Política
Demanda competencial que presentó el Ejecutivo es improcedente
En estos momentos todos se preguntan ¿Es correcto iniciar un proceso de vacancia por incapacidad moral? la respuesta es: más allá que sea correcto o no, la vacancia es una prerrogativa que le compete solamente al Congreso y además obedece a una cuestión política. El tema es estrictamente político en el sentido que quizá no sea conveniente remover a un presidente en plena emergencia sanitaria y sobre todo si estamos a pocos meses de los comicios electorales, no obstante, ese no es el fondo del asunto.
Ahora bien, si nos ceñimos al aspecto jurídico, en ese sentido el Congreso también está totalmente facultado a vacar a un presidente. La incapacidad moral permanente surgió en el siglo XIX y tiene apenas cuatro precedentes en la historia de la República peruana. El primer caso fue en el año 1823 con el presidente José de la Riva Agüero en 1823 y se le destituyó por incapacidad moral y posteriormente en el siglo XX con Guillermo Billinghurst en 1914. Luego en el siglo XXI, con Alberto Fujimori en febrero de 2001 y finalmente, con Pedro Pablo Kuczynski que fue vacado por la causal de: Aceptación de su renuncia por el Congreso.
Esta figura es cotidiana en el derecho internacional latinoamericano; incluso en Estados Unidos perdura el impeachment, que significa: destitución o acusación constitucional. En ese sentido, cabe recordar que la mentira ha sido una causal relevante para deponer a un presidente norteamericano, como bien fue el caso de impeachment de los presidentes Richard Nixon y luego Bill Clinton, que en resumidas cuentas mintieron a su país, aunque eso no haya constituido delito. Sin embargo, en el actual escenario peruano, la naturaleza de este conflicto competencial ha sido distorsionada por los opinologos de una forma absurda; pues, en un conflicto competencial se debe dilucidar la facultad entre dos órganos del Estado para resolver quién es realmente el que tiene competencia de decidir o fallar sobre un acto entre ellos.
La opinión pública debe entender que la figura de la vacancia presidencial no es un instrumento que lidia con aspectos penales; en ese sentido, queda claro que no se puede acusar al presidente de la República durante su periodo, porque éste goza de inmunidad presidencial; a excepción de casos como: traición a la patria, por disolver el Congreso sin la aplicación del artículo 134° de la Constitución, y por impedir elecciones generales, tal como señala el artículo 117° de la Carta Magna. No obstante, la vacancia presidencial si bien no es penal, ésta se constituye como fáctica, en el sentido de que siempre habrá la posibilidad real de que un mandatario muera, renuncie al cargo, salga de suelo peruano sin permiso del Congreso, o no regrese en el plazo fijado. Además, vale decir que esta figura de la incapacidad moral permanente cobra más sentido porque técnicamente se le denomina como un concepto jurídico indeterminado, porque es genérico y abstracto; es así que sus límites no pueden ser precisados en un enunciado o en una cartilla de acápites. Ergo, tal concepto no tendría por qué ser tipificado porque es de naturaleza política.
No obstante, algunos penalistas ahora están saliendo con el rollo que se tiene que tipificar; sin embargo, como ya lo mencioné anteriormente, en los pocos pedidos de vacancia de nuestra historia, la interpretación de esta figura ha sido meramente política. Pero en estos momentos una facción que simpatiza con Martín Vizcarra, arremete y opina que al presidente de la República no se le debe acusar y que luego se le deberá investigar. ¿Y quién está hablando de acusación o investigación? Evidentemente, ese menester se tendrá que dar después del 28 de julio de 2021, pero aún no, ya que en ese caso estamos hablando de un aspecto meramente penal. Ahora bien, la vacancia no es una acusación al Presidente. La vacancia propiamente dicha es una atribución que goza el Congreso para aplicarla si se presenta el momento indicado contra un mandatario.
Recordemos que el presidente del Congreso disuelto, Pedro Olaechea también inicio una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional en contra del Poder Ejecutivo al mando de Martín Vizcarra y a pesar del absurdus que pretendía aquel exlegislador, el Tribunal la admitió a trámite y se aplicó el principio pro actione, pero finalmente el fallo fue declarado infundado, porque un Congreso que ya no ejercía sus funciones no podría expedir acuerdos posteriores y eso se constituía como un imposible jurídico, considerando que nunca existió un menoscabo en sus ejercicios y facultades.
