La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República solicitará al Pleno del Congreso que se le otorguen facultades de comisión investigadora para indagar la falta de transparencia en el despacho del presidente Pedro Castillo y del ex secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco.

Esta solicitud ha sido formalizada a través de una moción de orden del día promovida por el presidente de la comisión, Alejandro Aguinaga Recuenco (Fuerza Popular), para que se les otorgue las herramientas legales que le permitan desarrollar las indagaciones en el plazo de 90 días hábiles.

Esta iniciativa se adopta después de tomar conocimiento de que el jefe del Estado ejerce sus funciones fuera del domicilio legal y que ello no permite transparentar las agendas que se desarrollan ni las decisiones que se toman.

Asimismo, se enmarca dentro de los pedidos que vienen realizando congresistas miembros de este grupo de trabajo y algunas bancadas para que la Comisión de Fiscalización asuma la investigación de este caso.

Esa moción complementa un pedido formulado en la última sesión ordinaria para que se inicien investigaciones al ex secretario general del Despacho Presidencial por presuntamente haber realizado presiones para que se den determinados ascensos en las Fuerzas Armadas y para gestiones inapropiadas en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Las investigaciones podrán determinar también los posibles ilícitos en los que podrían haber incurrido, en ese contexto, ministros de Estado, altos funcionarios, ex funcionarios y empresarios, entre otros, relacionado a las recientes denuncias periodísticas

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través de miles de catálogos impresos que reparten en diferentes sectores del país, ha lanzado la campaña: “La Violencia Familiar destruye vidas, sueños y esperanzas”. Allí se observa ilustraciones con las imágenes ficticias de niños y niñas que a través de globos y/o viñetas de color morado, manifiestan sus pensamientos.

Entre esos pensamientos que presuntamente sienten los niños del Perú, se lee:

“Hoy estoy triste porque mi papá volvió a golpear a mi mamá”.

“Desde que era pequeño recuerdo que mis padres discutían y mi papá golpeaba a mi mamá y también a nosotros”.

“Mi mamá le tiene miedo a mi papá, yo le digo que le cuente al policía y ella no quiere”.

Luego, en las siguientes dos páginas, se lee más pensamientos de niños y niñas que a través de globos y/o viñetas de color celeste, naranja, rojo y verde, dicen:

“No entiendo por qué mi papá siempre le dice a mi mamá: ¡Tienes que soportarme por tus hijos e hijas y acepta lo que te doy para su comida!”.

“Mi papá viene borracho los sábados, trae a sus amigos y quiere que nosotros contemos chistes o bailemos para que ellos se rían”.

“Mi papá grita mucho y me llama tonto, afeminado, burro”.

“A veces no hay para comer, papá gasta tomando cervezas, no puedo dormir. Mi hermanito y mi hermanita lloran en la noche”.

“No puedo estudiar imagino que mi papá puede matar a mi mamá, cuando están a solas”.

“Yo pienso que mi papá no nos quiere”.

“El domingo mi papá le pegó otra vez a mi mamá, la vi llorar hasta el otro día”.

“Mi mamá me dice que pase lo que pase me va a cuidar a mí y a mis hermanos”.

“Pienso mucho en irme de la casa, pero me da pena por mi mamá, Ricardo y María”.

Poner    Página 2 del folleto.

“Mi tía Chela dice: Así son los esposos, tienes que aguantar por tus hijos”.

“Mi mamá siempre llora a escondidas”.

“Cuando sea grande voy a defender a todas las madres del mundo”.

“Y pensar que tengo seis años, no puedo jugar, ni salir a la calle, no tengo a quién contar lo que me pasa, quiero ser grande para poder trabajar, darle dinero a mi mamita, para que nos vayamos lejos y papá no nos encuentre. Si me dijeran que pida un deseo, yo diría: Quiero que mi papá no le pegue a mi mamá; quiero una familia feliz”.

Poner    Página 2 del folleto.

