Política
Demanda competencial que presentó el Ejecutivo es improcedente
En estos momentos todos se preguntan ¿Es correcto iniciar un proceso de vacancia por incapacidad moral? la respuesta es: más allá que sea correcto o no, la vacancia es una prerrogativa que le compete solamente al Congreso y además obedece a una cuestión política. El tema es estrictamente político en el sentido que quizá no sea conveniente remover a un presidente en plena emergencia sanitaria y sobre todo si estamos a pocos meses de los comicios electorales, no obstante, ese no es el fondo del asunto.
Ahora bien, si nos ceñimos al aspecto jurídico, en ese sentido el Congreso también está totalmente facultado a vacar a un presidente. La incapacidad moral permanente surgió en el siglo XIX y tiene apenas cuatro precedentes en la historia de la República peruana. El primer caso fue en el año 1823 con el presidente José de la Riva Agüero en 1823 y se le destituyó por incapacidad moral y posteriormente en el siglo XX con Guillermo Billinghurst en 1914. Luego en el siglo XXI, con Alberto Fujimori en febrero de 2001 y finalmente, con Pedro Pablo Kuczynski que fue vacado por la causal de: Aceptación de su renuncia por el Congreso.
Esta figura es cotidiana en el derecho internacional latinoamericano; incluso en Estados Unidos perdura el impeachment, que significa: destitución o acusación constitucional. En ese sentido, cabe recordar que la mentira ha sido una causal relevante para deponer a un presidente norteamericano, como bien fue el caso de impeachment de los presidentes Richard Nixon y luego Bill Clinton, que en resumidas cuentas mintieron a su país, aunque eso no haya constituido delito. Sin embargo, en el actual escenario peruano, la naturaleza de este conflicto competencial ha sido distorsionada por los opinologos de una forma absurda; pues, en un conflicto competencial se debe dilucidar la facultad entre dos órganos del Estado para resolver quién es realmente el que tiene competencia de decidir o fallar sobre un acto entre ellos.
La opinión pública debe entender que la figura de la vacancia presidencial no es un instrumento que lidia con aspectos penales; en ese sentido, queda claro que no se puede acusar al presidente de la República durante su periodo, porque éste goza de inmunidad presidencial; a excepción de casos como: traición a la patria, por disolver el Congreso sin la aplicación del artículo 134° de la Constitución, y por impedir elecciones generales, tal como señala el artículo 117° de la Carta Magna. No obstante, la vacancia presidencial si bien no es penal, ésta se constituye como fáctica, en el sentido de que siempre habrá la posibilidad real de que un mandatario muera, renuncie al cargo, salga de suelo peruano sin permiso del Congreso, o no regrese en el plazo fijado. Además, vale decir que esta figura de la incapacidad moral permanente cobra más sentido porque técnicamente se le denomina como un concepto jurídico indeterminado, porque es genérico y abstracto; es así que sus límites no pueden ser precisados en un enunciado o en una cartilla de acápites. Ergo, tal concepto no tendría por qué ser tipificado porque es de naturaleza política.
No obstante, algunos penalistas ahora están saliendo con el rollo que se tiene que tipificar; sin embargo, como ya lo mencioné anteriormente, en los pocos pedidos de vacancia de nuestra historia, la interpretación de esta figura ha sido meramente política. Pero en estos momentos una facción que simpatiza con Martín Vizcarra, arremete y opina que al presidente de la República no se le debe acusar y que luego se le deberá investigar. ¿Y quién está hablando de acusación o investigación? Evidentemente, ese menester se tendrá que dar después del 28 de julio de 2021, pero aún no, ya que en ese caso estamos hablando de un aspecto meramente penal. Ahora bien, la vacancia no es una acusación al Presidente. La vacancia propiamente dicha es una atribución que goza el Congreso para aplicarla si se presenta el momento indicado contra un mandatario.
