Política
Demanda competencial que presentó el Ejecutivo es improcedente
En estos momentos todos se preguntan ¿Es correcto iniciar un proceso de vacancia por incapacidad moral? la respuesta es: más allá que sea correcto o no, la vacancia es una prerrogativa que le compete solamente al Congreso y además obedece a una cuestión política. El tema es estrictamente político en el sentido que quizá no sea conveniente remover a un presidente en plena emergencia sanitaria y sobre todo si estamos a pocos meses de los comicios electorales, no obstante, ese no es el fondo del asunto.
Ahora bien, si nos ceñimos al aspecto jurídico, en ese sentido el Congreso también está totalmente facultado a vacar a un presidente. La incapacidad moral permanente surgió en el siglo XIX y tiene apenas cuatro precedentes en la historia de la República peruana. El primer caso fue en el año 1823 con el presidente José de la Riva Agüero en 1823 y se le destituyó por incapacidad moral y posteriormente en el siglo XX con Guillermo Billinghurst en 1914. Luego en el siglo XXI, con Alberto Fujimori en febrero de 2001 y finalmente, con Pedro Pablo Kuczynski que fue vacado por la causal de: Aceptación de su renuncia por el Congreso.
Esta figura es cotidiana en el derecho internacional latinoamericano; incluso en Estados Unidos perdura el impeachment, que significa: destitución o acusación constitucional. En ese sentido, cabe recordar que la mentira ha sido una causal relevante para deponer a un presidente norteamericano, como bien fue el caso de impeachment de los presidentes Richard Nixon y luego Bill Clinton, que en resumidas cuentas mintieron a su país, aunque eso no haya constituido delito. Sin embargo, en el actual escenario peruano, la naturaleza de este conflicto competencial ha sido distorsionada por los opinologos de una forma absurda; pues, en un conflicto competencial se debe dilucidar la facultad entre dos órganos del Estado para resolver quién es realmente el que tiene competencia de decidir o fallar sobre un acto entre ellos.
La opinión pública debe entender que la figura de la vacancia presidencial no es un instrumento que lidia con aspectos penales; en ese sentido, queda claro que no se puede acusar al presidente de la República durante su periodo, porque éste goza de inmunidad presidencial; a excepción de casos como: traición a la patria, por disolver el Congreso sin la aplicación del artículo 134° de la Constitución, y por impedir elecciones generales, tal como señala el artículo 117° de la Carta Magna. No obstante, la vacancia presidencial si bien no es penal, ésta se constituye como fáctica, en el sentido de que siempre habrá la posibilidad real de que un mandatario muera, renuncie al cargo, salga de suelo peruano sin permiso del Congreso, o no regrese en el plazo fijado. Además, vale decir que esta figura de la incapacidad moral permanente cobra más sentido porque técnicamente se le denomina como un concepto jurídico indeterminado, porque es genérico y abstracto; es así que sus límites no pueden ser precisados en un enunciado o en una cartilla de acápites. Ergo, tal concepto no tendría por qué ser tipificado porque es de naturaleza política.
No obstante, algunos penalistas ahora están saliendo con el rollo que se tiene que tipificar; sin embargo, como ya lo mencioné anteriormente, en los pocos pedidos de vacancia de nuestra historia, la interpretación de esta figura ha sido meramente política. Pero en estos momentos una facción que simpatiza con Martín Vizcarra, arremete y opina que al presidente de la República no se le debe acusar y que luego se le deberá investigar. ¿Y quién está hablando de acusación o investigación? Evidentemente, ese menester se tendrá que dar después del 28 de julio de 2021, pero aún no, ya que en ese caso estamos hablando de un aspecto meramente penal. Ahora bien, la vacancia no es una acusación al Presidente. La vacancia propiamente dicha es una atribución que goza el Congreso para aplicarla si se presenta el momento indicado contra un mandatario.
Recordemos que el presidente del Congreso disuelto, Pedro Olaechea también inicio una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional en contra del Poder Ejecutivo al mando de Martín Vizcarra y a pesar del absurdus que pretendía aquel exlegislador, el Tribunal la admitió a trámite y se aplicó el principio pro actione, pero finalmente el fallo fue declarado infundado, porque un Congreso que ya no ejercía sus funciones no podría expedir acuerdos posteriores y eso se constituía como un imposible jurídico, considerando que nunca existió un menoscabo en sus ejercicios y facultades.
