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Política

El Datazo: Keiko pediría asilo político en Colombia / Pelea a golpes en el JNE entre Ticona Postigo y Arce Córdova

Lo último de la coyuntura política de manera resumida.

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Keiko Fujimori, Víctor Ticona Postigo y Luis Arce Córdova.

KEIKO FUJIMORI PEDIRÍA ASILO POLÍTICO EN COLOMBIA

Fuentes muy confiables nos comentan que, de perder Keiko Fujimori en estas Elecciones Presidenciales, pediría asilo político en la Embajada de Colombia y, por si acaso, a otros dos países más. Ella argumentaría que hubo un fraude electoral para evitar que salga presidente y así lograr enviarla a prisión —como sabemos, la Fiscalía estaría pidiendo para ella 30 años de prisión por el caso de receptación de dinero y lavado de activos—. Según nos comentan nuestras fuentes, esto ya sería de conocimiento de la alta dirigencia de Perú Libre, quienes prepararían un comunicado para hacerlo de conocimiento de la opinión pública del país… ASÍ ESTÁN LAS COSAS EN LA ESFERA POLÍTICA NACIONAL. ESPERAMOS QUE, POR EL BIEN DEL PAÍS, ESTO NO SUCEDA Y QUE SE IMPONGA LA TRANSPARENCIA Y LA DEMOCRACIA.

LA PELEA A GOLPES ENTRE TICONA POSTIGO Y ARCE CÓRDOVA

Fuentes cercanas al Jurado Nacional de Elecciones nos dicen que desde hace buen tiempo se comenta que, durante los últimos meses de la gestión de Víctor Ticona Postigo como presidente de ese órgano electoral, el magistrado puneño Ticona y Luis Arce Córdova habrían tenido un altercado que al parecer llegó a los golpes, todo ocurrió a puerta cerrada en un ambiente reservado del cuarto piso del edificio del jirón Lampa (el salón donde se realizan las sesiones reservadas del Pleno).

Resulta que Arce es una persona vehemente y sanguínea, en tanto que Ticona (natural de Puno, aunque siempre dice ser arequipeño) es hombre terco y cerrado en sus ideas, que no aguantas pulgas. Además, al haber sido enfermero de la Policía Nacional, Ticona habría recibido instrucción en defensa personal, por lo que, pese a su reducido porte, no le hace caras a fajarse a puñetazo limpio con quien se le pare al frente. Así las cosas, los roces que se produjeron entre estos dos magistrados de áspero carácter, llegaron a su momento culminante en una de las friccionadas sesiones del Pleno del JNE de ese entonces. Nuestras fuentes no nos dijeron quién ganó… EN ESTA COLUMNA NOS ENTERAMOS DE TODO, Y NUESTROS DATEROS ESTÁN MUY BIEN INFORMADOS.

JORGE SALAS ARENAS Y EL PUENTE ROTO DEL JNE

Algunos asesores de los magistrados supremos del Poder Judicial nos comentan que Jorge Salas Arenas es conocido entre sus pares del PJ con la chapa de “Puente Roto”, porque, según dicen las malas lenguas, “nadie lo pasa”. De acuerdo a estos comentarios, Salas arenas sería un arequipeño desconfiado y terco como una mula, hombre de ideas fijas y difícil de ser asesorado, que generalmente votaba en solitario y, según se dice, era muy propenso a encontrarle peros a todo, para oponerse de inmediato. Por ello, cansados de sus permanentes oposiciones y rebuscados cuestionamientos, los demás magistrados supremos habrían urdido una sutil estrategia para deshacerse de él por un buen tiempo: Lo animaron a postularse como presidente del JNE. Al respecto, cabe destacar que cada cuatro años, cada vez que el Pleno del PJ debe elegir al nuevo presidente de JNE, suelen presentarse dos y hasta tres candidatos para este apetecido cargo. Sin embargo, en noviembre del año pasado, Salas Arenas fue candidato único. La consigna era no ofrecerle competencia, a fin de que ganara de manera indubitable, para que durante los siguientes cuatro años estuviera lejos del Poder Judicial, enfrascado en los temas electorales. Es más, algunos comentaban que, de presentarse a la reelección el 2023, los magistrados supremos estarían dispuestos a votar nuevamente por él, con tal de desvincularlo del PJ por cuatro años más… COMO QUIEN DICE, LE PUESIERON PUENTE DE PLATA. AUNQUE, SEGÚN COMENTAN EN EL JNE, EL MAGISTRADO LUIS ARCE CÓRDOVA ESTARÍA LAMENTANDO ESA DESIGNACIÓN DEL PJ, PUES LAS RELACIONES QUE TIENE ARCE CON SALAS ARENAS NO SON LAS MEJORES, AL PUNTO DE QUE HASTA HABRÍA LAMENTADO LA SALIDA DE VÍCTOR TICONA POSTIGO, CON QUIEN TUVO DUROS ENFRENTAMIENTOS.