Si tan solo aplicáramos un razonamiento elemental, podemos precisar que cuando una institución del Estado sabe perfectamente cuál es su competencia, no debe realizar un ejercicio o atribución indebida que no le corresponda, justamente porque ante esa trasgresión ya no goza de la competencia respectiva que pueda invadir el ámbito de la otra institución. En ese sentido, una demanda competencial únicamente se debe interponer cuando entre dos órganos del Estado, uno de ellos interfiere en las atribuciones y competencias del otro. Y ese no es el caso en esta coyuntura del pedido de vacancia que está tramitando el actual parlamento, sencillamente porque está basado en un precepto constitucional. Leer bien el artículo 113° inciso 2 de la Constitución: La Presidencia de la República vaca por su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. En otros términos, eso quiere decir que la atribución y/o competencia de vacar a un mandatario es exclusivamente del Poder Legislativo, y no del Poder Ejecutivo ¿Acaso en la Constitución se señala que el Poder Ejecutivo puede vacar a su presidente? Obviamente que no, pues, un presidente de la Nación no puede vacarse a sí mismo. Sin embargo, si bien el Ejecutivo a través de su ministerio de Justicia tiene todo el derecho de interponer este absurdo jurídico; no obstante, el Tribunal Constitucional ni siquiera debería admitir dicha demanda competencial. Asimismo, la ministra de Justicia Ana Neyra como parte de la estrategia presidencial habló de interponer una Medida Cautelar con el único afán de suspender la pronta sesión del Pleno que se llevará a cabo el viernes 18 donde deberá asistir el presidente Martín Vizcarra para ejercer su derecho a la defensa y donde probablemente a través de los votos llegue a ser vacado. La estrategia de los “abogados” de Vizcarra pretende ganar tiempo para así tumbarse el Pleno de este viernes, considerando que la medida cautelar sirve justamente para eso: para suspender y/o congelar un “tramite” o “acto” hasta que la demanda se resuelva al final con el fallo del Tribunal Constitucional y éste, por lo menos tardaría dos meses y por eso, la pretensión estratégica del gobierno es que en todo ese tiempo Martín Vizcarra continúe gobernando.
Así las cosas, cuando el tribuno Eloy Espinoza-Saldaña normalmente sale en los medios y los periodistas le preguntan sobre un caso específico que está en curso en el Tribunal Constitucional, él siempre dice que no puede adelantar opinión; sin embargo, ayer en un programa dominical se despachó con todo y aseveró irresponsablemente:
“Nosotros lo que tenemos es el poder de paralizar el trámite del proceso de vacancia si consideramos que hay elementos, indicios, de violación de competencias de quien ha presentado la demanda. Si eso significa que el día 18 estaba programada una sesión para vacar al presidente y hay una cautelar dada por nosotros, esa sesión no podría darse”. “Espero que la presidencia del TC nos alcance de inmediato la demanda porque el martes tenemos sesión y aun cuando no está programado, el tema tiene la urgencia suficiente como para poder entrar a discutir, definir quién va a ser el ponente y lo más importante, resolver el martes o el jueves a más tardar si se admite la demanda y si se admite o no la medida cautelar”.
Prácticamente, Espinosa-Saldaña ya está anunciando con antelación que el Tribunal Constitucional admitirá la demanda competencial y la medida cautelar porque deberán resolver con premura a más tardar el jueves, porque como el caso es de urgencia, se trabajará de manera express; y eso es casi imposible porque el Tribunal no puede ni debe resolver esta demanda apenas en tres días y lo mismo con la medida cautelar. Sin embargo, con este TC presidencialista, todo es posible.
En esa línea, esta mañana el Poder Ejecutivo finalmente presentó al TC la demanda competencial y la medida cautelar, con el afán que el máximo intérprete de la Constitución determine si hubo intromisión e invasión de competencias. Sin embargo, insisto, esa demanda no es procedente a pesar que el Procurador del ministerio de Justicia, Luis Huerta siga sosteniendo que para la admisibilidad solamente requerirán verificar un conflicto que enfrente a dos órganos del Estado; además afirma que se está afectando la competencia del presidente de la Republica para dirigir la Política General del Gobierno como consecuencia del uso indebido de la competencia del Congreso al declarar la vacancia por permanente incapacidad moral. Asimismo, el abogado del Minjus insiste en sustentar que la postura del Ejecutivo, es que el Congreso está haciendo un uso indebido de su competencia para declarar la vacancia por incapacidad moral permanente. Y eso es, además de absurdo, absolutamente falaz, ¿Qué tiene que ver aquí la Política General del Gobierno?
¿Por qué el Procurador Huerta no menciona la norma constitucional que el Congreso está aplicando?
Cabe resaltar que el artículo 113° inciso 2° de la Carta Magna es taxativo, porque confiere al Congreso un pleno uso de su competencia para decidir si vaca o no a un presidente, si éste parlamento, previa votación lo considera admisible. Por lo tanto, aquí no existen competencias debidas o indebidas como afirma el Procurador del Minjus. Y lo único que hay en estos escenarios: son competencias, o incompetencias. Sin embargo, todos los periodistas de los programas de prime time se inhiben ante algunos constitucionalistas que vienen desinformando a pesar que conocen la ley, y las conductoras y conductores no replican ni cuestionan porque se sienten profanos en temas jurídicos. Craso error para un comunicador/a que está obligado a estar informado en asuntos legales. Y eso sin contar la mala práctica mermelera que ejercen los medios pagados por el gobierno.
