Como se recuerda, la fiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela, presentó una denuncia contra 11 congresistas por mostrar su respaldo a la ley que permite percibir doble sueldo a exmilitares y expolicías que actualmente despachan como parlamentarios. Y a pesar de cuestionarlos por cobrar doble, ella contrató a su excolega, el jubilado fiscal Víctor Cubas Villanueva, pese a sus 77 años de edad, para que se desenvuelva como Vocero de la Fiscalía desde noviembre del 2024, permitiendo que tenga doble percepción de haberes.

Según su constancia de haberes, el vocero fiscal Víctor Cubas Villanueva, recibe más de S/21 mil entre pensión y sueldo. Y también registró un ingreso económico adicional por planilla de obligación judicial en diciembre de 2024. En detalle, el actual vocero del Ministerio Público percibe un sueldo de S/7,838,40 de la planilla de pensionistas; pero también cobra S/14,855 mensuales como parte de su labor como portavoz.  

Víctor Cubas a sus 77 años cobra doble

De acuerdo a la Constancia de Pagos de Haberes y Descuentos, Víctor Cubas percibe una pensión de S/8,100 mensuales como exfiscal supremo. Sin embargo, con los descuentos de ley, la boleta total se reduce a S/7,838.40. Asimismo, tiene una remuneración de S/12,000 mensuales, que con los reintegros e incrementos de ley arrojó un total de S/14,855.08 como boleta total.

Hace dos meses cobró tres sueldos

Asimismo, en diciembre del año pasado, Víctor Cubas Villanueva tuvo tres ingresos. El tercero corresponde a la planilla por obligación judicial que corresponde a un devengado de pensión por mandato judicial de S/59,424 que con los descuentos correspondientes se redujo a 45,892,37 soles. Es decir, en el mes navideño percibió un ingreso total de S/83,741.26, que con los descuentos de ley se redujo a S/68,585.85. 

El gran show del chotano. Faltaba que se aparezca en la audiencia con el pelo desordenado, vistiendo una camisa raída, con la cara con sueño y sin un zapato, vociferando ¡soy inocente! Al mismo estilo que el ex dictador Alberto Fujimori. Cuando se trata de Pedro Castillo todo se puede esperar.

El ex mandatario se presentó esta mañana sin abogado a la instalación del juicio oral en su contra por el intento de golpe de Estado a finales del año 2022. Por ello la Fiscalía solicita 34 años de prisión preventiva por el presunto delito de rebelión y abuso de autoridad.

Castillo Terrones, recluido de manera preventiva en el penal de Barbadillo, indicó horas antes que no cuenta con defensa legal, detallando a través de un escrito dirigido a la Sala Penal Especial, que todo ese proceso se trata de una “pantomima” donde “todo parece estar confinado”.

“Tampoco acepto un abogado de la defensa pública. (…) De todos mis abogados he prescindido de sus servicios. Los he subrogado ayer, en el contenido de este escrito está claramente”, agregó.

Minutos después, la sala resolvió asignar un defensor público al exmandatario y aclaró que, formalmente, solo había prescindido de uno de sus abogados, Luis Medrano, pero no de los otros tres, por lo que su defensa “continúa subsistiendo”. Por su parte, el juez supremo José Antonio Neyra, quien lidera la sala, le recalcó al exmandatario que sus intervenciones “no pueden ser políticas”.

Cabe recordar que en el juicio oral también están comprendidos la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y su antecesor, Aníbal Torres. Aunque el exministro del Interior, Willy Huerta, se desmarcó de la intentona, quedó incluido también en el proceso, además de tres ex oficiales policiales. A los seis implicados se les acusa de ser coautores del delito de rebelión.

Turbulencias por delante. Gran incertidumbre entre toda la ciudadanía por saber cuándo finalmente se inaugurará el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, la cual en un principio iba a ser entregada para finales de enero de este año. Según los expertos, la conclusión del aeropuerto podría retrasarse hasta mediados de año, sin embargo, desde Ositrán ya vienen avisando que de no cumplir con las fechas pactadas podría conllevar a una dura sanción.

De esta manera, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) sancionará a la empresa Lima Airport Partners (LAP) si es que no cumple con entregar el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez operativo para el próximo 30 de marzo.