Posteriormente, en la contratapa del folleto, desde el Ministerio de la Mujer “realizan” una reflexión y señalan:

Así como Julieta, hay miles de niños y niñas que son víctimas de la violencia familiar.

ESCUCHA MAMÁ

Julieta sufre, por eso tienes que buscar ayuda, no solo por ti sino también por él.

ESCUCHA PAPÁ

Por tu forma de ser, estás haciendo de Julieta una niña sin futuro. Piensa cuánto sufre, ¡recapacita y cambia!

Hace unos días se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer y sin duda, todos estamos de acuerdo que se debe erradicar la violencia en todas sus magnitudes y en especial, la tasa de feminicidios que azota a miles de mujeres peruanas. Y esa tarea primordialmente, le compete al Misterio Público, al Ministerio del Interior y evidentemente al Ministerio de la Mujer; sin embargo, no se debe gestionar campañas irresponsables, porque si bien éstas funcionan de manera efectiva, en este caso, el impacto puede ser negativo y contraproducente.

Si bien, la violencia familiar existe y es una realidad innegable en nuestro país, ésta no necesariamente es iniciada por los papás. La violencia familiar puede ser ejercida tanto por la madre, como por el padre, o en todo caso, por los miembros del núcleo familiar; no obstante, en el encarte impreso por el Ministerio de la Mujer, se pretende hacer una campaña de odio contra todos los padres del Perú, porque en el contenido de sus páginas generalizan los ejemplos y los casos de violencia nacional y los asocian única y exclusivamente con el padre, como miembro de una familia. 

En el impreso del MIMP, también mencionan que son los testimonios de hijos e hijas; pero no existe un universo, ni segmento cuantificado; porque cuando se habla de testimonios, se debe hablar de identidades; sin embargo, podemos entender que quizás cumplen con guardar la reserva de las identidades; no obstante, con ese mensaje, se corre el riego de concientizar a los niños y al resto de las personas que leerán este encarte, que los padres varones son los únicos enemigos de sus hijos y de sus familias y eso, evidentemente, encierra un sesgo de odio.

No olvidemos que la ministra de la Mujer, Anahí Durand, es una feminista de extremo activismo, y si bien, no debemos soslayar la labor del ministerio, que, en los últimos días, a través de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) ha atendido a más de 37 mil mujeres por casos de maltrato; también, es irresponsable pretender instaurar el “feminismo” como política pública del gobierno, porque incluso, el MIMP ya dio o pretende dar cursos de igualdad de género dentro del Ejecutivo.

Y con respecto, a esta campaña que tiene como título:

“La violencia familiar destruye vidas, sueños y esperanzas”; estamos totalmente de acuerdo con aquel postulado; no obstante, no estamos de acuerdo, que se pretenda estigmatizar a todos los padres que conforman las familias en nuestro país, y que se generalice que todos ellos ejercen violencia familiar. Porque, la violencia familiar, no tiene exclusividad de sexo (o género, como hoy le llaman). La violencia familiar la puede iniciar un papá, o una mamá; y eso es lo que se tiene que erradicar; venga de donde venga, independientemente de sesgos, feministas o masculinistas.

Nos comunicamos con la jefa de Prensa del Ministerio de la Mujer, Nila Taboada, para que la Ministra Anahí Durand nos explique ¿cuáles fueron los criterios para imprimir los encartes sobre la violencia familiar? Considerando que, en ellos, se recogen presuntos testimonios de 6 niños/as que asocian a la violencia familiar exclusivamente con los papás. Ella nos respondió que había hecho las consultas del caso y que ese material es de casi dos años; no obstante, respondimos que dichos folletos impresos lo están repartiendo actualmente en las calles, como el último sábado 27 de noviembre, a las 10 de la mañana en el parque Butter de Barranco, como se aprecia en la foto.

Por eso solicitamos una entrevista con la ministra; sin embargo, nos aseveró que la agenda de la titular del MIMP estaba muy recargada y que en su defecto, le envíe un “tema específico” a tratar, para que otra funcionaria especializada nos brinde sus respuestas.