Si bien, el presidente no está obligado a asistir el próximo viernes al Pleno del Congreso para hacer uso de su derecho de defensa, sin embargo, la sesión del Pleno de todas formas debatirá y votará finalmente para decidir si Martín Vizcarra se va o no de Palacio de Gobierno. Entre tanto, si el Tribunal Constitucional decide admitir y otorgar una Medida Cautelar Express, en solo tres días; es decir, hasta el día jueves; Martín Vizcarra sería salvado por un pelo, hasta que esa cautelar se levante, o en su defecto, se lea el fallo final de la demanda. Eso coadyuvaría a azuzar la crisis política y solo nos confirmaría que el Tribunal Constitucional está tomado por el gobierno de turno.
A continuación, todo lo referente al Proceso Competencial en el Código Procesal Constitucional:
TÍTULO IX
PROCESO COMPETENCIAL
Artículo 109.- Legitimación y representación
El Tribunal Constitucional conoce de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales, y que opongan:
1) Al Poder Ejecutivo con uno o más gobiernos regionales o municipales;
2) A dos o más gobiernos regionales, municipales o de ellos entre sí; o
3) A los poderes del Estado entre sí o con cualquiera de los demás órganos constitucionales, o a éstos entre sí.
Los poderes o entidades estatales en conflicto actuarán en el proceso a través de sus titulares. Tratándose de entidades de composición colegiada, la decisión requerirá contar con la aprobación del respectivo pleno.
Artículo 110.- Pretensión
El conflicto se produce cuando alguno de los poderes o entidades estatales a que se refiere el artículo anterior adopta decisiones o rehúye deliberadamente actuaciones, afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro.
Si el conflicto versare sobre una competencia o atribución expresada en una norma con rango de ley, el Tribunal declara que la vía adecuada es el proceso de inconstitucionalidad.
Artículo 111.- Medida Cautelar
El demandante puede solicitar al Tribunal la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto de conflicto. Cuando se promueva un conflicto constitucional con motivo de una disposición, resolución o acto cuya impugnación estuviese pendiente ante cualquier juez o tribunal, éste podrá suspender el procedimiento hasta la resolución del Tribunal Constitucional.
Artículo 112.- Admisibilidad y procedencia
Si el Tribunal Constitucional estima que existe materia de conflicto cuya resolución sea de su competencia, declara admisible la demanda y dispone los emplazamientos correspondientes.
El procedimiento se sujeta, en cuanto sea aplicable, a las disposiciones que regulan el proceso de inconstitucionalidad.
El Tribunal puede solicitar a las partes las informaciones, aclaraciones o precisiones que juzgue necesarias para su decisión. En todo caso, debe resolver dentro de los sesenta días hábiles desde que se interpuso la demanda.
Artículo 113.- Efectos de las Sentencias
La sentencia del Tribunal vincula a los poderes públicos y tiene plenos efectos frente a todos. Determina los poderes o entes estatales a que corresponden las competencias o atribuciones controvertidas y anula las disposiciones, resoluciones o actos viciados de incompetencia. Asimismo resuelve, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones jurídicas producidas sobre la base de tales actos administrativos.
Cuando se hubiera promovido conflicto negativo de competencias o atribuciones, la sentencia, además de determinar su titularidad, puede señalar, en su caso, un plazo dentro del cual el poder del Estado o el ente estatal de que se trate debe ejercerlas.
Política
Rodolfo Ybarra: “Las personas que han cometido los excesos van a tener que ser procesadas” (VIDEO)
El escritor y periodista analiza la crisis política desde su mirada en las calles.
Política
Vocero de Colectivo Integridad avala represión de la policía durante las protestas: “Esos muertos están bien muertos” [VIDEO]
Jorge Lazarte trató de justificar fallecimientos de ciudadanos durante enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Si la extrema izquierda busca desinformar a la población, del otro lado, la extrema derecha, muestra sus ‘garras’ para demostrarnos, con mucho pesar, cómo así se encuentra el país de polarizado. Tanto uno como el otro creen tener la verdad absoluta de las cosas, mientras en el medio la población se deja llevar por falacias y discursos incendiarios.
Fue durante una entrevista para Exitosa en donde el vocero del Colectivo Integridad, Jorge Lazarte, tratara de explicar la muerte de un grupo de personas que participaron durante las protestas acontecidas en el país contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República.
El abogado señaló que si bien hay un número de personas que han perdido la vida producto del cierre de vías, otros “están bien muertos” por presuntamente haber cometido actos vandálicos.
“Hay muertos que han sido producto de actos vandálicos. Si tú eres un oficial de Policía y tienes un arma de reglamento, y yo soy un vándalo con una bomba molotov, ¿Qué vas a hacer? Me tienes que meter el balazo“, declaró para el citado medio informativo.
Indicó también que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) tienen el trabajo de “proteger a la población y resguardar a la ciudadanía”, por lo que justificó que se hayan registrado muertos en las jornadas donde se intentó tomar instituciones públicas y privadas.
