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Del Valle de los Caídos al Referéndum en Cataluña
Existe un monumento glacial, imponente, siniestro, quizás el único construido a la gloria del fascismo que aún queda en pie en Europa. En sus cimientos fueron forzados a trabajar miles de prisioneros antifranquistas. Muchos de ellos murieron de inanición y fueron arrojados a fosas comunes en los alrededores.
A la salida de Madrid el Valle de los Caídos se erige en lo alto de las colinas a la memoria de aquellos que una vez hicieron de la muerte su consigna y del catolicismo su escudo.
Los cadáveres de José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco se encuentran guarecidos en una colosal cripta coronada por una enorme cruz, a modo de gran espada ensangrentada que atraviesa el cielo, signo de advertencia para todos aquellos (as) que una vez quisieron transformar el mundo, transformar aquella España supersticiosa y misógina, de procesiones y sacrificios taurinos, aquella España prepotente y raída de decrépito imperio. Aquella España obscurantista y autoritaria que aún hoy pretende mantener un sistema político que el tiempo, las nuevas generaciones y los procesos históricos están dejando atrás conviertiéndola en caparazón hueca.
Pero, lejos de ser sólo lugar de peregrinación para viejos y nuevos fascistas, el Valle de los Caídos es el símbolo de un sistema político cuya esencia nunca cambió.
El Pacto
La transición española o lo que algunos estudiosos contemporáneos denominan la transición franquista (1) permitió el paso de una dictadura, que reinó a través del terror durante 40 largos años, hacia el denominado régimen del 78.
A finales de los años 60 la dictadura se desmoronaba mientras el mundo condenaba con indignación las últimas ejecuciones con garrote vil ordenadas por Franco. El tirano agonizaba lentamente, no sin antes designar a su heredero: Juan Carlos de Borbón.
No hubo referéndum para elegir un nuevo sistema de gobierno, se obedeció las pautas dadas por el dictador: restablecer la Monarquía, cumpliendo aquel comentario que hiciese al general estadounidense Vernon Walters “cuando llegue a faltar todo quede atado y bien atado”.
El proceso de transición se organizó como un pacto de élites, a través de largas negociaciones entre fuerzas salidas del franquismo (Alianza Popular de Manuel Fraga y la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez) y; partidos de izquierda (Partido Socialista y Partido Comunista), bajo estrecha supervisión de las fuerzas armadas y la Monarquía.
Ni el Partido Socialista ni el Partido Comunista de España representaron ruptura alguna con la dictadura; por el contrario, constribuyeron a su supervivencia, favoreciendo la adaptación y mimetismo de los antiguos cuadros franquistas en la nueva situación y, así terminaron legitimando una transición tutelada.
Si el Partido Comunista de España había concentrado gran parte de las fuerzas antifranquistas dentro del país y en el exilio, su adhesión al pacto, centrando la mayor parte de sus esfuerzos en la reconciliación entre españoles (2), dejando de lado la lucha por el desmantelamiento de la estructura franquista (la Monarquía y el Ejército), si bien permitió su anhelada legalización también selló su muerte política.
Uno de los aspectos más problemáticos para los sectores franquistas en este proceso de transición fue el referido a las autonomías (3).
Los Estatutos de Autonomía plasmados durante la República habían sido derogados por Franco. Las lenguas y culturas vasca y catalana habían sido prohibidas y perseguidas, sufriendo múltiples intentos de eliminación sistemática pues para Franco sólo debía existir “Una patria, una lengua, una espada” (4)
Una anciana del barrio de Sants contaba que en aquellos sombríos años de dictadura debía inscribir a su hija que venía de nacer en el Registro Civil, pero dada la absurdidad y fanatismo de las medidas del régimen, se le exigía darle un nombre “cristiano”, no catalán a su hija que podía ser María, Concepción, Encarnación, Dolores, Trinidad…
Sólo su ingenio pudo contornear la situación y los funcionarios, finalmente aceptaron que dé un nombre de flor a su hija.
Cuando se empiezan a restablecer ciertas libertades hacia finales del franquismo, se vivía la ebullición del nacionalismo catalán y vasco, que habían sido reprimidos durante años. Sin embargo dos visiones chocaban irremediablemente; de un lado los nacionalistas que creían que a través del establecimiento de los Estatutos de Autonomía irían avanzando paso a paso en el autogobierno mientras los tutores de la transición estaban convencidos que los Estatutos de Autonomía debían tener limitaciones que no afecten la “unidad de España”. Ambas posiciones se enfrentarían por más de 20 años en el caso catalán, durante el largo periodo de gobierno nacionalista de Convergencia i Unió.