Al parecer, en el Ministerio de la Mujer no coordinan ninguna estrategia de comunicación con la jefe de prensa.

Resguardado en el silencio y la oscuridad. Así se realizan las reuniones clandestinas del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, con altos funcionarios del Estado y empresarios. La “Casa Sarratea”, vivienda ubicada en el distrito de Breña, se ha convertido durante las últimas semanas en el lugar preferido del mandatario para sostener encuentros fuera de agenda, inmueble elegido por Castillo para explayarse y tomar decisiones vitales para el futuro de nuestro país. ¿Por qué tanto misterio?

Un informe del programa dominical Cuarto Poder reveló que jefe de Estado aún continúa operando desde la famosa casa del pasaje Sarratea, en Breña, de propiedad de su amigo Segundo Sánchez Sánchez.

En ese lugar, tal como consta en el reportaje, se pudo apreciar el vehículo oficial del mandatario ingresando a la cochera del inmueble del pasaje Sarratea el miércoles 20 de octubre del año curso. Ya ahí, el profesor sindicalista se encargaría de recibir a distintas personalidades como el ex asesor de Palacio, Bruno Pacheco; o la asesora del Consorcio Puente Tarata III, Karelim López; o el mismísimo ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones, entre el 20 de octubre hasta el 19 de noviembre, fechas que han quedado registradas por las cámaras del programa periodístico.

Cabe precisar que López no cuenta con cargo público conocido, pero ha visitado no solo la vivienda de Breña, sino también Palacio de Gobierno en seis oportunidades para “reuniones de trabajo” con Pedro Castillo y su investigado exsecretario Bruno Pacheco.

López es proveedora del Estado, facturando entre 2010 y 2017 casi S/230 mil. Precisamente la última reunión registrada del pasado 19 de noviembre, en ese día se habría decidido la millonaria adjudicación al consorcio representado por la señorita López.

La Contraloría General de la República ya se ha pronunciado al respecto, advirtiendo que esas reuniones irregulares del presidente Castillo estarían vulnerando el principio de transparencia. Y no faltaría la razón ya que desde que asumió el cargo su gestión se ha manejado entre el mutismo voluntario y el alejamiento hacia la prensa.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) fue creada el 3 de julio de 2014 en el gobierno de Ollanta Humala, a través de la Ley 30220, conocida como la Ley Universitaria, norma que estableció las 17 funciones de la SUNEDU. En ninguna de esas funciones se le otorgó la facultad de clausurar universidades. En efecto, la ley señaló que la finalidad de la SUNEDU es “asegurar una oferta educativa de calidad en favor de los estudiantes, a través del licenciamiento y supervisión de este servicio público”. La supervisión le permitía a esta entidad tomar las medidas necesarias para reestructurar, reformar, rectificar el rumbo de una casa de estudios pero jamás la ley universitaria contempló el cierre de universidades.

¿Por qué la ley original no autorizaba el cierre? Por una razón: proteger a los cientos de miles de estudiantes. Cerrar una universidad es dejar en la calle a miles de estudiantes, es privarles de un futuro profesional, es atentar contra su derecho a recibir educación superior. Por eso, la Ley Universitaria nunca estableció mecanismos de cierre para que la SUNEDU clausure centros de estudio. Al contrario, fue creada para que tome las medidas necesarias para encauzar a las universidades en problemas y obligarlas a que mejoren el nivel educativo: las Condiciones Básicas de Calidad.

Una muestra indiscutible de que esa fue la idea central de  la Ley Universitaria es que entre el 2014, año de creación de la SUNEDU, y abril de 2018, se licenciaron 22 universidades públicas y 32 universidades privadas y no se cerró ninguna.

Cuándo y por qué cambiaron las reglas

Todo cambio cuando el expresidente Martín Vizcarra vio la oportunidad de un lucrativo e ilegal negociado que hasta hoy no se investiga. La historia es la siguiente.