Recordemos que el presidente del Congreso disuelto, Pedro Olaechea también inicio una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional en contra del Poder Ejecutivo al mando de Martín Vizcarra y a pesar del absurdus que pretendía aquel exlegislador, el Tribunal la admitió a trámite y se aplicó el principio pro actione, pero finalmente el fallo fue declarado infundado, porque un Congreso que ya no ejercía sus funciones no podría expedir acuerdos posteriores y eso se constituía como un imposible jurídico, considerando que nunca existió un menoscabo en sus ejercicios y facultades.
Si tan solo aplicáramos un razonamiento elemental, podemos precisar que cuando una institución del Estado sabe perfectamente cuál es su competencia, no debe realizar un ejercicio o atribución indebida que no le corresponda, justamente porque ante esa trasgresión ya no goza de la competencia respectiva que pueda invadir el ámbito de la otra institución. En ese sentido, una demanda competencial únicamente se debe interponer cuando entre dos órganos del Estado, uno de ellos interfiere en las atribuciones y competencias del otro. Y ese no es el caso en esta coyuntura del pedido de vacancia que está tramitando el actual parlamento, sencillamente porque está basado en un precepto constitucional. Leer bien el artículo 113° inciso 2 de la Constitución: La Presidencia de la República vaca por su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. En otros términos, eso quiere decir que la atribución y/o competencia de vacar a un mandatario es exclusivamente del Poder Legislativo, y no del Poder Ejecutivo ¿Acaso en la Constitución se señala que el Poder Ejecutivo puede vacar a su presidente? Obviamente que no, pues, un presidente de la Nación no puede vacarse a sí mismo. Sin embargo, si bien el Ejecutivo a través de su ministerio de Justicia tiene todo el derecho de interponer este absurdo jurídico; no obstante, el Tribunal Constitucional ni siquiera debería admitir dicha demanda competencial. Asimismo, la ministra de Justicia Ana Neyra como parte de la estrategia presidencial habló de interponer una Medida Cautelar con el único afán de suspender la pronta sesión del Pleno que se llevará a cabo el viernes 18 donde deberá asistir el presidente Martín Vizcarra para ejercer su derecho a la defensa y donde probablemente a través de los votos llegue a ser vacado. La estrategia de los “abogados” de Vizcarra pretende ganar tiempo para así tumbarse el Pleno de este viernes, considerando que la medida cautelar sirve justamente para eso: para suspender y/o congelar un “tramite” o “acto” hasta que la demanda se resuelva al final con el fallo del Tribunal Constitucional y éste, por lo menos tardaría dos meses y por eso, la pretensión estratégica del gobierno es que en todo ese tiempo Martín Vizcarra continúe gobernando.
Así las cosas, cuando el tribuno Eloy Espinoza-Saldaña normalmente sale en los medios y los periodistas le preguntan sobre un caso específico que está en curso en el Tribunal Constitucional, él siempre dice que no puede adelantar opinión; sin embargo, ayer en un programa dominical se despachó con todo y aseveró irresponsablemente:
“Nosotros lo que tenemos es el poder de paralizar el trámite del proceso de vacancia si consideramos que hay elementos, indicios, de violación de competencias de quien ha presentado la demanda. Si eso significa que el día 18 estaba programada una sesión para vacar al presidente y hay una cautelar dada por nosotros, esa sesión no podría darse”. “Espero que la presidencia del TC nos alcance de inmediato la demanda porque el martes tenemos sesión y aun cuando no está programado, el tema tiene la urgencia suficiente como para poder entrar a discutir, definir quién va a ser el ponente y lo más importante, resolver el martes o el jueves a más tardar si se admite la demanda y si se admite o no la medida cautelar”.
Prácticamente, Espinosa-Saldaña ya está anunciando con antelación que el Tribunal Constitucional admitirá la demanda competencial y la medida cautelar porque deberán resolver con premura a más tardar el jueves, porque como el caso es de urgencia, se trabajará de manera express; y eso es casi imposible porque el Tribunal no puede ni debe resolver esta demanda apenas en tres días y lo mismo con la medida cautelar. Sin embargo, con este TC presidencialista, todo es posible.
