Con ellos no es la cosa. Luego de que el Poder Judicial (PJ) ratificara la ilegalidad de la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), aún se puede constatar que varios de sus locales continúan operando con total normalidad.

Según Rubén Ramos, secretario general del partido, los más de 100 comités partidarios siguen en funcionamiento, pues “todavía no hemos recibido una notificación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el cierre de los locales”. Aunque también indicó que la defensa legal de la organización ha presentado para revertir esta decisión del PJ.

“Los abogados que tiene el partido, después de declaración de ilegalidad en primera y segunda instancia, han presentado un proceso de casación excepcional. Yo pienso, no soy abogado, que la Corte Suprema aún no notifica al JNE de esta sentencia porque está por resolverse estos recursos”, afirmó en conversación con Panamericana.

Durante el mes de febrero, el JNE ya había emitido un comunicado en el que indicaba que, por su parte, tampoco había recibido una notificación de parte del PJ para aplicar efectivamente la sentencia.

“El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informa que, hasta la fecha, no ha sido notificado con el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la República que declara la ilegalidad de dicha organización política. Por ello, nos encontramos a la espera de la notificación para dar cumplimiento al respectivo fallo”, se lee en el pronunciamiento emitido el 12 de febrero.

Las consecuencias de la ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O. por parte del PJ también podría afectar a otras organizaciones que podrían estar interesados o al menos consideran la posibilidad de postular a Humala al Congreso, pues según indicó el abogado especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos podría correr la misma suerte que el partido sancionado.

Esto es debido a que, al haber sido declarado ilegal por tener un discurso antidemocrático, también se podría considerar que cualquier partido que pueda llevarlo al Congreso avala lo dicho por Humala, por lo que también estaría expuesto a ser denunciado y declarado ilegal.

Se quiere pasar de listo. Luego de que el ‘compadrazgo’ que tiene con los miembros del Tribunal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) decidieran anular una suspensión en su contra por pagar con dinero público un curso de posgrado en España, reincorporándolo nuevamente como presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), ahora el Órgano de Control Institucional (OCI) de la mencionada entidad lo acusa de haber utilizado de manera indebida un vehículo oficial del Estado para que vaya a dictar clases a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Sin lugar a dudas, Rafael Muente Schwarz no ha aprendido bien la lección, pues el mencionado informe del OCI indica que desde el 18 de marzo de 2024 hasta el 25 de setiembre de 2024, el chofer del vehículo asignado al presidente ejecutivo del Osiptel, retiraba el auto de la sede ubicada en la avenida Del Parque Norte 1180, en San Borja, lugar donde se ubica la oficina del funcionario, para llevarlo a la casa de estudios superiores para que dicte clases de derecho administrativo.

La revisión del cuaderno vehicular da cuenta de que, en la mayoría de los casos, la movilidad salía a partir de las 5 de la tarde y retornaba a la entidad fuera del horario laboral.

Al respecto, el conductor de la unidad reconoció que trasladaba a Muente hasta la universidad en San Miguel para el dictado de clases hasta las 8 de la noche, posteriormente, lo trasladaba a su domicilio en Surco.

Incluso, afirmó que el vehículo ingresaba al estacionamiento de la universidad y permanecía allí hasta que Muente terminaba de dar clases.

Otro dato no menor es que el conductor explicó los gastos que se realizaban por el concepto de caja chica, es decir, los gastos como la cena que debía pagar mientras esperaba al presidente ejecutivo del Osiptel, según la información difundida por el diario Correo.

“De lo manifestado por el chofer, se advierte que durante el período de marzo a setiembre de 2024 trasladó al señor Muente a la PUCP de lunes a jueves, todas las semanas (…)”, se lee en el informe.

De acuerdo con datos de la Oficina de Administración y Finanzas del Osiptel, los gastos efectuados por el chofer a través de la caja chica incluyen los conceptos de alimentación y movilidad fuera del horario laboral.

“Se puede evidenciar que los traslados al señor Rafael Muente por los días lunes, martes, miércoles y jueves, a la PUCP, para el dictado de clases, no se encuentran enmarcado con los objetivos de la institución o labores institucionales del Osiptel, por el contrario, estas corresponden a actividades particulares”, señala el documento.

Para el penalista Andy Carrión, lo descrito en el informe configuraría la presunta comisión del delito de peculado de uso, porque los bienes del Estado deben ser destinados únicamente para finalidades propias de la institución.

El delito mencionado tiene una pena de 2 a 4 años, además de la inhabilitación para ejercer cargo público.

“El informe constituiría un indicio relevante para afianzar la hipótesis del delito de peculado de uso. En ocasiones el OCI emite el informe y lo deriva a la Fiscalía para que ellos actúen según sus competencias”, indicó al citado medio.

