El Congreso de la República no llegó a alcanzar los votos para inhabilitar por 10 años en el ejercicio de cargos públicos, al exencargado de Palacio de Gobierno, el morado Francisco Sagasti, quien se resistió a asistir al Pleno parlamentario del miércoles 30 de abril para evitar presenciar su ajusticiamiento político, por haber infringido la Constitución, por abuso de autoridad y nombramiento indebido, al haber ordenado el pase al retiro de 19 altos oficiales de la PNP, durante las protestas por la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y tras la renuncia del breve presidente interino Manuel Merino. Aunque sí aprobaron su acusación constitucional que será derivada a la Fiscalía.

Sin embargo, de la misma manera que en julio del 2021 envió una misiva exigiendo una pensión vitalicia, solo por haber ocupado Palacio de Gobierno durante ocho meses, el admirador del terrorista Cerpa Cartolini, también envió un documento al presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, pidiendo que se abstengan de acusarlo constitucionalmente, afirmando que su conducta arbitraria y abusiva fue licita bajo todo concepto: “Criminalizar una decisión legalmente adoptada en el ejercicio del más alto cargo del Estado vulnera los principios elementales del orden constitucional”, advirtió el exmorado Sagasti, quien solicitó el archivo definitivo de su acusación, por haber aplicado una medida desde su perspectiva, proporcional, legal y necesaria.

Sagasti sostenía que, de los altos oficiales que ordenó despedir, catorce estaban involucrados directamente en las operaciones que culminaron en muertes en noviembre del 2020. “La medida no fue caprichosa ni arbitraria, sino el resultado de un análisis riguroso y técnico dentro de los márgenes que permite la ley”, indicó el exencargado de Palacio; pero evitó mencionar que se habría asegurado la designación de un oficial afín a su entorno, como fue el general PNP, César Cervantes, en el cargo de Comandante General de la Policía.

Asimismo, argumentó que la sanción no tiene que ver con enriquecimiento ilícito, ni una traición a la patria, sino a una decisión ejecutiva legítima y sujeta a control posterior. “El Congreso puede discrepar con una decisión de política pública, pero no puede pretender que toda divergencia sea una infracción constitucional”, remarcó Sagasti, quien también advirtió que la acusación contra él se ha convertido en un peligroso precedente de inseguridad para futuros presidentes.

Pese a sus argumentos falaces, Sagasti siempre demostró que es el enemigo público de los peruanos, porque desde el breve gobierno morado que ostentó entre 2020-2021 siempre firmó con rapidez las leyes de “género” y rechazó leyes como las devoluciones de la ONP, AFP, CTS, Fonavi, y Ley de usura, todas observadas por su encargatura presidencial, e incluso, con recurrencia al TC para derogarlas.

Y pese, a que durante la toma de la residencia del embajador de Japón en diciembre de 1996; a los dos días, antes de ser liberado y abandonar la embajada, Sagasti cuenta con orgullo que le pidió un autógrafo al cabecilla del MRTA, Néstor Cerpa Cartolini, y también a su lugarteniente el terrorista Rolly Rojas ‘el árabe’, y en lugar de bajar la cerviz, continúa asumiendo una actitud pedante, que lo caracterizó desde que se acomodó en varios gobiernos de turno. En especial, porque las bancadas de izquierda lo blindaron y votaron a favor de su impunidad y contra una inhabilitación que no se dio y que pudo lograr que no ostente cargo público hasta los 91 años.   

¿Enajenada de la realidad? Nuevamente la presidenta de la República Dina Boluarte Zegarra copó de créditos y logros a su cuestionado gobierno y durante la ceremonia por el 137° aniversario de la Cámara de Comercio de Lima, subrayó que el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el sector privado han sentado las bases para un país más equitativo e inclusivo.

«Esta elección no es otra cosa que el reflejo de la confianza que despertamos ante los ojos del mundo y no lo vamos a defraudar (…) Renovamos con ustedes nuestro compromiso con el sector privado para seguir trabajando juntos con la misma pasión y convicción por un Perú más próspero, justo y libre de corrupción», expresó la mandataria.

Asimismo, Boluarte Zegarra destacó que su mandato viene ejerciendo una gestión   libre de actos de corrupción, sin robarle un sol al pueblo peruano, y también afirmó que Perú se presenta hoy como un país confiable y seguro para la inversión, nacional y extranjera.