Si tan solo aplicáramos un razonamiento elemental, podemos precisar que cuando una institución del Estado sabe perfectamente cuál es su competencia, no debe realizar un ejercicio o atribución indebida que no le corresponda, justamente porque ante esa trasgresión ya no goza de la competencia respectiva que pueda invadir el ámbito de la otra institución. En ese sentido, una demanda competencial únicamente se debe interponer cuando entre dos órganos del Estado, uno de ellos interfiere en las atribuciones y competencias del otro. Y ese no es el caso en esta coyuntura del pedido de vacancia que está tramitando el actual parlamento, sencillamente porque está basado en un precepto constitucional. Leer bien el artículo 113° inciso 2 de la Constitución: La Presidencia de la República vaca por su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. En otros términos, eso quiere decir que la atribución y/o competencia de vacar a un mandatario es exclusivamente del Poder Legislativo, y no del Poder Ejecutivo ¿Acaso en la Constitución se señala que el Poder Ejecutivo puede vacar a su presidente? Obviamente que no, pues, un presidente de la Nación no puede vacarse a sí mismo. Sin embargo, si bien el Ejecutivo a través de su ministerio de Justicia tiene todo el derecho de interponer este absurdo jurídico; no obstante, el Tribunal Constitucional ni siquiera debería admitir dicha demanda competencial. Asimismo, la ministra de Justicia Ana Neyra como parte de la estrategia presidencial habló de interponer una Medida Cautelar con el único afán de suspender la pronta sesión del Pleno que se llevará a cabo el viernes 18 donde deberá asistir el presidente Martín Vizcarra para ejercer su derecho a la defensa y donde probablemente a través de los votos llegue a ser vacado. La estrategia de los “abogados” de Vizcarra pretende ganar tiempo para así tumbarse el Pleno de este viernes, considerando que la medida cautelar sirve justamente para eso: para suspender y/o congelar un “tramite” o “acto” hasta que la demanda se resuelva al final con el fallo del Tribunal Constitucional y éste, por lo menos tardaría dos meses y por eso, la pretensión estratégica del gobierno es que en todo ese tiempo Martín Vizcarra continúe gobernando.
Así las cosas, cuando el tribuno Eloy Espinoza-Saldaña normalmente sale en los medios y los periodistas le preguntan sobre un caso específico que está en curso en el Tribunal Constitucional, él siempre dice que no puede adelantar opinión; sin embargo, ayer en un programa dominical se despachó con todo y aseveró irresponsablemente:
“Nosotros lo que tenemos es el poder de paralizar el trámite del proceso de vacancia si consideramos que hay elementos, indicios, de violación de competencias de quien ha presentado la demanda. Si eso significa que el día 18 estaba programada una sesión para vacar al presidente y hay una cautelar dada por nosotros, esa sesión no podría darse”. “Espero que la presidencia del TC nos alcance de inmediato la demanda porque el martes tenemos sesión y aun cuando no está programado, el tema tiene la urgencia suficiente como para poder entrar a discutir, definir quién va a ser el ponente y lo más importante, resolver el martes o el jueves a más tardar si se admite la demanda y si se admite o no la medida cautelar”.
Prácticamente, Espinosa-Saldaña ya está anunciando con antelación que el Tribunal Constitucional admitirá la demanda competencial y la medida cautelar porque deberán resolver con premura a más tardar el jueves, porque como el caso es de urgencia, se trabajará de manera express; y eso es casi imposible porque el Tribunal no puede ni debe resolver esta demanda apenas en tres días y lo mismo con la medida cautelar. Sin embargo, con este TC presidencialista, todo es posible.