Por su parte, el presidente de Osiptel manifestó que no utilizó el vehículo del Estado para una actividad recreativa o banal, sino para una actividad académica que es absolutamente compatible con sus funciones.

“Nosotros estamos 24 horas siete días a la semana al servicio de la institución. Yo en el auto hago aprobaciones, firmo virtualmente resoluciones y más. No es que mientras estoy yendo a la universidad, me desvincule a mis funciones de Osiptel”, dijo.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), mediante la Resolución 070-2025-JNJ, oficializó el inicio de un proceso disciplinario inmediato contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, en su calidad de jueza suprema. La medida también involucra a otros magistrados y podría derivar en sanciones severas, incluida la destitución. La resolución emitida por la JNJ establece que, además de Janet Tello, otros cuatro jueces supremos de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria serán investigados: Edwin Corrales Melgarejo, Carlos Calderón Puertas, Omar Toledo Toribio y Rosa Dávila Broncano.

El caso, que tendrá como miembro instructor a Gino Ríos Patio (presidente de la JNJ), está relacionado a la labor de los magistrados durante su paso por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.

Habrían cometido falta grave

Los magistrados tienen un plazo de diez días hábiles para presentar sus descargos por escrito. Según el documento, se les atribuye una presunta falta grave en la resolución de un caso de índole laboral. La decisión fue aprobada con cuatro votos a favor y tres en contra dentro del pleno de la JNJ.

La JNJ argumenta que estos magistrados habrían incurrido en una falta grave al resolver un caso de carácter laboral en la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. El documento oficial cuenta con la firma del presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio, y señala que el proceso se enmarca en los procedimientos disciplinarios establecidos para jueces supremos.

Días antes de la oficialización del proceso, la presidenta del Poder Judicial Janet Tello manifestó su preocupación por la rapidez con la que se ha impulsado esta medida, y según su perspectiva, los procesos disciplinarios inmediatos están reservados para casos de extrema gravedad y deben resolverse en un plazo breve.

Asimismo, Janet Tello remarcó que su accionar siempre ha estado alineado con la Constitución y la normativa vigente. Asimismo, advirtió que esta decisión, en el actual contexto político, podría afectar la independencia del Poder Judicial y el equilibrio de poderes.

El congresista no agrupado Carlos Anderson Ramírez denunció que el Congreso mantiene en su planilla a 4500 «trabajadores fantasmas» que no cumplen con ninguna función específica y oficial.

El legislador aseguró en entrevista para Canal N, que, si todos los trabajadores del Congreso se juntaran en la Plaza Bolívar para que se les pase lista, saldría a la luz el gran número de empleados que en realidad no existen.

«Si convocamos a todos los empleados en la Plaza Bolívar y pasamos lista, veremos que no existen. Hay mucho fantasma aquí», aseveró.

100 trabajadores en el área de comunicaciones

Asimismo, Anderson Ramírez manifestó que la Oficina de Comunicaciones del Parlamento tiene al menos 100 empleados, pero que el resultado de sus trabajos no son equivalentes al número de los trabajadores. Además, sostiene que este problema es consecuencia de la falta de Fiscalización y asegura que el Congreso es el Poder del Estado con menor supervisión; y que por dicha situación se habría contratado a empleados sin funciones claras.

“El Congreso debería tener una presencia mediática potente, pero no es así. Nunca encontramos físicamente a estas personas. (…) «Si este equipo fuera real, el Congreso tendría una presencia fuerte en redes y medios, pero no es así», aseveró el legislador.

Congreso empezó a controlar asistencia de trabajadores

Las declaraciones de Carlos Anderson Ramírez se dan luego de que el Congreso dispusiera una nueva medida para garantizar la eficiencia en el trabajo de sus empleados. Por lo que, a través de un comunicado oficial, la Dirección General de Administración recomendó a los trabajadores que deben permanecer en sus lugares de trabajo durante toda su jornada laboral, con excepción de las autorizaciones previamente otorgadas.

Según el artículo 59° del Reglamento Interno de Trabajo, dejar el puesto de trabajo sin permiso se considera una falta disciplinaria, lo que refuerza el control sobre la asistencia y puntualidad del personal.

Solicita urgente auditoría externa

“Aquí no se trata de salir a cazar brujas, sino de aplicar sentido común y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos», refirió el parlamentario Carlos Anderson, e indicó que la Contraloría General de la República no estaría haciendo un correcto trabajo y, por ello, remarcó que se necesita de una urgente auditoría externa.

