Existe un monumento glacial, imponente, siniestro, quizás el único construido a la gloria del fascismo que aún queda en pie en Europa. En sus cimientos fueron forzados a trabajar miles de prisioneros antifranquistas. Muchos de ellos murieron de inanición y fueron arrojados a fosas comunes en los alrededores.
A la salida de Madrid el Valle de los Caídos se erige en lo alto de las colinas a la memoria de aquellos que una vez hicieron de la muerte su consigna y del catolicismo su escudo.
Los cadáveres de José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco se encuentran guarecidos en una colosal cripta coronada por una enorme cruz, a modo de gran espada ensangrentada que atraviesa el cielo, signo de advertencia para todos aquellos (as) que una vez quisieron transformar el mundo, transformar aquella España supersticiosa y misógina, de procesiones y sacrificios taurinos, aquella España prepotente y raída de decrépito imperio. Aquella España obscurantista y autoritaria que aún hoy pretende mantener un sistema político que el tiempo, las nuevas generaciones y los procesos históricos están dejando atrás conviertiéndola en caparazón hueca.
Pero, lejos de ser sólo lugar de peregrinación para viejos y nuevos fascistas, el Valle de los Caídos es el símbolo de un sistema político cuya esencia nunca cambió.
El Pacto
La transición española o lo que algunos estudiosos contemporáneos denominan la transición franquista (1) permitió el paso de una dictadura, que reinó a través del terror durante 40 largos años, hacia el denominado régimen del 78.
A finales de los años 60 la dictadura se desmoronaba mientras el mundo condenaba con indignación las últimas ejecuciones con garrote vil ordenadas por Franco. El tirano agonizaba lentamente, no sin antes designar a su heredero: Juan Carlos de Borbón.
No hubo referéndum para elegir un nuevo sistema de gobierno, se obedeció las pautas dadas por el dictador: restablecer la Monarquía, cumpliendo aquel comentario que hiciese al general estadounidense Vernon Walters “cuando llegue a faltar todo quede atado y bien atado”.
El proceso de transición se organizó como un pacto de élites, a través de largas negociaciones entre fuerzas salidas del franquismo (Alianza Popular de Manuel Fraga y la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez) y; partidos de izquierda (Partido Socialista y Partido Comunista), bajo estrecha supervisión de las fuerzas armadas y la Monarquía.
Ni el Partido Socialista ni el Partido Comunista de España representaron ruptura alguna con la dictadura; por el contrario, constribuyeron a su supervivencia, favoreciendo la adaptación y mimetismo de los antiguos cuadros franquistas en la nueva situación y, así terminaron legitimando una transición tutelada.
Si el Partido Comunista de España había concentrado gran parte de las fuerzas antifranquistas dentro del país y en el exilio, su adhesión al pacto, centrando la mayor parte de sus esfuerzos en la reconciliación entre españoles (2), dejando de lado la lucha por el desmantelamiento de la estructura franquista (la Monarquía y el Ejército), si bien permitió su anhelada legalización también selló su muerte política.
Uno de los aspectos más problemáticos para los sectores franquistas en este proceso de transición fue el referido a las autonomías (3).
Los Estatutos de Autonomía plasmados durante la República habían sido derogados por Franco. Las lenguas y culturas vasca y catalana habían sido prohibidas y perseguidas, sufriendo múltiples intentos de eliminación sistemática pues para Franco sólo debía existir “Una patria, una lengua, una espada” (4)
Una anciana del barrio de Sants contaba que en aquellos sombríos años de dictadura debía inscribir a su hija que venía de nacer en el Registro Civil, pero dada la absurdidad y fanatismo de las medidas del régimen, se le exigía darle un nombre “cristiano”, no catalán a su hija que podía ser María, Concepción, Encarnación, Dolores, Trinidad…
Sólo su ingenio pudo contornear la situación y los funcionarios, finalmente aceptaron que dé un nombre de flor a su hija.
Cuando se empiezan a restablecer ciertas libertades hacia finales del franquismo, se vivía la ebullición del nacionalismo catalán y vasco, que habían sido reprimidos durante años. Sin embargo dos visiones chocaban irremediablemente; de un lado los nacionalistas que creían que a través del establecimiento de los Estatutos de Autonomía irían avanzando paso a paso en el autogobierno mientras los tutores de la transición estaban convencidos que los Estatutos de Autonomía debían tener limitaciones que no afecten la “unidad de España”. Ambas posiciones se enfrentarían por más de 20 años en el caso catalán, durante el largo periodo de gobierno nacionalista de Convergencia i Unió.
De otra parte, la Ley de Amnistía aprobada durante este período selló con impunidad los crímenes de la dictadura: más de 100.000 civiles asesinados, 130.000 desaparecidos, cientos de pueblos arrasados cuyo símbolo histórico es de Gernika destruido por la aviación nazi venida en apoyo a Franco; forzando al exilio a más de medio millón de personas.
El territorio del estado español sigue siendo hoy una inmensa fosa común. Después de casi 80 años de finalizada la guerra civil aún quedan miles de fosas sin exhumar, hecho denunciado recientemente por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que ha exigido al gobierno la derogación de la ley de amnistía, que investigue los crímenes y exhume las fosas.
