Después del anuncio del MEF de una reducción del drawback de 3% a 1%, el mismo ministerio da marcha atrás a la medida que funcionaba como una «curita» ante el déficit fiscal, pero que ponía “en jaque” inversiones y contrataciones en el marco de una crisis exportadora. Como ya sabemos, la economía no va bien. En setiembre de este año, por quinto mes consecutivo, el déficit fiscal anualizado del sector público no financiero representó el 4% del PBI. Se trata de un récord que hace apenas unos años atrás sería un escándalo, pero como van las cosas en “desgobierno” nos vamos acostumbrando. Y para ilustrar el desgobierno, el MEF luce galones.

La medida que impulsaba reducir el drawback buscaba incentivar la competitividad de las empresas productoras-exportadoras, al reducir los costos asociados a la importación de insumos necesarios para la producción de bienes destinados a la exportación. Sin embargo, se excluyeron de este beneficio aquellos insumos fabricados en el país con materias primas importadas, esto con la intención de fomentar el uso de insumos nacionales. Hasta ahí todo bonito. Pero había un problema, el MEF quería realizarlo a partir de este año, y no es que estemos en el mejor momento económico. La eliminación del drawback se produce en un momento crítico, cuando los sectores involucrados enfrentan desafíos significativos, como es la crisis económica, la imposibilidad de ajustar los precios de exportación ya pactados con los clientes internacionales, y un gobierno a la deriva. En definitiva, el MEF no ha tomado en cuenta las dificultades actuales que enfrentan las industrias afectadas.

El plan del MEF era el siguiente. Iba a dar una primera actualización para este viernes 25 de octubre (o sea, ahorita). El drawback, es un régimen aduanero que permite la devolución de un porcentaje del valor FOB de las exportaciones, el cual se había mantenido a una tasa del 3% desde 2019.  A partir del 25 de octubre, la tasa de restitución de derechos arancelarios, conocida como ‘drawback’, se iba a reducir del 3% al 1%, según una disposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta medida, se mantendrá vigente hasta el 30 de junio de 2025, formando parte de una modificación al Reglamento de procedimiento de restitución simplificado de derechos arancelarios, aprobado por el Decreto Supremo N° 104-95-EF. Y ya para el 1 de enero de 2026 se habría liquidado dicha restitución arancelaria.

Sin embargo, según un comunicado conjunto de diversas asociaciones, la reducción y eventual eliminación del Mecanismo de Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios (drawback) podría afectar significativamente a un sector que genera más de 4 millones de empleos directos e indirectos. Esto según la patronal, quienes argumentan que la medida incrementará los costos internos y afectará la competitividad del país. Los gremios han expresado su preocupación por el impacto que esta normativa podría tener en sectores claves como la pesca de consumo humano directo, la acuicultura, la agroexportación, la confección textil, y la producción metalmecánica, siderúrgica y maderera.

La reducción del drawback, según los representantes de los gremios, podría llevar a la paralización de envíos y a pérdidas económicas considerables para las empresas involucradas.

Ahora bien, la medida del MEF no era tan descabellada, se comprende en la medida en que busca reducir el déficit porque están desesperados por recaudar. Esta serie de ajustes refleja un esfuerzo desesperado por parte del gobierno para fomentar la competitividad de las empresas nacionales en el mercado internacional, aliviando supuestamente la carga fiscal sobre las importaciones. Pero a los gremios la medida no les ha hecho nada feliz como ya comentamos. Está claro que el MEF necesita más recursos.

En el 2025, se cumplían 30 años de creación del drawback, mecanismo de restitución de derechos arancelarios que fue creado para impulsar las exportaciones mediante una fórmula bastante sencilla: la devolución de parte, de lo que los exportadores pagan para importar una materia prima o insumo que luego usan para producir localmente, antes de volver a enviar el producto final al exterior. Con ello, se reducen los costos y, claro, se compite mejor afuera. Precisamente, 2025 fue el año que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) vio a bien para jubilar la norma, en un entorno en el que según el MEF, el drawback, en muchas ocasiones, ya no es necesario por los TLC firmados por el Perú y, en buena cuenta, por la inauguración del megapuerto de Chancay, que debería multiplicar los ingresos de los exportadores sin necesidad de este tipo incentivos caducos.

Los gremios enojados con la medida son cinco. Y son de los gremios más poderosos del país quienes se reunieron en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para exigir la derogación del Decreto Supremo N° 104-95-EF, que reducía el drawback (de 3% a 1%, apenas el 25 de octubre, para luego llegar a 0,5% a mediados del 2025 y su eliminación total el 31 de diciembre de ese año).

