La Fiscalía sospecharía que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez podría intentar borrar información clave de su cuenta de almacenamiento de su teléfono celular personal, y por ello le ha dado un plazo de 48 horas para que proporcione su cuenta de iCloud y contraseña, con el fin de crear un respaldo de la información almacenada en la nube.

La medida se tomó luego de que el titular del Mininter entregara un celular reseteado y sin chip como parte de una investigación en su contra. El requerimiento señala que el dispositivo no contiene información, lo que llevó a solicitar el acceso a su cuenta de iCloud.

«[…] que no hay ninguna información en el equipo, manifestando además que se proporcione la cuenta iCloud y la contraseña para poder hacer un respaldo de la información que contiene en la nube y, de ser el caso, poder extraer la información […]», detalla el documento.

La investigación en curso se debe a la difusión de grabaciones de audio en medios periodísticos que desató controversia, al involucrar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y al capitán de la Policía Nacional del Perú, Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como ‘Culebra’, quienes discuten sobre su nombramiento. En dichos audios, se revela que la presidenta Dina Boluarte solicitó a Santiváñez el cierre de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), una unidad encargada de investigar a su hermano, Nicanor Boluarte, y a su abogado, Mateo Castañeda. La filtración fue cuestionada sobre posibles maniobras políticas para obstaculizar las investigaciones.

De esta manera, la Fiscalía busca recuperar posibles datos relevantes almacenados en la nube y el acceso a posibles pruebas que puedan esclarecer los hechos investigados.

Ahora que salga la jefa de Estado a decir que todo se trata de una “percepción” por parte de un destacado medio internacional. A cualquier hora del día y en cualquier lugar de la ciudad uno no se encuentra seguro; ya no se puede salir con la familia porque en algún local de comida puede ser encañonado por los delincuentes.

Para la presidenta Dina Boluarte todo se trata de una campaña de desprestigio de los medios de prensa contra ella, y que en realidad las noticias sobre extorsión, homicidios, sicariato son una exageración y que las cifras se encuentran distorsionadas. Así también opina la “madre de todos los peruanos” sobre las encuestas, desconociendo de los resultados.

El medio estadounidense Financial Times habló sobre la inseguridad ciudadana en el Perú en el artículo “Amenazas de muerte por WhatsApp: la extorsión drena el dinero de los peruanos”, mencionando sobre las consecuencias del incremento de la criminalidad en todos los estratos de la sociedad, haciendo énfasis en las extorsiones en el sector transporte, empresarial, o las barberías.

De hecho, uno de los factores mencionados por el Financial Times como parte del problema de inseguridad ciudadana es un “vacío de poder político” causado por la alta rotación de presidentes con seis personas ocupando Palacio de Gobierno en pocos años.

“Los grupos criminales dedicados al sicariato y al tráfico de drogas han pasado a la extorsión, explotando un vacío de poder político (…)”, se lee en el artículo, que además indica que analistas consideran que una explicación al ‘boom’ criminal en el Perú podría deberse a hechos ocurridos en otros países de la región, como Colombia (desmovilización de las FARC-EP) e incluso Venezuela (expansión de pandillas).

A esto hay que sumarle un aspecto clave: la economía de estos sectores criminales llegó a tal nivel que incluso supera los recursos económicos de ministerios completos, precisamente aquellos encargados de mantener la seguridad como Interior y Defensa, además de entidades del Estado encargadas de la administración de justicia.

“El gran problema que tenemos ahora en Perú es que la enorme cantidad de dinero que se mueve en las economías ilegales eclipsa el presupuesto anual combinado del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial”, indicó Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior al medio norteamericano.

El medio internacional también indicó que uno de los motivos para este incremento de la criminalidad sería un impulso generado por normas promovidas desde el Congreso y que beneficia a delincuentes, como la modificación de grupos considerados parte del crimen organizado.

“El Congreso está aprobando leyes que favorecen la corrupción, y por eso en lugar de seguridad tenemos corrupción, y esto es algo que Boluarte como presidente está permitiendo, así que obviamente queremos que se vayan todos”, afirmó José León, un transportista entrevistado por Financial Times.

El gobernador Regional de La Libertad y dueño del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, se mostró en contra de la censura al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, quien también pertenece a las filas de APP.

