo de lo indicado.
«Sin embargo, como prueba de ello, tenemos que nosotros para el tema de cloración de agua, que también se manipula, para la preparación de estos productos, sobre todo, la leche, no se revisó que el personal tenga capacitación respecto a esto. Se encontró la medición del cloro muy por debajo del permitido para el consumo humano», sostuvo.
Director Regional de Salud de Amazonas, Jorge Orestes Ojeda Torres.
Contaminación en alimentos
El titular de la Diresa, sostuvo que la revisión demostró factores que no garantizaban la inocuidad de los alimentos, por lo que, existiría contaminación cruzada entre los insumos, productos y contaminantes que se encuentran alrededor de ellos. Sumado a ello, se agrava la situación debido al desconocimiento del personal que manipula los alimentos, en agravio de las normas de bioseguridad y sanitarias.
Asimismo, Ojeda Torres contó sobre una situación con respecto a la producción de un pan que fue repartido a los alumnos, pese a haberse elaborado 24 horas antes de su distribución. En tanto, refirió que ese producto no debió entregarse a los niños.
«Hay cierto desconocimiento de parte del personal que se encuentra en ese almacén donde se preparan los productos (…) Por ejemplo, no se ha podido analizar el tema del pan, porque ya pasó el periodo de 24 horas. El pan que se había distribuido el 1 a los niños, había sido preparado el 31, a más de un día (…) Ese producto no se tuvo que haber entregado a los niños», cuestionó Ojeda Torres.
‘Qali Warma’ y ‘Wasi Mikuna’ es más de lo mismo en calidad de atención.
Programa ‘Wasi Mikuna’ es el único responsable
Finalmente, el funcionario de Diresa aseguró que la principal responsabilidad del cuidado y de garantizar la idoneidad e inocuidad de los alimentos que se brindan en las instituciones educativas, es del programa de alimentación ‘Wasi Mikuna’.
«La responsabilidad es de ambas partes; principalmente del programa, porque ellos son los que tienen que garantizar la inocuidad del producto que llegue y que cumpla la finalidad del programa», concluyó.
Se cae juicio oral contra Keiko Fujimori por el caso ‘Cócteles’ tras anulación del PJ [VIDEO]
Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ratificó sentencia del TC, retornándola así a la etapa intermedia de la investigación para que se realice un nuevo control de acusación.
Tantas horas de alegatos al tacho, tanto papel gastado sin sentido, tantas horas/hombre para nada, la agrupación política Fuerza Popular saborea las mieles de la victoria luego de que la Sala de Apelaciones del Poder Judicial (PJ) ratificara la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), anulando así el juicio oral contra Keiko Fujimori, y demás investigados, por el caso ‘Cócteles’.
La decisión fue adoptada de manera unánime al desestimar los recursos presentados por el Ministerio Público y la Procuraduría especializada en delitos de lavado de activos. Con este fallo, el proceso judicial queda sin efecto y retorna a la etapa intermedia de investigación.
‘China’ de risa
Tras conocerse la resolución, la lideresa de Fuerza popular expresó su sentir tras casi diez años de investigaciones judiciales en su contra. Destacó que, a lo largo de este proceso, siempre optó por colaborar con la justicia, mientras la Fiscalía cometía “abusos sistemáticos”, los cuales incluyeron la pérdida de su libertad durante un periodo prolongado.
“Sé que nadie nos devolverá el tiempo sufrido, pero deseo con todo mi corazón que este caso sirva para que no se cometan más abusos en nombre de las ideologías y las venganzas políticas. Gracias a Dios por habernos ayudado a resistir, sobre todo en los momentos en que todo estaba en contra y aun así nadamos contra la corriente. Un beso hasta el cielo a mis padres, que estoy segura de que nos siguen cuidando”, agregó a través de su cuenta oficial en X.
fuente: tv perú.
Cabe recordar que el caso ‘Cócteles’ está relacionado con presuntos delitos de lavado de activos en el marco de las campañas presidenciales de Fuerza Popular. Según las investigaciones iniciales, se habrían realizado eventos de recaudación de fondos que contenían fuentes ilícitas. La decisión del Tribunal Constitucional de retroceder el proceso a una etapa intermedia responde a la necesidad de realizar un nuevo control de la acusación, lo que implica revisar nuevamente los elementos presentados por la fiscalía.