Los representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) y la Sociedad de Comercio Exterior (Comex Perú) lograron su cometido: que el gobierno “arrugue”. Así se da una prórroga de la norma que deberá ser publicada en las próximas 48 horas, hasta julio del 2025, debido a que hay sectores aun presionados que no han salido de la crisis, como el textil y la agroexportación. Se sabe, o al menos se ha dicho que en la reunión estuvo presente, al menos virtualmente, el ministro de Economía José Arista, de viaje fuera del país y cuya ausencia viene retrasando la elección del nuevo directorio de Petroperú.

Se estima que la eliminación del drawback podría haber generado más de S/700 millones adicionales cada año. Dinero que con la puesta en reversa que le dio el MEF, ya no se verá. Más allá de, si la medida era idónea o no, lo cierto es que el gobierno no es sólido en sus decisiones y todo hace ver que el déficit en el país seguirá creciendo.

Por Tino Santander Joo

El miércoles 23 de octubre será un hito en la historia de la insurrección democrática; esta rebelión cívica es impulsada por la inmensa mayoría de peruanos que sufren la incompetencia y el latrocinio de la clase política gobernante. El bloque de los corruptos está representado en el congreso, en el ejecutivo, y en los gobiernos regionales que mayoritariamente han sido tomados por el crimen organizado.

Los transportistas, las asociaciones de comerciantes, los mercados, los trabajadores libres y los emprendedores de todo el país saben que es necesario una movilización generalizada para acabar con la delincuencia y la corrupción. Los gremios empresariales como la Confiep y otros han señalado que el paro es una respuesta a la inacción del gobierno; los medios de comunicación limeños tratan de desprestigiar la rabia y el odio de los peruanos al sistema político, son la llamada prensa mermelera que nadie escucha, ni respeta, porque apoyan a los grupos de poder y a los corruptos.

Algunos escribas del gobierno señalan que esta movilización tiene tinte político y que la rebelión se desvirtúa. La insurgencia es un inmenso río caudaloso que trae piedras, lodo, y que está a punto de desbordarse; no se dan cuenta que millones de peruanos no tienen educación, salud, agua potable, desagüe, empleo digno; crédito barato, infraestructura agraria. La percepción de abandono y degradación es asfixiante que incluso las ambiguas clases medias y altas se suman tímidamente a la movilización popular.

No olvidemos que el caos y la inseguridad que nos ahogan a todos los peruanos la promueve el bloque corrupto liderado por Keiko Fujimori en el parlamento; su estrategia es aparecer como la alternativa de la ley y el orden; son “los fachos que van a salvar al Perú del crimen organizado”, una burda versión de Alberto Fujimori. Los mastines de Keiko son: Perú Libre, Alianza para el progreso, Avanza País, Acción Popular, y los grupos de “izquierda” al que solo les interesa su salario y sus gollerías.

Keiko y sus aliados en el congreso promueven la farsa electoral del 2026; ellos creen que con treinta candidatos a la presidencia y diez mil candidatos a diputados y senadores tienen más posibilidades de ganar. El 2026 es un fraude que está organizado para que el recambio en el poder sea del mismo bloque corrupto que controla el congreso y que gobierna a través de Boluarte.

Los podridos creen que la rabia y el odio que sienten la inmensa mayoría silenciosa será olvidada en la campaña del 2026. Buscan mantener el capitalismo corrupto de los compinches estableciendo alianzas mafiosas con empresarios serviles, a los que favorecen con privilegios y monopolios; no olvidemos los delitos del club de la construcción, del Banco de crédito, y de los laboratorios que acuerdan los precios de las medicinas para la seguridad social y las farmacias de los hospitales públicos.

El país se ve dominado por el odio, el miedo, y la sed de venganza, mantenernos indiferentes nos puede traer un redentor que será peor que todos los males que padecemos ahora; para evitar el mesianismo de izquierda o de derecha; el Perú, no tiene otro camino que la revolución social liderada por los emprendedores y los trabajadores; las organizaciones sociales, los colegios profesionales; las fuerzas armadas y policiales.

Por Rafael Romero

Departía no hace mucho con Carlos Torres, director de Nacional TV Perú, Luis Alfonso Morey y Ian Paredes, compartiéndome ellos una reveladora entrevista que la semana pasada hizo Ian, joven talento de la comunicación social, al embajador Fortunato Quesada y me dieron el enlace de dicho contenido colgado en YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=u69gNF-d51g) bajo el título “Complot, corrupción y argollas en la Cancillería, entrevista a Fortunato Quesada”.