En declaraciones a la prensa, Acuña Peralta hizo un llamado a las bancadas del Congreso a reflexionar y pensar en el bienestar del país, porque se requiere estabilidad y gobernabilidad. En esa línea, advirtió que una eventual censura al presidente del Congreso Eduardo Salhuana no sería bien vista por los empresarios, ni por los países aliados, lo que podría afectar la imagen del Perú y su capacidad para atraer inversión.

Estas fueron sus declaraciones textuales:

“Que las bancadas sean reflexivas, las bancadas que traten de pensar en el país. Hoy más que nunca queremos estabilidad, hoy más que nunca insisto, necesitamos gobernabilidad y una censura al presidente del Congreso no será bien visto por los empresarios, por los amigos países que quieren invertir en el Perú; entonces, una invocación a los miembros de las bancadas; reflexión.

Que actúen pensando en el Perú. Estamos casi a un año de las elecciones; esperemos que esto termine bien y esperemos que el nuevo presidente que juramente el 26, trate de encaminar a este país por un camino de progreso camino de desarrollo. (Eduardo Salhuana) goza con todo el respaldo. El presidente del Congreso tiene el respaldo de todos, hasta ahora de todas las bancadas. Recuerden que dentro del Congreso hay trece bancadas; y seis bancadas que quieren hacer noticia con lo más fácil para ellos; presentar interpelaciones, y presentar censuras. Entonces, más bien yo, qué puedo decir del Congreso de la República en calidad de excongresista. Hay mucho que hacer por Perú; hay mucho que legislar por el Perú.

César Acuña asegura que no piensa en él; sino en las nuevas generaciones

El gobernador Regional de La Libertad también pidió invocación y señaló que quiere a su país y que no está pensando en él, sino, en las generaciones que vendrán. 

“Que se concentren pensando en legislar en seguridad ciudadana que no hay nada. Que se concentren en legislar en tema económico que tampoco no dan las herramientas para que este país siga creciendo. Entonces, invocación, que yo quiero que mi país crezca. Y no estoy pensando en mí, estoy pensando en las generaciones que vengan”. 

De esa manera, sostuvo que la crisis política actual no es responsabilidad directa del presidente del Congreso, e hizo un llamado al Parlamento a que legislen sobre temas de economía y seguridad.

Como es habitual la presidenta de la República, Dina Boluarte, cada vez que inaugura algún proyecto u obra emblemática, aprovecha para lanzar en público la tesis de que su gobierno se caracteriza por tener las ‘manos limpias’ y por su incesante lucha contra la corrupción. Y hoy por enésima vez dio su perorata durante el lanzamiento del fondo concursable «Emprendedores por la Naturaleza 2025», y respondió a las críticas hacia su gobierno. En esa línea, reiteró que su mandato es trasparente y que está para servir.

Dina Boluarte reitera que tiene “las manos limpias”

La mandataria, mientras hablaba aseguró que su gobierno protegerá la biodiversidad y el desarrollo económico. Asimismo, reiteró que siempre trabaja con las ‘manos limpias’ y que no sacará provecho económico en el Ejecutivo, porque dizque sus prioridades están en las necesidades del pueblo peruano.

«Y lo hacemos, como hemos dicho; lo sostenemos, y lo diremos siempre: con las manos limpias (…) Acá trabajamos con honestidad, buscando el bienestar de nuestros compatriotas porque estamos para servir. Para eso somos gobierno, no para servirnos y lucrar (…) Seguiremos batallando, por un Perú mejor. A más mentiras y acusaciones, sin fundamento, más obras y más empleo», concluyó.

En conferencia de prensa el primer ministro, Gustavo Adrianzén, anunció que el Poder Ejecutivo que dirige la presidenta Dina Boluarte no pretende hacer ningún cambio en el gabinete ministerial y que el ministro Julio Demartini, titular del portafolio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) cuenta con todo su respaldo.

Como se recuerda, el titular del Midis, Julio Demartini de manera casi embustera declaró que su continuidad en el cargo se encontraba en evaluación luego de que se revelara que la Fiscalía inició una investigación preliminar en su contra por el caso ‘Qali Warma’. Sin embargo, al día siguiente, el presidente del Consejo de Ministros salió a responder y aseguró que le brinda todo su respaldo. Gustavo Adrianzén también aclaró que no habrá cambios en el gabinete ministerial.