“Si hay muertos como consecuencia de delitos, entonces esos muertos están bien muertos“, sostuvo. El vocero del grupo añadió que la población que sale a las calles a cometer actos vandálicos tiene que saber que “puede morir”.
“Si una persona quiere incendiar un local y agredir a un policía tiene que tener en consideración que se puede morir. No hay que tenerle miedo a la palabra muerte. La muerte es un proceso natural, todos vamos a morir. Si cometes un delito, sé consciente que te puedes morir, te puede caer un balazo“, agregó.
🧐 Jorge Lazarte (@Jorge_E_Lazarte) Vocero del Colectivo Integridad, Justifica la muerte de los protestantes, también anuncio que recolectaron aproximadamente 600 mil soles para el apoyo de la @PoliciaPeru.
— LA LUPA (@lalupa_pe) February 1, 2023
🎥 Captura: Exitosa. pic.twitter.com/OCRoG1YSdV
Colectivo Integridad realizó donativos a la PNP
Por otro lado, dicha organización liderada por Lazarte hizo entrega de víveres y donaciones a miles de efectivos de la PNP que se encuentran en la primera línea de las protestas.
Según indicó, se ha realizado entrega de equipos de protección como cascos antimotines y escudos nuevos, también loncheras como galletas, atún y agua.
“Agradecer a la Policía Nacional por todo el esfuerzo que hace por defender a nuestro país. En segundo lugar, agradecer a peruanos que han hecho posible estas donaciones. Esta no es donación de Integridad, sino la de miles de peruanos. Hemos logrado recaudar más de 600 mil soles y hemos armado 30 mil loncheras, más de 600 cascos y 150 escudos”, detalló.
Sostuvo que el colectivo que lidera inició de manera pública la campaña en solidaridad con la Policía Nacional.
Política
Presentan proyecto para adelanto de elecciones complementarias para diciembre de este año
Sin embargo, propuesta permitiría la reelección de los actuales congresistas.
A pesar de todos los bloqueos y protestas en casi todo el país, a pesar de más de medio centenar de fallecidos y, sobre todo, que no cuentan con la popularidad de gran parte de la población, el Congreso de la República nuevamente ha sorprendido con una aberración a las normas, proponiendo un adelanto de elecciones complementarias, en donde los comicios se realizarían para diciembre de este año y la toma de mando del nuevo mandatario se daría para abril del 2024.
Como se recuerda, en diciembre del año en curso, la jefa de Estado, Dina Boluarte, extendió una primera propuesta al Legislativo sobre un factible adelanto de elecciones. Ese texto, aprobado eventualmente en el Pleno, planteaba que los comicios sean realizados en abril del 2024.
De esta manera, mientras el periodo presidencial finalizaba el 28 de julio del 2024, según esta iniciativa, la gestión de los congresistas y los representantes del Parlamento Andino culminaba el 26 de julio del 2024.
Pese a que esta medida fue rechazada posteriormente, debido a las constantes protestas y violencia en el país, el nuevo texto sustitutorio presentado por el legislador Hernando Guerra García, en debate este miércoles 1 en el Pleno, no dista mucho de la intención original del Ejecutivo.
En el documento, impulsado por la bancada fujimorista, se propone que los parlamentarios culminen sus funciones en abril del 2024, solo tres meses antes que el primer adelanto de comicios aprobado.
“Los congresistas de la república, elegidos en las Elecciones Generales 2021, culminan su representación el 29 de abril del 2024, exceptuándose del plazo dispuesto en el artículo 90. Los congresistas de la república electos en las Elecciones Generales Complementarias 2023 asumen sus funciones el 30 de abril del 2024 y culminan su mandato el 26 de julio del 2026”, se lee en el Texto Sustitutorio.
El texto formula que la dignataria Dina Boluarte, en funciones a enero del 2023, convoque a las elecciones generales complementarias este año; es decir, que el próximo gobierno asuma funciones por un periodo de permanencia de dos años y tres meses.
En este sentido, se plantea que Boluarte Zegarra concluya su mandato el treinta de abril del 2024, “exceptuándose del periodo dispuesto en el artículo 112″.
“El presidente de la república electo en las elecciones generales complementarias 2023 completa el periodo constitucional 2021-2026. Presta el juramento de ley y asume sus funciones el 1 de mayo del 2024, exceptuándose del plazo de la fecha establecida en el artículo 116, y culmina su mandato el 28 de julio del 2026″, citan.
De aprobarse el documento, el próximo Ejecutivo y Legislativo asumirían en sus cargos el primero de mayo del próximo año.
Parlamentarios buscarían la reelección
En consulta con Eloy Espinoza-Saldaña, el abogado constitucionalista precisó que, si bien “los congresistas no se reeligen”, todo este enredo recae en una intención de los congresistas de no querer dejar su curul, por lo que buscan, por todos medios, deslindar de la situación de Boluarte.