Las personas que vean esa entrevista tendrán como denominador común dos impresiones personales o reacciones. Primero: la indignación por lo injusto de un sembrado de supuestas pruebas con el objetivo subalterno de terminar, bajo un complot de escándalo en televisión, con la carrera profesional de una persona. Y segundo: la sorpresa o vergüenza ajena frente a la forma infantil y caprichosa cómo se comportan algunos funcionarios estatales, donde la Cancillería no es la excepción, demostrando bajeza, falta de profesionalismo e irresponsabilidad que harían sonrojar a cualquier gestión madura, pública o privada, del mundo.

Me enteré en detalle del caso Quesada por mi amigo Jesús Alvarado, destacado y reconocido chef, quien a mediados del año pasado decidió darme una entrevista para “Habla el Pueblo” (RBC Televisión) y romper su silencio contando valientemente toda la verdad en una historia en la cual él fue uno de los protagonistas.

Desde entonces hemos hecho el seguimiento periodístico del caso en sus diversos ángulos; pero los detalles que se acaban de revelar en el programa de Ian, no deberían ser ignorados por ningún funcionario serio, sobre todo de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Relaciones Exteriores, instancias que están obligadas a resolver este caso y darle la razón a Quesada no solo porque la tiene, sino porque fue agraviado y maltratado ilegalmente.

Veamos brevemente el hecho principal revelado por Ian Paredes, consistente en que Fortunato Quesada fue víctima de una represalia, siendo el hecho original o causal el pedido que un día de agosto del 2016 le hizo el entonces canciller Ricardo Luna a Quesada, destacado este por la Cancillería a la Dirección General de Protocolo de Palacio de Gobierno durante la gestión de PPK.

¿Qué le pidió Ricardo Luna? Que sea un soplón y le dijera todo sobre PPK, con quién se reunía y hasta con quien conversaba, sea de forma presencial o remota. Obviamente, el Director de Protocolo de entonces, Fortunato Quesada, no lo hizo y rechazó ese pedido porque no era su función; además debía ser leal con su jefe inmediato que no era otro que el presidente Kuczynski, quien enterado de esto lógicamente mostró su enfado e incomodidad con Luna.

Transcurrió el tiempo y alguien seguramente se quedó con sangre en el ojo, buscando la oportunidad de empezar a armar un muñeco contra Fortunato Quesada, lo que seguramente resultó oportuno cuando en diciembre del 2017 se iba designado como embajador del Perú en Israel.

Así, llegando al mes de marzo del 2018, se ordenó desde Lima al número dos de dicha embajada, Pedro Rubín, que inicie las grabaciones ocultas al embajador Quesada, en su casa, en su intimidad, utilizando a dos personales de servicio en la residencia del embajador peruano en Tel Aviv, uno de ellos, Jesús Alvarado y la persona era Romina Tevez.

Según lo revelado, fueron 40 horas de grabaciones, las que fueron manipuladas, tergiversadas y editadas por personal de la Cancillería hasta que se escogieron determinadas partes y las entregaron -¡como primicia de escándalo!- al programa dominical Panorama para su emisión del 17 de junio de dicho año.

Luego del programa, en cuestión de horas, se abrió un proceso de destitución contra el embajador Quesada, se le hizo venir a Lima y fue expulsado de la carrera, dizque por haber sumido a la Cancillería en un escándalo mayúsculo. Pero hoy todo indica que hubo una venganza contra él, siendo la causa del hecho el no haberse alineado en la deslealtad y la soplonería dentro de Palacio de Gobierno, cuando el 2016 fue director general de protocolo durante la gestión presidencial de PPK. Alguien le quería regresar el vuelto.

Posteriormente, a través de pruebas irrefutables existentes en 31 folios de chats de WhatsApp se descubrió que gente cercana a Luna fue artífice del complot durante el gobierno de Vizcarra (esa argolla estaba conformada por el canciller Popolizio; el vice canciller De Zela; el número dos de la embajada de Perú en Tel Aviv, Pedro Rubín; y el jefe del gabinete de asesores del Ministerio de RR.EE., José Boza).

Respecto de esos funcionarios, los cancilleres Wagner, Maúrtua, Landa, Rodríguez Mackey y González-Olaechea practicaron la política del avestruz y hasta la fecha hay impunidad al no abrirles un proceso disciplinario para individualizar la cadena de órdenes en las grabaciones ilegales a Quesada, más allá de que el complot existió. ¿O se seguirá privilegiando la corrupción en este acto delincuencial?