En #CuentasClaras, el legislador Carlos Anderson acusó que existen 4500 “trabajadores fantasmas” en el Congreso. Planteó una auditoría externa: "La Contraloría está pintada", consideró

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— Canal N (@canalN_) February 27, 2025

Un puesto creado de la nada y un sueldo que todos le tendremos que pagar por leer comunicados al mismo estilo que el vocero presidencial Fredy Hinojosa. Una información proveniente del diario El Comercio detalla que el coronel PNP en situación de retiro Carlos López Aedo percibirá 30 mil soles por ejercer como vocero del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, según consta en su orden de servicio.

Y es que el titular del Mininter había salido a decir anteriormente que desconocía el monto que iba a recibir el vocero/portavoz de su cartera, obviamente para no decir que López Aedo iba a ganar semejante cantidad de dinero.

Cabe mencionar que López Aedo ganará incluso más que el vocero presidencial, quien como jefe del gabinete técnico de la presidenta Dina Boluarte se lleva mensualmente 25 mil soles por estar parado todo el rato mirando a la cámara.

De acuerdo a la documentación obtenida por el citado medio, las funciones del coronel en retiro incluyen la elaboración de presentaciones que resalten los logros del sector, intercambios de experiencias en materia de seguridad ciudadana con personalidades nacionales e internacionales, y contacto con medios de comunicación, en otras palabras y sin tanto adorno de por medio: un simple mensajero.

“Respecto al servicio de gestión y vocería de difusión, el proveedor realizará lo siguiente: doce presentaciones que contengan información de impacto sobre los logros del Sector Interior para su difusión en las redes sociales; doce acciones de intercambio de experiencias con personalidades nacionales y/o internacionales en materia de seguridad ciudadana, para su difusión en las plataformas digitales del Ministerio; y doce atenciones a medios de comunicación sobre solicitudes de información relacionadas con las acciones del Sector”, expone el documento.

La creación de este puesto ha llamado la atención, ya que no existe registro de un vocero oficial en ningún ministerio del país. No obstante, parece ser una medida desesperada ante la presencia de un ministro altamente cuestionado y una percepción pública desfavorable.

El dato:

Durante su carrera policial, López Aedo fue, entre otros cargos, jefe de Comunicación e Imagen de la PNP y jefe de Interpol Lima. Cumplió 37 años de servicio.

Pasó a la situación de retiro el último 1 de enero por renovación de cuadros, mediante una resolución ministerial suscrita por el propio Santiváñez.

El parlamentario separado de Fuerza Popular y que actualmente integra la bancada de Somos Perú, Luis Gustavo Cordero Jon Tay, presentó el Proyecto de Ley N° 10343/2024-CR, que autoriza la reelección inmediata de gobernadores regionales, alcaldes provinciales y alcaldes distritales. El legislador, quien en octubre de 2023 fue blindado por la Comisión de Ética presidida por Diego Bazán, por archivar la denuncia en su contra por violencia contra la mujer, indicó que su iniciativa legislativa fortalecerá la democracia y dará continuidad a las políticas públicas.

No es la primera vez que esta iniciativa legal pretende salir airosa en el Congreso. Como se recuerda, en diciembre del año pasado el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi aseguró que restablecer la reelección inmediata por un periodo adicional ayudaría a tener un sistema político «más estable y representativo», asegurando la continuidad de quienes lo merezcan.

Sin embargo, la propuesta ha generado diversas críticas entre la ciudadanía, que en su mayoría considera que la norma se ha elaborado pensando únicamente en el beneficio de las autoridades regionales y locales, a quienes solo les interesa mantenerse en el poder.

De aprobarse la norma, modificaría los artículos 191° y 194° de la Constitución Política del Perú, que en adelante aprobará la reelección inmediata de las autoridades locales y regionales por un único periodo adicional.

«La presente ley tiene por finalidad fortalecer la democracia, garantizar la estabilidad en la administración pública y permitir la continuidad de políticas y proyectos de desarrollo local y regional, asegurando una representatividad más eficiente y coherente», se lee en el documento y pasaría a establecer que el gobernador regional, elegido conjuntamente con un vicegobernador regional por sufragio directo por un periodo de cuatro años, podría optar, de manera excepcional y por un único periodo adicional, a la reelección inmediata. El mandato de dichas autoridades sería revocable conforme a la ley.

Gobernadores felices con la medida

La iniciativa legislativa que ya fue debatida a profundidad el pasado mes de diciembre, ha sido ampliamente apoyada por las autoridades regionales. Como es el caso de César Acuña Peralta, actual Gobernador Regional de La Libertad, que aseguró que al no aprobarse «deja como gran perdedor al pueblo». Esto luego que el Pleno del Parlamento no llegara a acumular los suficientes votos para aprobar la norma.