En esa línea, esta mañana el Poder Ejecutivo finalmente presentó al TC la demanda competencial y la medida cautelar, con el afán que el máximo intérprete de la Constitución determine si hubo intromisión e invasión de competencias. Sin embargo, insisto, esa demanda no es procedente a pesar que el Procurador del ministerio de Justicia, Luis Huerta siga sosteniendo que para la admisibilidad solamente requerirán verificar un conflicto que enfrente a dos órganos del Estado; además afirma que se está afectando la competencia del presidente de la Republica para dirigir la Política General del Gobierno como consecuencia del uso indebido de la competencia del Congreso al declarar la vacancia por permanente incapacidad moral. Asimismo, el abogado del Minjus insiste en sustentar que la postura del Ejecutivo, es que el Congreso está haciendo un uso indebido de su competencia para declarar la vacancia por incapacidad moral permanente. Y eso es, además de absurdo, absolutamente falaz, ¿Qué tiene que ver aquí la Política General del Gobierno?
¿Por qué el Procurador Huerta no menciona la norma constitucional que el Congreso está aplicando?
Cabe resaltar que el artículo 113° inciso 2° de la Carta Magna es taxativo, porque confiere al Congreso un pleno uso de su competencia para decidir si vaca o no a un presidente, si éste parlamento, previa votación lo considera admisible. Por lo tanto, aquí no existen competencias debidas o indebidas como afirma el Procurador del Minjus. Y lo único que hay en estos escenarios: son competencias, o incompetencias. Sin embargo, todos los periodistas de los programas de prime time se inhiben ante algunos constitucionalistas que vienen desinformando a pesar que conocen la ley, y las conductoras y conductores no replican ni cuestionan porque se sienten profanos en temas jurídicos. Craso error para un comunicador/a que está obligado a estar informado en asuntos legales. Y eso sin contar la mala práctica mermelera que ejercen los medios pagados por el gobierno.
Si bien, el presidente no está obligado a asistir el próximo viernes al Pleno del Congreso para hacer uso de su derecho de defensa, sin embargo, la sesión del Pleno de todas formas debatirá y votará finalmente para decidir si Martín Vizcarra se va o no de Palacio de Gobierno. Entre tanto, si el Tribunal Constitucional decide admitir y otorgar una Medida Cautelar Express, en solo tres días; es decir, hasta el día jueves; Martín Vizcarra sería salvado por un pelo, hasta que esa cautelar se levante, o en su defecto, se lea el fallo final de la demanda. Eso coadyuvaría a azuzar la crisis política y solo nos confirmaría que el Tribunal Constitucional está tomado por el gobierno de turno.
A continuación, todo lo referente al Proceso Competencial en el Código Procesal Constitucional:
TÍTULO IX
PROCESO COMPETENCIAL
Artículo 109.- Legitimación y representación
El Tribunal Constitucional conoce de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales, y que opongan:
1) Al Poder Ejecutivo con uno o más gobiernos regionales o municipales;
2) A dos o más gobiernos regionales, municipales o de ellos entre sí; o
3) A los poderes del Estado entre sí o con cualquiera de los demás órganos constitucionales, o a éstos entre sí.
Los poderes o entidades estatales en conflicto actuarán en el proceso a través de sus titulares. Tratándose de entidades de composición colegiada, la decisión requerirá contar con la aprobación del respectivo pleno.
Artículo 110.- Pretensión
El conflicto se produce cuando alguno de los poderes o entidades estatales a que se refiere el artículo anterior adopta decisiones o rehúye deliberadamente actuaciones, afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro.
Si el conflicto versare sobre una competencia o atribución expresada en una norma con rango de ley, el Tribunal declara que la vía adecuada es el proceso de inconstitucionalidad.
Artículo 111.- Medida Cautelar
El demandante puede solicitar al Tribunal la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto de conflicto. Cuando se promueva un conflicto constitucional con motivo de una disposición, resolución o acto cuya impugnación estuviese pendiente ante cualquier juez o tribunal, éste podrá suspender el procedimiento hasta la resolución del Tribunal Constitucional.