De otra parte, la Ley de Amnistía aprobada durante este período selló con impunidad los crímenes de la dictadura: más de 100.000 civiles asesinados, 130.000 desaparecidos, cientos de pueblos arrasados cuyo símbolo histórico es de Gernika destruido por la aviación nazi venida en apoyo a Franco; forzando al exilio a más de medio millón de personas.
El territorio del estado español sigue siendo hoy una inmensa fosa común. Después de casi 80 años de finalizada la guerra civil aún quedan miles de fosas sin exhumar, hecho denunciado recientemente por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que ha exigido al gobierno la derogación de la ley de amnistía, que investigue los crímenes y exhume las fosas.
Este proceso de transición fue finalmente un borrón y cuenta nueva, un punto final, un voltear la página. Pero la memoria es persistente y no conoce tiempo.
EL NUEVO CAUDILLO Y VIENTOS DE CAMBIO
Quizás uno de los acontecimientos más violentos y atávicos de la política española posterior a la transición fue la llegada del Partido Popular al gobierno en 1996.
El Partido Popular tuvo su origen en la Alianza Popular, fundada en 1976 por el exministro franquista Manuel Fraga.
La Alianza Popular aglutinó diferentes grupúsculos encabezados por exministros de la dictadura prestos a enfrentar los nuevos desafíos, dispuestos a defender la sacrosanta “Unidad de España” de Franco.
En 1989 luego de múltiples alianzas con diferentes agrupaciones políticas Manuel Fraga sustituye la Alianza Popular por un partido único, el Partido Popular y propone a la dirección de su agrupación política al que sería su delfín: José María Aznar.
El gobierno de Aznar fue el campeón de la privatización de las empresas públicas con el fin de satisfacer las exigencias de los jerarcas de la Comunidad Europea y poder adherir España al euro. La flexibilidad del mercado de trabajo trajo consigo la precarización de los salarios y la liquidación de la estabilidad laboral.
Durante este período el Partido Popular intentó una política de uniformización de las autonomías pues no consideraba a España como una de las varias naciones que conforman el estado español sino la nación única, aunque diversa culturalmente. Este intento fue rechazado por los partidos nacionalistas vascos, catalanes y gallegos.
En el 2003 se lleva a cabo la invasión militar de Irak por los Estados Unidos e Inglaterra al cual se adhirió Aznar llevando a España a una siniestra guerra de saqueo y destrucción sistemática cuyo objetivo se centraba en el control del país y del petróleo iraquí.
La ciudadanía mostró su rechazo en las calles. Recuerdo no haber visto nunca en Barcelona tan impresionante movilización contra la guerra. Otras similares se desarrollaron en las más importantes ciudades europeas. Sin duda alguna, en las mentes de muchos ciudadanos quedó grabado el cinismo que destilaba la justificación de la guerra en boca de Aznar, proferida insistentemente en la televisión.
Ese mismo año se forma el primer gobierno de izquierda en Cataluña que asume como prioridad la reforma de los Estatutos de Autonomía y la adopción de un nuevo sistema de financiación.
En el año 2004 el nuevo gobierno socialista de Zapatero advirtió los límites a no sobrepasar en los nuevos Estatutos: no incluir un sistema de financiación como el del país vasco, mucho más equitativo; que no se estableciera el deber de conocer la lengua catalana, obligación sólo reservada al castellano, ni la creación del Consejo de Justicia de Cataluña; y sobretodo evitar el espinoso asunto referido a la definición y reconocimiento de Cataluña como nación.
El Partido Popular se opuso a la nueva propuesta de Estatuto de Autonomía y en una manifestación organizada en la Plaza del Sol de Madrid su dirigente Mariano Rajoy declaró: “No formamos una nación de naciones y no hay más que una nación, la española” (5).
En julio de 2006 El tribunal Constitucional recogió el recurso de insconstitucionalidad presentado por el Partido Popular y se recurrieron 114 de los 223 artículos y 12 disposiciones de dicho Estatuto.
A partir de aquí los vientos de cambios se hicieron muchos más visibles en Cataluña a través de plataformas cívicas, movimientos populares y organizaciones culturales que van a convertirse en los motores de la movilización ciudadana, ya no para exigir reconocimiento al estado español sino para arborar el derecho de la nación catalana a decidir su futuro.