En esa línea, esta mañana el Poder Ejecutivo finalmente presentó al TC la demanda competencial y la medida cautelar, con el afán que el máximo intérprete de la Constitución determine si hubo intromisión e invasión de competencias. Sin embargo, insisto, esa demanda no es procedente a pesar que el Procurador del ministerio de Justicia, Luis Huerta siga sosteniendo que para la admisibilidad solamente requerirán verificar un conflicto que enfrente a dos órganos del Estado; además afirma que se está afectando la competencia del presidente de la Republica para dirigir la Política General del Gobierno como consecuencia del uso indebido de la competencia del Congreso al declarar la vacancia por permanente incapacidad moral. Asimismo, el abogado del Minjus insiste en sustentar que la postura del Ejecutivo, es que el Congreso está haciendo un uso indebido de su competencia para declarar la vacancia por incapacidad moral permanente. Y eso es, además de absurdo, absolutamente falaz, ¿Qué tiene que ver aquí la Política General del Gobierno?
¿Por qué el Procurador Huerta no menciona la norma constitucional que el Congreso está aplicando?
Cabe resaltar que el artículo 113° inciso 2° de la Carta Magna es taxativo, porque confiere al Congreso un pleno uso de su competencia para decidir si vaca o no a un presidente, si éste parlamento, previa votación lo considera admisible. Por lo tanto, aquí no existen competencias debidas o indebidas como afirma el Procurador del Minjus. Y lo único que hay en estos escenarios: son competencias, o incompetencias. Sin embargo, todos los periodistas de los programas de prime time se inhiben ante algunos constitucionalistas que vienen desinformando a pesar que conocen la ley, y las conductoras y conductores no replican ni cuestionan porque se sienten profanos en temas jurídicos. Craso error para un comunicador/a que está obligado a estar informado en asuntos legales. Y eso sin contar la mala práctica mermelera que ejercen los medios pagados por el gobierno.
Si bien, el presidente no está obligado a asistir el próximo viernes al Pleno del Congreso para hacer uso de su derecho de defensa, sin embargo, la sesión del Pleno de todas formas debatirá y votará finalmente para decidir si Martín Vizcarra se va o no de Palacio de Gobierno. Entre tanto, si el Tribunal Constitucional decide admitir y otorgar una Medida Cautelar Express, en solo tres días; es decir, hasta el día jueves; Martín Vizcarra sería salvado por un pelo, hasta que esa cautelar se levante, o en su defecto, se lea el fallo final de la demanda. Eso coadyuvaría a azuzar la crisis política y solo nos confirmaría que el Tribunal Constitucional está tomado por el gobierno de turno.
A continuación, todo lo referente al Proceso Competencial en el Código Procesal Constitucional:
TÍTULO IX
PROCESO COMPETENCIAL
Artículo 109.- Legitimación y representación
El Tribunal Constitucional conoce de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales, y que opongan:
1) Al Poder Ejecutivo con uno o más gobiernos regionales o municipales;
2) A dos o más gobiernos regionales, municipales o de ellos entre sí; o
3) A los poderes del Estado entre sí o con cualquiera de los demás órganos constitucionales, o a éstos entre sí.
Los poderes o entidades estatales en conflicto actuarán en el proceso a través de sus titulares. Tratándose de entidades de composición colegiada, la decisión requerirá contar con la aprobación del respectivo pleno.
Artículo 110.- Pretensión
El conflicto se produce cuando alguno de los poderes o entidades estatales a que se refiere el artículo anterior adopta decisiones o rehúye deliberadamente actuaciones, afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro.
Si el conflicto versare sobre una competencia o atribución expresada en una norma con rango de ley, el Tribunal declara que la vía adecuada es el proceso de inconstitucionalidad.
Artículo 111.- Medida Cautelar
El demandante puede solicitar al Tribunal la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto de conflicto. Cuando se promueva un conflicto constitucional con motivo de una disposición, resolución o acto cuya impugnación estuviese pendiente ante cualquier juez o tribunal, éste podrá suspender el procedimiento hasta la resolución del Tribunal Constitucional.
Artículo 112.- Admisibilidad y procedencia
Si el Tribunal Constitucional estima que existe materia de conflicto cuya resolución sea de su competencia, declara admisible la demanda y dispone los emplazamientos correspondientes.
El procedimiento se sujeta, en cuanto sea aplicable, a las disposiciones que regulan el proceso de inconstitucionalidad.