Al respecto, Verónica Zambrano, presidenta de Ositrán, en entrevista para RPP, se refirió a la filtración de una serie de comunicaciones entre LAP y sus proveedores sobre una posible prórroga de la entrega del aeropuerto. Según dijo, la concesionaria ha mantenido la fecha inicial, por lo que si no la cumple serán pasibles de sanciones.

“A nosotros lo que nos interesa es lo que haga LAP, no lo que hagan sus proveedores. El 30 de marzo tiene que estar el aeropuerto operativo y si no lo está habrá sanciones contra LAP”, sostuvo.

“Ositrán (sancionará) son sanciones o penalidades que tienen relación con el daño y deben ser proporcionales al daño, pero mayores para ser disuasivas y que quien lo infringe no incumpla. Hay una fórmula para sacarlo”, añadió.

La funcionaria indicó que una posible falta a esta entrega significaría que LAP habría incumplido con el contrato de concesión, el cual indica que deben entregar el terminal operativo y no solo infraestructura y equipamiento operando.

¿Caviares en la Fiscalía? Como era de esperarse, la Fiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela salvó a su colega, el fiscal Supremo Pablo Sánchez Velarde de ser procesado por obstruir a la justicia y decidió no denunciarlo constitucionalmente y archivó la carpeta fiscal, a pesar que él ordenó paralizar una diligencia de exhibición e incautación en las oficinas de la ONG IDL-Reporteros en julio de 2018, luego de que el propio Gustavo Gorriti lo llamara vía celular para increparle por la diligencia, esto tras la difusión de los famosos “CNM audios”.

“Se dispone: no haber mérito para formular denuncia constitucional contra Pablo Wilfredo Sánchez Velarde en su condición de fiscal de la Nación), por la presunta comisión del delito contra la administración de justicia, en la modalidad de OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA; archívese definitivamente la presente carpeta fiscal”, se lee en el documento.

Esta decisión fue sellada en la disposición de la Fiscalía N° 04, en la que indicó que, en esa fecha, el entonces Fiscal de la Nación Pablo Sánchez exigió mediante llamada telefónica al fiscal Rodrigo Rurush Castillo la suspensión de dicha diligencia, ya que, supuestamente no había presentado el documento necesario para llevar a cabo el acto fiscal, a pesar que se trataba de un pedido de exhibición.

Gorriti manda en la Fiscalía

Como se sabe, el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde enfrentaba una investigación iniciada en abril de 2024, a raíz de las declaraciones del fiscal provincial adjunto Rodrigo Rurush Castillo, quien en 2018 estuvo a cargo de la diligencia judicial en las oficinas de la ONG IDL; sin embargo, fue amenazado por Sánchez Velarde con el objetivo de proteger al operador oenegero Gustavo Gorriti.

“El señor Sánchez me llamó desde el número de su teléfono de asistente para preguntarme: ‘¿Estás realizando la diligencia en IDL?’, a lo que respondí afirmativamente, y él contestó: ‘Suspende inmediatamente la operación o asume las consecuencias’”, declaró el fiscal Rurush.

¿También no solicitaron el Bono Yanapay? Los congresistas de la República, no solo los de ahora sino también los que los precedieron, tienen esa pésima costumbre de exigir más de lo que el Estado les puede ofrecer. Cuentan con seguridad personal, chofer, asistentes, asesores, quieren comer buffet, tienen aire acondicionado y demás comodidades mientras la mayoría de los peruanos sudan la gota gorda, les pagan los pasajes cuando tienen semana de representación, les entregan un bono navideño, gratificación y cuanto beneficio se puede uno imaginar, y todavía tienen el cuajo de pedir más. No cabe duda de que el apelativo de ‘Otorongos’ les cae como anillo al dedo.

Ahora, el Congreso ha otorgado un bono de escolaridad equivalente a un sueldo completo a sus trabajadores. Este pago se entrega a todos los empleados parlamentarios, sin importar si tienen hijos en edad escolar, e incluso beneficia a pensionistas.

En enero, más de 3,300 trabajadores del Legislativo cobraron este bono, lo que significó un desembolso superior a los 25 millones de soles.