EL “PROSOR” NO DUERME

Aunque no quieren reconocerlo, los seguidores del lápiz están recontra asustados por las actas impugnadas por los abogados de Keiko, y sobre las que el JNE todavía no se pronuncia. Según se dice, ahí habría un buen colchón de votos que podría hacer ganar por una mínima diferencia a Keiko Fujimori. Claro, el país se poralizaría y muchos abogados del Colegio de Abogados de Lima –sin chamba, por mediocres–, se quedarían sin ganar suculentos sueldos, como es el caso del abogado Arbizu que ahora solo vive de su estudio de abogados, que comparte con Ronald Gamarra. Recordemos que Arbizu vivió a cuerpo de rey varios años en el Caribe, lugar al que se fue para cargarle el maletín a Juan “Federico” Jiménez Mayor, cuando este dejó el premierato y fue nombrado embajador del Perú ante la OEA. Como recordamos, Jiménez luego se reenganchó en un proyecto de ese organismo supranacional, llevando siempre como llavero al popular Arbizu, quien se desempeñaba como una suerte de ujier y secretario personal… ASÍ SON LOS CAVIARONES, QUE VIVEN LA VIDA TOMANDO EL SOL EN PARADISIACAS PLAYAS CARIBEÑAS HASTA QUE LA MAMADERA SE LES ACABA Y REGRESAN PARA VOLVER A DECIR QUE ESTÁN DEL LADO DEL PUEBLO.  PERO, VOLVIENDO A LOS LAPICITOS, DESDE AQUÍ LES DECIMOS QUE NO CANTEN VICTORIA ANTES DE TIEMPO, QUE EN LA PUERTA DEL HORNO SE LES PUEDE QUEMAR EL PAN.

ACUSARON A JORGE SALAS ARENAS DE MENTIRLE AL PAÍS

El periodista gráfico Javier Ocampo (vinculado sentimentalmente a la congresista Martha Chávez), publicó en las redes sociales una denuncia, por la cual señalaba que el 4 de febrero de este año, en las normas legales del diario “El Peruano”, haría aparecido una resolución del JNE que fijaba el horario de atención a través de la MESA DE PARTES VIRTUAL EXTERNA y que extendía el horario de atención hasta las 23.59 horas, considerándose inclusive sábados, domingos y feriados. Sin embargo, al rato, luego de diversas críticas y aclaraciones, tuvo que recular y dar marcha atrás. Resulta que, presa del entusiasmo, Javier Ocampo habría confundido a la ONPE y sus Oficinas Departamentales de Procesos Electorales (ODPE), así como sus reglamentos y horarios, con las normas del JNE y sus Jurado Electorales Especiales (JEE). ERRAR ES HUMANO, DIJO ALGUIEN… LO BUENO ES QUE PIDIÓ PERDÓN Y SE RETRACTÓ AL TOQUE.

LA SALIDA FINA Y PERFECTA DEL GRAN VÍCTOR ANDRÉS

Víctor Andrés García Belaunde es uno de los últimos políticos del siglo pasado que merecen dejar el quehacer público con lauros y homenajes. Un tipo elegante, fino, caballero y amigo de sus amigos. Yendo al punto, en unas declaraciones a un medio local, el popular Vitocho propuso “que se anulen las elecciones presidenciales en segunda vuelta, que asuma el próximo presidente del Congreso la Presidencia de la República y que éste convoque a elecciones, para dar legitimidad al próximo presidente”. La idea no está mal planteada y ofrece una salida democrática al entrampamiento que nos pone a todos los peruanos en medio de colosal entuerto. Según muchos juristas, esto podría hacerse, toda vez que ya los congresistas ya fueron elegidos y hasta recibieron sus credenciales como tales. Además, cabe recordar que las Elecciones Presidenciales son independientes de las Congresales. Así las cosas, de hacerse caso a Víctor Andrés García Belaunde, se podría devolver la paz social al país… AY, VITOCHO, SI EN SU MOMENTO HUBIERAS TENIDO OTROS ASESORES, HOY SERÍAS PRESIDENTE DEL PERÚ.

¿VERONIKA MENDOZA ENTRA EN LA REPARTIJA?

No es un secreto que la ex candidata (actualmente desempleada) Verónika Mendoza está todos los días enviándoles memes de buenos días al “prosor” Castillo y su gente. Y es que ella y su grupete caviar están que hacen la lista de la repartija para determinar entre ellos cuáles serían los puestos que ocuparían si Castillo es proclamado presidente de la República. Por el momento se sabe que Francke iría al ministerio de Economía, Indira al ministerio de la Mujer y que Zevallos iría al ministerio de Salud. También nos comentan que Guillén iría al Interior… A VER MUCHACHOS, LLEGAN O NO LLEGAN, COMO DICE LA CHAVIZA, O ESTO SERÍA UNA CHINGADA MEXICANA.

