El Gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, no cumplió con su obligación de someterse al escrutinio público y evadió a la prensa tras reaparecer en una Asamblea de Gobiernos Regionales, en La Molina, donde también participó el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho.

“El prestador” de Rolex presidenciales, Oscorima Núñez, se negó a responder las preguntas de los periodistas y argumentó que no declarará porque está en calidad de investigado en caso Rolex.

Al momento de retirarse del evento y al ser abordado, Oscorima Núñez, únicamente respondió:

“No voy a dar ninguna declaración, porque yo estoy en este momento en calidad de investigado (…) Quisiera que respeten eso, no voy a declarar nada.

Los hombres de prensa tampoco replicaron, tal como lo exige su rol de buscar la noticia y se quedaron sin respuesta, ante las interrogantes, sobre cómo tuvo una reunión en el Palacio de Gobierno con el exministro Alex Contreras y la mandataria Dina Boluarte, sin ser registrado; y sobre si los Rolex adquiridos en el extranjero habían pagado impuestos y ¿cómo pidieron 100 millones de soles para el estadio de Ayacucho? si el recinto deportivo le pertenecía al Instituto Peruano del Deporte(IPD), y no al Gobierno Regional.

La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República aprobó por unanimidad el dictamen recaído en los proyectos de Ley 6832/2023 y 7410/2023, que con texto sustitutorio propone facultar el bloqueo de la línea telefónica utilizada para amenazarla.

Esta iniciativa fue aprobada durante la sesión y audiencia pública descentralizada que llevó a cabo el citado grupo parlamentario, que presidente el congresista Eduardo Salhuana Cavides (APP), en el departamento de la Libertad.

El congresista Diego Bazán (Avanza País), autor de una de las iniciativas, señaló que la víctima podrá solicitar el bloqueo o la baja de las líneas telefónicas utilizadas para el delito, siempre y cuando tengan la constatación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y tengan la constatación emitida por esa entidad.

“Corresponde a Osiptel requerir a las empresas operadoras de servicios públicos móviles de telecomunicaciones, a pedido de las víctimas de llamadas o mensajes extorsivos que presenten la constatación policial correspondiente, el bloqueo o la baja del servicio público móvil, dentro del plazo de 72 horas de recibida la solicitud“, dijo.

Más de 5 mil denuncias de extorsión en el primer trimestre de este año

Durante el primer trimestre del 2024, la PNP registró un alarmante incremento en las denuncias por extorsiones, superando las 5.000 incidencias. Si la tendencia persiste, la PNP proyecta cerrar el año con más de 20 mil 000 hechos denunciados.

Este número representa un aumento del 14% en comparación con el mismo periodo del 2023. La escalada en el número de casos involucra a una amplia gama de víctimas, incluyendo instituciones educativas y figuras públicas.

Otros proyectos aprobados

Además de esta medida, la Comisión aprobó por unanimidad un proyecto de ley que declara la necesidad pública y el interés nacional de varios proyectos de infraestructura en diferentes regiones del país, incluyendo el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Estas obras tienen como objetivo impulsar el desarrollo descentralizado del país y no conllevan un gasto adicional, ya que no implican la creación de nuevas obras públicas.

En una agenda cargada, la Comisión también organizó una audiencia pública para discutir la implementación y ejecución de diversos proyectos de inversión en infraestructura vial, puentes, telecomunicaciones y otras áreas de desarrollo local en varias regiones del país.

Los congresistas que pertenecían al grupo parlamentario Perú Libre, a iniciativa del legislador Guido Bellido Ugarte, presentaron la Ley de Reforma Constitucional que modifica el artículo 60° de la Constitución Política del Perú.  

El proyecto de ley tiene como objetivo realizar una reforma constitucional en dicho artículo del capítulo económico de la Carta Magna, a fin de eliminar el carácter subsidiario de la actividad empresarial del Estado.

En ese sentido, la Constitución vigente del año 1993 dice en su acápite:

Artículo 60°. – El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.

Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.

La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.

Entre tanto, la propuesta de modificación que plantea el congresista Bellido Ugarte, se da en los siguientes términos:

Artículo 60°. – El Estado Artículo 600. El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.