La crisis provocada por los bancos en el 2008 no hizo sino agudizar la situación política, azuzada por una corrupción gigantesca en los más altos niveles políticos que acentuó aún más las actitudes, reflexiones y movilizaciones sobretodo de las nuevas generaciones, que desembocaron en la aparición de nuevas agrupaciones políticas, como Podemos pero también, en el desarrollo de agrupaciones del independentismo de izquierda, feminista y anticapitalista como la CUP (Candidaturas de Unidad Popular), minoritario en el Parlamento catalán pero de mucha influencia entre las juventudes independentistas.
Las reivindicaciones nacionales de Catalunya y Euskadi que permanecieron latentes durante la dictadura hoy en día han empezado a eclosionar en Cataluña, empujadas por una inmensa mayoría de ciudadanos que claman por el derecho a la autodeterminación agrietando lentamente pero de manera definitiva quizás el uniforme rígido de un estado que nunca perdió su prepotencia ni su autoritarismo.
Las injusticias, los sentimientos de opresión, de persecución cultural, la persistencia de la memoria, han generado con el tiempo un movimiento popular profundo que tiene en las nuevas generaciones catalanas su actor principal, motor de grandes cambios, de los que la independencia es sólo el inicio.
CRONOLOGÍA DE UN ESTADO DE EXCEPCIÓN
Desde el día 9 de junio de 2017, fecha en la que el presidente del gobierno catalán Carles Puigdemont anunciara la celebración del referéndum de autodeterminación de Cataluña para el día 1 de octubre, el gobierno de Rajoy respondió inmediatamente con un amplio despliegue de fuerzas policiales y ejercicios militares en Cataluña, persecución y amenazas de detención contra alcaldes, limitaciones de la libertad de expresión y de reunión, acosó a los medios de comunicación, cierre de las páginas web del gobierno catalán concerniente al referéndum, arresto de cargos del gobierno catalán; confirmando el tránsito inminente hacia un estado de excepción. Una situación sumamente preocupante que se dirige hacia la toma de control por las fuerzas policiales y militares de las instituciones y del territorio catalán para impedir el derecho a decidir de un pueblo.
Foto tomada en el centro de Barcelona hace dos días.
El 19 de junio la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal reunió en Barcelona al Consejo Superior del Ejército, máximo órgano asesor del Ejército español.
El miércoles 6 de setiembre por la tarde mientras el Parlamento de Catalunya debatía la aprobación de la Ley de convocatoria para el Referéndum por la autodeterminación, agentes armados de la Guardia Civil violentaban la sede de una imprenta en la localidad de Constantí (Tarragona) buscando material de propaganda para el Referéndum.
El jueves 7 por la madrugada se aprueba en el Parlamento catalán la ley de transitoriedad, o de desconexión de Cataluña del estado español, en el caso que gane el sí por la independencia.
Mientras tanto centenares de guardias civiles se desplazaban hacia Cataluña, enviados con el pretexto de resguardar edificios públicos del estado en vista de la proximidad del 11 de setiembre, Día Nacional de Cataluña. Sin embargo diversas fuentes señalan que las fuerzas policiales permanecerán en Cataluña hasta principios de octubre.
El día 9 por la mañana, esta vez es la sede del diario El Vallenc en la localidad de Valls (Tarragona) que es víctima del allanamiento de uno de sus locales por la Guardia Civil que pensaba encontrar propaganda concerniente al referéndum del día 1 de octubre. Decenas de vecinos salieron de sus casas para protestar por la presencia de la Guardia Civil.
En Madrid, un debate sobre el referéndum en Cataluña que se iba a llevar a cabo el domingo 17 de setiembre organizado por el Colectivo Madrileños por el Derecho a Decidir, fue prohibido por el juez Yusty Bastarreche por presión del grupo municipal del Partido Popular. Varios de los organizadores, pero también la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena y la concejala Rommy Arce recibieron recientemente amenazas con inscripciones de la Falange.
Entrada de tanques a Barcelona.
El día 14 la Guardia Civil violentó la sede de una imprenta en el barrio de Poblenou en Barcelona y secuestró más de 100.000 afiches de la campaña por el referéndum.
Se denunciaron controles de identidad y detenciones de jóvenes que pegaban afiches a favor del referéndum en las localidades de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), Alcanar, Cerdanyola, Figueres, Masquefa, Premià de Mar i Llagostera.