Recomiendo ver esa entrevista porque es un caso único en la historia de la Cancillería, sin precedentes, y daña su imagen. Estoy seguro que lo indignará y sorprenderá, evidenciándose que cosas así, baladíes, infantiles y pedestres -como el pedido inicial del entonces canciller Ricardo Luna-, son las que le bajan la llanta al Estado peruano que dizque pretende ingresar a la OCDE; y son hechos que se dan a diario en todas las entidades del Estado.

Por eso es que reinan la corrupción, las argollas, la impunidad y el atraso, razones por las cuales también se justifica que la gente realice paros de protesta y hasta debería ser la proscripción de la vendetta uno de los puntos de cualquier plataforma de lucha regional o nacional. Es decir el de condenar y rechazar a los que usan al Estado para sus complots particulares o venganzas personales.

El caso de Fortunato Quesada ha visibilizado ese tipo de taras ilegales, cobardes y de mala fe que deben acabar de una vez por todas si queremos una administración pública profesional y madura. Quesada, fue víctima de una represalia, pero cuántos casos más habrá en los ministerios, gobiernos locales, fiscalías, UGELES, comisarías, etc. Confucio decía que “saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías”. Las autoridades del Estado tienen la palabra.

Si bien el PBI aceleró su ritmo de expansión a un 3,6% interanual en el segundo trimestre de 2024, marcando su segundo periodo consecutivo de crecimiento; no obstante, esta aceleración del crecimiento económico estuvo mitigada en parte por una pérdida de dinamismo en la inversión privada. Por otra parte, la demanda externa se contrajo, con una reducción de las exportaciones debido a un menor dinamismo en los embarques de bienes no tradicionales, mientras que las importaciones crecieron impulsadas por la adquisición de insumos industriales y bienes de capital. Esto último explicaría cómo el retiro del Drawback que anunció el MEF hizo “chillar” a toda la patronal que ahora está invirtiendo “duro” en la importación de materia prima para abaratar costos de producción.

Si bien los términos de intercambio crecieron 12,5% interanual en el segundo trimestre del año, fue debido, principalmente, a una expansión de los precios de productos de exportación, como cobre, oro y de bienes agropecuarios y pesqueros. Y en menor medida, a un ligero retroceso de los precios de importación de insumos industriales y alimentos (en menor medida, aunque significativa en la actual coyuntura).

Y aquí viene el plato fuerte. El déficit fiscal acumulado en los últimos cuatro trimestres se ubicó en 4,0 por ciento del PBI al cierre del segundo trimestre de 2024, mayor en 1,4 puntos porcentuales al mismo periodo del año previo. O sea estamos manteniendo un déficit sostenido en el actual gobierno. Este aumento se debe principalmente a la contracción de los ingresos corrientes, en un contexto de menor actividad económica y precios de exportación más bajos que en 2023. El resultado del Sector Público ‘No Financiero’ del segundo trimestre de 2024 fue deficitario en 1,9 % del PBI, en contraste con el superávit de 0,5 por ciento del PBI registrado en el mismo periodo del año 2023. Ahora bien, es importante cumplir con la regla fiscal para mantener la estabilidad económica del país. Esto evita que la deuda se vuelva insostenible (que es lo que parece apunta el actual manejo de nuestra economía), si fiscalmente estuviésemos mejor de lo que estamos, podríamos prevenir posibles crisis fiscales aún mayores.

Además, respetar la regla fiscal aumenta la credibilidad del gobierno, fomenta la confianza de los inversores y puede reducir tanto los costos de financiamiento como el riesgo país. El problema es que este gobierno no genera confianza. En un tema tan delicado como el Drawback anunciaron algo y luego dieron marcha atrás. La percepción corporativa interna es por lo tanto de desconfianza. Y la externa… mejor ni preguntemos.

Cómo el déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses alcanzó el 4% del PBI, el MEF estima que el gasto en el segundo semestre será menor, debido a la ausencia de situaciones atípicas que afecten las finanzas públicas (el equipo del MEF parece que no lee los periódicos). Sin embargo, el déficit actual ya es elevado y los gastos siguen siendo altos en comparación con los ingresos, lo que está generando más endeudamiento, como ocurrió el año pasado.