EL GRUPETE DE LA ORDEN DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

Hay varios miembros de esta orden que están al costado de Pedro Castillo. Nos referimos por ejemplo a Pedro Angulo —ex Decano—, Julián Palacín —el eterno candidato a Decano—, Angélica Sayán, Pilar Ponce —esposa de Guillermo Bermejo (quien es rojo hasta en el apellido)—, Dina Boluarte —que ocupó una gerencia del CAL cuando Angulo fue Decano— entre los mas conocidos. Todos ellos estarían por tentar la cartera de Justicia o Defensa, o, como Palacín, que mira con un brillo especial en los ojos la cartera ministerial de Transportes y Comunicaciones, para poder construir sus 100 kilómetros del famoso “Teleférico” sobre la ciudad de Lima… SUEÑOS DE OPIO DE UN MENUDO PROFESIONAL CON IDEAS NAPOLEÓNICAS, ACTITUD PROPIA DE ALGUIEN QUE DESEA FIGURAR CON GRANDEZAS CUANDO LA REALIDAD ES OTRA.

JULIÁN PALACÍN NEGÓ CONOCER AL EX APRISTA GUILLERMO BERMEJO I

En varias oportunidades en las que Julián Palacín fue entrevistado, negó conocer a Guillermo Bermejo –quien tiene una investigación por sus vínculos con Sendero Luminoso–. Sin embargo, tenemos fotografías por las cuales se acreditaría que sí se conocían. Es que Bermejo es esposo de la que entonces fue candidata en una lista al Decanato del Colegio de Abogados de Lima, cuando Palacín postulaba para Decano de esa institución el año 2017. En varias de esas fotos vemos tras bambalinas al popular Bermejo. Son las imágenes de campaña que el menudo candidato se tomaba en las afueras del CAL…. “PARA MENTIR Y COMER PESCADO HAY QUE TENER MUCHO CUIDADO”. ¿SEGUIRÁ NEGANDO PALACÍN A BERMEJO? ¿EL HIJO DE PALACÍN SERÁ ASESOR DE BERMEJO EN EL CONGRESO? AHÍ LES DEJAMOS ALGUNAS PREGUNTAS. TATATATA…

JULIÁN PALACÍN NEGÓ CONOCER AL EX APRISTA GUILLERMO BERMEJO II

Es más, en el cierre de campaña del 2017, la fiesta fue a todo dar en el Club Apurímac. Nuestras fuentes recuerdan que las adulonas y adulones del menudo candidato estuvieron muy felices, bailando y cantando las canciones típicas de la sierra central del país. Según nos refieren, coincidentemente, quien era presidente de ese club ese año era nada mas y nada menos que la hoy candidata a la primera vicepresidencia, doña Dina Boluarte. De manera que, así como 2 + 2 = 4, así también solo hay que comenzar a tejer hilos y a entender por qué Javier Villa Stein no fue Decano del CAL. Es que el grupo de rojetes estaba en esa institución…. HAY DECENAS DE FOTOS DE ESE EVENTO.

EL HIJO DE JULIÁN PALACÍN POSTULÓ AL CONGRESO PENSANDO QUE SU PAPÁ LE ENDOSARÍA LOS VOTOS

Dice el dicho “De tal palo, tal astilla”, y es que Julián Palacín publicó en sus redes y en sus chats  propaganda a favor de su hijo, afirmando que este llegaría al Congreso con los 80,000 votos del electorado que tiene el CAL. Si vemos las veces que Palacín Papá ha postulado, solo ha sacado entre 2,000 a 4,000 votos como máximo. Nadie lo toma en cuenta; solo su mancha de tías adulonas que quieren chamba y encuentran en las arcas del Colegio una forma de existencia; sueñan también con poner programas de televisión al estilo de la Dra. Polo. Creen que la vida es ir al casino y jugar todo a la suerte… YA VEZ JULIÁN, NOS HAN CONTADO VARIAS TUYAS, LA PERSONA QUE TE ENVIDIA ESTÁ CERCA A TI.

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Política

De ‘Qali Warma’ a ‘Desayuno en mi Cole’: Midis cambia de nombre, pero la problemática continúa

Tras denuncias por alimentos en mal estado, el programa alimentario del Midis pasó de llamarse ‘Qali Warma’ a ‘Wasi Mikuna’. Ahora, la ministra Leslie Urteaga anuncia un nuevo intento bajo el nombre ‘Desayuno en mi Cole’.

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Tras los escándalos que marcaron el final de ‘Qali Warma’ y el fallido experimento de ‘Wasi Mikuna’, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) liderado por la cuestionada Leslie Urteaga Peña lanza su tercer intento: el programa “Desayuno en mi Cole”, que entrará en vigencia este 11 de agosto en 62 colegios públicos de Lima y Callao.