El 7 de mayo de 2018, Vizcarra nombró como Superintendente de la SUNEDU a un desconocido sociólogo que se desempeñaba como profesor de la Pontificia Universidad Católica, llamado Martín Benavides Abanto. Cuatro meses después de su nombramiento, exactamente el 10 de setiembre de 2018, Benavides creó y puso en vigencia un sorpresivo reglamento para cerrar universidades. Lo hizo mediante Resolución del Consejo Directivo N° 111-2018-SUNEDU/CD.

Yendo contra la Ley Universitaria y contra las funciones específicas de la SUNEDU, Benavides, el socio de Vizcarra, cambió ilegalmente las reglas de juego al disponer lo siguiente: “El presente reglamento regula el proceso de cese de actividades de universidades y escuelas de posgrado” (Artículo 1) y se encargó de precisar que, por cese de actividades, se debería entender “Cese de la prestación del servicio educativo superior universitario debido a la denegatoria o cancelación de la licencia institucional o, de ser el caso, ante la decisión voluntaria de la universidad y/o escuela de posgrado”.

Así nació el famoso Licenciamiento de universidades y en su gestión Benavides rápidamente desenvainó una espada que la ley no le había concedido a la SUNEDU y, usando el reglamento hecho a la medida por él mismo, cerró 46 universidades en apenas 20 meses. Una cifra que demuestra que la evaluación de universidades fue un trámite falso por una razón: se cerraron 2.3 universidades por mes, es decir, cada 13 días la SUNEDU de Benavides Abanto y Vizcarra cerraba una universidad. Esto es imposible porque significaría haber inspeccionado locales, analizado miles de documentos, recibido descargos, evaluado informes en solo 13 días para una sola universidad. Algo imposible.

Con esa espada, la SUNEDU despedazó el derecho a la educación y dejó en la calle a más de 180 mil estudiantes y, lo más grave, no se tomaron el afán de darles una alternativa. Miles de jóvenes estudiantes se quedaron sin ninguna alternativa y quedó deshecho el esfuerzo de sus padres por darles un futuro. En ningún caso, la SUNEDU contempló la opción de exigir la reforma, la adecuación, la reestructuración de centros de estudio. Solo buscó el cierre, la cancelación de las licencias.  

SUNEDU, Vizcarra, Benavides y un escenario pendiente de investigación

En el gobierno de Vizcarra, los medios de comunicación se encargaron de ser propagandistas de su gestión y una eficaz campaña mediática convirtió a la SUNEDU en un ente intocable. Cuando se intentaba mostrar los actos oscuros de la gestión de Benavides, empezaba el coro: “Si cuestionan a Benavides, están atacando la reforma universitaria; si atacan a Benavides, están apoyando a Telesup y a Luna Gálvez”.

Ese fue el escudo fabricado por el ex presidente Martín Vizcarra y los medios de comunicación y fue utilizado por la SUNEDU de Benavides. Es verdad que los casos de Telesup y otras universidades cuestionadas merecían el cierre pero también existieron otras que podían ser restructuradas.

Lo que en verdad ocurrió tiene una hipótesis central: se retiraron licenciamientos para darle el mercado a un sector que Vizcarra y Benavides buscaron beneficiar y, en ese sentido, hubo actos que, por ahora, hay que llamar de presunta corrupción y presunto tráfico de influencias, y que necesitan de una investigación.

Las sombras del Caso UTP

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) es el negocio universitario de Intercorp, el poderoso grupo empresarial de Carlos Rodríguez Pastor que abarca banca, seguros, hotelería, restaurantes, inmobiliarias, educación, administración, lotería, y servicios. Es un grupo de tendencia monopólica como es el caso de la cadena Inkafarma y Mifarma y que ha incursionado en el rubro educación a nivel escolar y universitario.