«Escuché las declaraciones del ministro, no he tenido la oportunidad de hablar con él. Lo haremos seguramente en el transcurso del día. Pero si me preguntan por cambios en el gabinete, personalmente el que habla no tiene ninguna pretensión de hacer ningún cambio por ahora», declaró Adrianzén.

Julio Demartini miente al país y no renuncia al MIDIS tras escándalo de ‘Qali Warma’

En entrevista con Panorama, el aún ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) aseguró que su honra y dignidad tienen un «valor superlativo», y que por ello hablaría con la presidenta para tomar la decisión de renunciar en el tiempo más corto. Sin embargo, sus declaraciones al parecer fueron para las cámaras, porque aún no renuncia al cargo en el Midis, a pesar de las denuncias por corrupción en el caso ‘Qali Warma’ y las investigaciones contra él por parte de la Fiscalía.

«Estoy en esta evaluación, hablaré con la presidenta para tomar una decisión en el tiempo más corto en el espacio de la presidenta de la república, ve todos los temas del Estado y del Gobierno. Hablaré con ella y tomaré una decisión (…) Mi honra, mi dignidad, mi trabajo también tienen un valor superlativo y eso no lo puedo permitir», anunció en el programa dominical, sin embargo, hasta la fecha se resiste a renunciar.

El Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima concedió la medida cautelar que solicitaron los propietarios de viviendas del Asentamiento Humano «Luis Felipe De Las Casas Grieve II» en San Juan de Miraflores, suspendiendo de esa manera la demolición «total o parcial» ordenada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dirigida por Rafael López Aliaga para la construcción de la Vía Expresa Sur.

Resolución N° 1 que concede medida cautelar a propietarios de casas demolidas en San Juan de Miraflores.

El pedido legal fue presentado por los DEMANDANTES José Suarez Cárdenas, Julia De la Cruz Cárdenas, Cacilda Huayhuas Pardo, Estelita Juana Ramírez Chipana de Montañez, Valentín Montañez Supa y Ricardo Wilfredo Salazar Chacchi. Entre tanto, la decisión judicial resguardará cinco predios del AA.HH. que iban a ser afectados por la Ordenanza N° 2200, modificada por la Ordenanza N° 2666, publicada en octubre de 2024.

«Se ORDENA la SUSPENSIÓN PROVISIONAL de las «Medidas provisionales» de «demolición total o parcial», ordenadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima en contra las siguientes viviendas, que se encuentran ocupadas por los demandantes, hasta que se culmine con el procedimiento administrativo sancionador iniciados para la «recuperación de posesión de áreas de uso público», en que se encuentran involucrados, conforme a la Ordenanza N° 2200, modificada por la Ordenanza N° 2666, publicada el 26 de octubre 2024”, se lee en la parte final de resolución judicial N° 1.

PJ ordenó no utilizar ‘medida correctiva’ de demolición

En la medida, se ordena de forma provisional a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) no utilizar la «medida correctiva» de demolición, tanto parcial como total, como una medida «provisional», tal como se menciona en el artículo 16° de la Ordenanza N° 2200. Esto aplica especialmente cuando se trate de viviendas que se encuentren ocupadas. Asimismo, se solicitó a la comuna metropolitana que presente un informe, dentro del tercer día posterior a la notificación del documento, respecto al cumplimiento de la resolución dispuesta por el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJ de Lima).

Fuente: Poder Judicial.

Viviendas se construyeron hace 30 años, antes que se aprobara proyecto de la Vía Expresa

En el documento, se indica que los registros de predios de los mencionados espacios fueron expedidos ante la Municipalidad de San Juan de Miraflores (SJM) y en ellos, se especifica la delimitación señalada por cada uno de los demandantes.

«Ello quiere decir que para nada nos encontramos en los supuestos de intervención de una «medida provisional» bajo el contexto del artículo 16 antes citado. Más aún, si como queda claro las viviendas se encuentran construidas como tal desde hace aproximadamente 30 años, incluso antes de la aprobación del proyecto final de la Vía Expresa Sur», se lee en el documento.

Primero la pensión, luego la diversión. La congresista Diana Gonzales Delgado de la bancada de Avanza País acaba de presentar el Proyecto de Ley (PL) N° 9890/2024-CR que restringe el ingreso de deudores alimentarios a eventos deportivos y espectáculos de entretenimiento, incluidos partidos de fútbol y conciertos.