Por ejemplo, en el 2023, el MEF proyectó una disminución del 6.3% en los ingresos fiscales, pero los ingresos del Gobierno Central Consolidado realmente disminuyeron un 11.2%, según datos de la Sunat. Entre enero y julio de este año, los ingresos fiscales acumularon S/ 101,794 millones, un 1.9% menos que lo recaudado en el mismo periodo de 2023. Sin duda, esto no es nada bueno.

Por un lado, el MEF estima un crecimiento del 3.2% en 2024, una cifra que supera las proyecciones de otras entidades como la agencia calificadora internacional Moody’s que mantiene su previsión de crecimiento de la economía peruana en un 2.7% y prevé que el déficit fiscal ascendería al 3.2% del PBI, 0.4 puntos porcentuales por encima de la meta fiscal. Por su parte Sura Investments prevé un crecimiento del 2.5% y el Instituto Peruano de Economía, uno del 3%.

Ahora bien, si somos realistas existe un riesgo de romper nuevamente la regla fiscal, debido a la recaudación limitada que acumulada a julio es menor que el año pasado, así como el incremento de gastos en este y el próximo año. Una nueva ruptura afectaría la confianza en las finanzas públicas, lo cual afectaría negativamente en la inversión privada y por ende en la economía, lo cual a su vez degeneraría en más conflictos sociales, que a su vez, repercutirán en el riesgo país, y conllevaría a mayor endeudamiento, más gasto y más déficit fiscal, repitiéndose el ciclo. Es decir, estamos peligrosamente entrando en una espiral; algo semejante al déficit que se vivió en las últimas dictaduras militares que sembraron la ‘tormenta perfecta’ que fue la década del 80.

Sin embargo, el MEF todavía se atreve a pronosticar panoramas alentadores, como que en 2025, el crecimiento proyectado será de 3,1% el cual supuestamente estará respaldado por la consolidación de la inversión privada, especialmente en sectores estratégicos como la minería, con una mayor inversión de proyectos importantes como San Gabriel, Chalcobamba, Ampliación de Toromocho, e inicio de nuevos proyectos mineros como Romina, Expansión de Cerro Verde, Corani y Zafranal; así como en infraestructura, donde continuarán desarrollos significativos como la expansión del Aeropuerto Jorge Chávez. Pero todo esto aún está en papel y para que ocurra solo hace falta ejecutar; y el actual gobierno y Congreso no tienen esa capacidad, ni generan confianza.

Si bien por un lado, el titular del MEF tiene todavía razón en destacar que el Perú es uno de los países con menor deuda externa (33.5%), el estimar que la inflación debería reducirse hasta 2.3% para fines de año, es algo que resulta propio de un “novelista de fantasía”. El ministro de Economía José Arista Arbildo, manifestó que el Perú posee una de las economías más sólidas de Latinoamérica, a la par de Chile. Cabría recordarle que la economía chilena está en regresión, porque su estabilidad es semejante a un edificio construido en un pantano, y esto por los efectos del estallido social de 2019, por el exceso de politización de la sociedad, pero sobre todo, por el fracaso de la administración de Gabriel Boric, quien en términos de política económica cae en una ineptitud solo comparable a la actual presidenta de Perú. Como comparación política, son tal para cuál.

Ahora bien, el PBI per cápita subió de USD 2,126 en 2003, a USD 7,790 en 2023. Esto no implica distribución. Ha habido mejoras para la mayoría, pero mucho menores a las esperadas. Son las élites las que han parasitado las ganancias de estos años sin contribuir en poco o en nada a la generación de la distribución de la riqueza. En el Perú las diferencias sociales se agudizan en el oriente, el sur grande y la sierra centro, lo cual eventualmente podría traducirse en movimientos separatistas en un mediano plazo. Esto como la opción radical más fuerte y aunque poco probable, es una posibilidad tan real como el anuncio poco probable en los años 60 de una próxima aparición de grupos de extrema izquierda organizados, cosa que ocurrió al finalizar la dictadura militar con las consecuencias que ya todos conocemos.

Las políticas macroeconómicas sólidas y prudentes que se han reflejado en un nivel de deuda pública baja, amplias reservas internacionales, un Banco Central creíble, y un sistema financiero robusto, no vienen sintiéndose en la calle. El déficit fiscal se sostiene y el gobierno no gobierna. El superávit de la balanza comercial de bienes que ascendió a USD 5 184 millones en el segundo trimestre de 2024, resultado superior en USD 951 millones al de similar periodo de 2023, aunque bueno, no se siente en la calle.