Aunque se presenta como una «nueva estrategia» para asegurar alimentos frescos y preparados dentro de las instituciones educativas, la credibilidad del Midis está por los suelos. Los antecedentes son claros: ‘Qali Warma’ fue blanco de múltiples denuncias por intoxicaciones, incluso con productos en mal estado como las recordadas conservas con carne de caballo distribuidas en Puno por la empresa Frigoinca, lo que provocó una crisis sanitaria y la destitución de 19 funcionarios.

En respuesta, el entonces ministro Julio Demartini lanzó, en noviembre de 2024, el programa ‘Wasi Mikuna’, prometiendo eficiencia y control. Pero apenas meses después, nuevas intoxicaciones y quejas por alimentos malogrados obligaron al gobierno a declarar en emergencia el servicio alimentario escolar hasta diciembre de 2025. Ahora, con otro cambio de nombre y esquema, el Midis insiste en recomenzar.

En noviembre de 2024 el exministro Demartini cambió de nombre a ‘Qali Warma’ por el de ‘Wasi Mikuna’.

¿Qué ha cambiado realmente? Según la ministra Leslie Urteaga Peña, esta vez habrá mayor control: los alimentos se prepararán diariamente dentro de los colegios, a cargo de un concesionario externo. Pero esa misma figura —la tercerización del servicio— ha sido utilizada antes, sin resultados que eviten los riesgos sanitarios ni la corrupción.

Mientras tanto, el exdirector ejecutivo de ‘Qali Warma’, Fredy Hinojosa, sigue en su cargo de vocero en Palacio de Gobierno, pese a ser señalado en varias investigaciones por omisión de funciones y negligencia.

El Midis, lejos de mostrar una política alimentaria sólida, parece limitarse a cambiar de nombre y maquillar el fracaso con nuevas promesas. Pero mientras no haya responsables sancionados ni un rediseño real del sistema, los escolares seguirán siendo víctimas de la improvisación estatal.

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Política

Poder Judicial protege peajes de ‘Línea Amarilla’ pese a vínculos con Villarán

El juez Jorge Luis Chávez Tamariz rechazó el pedido fiscal de suspender el cobro de peajes en Línea Amarilla. Lima Expresa alegó riesgo de quiebra, priorizando intereses privados sobre la corrupción investigada durante la administración edil de Susana Villarán.

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El Poder Judicial, una vez más, ha optado por preservar los intereses económicos de empresas privadas en detrimento del interés público. Esta vez, al declarar infundado el pedido de la Fiscalía para suspender temporalmente el cobro de peajes en la concesión de Línea Amarilla, una infraestructura manchada por la corrupción durante la gestión de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

La decisión, firmada por el juez Jorge Luis Chávez Tamariz del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, favorece a Lima Expresa S.A.C., empresa actualmente a cargo de la concesión y vinculada directamente con el caso Lava Jato. La Fiscalía había solicitado que se detuviera el cobro de peajes mientras avanzan las investigaciones por lavado de activos y asociación ilícita, en las que están implicadas varias compañías brasileñas y funcionarios de la gestión Villarán.

Corrupción reconocida, pero sin consecuencias prácticas

La resolución judicial reconoce que la empresa Lima Expresa, anteriormente conocida como LAMSAC, está siendo investigada como parte de una red de corrupción encabezada por la constructora brasileña OAS. Sin embargo, considera que no existen motivos suficientes para suspender el cobro de peajes, ni para entregar temporalmente la administración del proyecto a la Municipalidad de Lima, a través de Emape S.A.

El argumento principal del juzgado se sostiene en la supuesta falta de riesgo procesal. Según Lima Expresa, ya no hay posibilidad de obstaculización porque la Fiscalía incautó todos los documentos clave en los allanamientos de mayo de 2023. Además, la empresa alegó que desde 2020 está aplicando correctamente la fórmula de reajuste tarifario dictada por un laudo arbitral internacional.

Fiscalía solicitó al PJ suspender el cobro de los peajes de la Línea Amarilla, pero éste no le dio la razón.

¿Y el perjuicio económico al ciudadano?

Mientras Lima Expresa se defiende invocando la legalidad de sus operaciones desde 2020, la Fiscalía documenta que el primer reajuste tarifario en 2013 —realizado durante la gestión de Susana Villarán— violó el contrato. En lugar de aplicar una fórmula mixta, se utilizó únicamente el IPC nacional, lo que infló las tarifas de manera irregular.

Según el Ministerio Público, esta decisión generó un perjuicio económico al Estado y a los ciudadanos por más de S/ 20 millones, sin que se aplicaran sanciones a la concesionaria. La MML, controlada entonces por la alcaldesa Villarán, avaló el reajuste sin cuestionamientos ni penalidades, pese a tratarse de fondos públicos.