El Tribunal puede solicitar a las partes las informaciones, aclaraciones o precisiones que juzgue necesarias para su decisión. En todo caso, debe resolver dentro de los sesenta días hábiles desde que se interpuso la demanda.
Artículo 113.- Efectos de las Sentencias
La sentencia del Tribunal vincula a los poderes públicos y tiene plenos efectos frente a todos. Determina los poderes o entes estatales a que corresponden las competencias o atribuciones controvertidas y anula las disposiciones, resoluciones o actos viciados de incompetencia. Asimismo resuelve, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones jurídicas producidas sobre la base de tales actos administrativos.
Cuando se hubiera promovido conflicto negativo de competencias o atribuciones, la sentencia, además de determinar su titularidad, puede señalar, en su caso, un plazo dentro del cual el poder del Estado o el ente estatal de que se trate debe ejercerlas.
Política
Irregularidades en el Ministerio de Trabajo
Un nuevo escándalo en el Ministerio de Trabajo, en la gestión de la ministra Betssy Chávez se prometió un kit reactivador de 2, 500 soles pero esto no se cumplió. Los afectados en Lima son 99 personas que se sienten estafados, y denuncian la falsa promesa del gobierno de Pedro Castillo.
Todo empezó un 8 de noviembre de 2021 cuando en los exteriores del mercado Mariano Melgar en San Juan de Lurigancho, llegó personal del Ministerio de Trabajo y con megáfono en mano perifonearon e invitaron a los vecinos para que se inscribieran a una capacitación gratuita para emprendedores organizada por el Programa Nacional para la Empleabilidad del Ministerio de Trabajo.
La capacitación se dio no solamente, a los residentes de San Juan de Lurigancho, sino a los que viven en otros distritos de Lima y Callao, así como en otras regiones del país, a través de clases virtuales que empezaron desde el 11 de noviembre, hasta el 17 de diciembre.
Lo atractivo de estas capacitaciones, consistía en la entrega gratuita de un kit tecnológico; es decir una Tablet, para los 200 participantes; pero, además, para los 10 mejores de cada aula prometieron un bono reactivador equivalente a S/2,500 soles, para cada emprendedor.
Una evidencia de aquella promesa es el testimonio de la emprendedora Martha Llamoca, que aseveró que el 8 de noviembre de 2021, los trabajadores del Ministerio, empezaron a repartir volantes para promocionar la capacitación y cuando ella pidió más información a la representante del Ministerio, Xiomara Ávila, ésta le confirmó que efectivamente, luego de concluir con todas sus clases, les entregarían un kit tecnológico y un bono reactivador de S/2,500 soles.
Los 200 participantes de Lima y Callao, el 14 de noviembre recibieron su Tablet; sin embargo, los 99 participantes ganadores, aún no reciben su bono reactivador.
La empresa encargada de llevar las capacitaciones virtuales fue el Grupo IDES.
Esta proveedora del Ministerio, primero les dijo a los participantes ganadores que les iban a entregar el dinero el 25 de diciembre, y después, el 31 de diciembre; sin embargo, luego los profesores y administradores del programa, les comunicaron a los capacitados que les iban a entregar el bono, pero en insumos y en mobiliario, y ya no en dinero. Lima Gris se comunicó con Willington Ortiz de IDES, pero no obtuvo respuesta.
En enero de este año, Edward Urribari también miembro de IDES sostuvo que ya no era parte del proceso y afirmó que desde la empresa les dijeron que el tema de los “kits” se había entrampado por un asunto administrativo, y que él también estaba a la espera de su pago.
En vista que no se cumplía con la entrega pecuniaria, el 6 de enero de este año IDES envió un comunicado afirmando que ya no tenían que ver con el programa y que no se harían cargo de los beneficiarios y que en adelante el Ministerio de Trabajo se iba a encargar de las entregas porque les había resuelto el contrato.
Entonces, al día siguiente, otra de las capacitadas, Ana María Gamboa envió un correo al Director Ejecutivo del Programa Nacional para la Empleabilidad del Ministerio de Trabajo, Álvaro Andrés Calado Bryce para comunicarle que el Ministerio aún no cumplía con la entrega del bono, y también enviaron una carta al Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Dante León Castro y tampoco obtuvieron respuesta de este servidor del Estado.