Este proceso de transición fue finalmente un borrón y cuenta nueva, un punto final, un voltear la página. Pero la memoria es persistente y no conoce tiempo.
EL NUEVO CAUDILLO Y VIENTOS DE CAMBIO
Quizás uno de los acontecimientos más violentos y atávicos de la política española posterior a la transición fue la llegada del Partido Popular al gobierno en 1996.
El Partido Popular tuvo su origen en la Alianza Popular, fundada en 1976 por el exministro franquista Manuel Fraga.
La Alianza Popular aglutinó diferentes grupúsculos encabezados por exministros de la dictadura prestos a enfrentar los nuevos desafíos, dispuestos a defender la sacrosanta “Unidad de España” de Franco.
En 1989 luego de múltiples alianzas con diferentes agrupaciones políticas Manuel Fraga sustituye la Alianza Popular por un partido único, el Partido Popular y propone a la dirección de su agrupación política al que sería su delfín: José María Aznar.
El gobierno de Aznar fue el campeón de la privatización de las empresas públicas con el fin de satisfacer las exigencias de los jerarcas de la Comunidad Europea y poder adherir España al euro. La flexibilidad del mercado de trabajo trajo consigo la precarización de los salarios y la liquidación de la estabilidad laboral.
Durante este período el Partido Popular intentó una política de uniformización de las autonomías pues no consideraba a España como una de las varias naciones que conforman el estado español sino la nación única, aunque diversa culturalmente. Este intento fue rechazado por los partidos nacionalistas vascos, catalanes y gallegos.
En el 2003 se lleva a cabo la invasión militar de Irak por los Estados Unidos e Inglaterra al cual se adhirió Aznar llevando a España a una siniestra guerra de saqueo y destrucción sistemática cuyo objetivo se centraba en el control del país y del petróleo iraquí.
La ciudadanía mostró su rechazo en las calles. Recuerdo no haber visto nunca en Barcelona tan impresionante movilización contra la guerra. Otras similares se desarrollaron en las más importantes ciudades europeas. Sin duda alguna, en las mentes de muchos ciudadanos quedó grabado el cinismo que destilaba la justificación de la guerra en boca de Aznar, proferida insistentemente en la televisión.
Ese mismo año se forma el primer gobierno de izquierda en Cataluña que asume como prioridad la reforma de los Estatutos de Autonomía y la adopción de un nuevo sistema de financiación.
En el año 2004 el nuevo gobierno socialista de Zapatero advirtió los límites a no sobrepasar en los nuevos Estatutos: no incluir un sistema de financiación como el del país vasco, mucho más equitativo; que no se estableciera el deber de conocer la lengua catalana, obligación sólo reservada al castellano, ni la creación del Consejo de Justicia de Cataluña; y sobretodo evitar el espinoso asunto referido a la definición y reconocimiento de Cataluña como nación.
El Partido Popular se opuso a la nueva propuesta de Estatuto de Autonomía y en una manifestación organizada en la Plaza del Sol de Madrid su dirigente Mariano Rajoy declaró: “No formamos una nación de naciones y no hay más que una nación, la española” (5).
En julio de 2006 El tribunal Constitucional recogió el recurso de insconstitucionalidad presentado por el Partido Popular y se recurrieron 114 de los 223 artículos y 12 disposiciones de dicho Estatuto.
A partir de aquí los vientos de cambios se hicieron muchos más visibles en Cataluña a través de plataformas cívicas, movimientos populares y organizaciones culturales que van a convertirse en los motores de la movilización ciudadana, ya no para exigir reconocimiento al estado español sino para arborar el derecho de la nación catalana a decidir su futuro.
La crisis provocada por los bancos en el 2008 no hizo sino agudizar la situación política, azuzada por una corrupción gigantesca en los más altos niveles políticos que acentuó aún más las actitudes, reflexiones y movilizaciones sobretodo de las nuevas generaciones, que desembocaron en la aparición de nuevas agrupaciones políticas, como Podemos pero también, en el desarrollo de agrupaciones del independentismo de izquierda, feminista y anticapitalista como la CUP (Candidaturas de Unidad Popular), minoritario en el Parlamento catalán pero de mucha influencia entre las juventudes independentistas.
Las reivindicaciones nacionales de Catalunya y Euskadi que permanecieron latentes durante la dictadura hoy en día han empezado a eclosionar en Cataluña, empujadas por una inmensa mayoría de ciudadanos que claman por el derecho a la autodeterminación agrietando lentamente pero de manera definitiva quizás el uniforme rígido de un estado que nunca perdió su prepotencia ni su autoritarismo.
Las injusticias, los sentimientos de opresión, de persecución cultural, la persistencia de la memoria, han generado con el tiempo un movimiento popular profundo que tiene en las nuevas generaciones catalanas su actor principal, motor de grandes cambios, de los que la independencia es sólo el inicio.