«Así nos comprometimos el primer día de Gobierno, así lo estamos haciendo y así continuaremos hasta el 28 de julio de 2026 cuando estaremos entregando la posta a la siguiente presidenta o presidente y diremos con orgullo, con pasión y convicción a la patria peruana: misión cumplida (…) Sin robarle un sol al pueblo, sin quitarle la esperanza de un futuro mejor, sin obras paralizadas», sostuvo Boluarte Zegarra.

Finalmente, instó que en las próximas elecciones se ejerza un voto consciente. 

«En las próximas elecciones, que nuestro voto sea consciente, que sea pensando en el país y no le demos la oportunidad a alguien que tiene las ideas estancadas en los años 40 o 50, y que quieran llevar a la patria a un salto al vacío», concluyó.

Distintos periodistas, comunicadores o cuanto opinólogo se aparece de vez en cuando en la pantalla chica han dado un salto en los últimos meses a las plataformas del internet, siendo más recurrente la de Youtube.

Ahí, alejados de un guion y liberados del rol encartonado que le exige la televisión, se ponen a hablar de manera coloquial de diversos temas coyunturales. Eso viene pegando, sobre todo a la audiencia más joven y justamente la que más está familiarizada con las redes sociales. Es ahí donde figuras de la política pretenden captar la simpatía de sus potenciales votantes, muchos de ellos jóvenes que van a votar por primera vez el próximo año.

El clan Fujimori ya está al tanto de todo ello y se encuentra a la vanguardia en comparación con otras agrupaciones políticas. El primero de ellos fue Kenji Fujimori quien desde hace un par de meses viene conduciendo el podcast “Tampoco tampodcast”, teniendo una aceptación para más positiva. Ahora, poco menos de un mes, su hermana mayor, Keiko, lideresa nada menos de una de las organizaciones políticas más poderosas del país (sí, incomoda, pero hay que reconocerlo), también viene dando sus primeros ‘pininos’ en el mundo digital.

Una regla que se conoce en política es que nada es casualidad en ese ambiente, todo tiene un porqué o una intención por lo bajo, algo que muchas veces el ciudadano de a pie desconoce.

Una reciente investigación de Intendigital demostró que aún la televisión es el medio preferido por las marcas, sin embargo, también se indica ahí que los jóvenes alternan su concentración entre la ‘caja boba’ y las redes sociales; en otras palabras, mientras ven televisión también están revisando su celular u otro dispositivo.

En efecto, las redes sociales vienen cumpliendo un rol crucial si quieres dar a conocer su marca o sencillamente quieres hacerte conocido y qué mejor manera de sacar tu propio canal donde no encuentras las barreras típicas de un canal de televisión. Los programas de Youtube se vienen convirtiendo en el lugar preferido donde los políticos o expolíticos quieren exteriorizar sus ideas o reflexiones, ya sea compartiendo sus viajes, sus vivencias en determinado lugar, sus logros cuando fue un funcionario del Estado, su rol como madre o padre de familia etc. La finalidad es captar la atención de potenciales votantes.

La tres veces postulante a la presidencia al parecer va a apostar por ese medio de comunicación y sabe perfectamente, según estadísticas, que los jóvenes ocupan gran parte de su día frente a una pantalla de un celular o una computadora.

Seguramente con el transcurso de los días otras figuras políticas o ya declarados candidatos presidenciales se lancen a la aventura de querer conectar con los jóvenes, muchos de ellos tal vez lo hagan de manera torpe y otros sabrán aprovechar esa herramienta que para nada debe de descartarse; de ser así el caso estarían perdiendo un gran colchón de votantes.

Pedro Gamio Aita, exviceministro de Energía, parece haberse convertido en el rostro visible —y a la vez en la sombra— de los intereses privados que han colonizado el sector energético peruano. Su tránsito por cargos públicos, empresas privadas, medios de comunicación y ahora el Congreso, evidencia un patrón que, más que coincidencia, sugiere una estrategia estructurada de influencia.