“Lo que pasa es que nosotros, como Tribunal (Constitucional) planteamos dos cosas. Primero, que no hay reelección inmediata de congresistas; y la bicameralidad. Entonces, la congresista [Susel] Paredes ha notado con mucha habilidad que si las elecciones no son elecciones generales, sino solamente complementarias, nada impediría a un congresista de los actuales a volver a postularse. El Congreso no quiere irse. No quiere irse y está buscando subterfugios para ello”, precisó el exmagistrado del TC para el diario La República.
Política
Dina Boluarte desactivó su cuenta oficial de Twitter ante una coyuntura política sumamente crítica
Mandataria estaría reculando respecto a su comunicación con algunos ciudadanos que exigen su renuncia.
Fuera de línea. A pocos días de cumplir dos meses en el cargo, la presidenta Dina Boluarte decidió suspender una de las vías de comunicación con la población: su cuenta oficial de Twitter. A través de las redes sociales, varios usuarios reportaron esta acción.
Al momento de ingresar al perfil de la mandataria se lee la siguiente frase: “Esta cuenta no existe”. De acuerdo con el portal de Twitter, esto sucede cuando el o la titular decide desactivar su cuenta, pero sí podrá ser habilitada luego.
Esta situación se da en medio de las protestas que se realiza en las diversas regiones del país por la crisis política. Los manifestantes piden la renuncia de la jefa de Estado y el cierre del Congreso de la República.
Son cerca de 27 días que las protestas se han reiniciado, pero no existe tregua ni diálogo con el Ejecutivo. En este sentido, la presidenta Boluarte habría realizado esta acción, porque no se muestra activa en sus redes. Ante ello, habría dispuesto que la información será compartida y difundida por las otros canales oficiales de las instituciones relaciones al Gobierno.
Bancadas de izquierda impulsan una moción de vacancia contra presidenta Boluarte
Por otro lado, La presidenta Dina Boluarte podría ser vacada, luego que congresistas de izquierda impulsaran esta moción debido a las protestas que se han registrado. Mientras que, la mandataria ha pedido a los parlamentarios a aprobar la reforma de adelanto de elecciones para este año y ya no para abril de 2024.
“Nuestro país está siendo desangrado por el pésimo manejo gubernamental y de las fuerzas del orden que lidera la señora Boluarte Zegarra, puesto que hasta la fecha y van 44 personas fallecidas (58, según la Defensoría) como consecuencia del uso desmedido de las armas contra el pueblo peruanos”, se lee en el oficio.
Sin embargo, el panorama en el Congreso se está dilatando tras su suspensión por tercera vez, tal y como lo anunció la Mesa Directiva. Para algunos legisladores, la jefa de Estado debería dar un paso al costado y se convocaría a elecciones, pero los ciudadanos piden un cierre del Legislativo y la salida de la presidenta.
Política
Ante un inminente adelanto de elecciones ¿Keiko Fujimori se postulará?
A través de la congresista Patricia Juárez indicó que lideresa de Fuerza Popular se reafirma en que no se presentará a nuevos comicios.
Al parecer la tercera fue la vencida. La posibilidad de un adelanto de elecciones para este año motivó que el nombre de Keiko Fujimori vuelva a sonar con fuerza como potencial candidata, pese a caer derrotada en las tres últimas oportunidades por mínimo margen. Como se recuerda, en la última contienda electoral del año 2021, consiguió pasar a segunda vuelta junto a Pedro Castillo, pero cayó vencida por solamente 44 mil votos.
Aunque aún el Congreso de la República debe ponerse de acuerdo para ver si se concreta que los peruanos vuelvan a ir a las urnas en octubre del 2023, la pregunta recurrente ha sido si la hija mayor del sentenciado expresidente Alberto Fujimori lo volverá a intentar.
Una de las figuras de Fuerza Popular que se pronunció al respecto fue la congresista Patricia Juárez, para responder a los señalamientos de que su agrupación política busca impulsar el adelanto de elecciones en el más breve plazo, con el fin que otros partidos no logren inscribirse y su lideresa tenga más chances de obtener la banda presidencial.
“Tengo que rechazar absolutamente estas aseveraciones que las estoy escuchando mucho, es más inclusive hay personas que me han escrito para decirme que hay una clara intención de parte de Fuerza Popular para abrirle la cancha a Keiko Fujimori y dejarla sola para que nadie más quiera postular. En principio, reiterar lo que se ha dicho: ella no va a postular a las elecciones”, aseveró Juárez para Canal N.
Al ser consultada si tal vez las aspiraciones de la lideresa de su agrupación van por volver a ocupar un curul en el Congreso de la República, la parlamentaria señaló: “Yo entiendo que no. Keiko Fujimori no va a postular y es importante también que se entienda cuál ha sido la motivación nuestra”.
“Lo digo enfáticamente en la decisión del adelanto nuestro, y estamos hablando inclusive desde el año pasado que nosotros propusimos 2023, no existe ningún ánimo de que otras fuerzas políticas que estén en este momento en proceso de inscripción no pudieran llegar”, acotó.
