Una reciente investigación de la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia serias irregularidades en las contrataciones de altos funcionarios dentro del Seguro Social de Salud (EsSalud). El informe de Control Especifico n.° 075-2024-2-0251-SCE, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la entidad, revela que al menos cinco personas fueron designadas en cargos directivos en la sede central y en la red prestacional Rebagliati del Seguro Social de Salud, sin cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente, especialmente con lo dispuesto por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).

Los hechos descritos no son menores. Según el informe, de acuerdo al Plan de Control 2024 del OCI, estos nombramientos afectaron el correcto funcionamiento de la administración pública al incumplirse los criterios de meritocracia, transparencia e idoneidad que deben regir el acceso a cargos públicos de alta responsabilidad. Más aún, se sugiere la posible comisión de delitos como Falsedad Genérica, Negociación Incompatible y Aprovechamiento Indebido del Cargo.

El origen de la investigación

La Contraloría inició un Servicio de Control Específico bajo el título: “Evaluación, designación, contratación y ejercicio del cargo de directivos públicos en la sede central y en la Red Prestacional Rebagliati del Seguro Social de Salud”. Esta investigación analizó las contrataciones realizadas entre junio de 2019 y junio de 2023.

Durante este período, cinco funcionarios asumieron cargos estratégicos en la estructura organizacional de EsSalud. Todos ellos, según la Contraloría, accedieron a sus puestos sin acreditar debidamente los conocimientos, la experiencia específica ni las competencias requeridas en el Manual de Perfiles de Puestos (MPP) de la entidad de salud.

Los nombres bajo la lupa

Los funcionarios involucrados, según el informe, son:

Simón Alejandro Verástegui Gastelú – Gerente Central de Asesoría Jurídica (cuya fecha de inicio fue el 11/08/2021 y fecha de cese el 21/06/2022).

Milton John Carlos Valderrama Wong – Gerente General de EsSalud (cuya fecha de inicio fue el 09/11/2022 y fecha de cese el 22/05/2023).

Dimitri Nicolás Senmache Artola – Gerente Central de la Persona Adulta Mayor (cuya fecha de inicio fue el 04/10/2022 y fecha de cese el 06/01/2023).

Pedro Américo Tapia Méndez – Gerente de Normativas y Asuntos Administrativos (cuya fecha de inicio fue el 16/05/2022 y fecha de cese el 21/06/2022).

Rubén Ángel Emilio Chachi Vicuña – Jefe de la Oficina de Abastecimiento en la Red Prestacional Rebagliati (cuya fecha de inicio fue el 27/01/2023 y fecha de cese el 09/02/2023).

Según el OCI, sus designaciones no solo carecieron de sustento técnico, sino que fueron avaladas por funcionarios de la ‘Gerencia Central de Gestión de las Personas’, quienes habrían validado expedientes sin corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos por SERVIR y el Manual de Perfiles de Puestos (MPP) de EsSalud.

Un patrón de designaciones cuestionables

Uno de los casos más significativos es el de Dimitri Nicolás Senmache Artola, designado como Gerente Central de la Persona Adulta Mayor, nivel Ejecutivo 2. Según el informe, su expediente fue aprobado a pesar de no acreditar los conocimientos ni los programas de especialización requeridos para el cargo. La validación fue realizada por Miriam Yudith Ayala Pérez, Gerente Central de Gestión de las Personas, quien aseguró que Senmache cumplía con el perfil.

Sin embargo, el OCI demostró que la maestría que presentó el funcionario, otorgada por CEREM International Business School, no figura en la plataforma de grados y títulos de SERVIR. Este detalle pone en duda la veracidad de su formación académica. Como se recuerda, Senmache se desempeñó como ministro del Interior durante el mandato de Pedro Castillo; sin embargo, apenas duró mes y medio en el cargo, y el 30 de junio de 2022, el Congreso aprobó el voto de censura con 78 votos a favor.

Fuente: Contraloría.