UTP tiene su sede central en Lima pero un mercado millonario consiste en establecer una cadena de universidades en provincias. En vista de que ese mercado ya contaba con universidades en funcionamiento ¿cuál era el mecanismo para dejar libre ese mercado? El cierre indiscriminado de universidades. Allí adquiere sentido lo siguiente: Benavides Abanto inventó el reglamento de cierre de universidades el 10 de setiembre de 2018, llegó a cerrar 46 universidades en apenas 20 meses a un ritmo absurdo de 2.3 universidades sin licencia por mes, una cerrada cada 13 días y, de pronto, en enero de 2018 la SUNEDU emitió un comunicado señalando que “El 26 de enero del 2018, la UTP presentó la solicitud de creación de 8 filiales ubicadas en las regiones de Ancash, Cusco, Tacna, Puno, Ica, Piura, Junín y La Libertad” y añadió que “Para obtener su licenciamiento, la universidad demostró contar con la infraestructura y el equipamiento necesario para la prestación del servicio educativo”. De inmediato, la SUNEDU le extendió el licenciamiento a las filiales de la  UTP del Grupo Intercorp “tras corroborar que dicha casa de estudio cumplía las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) indispensables para ofrecer el servicio educativo de nivel universitario en el Perú”.

Se terminó otorgando licenciamiento a la UTP (sede central) y a 7 filiales (pidieron 8 al final fueron 7), trayendo abajo las reglas establecidas porque la UTP no cumplía con las reglas aplicadas para cerrar a 46 universidades pero, milagrosamente, obtuvo los licenciamientos.

Para que una universidad obtenga el Licenciamiento Institucional debe cumplir con una exigencia obligatoria: que la sede principal y sus filiales a nivel nacional tengan infraestructuras similares y el mismo nivel de equipamiento e implementación y estos requisitos deben ser verificados de manera presencial durante el proceso de licenciamiento. Es decir, la SUNEDU debe constatar que la infraestructura esté completa, que estén instaladas las bibliotecas, equipados los laboratorios y todo lo necesario para el funcionamiento óptimo de una sede universitaria.

¿Qué hizo la SUNEDU en el caso de las filiales de la UTP? Otorgó las licencias sin que existan los locales. Más de una de esas filiales, en el momento que se les otorgó el licenciamiento, se encontraban en construcción y otras ni siquiera iniciaban. Es decir, no cumplían con lo que la ley exige: infraestructura completa, bibliotecas ni laboratorios. Tampoco contaban con otro requisito exigido por la SUNEDU: licencia de funcionamiento municipal que se otorga recién cuando se empieza a operar.

Cada vez que se querían revelar estas irregularidades, la prensa adicta a Vizcarra y ciertos opinólogos saltaban furiosamente sosteniendo que la inmaculada SUNEDU no debía ser cuestionada. A estos medios no les interesaba para nada la situación de las decenas de miles de estudiantes.

Las preguntas que están pendientes de investigación son varias. ¿Cuáles fueron los nexos de Vizcarra y Benavides con el Grupo Intercorp? ¿Cuál fue el rol de Fernando Zavala, quien después de haber compartido tareas ministeriales con Vizcarra terminó como gerente general de Intercorp? ¿Cuántas decenas de millones de soles significan las siete filiales universitarias que obtuvo ilegalmente la UTP? ¿Por qué Vizcarra nombró como ministro de Educación a Martín Benavides cuando terminó la famosa pero ilegal reforma universitaria de la SUNEDU? ¿Por qué el licenciamiento se volvió uno de los documentos más valiosos en el sistema educativo peruano? Y finalmente ¿por qué nadie pensó en los más de 180 mil estudiantes a los que dejó sin un futuro profesional?

La SUNEDU debe ser investigada y, sobre todo, debe cumplir con las normas en lugar de dedicarse a rechazar todo intento para reestructurar universidades que sí podrían funcionar siempre y cuando cumplan con las reglas de Condiciones Básicas de Calidad.  