Al respecto, el congresista Wilson Soto, de Acción Popular, defendió la medida señalando que este tipo de beneficios no son exclusivos del Parlamento, sino que también se otorgan en otras entidades estatales, como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva y Petroperú. Sin embargo, la congresista Tania Ramírez de Fuerza Popular evitó pronunciarse sobre el tema, indicando que corresponde al área administrativa del Congreso definir los alcances de este beneficio.

Por su parte, el economista Carlos Adrianzén cuestionó duramente la entrega de este bono, señalando que impacta negativamente en la economía del país en un momento de crisis fiscal. “Cuando la situación fiscal empeora, la pobreza se deteriora severamente. Es un acto de extrema irresponsabilidad”, advirtió. Además, alertó que este tipo de gastos pone en riesgo el grado de inversión y el prestigio económico del país.

El dato:

Actualmente, el Decreto Supremo 002-2025 del Ministerio de Economía establece que los servidores públicos pueden recibir un máximo de S/400 por escolaridad. Sin embargo, el Congreso, al estar bajo el régimen de la actividad privada y fuera de la Ley Servir, define sus propios límites. 

El apestado. La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó ayer el informe final que recomienda suspender por 60 días al parlamentario Darwin Espinoza (Podemos Perú), además del descuento de sus haberes por ese periodo.

La decisión se tomó luego de declarar fundada una denuncia de oficio en su contra relacionada con actividades proselitistas dentro de su despacho congresal. La votación del informe se resolvió con 5 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Con la aprobación, el siguiente paso será remitir la recomendación al pleno del Congreso que deberá decidir si se ratifica la sanción.

El informe, que corresponde al Expediente N.º 172-2023-2024/CEP-CR, concluyó que existen elementos suficientes para acreditar que el legislador utilizó su despacho parlamentario para favorecer el partido político de su hermano, incurriendo en un uso indebido de recursos públicos y vulnerando principios éticos.

Entre los bienes usados se reporta el de una impresora con la que se imprimieron documentos relacionados a la referida organización política. También, desde su oficina se realizaron más de cuatro mil consultas al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), hecho que atenta contra las normas del convenio suscrito entre el Congreso y el Reniec.

Congresista Espinoza se defiende

Durante la sesión, Darwin Espinoza negó las acusaciones y dijo que es falso que haya utilizado indebidamente a trabajadores de su despacho para la recolección de firmas, pues los funcionarios mencionados lo hicieron fuera de su horario laboral. Asimismo, refirió que resulta “paradójico” que él promueva la inscripción de un movimiento regional cuando él presentó un proyecto de ley contra estos y que la sanción es “injusta”.

“Las únicas fichas son las que aparecen en ese video. […] Ahora hay que corroborar todo lo que dice la prensa. […] No es justo que se me pida 60 días de suspensión por algo que ni siquiera está comprobado. Es más, los informes técnicos del área de sistemas dicen que no hubo una impresión de ficha y si los señores han realizado alguna obtención de firmas, yo no puedo estar supervisando lo que mis trabajadores hacen en su tiempo libre», mencionó.

Tras el escándalo que ha generado el oscuro viaje de la alcaldesa Jessica Vargas y debido a que aún no se desentrañan los descargos documentarios y formales dentro de los fueros internos de la Municipalidad distrital de Barranco, la autoridad edil perteneciente al partido Renovación Popular, ha sido denunciada ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

El pedido de indagación preliminar lo realizó ante el Ministerio Público la regidora de la misma comuna, Fiorella Muñoz Zevallos, de acuerdo a sus facultades fiscalizadoras y tras haber tomado conocimiento de la consumación de presuntos actos de corrupción.

En tal sentido, han sido denunciados en su calidad de funcionarios públicos: Jessica Armida Vargas Gómez, alcaldesa de Barranco; Manuel Milenco Espinoza Loarte, Gerente Municipal; Jorge Luis Rey de Castro Mesa, Secretario General; María Elena Lizárraga Amesquita, Gerente de Administracion y Finanzas; José Guzmán Martínez, Subgerente de Contabilidad; Jessica María Araujo Arredondo, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y también el ciudadano Claudio Milla Bastas, promotor de 3 procesos de vacancias fallidas, y contra los que resulten responsables por los presuntos delitos de Peculado doloso y los delitos conexos de falsedad ideológica y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, en agravio de la Municipalidad Distrital de Barranco.

