Política
Demanda competencial que presentó el Ejecutivo es improcedente
En estos momentos todos se preguntan ¿Es correcto iniciar un proceso de vacancia por incapacidad moral? la respuesta es: más allá que sea correcto o no, la vacancia es una prerrogativa que le compete solamente al Congreso y además obedece a una cuestión política. El tema es estrictamente político en el sentido que quizá no sea conveniente remover a un presidente en plena emergencia sanitaria y sobre todo si estamos a pocos meses de los comicios electorales, no obstante, ese no es el fondo del asunto.
Ahora bien, si nos ceñimos al aspecto jurídico, en ese sentido el Congreso también está totalmente facultado a vacar a un presidente. La incapacidad moral permanente surgió en el siglo XIX y tiene apenas cuatro precedentes en la historia de la República peruana. El primer caso fue en el año 1823 con el presidente José de la Riva Agüero en 1823 y se le destituyó por incapacidad moral y posteriormente en el siglo XX con Guillermo Billinghurst en 1914. Luego en el siglo XXI, con Alberto Fujimori en febrero de 2001 y finalmente, con Pedro Pablo Kuczynski que fue vacado por la causal de: Aceptación de su renuncia por el Congreso.
Esta figura es cotidiana en el derecho internacional latinoamericano; incluso en Estados Unidos perdura el impeachment, que significa: destitución o acusación constitucional. En ese sentido, cabe recordar que la mentira ha sido una causal relevante para deponer a un presidente norteamericano, como bien fue el caso de impeachment de los presidentes Richard Nixon y luego Bill Clinton, que en resumidas cuentas mintieron a su país, aunque eso no haya constituido delito. Sin embargo, en el actual escenario peruano, la naturaleza de este conflicto competencial ha sido distorsionada por los opinologos de una forma absurda; pues, en un conflicto competencial se debe dilucidar la facultad entre dos órganos del Estado para resolver quién es realmente el que tiene competencia de decidir o fallar sobre un acto entre ellos.
La opinión pública debe entender que la figura de la vacancia presidencial no es un instrumento que lidia con aspectos penales; en ese sentido, queda claro que no se puede acusar al presidente de la República durante su periodo, porque éste goza de inmunidad presidencial; a excepción de casos como: traición a la patria, por disolver el Congreso sin la aplicación del artículo 134° de la Constitución, y por impedir elecciones generales, tal como señala el artículo 117° de la Carta Magna. No obstante, la vacancia presidencial si bien no es penal, ésta se constituye como fáctica, en el sentido de que siempre habrá la posibilidad real de que un mandatario muera, renuncie al cargo, salga de suelo peruano sin permiso del Congreso, o no regrese en el plazo fijado. Además, vale decir que esta figura de la incapacidad moral permanente cobra más sentido porque técnicamente se le denomina como un concepto jurídico indeterminado, porque es genérico y abstracto; es así que sus límites no pueden ser precisados en un enunciado o en una cartilla de acápites. Ergo, tal concepto no tendría por qué ser tipificado porque es de naturaleza política.
No obstante, algunos penalistas ahora están saliendo con el rollo que se tiene que tipificar; sin embargo, como ya lo mencioné anteriormente, en los pocos pedidos de vacancia de nuestra historia, la interpretación de esta figura ha sido meramente política. Pero en estos momentos una facción que simpatiza con Martín Vizcarra, arremete y opina que al presidente de la República no se le debe acusar y que luego se le deberá investigar. ¿Y quién está hablando de acusación o investigación? Evidentemente, ese menester se tendrá que dar después del 28 de julio de 2021, pero aún no, ya que en ese caso estamos hablando de un aspecto meramente penal. Ahora bien, la vacancia no es una acusación al Presidente. La vacancia propiamente dicha es una atribución que goza el Congreso para aplicarla si se presenta el momento indicado contra un mandatario.
Recordemos que el presidente del Congreso disuelto, Pedro Olaechea también inicio una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional en contra del Poder Ejecutivo al mando de Martín Vizcarra y a pesar del absurdus que pretendía aquel exlegislador, el Tribunal la admitió a trámite y se aplicó el principio pro actione, pero finalmente el fallo fue declarado infundado, porque un Congreso que ya no ejercía sus funciones no podría expedir acuerdos posteriores y eso se constituía como un imposible jurídico, considerando que nunca existió un menoscabo en sus ejercicios y facultades.