Otro caso relevante es el de Rubén Ángel Emilio Chachi Vicuña, quien ocupó los cargos de Asesor II en la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE) y jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Red Rebagliati. Según el informe, su expediente no contenía la documentación que acreditara el cumplimiento de los requisitos exigidos para ambas funciones. Pese a ello, fue contratado y asumió cargos de responsabilidad sin el perfil adecuado.

Un nombramiento sin respaldo legal

Simón Alejandro Verástegui Gastelú, designado como Gerente Central de Asesoría Jurídica, también figura entre los casos observados. Aunque su expediente consignaba 13 años de experiencia, la revisión del OCI determinó que no cumplía con los criterios de experiencia específica requeridos en el Manual de Perfiles de Puestos de EsSalud. Su designación fue oficializada mediante resolución firmada por el entonces presidente de EsSalud, Mario Carhuapoma Yance, el 11 de agosto de 2021.

Cabe resaltar que el expediente fue evaluado por funcionarios como Boris Alejandro León Elguera y Silvia Frine Mateo Ramos, quienes validaron la información presentada pese a las inconsistencias encontradas posteriormente.

Uso incorrecto de formatos y requisitos omitidos

Otro ejemplo claro de irregularidad es el caso de Pedro Américo Tapia Méndez, designado como Gerente de Normativas y Asuntos Administrativos. Según el informe, los evaluadores utilizaron un formato incorrecto (FAD-12 “Gerente-Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas”) para validar su experiencia. En lugar de utilizar el formato correspondiente a la Gerencia Central de Asesoría Jurídica, se empleó uno de otra gerencia.

Esta manipulación del procedimiento permitió que Tapia Méndez accediera al cargo sin cumplir con los criterios exigidos. La responsabilidad recae en Erick Cristian Hinostroza Villacorta y Rosa Yessi Cornejo Garay, encargados de evaluar su expediente.

Un gerente general sin experiencia en el sector público

El caso de mayor gravedad corresponde al nombramiento de Milton John Carlos Valderrama Wong como Gerente General de EsSalud. De acuerdo con la Ley N° 31419 y su reglamento, para ocupar ese puesto era obligatorio acreditar al menos un año de experiencia en el sector público. Valderrama Wong no cumplía con este requisito, pero de todas formas fue designado mediante resolución de la Presidencia Ejecutiva del 9 de noviembre de 2022.

Durante su gestión, que se extendió hasta el 17 de julio de 2023, percibió un salario total de 151,617.17 soles, según el software del sistema SAP (Systems, Applications & Products), de EsSalud. Su expediente fue evaluado y aprobado por la Subgerente de Gestión de la Reincorporación, Rosa Yessi Cornejo Garay, la Subgerente de Gestión de Personal, Sandra Esther Mosto Oquendo y la misma Gerente Central de Gestión de las Personas, Miriam Yudith Ayala Pérez.

Pérdida económica y daño institucional

En conjunto, los cinco funcionarios mencionados percibieron remuneraciones por un total de 410,004.52 soles, pese a que sus designaciones no se ajustaron a los requisitos establecidos. Este desembolso de dinero público, según la Contraloría, no garantizó la idoneidad en el ejercicio de funciones y vulneró los principios de transparencia, legalidad y meritocracia.

Más grave aún es el daño institucional ocasionado. Al colocar en cargos claves a personas sin el perfil técnico requerido, se compromete la eficiencia de los servicios de salud, afectando directamente a millones de asegurados que dependen de EsSalud.

Responsabilidades y delitos presuntos

El informe de la Contraloría es categórico: los hechos evidencian presuntas responsabilidades administrativas, funcionales y penales. Se concluye que las personas implicadas no lograron desvirtuar los señalamientos del OCI, por lo que podrían haber incurrido en los delitos de:

Falsedad Genérica (alteración de documentos o declaraciones para obtener un beneficio).

Negociación Incompatible (cuando un funcionario se interesa, directa o indirectamente, en contratos o decisiones en las que tiene conflicto de interés).