“En ese sentido, habiendo tomado conocimiento en mi calidad de regidora de hechos que se habrían materializado en desmedro de la Municipalidad de Barranco, pongo de conocimiento de su entidad para que su despacho disponga de ser el caso, el inicio de diligencias preliminares en contra de los presuntos implicados en su calidad de funcionarios públicos”, argumentó en su denuncia la concejal barranquina.

Alcaldesa Jessica Vargas viajó a Punta Cana con invitación falsa

Como se recuerda, hace 12 meses, el Concejo Municipal de Barranco, a través del Acuerdo N° 008-2024-MDB otorgó licencia y aprobó el desembolso de $3 mil dólares de viáticos para que la alcaldesa Jessica Vargas (Renovación Popular) viaje y asista a un “Curso de Capacitación” y a la “Reunión Anual 2024 de las Asambleas de Gobernantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)” en República Dominicana; que se realizó del 05 al 11 de marzo del 2024. Sin embargo, el presidente de la organización ONWARD Internacional, Feliz González-Polar mediante una carta señaló que la alcaldesa de Barranco jamás fue invitada. Dicha respuesta, se la envió a la regidora Muñoz Zeballos, quien meses atrás (en marzo del 2024) le pidió información detallada referente al itinerario del viaje del evento realizado en Punta Cana y de todos los sustentos de la invitación a la alcaldesa de Barranco, respecto del ‘Curso de Capacitación en la Reunión Anual de Gobernantes’.

“Al respecto, debemos señalar que nuestra organización ONWARD International como miembros de la red del BID, hemos tenido participación en el referido evento, únicamente en calidad de invitados, por consiguiente no hemos remitido invitaciones, ni certificaciones, ni otorgado becas para participar u otros aspectos relacionados con el evento citado a ninguna institución con el fin de participar en la Reunión Anual 2024 de las Asambleas de Gobernadores del BID, desconociendo en todos sus extremos el origen del documento de la referencia el cual no representa a nuestra organización”, se lee en la contundente carta de respuesta cursada por Feliz González-Polar.

US$3 mil para Punta Cana

Para mantener su estadía de siete días en Punta Cana, y luego de tener el ‘visto bueno’ mediante informes de Secretaría General, de Subgerencia de Contabilidad, de Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, de Gerencia de Administración y Finanzas y de la Gerencia Municipal, el 01 de marzo del 2024 se emitió la Resolución de Alcaldía N° 055-2024-MDB que autorizó el gasto de $3,010.00 dólares, o su equivalente 11,407 soles, por 7 días de viáticos de la alcaldesa Jessica Vargas. Es decir, se le asignó US$430 dólares para gastos por cada día. El dispositivo lleva las firmas de la propia alcaldesa Jessica Vargas y del Secretario General, Jorge Luis Rey de Castro Mesa. 

Algo curioso que se indica en esta resolución edil, como argumento para autorizar dicho desembolso de dinero, tiene que ver con lo que se señala en el artículo 2° de la Ley N° 27619, “Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos”, y que establece que las autorizaciones de viajes al exterior deberán sustentarse en un interés nacional o institucional, bajo responsabilidad. ¿El viaje de la alcaldesa realmente fue de interés nacional e institucional?

Tras este escándalo de haber participado en un evento internacional utilizando dinero público y basándose en una presunta invitación que en realidad nunca existió y sopretexto de cumplir con lo que establece la propia normativa, que para autorizar viajes al exterior de un servidor público, primero se debe sustentar que éste sea de interés nacional o institucional; la señora alcaldesa Jessica Vargas aún no hace honor a la trasparencia que le exige la ley, y no ha salido a dar una explicación razonable, documentada y sincera, a través de una rendición de cuentas para corroborar la legalidad y legitimidad de sus acciones, respecto del pasado viaje a Punta Cana. Apenas emitió un comunicado en redes sociales muy ambiguo y en la última sesión de Concejo realizada el pasado martes 25 de febrero la alcaldesa trató de victimarse y tuvo el respaldo incondicional de sus regidores oficialistas, que, en lugar de fiscalizar, optaron por el silencio.