Si tan solo aplicáramos un razonamiento elemental, podemos precisar que cuando una institución del Estado sabe perfectamente cuál es su competencia, no debe realizar un ejercicio o atribución indebida que no le corresponda, justamente porque ante esa trasgresión ya no goza de la competencia respectiva que pueda invadir el ámbito de la otra institución. En ese sentido, una demanda competencial únicamente se debe interponer cuando entre dos órganos del Estado, uno de ellos interfiere en las atribuciones y competencias del otro. Y ese no es el caso en esta coyuntura del pedido de vacancia que está tramitando el actual parlamento, sencillamente porque está basado en un precepto constitucional. Leer bien el artículo 113° inciso 2 de la Constitución: La Presidencia de la República vaca por su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. En otros términos, eso quiere decir que la atribución y/o competencia de vacar a un mandatario es exclusivamente del Poder Legislativo, y no del Poder Ejecutivo ¿Acaso en la Constitución se señala que el Poder Ejecutivo puede vacar a su presidente? Obviamente que no, pues, un presidente de la Nación no puede vacarse a sí mismo. Sin embargo, si bien el Ejecutivo a través de su ministerio de Justicia tiene todo el derecho de interponer este absurdo jurídico; no obstante, el Tribunal Constitucional ni siquiera debería admitir dicha demanda competencial. Asimismo, la ministra de Justicia Ana Neyra como parte de la estrategia presidencial habló de interponer una Medida Cautelar con el único afán de suspender la pronta sesión del Pleno que se llevará a cabo el viernes 18 donde deberá asistir el presidente Martín Vizcarra para ejercer su derecho a la defensa y donde probablemente a través de los votos llegue a ser vacado. La estrategia de los “abogados” de Vizcarra pretende ganar tiempo para así tumbarse el Pleno de este viernes, considerando que la medida cautelar sirve justamente para eso: para suspender y/o congelar un “tramite” o “acto” hasta que la demanda se resuelva al final con el fallo del Tribunal Constitucional y éste, por lo menos tardaría dos meses y por eso, la pretensión estratégica del gobierno es que en todo ese tiempo Martín Vizcarra continúe gobernando.
Así las cosas, cuando el tribuno Eloy Espinoza-Saldaña normalmente sale en los medios y los periodistas le preguntan sobre un caso específico que está en curso en el Tribunal Constitucional, él siempre dice que no puede adelantar opinión; sin embargo, ayer en un programa dominical se despachó con todo y aseveró irresponsablemente:
“Nosotros lo que tenemos es el poder de paralizar el trámite del proceso de vacancia si consideramos que hay elementos, indicios, de violación de competencias de quien ha presentado la demanda. Si eso significa que el día 18 estaba programada una sesión para vacar al presidente y hay una cautelar dada por nosotros, esa sesión no podría darse”. “Espero que la presidencia del TC nos alcance de inmediato la demanda porque el martes tenemos sesión y aun cuando no está programado, el tema tiene la urgencia suficiente como para poder entrar a discutir, definir quién va a ser el ponente y lo más importante, resolver el martes o el jueves a más tardar si se admite la demanda y si se admite o no la medida cautelar”.
Prácticamente, Espinosa-Saldaña ya está anunciando con antelación que el Tribunal Constitucional admitirá la demanda competencial y la medida cautelar porque deberán resolver con premura a más tardar el jueves, porque como el caso es de urgencia, se trabajará de manera express; y eso es casi imposible porque el Tribunal no puede ni debe resolver esta demanda apenas en tres días y lo mismo con la medida cautelar. Sin embargo, con este TC presidencialista, todo es posible.
En esa línea, esta mañana el Poder Ejecutivo finalmente presentó al TC la demanda competencial y la medida cautelar, con el afán que el máximo intérprete de la Constitución determine si hubo intromisión e invasión de competencias. Sin embargo, insisto, esa demanda no es procedente a pesar que el Procurador del ministerio de Justicia, Luis Huerta siga sosteniendo que para la admisibilidad solamente requerirán verificar un conflicto que enfrente a dos órganos del Estado; además afirma que se está afectando la competencia del presidente de la Republica para dirigir la Política General del Gobierno como consecuencia del uso indebido de la competencia del Congreso al declarar la vacancia por permanente incapacidad moral. Asimismo, el abogado del Minjus insiste en sustentar que la postura del Ejecutivo, es que el Congreso está haciendo un uso indebido de su competencia para declarar la vacancia por incapacidad moral permanente. Y eso es, además de absurdo, absolutamente falaz, ¿Qué tiene que ver aquí la Política General del Gobierno?