Hagamos un recordaris: durante la pandemia del coronavirus, a inicios del 2021 Pedro Gamio Aita, de pronto se convirtió en el ‘vocero’ de Luz del Sur y decía textualmente “hay que cumplir las sentencias del Poder Judicial”. En aquel tiempo, Gamio Aita, se opuso a que el Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado (COES) elaborara la propuesta técnica para modificar los procedimientos, que luego debía evaluar Osinergmin.

Pero su historial se remonta más atrás. En 2007, durante el segundo gobierno de Alan García, Gamio Aita, en su calidad de viceministro de Energía, firmó un documento que concedía a la empresa suiza Minera Volcán un beneficio tributario por US$32 millones de dólares. Lejos de ser un acto aislado, su intervención favoreció directamente a uno de los principales actores del sector extractivo.

El también excandidato del partido Morado, Pedro Gamio Aita, quien anteriormente colaboraba con la SPR (Asociación Peruana de Energías Renovables) con el objetivo de sacar adelante el ‘lobby eléctrico’. Luego de ello, Gamio fue designado en julio del 2024 como miembro de directorio de Petroperú. Sin embargo, su permanencia fue breve: tras la renuncia del directorio completo, en septiembre también abandonó el cargo.

Ministro Montero y Pedro Gamio como conductores en programa radial de RCR.

No obstante, Gamio Aita no se ha quedado quieto y se recicló rápidamente como asesor de la bancada de Acción Popular en el Congreso, manteniendo así sus vínculos con el aparato político. Es decir, mantiene sus nexos a nivel empresarial, parlamentario y gubernamental; específicamente con el Ministerio de Energía y Minas, capitaneado actualmente por Jorge Luis Montero Cornejo, amigo y partner de Gamio Aita, quienes juntos conducían un programa de radio en la plataforma de la Red de Comunicación Regional (RCR) impulsando una tenaz campaña a favor de grupos económicos protagonistas del millonario lobby de las energías renovables.

En otros términos, el exviceministro Pedro Gamio se habría convertido en el titiritero del ministro Montero Cornejo, ¿Con qué fines? ¿Acaso con el objetivo de cautelar un próximo ‘reglamento’ afín al lobby eléctrico?

Al parecer, la puerta giratoria en el sector energía hoy se mantiene más lubricada. Y Pedro Gamio, tras saber sido exviceministro de Energía, adquirió los conocimientos necesarios en el ámbito del derecho público y administrativo; sin embargo, aquel expertise no parece estar al servicio del bien común, sino de conglomerados de energía eléctrica que cargan el costo sobre los hombros de los usuarios peruanos.

¿Hasta cuándo el Estado peruano permitirá que los intereses empresariales se filtren impunemente en sus decisiones más estratégicas?

Tiene 36 años y gana más que un congresista. Cuando una reportera del dominical Cuarto Poder fue a visitarla a su despacho se percató que una inmensa imagen del líder y fundador de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, estaba detrás de la autodenominada ‘hija política’ Yessenia Lozano, quien viene recibiendo un inusitado apoyo de parte del mismísimo presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, quien también es militante de APP.

La joven bachiller en abogacía en la actualidad se desempeña como jefa del Centro de Modalidades Formativas, una oficina creada en el año 2023 durante la gestión del congresista José Williams, y tiene como finalidad la contratación de practicante pre profesionales y profesionales.

«Ámbito de aplicación exclusiva a estudiantes y egresados, pertenecientes al tercio superior, de carreras profesionales necesariamente indispensables para el buen funcionamiento del Congreso», indica la resolución del Congreso 019-2022-2023-CR.

De acuerdo al Reglamento del Congreso las personas que cuentan solamente con el título de bachiller tienen un tope de sueldo no mayor a los 6 mil soles correspondiente al de técnico, sin embargo, Lozano percibe 19 mil soles en aquella oficina que lo primero que resalta es la imagen del popular ‘plata como cancha’.

Al respecto, el titular del Congreso, Eduardo Salhuana, ha salido a manifestar que la ‘hija política’ de Acuña Peralta efectivamente cuenta con una maestría, no obstante, esa información no aparece en el registro de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

 «Ella tiene título profesional, cumple con lo que señala el estatuto que exige 5 años de experiencia profesional y ser licenciado en alguna profesión escrita», manifestó Salhuana, en defensa de Lozano.

En tanto, desde APP también justificaron la contratación de Yessenia Lozano argumentando que es una manera de “abrir las puertas” a la juventud.