«Como presidente fundador de Alianza Para el Progreso, lamento que el Congreso haya rechazado la reelección de alcaldes y gobernadores. Es injusto que se permita la reelección de congresistas, pero no de autoridades locales que demuestran resultados», expresó el popular ‘plata como cancha’ en su cuenta de X.

La parlamentaria ultraconservadora de la bancada de Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo, ha presentado un proyecto de ley que propone reemplazar el delito de ‘feminicidio’, por ‘asesinato de la pareja’. Iniciativa que pretende modificar el artículo 108-B del Código Penal, basándose en el «principio constitucional de igualdad ante la ley de mujeres y hombres» y según el documento oficial, esta propuesta busca evitar la discriminación por sexo.

«La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 108-B del Código Penal, reemplazando el delito de feminicidio por el delito de asesinato de la pareja, en concordancia con el principio constitucional de igualdad ante la ley de mujeres y hombres, evitando la discriminación por sexo», se lee en el documento legislativo.

De aprobarse el delito de ‘feminicidio’ será derogado

El proyecto de ley que busca la modificación del actual artículo 108-B del instrumento legal penal, pretende cambiar el fragmento que señala: «el que mata a una mujer por su condición de tal» por «el que mata a su cónyuge o su conviviente». Y de ser aprobado, el «delito de feminicidio» sería derogado y cambiado por el «delito de asesinato de la pareja», el cual sería descrito y tipificado de la siguiente manera:

«Artículo 108-B.- Asesinato de la pareja

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años el que mata a su cónyuge o su conviviente, en cualquiera de los siguientes contextos:

Violencia familiar.

Coacción, hostigamiento o acoso sexual.

Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente.

Cualquier forma de discriminación, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. La pena privativa de libertad será no menor de treinta años cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes:

Si la víctima era menor de edad o adulto mayor.

Si la víctima se encontraba en estado de gestación».

Según legisladora, el ‘feminicidio’ hace diferencias en la ley

Por su parte, la autora del proyecto de ley, la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, indicó que el «problema» con el tipo penal del ‘feminicidio’, radica en las diferencias que hace en la ley, al tratar de sancionar con «mayores penas» al homicidio contra las mujeres, así como los casos de tentativa, frente al homicidio producido por mujeres contra los hombres.

«En el mundo, el mayor número de asesinatos se produce contra los hombres», se lee en el documento de iniciativa legislativa.

No solo Julio Demartini, exministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), rechazó las acusaciones que lo cuestionan por ser parte de una red delictiva en relación con la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la Nación por presuntas irregularidades en el programa alimentario ‘Qali Warma’.

También su abogado defensor, Fernando Silva, rechazó en declaraciones a Exitosa, cualquier indicio de fuga en relación con el posible nombramiento de su defendido como embajador del Perú ante el Vaticano y destacó que Demartini no evadió ninguna citación y que ha cumplido con todas las diligencias judiciales que le fueron solicitadas, y argumentó que su conducta demuestra su arraigo al país.

Fiscalía investiga a Demartini por irregularidades en ‘Qali Warma’

La solicitud de impedimento de salida presentada el pasado viernes por la fiscal Delia Espinoza ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria se enmarca dentro de una investigación por presuntas irregularidades cometidas durante la gestión de Demartini como ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y tiene como foco una serie de omisiones en el proceso de supervisión de adquisiciones del programa alimentario ‘Qali Warma’, lo que habría resultado en la distribución de productos alimenticios en mal estado, como carne de caballo en lugar de carne de res, y conservas de pollo con hongos.

En esa línea, Fiscalía argumenta que, debido a su posible responsabilidad en estos hechos, Demartini representa un riesgo de fuga. La audiencia que determinará si se acepta o no el pedido de impedimento de salida de Demartini se llevará a cabo el próximo 4 de marzo ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. De ser aprobada, la medida impediría que el exministro deje el país durante un período de nueve meses.

Por su parte, Fernando Silva, abogado de Demartini, recalcó que el exministro ha asistido puntualmente a todas las declaraciones solicitadas por la fiscalía y ha cooperado en todo momento con las investigaciones y agregó que los funcionarios diplomáticos, como los embajadores, no pueden «fugarse» del país, ya que ingresan con pasaporte diplomático, lo que les garantiza un estatus especial ante cualquier posible inconveniente en otro país.

«Un diplomático no se va a quedar de ilegal, no puede fugarse de una instancia diplomática. Si llegara a haber alguna situación, simplemente lo deportan», explicó Silva.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el abogado de Julio Demartini en el caso Qali Warma, Fernando Silva, aseguró que no hay peligro de fuga en posible nombramiento de su defendido como embajador ante el Vaticano.

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— Exitosa Noticias (@exitosape) February 26, 2025