Un nuevo reportaje revela las andanzas nocturnas del presidente Pedro Castillo. Luego del destape de los chats de Bruno Pacheco, se necesitaba un nuevo lugar de reunión lejos de Palacio de Gobierno, la casa del pasaje Sarratea en Breña fue el epicentro para la clandestinidad de reuniones con empresarios, políticos y diversos funcionarios del Estado.

El programa Cuarto Poder reveló este domingo que el presidente de la República, continúa sumergido en reuniones clandestinas, en donde se cocinarían decisiones presidenciales. Entre los participantes de los encuentros nocturnos en Breña aparecen: Fray Vásquez Castillo (sobrino del presidente); así como el Ministro de Defensa Juan Carrasco Millones, y la gerente general de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Jaqueline Perales Olano; además de funcionarios de diversas empresas privadas (entre los que destaca Karelim López Arredondo, e incluso congresistas de Perú Libre.

Aquí el reportaje completo.

Los chats publicados por Lima Gris, motivaron una investigación que sigue evidenciando cifras y dinero en poder del ex Secretario General de Palacio y brazo derecho del presidente Pedro Castillo. No solo han sido los 20 mil dólares encontrados en el baño de Palacio de Gobierno, ahora a los dólares se suma los 80 mil soles que Inteligencia Financiera detectó en las cuentas de Bruno Pacheco.

En un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicado por el diario La República, se revela que se detectó que el ex secretario general de Pedro Castillo, acumula 80 mil soles —adicionales a los 20 mil dólares hallados en Palacio— en sus cuentas bancarias.

El reporte de la UIF fue alcanzado al fiscal especializado en casos de corrupción, Marco Huamán, en el marco de la investigación que se le sigue a Pacheco por las presuntas presiones que habría ejercido ante el Superintendente Nacional de la SUNAT, Luis Enrique Vera.

Luego de hacerse pública la información, la Fiscalía solicitó levantar el secreto bancario del señor Bruno Pacheco para incorporar y contrastar el origen del monto encontrado. Asimismo, pidió el acceso al historial de sus llamadas telefónicas de julio hasta noviembre para revisar con quién se comunicaba y con qué frecuencia.

Otro dato importante que se conoce, es que Bruno Pacheco ya entregó el celular que se le solicitó el viernes 19 en la interveción de la Fiscalía Anticorrupción en Palacio de Gobierno.

Además, realizará un peritaje al celular que ya entregó a la entidad, el cual dijo que no tenía consigo cuando se realizaron las diligencias en Palacio, el pasado 19 de noviembre.

Recordemos que el hombre de confianza del presidente Pedro Castillo renunció a su cargo luego que Lima Gris revelara los chats donde pedía favorecer a la empresa Deltron, un empresario minero y al abogado Marco Urbina.

En una entrevista en el programa Primer Impacto conducido por Luis Alfonso Morey, que se transmite por Nacional TV, el candidato a la alcaldía de la Municipalidad de La Molina, Diego Uceda Gerra-García se refirió al caso de Bruno Pacheco y los 20 mil dólares que se encontraron en el baño de Palacio de Gobierno.

Luis Alfonso Morey en su pregunta mencionó: “Hay todo una discusión en torno al tema de la corrupción de lo que ha ocurrido con el ex Secretario General de Palacio de Gobierno el señor Pacheco, ¿Cuál es tu posición en cuanto al tema de la vacancia?”.

El candidato municipal de Renovación Popular, Diego Uceda señaló: “Lo del Secretario General Bruno Pacheco es mucho más grave de lo que a algunas personas les parece. Hay un problema terrible ahí de corrupción. Ya se hablaba, y te digo porque yo pertenezco al sector privada, de que habrían hasta cifras. La cita con un ministro costaba 5 mil dólares, la cita con el presidente de la República costaba 20 mil. Justamente encuentra 20 mil dólares en el baño o en la oficina de Bruno Pacheco.