Además, uno de los actos más cuestionables fue la inclusión del Proyecto Río Verde mediante una adenda al contrato original, reemplazando al proyecto COSAC IV sin estudios técnicos ni aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. El cambio no solo desvió recursos sin control, sino que favoreció directamente a la empresa sin prever mecanismos correctivos.

El fantasma de la quiebra y el chantaje económico

Lima Expresa, hoy controlada por el grupo francés Vinci Highways, argumentó que suspender los peajes durante un año significaría su quiebra. Dijo que se verían afectados 627 trabajadores, los fondos de pensiones que han invertido en sus bonos, y la recaudación del Estado vía IGV.

Este tipo de narrativa —el riesgo de colapso económico— ha sido recurrente en las defensas de concesionarias implicadas en corrupción. La empresa, pese a estar bajo investigación penal, apela a una lógica de chantaje económico que antepone la estabilidad financiera a la rendición de cuentas.

Pero, ¿debe el Estado renunciar a la justicia para evitar la quiebra de una empresa? ¿Debe tolerarse el cobro de peajes en condiciones cuestionadas por la propia Fiscalía, solo para evitar un impacto en el flujo de caja de una firma privada?

Diferencias con el caso Rutas de Lima: ¿doble rasero judicial?

La Fiscalía también intentó que el juzgado tomara en cuenta el precedente del caso Rutas de Lima, donde el Tribunal Constitucional ordenó suspender los peajes por la ausencia de vías alternas. Sin embargo, el juez Chávez Tamariz rechazó esa comparación, argumentando que las condiciones legales y técnicas eran distintas.

Aunque los contextos puedan variar, en ambos casos hay una constante: contratos de concesión firmados en contextos de corrupción, peajes impopulares y decisiones judiciales que terminan por favorecer a los actores privados, incluso cuando están bajo investigación por delitos graves.

Una justicia que llega tarde y a medias

El fallo del juez Chávez Tamariz refleja una tendencia preocupante en el sistema judicial peruano: la incapacidad para actuar de forma preventiva frente a casos de gran corrupción. Las decisiones tienden a privilegiar la estabilidad económica sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

En el fondo, lo que se está legitimando es que empresas salpicadas por escándalos de corrupción —como OAS o sus subsidiarias— puedan seguir operando con normalidad, mientras el proceso judicial se arrastra por años. En paralelo, la ciudadanía sigue pagando peajes elevados sin recibir mejoras sustantivas en infraestructura ni respuestas claras sobre a dónde va ese dinero.

Demandas millonarias y arbitrajes internacionales

El caso se complejiza aún más al conocerse que, paralelamente, la Municipalidad de Lima enfrenta una condena internacional: deberá pagar cerca de US$ 200 millones al consorcio Rutas de Lima por incumplimientos contractuales, según una reciente sentencia en EE.UU. El Estado peruano ya ha iniciado acciones para investigar los vínculos de Brookfield, controladora del consorcio, con Susana Villarán.

Pero eso no es todo. Brookfield ha iniciado un arbitraje ante el CIADI exigiendo US$ 2700 millones por presunta expropiación de su inversión. La Municipalidad de Lima afirma que presentará nuevas pruebas sobre irregularidades en los contratos, pero el costo de estos litigios ya recae sobre los contribuyentes.

¿Quién paga por la corrupción?

Lo más preocupante es que, pese a los millonarios perjuicios económicos y las pruebas reunidas por la Fiscalía, las medidas correctivas son mínimas. Mientras las empresas se protegen con arbitrajes internacionales, el ciudadano común sigue atrapado entre contratos viciados, tarifas injustas y un sistema judicial que llega tarde y actúa con tibieza.

La pregunta es inevitable: ¿cuántos millones más deben perderse antes de que se tomen decisiones valientes en defensa del interés público?

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Política

Compra de aviones de guerra: Dina Boluarte recibió a dueño de empresa Saab

La presidenta Dina Boluarte recibió en Palacio a Marcus Wallenberg. Mientras tanto, su gobierno destina más de S/ 13 mil millones a aviones de guerra, sin enemigo visible, en una decisión ajena a las urgentes prioridades del país.

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Mientras el país sufre por hospitales colapsados, cárceles hacinadas y vías de transporte en ruinas, el gobierno de Dina Boluarte ha decidido destinar más de S/ 13 mil millones a la compra de aviones de guerra. ¿La justificación? Una “renovación histórica” de la flota aérea de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), pese a que el país no enfrenta ningún conflicto armado ni amenaza inminente.

La decisión, anunciada oficialmente el 2 de julio durante la ceremonia por los 40 años del sistema Mirage 2000, se concretó esta semana con una reunión en Palacio de Gobierno entre la presidenta Boluarte y Marcus Wallenberg, presidente de Wallenberg Investments AB, principal accionista de Saab, la empresa sueca que fabrica los cazas Gripen E que el Perú planea adquirir.