“La señora que hoy es cuestionada con esta designación es una joven que ha participado en política, no de ahora, ella ha sido alcaldesa escolar desde los 14 años y si hoy se trata o se intenta que la juventud participe de manera activa en la política del Perú creo que debemos abrir las puertas no solamente de los partidos políticos, sino de las instituciones que permitan formar nuevos cuadros, nuevos valores y esto fortalezca la institucionalidad, la democracia del país”, manifestó el secretario general de APP, Luis Valdez.

Solo falta que César Acuña le haga un busto dorado a su autodenominada ‘hija política’ y lo coloque al frente del Palacio Legislativo. ¿Tanta influencia tiene una joven abogada sobre uno de los hombres más poderosos del país?

La democracia peruana no está simplemente en crisis. Está siendo socavada desde sus cimientos por prácticas que, de confirmarse judicialmente, constituirían no solo irregularidades administrativas, sino atentados directos contra la voluntad ciudadana y la legalidad electoral.

¿Cómo podemos llamar “democracia” a un sistema donde la afiliación política de miles de ciudadanos podría haber sido falsificada?

Informes periodísticos recientes de Cuarto Poder, Punto Final y Panamericana han revelado indicios graves de afiliaciones presuntamente irregulares en múltiples organizaciones políticas. Lo que estos reportajes sugieren —y lo que diversas autoridades, entre ellas el Congreso de la República deben investigar a fondo— es un patrón sistemático en el cual miles de ciudadanos habrían sido inscritos en partidos políticos sin su consentimiento informado ni su firma auténtica.

Entre los partidos mencionados en estos informes se encuentran agrupaciones lideradas por figuras públicas como Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Martín Vizcarra (Perú Primero), Guillermo Bermejo (Voces del Pueblo) e incluso Nicanor Boluarte (Ciudadanos por el Perú), hermano de la actual presidenta. Mencionar estos nombres no implica prejuzgar su responsabilidad penal, pero sí destacar que estos señalamientos requieren una respuesta institucional clara, transparente y, sobre todo, conforme a derecho.

Un reciente informe del RENIEC, revelado por el programa dominical Panorama, confirma la gravedad de las irregularidades en la inscripción de partidos políticos peruanos. Tres agrupaciones se destacan por el nivel de falsificación detectado: «Perú Primero» del expresidente Martín Vizcarra, con 5,117 inscripciones invalidadas, incluyendo 1,634 fichas donde se identificó que un mismo puño falsificó múltiples firmas; «Voces del Pueblo» del congresista Guillermo Bermejo, donde se encontraron 4,428 firmas manipuladas y sorprendentemente el 83% de 25,249 registros fueron declarados no válidos, hallándose incluso huellas dactilares repetidas; y «Ciudadanos por el Perú», vinculado a Nicanor Boluarte (hermano de la actual presidenta), reportado en tres ocasiones por 2,298 firmas fantasmas, con 1,681 de 2,350 fichas mostrando convergencias del mismo puño gráfico. Este escándalo evidencia un patrón sistemático de falsificación que compromete seriamente la integridad del sistema electoral peruano y la legitimidad de estas organizaciones políticas.

En el Perú, si una organización política inscribe su partido utilizando firmas falsas, enfrenta consecuencias legales muy graves. De acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas (Ley N° 28094), específicamente el artículo 5, literal h), modificado por la Ley N° 31981 (2024), “La responsabilidad penal en caso de fraude en la recolección de firmas recae sobre el responsable que el estatuto de la organización política determine, así como sobre el responsable de la hoja de adherentes​”. Si se detecta la falsificación de firmas, los implicados pueden enfrentar procesos penales por fraude, falsificación de documentos, falsedad ideológica o fraude procesal, delitos sancionados por el Código Penal peruano.

Las autoridades competentes —Fiscalía, JNE y RENIEC— deben actuar con celeridad, garantizando el debido proceso y respetando la presunción de inocencia, pero sin permitir que la impunidad se normalice.

De acuerdo al Artículo 91. de la misma ley, establece: “El Jurado Nacional de Elecciones solicita al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil que compruebe la autenticidad de las firmas y la numeración de los Documentos Nacionales de Identificación correspondientes a los adherentes a que se hace referencia en el inciso b) del artículo 88”. En ese sentido, el RENIEC, según el reportaje, identificó más de 238,000 firmas con “indicios visibles de falsificación”.