 En el papel todo se ve bien; el riesgo país de Perú alcanzó un promedio de 156 puntos básicos (pbs) en mayo de 2024, por debajo de países de la región como Brasil (202 pbs), Colombia (297 pbs) y México (300 pbs), y solo superado por Chile (118 pbs). Pero esto es solo en el papel. Si el déficit en infraestructura, en talento humano, o en servicios como el de agua… si esto no es subsanado el déficit fiscal será solo la profecía del desastre. En resumen, Perú como Chile andan en las mismas, podríamos colocar un cartel que simplemente diga: “se busca presidente”. Y quien no me crea que Boric es un incompetente, entonces que le pregunte a cualquier chileno.

El rockandroll tiene sus bases en el blues, la música gospel y los espirituals, pero sobre todo los griots africanos, esos primeros negros esclavos que llegaban a América traídos con grilletes y que muchas veces morían apaleados o ahorcados y que cantaban y bailaban sus desventuras y sufrimientos. Y se distanciaban de occidente porque “cualquiera puede ser artista, pero no cualquiera puede ser griot».

Y es que los griots no solo contaban historias o declamaban poemas, sino que eran y son la historia viva de sus pueblos subsaharianos y que aún sobreviven en Mali, Guinea-Bisáu y Senegal entre otros países. Y aunque el término griot significa “sirviente” (de la transliteración francesa «guiriot»), es también cierto que se prefiere el uso del término mandé Jeli que significa “sangre”.

Muchos poetas crecieron y escribieron sus textos al compás del jazz y el rockandroll. Allen Ginsberg decía que “el rock es la poesía moderna”. William S. Burroughs cantó con The Clash y, según muchos, fue él quien acuñó el término “heavy metal”. Después más escritores experimentarían con este género.

Por estos lados, Los Saicos fueron gran influencia para los poetas del setenta que incluían sus letras como epígrafes o dentro de sus propios textos. En los ochenta, el rock subterráneo fue de la mano con grupos de poesía como Kloaka; y en los noventa, el asunto iría in crescendo. Los “Lunes del Sapo” que afablemente dirigían Piero Bustos y nuestro amigo César N en el bar “Las Rejas” harían que ese cóctel poesía/rock se fusionara a la perfección. Legado que después asumiría el “negro” Acosta y El Averno.

Este servidor también creció escuchando rock gracias a hermanos y familiares mayores. Y cuando, en la adolescencia, se me dio la oportunidad pude fundar bandas como “Distorsión Ácida” o “África Caníbal” y después “Cirko Terror”. Y había que caminar como Patty Smith, “la madrina del punk”, quien dice que siempre tiene tres libretas: una para las canciones, otra para las novelas y una tercera para garrapatear notas sueltas o dibujos.

Mientras tanto, muchos bluseros estadounidenses se reclaman herederos directos de los griots quienes, por cierto, eran grandes danzantes y mejores coreógrafos e hicieron que sus martirios en los algodonales se convirtieran en canciones. Por ende, podemos decir que el blues y el rock primitivo fueron proletarios y, de hecho, su primer público masivo fue el mismo pueblo.

(Columna publicada en Diario UNO)

Una mesa demasiado grande donde se habló de medidas para el control de motos lineales, su regulación para un solo tripulante y la necesidad de sacar adelante normativas para enfrentar la ola de crimen en la ciudad, mientras el gobierno brilla por su ausencia.

En el marco de medidas para contrarrestar delitos perpetrados con el uso de vehículos menores, motocicletas, la primera presidenta del Congreso, Patricia Juárez encabezó una mesa de trabajo sobre el tema de seguridad con algunos alcaldes de Lima Metropolitana. Los alcaldes aprovecharon para expresar su malestar con la situación, la falta de presupuesto, de liderazgo de parte del gobierno central, así como medidas que han venido implementando. Especialmente ilustrador fue la experiencia de una ordenanza de la municipalidad de Independencia para la limitación del uso de motos lineales de dos personas, siendo estas el modus operandi de la delincuencia al paso.

Se conversó sobre que formas y cómo debería enfocarse esta nueva normativa de control de motos lineales, respetando los casos a modo de excepción de aquellos que vayan en moto por razones parentales (padres llevando hijos), y así evitar afecte el uso cotidiano del transporte de las personas.

La Mesa de trabajo dirigida por Patricia Juárez, concluyó que la disposición por la que solo una persona utilice una moto sería lo más conveniente para enfrentar la ola de crimen que se vive en las calles. La congresista se comprometió a promover un proyecto de ley el cual pase por dictamen y todo el proceso para legislar con urgencia en el próximo pleno temático una más rigurosa regulación de uso de motos lineales. «Dos distritos lo llevan como ordenanza, sería llevarlo más allá y ampliarlo» dijo la parlamentaria.