En la cita también participaron representantes del poderoso Grupo Wallenberg y seis ministros de Estado, incluyendo el titular de la PCM, Defensa, Relaciones Exteriores, Economía, Transportes y Energía. La visita se da en vísperas del arribo del ministro de Defensa de Suecia, Pål Jonson, quien llega tras participar en la feria F-AIR en Colombia, donde se exhibieron aviones Gripen utilizados por la Fuerza Aérea de Brasil.

Presidenta Dina Boluarte se reunió con Marcus Wallenberg y representantes del Grupo Wallenberg.

¿Seguridad o pretexto?

El gobierno argumenta que esta compra responde a la necesidad de “fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias” y renovar equipos obsoletos. Pero en un país donde la inseguridad ciudadana, la corrupción y la pobreza golpean a diario a millones, resulta difícil creer que las prioridades nacionales pasen por modernizar cazas de combate sin enemigo a la vista.

La pregunta cae por su propio peso: ¿a quién realmente beneficia esta millonaria operación? En un contexto de cuestionamientos a la legitimidad del Ejecutivo, con una presidenta aislada y acusada de usar el poder para blindarse, la compra de armamento de alto costo abre la puerta a sospechas sobre posibles negociados, comisiones ocultas o compromisos oscuros antes de dejar el cargo.

Aviones sí, hospitales no

El contraste es brutal: mientras se firman acuerdos para importar aviones supersónicos, las postas médicas carecen de insumos, las escuelas se caen a pedazos y los ciudadanos mueren esperando una cama UCI. La supuesta “decisión histórica” se parece más a una jugada estratégica que podría tener más de oportunismo que de visión de Estado.

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Política

Zonificación a la medida: MML autoriza edificios de 28 pisos en San Isidro

Pese a las normas vigentes, con la ordenanza 2670, la gestión de López Aliaga allana el camino a megaproyectos inmobiliarios. Vecinos acusan a la alcaldesa de San Isidro de ceder ante su partido y ante intereses empresariales.

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Una nueva polémica sacude al tradicional distrito de San Isidro. La construcción de un edificio de 28 pisos en la avenida Salaverry con calle Burgos ha desatado la indignación vecinal. ¿El motivo? La Municipalidad del distrito otorgó una licencia que contradice abiertamente las normas urbanísticas: en esa zona solo se permiten edificaciones de hasta 10 y 4 pisos, respectivamente. La Contraloría General de la República lo ha confirmado: la obra viola todas las regulaciones vigentes.

Pese a que el caso se encuentra judicializado, la Municipalidad de San Isidro aprobó el proyecto en marzo de este año. Mientras tanto, la alcaldesa Nancy Vizurraga de ‘Renovación Popular’ guarda silencio ante el reclamo ciudadano. Su gestión ha iniciado “acciones administrativas” para investigar responsabilidades, pero los vecinos no ven avances concretos. Para ellos, la situación es clara: el municipio parece responder más a los intereses del sector inmobiliario que al bienestar de los ciudadanos.

Alcaldesa de San Isidro es criticada por no defender al distrito

“No estamos en contra del desarrollo urbano, pero queremos que se respete el orden y se escuche a los vecinos”, dicen con firmeza. La falta de transparencia, consulta y estudios técnicos —como los de impacto ambiental y vial— en proyectos como este refuerzan sus sospechas.

La controversia se amplía con la ordenanza 2670, que modifica la zonificación del centro comercial Camino Real. La Municipalidad de San Isidro ha pedido su revisión, alegando que sus observaciones técnicas fueron ignoradas. Pero la decisión final la tiene la Municipalidad de Lima, bajo la gestión de Rafael López Aliaga, que, según los vecinos, actúa como aliado de los grandes constructores.

Ordenanza 2670 de la MML, firmada por el teniente alcalde Renzo Reggiardo.

En medio del malestar, la vecina Nora Loredo fue contundente:

Lo que está sucediendo es un escándalo. La MML ha cambiado la zonificación para que aquí se pueda construir cuatro torres de 18 pisos, con no sabemos cuántos departamentos, sin hacer estudios de impacto ambiental, sin hacer estudios de impacto vial; no hay consulta vecinal y sin tomar en cuenta que esta es una zona de reglamentación especial porque está la huaca Huallamarca allá y El Olivar aquí. la alcaldesa de San Isidro Vizurraga que se ponga los pantalones y que se enfrente a su jefe, el señor López Aliaga, pero en realidad no es su jefe. Su jefe somos nosotros señora alcaldesa, porque nosotros fuimos los que votamos por usted. Nosotros fuimos los que la hicimos alcaldesa a usted. Usted tiene que rendirnos cuentas a nosotros. A sus votantes”.

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Política

Dina Boluarte: “Me retiraré en 2026 con el orgullo de haber servido de la mejor manera»

La presidenta Dina Boluarte afirma que dejará Palacio de Gobierno el 28 de julio de 2026 “con la frente en alto”, pese a las críticas, protestas sociales y su alta desaprobación ciudadana.