¿Por qué el Procurador Huerta no menciona la norma constitucional que el Congreso está aplicando?
Cabe resaltar que el artículo 113° inciso 2° de la Carta Magna es taxativo, porque confiere al Congreso un pleno uso de su competencia para decidir si vaca o no a un presidente, si éste parlamento, previa votación lo considera admisible. Por lo tanto, aquí no existen competencias debidas o indebidas como afirma el Procurador del Minjus. Y lo único que hay en estos escenarios: son competencias, o incompetencias. Sin embargo, todos los periodistas de los programas de prime time se inhiben ante algunos constitucionalistas que vienen desinformando a pesar que conocen la ley, y las conductoras y conductores no replican ni cuestionan porque se sienten profanos en temas jurídicos. Craso error para un comunicador/a que está obligado a estar informado en asuntos legales. Y eso sin contar la mala práctica mermelera que ejercen los medios pagados por el gobierno.
Si bien, el presidente no está obligado a asistir el próximo viernes al Pleno del Congreso para hacer uso de su derecho de defensa, sin embargo, la sesión del Pleno de todas formas debatirá y votará finalmente para decidir si Martín Vizcarra se va o no de Palacio de Gobierno. Entre tanto, si el Tribunal Constitucional decide admitir y otorgar una Medida Cautelar Express, en solo tres días; es decir, hasta el día jueves; Martín Vizcarra sería salvado por un pelo, hasta que esa cautelar se levante, o en su defecto, se lea el fallo final de la demanda. Eso coadyuvaría a azuzar la crisis política y solo nos confirmaría que el Tribunal Constitucional está tomado por el gobierno de turno.
A continuación, todo lo referente al Proceso Competencial en el Código Procesal Constitucional:
TÍTULO IX
PROCESO COMPETENCIAL
Artículo 109.- Legitimación y representación
El Tribunal Constitucional conoce de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales, y que opongan:
1) Al Poder Ejecutivo con uno o más gobiernos regionales o municipales;
2) A dos o más gobiernos regionales, municipales o de ellos entre sí; o
3) A los poderes del Estado entre sí o con cualquiera de los demás órganos constitucionales, o a éstos entre sí.
Los poderes o entidades estatales en conflicto actuarán en el proceso a través de sus titulares. Tratándose de entidades de composición colegiada, la decisión requerirá contar con la aprobación del respectivo pleno.
Artículo 110.- Pretensión
El conflicto se produce cuando alguno de los poderes o entidades estatales a que se refiere el artículo anterior adopta decisiones o rehúye deliberadamente actuaciones, afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro.
Si el conflicto versare sobre una competencia o atribución expresada en una norma con rango de ley, el Tribunal declara que la vía adecuada es el proceso de inconstitucionalidad.
Artículo 111.- Medida Cautelar
El demandante puede solicitar al Tribunal la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto de conflicto. Cuando se promueva un conflicto constitucional con motivo de una disposición, resolución o acto cuya impugnación estuviese pendiente ante cualquier juez o tribunal, éste podrá suspender el procedimiento hasta la resolución del Tribunal Constitucional.
Artículo 112.- Admisibilidad y procedencia
Si el Tribunal Constitucional estima que existe materia de conflicto cuya resolución sea de su competencia, declara admisible la demanda y dispone los emplazamientos correspondientes.
El procedimiento se sujeta, en cuanto sea aplicable, a las disposiciones que regulan el proceso de inconstitucionalidad.
El Tribunal puede solicitar a las partes las informaciones, aclaraciones o precisiones que juzgue necesarias para su decisión. En todo caso, debe resolver dentro de los sesenta días hábiles desde que se interpuso la demanda.
Artículo 113.- Efectos de las Sentencias
La sentencia del Tribunal vincula a los poderes públicos y tiene plenos efectos frente a todos. Determina los poderes o entes estatales a que corresponden las competencias o atribuciones controvertidas y anula las disposiciones, resoluciones o actos viciados de incompetencia. Asimismo resuelve, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones jurídicas producidas sobre la base de tales actos administrativos.
Cuando se hubiera promovido conflicto negativo de competencias o atribuciones, la sentencia, además de determinar su titularidad, puede señalar, en su caso, un plazo dentro del cual el poder del Estado o el ente estatal de que se trate debe ejercerlas.