Aprovechamiento Indebido del Cargo (uso del cargo público para obtener beneficios personales o de terceros).

Es preciso mencionar que El 11 de junio de 2024, la Jefa del OCI de EsSalud, Merici De Los Ángeles Huertas Navarro, remitió el Informe de Control Específico a la entonces Presidenta Ejecutiva de EsSalud, María Elena Aguilar del Águila, a través del Oficio N° 000087-2024-CG/OC0251. En dicho documento se solicitó iniciar los procedimientos administrativos correspondientes contra los funcionarios involucrados.

Conclusiones

Como resultado del Servicio de Control Especifico a los hechos con ‘evidencia de irregularidad’ practicado al Seguro Social de Salud (EsSalud), luego de revisar los expedientes de las propuestas para los cargos de directivos públicos, la Contraloría identificó una incorrecta evaluación, así como la no aplicación de la normativa de SERVIR, en las designaciones de dichos cargos.

Sin embargo, el personal de la ‘Subgerencia de Gestión de la Incorporación de la Gerencia de Políticas y Organización del Recurso Humano’ de la Gerencia Central de Gestión de las Personas, contrario a las disposiciones normativas, estableció que las personas propuestas sí cumplían con el perfil requerido para los respectivos cargos por el que fueron contratados. Situación que no solo contravino una serie de normativas en el ejercicio de la función pública; sino, que también limitó a la entidad de salud a contratar a directivos públicos en condiciones de competencia leal y efectiva—y sobre todo—se afectó el correcto funcionamiento de la administración pública.

Recomendaciones de la Contraloría

El informe no se queda en la denuncia, también plantea acciones concretas. Entre ellas, se recomienda:

Iniciar procesos penales contra las personas comprendidas en los hechos, especialmente por delitos contra la fe pública y la administración pública.

Remitir los antecedentes a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que evalúe iniciar acciones legales.

Revisar el proceso de designación de directivos públicos, asegurando que se cumplan estrictamente los perfiles establecidos por SERVIR y el Manual de Perfiles de Puestos de EsSalud.

Fortalecer los mecanismos de control interno, de modo que situaciones como estas no se repitan en el futuro.

Un llamado urgente a la institucionalidad

Este caso debe servir como advertencia. En un país donde los servicios públicos requieren con urgencia eficiencia, transparencia y profesionalismo, designar a personas sin el perfil adecuado en cargos clave es una forma de corrupción que pone en riesgo la vida y la salud de millones de ciudadanos. La investigación de la Contraloría no solo ha revelado un problema técnico o administrativo. Ha destapado un patrón sistemático de irregularidades en el proceso de designación de altos funcionarios en EsSalud. Una conducta que vulnera no solo la legalidad, sino también el principio de equidad de acceso a los cargos públicos.

Es momento de que las instituciones del Estado actúen con firmeza y que la justicia determine las responsabilidades penales, y que se tomen medidas urgentes para evitar que el aparato estatal siga siendo utilizado como botín político o personal.

Ante una severa crisis en los penales, muchos de ellos en total hacinamiento, los criminales encuentran las rejas abiertas para continuar delinquiendo. Sin embargo, el Congreso de la República aprobó ayer una reforma que faculta a los jueces poder expulsar a los delincuentes extranjeros cuando éstos sean detenidos en flagrancia.

Con 97 votos a favor, la norma fue exonerada de segunda votación y ahora queda en manos del Ejecutivo para su promulgación.

Con las manos en la masa

Los jueces penales podrán ordenar la salida del país durante la audiencia de control de detención o en las primeras 24 horas después de la captura, siempre que se demuestre de manera clara que hubo flagrancia delictiva. Es decir, que el delito fue cometido en el acto y con evidencia contundente.