En la mesa de trabajo que duró dos horas, lo cual en términos delincuenciales se podría traducir en que durante todo el tiempo en que se reunieron los alcaldes, se dieron en Lima Metropolitana al menos cuatro casos de extorsión, ya que el promedio de extorsiones del número total de denunciados se traduce a un promedio de una extorsión cada 26 minutos. Si bien es una primera mesa de trabajo, llama la atención la presencia de una mesa de 26 personas en las que solo hablaron unas ocho o nueve personas. Es decir, gerentes de seguridad ciudadana, regidores y otros miembros del aparato de dichas municipalidades estuvieron de relleno en una mesa demasiado grande, cuando solo hizo falta una mesa más pequeña.

En la búsqueda de una solución conjunta, Juárez todavía debe calibrar mejor el comienzo de este debate público. Tiene razón cuando dijo hoy que «estamos viviendo una situación excepcional», tan cierto como que el sol sale por el este. Pero hace falta algo más que una reunión que también se pudo hacer por meet. Son al momento 14 distritos de Lima en estado emergencia, sin embargo, el alcalde de La Victoria exigió que a su distrito también se le incluya en el mismo, no obstante, otros alcaldes como el de Independencia también presente hoy, no veía diferencia respecto a un estado de emergencia cuando la presencia de militares se podía contar «por decenas» y exigió un mayor papel para las fuerzas armadas en esta coyuntura.

«Con lo limitado de nuestro personal y nulo apoyo del Estado hemos establecido nuestra estrategia frente a la delincuencia a través de nuestra policía y serenazgo», declaró el alcalde de Independencia, a lo que agregó, «hemos recibido treinta motocicletas de la Municipalidad de Lima», esto en el marco de lucha contra la delincuencia. Y sobre el estado de emergencia en su distrito señaló: «pensábamos que estado de emergencia nos daría mayor presencia policial y que la presencia de las fuerzas armadas, que se cuenta por decenas, tendría mayor protagonismo, pero eso no ha sucedido y seguimos esperando y esperamos que el ministerio muestre liderazgo cosa que tampoco no ha sucedido». A lo que agregó que «hemos decidido una ordenanza municipal que prohíbe dos tripulantes en una moto (…) Sabemos que una ordenanza municipal no solucionará la situación, pero necesitamos un mayor trabajo de la policía (…) Nos reunimos con la mancomunidad de Lima norte para implementar ordenanzas y estar de acuerdo.  Si no tenemos las estrategias del gobierno central, seremos nosotros los alcaldes los que tenemos que hacer algo (…) Privilegiamos el derecho a la vida antes que el derecho a libre tránsito».

La ordenanza en cuestión parece una buena medida, pero como el mismo alcalde refiere, solo será vigente dentro del estado de emergencia actual.

Por su parte Juárez precisó que el congreso eventualmente no prohibirá el uso de moto en cuanto a uso familiar y también se refirió en favor de proyectos de regulación en torno a los repartidores. A este respecto cabe mencionar la pugna del alcalde de Miraflores con Indecopi, lo cual hizo recordar a los presentes, esto en cuanto al control de deliverys motorizados en su distrito a través de la inscripción voluntaria a través de stickers, medida municipal la cual sin embargo ha sido considerada como una barrera burocrática conforme a las normas de Indecopi. Canales, alcalde de Miraflores refirió que esta medida es en el marco de prevención al crimen. La inscripción de las motos del servicio de delivery, se viene realizando a través de la aplicación “Conoce tu delivery” impulsada por Miraflores desde el 2023, la cual ya cuenta con alrededor de 8 000 motociclistas inscritos voluntariamente, sin embargo, una resolución del Indecopi que declaró ilegales estás medidas.

Una comisión de Indecopi la calificó como una «barrera burocrática» la disposición municipal que requiere el registro voluntario y la portación de un sticker de identificación para los conductores de motos delivery que circulan en el distrito. Sin embargo, para Miraflores dicha medida se diseñó para combatir la inseguridad ciudadana y generar confianza entre los clientes respecto a sus deliverys.

Estuvieron presentes los alcaldes de los distritos de Independencia, Miraflores, Punta Hermosa, Breña, San Luis, Pachacamac, Los olivos y La Victoria.