Nos comunicamos vía telefónica con el señor Diego Uceda para conocer más sobre lo que se viene hablando en el sector empresarial. Al ser consultado por su cometario en la entrevista del programa Primer Impacto, nos manifestó: “Ese es un comentario Urbi et orbi (de conocimiento público), así se dice desde hace algún tiempo. No solamente lo he dicho yo, también lo han dicho en el programa de Philip Butters. Por eso dije, se diría, se menciona, pero yo no tengo ninguna prueba. Lo que yo he hecho es divulgar algo que es de público conocimiento. Creo que ahora que el tema esta en manos de la Fiscalía se tiene que jalar el hilo de la madeja porque hay muchas personas involucradas”.

El Ministerio Público a través de la Fiscal Provincial, María Cecilia Aguilar Vela, ha dispuesto remitir notificación a 15 personas y representantes de las distintas Federaciones que asistieron al congreso IX para que rindan su declaración en la investigación contra Antolin Huáscar Flores y los que resulten responsables por los presuntos delitos contra la Tranquilidad Pública, Organización Criminal y por el delito contra la Administración de Personas Jurídicas, Fraude en las Personas Jurídicas, en agravio de la Federación Departamental Agraria Chino Velasco de Ica, representada por su presidente José Luis Muñante Alvarado y la Federación Agraria Selva Socialista de Loreto, representada por su presidente Orlando Nilton Decoll Narváez.

Entre los investigados, se encuentra el actual ministro de Desarrollo Agrario y Riego del Perú (Minagri), Víctor Raúl Maita Frisancho. Este joven ministro hace unos meses fue denunciado por diferentes frentes y federaciones agrarias, por presuntamente adulterar documentos para esconder presuntos malos manejos de millones de soles.

Los presidentes de las federaciones agrarias acusaron a Maita Frisancho y a Antolín Huáscar Flores, por el delito de falsedad ideológica, por haberse publicitado como dirigentes de la Confederación Nacional Agraria (CNA), a pesar que sus cargos no figurarían en los registros en la SUNARP.

En el documento N° 506014507-2021-1049-0 del Ministerio Público con fecha 22 de noviembre de 2021, del Cuarto Despacho de la Septima Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima, se señala: “La investigación seguida contra Antolín Huáscar Flores y los que resulten responsables, en la que denuncia por la presunta comosión del delito contra la Tranquilidad Púlbica – Organización Criminal, y por el delito Contra el Delito de Administración de Personas Jurídicas en agravio de la Federación Departamental Agraría Chino Velasco de Ica representada por el presidente José Luis Muñante Alvarado y Federación Agraría Selva Socialista de Loreto representada por el presidente Orlando Nilton Decoll Narvaez”.

En este sentido, considerando el escrito de los denunciantes Muñante Alvarado y Decoll Narváez, la Fiscalía dispuso recabar las declaraciones de:

Víctor Raúl Maita Frisancho. Actual ministro de Desarrollo Agrario y Riego del Perú (Minagri).

Rosalía Adela Huamaní Vivanco.

Niria Lina Altamirano Carhuayo.

Fernando Rengifo García.

Manuel Víctor Norabuena Flores.

Grecia Isabo Ruiz Elías.

Flora Elena Ticona Choque.

Alexandra Mendoza Huiza.

Teodomira Figueroa Alva.

Segundo Secundino Alarcón Diaz.

Rafael Conde Huillca.

Víctor Raúl Caso Llanco.

Lucio Aguilar Naveros.

Francisco Barreto Silva.

Lucio Flores Toledo.

Los citados, deberán señalar sus domicilios reales, sus teléfonos domiciliarios y celulares y sus correos electrónicos, a fin que narren la forma y circunstancias de los hechos y sus posibles participaciones en la denuncia de Fraude en Personas Jurídicas y Organización Criminal, tal como corresponde en el ejercicio de sus derechos de defensa.

Asimismo, sin perjuicio de la participación en las diligencias de la investigación de los fiscales, se autorizó la participación del Equipo de Fiscales de Apoyo a las fiscales de Lima Centro, con el propósito de avanzar en las pesquisas.