El congresista Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), promotor de la norma, indica que esta reforma busca aligerar la carga procesal y actuar con mayor rapidez frente a casos donde no hay dudas sobre la culpabilidad del detenido. En ese sentido, se incorpora la expulsión como una medida cautelar excepcional dentro del Código Penal, modificando sus artículos 57 y 159.

No podrán regresar al Perú

Asimismo, una vez que la expulsión sea ejecutada, el extranjero no podrá volver al Perú durante un periodo equivalente al máximo de pena por el delito cometido. Eso significa que si se trató de un delito con pena máxima de 10 años, ese será el tiempo de prohibición para volver a pisar suelo peruano. En los casos más graves, el castigo migratorio podría alcanzar hasta 25 años.

Excepciones

En tanto, no todos los casos aplican para esta modificatoria. La ley excluye a menores de edad, personas que estén tramitando refugio y a aquellos cuya salida del país pueda vulnerar derechos fundamentales. Esto, con el fin de respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, si un extranjero afirma estar siendo perseguido políticamente y ha solicitado asilo, su situación será analizada con mayor detenimiento.

El dato:

De acuerdo a registro de Migraciones, más de 760 personas extranjeras fueron expulsadas solamente el primer trimestre del año debido a infracciones a la legislación migratoria.

¿Se imagina usted encargarle el cuidado de su hogar a un reincidente delincuente conocido por todo su vecindario? Pues imagínese por un momento que nuestros efectivos del orden estén confabulando con los mineros ilegales para que ellos puedan retirar el oro sin que nadie se les cruce por su camino, sin intervenciones, sin que ninguna autoridad se atreva a realizarles seguimiento, a cambio de unos cuantos miles de soles por su silencio.

Un colaborador eficaz de la Fiscalía ha acusado directamente al comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, de estar vinculado con la organización criminal que favorecía a mineros ilegales en Atico, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, brindando seguridad a empresas mineras y grupos mineros informales que les avisaba con antelación el día y la hora en que se iban a realizar intervenciones.

De acuerdo a un informe del dominical Panorama, un efectivo policial en condición de anónimo aseguró que esos hechos se dieron cuando Zanabria era el jefe policial de la región Arequipa en el año 2020. En esa época ocurría un conflicto entre la empresa minera formal Intigold y la empresa informal Calpa Renace, y fue justamente ahí donde Zanabria habría ayudado a ambas empresas, beneficiándose económicamente.

El efectivo encubierto manifestó que Zanabria recibía pagos en efectivo para enviar a policías para resguardar a los mineros formales, en tanto, recibía especias y oro para asegurar la continuidad de las operaciones informales, avisando con tiempo el día que se realizarán los operativos y así poder huir.

“El general Zanabria arreglaba con todos, con ambos mandos. Por eso, antes de que nos vengan a detener, nos avisaban. Sabíamos cuándo subía la PNP y todos fugábamos”, reveló.

A propósito de esas acusaciones, el comandante general respondió que esa información difundida por el citado medio dominical había sido manipulada.

“Todas están archivadas. Entonces, ahí no hay ninguna investigación contra mi persona, salvo la construcción de la Iglesia, que ya también fue materia de otro reportaje y que también ha sido adulterado. Yo estuve [en Arequipa] cuando ha sido la época del COVID y hemos estado más de un año con aislamiento social. Sin embargo, la reportera dice que había hecho operativos y no había ningún tipo de operativos durante la pandemia”, declaró a RPP Noticias.

¿Ocurrirá lo mismo en Pataz?

Esta seria acusación hace pensar si estaría ocurriendo lo mismo en Pataz, La Libertad, donde la minería ilegal viene asesinando a más de 40 personas, muchas de ellas acribilladas y torturadas, sin que avancen las investigaciones ni se dé con la detención de algún implicado. ¿Será que algunos malos efectivos estarían brindando información a los mineros informales? Y de ser así, ¿a qué manos estaría llegando las pagas recibidas por dejar pasar los camiones repletos del ilegal oro?