Artículo 112.- Admisibilidad y procedencia
Si el Tribunal Constitucional estima que existe materia de conflicto cuya resolución sea de su competencia, declara admisible la demanda y dispone los emplazamientos correspondientes.
El procedimiento se sujeta, en cuanto sea aplicable, a las disposiciones que regulan el proceso de inconstitucionalidad.
El Tribunal puede solicitar a las partes las informaciones, aclaraciones o precisiones que juzgue necesarias para su decisión. En todo caso, debe resolver dentro de los sesenta días hábiles desde que se interpuso la demanda.
Artículo 113.- Efectos de las Sentencias
La sentencia del Tribunal vincula a los poderes públicos y tiene plenos efectos frente a todos. Determina los poderes o entes estatales a que corresponden las competencias o atribuciones controvertidas y anula las disposiciones, resoluciones o actos viciados de incompetencia. Asimismo resuelve, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones jurídicas producidas sobre la base de tales actos administrativos.
Cuando se hubiera promovido conflicto negativo de competencias o atribuciones, la sentencia, además de determinar su titularidad, puede señalar, en su caso, un plazo dentro del cual el poder del Estado o el ente estatal de que se trate debe ejercerlas.
Política
¿Ministerio de Infraestructura? Brecha de infraestructura se podría cerrar en 100 años al ritmo que vamos
Lee la columna de Hans Herrera Núñez
Política
Ministerio de Infraestructura ¿Solución o concentración de la corrupción?
En el Perú, el 80% de la corrupción se da en obras públicas.
Política
Dina Boluarte: «Ante las acusaciones que nos inventan, no hacemos más que reírnos”
Desde Puente Piedra, la presidenta Dina Boluarte hizo caso omiso a las acusaciones y 34 carpetas fiscales que tiene en su contra en la Fiscalía, y aseguró que son solo historias inventadas para desestabilizar su gestión.
Política
Vladimir Cerrón no tendría impedimento para postular a la presidencia en 2026 [VIDEO]
Según expertos, al quedar sin una condena penal vigente el líder de Perú Libre ya no necesitaría a un ‘Pedro Castillo’ como cabeza de lista en una probable plancha presidencial para el 2026, ya que él mismo podría aspirar a la Presidencia de la República a través de su partido.
Luego de que sorpresivamente se “le vino el día” a Vladimir Cerrón Rojas, tras el último fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) presidida por el juez César San Martín, que lo absolvió, por el presunto delito de colusión en el caso ‘Aeródromo Wanka’ y que revoca la sentencia de tres años y seis meses de pena privativa de la libertad que recaía en su contra; la discusión sobre su posible participación en las Elecciones Generales de 2026, como candidato a la presidencia del Perú, nuevamente cobra vigencia y probabilidad.
¿Las razones? Según, diversos expertos en derecho electoral, al quedar sin una condena penal vigente, el líder de Perú Libre, ya no necesitaría a un Pedro Castillo como cabeza de lista en una probable plancha presidencial para el 2026. Y en su lugar, él mismo podría aspirar a la Presidencia de la República, a través de su partido.
Con la reciente resolución judicial, al aún prófugo Cerrón Rojas, prácticamente se le retira el mayor impedimento que anulaba todas sus aspiraciones políticas.
Tiene prisión preventiva
Pese a ser absuelto de un caso importante, como es el ‘Aeródromo Wanka’, Vladimir Cerrón Rojas, todavía tiene una orden de prisión preventiva en su contra, por la investigación sobre ‘Los Dinámicos del Centro’. No obstante, dicha disposición carcelaria es una medida cautelar excepcional, y no se trata de una sentencia firme.
Como se sabe, en 2016 Vladimir Cerrón Rojas, se lanzó como candidato presidencial, pero antes de la elección se retiró de la contienda. Seguidamente, en 2021, postuló como segundo vicepresidente en la plancha que encabezó Pedro Castillo y Dina Boluarte como primera vicepresidenta; sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) impidió su inscripción debido a una sentencia firme de cuatro años por el delito de negociación incompatible.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solo impide candidaturas cuando los postulantes cuentan con condenas vigentes en primera o segunda instancia por delitos dolosos. Y la actual situación jurídica de Cerrón Rojas, al quedar absuelto del caso ‘Aeródromo Wanka’, le permite tentar un cargo de elección popular, a menos que surjan nuevas causas en su contra, o aparezcan otros procesos pendientes.