Política
Rectora de San Marcos entregó condecoración a ministra Leslie Urteaga por su “aporte al desarrollo del país” [VIDEO]
Titular del Midis fue condecorada por la rectora Jerí Ramón el pasado 6 de mayo.
Una de las ministras incondicionales de la presidenta Dina Boluarte, nos referimos a Leslie Urteaga Peña, estuvo presente el pasado 6 de mayo en su casa de estudios para recibir una condecoración con motivo del 474° aniversario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
La ‘Decana de América’ realizó un reconocimiento a destacados ex alumnos que ahora cumplen funciones dentro del Estado, entre ellos la ministra Urteaga, actual titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
Fue la propia rectora de San Marcos, Jerí Ramón, quien entregó la distinción “Sanmarquinos destacados 2025”, a la abogada Leslie Urteaga, aprovechando la ocasión para darle un fuerte abrazo y un beso a la cuestionada ministra que previamente pasó también por la cartera de Cultura.
La infame rectora de San Marcos Jeri Ramón, condecora a Leslie Urteaga como "Personalidad destacada 2025". La Ministra responsable de la intoxicación de decenas de niños por Qaliwarma ¡Una vergüenza! pic.twitter.com/STk3QQNEp5
— Chacotero (@ChacoteroPeru) May 8, 2025
A propósito de sus desempeños en las carteras de Cultura y el Midis, a Urteaga Peña, siendo ministra de Cultura, se le critica severamente por su falta de apoyo al cine regional, siendo abucheada en una oportunidad cuando asistió al 28° Festival de Cine de Lima.
También fue duramente cuestionada al pretender “flexibilizar” la intangibilidad de las reservas indígenas cuando propuso crear una mesa de trabajo para analizarlo.
“Las comunidades que viven ahí necesitan tener servicios básicos, eso no significa que sean intangibles, creo que también es flexibilizar, de pronto, algunas autorizaciones totalmente formales y los esquemas de intervención que tiene el Estado. Me permito hacer una propuesta de tener un grupo técnico que pueda debatir y conversar, respecto aquellos casos en que sí nos preocupa”, fueron sus palabras durante su participación en la vigésima sesión ordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, el 30 de abril del año pasado.
También recibió comentarios negativos cuando en una oportunidad recibió en su despacho a Juan Muñico Gonzales, líder de la agrupación de ultra derecha ‘La Resistencia’.
En tanto, siendo ministra del Midis, viene siendo investigada por el Congreso por su labor dentro del extinto programa Wasi Mikuna (ex Qali Warma), al revelarse una serie de casos de intoxicación en niños luego de haber ingerido productos de ese programa alimenticio.
Resulta increíble que una destacada universidad condecore a una ministra que tras su paso por dos ministerios no ha dejado nada rescatable; al contrario, viene saliendo de uno con una pesada mochila, y se encuentra en el Midis solamente por su cercanía con Dina Boluarte.
El dato:
También fueron condecorados personalidades como la doctora Janet Ofelia Lourdes Tello Gilardi, presidenta de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial de la República; la licenciada Fanny Esther Montellanos Carbajal, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; el doctor Alejandro Narváez Liceras, presidente del Directorio de Petróleos del Perú – Petroperú S.A.; el abogado César José Bernabé Pérez, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Calidad (INACAL); y el Sr. Alejandro Castro Coronado, representante en Perú de la Corporación Estatal China CETC.
Política
Hoy juez Concepción Carhuancho decide si Alejandro Toledo se va a su casa
El expresidente Alejandro Toledo declaró que sufre de cáncer, gastritis y ansiedad crónica y pidió su excarcelación por razones humanitarias para continuar su condena de 20 años en su vivienda. Entretanto, en audiencia de hoy el juez anunciará su decisión.
Esta mañana el Poder Judicial inició la audiencia para evaluar la sustitución de la sanción condenatoria de 20 años de prisión efectiva dictada contra el expresidente de la República, Alejandro Toledo Manrique. En esa línea, el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, anunció que hoy a las 16:00 horas, emitirá su decisión respecto al pedido presentado por la defensa del hoy preso exmandatario para cumplir su condena en calidad de arresto domiciliario, por razones humanitarias.
Por su parte, Alejandro Toledo declaró que tiene enfermedades como cáncer, gastritis y ansiedad crónica, entre otras, que requieren de permanente atención médica.