El fiscal Maza citó a los 787 alcaldes que apoyan el referéndum (de los 949 alcaldes que tiene Cataluña); y ordenó la detención de todos (as) aquello (as) que se nieguen a comparecer.
Por orden de un juez la Guardia Civil cerró la página web de la Generalitat de Cataluña sobre el referéndum
El Viernes 15 en la ciudad vasca de Vitoria la Policía prohibió la realización de un acto público que tenía como invitada a la diputada de la CUP Anna Gabriel.
El día 19 la Guardia Civil secuestra 45.000 notificaciones de las mesas electorales para Referéndum en la empresa de mensajería UNIPOST en Terrasa, Hospitalet, el Barcelonès y Vallès. Días antes la dirección de Correos había remitido una circular interna prohibiendo a sus empleados todo trámite concerniente al Referéndum.
El día 20 por la mañana la Guardia Civil violenta la sede de la Generalitat y detiene a 14 personas, entre ellas 4 altos cargos del gobierno catalán y realiza una cuarentena de registros en instituciones catalanas. El mismo día la sede de la CUP es cercada por agentes de la Policía encapuchados.
El ministro del Interior anuncia la concentración en Catalunya de 700 policías antidisturbios y 600 agentes especiales de la Guardia Civil (6) además de los miles que están destacados durante estos días en el territorio catalán.
Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil juzgado por torturas en el país vasco ha sido designado el día de hoy para tomar el control de la policía autonómica catalana.
Con ello el estado español a través del Ministerio del Interior pasa a asumir la coordinación de la Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos (Policía Autonómica) en Cataluña.
(1)La Transició franquista. Un exercisi d’apropiació de la història. Marta Rovira Martínez. 2014.
(2)Ibid.
(3)Ibid.
(4) La persecució política de la llengua catalana, F.Ferrer i Gironès. 1985.
(5) Diario El País, 4 de diciembre de 2005
(6) Diario El País, El Periódico de Catalunya, La Vanguardia, Vilaweb, Diari Ara, Kaos en la
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Contraloría interviene las instalaciones de gobiernos regionales de Ayacucho y Cusco
Fiscalizadores de la entidad recaban información del manejo de recursos en obras y contrataciones sobre presuntos actos irregulares de los cuestionados gobiernos de Wilfredo Oscorima y Wegner Salcedo entre enero del 2023 y abril de 2024.
La Contraloría General de la República hoy intervino en simultáneo a las sedes de los gobiernos regionales de Ayacucho y Cusco, por presuntos actos irregulares de sus gobernadores Wilfredo Oscorima y Wegner Salcedo, respectivamente.
El órgano de control, a través de los auditores asignados recopilaron información relacionada a contratación de bienes, pagos a proveedores, servicios, ejecución de obras y designación de funcionarios con cargos de confianza correspondientes al periodo comprendido entre enero del 2023, hasta abril de este año.
Con respecto al caso del gobierno regional de Wilfredo Oscorima se ha recogido documentos importantes, entre los que se encuentran los Decretos de Urgencia N° 020-2023 (S/ 66 millones), N° 161-2023 (S/ 15 millones) y N° 006-2024 (S/ 100 millones).
Además, los expedientes relacionados al financiamiento de proyectos de inversión que suman más de S/ 500 millones. Entre ellos, el mejoramiento de la infraestructura de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y del Hospital de Apoyo de Puquio, cuyos montos de inversión ascienden a S/ 232 y 294 millones, respectivamente.
Asimismo, examinarán las contrataciones bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, cumplimiento de perfiles de puestos de funcionarios, acondicionamiento de ambientes y adquisición de equipos para hospitales y cambios en titularidad de terrenos. Del mismo modo, se revisará lo relacionado a consultorías, adquisición de bienes y ejecución de obras por administración directa.
Entre las obras se encuentra la millonaria adjudicación a favor de un consorcio representado por Esperanza Rojas Gutiérrez, presidenta y fundadora del movimiento regional ‘Wari Llaqta’, con el cual Oscorima logró llegar al gobierno regional por tercera vez y es investigada en la Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho.
Con respecto a la gestión de Wegner Salcedo en Cusco, la Contraloría ha recopilado información sobre las licitaciones públicas para ejecutar obras de transitabilidad y educativas por S/ 40 millones, así como también para mejorar servicios de salud y compra de bienes para un instituto superior por casi S/ 11 millones.