Las sagas de las películas ‘La noche de los muertos vivientes’ inspirada en la novela ‘Soy leyenda’ de Richard Matheson, tuvieron éxito de taquilla en el género del terror y se basan en la proliferación de zombis que persiguen a los vivos para devorarlos. En la cultura popular el arquetipo del zombi representa a seres autómatas que se quedan apáticos y flemudos ante los vertiginosos avances y desfases de una sociedad. Nuestro país se ha convertido en una tierra de ‘muertos vivientes’ y zombis que se multiplican en grupos con la mirada perdida sin saber qué hacer ni adónde ir. En Perú, la falta de educación y valores cívicos han logrado cosechar a miles de espectros humanos que apenas se reproducen para comer y consumir todo lo que sea palpable; nada más habita en sus elementales mentes. El reclamo y la protesta no forman parte de su ideario, pese a que diversos gremios han salido a las calles para exigir soluciones concretas, en realidad es una danza de zombis que motiva a los gobernantes a continuar con sus despropósitos. Asimismo, no se respetan las leyes; todo el mundo hace lo que se le antoje. Los motorizados invaden las veredas y se pasan la luz roja a vista de todos los zombis. En el Metro, una estampida de pasajeros cuando sale de un vagón no baja por las escaleras de salida, e invade las de ingreso, pese a que están señalizadas. Y en la vía pública cuando un compatriota reclama por alguna injusticia o desacato de alguna norma, el resto de zombis como si no tuvieran alma apenas lo miran y con indiferencia continúan su camino. Es decir, no existe un espíritu de cuerpo que pretenda insertar valores para mejorar nuestra nación. La fraternidad no reza para la mayoría de peruanos; nadie se involucra cuando pretendes hacer justicia o reclamas por una incorrecta acción de los demás. Cada quien soluciona su problema y la vocación de servicio ya pasó de moda, porque hoy prima la “vocación para mi servicio”. Mientras tanto, la Representación Nacional se ha convertido en la representación de ellos mismos. No por algo, una sociedad de ‘muertos vivientes’ como la nuestra ha permitido el surgimiento de media docena de presidentes ladrones que han sido procesados por corrupción.  

(Columna publicada en Diario UNO)

La Casa de la Literatura Peruana, hoy conocida como “la chacra de la literatura”, por catorce años estuvo entregando un premio literario ilegal que fue creado de manera informal por un puñado de trabajadores que durante años se sintieron dueños de la Estación Desamparados. A solo unos metros de Palacio de Gobierno durante más de una década las exjefas Karen Calderón y Milagritos Saldarriaga, embaucaron a escritores como Mario Vargas Llosa, Carlos Germán Belli, Antonio Gálvez Ronceros, Edgardo Rivera, Oswaldo Reynoso, José Miguel Oviedo, Luis Urteaga Cabrera, Carmen Ollé, Cronwell Jara, Rossella Di Paolo, entre otros, entregándoles un premio que no contaba con una resolución de creación del Minedu.

El ilegal premio venía siendo observado por el área legal de Casalit, y lo grave es que, para promover, desarrollar y premiar, se usó dinero que no estaba destinado para esos fines. Debido al escándalo de las irregularidades hace dos semanas la parte administrativa y legal del Minedu, señaló que el premio se entregaba sin respetar el principio de legalidad. Es decir, no existía un marco jurídico. Este increíble caso sucede en el Perú, porque muchas veces se designa a personajes mediocres para dirigir instituciones educativas y culturales en el Estado.

Tras el escándalo del premio, se fabricó un bulo, un fake news impulsado por el portal Epicentro. Desde ese medio digital se afirmó sin argumentos ni pruebas, que el ilustrador Juan Acevedo había sido censurado. ¿En qué se basó el medio? Pues es la imaginación de Karen Calderón y de la colombiana Clara Elvira Ospina. El medio jamás presentó ninguna prueba.

Lo curioso es que el fake news de la censura a Juan Acevedo, fue compartido en las redes sociales por el propio ilustrador, por los amigos de las exjefas de Casalit y por algunos trabajadores de la Casa de la Literatura. Luego salió un comunicado firmado por solo 28 trabajadores de Casalit. Es decir, el comunicado solo fue respaldado por el 30%, ya que la institución adscrita al Minedu cuenta con un total de 75 trabajadores.

Además, nos hemos enterado que la propia área de prensa de Casalit, se habría encargado de petardear desde dentro la gestión del director de Casalit Juan Yangali y del ministro Morgan Quero, con la finalidad de que no se investigue los 14 años de irregularidades. Lo último que se sabe es que Yangali presentó su renuncia pero aún no ha sido aceptada. Basta de victimizarse con una falsa censura.

(Columna publicada en Diario UNO)