“No pedimos la modificación de la pena, sino la parte dónde debe cumplir la condena. Solicitamos que se declare fundado el pedido y que se ordene que Alejandro Toledo cumpla su condena conforme establece la modificación del Código Penal”, refirió el abogado defensor del exmandatario.
A su turno, desde el Penal de Barbadillo, Alejandro Toledo pidió al juez “de todo corazón”, que le permita salir a su vivienda, considerando sus 80 años de edad y los males que tiene. Dijo que no se irá del país, hasta que su situación legal se resuelva.
“Iré a una clínica privada donde me diagnosticaron el cáncer que tengo, que ha resurgido. Tengo problemas cardiacos, problemas de ansiedad aguda. Pido, de todo corazón que, por razones humanitarias, de mi enfermedad y de mi edad, se atienda mi pedido”, refirió.
En tanto, la representante de la Fiscalía se opuso al pedido de la defensa de Toledo, señalando que en la sentencia de condena a 20 años y 6 meses impuesta al exjefe de Estado, se precisa que debió ser extraditado de Estados Unidos, porque nunca se puso a derecho.
“Hoy se va a dar la decisión. Anuncio que será a las 4 de la tarde, en sesión presencial”, refirió el juez Concepción Carhuancho.
Durante la audiencia, el abogado de Alejandro Toledo, Roberto Su, dijo que ha formulado el pedido al amparo de una reciente norma que establece que, por razones humanitarias, los sentenciados mayores de 80 años cumplirán su condena con arresto domiciliario.
Política
Presidente del Congreso sobre posible viaje de Dina Boluarte al Vaticano: “Miramos con simpatía esa posibilidad” [VIDEO]
Congresista Salhuana, de APP, no tendría inconvenientes en aprobar un posible viaje de la mandataria a la Santa Sede para visitar al papa nacionalizado peruano.
¡Vade retro! La presidenta de la República, Dina Boluarte, estaría evaluando en las próximas horas solicitar al Congreso de la República un permiso para poder viajar al Vaticano y así estar presente el próximo 18 de mayo para la entronización del papa León XIV o Robert Prevost, quien tiene la nacionalidad peruana desde el año 2015.
Es bien conocido por todos los ciudadanos la fuerte devoción católica de la mandataria, quien en ocasiones anteriores estuvo al lado del papa Francisco en la ciudad del Vaticano, así como su intención de querer estar presente durante su velatorio. Ahora, teniendo como nuevo papa a un ciudadano peruano-estadounidense, la mandataria no querrá desaprovechar la ocasión de compartir momentos junto al sumo pontífice.
Consultado sobre ese posible viaje, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Eduardo Salhuana, respondió a varios medios de prensa estar “dispuesto” a evaluar esa “eventual solicitud”.
“Si la presidenta lo solicita, se evaluará. Nosotros miramos con simpatía esa posibilidad porque posiciona al Perú en el escenario internacional”, respondió el legislador de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña, aliado no declarado de la jefa de Estado.
A propósito de APP, la congresista María Acuña, hermana del gobernador de La Libertad, manifestó encontrarse a favor del viaje de Boluarte Zegarra, añadiendo que le gustaría viajar también al Vaticano junto con toda su familia.
“Mi familia y yo quisiéramos viajar (al Vaticano) y por supuesto con nuestros recursos”, aclaró la legisladora apepista ante la interrogante si viajaría utilizando los recursos del Estado.
Por su parte, el congresista de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, se mostró en contra de otorgarle un permiso a la presidenta. El legislador indicó que la presencia de Dina Boluarte podría “perturbar” la alegría que se vive en el mundo debido a la elección del exobispo de Chiclayo.
«El Perú, respecto a la presidenta, tiene otro sentimiento. Y, respecto al Papa, es totalmente distinto. Así sea por una invitación, ella no debería mezclar las cosas. Y eso, al contrario, podría perturbar yo creo este sentimiento de alegría, de regocijo espiritual que todos los peruanos y los católicos estamos viviendo», contestó Cruz Mamani.
Política
Fiscalía tras ‘hija política’ de Acuña por su presunta designación ilegal
Ministerio Público abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables de «negociación incompatible», tras haber contratado en el Congreso a la militante de APP, Yessenia Lozano Millones como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso.
A través de un comunicado, la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima anunció que abrió investigación preliminar por la presunta contratación ilegal de la mayormente conocida como ‘Hija política’ de César Acuña, Jaqueline Yessenia Lozano Millones, en el cargo de jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso de la República.