CRONOLOGÍA DE UN ESTADO DE EXCEPCIÓN
Desde el día 9 de junio de 2017, fecha en la que el presidente del gobierno catalán Carles Puigdemont anunciara la celebración del referéndum de autodeterminación de Cataluña para el día 1 de octubre, el gobierno de Rajoy respondió inmediatamente con un amplio despliegue de fuerzas policiales y ejercicios militares en Cataluña, persecución y amenazas de detención contra alcaldes, limitaciones de la libertad de expresión y de reunión, acosó a los medios de comunicación, cierre de las páginas web del gobierno catalán concerniente al referéndum, arresto de cargos del gobierno catalán; confirmando el tránsito inminente hacia un estado de excepción. Una situación sumamente preocupante que se dirige hacia la toma de control por las fuerzas policiales y militares de las instituciones y del territorio catalán para impedir el derecho a decidir de un pueblo.
Foto tomada en el centro de Barcelona hace dos días.
El 19 de junio la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal reunió en Barcelona al Consejo Superior del Ejército, máximo órgano asesor del Ejército español.
El miércoles 6 de setiembre por la tarde mientras el Parlamento de Catalunya debatía la aprobación de la Ley de convocatoria para el Referéndum por la autodeterminación, agentes armados de la Guardia Civil violentaban la sede de una imprenta en la localidad de Constantí (Tarragona) buscando material de propaganda para el Referéndum.
El jueves 7 por la madrugada se aprueba en el Parlamento catalán la ley de transitoriedad, o de desconexión de Cataluña del estado español, en el caso que gane el sí por la independencia.
Mientras tanto centenares de guardias civiles se desplazaban hacia Cataluña, enviados con el pretexto de resguardar edificios públicos del estado en vista de la proximidad del 11 de setiembre, Día Nacional de Cataluña. Sin embargo diversas fuentes señalan que las fuerzas policiales permanecerán en Cataluña hasta principios de octubre.
El día 9 por la mañana, esta vez es la sede del diario El Vallenc en la localidad de Valls (Tarragona) que es víctima del allanamiento de uno de sus locales por la Guardia Civil que pensaba encontrar propaganda concerniente al referéndum del día 1 de octubre. Decenas de vecinos salieron de sus casas para protestar por la presencia de la Guardia Civil.
En Madrid, un debate sobre el referéndum en Cataluña que se iba a llevar a cabo el domingo 17 de setiembre organizado por el Colectivo Madrileños por el Derecho a Decidir, fue prohibido por el juez Yusty Bastarreche por presión del grupo municipal del Partido Popular. Varios de los organizadores, pero también la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena y la concejala Rommy Arce recibieron recientemente amenazas con inscripciones de la Falange.
Entrada de tanques a Barcelona.
El día 14 la Guardia Civil violentó la sede de una imprenta en el barrio de Poblenou en Barcelona y secuestró más de 100.000 afiches de la campaña por el referéndum.
Se denunciaron controles de identidad y detenciones de jóvenes que pegaban afiches a favor del referéndum en las localidades de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), Alcanar, Cerdanyola, Figueres, Masquefa, Premià de Mar i Llagostera.
El fiscal Maza citó a los 787 alcaldes que apoyan el referéndum (de los 949 alcaldes que tiene Cataluña); y ordenó la detención de todos (as) aquello (as) que se nieguen a comparecer.
Por orden de un juez la Guardia Civil cerró la página web de la Generalitat de Cataluña sobre el referéndum
El Viernes 15 en la ciudad vasca de Vitoria la Policía prohibió la realización de un acto público que tenía como invitada a la diputada de la CUP Anna Gabriel.
El día 19 la Guardia Civil secuestra 45.000 notificaciones de las mesas electorales para Referéndum en la empresa de mensajería UNIPOST en Terrasa, Hospitalet, el Barcelonès y Vallès. Días antes la dirección de Correos había remitido una circular interna prohibiendo a sus empleados todo trámite concerniente al Referéndum.
El día 20 por la mañana la Guardia Civil violenta la sede de la Generalitat y detiene a 14 personas, entre ellas 4 altos cargos del gobierno catalán y realiza una cuarentena de registros en instituciones catalanas. El mismo día la sede de la CUP es cercada por agentes de la Policía encapuchados.
El ministro del Interior anuncia la concentración en Catalunya de 700 policías antidisturbios y 600 agentes especiales de la Guardia Civil (6) además de los miles que están destacados durante estos días en el territorio catalán.
Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil juzgado por torturas en el país vasco ha sido designado el día de hoy para tomar el control de la policía autonómica catalana.
Con ello el estado español a través del Ministerio del Interior pasa a asumir la coordinación de la Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos (Policía Autonómica) en Cataluña.
(1)La Transició franquista. Un exercisi d’apropiació de la història. Marta Rovira Martínez. 2014.
(2)Ibid.
(3)Ibid.
(4) La persecució política de la llengua catalana, F.Ferrer i Gironès. 1985.
(5) Diario El País, 4 de diciembre de 2005
(6) Diario El País, El Periódico de Catalunya, La Vanguardia, Vilaweb, Diari Ara, Kaos en la