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Durante una ceremonia organizada por el Ministerio de Trabajo, la presidenta Dina Boluarte anunció que culminará su mandato el 28 de julio de 2026 “con orgullo y la frente en alto”. Frente a un centenar de jóvenes talentos, afirmó que su gestión se ha caracterizado por la ejecución de obras y una lucha firme contra la corrupción. “Misión cumplida. Me retiraré con el orgullo de haber servido de la mejor manera como presidenta de la república», exclamó Dina Boluarte, refiriéndose a su paso por el Ejecutivo.

En el acto, donde se presentó a los jóvenes que se integrarán a la administración pública, Boluarte insistió en que su gobierno será recordado como “honesto y decente”. Aseguró que no se toleran actos irregulares en su gestión y que todo indicio de corrupción es sancionado de inmediato. “Con nosotros no hay adendas, donde bien sabemos que se escondía la corrupción. Aquí obra iniciada es obra terminada y entregada al pueblo”, dijo.

Pese a investigaciones, la mandataria dice: “Nuestras obras son con las manos limpias”.

Más tarde, acompañada del ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero Campos, Boluarte presentó un informe sobre avances en el sector agropecuario. Desde Palacio de Gobierno, resaltó el cierre de brechas como una de las prioridades de su mandato.

Sin embargo, la afirmación de que dejará el poder con la “misión cumplida” contrasta con una gestión marcada por cuestionamientos, protestas sociales, crisis política y altos índices de desaprobación. Si bien la presidenta busca proyectar una imagen de transparencia y eficiencia, diversos sectores de la sociedad civil critican la falta de resultados tangibles y la desconexión con las demandas ciudadanas. Su declaración parece más un intento de consolidar una narrativa oficial que una evaluación objetiva de su paso por el poder.

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Política

Congreso: bancadas tantean ‘alianzas’ para disputar la Mesa Directiva

Con los comicios internos a la vuelta de la esquina, el denominado “Bloque Democrático” busca perpetuarse en el control del Congreso, mientras sectores opositores intentan —sin aún los votos suficientes— construir una alternativa que rompa la hegemonía legislativa.

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A pocas semanas de elegirse a la nueva Mesa Directiva del Congreso para el período 2025-2026, las bancadas empiezan a mover fichas, tejer alianzas y tantear escenarios posibles. Por un lado, el Bloque Democrático, ya instalado por dos periodos consecutivos, busca repetir el control legislativo. Por el otro, agrupaciones opositoras intentan romper esa hegemonía y armar una lista alternativa. Pero el panorama está lejos de definirse.

El Bloque Democrático, conformado por Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País, perfila una fórmula continuista con apoyo previsible de Somos Perú, cuya adhesión ha sido casi automática en los últimos años. En palabras del vocero Héctor Valer, Somos Perú solo integrará una lista si es bajo el paraguas de ese bloque.

Desde el otro lado del tablero, la bancada Honor y Democracia —integrada por ex Renovación Popular como Jorge Montoya y José Cueto— fue la primera en anunciar su intención de competir. El 27 de junio, Montoya oficializó la candidatura de Cueto a la presidencia del Congreso y, en una muestra de apertura política poco usual, no descartó tender puentes incluso con bancadas de izquierda: “La mayoría manda”, afirmó.

Una oposición que aún no suma

La noche del domingo, Aron Espinoza, dirigente de Podemos Perú y esposo de la congresista Digna Calle, anunció que esta semana se iniciarán conversaciones formales con diversas agrupaciones para construir una lista opositora. Las bancadas convocadas para una primera reunión este martes 8 de julio son: Acción Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú y Honor y Democracia.

Espinoza fue tajante: la intención es evitar que la próxima Mesa Directiva sea funcional al Ejecutivo. “La lista oficialista está hecha para proteger a Dina Boluarte. Ya se sabe quiénes la integran: Fuerza Popular, Perú Libre —que ya le gustó la mamadera a Waldemar Cerrón—, Avanza País y Somos Perú”.

Sin embargo, los números aún no cuadran. Juntas, las bancadas convocadas suman apenas 46 votos (Podemos 13, Renovación 11, Acción Popular 9, Juntos por el Perú 8, Honor y Democracia 5). Aún les faltan 21 votos para alcanzar la mayoría simple de 67 necesaria para ganar en primera vuelta. Este margen obliga a una ampliación de alianzas que todavía no está asegurada.

Además, falta definir quién encabezará la fórmula. Aunque Honor y Democracia propone a Cueto, tanto Renovación Popular como Podemos Perú han señalado que no asumirán cargos en la directiva, al menos por ahora, lo que deja abiertas negociaciones complejas sobre los puestos de vicepresidencia.

¿Una izquierda como comodín?