La iniciativa modifica la Ley 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), estableciendo que las entidades organizadoras, empresas o plataformas de venta de entradas de eventos deportivos y espectáculos de entretenimiento tendrán prohibido vender boletos a personas inscritas en dicho registro.

Asimismo, los organizadores, empresas y plataformas deberán consultar periódicamente el REDAM y actualizar sus sistemas para evitar que personas inscritas en el registro puedan adquirir entradas. Las actualizaciones se realizarán de manera trimestral.

La legisladora de Avanza País sostuvo que la medida tiene como objetivo fortalecer la protección de los derechos de los menores de edad y combatir la impunidad de los deudores alimentarios. “El incumplimiento de las obligaciones alimentarias tiene un impacto negativo en la vida de niños y adolescentes, quienes experimentan carencias en su alimentación, educación y cuidado de su salud” manifestó.

De acuerdo al texto, la norma «se basa en la noción de justicia social y la necesidad de promover una sociedad más equitativa«. De acuerdo a la legisladora, esto no incurre en ninguna falta ya que, al contar con dinero para comprar una entrada a un evento deportivo o de entretenimiento, se asume de igual manera que podría ser destinado a las obligaciones legales con los hijos.

La parlamentaria resaltó que, aunque la creación del REDAM representó un avance, no ha sido suficiente para frenar esta problemática. “Actualmente, muchos deudores pueden destinar recursos a entradas para eventos deportivos o espectáculos que, en algunos casos, superan el monto de la pensión de alimentos que adeudan”, señaló.

Finalmente, indicó que su propuesta busca generar un cambio de conducta en los deudores morosos, incentivando el cumplimiento de sus obligaciones. Además, de reforzar el mensaje de que los derechos de los niños y adolescentes deben prevalecer, sentando un precedente sobre la responsabilidad parental.

La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, no acudirá a responder al interrogatorio programado para este miércoles 15 de enero por la Fiscalía sobre el caso ‘cofre presidencial’, por el presunto encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón, según anunció su abogado defensor Juan Carlos Portugal, quien se basó en un “vericueto legal”, al alegar que la decisión de su patrocinada responde a que la Fiscalía amplió, «fuera de plazo», la investigación por el ‘caso Cofre’. «No podemos convalidar una citación con un plazo vencido», anunció este martes en RPP.

Como es de concomimiento público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, citó a la presidenta Dina Boluarte para que acuda este miércoles 15 de enero, a las 9 am., a rendir su declaración indagatoria por la investigación preliminar por esta causa, luego de que se ampliara la misma por 8 meses adicionales, por considerar y declarar el caso como «complejo».

Abogado sostiene que no acudirán al interrogatorio porque investigación se amplió fuera de plazo

Por su parte, la defensa técnica de la mandataria Juan Carlos Portugal indicó que ella no acudirá a la citación del Ministerio Público, porque consideró que la ampliación de la investigación se realizó «fuera de plazo».

“No va a asistir por una razón, y quiero ser absolutamente sincero, porque estoy convencido de que es posible que se generen titulares en donde el resumen sea ‘presidenta evade’, ‘presidenta no acude’. La presidenta de la república, el día de ayer, acudió a su quinta declaración como investigada, y en todas las citaciones [del] Ministerio Público, en el marco de una investigación con plazo vigente, acudió. Es más, en el caso Qali Warma, en su condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio Público nunca nos había convocado. Nosotros le pedimos al Ministerio Público que nos convoque para ser citados y tener el derecho a ser oídos. En este caso de la cirugía no nos citaban y le dijimos al Ministerio Público, a través de un mensaje a la nación, que nos convoque, al igual, en ese mensaje, que en el caso Cofre», explicó.

«Hasta la fecha, el Ministerio Público, después del mensaje, 10 días incluso después de que se vencía la investigación, no nos comunicó. El Ministerio Público tuvo la oportunidad de llamar durante los primeros 90 días de su investigación preliminar. Tres días después, el Ministerio Público amplía por 8 meses la investigación, en nuestra tesis, fuera de plazo», añadió.

«Por consecuencia, no es que la presidenta no desea acudir o que quiere evadir. Le pedimos que nos convoque, dentro del plazo, y no lo hizo; y por consecuencia, no podemos convalidar una citación con un plazo vencido. Si el juez supremo de investigación preparatoria, a través de una audiencia, nos rechaza la posición, por supuesto que asistiremos», culminó el defensor legal de Boluarte Zegarra.