También se encuentran analizando información sobre la compra de bienes para la prevención y control de incendios forestales y pastizales en la región cusqueña por S/ 2 millones.
El uso y mantenimiento de vehículo asignado a una gerencia regional, la designación de funcionarios en cargos de confianza, el cumplimento de perfiles en el referido GORE y en el Plan de Mejoramiento de Riego en Sierra y Selva – Plan Meriss (Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Cusco).
En el mismo el operativo de control, los auditores también ingresaron a la Dirección Regional de Transportes de Cusco para recopilar información sobre 5 adjudicaciones simplificadas otorgadas en el 2023 para la contratación del servicio de supervisión del mantenimiento periódico de redes viales por un monto total de S/ 1 millón 700 mil soles.
De esta manera, las gestiones de Oscorima y Salcedo ya se encuentran en la mira del Congreso, de la Contraloría y de la Fiscalía de la Nación que ya les inició investigación por el controvertido ‘caso Rolex’ que también involucra seriamente a la presidenta de la República, Dina Boluarte.
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MTC pone fecha definitiva para que la Línea 2 del Metro opere al 100%
Trabajos de manera simultánea en 40 puntos permitirán que obra concluya en el año 2028.
A esperar cuatro años más de desvíos y tráfico infernal. El viceministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ismael Sutta, brindó nuevas aproximaciones sobre lo que será el funcionamiento de la Línea 2 del Metro de Lima.
Entre ellas destacó que, gracias a los trabajos simultáneos que se vienen realizando en 40 frentes de lo que será la Línea 2 del Metro, se podrán se podrán acelerar los tiempos para poder inaugurar el total de las estaciones más rápido y que el primer subterráneo del Perú opere al 100% en el 2028.
“Eso está haciendo que nuestro avance pueda ir más rápido. De acuerdo al cronograma de avance, debemos tener funcionando todo el sistema en el año 2028. Este importante sistema nos va a permitir movilizar más de 600 mil pasajeros al día, en una primera etapa, y en el 2030, un millón 200 mil pasajeros”, declaró Sutta para Panamericana Televisión.
En cuanto a las declaraciones del titular del MTC, Raúl Pérez-Reyes, quien manifestó hace unas semanas que la obra en su totalidad podría estar lista para los Juegos Panamericanos Lima 2027, el funcionario público precisó que no será posible.
Sin embargo, afirmó que para ese entonces ya habrán varias estaciones inauguradas, lo que facilitará el transporte de los turistas, de los aficionados de los deportes y del público en general al descongestionar las principales avenidas de los distritos y brindar una nueva opción para movilizarse.
“Estamos trabajando a ritmos acelerados. Esperamos llegar para que los Juegos Panamericanos no tengan problemas de congestión vehicular. Estamos en ese proceso. Venimos coordinando con el concesionario para adelantar algunos trabajos de tuneladora y estación para minimizar los cierres que se tienen en las vías”, dijo el viceministro.
Como se recuerda, ya se inauguraron las primeras 5 estaciones de las 27 planificadas. Estas son: Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita. Desde que fueron abiertas al público, dichas terminales vienen funcionando de forma gratuita al aún encontrarse en marca blanca, la cual durará hasta finales de agosto del 2024.
Con el pasar de los años se inaugurarán las 22 estaciones restantes para que el subterráneo una la ciudad de Lima al recorrer los distritos de Ate Vitarte, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Carmen de La Legua y el Callao en un plazo menor a los 45 minutos.
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Congreso aprobó dictamen para que contralor Nelson Shack siga en el cargo hasta designación de su sucesor
A pesar, que el proyecto de ley fue rechazado en diciembre de 2023, ayer acaba de ser aprobado en el Pleno del Congreso. El periodo de funciones del contralor culmina el 19 de julio; sin embargo, Nelson Shack permanecerá en sus funciones.
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BLANCO SAF brindó facilidades a la SMV en proceso de intervención
La institución asegura que esta acción contribuirá con reforzar su nueva política de comunicación transparente y oportuna con los inversionistas.
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Patricia Benavides en audiencia advirtió: “Me quieren destituir con un informe espurio”
Hoy el Pleno de la JNJ pretende destituir por unanimidad a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, según el informe de la magistrada Inés Tello, por “haber beneficiado a su hermana Emma” y por separar a la exfiscal Bersabeth Revilla que se encargaba de dicho caso.
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Viudas y familiares de líderes asháninkas asesinados temen por sus vidas y aseguran que no pueden regresar a su comunidad por las constantes amenazas
Familiares de los dirigentes fallecidos indican que familiares de los condenados buscan cobrar venganza.
Ganaron una batalla judicial que duró cerca de 10 años, pero aún no encuentran la tan ansiada paz. Las viudas de los dirigentes asháninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima —asesinados por denunciar las actividades de tala ilegal en su territorio en septiembre de 2014— vienen denunciando que son víctimas de constantes amenazas por parte de algunos familiares de los sujetos que dieron muerte a los cuatro dirigentes, destacándose a la familia de Segundo Atachi, uno de los madereros condenados por los crímenes.
Los habitantes y sus líderes, como Andrés Arévalo Pérez, joven apu de la comunidad, demandan al Ministerio del Interior la implementación de un puesto policial que brinde la necesaria protección a la comunidad y a las familias afectadas por la violencia y la explotación ilegal de sus recursos naturales.
Si bien el pasado viernes se condenó a los cuatro responsables de los dirigentes asháninkas, aún persiste la tala ilegal en la comunidad de Alto Tamaya-Saweto, y también no cesan las amenazas contra aquellos que alzan la voz para preservar los recursos naturales; ellos aún no ven un acercamiento del Estado, o al menos una señal de buena voluntad que les brinde un poco de seguridad.
Ante ello, Rocío Trujillo, abogada de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) —organización vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana—, exige garantías para la comunidad, así como para Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos; Julia Isabel Pérez, viuda de Edwin Chota; Lita Rojas, viuda de Leoncio Quintisima y Lina Ruiz, hija de Francisco Pinedo.
“Nos pueden matar, así como mataron a mi padre. No podríamos regresar porque el asesino Segundo Atachi está en Saweto, sigue talando. Ahora están esperando la creciente del río para que bajen la madera. Sus hijos hablan, dijeron que, si a sus padres los condenan, se van a vengar de nosotros, nos quieren matar a todos y así quedará libre nuestro territorio para ellos, eso nos preocupa mucho”, declaró Lina Ruiz Santillán, hija de Francisco Pinedo, uno de los defensores indígenas asesinados, al diario La República.
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Gobierno declara estado de emergencia en Arequipa por crecida de la ola delictiva
Medida restringirá algunos derechos en la Ciudad Blanca y se extenderá durante 20 días.
Una ciudad blanca manchada constantemente de sangre. El Gobierno del Perú ha declarado el estado de emergencia en la provincia de Arequipa debido al ingreso de organizaciones criminales que tienen en vilo a todos los ciudadanos de la también conocida como Ciudad Blanca. Esta medida empezará hoy y se prolongará durante 20 días.
El Decreto Supremo N.º. 043-2024-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, detalla que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) asumirá el orden interno provincial, pero con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
“La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú”, se lee en el documento.
“Y en el Decreto Legislativo N.º 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional”, continúa el texto.
El estado de emergencia en la provincia de Arequipa fue declarado por veinte días calendario. Se aplicará la restricción y suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales. Estos son: inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, libertad y seguridad personales.
El DS N.º 043-2024-PCM no menciona que habrá toque de queda o que los eventos sociales y espectáculos en la zona quedan suspendidos, como sí ocurrió en los estados de emergencia declarados en los distritos de Lima y las provincias de Trujillo anteriormente.
“Dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del Estado de Emergencia declarado, la Policía Nacional del Perú debe presentar al titular del Ministerio del Interior (Walter Ortiz), un informe detallado de las acciones realizadas durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos”, indica la norma.
De acuerdo con datos proporcionados por la PNP y el Ministerio Público, Arequipa ha visto un incremento en la incidencia de delitos graves como homicidios, extorsiones, secuestros y robos en los últimos años. Un informe del año 2022 reveló que se registraron 33,930 denuncias en el periodo, incluyendo 336 por robo agravado con armas, 324 casos de extorsión y 121 homicidios.
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‘Marcha blanca’ de Línea 2 del Metro de Lima se extiende hasta el 31 de agosto
Hasta la fecha se han movilizado aproximadamente tres millones de personas; sin embargo, los usuarios piden que se acelere la construcción de más estaciones. Por su parte, el Concesionario ha proyectado que para abril de 2026 se inauguren las estaciones 25, 26 y 27.
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