El Ministerio Público informa que la fiscalía anticorrupción ya empezó a investigar a los que resulten responsables del delito de ‘negociación incompatible’ por la referida designación en el Parlamento.
«Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima (Tercer Despacho) inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de negociación incompatible por la designación presuntamente irregular de Jaqueline Yessenia Lozano Millones como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso de la República», se lee en el anuncio fiscal.
Asimismo, se indica que la fiscal adjunta provincial Djanira Ajalcriña Cáceres ha solicitado formalmente al Congreso de la República que remita los documentos relacionados con la contratación de la apepista Lozano Millones, así como también el instrumento normativo que sustente la creación, funciones y conformación de la referida oficina, «entre otras diligencias necesarias» para que se logre esclarecer los hechos. Asimismo, indican que la investigación se basa en la hipótesis de que se trata de un «beneficio laboral obtenido únicamente en virtud de su afiliación a un partido político», como es Alianza para el Progreso (APP).
Salhuana defiende a Yessenia Lozano
Entre tanto, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, defendió la permanencia de Yessenia Lozano Millones en una oficina del Parlamento, indicando que no habría motivos para que la militante del partido Alianza para el Progreso (APP) tenga que abandonar su puesto como jefa del Centro de Modalidades.
«No hay ningún motivo objetivo para retirarla. Ella es una joven profesional y aquí, en el Congreso, damos oportunidades para que los jóvenes peruanos asuman roles y responsabilidades. Si ella estuviera involucrada en un tema ilícito, de corrupción, de malos manejos, o un trabajo incompetente, tengan la absoluta seguridad de que la retiraríamos de inmediato […] Yessenia será valorada, no por la universidad donde ha estudiado, sino por sus capacidades y los logros que nos brinda en la oficina en referencia», refirió el presidente del Congreso en una entrevista.
Política
Congresistas cusqueños exigen citar al gobernador de Cusco por conflicto del lujoso hotel de López Aliaga en Machu Picchu
Legisladores de la región Cusco piden la intervención de la Comisión de Fiscalización ante la controversia del lujoso Hotel Sanctuary Lodge, que ha logrado prolongar su concesión gracias a una medida cautelar otorgada por un juzgado del Poder Judicial.
Los congresistas de la región Cusco, Luis Ángel Aragón Carreño, Guido Bellido Ugarte, Ruth Luque Ibarra, Alejandro Soto Reyes y Jhakeline Katy Ugarte Mamani enviaron un oficio formalmente al presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Juan Burgos Oliveros, para que cite con carácter de urgencia al gobernador regional de Cusco, Werner Máximo Salcedo Álvarez, con el fin de que rinda cuentas y explique qué acciones viene tomando, respecto del conflicto generado a raíz de la concesión del lujoso hotel Sanctuary Lodge, de propiedad del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
Este lujoso hospedaje se encuentra ubicado en la entrada del Parque Arqueológico de Machu Picchu y gracias a una medida cautelar otorgada por el Décimo Segundo Juzgado Civil Subespecializado Comercial de Lima, del Poder Judicial, la empresa Belmond Hotels ya no abandonará las instalaciones del lugar hasta que la controversia se resuelva mediante un arbitraje.
Como se sabe, el contrato de usufructo con la empresa hotelera debió culminar este mes de mayo; sin embargo, actualmente se ha prorrogado la vigencia del contrato, impidiendo que el Gobierno Regional del Cusco (GORE Cusco) recupere la posesión del predio en Machu Picchu.
Empresa hotelera de ‘Porky’ denuncia posibles disturbios violentos
Temen una posible toma del hotel; por ello, el 7 de mayo, la Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu emitió una advertencia al gobernador Werner Salcedo y a dirigentes sociales, como Héctor Calla Chura y Alfredo Cornejo Paredes, para que se abstengan de promover o ejecutar la recuperación por la fuerza del Hotel Sanctuary Lodge, basándose en una denuncia presentada por la empresa Perú Belmond Hotel S.A., que acusa a los mencionados de incitar a la población a actos que podrían configurar delitos como usurpación, disturbios, daño agravado y coacción.
Ante el anuncio de nuevas movilizaciones programadas para el próximo viernes 16 de mayo, la fiscal María Teresa Huaco Cateriano advierte que existe un riesgo «efectivo e inminente» de violencia.