Por su parte, el abogado penalista Andy Carrión explicó ante la prensa que Cerrón Rojas ya no tiene actualmente ningún impedimento legal para presentarse como candidato: “Al día de hoy no tiene una sentencia condenatoria. En las anteriores elecciones lo excluyeron porque tenía una”.
Perú Libre calienta motores
Asimismo, el secretario regional de prensa de Perú Libre, Richard Rojas, respaldó públicamente una eventual postulación, “Cerrón es el candidato natural del partido para el 2026”, declaró el dirigente, tras conocerse este nuevo fallo que favorece políticamente al exgobernador Regional de Junín.
Política
Ex gobernador de Ica Fernando Cillóniz es condenando a 4 años de prisión suspendida
Cillóniz Benavides y ex gerente regional de Ica, Carlos Ramón Noda, fueron hallados responsables del delito de peculado doloso.
De mal en peor. Luego de haber sido apartado del partido PPC por sus vínculos con Odebrecht, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios (Tercer Despacho) obtuvo una sentencia condenatoria- de cuatro años y dos meses de prisión– contra el exgobernador regional de Ica, Fernando José Cillóniz Benavides, y el exgerente general de dicha región, Carlos Ramón Noda, tras haber sido hallados responsables penalmente del delito de peculado doloso.
La sentencia impuesta es suspendida de ejecución por un periodo de dos años de prueba, sujeto a las siguientes reglas de conducta: prohibición de cometer nuevos delitos contra la administración pública, no ausentarse del lugar de su residencia, entre otras.
El caso estuvo a cargo del fiscal provincial Alexander Pérez López, quien, durante el juicio oral, logró acreditar la responsabilidad penal de los imputados.
Además, se fijó una reparación civil solidaria de S/12,608.90 soles, que deberán cancelar ambos sentenciados en un plazo de 10 días, bajo apercibimiento de aplicar las medidas legales correspondientes en caso de incumplimiento.
Los hechos que motivaron la condena se refieren a la apropiación indebida de fondos del Estado por parte del exgerente general regional, Carlos Ramón Noda, quien se ausentó de su lugar de trabajo para participar en 11 eventos durante el periodo 2015-2018 en representación del Directorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica.
A pesar de ello, no justificó su ausencia en esos días en el gobierno regional, ni solicitó el descuento correspondiente de su remuneración como trabajador de la referida jurisdicción.
Dicho acto fue aprobado a través de la Resolución Ejecutiva Regional n.° 0327-2017-GORE-ICA/GR, suscrita por el exgobernador regional Cillóniz Benavides.
Cillóniz y sus vínculos con Odebrecht
La noticia se suma a la exclusión de su precandidatura luego de confesar que representa legalmente a dos empresas de Odebrecht en el Perú. En una entrevista concedida al canal Willax, Cillóniz reveló que actualmente ocupa el cargo de director en CTO y H2Olmos, involucradas en el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético de Olmos, ubicado en la región de Lambayeque. Durante la conversación, el empresario agroindustrial afirmó: “Yo represento legalmente a esas dos empresas de Odebrecht, sí”. Además, advirtió que la salida de Novonor del proyecto podría tener graves consecuencias, como la pérdida de 67.000 empleos y la interrupción del suministro de agua para los agricultores de la zona.
Política
Ex comandante PNP Raúl Alfaro sobre el 7 de diciembre de 2022: “Pedro Castillo me mandó a cerrar el Congreso” [VIDEO]
Ex comandante indicó que Castillo Terrones le había pedido intervenir a la fiscal de la Nación, así como de brindar seguridad a los ex ministros Betssy Chávez y Aníbal Torres.