Entre besos, abrazos, apretones de manos, saludos a la cámara, miradas cómplices, y bastante oportunismo político que no evita disimular el nerviosismo de Dina Boluarte, se presentó a su no tan nuevo Gabinete Ministerial, el mismo que ahora estará encabezado por Eduardo Arana tras la salida (de emergencia) de Gustavo Adrianzén.

La jefa de Estado quiso darle nuevamente la confianza a la mayoría de sus ministros, entre los cuales aparecen la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Leslie Urteaga, cuestionada por las denuncias por intoxicación en el extinto programa Wasi Mikuna, el ministro Morgan Quero encabezando (o descabezando) el Ministerio de Educación, el ‘ayayero’ del ministro de Salud, César Vásquez, quien hasta ahora se mantiene en su cargo pese al escándalo de Medifarma; o el ‘franelero’ Fabricio Valencia, titular de Cultura, que no ata ni desata dentro de su cartera.

Eduardo Arana, ex ministro de Justicia y ahora premier, tendrá la dura labor de acompañar a la jefa de Estado para lo que queda de su gobierno, y para ello dentro de 30 días tendrá que acudir al Parlamento a solicitar el voto de confianza. De ser rechazado, todo ese reciclado Gabinete Ministerial deberá de presentar su renuncia; es por ello que dentro de ese plazo hasta que el premier Arana acuda al Congreso, la mandataria tratará de reforzar alianzas, sobre todo con Fuerza Popular y Renovación Popular, quienes hasta hace poco habían manifestado que votarían a favor de la censura de Adrianzén.

Es por ello que esos serán cruciales para la presidenta y su nuevo premier, quienes tendrán que sostener acaloradas reuniones con sus principales aliados políticos que le exigirían, al ver la desesperación de Boluarte por permanecer en el poder, una mayor cuota política. Y es que esos ‘animales políticos’ ya huelen la sangre que sale de la herida de la mandataria y aprovecharán el más mínimo signo de debilidad por parte de ella.

No sería improvisada la designación de Arana en el premierato, pues el abogado aún contaría con oscuros vínculos que arrastra desde su acercamiento a ‘Los Cuellos Blancos’, aquella red criminal que aún estaría infiltrada en el sistema judicial. Contactos que en un futuro cercano terminarían beneficiando a los aliados de Boluarte.

Días movidos se le vienen a la chalhuanquina, pues tendrá que hilar fino si tiene la intención de aparecerse el próximo 28 de julio para dar su mensaje a la Nación.

La tarde del 14 de mayo, la presidenta Dina Boluarte tomó juramento a Eduardo Arana como nuevo presidente del Consejo de Ministros, luego de la renuncia de Gustavo Adrianzén, cuya salida desencadenó una crisis en el gabinete ministerial. Arana se desempeñaba hasta hace pocos días como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Durante la ceremonia, la mandataria también juramentó a 17 ministros, la mayoría de los cuales fueron ratificados en sus cargos. Uno de los principales cambios fue en el Ministerio de Justicia, cartera que ahora será liderada por Juan Enrique Alcántara Medrano, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de viceministro del sector. Alcántara, abogado de profesión, ha reconocido públicamente su amistad con Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta.

Por otro lado, el canciller Elmer Schialer no participó en la juramentación, ya que se encuentra en China participando en el Foro China-CELAC, donde tiene previsto sostener reuniones bilaterales, entre ellas con el ministro de Relaciones Exteriores del país asiático.

Arana deberá acudir al Congreso en 30 días

Como establece la Constitución, Eduardo Arana tiene un plazo de 30 días para presentarse ante el Congreso de la República, exponer la Política General de Gobierno y solicitar el voto de confianza. Cabe la posibilidad de que el Parlamento le niegue dicho respaldo, lo que podría agudizar aún más la actual crisis política.

Aquí la lista de los ministros del Gabinete Arana

Ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer Salcedo, RATIFICADO.

Ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez, RATIFICADO.

Ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, RATIFICADO.

Ministro Interior, Carlos Alberto Malaver, RATIFICADO.