El Estado, autorizado por ley expresa, puede realizar actividad empresarial directa o indirecta, por razón de alto interés público y de manifiesta conveniencia nacional, sobre sectores estratégicos de la economía del país a fin de alcanzar los objetivos de desarrollo nacional.

La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.

Con este proyecto de reforma constitucional se pretende eliminar el principio de subsidiariedad de la actuación del Estado peruano en la economía, que se encuentra entendida como el ejercicio del rol excepcional del Estado para poder intervenir en la actividad empresarial, solo cuando los particulares no participen en un determinado mercado o cuando no satisfagan su demanda, por razón de alto interés público, de manifiesta conveniencia nacional y sujeto a que dicha actividad empresarial se autorice mediante una ley expresa. Es decir, dicha subsidiaridad condiciona y limita la intervención del Estado en la economía nacional.

¿Cuál será el impacto de la propuesta de la norma?

Finalmente, La presente iniciativa de reforma constitucional permitirá que el Estado pueda participar activamente en la economía peruana, garantizando su eficiencia velando por el interés público y el desarrollo económico, lo cual incidirá en el ámbito macroeconómico, microeconómico e institucional del Estado peruano.

La aún esposa del congresista Darwin Espinoza sería una pieza más de ‘Los Niños’, según declaraciones de un colaborador eficaz. Una investigación periodística dijo cuenta que el colaborador indicó que la esposa del parlamentario, Bélgica Arangoitia, habría servido de “tesorera” de la presunta organización criminal conformado por parlamentarios que en la actualidad se encuentran investigados de ser parte de una red de corrupción enquistada en el Estado y que sería liderada por el ex presidente Pedro Castillo.

De acuerdo con el programa Cuarto Poder, el legislador Espinoza Vargas, acusado de utilizar irregularmente recursos y personal su despacho congresal para la inscripción de un partido político, llevó a su esposa al domicilio de la empresaria Sada Goray, en el distrito limeño de La Molina, quien actualmente cumple prisión preventiva por el presunto delito de colusión agravada y lavado de activos como parte de las investigaciones por el caso Fondo Mivivienda’.

En su declaración ante el Ministerio Público, el colaborador eficaz relató: “Indicando que [en] una de las reuniones, el congresista llevó a su esposa Bélgica Arangoitia (…) y según había informado el congresista, su esposa era tesorera del grupo de los diez congresistas, es decir la encargada de manejar el dinero”.

Según la hipótesis fiscal, los congresistas implicados en el caso ‘Los niños’ habrían ayudado, a cambio de dinero, a que la empresaria Sada Goray pueda colocar personas de su confianza en importantes puestos de determinadas entidades del Estado; y de esa forma, beneficiar así a su inmobiliaria Marka Group.

Cuando se le consultó a Darwin Espinoza sobre si su esposa participó en reuniones con Goray Chong, respondió: “No, es mentira. Mi esposa no se mete en temas políticos”.

La participación de Bélgica Arangoitia en Sencico, según colaborador eficaz

El programa dominical también refirió que el colaborador eficaz mencionó que, en la casa de Sada Goray, Darwin Espinoza explicó qué dependencias estatales eran dominadas por ‘Los niños’.

“Respecto de Sencico, este era manejado por el congresista Darwin Espinoza y su grupo conformado por 10 congresistas, quienes tenían el manejo de cuatro organismos: Sencico, Produce y no recuerdo los otros dos. Entonces, Sada Goray realizaba las coordinaciones ilícitas con este congresista para las designaciones en estos organismos del Estado”, detalló.

De hecho, las designaciones de persona vinculadas a Sada Goray sí se concretaron. Por ejemplo, Luis Mesones, ex esposo y socio de la empresaria, fue nombrado viceministro en el Ministerio de Producción en diciembre de 2021, mientras que Gonzalo Arrieta y Roger Gavidia fueron presidentes ejecutivos de Sencico en el 2022.

La investigación periodística acotó que un sindicato de Sencico (Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción) acusó a Bélgica Arangoitia como la encargada de colocar en esa institución a personas que apoyaron la campaña electoral del hoy legislador por la región Áncash. Las pruebas que presentaron fueron chats del 2022 entre la esposa de Espinoza y una de las denunciantes.

No tiene ni para el té. La ex candidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no cuenta oficialmente con bienes a su nombre, tras haber transferido la herencia de su madre a sus hijas menores de edad; todo ello ante un posible embargo judicial, según un informe del semanario Hildebrandt en sus Trece (H13).

La política, que ha sido sujetada a prisión preventiva en dos oportunidades por acusaciones de lavado de activos, se enfrenta actualmente a un pedido de la Procuraduría que exige una reparación civil de 151 millones de soles. Sin embargo, su estrategia parece ser dejar sin opciones al Estado en caso de que el Poder Judicial decida en su contra.

Según registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) citados por el semanario H13, la única propiedad a nombre de Keiko es una camioneta Subaru Forester comprada en 2017 por 35,000 dólares. A pesar de estar embargada por disposición del juez Víctor Zúñiga, ha conservado la posesión del vehículo, ya que es el único de la familia.

En el ámbito empresarial, la lideresa tiene participaciones en tres empresas y una asociación. De ellas, están activas Fuerza Popular, cuya participación no puede ser objeto de embargo, y Kyara29 EIRL, una empresa creada para operar el negocio de su hija influencer, con un capital social de 1,000 soles. Por otro lado, Fujimori y Mark Vito, su ex esposo, no han establecido un patrimonio familiar en conjunto.

Sus hijas son menores —tienen 16 y 14 años—, por lo tanto, cualquier disposición sobre su patrimonio requiere del consentimiento de su tutor legal, que puede ser su madre o su padre.

El patrimonio heredado se compone de cuatro inmuebles, una camioneta y tres motocicletas. Estos bienes, valorados en más de cuatro millones de dólares, incluyen una destacada casa en el distrito limeño de San Borja, donde Keiko y sus hijas residen actualmente. Dado que la herencia es indivisa, es necesario que los hermanos lleguen a un acuerdo sobre cómo distribuir estos activos.

Como se recuerda, en diciembre de 2023, el juez Víctor Zúñiga Urday dio inicio al proceso penal contra la lideresa de Fuerza Popular por supuestos aportes ilegales de Odebrecht a sus campañas electorales. Además, el magistrado ordenó una serie de reglas de conducta a Fujimori, y a otros investigados, como la prohibición de no cambiar de domicilio fiscal sin previa autorización judicial y no comunicarse con el resto de imputados, testigos o peritos.

El dato:

A finales de 2021, Susana Higuchi, madre de la política, falleció sin dejar testamento, lo que llevó a sus hijos a iniciar un proceso de sucesión intestada debido a su considerable patrimonio. Registros públicos indican que Higuchi contaba con hasta 34 inmuebles y 22 vehículos a su nombre, aunque en los últimos 15 años de su vida, vendió la mayoría de sus activos.

El abogado y periodista Luis Alfonso Morey, conversó con Lima Gris sobre la justicia politizada en el país, la situación de la presidente Dina Boluarte, su proceso judicial con el presentador Phillip Butters y la persecución contra los periodistas. Según Morey Estremadoyro, en su caso se ha utilizado a la fiscal Miriam Jáuregui, quien no tiene buena imagen por su actuación frente a los “Cuellos blancos”.

Luis Alfonso Morey considera que las acusaciones en su contra son injustificadas y tiene por objeto desestabilizar a un periodista o a una persona que es propietaria de un medio de comunicación que es crítico al gobierno o al régimen autoritario de Dina Boluarte.

“La señora Jáuregui ha sido completamente arbitraria, completamente injusta, en mi caso, me ha tratado como si yo fuese un delincuente, y eso no lo voy a permitir en ningún caso. Tengo que levantar mi voz de protesta cuando es objeto de una persecución o acusación completamente jalada de los pelos”, señala Morey.

Además, agregó: “La gente va a obligar a la señora Boluarte a que se vaya a su casa y así se va a recomponer todo el sistema. Es insostenible un régimen basado en la mentira, plagado de corrupción; por cosas mucho menores han caído otros gobiernos”.

Aquí el video de la entrevista completa.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien en plena campaña electoral prometía que a Lima la convertiría en una ‘potencia mundial’ y que acabaría con las millonarias consultorías, ha gastado casi millón y medio de soles en consultorías durante un año y medio de su gestión.

Según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), López Aliaga desembolsó más de S/1.400.000 soles en consultorías durante el primer año y medio de su administración edil, superando significativamente a su mentor, Luis Castañeda Lossio, quien cuando fue alcalde de Lima, gastó aproximadamente S/358.965.28 en consultorías en 2015 y S/194.000.00 en la mitad de año del 2016.

Tras detectar este gasto millonario en consultorías, lo que resulta inexplicable es observar los videos donde se aprecia a López Aliaga, líder del partido Renovación Popular, prometer austeridad en el uso de los recursos municipales; sin embargo, las cifras del Seace revelan lo contrario, y señalan consultorías millonarias para supervisar obras y desarrollar proyectos de infraestructura en Lima.

La administración de López Aliaga gastó en consultorías de diversas áreas; sin embargo, se enfocó mayormente en la supervisión de obras. Según el Seace, algunas de las contrataciones de consultoría realizadas en 2023 incluyen lo siguiente:

Las consultorías de López Aliaga en 2023 costaron aproximadamente S/966.913.19. Y en 2024, fue más de S/448.526,41, con inversiones en auditorías, estrategias para posibles litigios internacionales y supervisión de obras adicionales.

Prácticamente, en solo un año y medio, la gestión del popular ‘Porky’ gastó en consultorías aproximadamente S/1.415.439,6.

Municipalidad Metropolitana contrató consultorías para obras de Lima de 2023. Foto: SEACE

Entre las contrataciones de consultorías destacan las siguientes:

De acuerdo al Contrato N° 017-2024-MML-OGA-OL, se contrató consultorías para expedientes técnicos de los proyectos de construcción de ciclovías en 3 avenidas de Lima Metropolitana; creación de ciclovías en la avenida San Felipe en Comas; creación de ciclovías en la avenida Aramburú en San Isidro y Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en infraestructura cicloviaria en la avenida Francisco Pizarro en el distrito del Rímac.

Contrato N° 017-2024-MML-OGA-OL, de consultorías contratada por MML. Foto: Seace

De manera indirecta, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Walter Ortiz Acosta, deslizó que la justicia nacional es muy endeble y poco efectiva con el sicariato y otras organizaciones criminales, dejándolas en libertad es reiteradas ocasiones. Teniendo a la inseguridad ciudadana como algo tan recurrente, el ministro expuso una propuesta insólita para combatirla. El miembro del Gabinete Ministerial planteó enviar a los sicarios a Estados Unidos para que la justicia norteamericana se encargue de procesarlos y encarcelarlos.

Además, el titular del Minister señaló que los delincuentes que sean tipificados como terroristas podrían ser enviados al país anglosajón para ser juzgados en base a sus leyes y cumplir penas de prisión efectiva en sus cárceles.

Con el respaldo del ministro del Interior, el Perú buscaría entablar diálogo con Estados Unidos a fin llegar a un acuerdo bilateral que permita enfrentar el problema del sicariato y el crimen organizado en nuestro país. 

“Estamos entablando un diálogo con Estados Unidos porque ellos sí reciben a los terroristas. En todo caso, estos extranjeros ya no se van a pasear con las leyes peruanas, pero van a ir a Estados Unidos”, expresó Ortiz Acosta. 

Al respecto, el abogado especialista en extradiciones, James Rodríguez, dejó entrever que la propuesta del ministro Walter Ortiz no podría ejecutarse debido a que no existe un tratado bilateral que corresponda a este tipo de acuerdos. 

“En base a las declaraciones del ministro del Interior, no puedo entender en qué contexto lo habrá dicho porque actualmente no se encuentra vigente algún tratado bilateral con Estados Unidos para enviar a las personas procesadas o sentenciadas por terrorismo”, indicó. 

La descabellada idea de enviar a los sicarios a E.E.U.U. es irreal teniendo en cuenta que aún no se ha puesto en carpeta la tipificación penal que modificaría la manera de juzgar a este delincuente. “No se está haciendo nada, (…) quienes están al frente desconocen sus funciones o no tienen la mínima idea de cómo hacer sus funciones”, agregó el ex ministro del Interior, Mariano González.