Política
Impulsan vacancia de Renzo Reggiardo y otros 20 regidores metropolitanos por presuntas contrataciones irregulares
El denunciante argumenta ante el JNE que los regidores de acuerdo a la LOM están impedidos de aprobar contrataciones directas. Sin embargo, aprobaron sin ‘facultades legales’ desembolsos de más de $24 millones de dólares, para la remoción y traslado de ferrocarriles donados en Estados Unidos, para la MML.
El ciudadano Carlos Francisco Hinostroza Rodríguez presentó una solicitud ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para declarar la vacancia de 21 regidores metropolitanos de Lima, pertenecientes a la bancada de Renovación Popular y de otras bancadas, debido a que, en un Acuerdo de Concejo de fecha 13 de noviembre del año pasado, aprobaron una contratación directa con la empresa Operadora Península Corridor Joint Power Board-Caltrain para la adquisición de 20 locomotoras EMD F40PH-2, 93 vagones galería y repuestos, por US$6 millones 502,915, los cuales fueron fabricados entre los años 1985 y 1987.
En dicha contratación los concejales aprobaron cubrir los gastos de remoción y traslado hacia Lima-Perú, de los ferrocarriles que actualmente se encuentran en los condados de Sonoma y San José, California. Por lo que la MML asumirá un gasto aproximado de US$ 24’502,915 (veinticuatro millones quinientos dos mil novecientos quince con 00/100 dólares americanos), de los cuales, USD$ 7’502,915 corresponden por la aceptación de la donación del material ferroviario y aproximadamente USD$ 17’000,000 por concepto de remoción de piezas y traslado, conforme se establece en el Acuerdo de Concejo aprobado.
Los 21 regidores denunciados son:
El teniente alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Andrés Reggiardo Barreto, Fabiola María Morales Castillo, José Manuel Tisoc Lindley, María del Rosario Payet Bedoya, Guillermo Humberto Valdivieso Méndez, María José Marcet Yarrow, (hija de la congresista Norma Yarrow), Efraín Aguilar Pardavé, Deborah Carmen Inga Zapata, Ahura Hires Rocha Salazar de Trujillo, Giuliana Calambrogio Correa de Balmaceda, Miguel Miguel Ciccia Ciccia, Mirta Aidé Mondragón Guevara, Leo Miguel de Paz Lancho, Jeanette Evangelina Alonzo Contreras, Luis Sigfredo Milla Soto, Celmira Zaldaña Sevallos, Juver Elías Valentín Zúñiga, Lida Esperanza Valdivieso Solis, Luzi Margarita Toro de Jiménez, Carlos Gustavo Eduardo Ballón Lavagna, y Juan Raúl Cavero Aybar.
Causal de vacancia
La causal que se invoca, se basa en el artículo 11° de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), por la presunta aprobación irregular de gastos relacionados con la remoción y traslado de ferrocarriles hacia la capital peruana.
Según lo argumentado por el denunciante Hinostroza Rodríguez, los regidores no cuentan con facultades para autorizar contrataciones directas, lo que configuraría una causal de vacancia, según la Ley Orgánica de Municipalidades.
Articulo 11°. – Responsabilidades, Impedimentos y derechos de los regidores.
“Los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos, sean de carrera o de confianza, ni ocupar cargos de miembro de directorio, gerente u otro, en la misma municipalidad. La infracción de esta prohibición es causa de vacancia del cargo de regidor”.
De acuerdo al acta N° 51 de la Sesión Extraordinaria de Concejo, de fecha 13 de noviembre de 2024, donde se aprobó el Acuerdo de Concejo N° 419:
“El regidor Gagó Pérez, expuso y evidenció que se estaría realizando subrepticiamente una compra, bajo el concepto de una donación; pese a ello, los regidores votaron a favor de la adopción de un Acuerdo claramente contrario a las competencias que contaban; asimismo, el señor alcalde López Aliaga, confirma la naturaleza contractual de lo adoptado, indicando que los $24’000,000 USD es el costo del transporte”, se lee en otra parte de los argumentos para el pedido de vacancia contra los concejales metropolitanos.