Ministro Justicia, Juan Enrique Alcántara Medrano, NUEVO.

Ministro de Educación Morgan Quero Gaime, RATIFICADO.

Ministro Salud, César Vásquez Sánchez, RATIFICADO.

Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, RATIFICADO.

Ministro de Trabajo, Manuel Maurate Romero, RATIFICADO.

Ministro de la Producción, Sergio González Guerrero, RATIFICADO.

Ministra de Comercio Exterior, Úrsula Desilú León Chempén, RATIFICADA.

Ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, RATIFICADO.

Ministro de Transportes y Comunicaciones, César Carlos Sandoval Pozo, RATIFICADO.

Ministro de Vivienda, Durich Francisco Whittembury Talledo, RATIFICADO.

Ministra de la Mujer, Fanny Esther Montellanos Carbajal, RATIFICADA.

Ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, RATIFICADO.

Ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, RATIFICADO.

Ministro de Cultura, Leslie Carol Urteaga Peña, RATIFICADA.

Imagínese contratar con una empresa que se presenta como especialista en seguridad privada, la misma que por ley tiene que tener todas las licencias actualizadas para que sus efectivos puedan portar armas de fuego, y que para colmo estaría registrando a sus vigilantes en planillas, pero que estas no cuenten con el permiso de intermediación laboral que concede el Ministerio de Trabajo. Y por si fuera poco le adeuda a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) más de 5 millones de soles.

Ante todas esas irregularidades, una institución seria como el Ministerio de Cultura (Mincul), presidida por el ministro Fabricio Valencia Gibaja, ¿acaso no cuenta con funcionarios competentes para revisar el perfil de los contratistas?

Aunque parezca increíble, desde el año 2023 dicho ministerio viene contratando con el Consorcio Morgan del Oriente S.A.C. – Arsenal Security S.A.C. El monto desembolsado por el Mincul asciende a S/. 13, 442,633.04 a pesar que desde un principio dicho consorcio no había regularizado ante la Sucamec su licencia de armas. Cabe enfatizar que dicho consorcio se encarga de ofrecer servicio de seguridad y su personal, para brindar eficazmente su servicio, se ve obligado a tramitar su licencia para portar armas de fuego.

Asimismo, como ya se indicara líneas arriba, el consorcio cuanta con una deuda a la SUNAT de S/5,678,987, según la última consulta realizada en el mes de mayo del presente año.

La favorita de las entidades públicas

Pero no solo el Mincul viene contratando hasta ahora a ese cuestionado consorcio vinculado al ex presentador de televisión Andrés Hurtado ‘Chibolín’, sino que otras entidades del Estado como EsSalud, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), el Hospital Nacional Docente Madre Niño Bartolomé, el Ministerio Público, el Ministerio de Educación, entre otras, aceptaron firmar un contrato con una empresa que una lista larguísima de denuncias, las mismas que van desde incumplimiento de contrato de sus vigilantes, deudas hacia los mismos, así como irregularidades con las licencias para portar armas.

Mincul continúa contratando con el consorcio

Hasta el momento, el ministerio liderado por Fabricio Valencia continúa contratando con el Consorcio Morgan del Oriente S.A.C. – Arsenal Security S.A.C., de acuerdo a los últimos servicios de contratación celebrados.

Es así que el 28 de enero se celebró un contrato equivalente a S/. 32,736.06, y posteriormente, el 2 de marzo el Mincul le pagó S/327,359.79 por servicios de seguridad, lo que hasta el mes de mayo este consorcio acumuló un total de S/. 1,260,807.82 solo con el sector cultura. 

En medio de la expectativa por la conformación del nuevo Gabinete Ministerial, el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, curiosamente fue visto ingresando a Palacio de Gobierno este miércoles 14 de mayo. Su llegada ha despertado especulaciones sobre una posible reincorporación al Gabinete Ministerial del Ejecutivo.