Un punto llamativo es la disposición de Honor y Democracia —una bancada de perfil conservador— a dialogar con grupos de izquierda como Juntos por el Perú. Esta flexibilidad responde, más que a convicciones ideológicas, a una estrategia pragmática de supervivencia política, tras haber quedado fuera de las mesas anteriores. En esta ocasión, buscan evitar el aislamiento y no descartan respaldar una fórmula distinta si se garantiza su participación en algún cargo de la directiva.

¿El Congreso se inclina hacia el continuismo?

A pesar de los esfuerzos opositores, todo indica que el Bloque Democrático mantiene ventaja. Tiene experiencia, recursos, alianzas consolidadas y respaldo tácito del Ejecutivo. Además, los incentivos para mantenerse en el poder son evidentes: controlar la agenda parlamentaria, blindar a sus aliados y decidir el ritmo de las reformas.

La carrera hacia la Mesa Directiva 2025-2026 ya empezó. Pero más allá de los nombres, la verdadera disputa es por el modelo de Congreso que predominará: uno que responda a los intereses del oficialismo o uno que ejerza una oposición más activa, aunque aún fragmentada.

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Política

Fiscalía investiga al alcalde de Pomalca por presunta apropiación de fondos municipales

El alcalde Manfri Bernal y dos funcionarias son investigados por no depositar más de S/ 171 mil en la Cuenta Única del Tesoro, lo que habría facilitado el presunto desvío de recursos públicos durante el primer semestre de 2025.

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La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque ha abierto una investigación preliminar contra el alcalde del distrito de Pomalca, Manfri Bernal, y dos funcionarias de su gestión, por la presunta apropiación indebida de recursos económicos municipales que ascienden a más de S/ 171 mil soles.

El fiscal a cargo del caso, Daniel Gerardo Flores Aguinaga, del Tercer Despacho de la mencionada fiscalía, junto a agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, intervino las oficinas de Caja y Tesorería de la municipalidad para recabar documentos y verificar los ingresos recaudados durante el primer semestre de 2025.

Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.

Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.

En la investigación figuran también Ana Llempén, tesorera de la entidad, quien no habría rendido cuentas ni realizado el traslado de fondos, y Rosaliz Cubas, gerente municipal, señalada por presunta omisión de funciones en el control financiero.

El alcalde Bernal es incluido por inacción ante las irregularidades, lo que podría interpretarse como tolerancia o encubrimiento. La fiscalía ha establecido un plazo de 240 días para determinar responsabilidades y recabar elementos de convicción.

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Política

Mininter aprueba contratación de abogados que defenderán a exministro Santivañez

Las resoluciones firmadas por la Secretaría General autorizan el uso de recursos públicos para contratar al estudio de abogados propuesto por el propio Santivañez, investigado por presuntas irregularidades durante su breve gestión en el Ejecutivo.

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El Ministerio del Interior ha aprobado, mediante tres resoluciones de Secretaría General —N° 119-2025-IN-SG, 120-2025-IN-SG y 121-2025-IN-SG— la contratación de servicios legales para la defensa del exministro Juan José Santivañez Antúnez, quien enfrenta diversos procesos en su contra.

Resolución de Secretaria General N° 119-2025-IN-SG.

Esta decisión tiene como antecedente la Resolución de Secretaría General N° 071-2025-IN-RSG, emitida el 14 de mayo de 2025, en la que se declara procedente la solicitud presentada por el propio Santivañez para contar con servicios especializados de asesoría y defensa legal. Posteriormente, el Proveído N° 009696-2025-IN-OGAF, con fecha 21 de mayo, fue remitido desde la Oficina General de Administración y Finanzas a la Oficina de Abastecimiento, formalizando el requerimiento.

Resolución de Secretaria General N° 120-2025-IN-SG.

El estudio legal propuesto por Santivañez Antúnez para asumir su defensa es Miranda & Asociados E.I.R.L., firma que también brinda servicios contables y que, según los documentos oficiales, fue seleccionada por el exministro.

Las resoluciones en cuestión aprueban la ejecución de los Procedimientos de Selección No Competitivos N° 25, 26 y 27, a través de los cuales se formalizará la contratación de los abogados encargados de asumir la representación legal del exfuncionario.

Todas las resoluciones han sido firmadas por Erick Fernando Caso Giraldo, actual secretario general del Ministerio del Interior.

Resolución de Secretaria General N° 121-2025-IN-SG.

La decisión genera interrogantes sobre el uso de recursos públicos en defensa de exautoridades investigadas, especialmente en contextos donde la transparencia institucional está bajo constante escrutinio.

Cabe recordar que Juan José Santivañez fue designado ministro del Interior en abril de 2024, y debió dejar el cargo en medio de denuncias públicas por presuntas contrataciones irregulares, vínculos con estudios legales cuestionados y posible tráfico de influencias. Actualmente, es investigado por el Ministerio Público, por lo que el uso de recursos del Estado para costear su defensa ha generado preocupación y críticas por parte de especialistas y sectores de la sociedad civil.

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