Enfatizó que la única motivación de Fuerza Popular para impulsa el adelanto de elecciones ha sido el escalamiento de violencia y las más de medio centenar de muertes durante las multitudinarias movilizaciones sociales en diversos puntos del país.
“Ya se ha señalado de manera enfática que no va a postular, creo que nosotros teniendo tantos años ya en la vida política, creo que tenemos una lectura de la realidad y un análisis que hacemos siempre, porque tenemos reuniones no solamente con el Comité Político, sino de bancada, y lo que estamos viendo en estos días en las calles es atroz”, comentó.
Otro de los que se pronunció sobre esta posibilidad fue el legislador Hernando Guerra García, quien afirmó que ella no piensa en postular, así las elecciones sean en el último trimestre del 2023 o en abril del 2024.
“Keiko Fujimori, nuestra presidenta y lideresa, ha dicho que hasta ahora, y se mantiene en eso, no piensa postular en las nuevas elecciones”, expresó.
Política
Jesús Solari sacude IRTP con despidos para congraciarse con gobierno de Dina Boluarte
El Presidente del IRTP Jesús Solari echó a Carlos Cornejo de TV Perú por un editorial interpretado en contra del gobierno y de la Policía Nacional del Perú y además sacó al gerente de Prensa, Carlos Becerra por aumentar el salario a 20 trabajadores que ganaban sueldos bajísimos.
Un nuevo escándalo sacude los cimientos del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) al confirmarse el despido de dos periodistas de forma repentina por órdenes directas del cuestionado presidente ejecutivo, Jesús Solari Díaz, y de su adlátere Marta Aguirre, quien prácticamente sería la que gobierna y decide en la institución del Estado.
Se trata de Carlos Cornejo, conductor del programa nocturno Rimanchik, por la señal abierta del canal estatal y de Carlos Becerra, quien deja la gerencia de Prensa.
Recordemos que Cornejo en otros tiempos fue protagonista en las pantallas de Canal N. Mientras que Becerra fue presidente ejecutivo de Editora Perú, El Peruano y de la agencia de noticias estatal Andina.
Cornejo habría sido echado por opinar sobre la realidad nacional. Precisamente hace dos días, antes de entrevistar a José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral y a Flavio Ausejo, especialista en políticas públicas. “El Gordo”, como lo llaman sus amigos, editorializa al abrir el programa en la pantalla de la televisión pública sobre la muerte del ciudadano Víctor Raúl Santisteban.
Cornejo mencionó: “Tenemos una mala noticia. El asesinato de un ciudadano a manos de la policía. Víctor Raúl Santisteban, y lo vimos todos en las imágenes de seguridad del municipio limeño, muere por el impacto de un proyectil que le lanza un policía. Querrán decirnos que fue una piedra, querrán decirnos que no fueron ellos. Querrán decir cualquier cosa. Las imágenes no mienten. Todos vimos que quien mató a Víctor Santisteban, en una manifestación donde él no estaba haciendo nada, fue la policía. Y eso el Estado de Derecho no lo puede permitir”.
Qué bueno hubiera sido, que: así como se tomaba esta libertad para opinar, Cornejo hubiera sido justo en el contenido de su programa televisivo durante su permanencia y lo habría manejado de modo plural e imparcial; pero no fue así, porque muy pocas veces invitó a la clase política opositora al gobierno y al caviarismo. Un punto en contra de Cornejo y que lo convirtió en otro periodista militante, y precisamente en una entrevista de hoy ha declarado que “le sorprendería” que en TV Perú lo hayan despedido por sus declaraciones y que “no cree que esa haya sido la razón” ¿No que era un periodista incisivo, valiente y decidido? ¿por qué se va por la “tangente” si tiene la oportunidad de declarar lo que piensa de las razones de su salida del IRTP? Sin duda, este “Dager Boy” como buen comunicador de la zurdería también está guardando “pan para mayo”, basándose en sus propias aseveraciones: “Así que de momento me enviaron a casa y en marzo sabremos si nos volveremos a encontrar”.
Un tema parecido es el que vivió el canal de todos los peruanos cuando emitía en el mismo horario Cara a Cara con la conducción del “desaparecido” Enrique Chávez. En este programa se ensalzó al Lagarto Martín Vizcarra y a sus esbirros, como también al encargado de Palacio Francisco Sagasti y a todos los congresistas del Partido Morado. Chávez ejerció cero pluralismo e imparcialidad y cero enfoques de televisión pública. Lamentablemente Cara a Cara fue un programa que “adoctrinaba”, difundiendo los equivocados teoremas del caviarismo más puro.
Esta decisión de despedir a Cornejo sopesa en el IRTP para disimular la metida de pata del domingo último cuando Jesús Solari autorizó levantar la señal en vivo del Festival de La Marinera para transmitir ininterrumpidamente las marchas violentas en las calles limeñas.
De esta manera, repitió el mismo acto de noviembre del 2020 cuando TV Perú fue protagonista de las marchas violentas en las que fallecieron Inti y Bryan, ordenado por el entonces gerente de Prensa, Renzo Mazzei Mancesidor, de ideología política caviar y que ahora trabaja en la ONPE al lado de Piero Corvetto.
En aquel tiempo, significó un rechazo abierto por un grupo de ciudadanos que se lanzaron a las redes sociales para criticar la transmisión de enfrentamientos abiertos de vándalos y policías. Uno de los más retuiteados fue Beto Ortiz quien denunció esta decisión de Jesús Solari porque aseguró el periodista: que las cámaras de TV azuzan a ser más violentos a ambos bandos.
Entonces, para congraciarse con sus superiores, específicamente con la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, que es su jefa directa y quien lo puso en el cargo pese a las sospechas de sus estudios de maestría online, decide despedir al periodista Carlos Cornejo por usar la pantalla pública para opinar contra la policía y el gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, Solari también pretende despistar a sus críticos y al despedir a Cornejo da a entender que el IRTP ya no es tomado por los caviares, pero ya se viene la campaña electoral y se necesita el canal para que los resucitados Morados hagan su campañón a nivel nacional.
De otro lado, se suma el despido del gerente de Prensa, Carlos Becerra, a quien junto a los superiores de turno pidió poner a disposición los cargos y aprovechando esta figura emite la resolución del cese de funciones en el IRTP.
Por lo visto, a Solari se le cayó toda la estantería, porque la gerencia de prensa en estos momentos está acéfala y al parecer Carlos Fonseca tampoco habría aceptado venir a una de las gerencias debido a los destapes periodísticos y al despido intempestivo de los 2 periodistas. A ello se suma que en la misma área de Prensa ninguno de los periodistas antiguos quiere asumir la encargatura de dicha gerencia.
Pero el trasfondo de este despido sería la injerencia de la jefa de Recursos Humanos, Marta Aguirre, quien de facto sería la líder de la “organización” llamada los “Dager Boys” (servidores públicos que llevó al IRTP Joseph Dager, ex presidente ejecutivo). Ella tuvo un mal comportamiento con Carlos Becerra luego que recibiera una observación hallada en el informe que evalúa su perfil laboral. Marta Aguirre había disminuido adrede 2 años y meses, para que ante cualquier eventualidad su CV no sea recomendado ante los superiores.
Además, según nuestras fuentes consignó a propósito estudios universitarios que Carlos Becerra nunca declaró. Y al recibir la queja, de modo desafiante le respondió muy soez pese a que jerárquicamente Becerra era superior. El reclamo fue justo porque había alterado el contenido real de la experiencia general y la experiencia específica que urge en el cuadro de Clasificador de Cargos del IRTP.
Ella no habría dudado en inferir en la decisión de Jesús Solari Díaz para despedirlo, sobre todo porque Carlos Becerra, dentro de sus facultades en la gerencia de Prensa, otorgó para este mes de febrero aumentos de sueldos a 20 trabajadores del rubro Temporales que ganaban una miseria hace años y que ninguna autoridad, antes, se empeñó en hacer justicia.
Todo esto demuestra que el IRTP merece la atención del Poder Ejecutivo.
Tenemos información de anomalías y tropelías que estamos investigando; como la presunta contratación de un abogado en la sombra en el despacho de Marta Aguirre. Desde su casa le escribiría las resoluciones y fallos de procesos administrativos de trabajadores que son investigados por malas prácticas. Como la de una ex gerenta de Televisión a la que le cambiaría el dictamen de suspensión, por amonestación por escrito, amparado en la teoría de la “razonabilidad”.
Sin duda, esto es todo un despropósito. Y en lugar de sancionar, perdonan… ese sería el modus operandi de aquel “abogado” que nadie conoce y que no está embebido del caso a fondo, porque no vivió el perjuicio que se le hiciera al propio IRTP; y encima, redactaría los escritos desde su casa… en la clandestinidad, y cobraría mediante orden de servicio S/12 mil soles.
Así estamos en el IRTP… que, al parecer, sigue siendo una chacra que pasa de gamonal a gamonal.
Seguiremos indagando y recabando información y más documentos…
Política
Vuelve el APRA: Partido de la estrella a un paso de conseguir su inscripción como partido político
JNE indica que ahora pedido de inscripción deberá pasar por el periodo de tachas para que oficialmente vuelvan al ruedo político.
Se alistan para lo que deberían ser unas elecciones presidenciales para este año o el próximo a más tardar. La Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) continúa en su intento por regresar a la vida política del país. Tras haber perdido su inscripción a finales del 2020, la agrupación inició un proceso de reinscripción que ya se encuentra en curso, según una notificación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Superado el periodo de tachas, la agrupación finalmente podrá ser considerada como un partido político legal.
El anuncio fue hecho por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del JNE, la misma que señaló que José Germán Pimentel Aliaga, personero legal de la agrupación, presentó un escrito el pasado 7 de septiembre del 2022 para solicitar la inscripción del APRA como partido político. “Para ello ha acreditado el cumplimiento de los requisitos señalados”, indica la síntesis difundida.
Algunas figuras representativas del partido de la estrella como Mauricio Mulder celebraron desde sus redes sociales la notificación de la autoridad electoral. Este llegó a decir que con dicho paso “la presencia electoral del partido está garantizada”; sin embargo aún queda un paso por completar. El partido alguna vez liderado por Víctor Raúl Haya de la Torre y el dos veces presidente del Perú, Alan García Pérez, debe superar aún el periodo de tachas.
Decadencia del partido Aprista
Si bien el APRA fue un partido histórico que lideró una Asamblea Constituyente y estuvo en el poder hasta en dos oportunidades, durante los últimos años perdió el respaldo popular. En las elecciones generales del 2016, en las que Alan García tentó la presidencia por tercera vez, el ex jefe de Estado consiguió tan solo 894.278 votos; es decir 5.83% del total a nivel nacional. En Lima tan solo recolectó 354.411 votos.
En dicho año, el partido de la estrella sí logró cinco curules en el Congreso. Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, Luciana León, Elías Rodríguez y Javier Velásquez Quesquén estuvieron tres años en el Parlamento hasta su disolución. Ya sin Alan García a la cabeza, el APRA participó de las elecciones parlamentarias extraordinarias del 2020, aunque en esta oportunidad solo logró 2.72% de votos siendo superado por Perú Libre y el PPC.
Política
PNP detiene a presuntos financistas de las marchas en Lima [VIDEO]
A Yaneth Navarro y Cirilo Jara se les encontró apuntes con pagos que serían para comida y traslado de los manifestantes.
Se movilizaban siempre a un costado de las marchas, siempre pasando desapercibidos, sin embargo ayer su perfil bajo terminó y terminaron siendo detenidos con sumas de dinero que serían para financiar las protestas en la capital.
Se trata de Yaneth Navarro Flores y Cirilo Jara Mamani, quienes fueron intervenidos durante un operativo ejecutado por la Región Policial Callao para evitar que un grupo de protestantes llegara al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Yaneth Navarro Flores habría sido encontrada con S/ 1.916 y una libreta con anotaciones sobre pagos a 61 personas. En el detalle se señalaba que el dinero era destinado para almuerzos, desayunos y traslados a distintos puntos de Lima, así como Ica y Piura. Además, se encontró un panfleto que invitaba a los vecinos de San Juan de Lurigancho a unirse a las movilizaciones.
En tanto, Cirilo Jara Mamani, natural de Cusco, portaba S/ 2.330 y una hoja bond con el nombre de 11 personas a quienes habría entregado S/ 400.
El general PNP Raúl Alfaro indicó que la detención de ambas personas coincidió con reportes de Inteligencia que advertían sobre una eventual toma del primer terminal aéreo del país o algún tipo de atentado contra sus instalaciones. “Todo esto es materia de una investigación en curso, que determinará las responsabilidades penales de estas y otras personas que pudieran estar implicadas en estos hechos”, acotó.
Asimismo, manifestó que se presume que el dinero que los detenidos tenían en su poder iba a ser destinado para pagar a personas que lleguen a Lima para participar en los actos de violencia que se registran en las manifestaciones en contra de las fuerzas del orden y además daños materiales. “Estamos en proceso investigatorio”, puntualizó.
En el cuaderno de Yaneth Navarro se encontraron al menos cuatro páginas, con fechas incluidas y otros detalles, de distintos pagos sobre “pasajes por devolución” y personas a las que se le otorgó dinero.
“Se presume que ese dinero [cuyos montos residen en el cuaderno incautado] estaba destinado (…) a personas para que vengan a Lima a hacer manifestaciones violentas, contra las fuerzas del orden, y daños (…) contra la propiedad pública”, informó el jefe de la Región Policial Callao sobre la intervención.
Una nómina de 61 personas, según lo registrado en esta libreta, lleva la denominación “delegación Andahuaylas”. En dicha región, durante las últimas semanas de diciembre, se suscitó un intento violento por usurpar el aeropuerto de la localidad.
Además, hay otros aportes económicos que corresponden a gastos y egresos en enero del 2023. Uno de estos lleva como título “En el consulado de EE.UU.” con fecha del 25 del presente mes, según recogió diario El Comercio.
En el citado día, un grupo de personas se apersonó a la Embajada de Estados Unidos, que reside en el distrito de Santiago de Surco, para manifestar en el exterior.
Sobre esta actividad se registró por escrito un “Total [de] ingreso” de 12.974,50, así como dos montos de “total [de] egreso” de 13.019,50 y otra por 12.799,50; cantidades estimadas en soles y escritas con lapicero azul.
Fiscalía solicita siete días de detención preliminar para los presuntos financistas
El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina anunció que solicitará siete días de detención preliminar para Yaneth Navarro Flores y Cirilo Jara Mamani.
“Se ha solicitado al órgano jurisdiccional competente la convalidación de estas personas para la detención preliminar por siete días, a fin de que se haga una investigación exhaustiva que ayude a determinar la responsabilidad de los presuntos involucrados”, expresó.
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