Según una investigación de Latina Noticias, a través del programa «Punto Final», el escándalo de falsificación de firmas también alcanza al partido «Primero la Gente» de Miguel del Castillo y de la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello, “donde se detectaron 4,039 firmas falsas utilizadas para su inscripción”. La investigación “recogió testimonios de 120 supuestos militantes en 14 distritos de Lima, quienes negaron categóricamente haberse afiliado al partido”. La indignación de los ciudadanos consultados es legítima. Pero debe traducirse en exigencia institucional, en reformas urgentes y en fiscalización ciudadana sostenida. El caso adquiere mayor gravedad al revelarse la existencia de un mercado negro de firmas falsificadas, donde un informante confesó que «se cobra en promedio 6 soles por ficha llena», evidenciando que esta práctica corrupta podría estar institucionalizada como un negocio lucrativo que socava completamente la legitimidad del proceso de inscripción de partidos políticos en Perú.

Lo preocupante es que el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas, en su lista de causales de cancelación, no contempla la anulación o cancelación de la inscripción de un partido, incluso cuando un partido político, se haya inscrito utilizando firmas falsas y se comprometa su legitimidad.

Hay declaraciones que, lejos de aclarar, agravan el desconcierto. Representantes como Marcos Ceballos, de Primero la Gente, han sugerido que, si RENIEC validó firmas cuestionables, “La responsabilidad recaería exclusivamente en dicha entidad”. Esta afirmación —aunque legalmente debatible— elude una cuestión ética y política esencial: los partidos deben garantizar que sus procesos de afiliación sean genuinos, verificables y transparentes.

En paralelo, se advierte una estrategia de control mediático por parte de algunos de los líderes implicados. El expresidente Martín Vizcarra, actualmente inhabilitado e investigado por presuntos actos de corrupción, ha optado por presentarse en canales de youtubers, como Cristo Rata en diciembre de 2024 y Carlos Orozco en abril de 2025, para negar cualquier implicación en estos hechos. Tiene derecho a defenderse, pero la victimización es innecesaria. Los ciudadanos también tienen derecho a exigir explicaciones en foros institucionales, no sólo en espacios diseñados para controlar el relato público.

Vizcarra con el llamado Cristo Rata.

Los partidos políticos están llamados a ser vehículos de expresión ciudadana. Pero si estos vehículos se convierten en franquicias que se compran con firmas presuntamente falsas y se mantienen con recursos de procedencia dudosa, estamos frente a una grave desviación de su función constitucional.

Si no corregimos ahora, las elecciones de 2026 podrían reproducir los mismos vicios: listas elaboradas sobre la base de militantes fantasmas, sin legitimidad, sin consentimiento real, sin democracia. La democracia no puede sostenerse sobre registros manipulados ni sobre sistemas cómplices del engaño. O saneamos el sistema desde su raíz, o aceptamos —como sociedad— que la representación política en el Perú es una farsa legalizada.

Y si aceptamos eso, entonces no nos quedará más que prepararnos para lo inevitable: un Estado capturado, no por los votos, sino por el fraude institucionalizado.

El apagón total en España el día de ayer interpela al servicio eléctrico peruano que se debate entre apostar por energías renovables inseguras y aumentos en las utilidades del sindicato de trabajadores eléctricos en un año electoral y con un déficit fiscal a la vuelta de la esquina.

Meses atrás en este verano fuimos testigos de un apagón total en Chile que abarcó el 90% del territorio del país del sur. Hoy atestiguamos como la historia se ha vuelto a repetir, está vez en España, por la cual el servicio de toda la península se cortó (a excepción de Canarias y Baleares). 

Si bien el suministro eléctrico está volviendo a algunas zonas de España, como informó la Red Eléctrica del país, luego de que un corte de electricidad afectara a toda la península Ibérica y partes de Francia.