Juzgado de Lima le dio la razón al hotel de López Aliaga
El contrato original entre Belmond Hotels y el GORE de Cusco data de 1995. Es decir, tienen más de 30 años concesionando el bien y el vencimiento de la misma, debiera ser el próximo 16 de mayo. Sin embargo, en abril de 2025, el 12.º Juzgado Civil Comercial de Lima ordenó mantener vigente dicho contrato mientras se resuelve un proceso arbitral pendiente.
Política
Congresista Alejandro Soto presenta PL para reducir el horario de restricción para la ‘Ley Seca’
Legislador de APP pretende reducir a 28 horas la prohibición. Iniciativa beneficiaría a licorerías.
Quiere que le pongan la canción del “cervecero” antes de ir a votar. El congresista de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, presentó el proyecto de ley (PL) n.° 10933, en el cual buscaría beneficiar a las empresas dedicadas al rubro de licores, reduciendo la prohibición de la ‘Ley Seca’.
El principal argumento del parlamentario indica que de esa manera más de 300 mil bodegueros se beneficiarán en la reducción de la restricción, la misma que menciona en el artículo 351 de la Ley n.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, la prohibición de venta de licores durante 48 horas.
“… tiene consecuencias económicas significativas, en especial para las 383 mil 338 bodegas formales registradas en el Perú y que en muchos casos dependen en más de un 50 % de sus ingresos diarios de la venta de bebidas alcohólicas”, mencionó el parlamentario apepista.
Es así que pretende modificar el citado artículo a fin de reducir las horas de prohibición del comercio de bebidas alcohólicas antes, durante los comicios electorales, y ocho horas después de haber realizado.
“Desde las 20:00 horas del día anterior hasta las 24 horas del día de las elecciones, no es permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase y se cierran los establecimientos, o los espacios de los establecimientos comerciales, dedicados exclusivamente a dicho expendio”, se lee en su propuesta legislativa.
El congresista de la región Cusco señala que para el año 2026 se espera realizar cuatro jornadas electorales: las Elecciones Generales de abril, una posible segunda vuelta en junio, las Elecciones Regionales y Municipales en octubre, así como su hipotética segunda vuelta regional para noviembre. De tal manera que los bodegueros peruanos, explica, perderían cerca de 320 millones de soles por cada jornada electoral, lo que a larga sumaría un total de 1280 millones de soles perdidos en ese rubro.
Por otro lado, el legislador en su PL compara las realidades de otros países como Chile, Argentina, Colombia, México y Brasil, apuntando que las restricciones sobre el consumo y venta de alcohol en elecciones son más flexibles. Así, en algunos casos se limitan únicamente al horario de votación, mientras que en otros se aplican restricciones solo a ciertas zonas o se establece la prohibición durante unas 12 a 24 horas. Al respecto, subraya que en ningún caso se ha evidenciado una relación directa entre horarios más cortos y una mayor incidencia delictiva durante los comicios.
Política
César Acuña, una pequeña pero incómoda piedra en el zapato para todos los peruanos
Gobernador de La Libertad y líder de APP se opone a la censura del premier Adrianzén, indicando que sería un “gran error”.
Cómo puede ser posible que estemos en manos de supuestos líderes políticos que más que ayudar al ciudadano a combatir la delincuencia y salir de la pobreza permitan que esas falencias permanezcan como si nada.
El líder del partido Alianza para el Progreso (APP) y también gobernador regional de La Libertad habla mucho, pero hace poco por el bienestar de todos. Recientemente, César Acuña Peralta estuvo en Palacio de Gobierno junto a la presidenta Dina Boluarte, pronunciándose sobre las medidas que adoptará el Gobierno Central en conjunto con su gobernación, a lo cual la jefa de Estado el cede la palabra para que brinda mayores detalles sobre el trabajo planificado. El popular ‘Plata como cancha’, en vez se ilustrarnos con tácticas innovadoras contra la delincuencia se la pasó mandando saludos a la mandataria, a las autoridades de las Fuerzas Armadas y haciendo un llamado a la unión de todos los peruanos; en otras palabras, habló mucho, pero no dijo absolutamente nada. Es ahí donde uno se da cuenta que Acuña Peralta no tiene preparado ni un plan.
Ahora, ha salido a defender al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, de las cuatro mociones de censura presentadas en el Parlamento, asegurando que sería contraproducente para todos los peruanos la salida intempestiva del cuestionadísimo premier.
“Estamos a un año del cambio de gobierno. Cambiar al premier o a un ministro ahora sería un gran error”, manifestó el propietario de la universidad César Vallejo, adelantando además que la bancada de APP votará en contra de la censura.