Santiváñez arribó en una camioneta roja marca Jeep de lunas polarizadas, que ingresó por una de las puertas laterales del recinto presidencial. El vehículo, de acuerdo con registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), pertenece a Sharon Patricia de la Cruz Mori, una proveedora de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien durante la pandemia del Covid-19 en el 2020, dotó de mascarillas quirúrgicas a la institución policial.

Cabe señalar que Santiváñez actualmente se desempeña como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, además de integrar el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

La propietaria del vehículo, Sharon de la Cruz, ha estado vinculada a investigaciones que derivaron en sanciones contra diversas empresas proveedoras del Estado, lo que añade un elemento controversial a este episodio.

El exministro del Interior, Juan José Santiváñez, llegó a Palacio de Gobierno en medio de la tensión por el nombramiento del nuevo Gabinete Ministerial. Extitular del Mininter fue captado arribando en un vehículo que pertenece a una proveedora de la PNP.

De acuerdo a la información obtenida por nuestro medio, la camioneta roja con lunas polarizadas en la que estaba Santiváñez ingresó a Palacio de Gobierno por una de las puertas laterales. Tras ello, se generó un inmediato despliegue de contingente policial.

Además de Santiváñez, en un momento posterior, llegó también el renunciante ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, quien tal solo el último martes 13 de mayo, juró como nuevo titular en dicha cartera luego de permanecer por un corto tiempo como líder del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Cabe mencionar que la presencia de Santiváñez ha generado diversas teorías sobre su posible participación o influencia en la conformación del nuevo gabinete ministerial. El extitular del Mininter actualmente se desempeña como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial; además, fue designado miembro del Consejo Directivo de la Sucamec.

La camioneta roja

De acuerdo al registro de Sunarp, el vehículo que transportó a Santiváñez hasta el Palacio de Gobierno, este miércoles 14 de mayo, pertenece a Sharon Patricia de la Cruz Mori, proveedora de la Policía Nacional del Perú (PNP). Un detalle bastante importante es que la fémina estuvo involucrada en denuncias que motivaron sanciones a diversas empresas.

Continua la tensión en la capital. El vicepresidente de la Asociación Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, saludó la salida de Gustavo Adrianzén Olaya de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Acto seguido, en el contexto del paro nacional de transportistas, exigió la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia de la República, señalando su inacción frente a la creciente ola criminal que afecta al país.

Mientras tanto, este miércoles 14 de mayo se lleva a cabo un paro convocado por gremios de transportistas, en protesta por la falta de liderazgo y voluntad política del gobierno para enfrentar con firmeza la escalada de extorsiones, que no solo afecta a su sector, sino también a la educación, el comercio y la construcción civil, entre otros.

Un día antes de esta movilización, Gustavo Adrianzén renunció a la jefatura de la PCM, en medio de una creciente oposición en el Congreso, donde ya se contaban los votos necesarios para censurarlo. En una entrevista Julio Campos calificó de acertada la decisión del ahora expremier de dar un paso al costado.

«Que ha renunciado Adrianzén, creo que es bueno y saludable y que se pueda nombrar un premier de un más alto nivel para que pueda conducir y de esa manera todos los ministros puedan cambiar y buscar profesionales en cada ministerio. No se esperaba la renuncia a vísperas de hoy que iba a ser censurado, pero lo saludamos», declaró Campos y también se refirió a la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, e hizo un llamado a que siga el ejemplo de Adrianzén y renuncie a su cargo.

Él criticó su falta de respuesta efectiva ante la inseguridad ciudadana y su responsabilidad en la promulgación de leyes que —según afirmó— han favorecido a la criminalidad.

«Tan igual como él debe renunciar Dina Boluarte. Tiene las suficientes acumulaciones de que el Congreso pueda hacer la vacancia correspondiente. De igual manera, que puede hacer un Gobierno de transición para poner paños fríos y combatir la inseguridad y derogar todas estas leyes procrímenes donde durante su periodo de Dina ha hecho mucho daño al país», culminó ante las cámaras.