“Ya hay suministro eléctrico en zonas de Cataluña, Aragón, País Vasco, Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura y Andalucía”, declaró la empresa de electricidad en un comunicado. Los gobiernos de España y Portugal están teniendo reuniones de emergencia para abordar los apagones. Por su parte el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, señaló que el corte probablemente se originó en España. Mientras tanto, corren rumores que achacan la responsabilidad de los hechos a un ciberataque ruso, otras fuentes más críticas con el gobierno español señalarían la causa en la dependencia energética de España respecto a fuentes de energía del extranjero y a una pobre gestión. Cabe señalar que en las últimas décadas tanto las tradicionales fuentes de energía a base de carbón o caídas de agua, vienen siendo desmanteladas mientras se apuesta por energías renovables las cuales no cuentan con la capacidad de suplir al gas o al petróleo que España tiene que importar de Argelia, por ejemplo. 

Además, afirmó que el gobierno aún desconoce la causa del corte, pero que “no se originó en Portugal” y que “todo indica” que el problema se originó en España. Esto podría asemejarse a lo acontecido en Chile este verano, dónde un apagón nacional, inédito en toda su historia, dejó al 90% del país a oscuras. Cabe mencionar que también Chile se ha orientado a una apuesta radical por las energías renovables que han repercutido en subidas de las tarifas de luz.

Mientras tanto 

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, comentó que los semáforos han dejado de funcionar y les ha pedido a los ciudadanos de la capital española que minimicen sus desplazamientos y permanezcan en sus lugares de residencia. Y es que el tráfico en la capital española se congestionó tras el apagón. “Estaba conduciendo y de repente no había semáforos (…) Era una especie de jungla”, declaró Luis Ibáñez Jiménez a CNN. “Vi venir un autobús enorme y tuve que acelerar mucho para adelantarlo”.

El metro de Madrid informó en un comunicado que todo el servicio se había interrumpido debido a la “falta de suministro eléctrico”. Los medios locales informaron que se habían evacuado partes del metro.

Este apagón nacional es un hecho inédito que no ha ocurrido ni siquiera durante la guerra civil española.

Perú: un problema que se avecina

Mientras tanto, Perú continúa a paso firme por implementar políticas de energías renovables que podrían comportar un posible aumento de las tarifas como ocurrió en Chile. Se debe recordar que la experiencia en otros países señala que la implementación de las renovables viene acompañada en sus primeros y largos años por subsidios del Estado, que en ocasiones se externalizan en los recibos de luz.

Por otro lado, en un giro sospechoso de populismo, el Congreso de la República aprobó en primera votación un dictamen que pretende aumentar las utilidades de los trabajadores del sector eléctrico, un incremento de 5 a 10%. Siendo este un año electoral, dicho incremento parecería ser una especie de acuerdo con el sindicato con fines de captar o clientelizar un sindicato. Los beneficiados de este incremento son un universo de 7 mil trabajadores que ganan hasta 18 sueldos anuales.

De concretarse dicho aumento, comprometería al Estado a cumplir con un endeudamiento en el marco de una economía estancada y un Estado al borde del déficit fiscal. En última instancia el Estado para cumplir su compromiso podría en efector externalizar dicho costo aumentando las tarifas de luz. Se espera que el congresista Wilson Soto se reúna en las próximas semanas con el ministro del sector con el fin de una evaluación técnica. Mientras tanto, el fantasma de un apagón se cierne como una posibilidad en Perú si sus políticas siguen fielmente el derrotero de Chile y España.

¿Amor al chancho o al chicharrón? Era el año 2016 cuando una mujer en un mercado se le acercó al entonces candidato presidencial Alfredo Barnechea para ofrecerle un suculento chicharrón, a lo que el refinado postulante rechazó de manera poco delicada, fulminando así sus intenciones de sentarse en Palacio.

Diez años después, siempre con el partido de la lampa, el educado candidato ha preferido en esta ocasión juntarse con la población pujante y no optar por algún local miraflorino con vista al mar. De esta manera Alfredo Barnechea, graduado de Harvard y ex funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha dicho “presente” para las Elecciones Presidenciales a realizarse el próximo año.

El ahora hombre de 72 años fue visto este último fin de semana por Gamarra, conversando con algunos comerciantes dedicados al rubro de la venta de ropa y la comida, a fin de conocer sus inquietudes y lo que esperan del próximo gobierno.

Cabe precisar que Barnechea se encuentra en calidad de «precandidato«, esto, debido a que más aspirantes acciopopulistas participarán de unas elecciones primarias para definir quién será el encargado de representar al partido de la Lampa en los próximos comicios.