Alcaldesa se burla de barranquinos

Cabe mencionar, que en el comunicado de la MDB emitido el pasado 23 de febrero en su red social indicaron que a propia solicitud de la alcaldesa Jessica Vargas, desde el 19 del mismo mes, iban a recabar con celeridad toda la información necesaria con el fin de esclarecer los hechos imputados, incluyendo documentación municipal, así como de las organizaciones que desarrollaron el evento en Punta Cana. Asimismo, optaron por victimarse aduciendo que con esta noticia solo se busca desinformar a la ciudadanía.

Sin embargo, a la fecha, no hay descargos, no existen documentos formales, ni la supuesta verdadera invitación que recibió la alcaldesa Jessica Vargas de parte de la organización que realizó la Asamblea de Gobernadores en Punta Cana.

En suma, la autoridad edil se ríe de los vecinos, porque en el comunicado también señalaron: “Reafirmamos nuestro compromiso con una gestión ética, transparente y orientada al bienestar de nuestros vecinos”, y en realidad, no existe ni lo uno, ni lo otro; porque hasta la fecha se resiste a dar una rendición de cuentas honesta y documentada.

‘Grupito’ de vecinos protesta contra corrupción en Barranco

El fin de semana vecinos barranquinos se apersonaron con pancartas y carteles al frontis del Municipio distrital para exigir a la alcaldesa Jessica Vargas, transparencia y explicaciones sobre diversas denuncias que empañan su gestión, como es el caso de convenios extraños con la municipalidad de Miraflores para la instalación de un puente peatonal que uniría a ambos distritos a través de la Quebrada de Armendáriz y que actualmente se encuentra abandonado a su suerte, perjudicando a miles de conductores veraneantes que actualmente sufren para transitar por dicha vía.

Asimismo, por la pavimentación de 6 cuadras de la calzada de la avenida Manuel de la Fuente Chávez, vía fronteriza con Surco, que de acuerdo al expediente técnico de Barranco costaría 5 millones de soles. Y finalmente, por el uso de dinero público para viajar a un evento internacional en Punta Cana, al que no fue invitada oficialmente, entre otras demandas ciudadanas.

No más ex presidente revoltosos en un país que quiere salir adelante. Después de casi tres años de espera finalmente mañana se realizará el inicio del juicio oral contra el ex presidente Pedro Castillo Terrones, quien viene siendo acusado de ser el autor del delito de rebelión y abuso de autoridad en agravio del Estado peruano. la sesión iniciará a partir de las 9 de la mañana en la Sala Penal Especializada de la Corte Suprema.

El ex mandatario chotano enfrenta una solicitud de condena de 34 años de prisión y el pago de S/ 65 419 038.53 como reparación civil, mientras que otros exfuncionarios de su gobierno, incluidos miembros de su gabinete y oficiales de la Policía Nacional, también serán juzgados por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Cabe recordar que en calidad de coautores del delito de rebelión figuran la ex premier Betssy Chávez Chino, Aníbal Torres Vásquez, el exministro Willy Huerta Olivas, así como los ex oficiales de la Policía Nacional Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado y Eder Antonio Infanzón Gómez (este último actualmente en Suiza).

Para los otros acusados, la Fiscalía pide 25 y 15 años de cárcel, así como una reparación civil ascendente a S/ 64 419 038 que deberá pagarse de forma conjunta entre los que fueran sentenciados.

Durante la etapa de investigación fueron admitidas un total de 65 pruebas documentales y la declaración de más de 69 testigos, así como pericias forenses, grafotécnicas y otras.

También participarán tres peritos admitidos para la fiscalía y los acusados, así como 16 objetos de convención probatoria y un total de 75 documentos probatorios de todas las partes.

La Sala Penal Especial ha programado las sesiones tres veces por semana (martes, jueves y viernes), inicialmente en forma presencial en el penal Barbadillo, ubicado en Ate Vitarte.

Las audiencias del juicio oral contra el exmandatario serán transmitidas de manera ininterrumpida por el canal de JusticiaTV del Poder Judicial del Perú.

El colegiado está presidido por el juez supremo José Neyra Flores (presidente) e integrado por los magistrados Iván Guerrero López y Norma Carbajal Chávez.