Por su parte, el jefe de Coordinación y Gestión de Procesos Operativos del Ministerio de Trabajo, Christian Fuentes explicó a la capacitada Martha Llamoca que en el Ministerio iban a publicar un comunicado en su portal institucional y que también contratarían a una nueva empresa y además pidió que ya no le hagan caso a IDES, porque ellos no tienen el dinero, y que es el Ministerio, el que realmente tiene la plata.
Según la versión del señor Fuentes, IDES ha estafado tanto al Ministerio y a los capacitados, pero que será la nueva empresa la que entregará el “kit Reactiva”, aunque ésta tenga que demorarse.
Lima Gris se comunicó con el señor Christian Fuentes para que nos responda sobre el tema y simplemente nos dijo que por teléfono no podría darnos información y que nos acerquemos al Ministerio de Trabajo luego de acreditarnos, para que nos den una respuesta.
Por su parte, el 6 de enero la ministra de Trabajo Betssy Chávez, en una conferencia de prensa anunció los logros de los programas emprendidos, sobre todo para la población femenina; entre tanto, su portafolio aún no cumple con lo que prometió a los emprendedores que fueron capacitados.
En Lima Gris nos comunicamos con el área de prensa del Ministerio de Trabajo para que el viceministro y otros funcionarios expliquen por qué no cumplen con entregar el bono reactivador y recientemente nos enviaron un correo donde rechazan que la ministra de Trabajo Betssy Chávez haya mentido y que nunca prometieron un bono reactivador, y que más bien se trataba de un kit reactivador.
Sin embargo; reconocen que el Programa a cargo del Director Ejecutivo, Álvaro Calado, no ha concluido con la totalidad de la entrega de los presentes, y que ello se debió al incumplimiento del proveedor y capacitador, IDES.
Además, señalaron que ya iniciaron nuevos procesos de contratación para concluir con las entregas de lo que ellos ahora denominan: Kit Reactivador.
En el Ministerio de Trabajo creen que es suficiente enviar un comunicado para cumplir con algo que prometieron; mientras, personas de buena fe que siguieron una capacitación gratuita confiaron en aquel bono reactivador.
¿Cuáles fueron las verdaderas razones que llevaron al Ministerio de Trabajo resolver el contrato con IDES? ¿Qué pasó con el presupuesto de casi S/250 mil soles destinados para los denominados “kits reactiva”, que aún no han sido entregados?
Aquí el informe de Lima Gris con los comentarios de Gonzalo Alegría en Nacional TV.
Política
El Datazo: ¿Salaverry se niega a renunciar?
Lo último de la coyuntura política de manera resumida.
Política
Se aprobó proyecto que modifica requisitos para ser ministros o viceministros
Con este proyecto sería indispensable no contar con sentencia condenatoria o estar inhabilitado para ejercer un cargo público, así como otros requisitos.
Con 75 votos a favor y 43 en contra, en segunda votación, el Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio que establece nuevos procedimientos para el nombramiento de ministros y viceministros, así como atribuciones del Consejo de Ministros.
De esta manera quien ocupe el cargo de ministro no debe contar con sentencia condenatoria en primera instancia, en calidad de autor o cómplice, por delito doloso, ni estar inhabilitado para ejercer cargo público.
Además, la resolución suprema de nombramiento deberá incluir como anexo la declaración jurada del nombrado, donde deberá constar las investigaciones fiscales, procesos judiciales y procedimientos administrativos en el que está o estuvo incurso.
La iniciativa también establece que no pueden ser nombrados ministros quienes, conforme a la normativa vigente, se encuentren con investigación fiscal preparatoria o siendo procesados ante el Poder Judicial por delitos de terrorismo, crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios o violencia familiar.
Finalmente, se agrega que “no pueden ser nombramos presidente del Gabinete Ministerial o titulares de carteras de Interior ni Defensa, quienes conforme a la normativa se encuentren con acusación fiscal o estén siendo juzgados ante el Poder Judicial por delitos de terrorismo o tráfico ilícito de drogas”.
El texto aprobado es un consenso de las comisiones de Descentralización y de Constitución del Congreso.
La parlamentaria Patricia Juárez, titular de la comisión de Constitución, manifestó que la norma ayudará a reducir los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo generados por los cuestionamientos sobre la idoneidad de los ministros.
De esta manera, la iniciativa quedó expedita para ser enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.
Cabe recordar que el pasado 17 de diciembre el Pleno del Congreso había aprobado, en primera votación, con 73 votos, el referido texto, que plantea la modificación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en lo que se refiere al nombramiento de ministros de Estado y viceministros.
Legislatura se amplía hasta el 2 de febrero
Por otro lado, la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, anunció la ampliación de la actual legislatura hasta el próximo 2 de febrero con el propósito de abordar temas incluidos en la agenda, lo cual daría un mayor plazo para debatir sobre la reforma universitaria, tema polémico que podría abrirle las puertas a distintas universidades que no pasaron por el primer control de calidad.
“Señores congresistas, se les informa que la presente legislatura se ha ampliado hasta el 2 de febrero del presente año, a fin de abordar y debatir los temas incluidos en la agenda fija”, señaló Alva Prieto.
Durante la misma sesión plenaria en la víspera, que se extendió hasta más de las 11.00 p. m., la titular del Parlamento Durante la sesión del pleno, señaló que este acuerdo se publicará en un decreto de la Presidencia del Congreso.
Cultura
Ministerio de Cultura intenta silenciar al exministro Ciro Gálvez
A través de una carta notarial el gobierno de Pedro Castillo, mediante el Ministerio de Cultura, pretende silenciar al exministro Ciro Gálvez Hererra por sus declaraciones sobre los presuntos actos de corrupción e irregularidades en el MINCUL. Esto es un claro indicio de una dictadura que se pretendería establecer en el Perú.
Desde el Ministerio de Cultura se pretendería realizar una campaña de acoso y hostigamiento judicial en contra de periodistas o denunciantes que investigan e informan sobre presuntos actos de corrupción e irregularidades en el MINCUL y en otras entidades del Estado. Como señal de esto, el exministro de Cultura Ciro Gálvez Herrera, ha recibido el 10 de enero pasado, una carta notarial donde se señala: “Me dirijo a usted para manifestarle el malestar general del Ministerio de Cultura como institución por encontrar afectado su honor y el de sus colaboradores por el accionar difamatorio que usted a manifestado en diversas oportunidades a lo largo de los últimos meses”. La carta es firmada por el Secretario General, Luis Fernando Meza Farfán.
Las supuestas declaraciones difamatorias que menciona el Ministerio de Cultura, cuya titular es la ministra Gisela Ortiz Perea, se realizaron en entrevistas de tres medios de comunicación. La primera fue en el programa del periodista Beto Ortiz, el día 15 de octubre de 2021. La segunda entrevista en el diario Expreso, el 22 de noviembre de 2021, y la tercera entrevista en Lima Gris, con fecha 05 de febrero del 2022. Es decir, el Ministerio de Cultura se adelanta al futuro. Esta es una clara muestra de un error de redacción que evidencia la ligereza del MINCUL.
Pero, al parecer se refieren a la reciente entrevista que se le realizó al ex ministro Ciro Gálvez, el 04 de enero pasado, donde el líder del partido RUNA fue tajante al decir: “Si me quedaba más tiempo en el ministerio hubiera botado a patadas a los corruptos y caviares”.
Aquí la carta notarial completa enviada al ex ministro Ciro Alfredo Gálvez Herrera.
La respuesta a la carta notarial que envía Ciro Gálvez a la ministra de Cultura Gisela Ortiz, es firme y clara: “Usted cita términos subjetivos como hubiera, hubiese y tales afirmaciones se contextualizan en situaciones hipotéticas futuras y ello no asevera absolutamente nada y menos tiene un fin difamatorio. Recordarle también que el término caviar, en nuestro país, es una expresión política de uso coloquial, por tanto, nadie se puede sentir expresamente aludido. Mencionarle también que las subjetividades tienen como motivación, los sentimientos, anhelos, deseos y ello es inherente al ser humano y personalmente nunca me despojaré de mi condición de ser humano”.
Además, el ex ministro agrega: “Cuando dejé el ministerio y al ser abordado por la prensa, lo que hice fue informar sobre esas denuncias pre-existentes, es decir que habían sido presentadas meses antes de la fecha que asumí el cargo de ministro de Cultura. Me causa extrañeza que por cumplir el deber de transparentar e intentar sancionar los posibles actos de corrupción en el ministerio, hoy se pretenda amedrentarme con esas conjeturas intimidatorias a mi persona. La indicada carta, por otro lado, es un grave atentado contra el derecho a la libertad de expresión”.
Aquí el documento de respuesta de Gálvez Herrera:
Todo el Perú ha sido testigo de casos como el de Richard Swing en el Ministerio de Cultura, un hecho escandaloso que terminó con la vacancia del presidente Martín Vizcarra. ¿Acaso la mafia enquistada en el MINCUL busca evitar que no se realice una reorganización y todo siga igual?
Este accionar del Ministerio de Cultura y la ministra Gisela Ortiz, al parecer también busca que los presuntos actos de corrupción no sean investigados ni revelados por la prensa, sino que además, intentarían silenciar toda voz de periodistas o denunciantes que señalen actos irregulares en el gobierno de Pedro Castillo Terrones. Esto es un claro indicio de una dictadura que se pretendería establecer en el Perú.
Además, es importante recordar, que el acoso judicial es una forma de agresión que consiste en interponer recursos legales en contra de periodistas o denunciantes que investigan e informan, en su mayoría, sobre presuntos actos de corrupción e irregularidades en entidades del Estado.
El presidente Pedro Castillo debe dar explicaciones y responder a la opinión pública si él como máxima autoridad, apoya este tipo de acciones que buscan silenciar y acosar a periodistas y ciudadanos que luchan contra la corrupción.
Política
Congreso: Parlamentarios solicitan aprobación que establece requisitos mínimos para ser funcionario
“No más Pachecos ni Salaverrys” fue lo que mencionó el congresista Vergara durante su intervención en el Parlamento.
Se le denomina la “Ley de idoneidad” a los proyectos de ley 149 y 184 y se vienen debatiendo actualmente en el Congreso de la República. Éstas pretenden que las personas que postulan un cargo dentro del Estado tengan no solamente estudios secundarios sino otras capacidades y estudios técnicos para los que pugnen como funcionarios de libre designación y personal de confianza.
“Que no haya más Pachecos o Salaverrys por ahí”, fue la frase que empleó hoy el congresista y vocero de Acción Popular (AP), Elvis Vergara, al pedirle a sus colegas que voten para que se aprueben los proyectos de ley que establecen requisitos mínimos para el nombramiento de funcionarios de libre designación y personal de confianza.
Durante el debate del Pleno, el legislador remarcó que, para el correcto funcionamiento del aparato estatal, se requiere de profesionales que cuenten con la experiencia y capacidad técnica para asumir cargos de vital importancia.
“Tenemos la necesidad de ponerle parámetros mínimos a los profesionales y funcionarios que están a cargo de la administración de nuestros recursos, que finalmente es lo que nos interesa a todos”, agregó.
Al culminar su exposición, Vergara pidió un cuarto intermedio para se puedan agregar algunas precisiones a la iniciativa, con el fin de tener un proyecto de ley mejor elaborado.
El congresista acciopopulista se pronunció de esa forma luego del cuestionado nombramiento del excandidato presidencial, Daniel Salaverry, como presidente del directorio de Perupetro y a las investigaciones que afronta el ex secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, acusado de supuestamente interferir en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas y presionar al jefe de la Sunat.
Política
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Política
Poder Judicial: Periodista Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel son sentenciados a dos años de prisión suspendida
El periodista Christopher Acosta, jefe de investigación de Latina y autor del libro ‘Plata como cancha’, junto a Jerónimo Pimentel, fueron sentenciados a 2 años de prisión suspendida y al pago de 400 mil soles por concepto de reparación civil.
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