‘Plata como cancha’ también se atrevió a mantener la “estabilidad” institucional, olvidándose que ha dejado su gobernación, desde que asumiera en el año 2023, más de 100 días, yéndose de viaje a China, Emiratos Árabes o Chile, mientras toda la población liberteña viene sufriendo por las extorsiones y la minería informal. ¿Esa es la “estabilidad” que dice mantener? ¿O cuando se refiere a “estabilidad” institucional lo dice para que su “hija política” permanezca trabajando en el Congreso ganando 19 mil soles al mes con un título de bachiller? ¿De qué “estabilidad” habla?
Es un secreto a voces que Boluarte Zegarra y Acuña Peralta toman de la misma copa, apoyándose mutuamente, abrazándose en público y ‘tirándose flores’ cuando se la ocasión lo amerite. Es él una pequeña pero incómoda piedra en el zapato de los millones de peruanos que día a día tenemos que soportar.
Política
Congresista Bellido pide ‘cuestión previa’ contra proyecto de ley que favorece a grandes corporaciones turísticas
El legislador Guido Bellido hoy en el pleno afirmó que con el nuevo dictamen: “No solo están contentos con eliminar el beneficio social, sino, brindar beneficio presupuestario a las grandes empresas como las del señor Rafael López Aliaga”, y planteó una cuestión previa para que retorne a la Comisión de Descentralización y Economía.
Gremios y Empresarios de turismo a través de la Asociación Peruana de Empresas Turísticas (APETUR), enviaron un oficio a 23 congresistas de las bancadas de Acción Popular y Podemos Perú, que representan a diversas regiones del país, exigiendo que presenten ‘cuestión previa’ en contra del Proyecto de Ley 9796, acumulado a otros, Nueva Ley General de Turismo, para que regrese a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, con el fin de desacumular el Proyecto de Ley 10209, y pueda ser dictaminado de forma independiente.
Asimismo, denuncian que en el nuevo texto sustitutorio del dictamen de la nueva ley general de turismo se ha eliminado la obligación legal de que Mincetur deba aprobar programas de turismo social que beneficien a grupos excluidos del turismo, considerando que dicho detalle sí se encontraba en el texto primigenio de la vigente ley general del turismo.
Además, la Asociación Peruana de Empresas Turísticas denuncian que CANATUR y algunos congresistas que serían sus aliados, se confabularon los días 12 y 13 de diciembre del 2024, para excluir a las agencias de viaje y turismo y a las empresas que presten el servicio turístico de transporte turístico, para que sean excluidas del texto sustitutorio del Proyecto de Ley 7208, cuyo titulo es: “Ley que modifica la Ley 31556, Ley que promueve medidas de reactivación económica de micro y pequeñas empresas de los rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos”.
Finalmente, el presidente de APETUR, Rolando Concha López solicitó una audiencia con los integrantes de las bancadas a las que se le cursó el oficio para poder sustentar la necesidad de que presenten un Proyecto de Ley que modifique a la Ley 32219, que es la que pretende modificar a la Ley 31556, que promueve la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas turísticas y de restaurantes y alojamientos.
Por su parte, en el Pleno de hoy en el Congreso, el legislador Guido Bellido durante su intervención mencionó que, para los cusqueños, este predictamen se aprobó en una sesión en la Municipalidad Metropolitana de Lima en presencia del alcalde de Lima Rafael López Aliaga, aprobado solo con 5 votos favor; es decir, un predictamen que fue exonerado de la Comisión de Descentralización, cuando el tema de turismo tiene que ver con todo el país, y también fue exonerada de la Comisión de Economía, y han desaparecido el turismo social.
“Aquí claramente se muestra que el propósito es beneficiar a la corporación que maneja el turismo en el país, en detrimento de los intereses del propio país. No solo están contentos con eliminar el beneficio social, sino, con beneficio presupuestario a esas grandes empresas como las del señor Rafael López Aliaga, y planteo una cuestión previa para que retorne a la Comisión de Descentralización y Economía”, concluyó Bellido Ugarte.
El legislador Guido Bellido durante su intervención mencionó que, para los cusqueños, este predictamen se aprobó en una sesión en la Municipalidad Metropolitana de Lima en presencia del alcalde de Lima Rafael López Aliaga. @GuidoBellidoU pic.twitter.com/79HWyFGc4A
— Revista Lima Gris (@Limagris) May 8, 2025
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