Asimismo, en el Fundamento 10° del documento denunciante presentado ante el JNE, se señala que dicho pedido de vacancia se encuentra acorde a lo dispuesto en la Resolución N° 0231-2024 emitida por el JNE, respecto al Concejo Municipal del distrito de José Leonardo Ortiz.
El documento fue recibido por el JNE este miércoles 26 de marzo de 2025, y de acuerdo con la normativa edil, el Concejo Metropolitano deberá convocar a una sesión extraordinaria para debatir y evaluar la solicitud y luego permitir el derecho de defensa de los implicados. En caso de aprobarse la vacancia y ser ratificada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los regidores deberán ser reemplazados por sus respectivos accesitarios.
Política
Dina Boluarte: “Nuestras obras son con las manos limpias, sin tener rabo de paja, porque no somos corruptos” [VIDEO]
Durante una presentación inaugural en un plantel educativo, la presidenta exhortó a los partidos políticos a buscar a peruanos “honestos y con valores”. Asimismo, reiteró que ella y su Gobierno tienen las ‘manos limpias’.
En una nueva aparición en público, durante la ceremonia de inauguración de la I.E. n.° 3088 ‘Vista Alegre’ en Puente Piedra, la presidenta envió un mensaje a los partidos políticos, tras unos días de haber convocado a elecciones generales para el 2026.
En esa línea, Boluarte Zegarra hizo un llamado a los partidos políticos, según dijo, «por el bien del Perú» y sugirió a los diversos grupos políticos, buscar «peruanos honestos» para que conduzcan el destino del país.
«Hago un llamado a los partidos políticos a trabajar en la búsqueda de peruanas y peruanos honestos y con grandes valores para seguir conduciendo los destinos de nuestra querida patria. Así hablamos y seguiremos hablando en nuestro Gobierno, con obras que generan bienestar y abren el camino hacia un futuro con esperanza.
La sonrisa y la alegría de nuestros niños no tiene mejor expresión que seguir apostando por la educación. Nuestras obras son hechas con las manos limpias, y lo decimos… y lo decimos sin tener ‘rabo de paja’ porque no somos corruptos. Todos los colegios y obras que venimos generando en nuestro Gobierno, todas, son con las manos limpias”, expresó la presidenta Boluarte Zegarra.
¿Ministerio de Infraestructura? Brecha de infraestructura se podría cerrar en 100 años al ritmo que vamos
Ministerio de Infraestructura ¿Solución o concentración de la corrupción?
Consejos para encontrar un teléfono con buena relación calidad-precio
Dina Boluarte: «Ante las acusaciones que nos inventan, no hacemos más que reírnos”
Vladimir Cerrón no tendría impedimento para postular a la presidencia en 2026 [VIDEO]
Gustavo Gorriti y sus nexos con el tráfico de armas
Cusco – Ollantaytambo: Grave atentado al Patrimonio Arqueológico
Nuevo escándalo: acusan a directora de manipular proceso de contratación de docentes en colegio PNP Santa Rosa de Lima
Festival de contrataciones en la Biblioteca Nacional del Perú
Escándalo en colegio PNP: directora condiciona matrícula al pago y calumnia a estudiante para negarle la vacante
Vladimir Cerrón no tendría impedimento para postular a la presidencia en 2026 [VIDEO]
Ex comandante PNP Raúl Alfaro sobre el 7 de diciembre de 2022: “Pedro Castillo me mandó a cerrar el Congreso” [VIDEO]
Dina Boluarte: “Nuestras obras son con las manos limpias, sin tener rabo de paja, porque no somos corruptos” [VIDEO]
Minsa emite alerta sanitaria por suero fisiológico defectuoso que hasta el momento ya habría causado la muerte de 3 personas [VIDEO]
Fuerza Popular podría quedar fuera de carrera tras declaratoria de ilegalidad por parte de la Fiscalía de la Nación [VIDEO]
-
Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]
-
Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides
-
Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»
-
General4 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional
-
Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas
-
Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»
-
Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING
-
Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo