¿Compras directas para una institución salpicada de corrupción? Nadie puede negar que la Policía Nacional del Perú (PNP) carece de muchos implementos para combatir la delincuencia, como patrulleros, chalecos, armamento o logística; sin embargo, dotarle de acceso inmediato a las arcas del Estado es sumamente riesgoso, sobre todo si no hay la confianza necesaria de parte de sus representantes.

El Congreso de la República ha aprobado, por unanimidad, un dictamen que declara en emergencia la PNP por un plazo de 180 días calendario, esto como parte de una estrategia legislativa orientada a fortalecer la seguridad ciudadana y enfrentar el crecimiento de la criminalidad.

La norma aprobada tiene su origen en los proyectos de ley 07567/2023-CR, 10044/2024-CR, y otras iniciativas, y establece un conjunto de medidas extraordinarias para modernizar operativamente a la PNP y dotarla de mayores recursos.

El rol de la Contraloría para el acceso directo de bienes para la PNP

Durante este periodo de emergencia, que tendría un plazo de 180 días, se autoriza la intervención inmediata del Ministerio del Interior (Mininter), así como de los gobiernos regionales y locales, para que adquieran bienes y servicios sin procesos administrativos ordinarios, con el fin de ejecutar acciones urgentes contra la inseguridad. Estas contrataciones estarán bajo control concurrente de la Contraloría General de la República.

La ley también autoriza una asignación económica adicional para el personal policial que, de forma voluntaria, realice patrullajes a pie o motorizados, así como operaciones focalizadas de investigación en el marco de esta emergencia.

Asimismo, el Mininter tendrá 90 días de plazo para presentar una evaluación situacional sobre el estado de la PNP a fin de que se desarrolle una reestructuración de las dos mencionadas instituciones.

La congresista de la bancada de Fuerza Popular, Nilza Merly Chacón Trujillo, en su calidad de delegada de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego de elaborar un informe, ha propuesto declarar improcedente la denuncia constitucional presentada por el exfiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, contra la presidenta Dina Boluarte, por el denominado «caso Rolex».

Congresista Chacón propone el archivo amparándose en el artículo 117° de la CPP

En su informe final, la fujimorista Chacón Trujillo argumenta que los hechos imputados contra Boluarte Zegarra como autora del presunto delito de cohecho pasivo impropio no están contemplados en el artículo 117° de la Constitución, por lo que el Congreso no puede procesar a la mandataria mientras ejerza el cargo.

A la presidenta se le acusa de haber recibido tres relojes Rolex, un par de aretes de oro y una pulsera Bangle de parte del cuestionado y también investigado gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, presuntamente a cambio de decretos supremos que autorizaron transferencias presupuestales a dicha región.

«El archivo de la acusación es la única opción que estaría alineada con el orden constitucional, evitando interpretaciones arbitrarias y garantizando el equilibrio de competencias entre los poderes del Estado», argumenta la parlamentaria Chacón en el documento.

Pese a que Subcomisión no suspendió la denuncia, Chacón pide el archivo

Lo extraño del informe de Chacón Trujillo consiste en que no analiza el fondo del caso, ni valora los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público. En cambio, se limita a señalar que la denuncia no procede por motivos constitucionales. Esta postura genera contradicción con el informe de calificación inicial de la misma Subcomisión, que sí consideró la denuncia como procedente.

Además, el informe sugiere que el Congreso podría evaluar una eventual infracción constitucional por parte del exfiscal Juan Carlos Villena por haber promovido una acusación que, según el análisis de Chacón, está prohibida por la Constitución. Sin embargo, el informe omite que la Fiscalía, a través del fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza, solicitó suspender el trámite de la denuncia precisamente por el impedimento constitucional, pedido que fue rechazado por la propia Subcomisión.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá decidir si respalda este enfoque o encarga una nueva evaluación, lo que marcaría el rumbo del proceso parlamentario en torno al caso Rolex. De ser rechazado el informe de Chacón en la próxima sesión, un nuevo legislador delegado deberá elaborar un nuevo documento con una evaluación propuesta.

El informe presentado por la congresista Nilza Chacón Trujillo propone archivar la denuncia contra Dina Boluarte basándose en la limitación constitucional del artículo 117°, sin ingresar al análisis de las pruebas, ni del fondo del caso.

Por cuarta vez la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, presidida por el legislador Juan Burgos, ha invitado al médico cirujano Mario Cabani Ravello, director de la ‘Clínica Cabani’, para que brinde detalles sobre cuáles fueron las operaciones estéticas que le realizó a la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra.

La cita ha sido fijada para este viernes 11 de abril a las 9:00 a.m. en la Sala de Sesiones n.º 1 ‘Carlos Torres y Torres Lara’ del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. No obstante, el cirujano no acudió a las tres citas anteriores que le fueron cursadas. En detalle, la del 4 y 10 de diciembre del 2024, y la tercera cita del 19 de marzo, de la cual también se ausentó. 

Ante tres inasistencias anteriores Cabani deberá responder por ‘operaciones’

En esta cuarta cita, Mario Cabani, deberá dar detalles sobre la evaluación preoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria durante el periodo del 29 de junio al 10 de julio del 2023 que le realizó a la presidenta Dina Boluarte. Asimismo, piden que el cirujano explique con detenimiento cuáles habrían sido los tratamientos efectuados y programados, así como los otros médicos que intervinieron en las operaciones estéticas realizadas a la cuestionada jefa de Estado.

Asimismo, la Comisión de Fiscalización le pide a Cabani Ravello que también explique cuál fue el periodo de recuperación de Dina Boluarte y sobre todo, si dicho tiempo acarreaba un periodo de descanso médico total, lo cual generaba la imposibilidad de realizar labores o actividad alguna, razón por la cual actualmente la mandataria se encuentra investigada, específicamente por presunto de abandono de cargo y omisión de actos funcionales. La Comisión también abordará el contenido de las cartas notariales que envió la clínica Cabani a Dina Boluarte, en las que se exige el pago de las intervenciones quirúrgicas que realizó.

La casa de los tontos. Durante los últimos decenios el Congreso de la República se ha convertido en cualquier otra cosa menos un lugar donde se debatían, con sólidos argumentos, leyes o modificatorias de ley, para solamente escuchar insultos, gritos, y presenciar uno que otro puñetazo cobarde, así como de enterarnos que se permitía el ingreso de señoritas de dudosa reputación, las mismas que no cuentan con los requisitos indispensables. En otras palabras, un turbio lupanar.

Preocupados más por fomentar la ‘Semana del King Kong’ o el día de la papa rellena, estos ‘padres de la Patria’ cada semana nos sorprenden negativamente con cada propuesta, ya sea promoviendo la creación de más universidades de cartón, o presentando proyectos que tienen como título los beneficios de la IA, pero que en su contenido se lee sobre las ollas comunes.

El congresista no agrupado Edwin Martínez, aquel que le diera trabajo a una chica que hasta hace poco subía fotos y videos en Only Fans solamente por tener un “buen corazón”, ahora ha salido a sugerir que “nuestros asesinos asesinen a esos malditos (extranjeros)”.

“Nos matan o los matamos, ya no hay que ser tibios. (…) Exhortar al Ejecutivo que de una vez deporte a todos los extranjeros ilegales. Ilegalidad es sicariato, es delincuencia, es asesino, es violador. No merecen estar en nuestro país (…) Ojalá que nuestros asesinos los asesinen a esos malditos y no los dejen seguir asesinando al pueblo”, añadió el parlamentario sin precisar quiénes eran “nuestros asesinos”, si los efectivos del orden (Policía y Ejército) u otros delincuentes de nacionalidad peruana.

"Que los asesinos peruanos maten a los asesinos venezolanos" esa es la solución de Edwin Martinez para acabar con la delincuencia. El mismo sujeto que metió prostitutas al Congreso ¡Una verguenza! pic.twitter.com/X3rZr53LAy

— Chacotero (@ChacoteroPeru) April 10, 2025

Ante ello, no resulta para nada jalado de los pelos incluir un nuevo requisito para ser congresista, y sería el realizarles un examen psicológico antes de iniciarse cada periodo legislativo.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso presidida por el legislador de izquierda Isaac Mita Alanoca aprobó por unanimidad una propuesta que instaura penas de prisión efectiva de entre 30 años y cadena perpetua para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP) que colaboren directamente con organizaciones criminales para que consuman actos delictivos con consecuencias graves y de muerte.

La iniciativa, presentada por el congresista de Alianza para el Progreso, Idelso Manuel García Correa, bajo el proyecto n.° 7922, también propone que se aplique la cadena perpetua en casos en los que las organizaciones criminales con las que los policías o militares colaboren, cometan actos violentos que resulten en muertes o lesiones graves de terceros. Esta medida se aplicaría incluso, si los miembros de las fuerzas del orden no participan directamente en el acto criminal. Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia remarcó que el fin de esta iniciativa es modificar el artículo 65° del Código Militar Policial, que está relacionado con la colaboración con grupos criminales.

«Propone agravar la pena privativa de libertad de 30 años hasta con cadena perpetua para miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que colaboren con material bélico para la perpetración de actos violentos que provoquen la muerte o lesiones graves de personal civil o terceros», expresó Mita Alanoca.

¿En qué se basa el dictamen aprobado?

El dictamen señala que, en los últimos seis años, más de 23,000 oficiales y subalternos han estado involucrados en diversas faltas, como violaciones graves, actos ilegales e incluso delitos graves. De este total, 1,000 efectivos fueron dados de baja en 2023 debido a su implicación en actos de corrupción y conexiones con grupos criminales.

«En donde en los últimos 06 años más de 23.000 oficiales y subalternos han sido protagonistas de distintas faltas, faltas muy graves, actos ilegales y hasta delitos agravados; de ellos un total de 1000 efectivos policiales fueron pasados a retiro en el año 2023 por actos de corrupción y vínculos con organizaciones ilegales», se lee en el oficio.

Asimismo, la iniciativa indica que, en el caso de las Fuerzas Armadas, es común observar que militares provean de armamento procedente del arsenal de las distintas instancias del Ejército a delincuentes.

«Con respecto a las Fuerzas Armadas, se aprecia que también han sido mermadas por la criminalidad desde su interior; en donde es común observar la presencia de militares que colaboran con organizaciones ilegales; principalmente mediante el proveimiento de armamento procedente del arsenal de las distintas ramas del Ejército», concluye el texto del dictamen.

Este martes la hija de Salvador Allende, la senadora Isabel Allende se despidió en el congreso después de 31 años como legislativa a raíz de una negligencia suya al ser (siendo miembro de un poder del Estado) parte en el intento de la compra que quiso hacer el Estado chileno de la casa de su padre el ex presidente Salvador Allende, esto con el fin de convertirlo en museo. Los contratos entre legisladores y el Estado están prohibidos en la Constitución y el TC falló por su destitución.

Junto a la senadora histórica del PS cayó también su sobrina Maya Fernández Allende, quien un mes antes renunció a su cargo como ministra de defensa (¿Nepotismo?).

Crónica de una incompetencia

Ya está, la muerte histórica de la hija del presidente Salvador Allende marca un precedente: el Tribunal Constitucional de Chile destituye del cargo Legislativo a una senadora, algo jamás visto en Chile. Y todo por una compra venta fallida. Cabe considerar que las casas de los ex presidentes Alwyn y Frei fueron donadas por sus familiares al Estado para que se vuelvan museos.

En el caso de la familia Allende estos prefirieron venderla al Estado y no precisamente a un precio bajo. La iniciativa partió del interés del presidente Boric de materializar la compra de la casa del ex presidente Allende para hacerla un museo, esto después de los 50 años de la conmemoración del golpe del 11 de septiembre de 1973.

En total fueron 17 los funcionarios del Estado chileno los que revisaron la compra y ninguno alertó de su inconstitucionalidad, siendo muchos de estos abogados, pero todos prácticamente con cargos de confianza política, o sea, de amistad por sobre la competencia profesional como se luce a la luz de los acontecimientos que no fueron prevenidos. El periodista chileno Mocciatti de Radio Bio Bio los calificó de masa de inoperantes y como señaló en una carta editorial, “a medida que el documento pasaba de funcionario en funcionario ellos iban poniendo sus moscas, las medias firmas de aquiescencia, de aprobación, el visto bueno de burocracia superficial. Es cierto que hubo algunas advertencias pero que no fueron precisas, poco claras, superficiales. Ejemplo, el servicio nacional del patrimonio envió una minuta a la subsecretaría de patrimonio y el oficio dice que hay dos personas que tienen calidad de autoridad para efectos jurídicos. ¿Se entiende? ¿Es preciso? No invoca ninguna norma, nada concreto”.

En su defensa la ahora ex senadora arguyó ignorancia y buena fé, cosa que el TC no lo consideró en su sentencia tomando en cuenta que si bien el contrato no se perfeccionó la voluntad de las partes estaba expresada y se había violentado una norma que expresamente prohibía negocios entre representantes del Legislativo con el Estado, toda vez que no era una donación sino una compraventa.

El legado del presidente Allende en entredicho.

Consecuencias

La ahora exsenadora Isabel Allende se despidió este martes 8 de abril de su cargo en el Senado con un sentido discurso donde reiteró su inocencia.

“Confié plenamente en los órganos encargados de llevar adelante la adquisición de la casa familiar donde funcionaría la casa-museo del presidente Salvador Allende. Y lo hice convencida de que se trataba de un acto de memoria, de reparación, de futuro”, afirmó.

“Quizás mi error fue no haber consultado más. Pero en ningún momento —repito, en ningún momento— ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada, nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional”, cerró diciendo la exsenadora sobre su error.

“Hoy enfrento una sanción que considero injusta. La vivo con dolor, pero también con la tranquilidad que da la conciencia limpia. Me voy con la frente en alto, reiterando que nunca que he usado mi cargo para beneficio personal. No busqué jamás el lucro ni el privilegio”.

Respecto al fallo del TC señaló: “En los próximos días se conocerá el fallo del Tribunal Constitucional. Como corresponde en una democracia, este fallo será acatado. Pero acatar no significa guardar silencio. No significa renunciar a expresar el profundo dolor y la honda injusticia que esta decisión representa… Más allá de su aparente legalidad, vulnera principios elementales de justicia, proporcionalidad y sentido democrático”.

La senadora socialista también calificó su eventual destitución como “injusta” y reconoció que debió “tener presente el artículo 60 de la Constitución, pero no soy abogada”.

Reacciones de la derecha

“Abusó del poder y el apellido” fue lo que dijo elmlider de la oposición, José Antonio Kast quien no se guardó nada y arremetió contra Isabel Allende tras su destitución del Senado. El candidato presidencial del Partido Republicano además señaló que la ahora exsenadora “le echó la culpa al empedrado”. Y no contento con ello hizo leña del árbol caído.

“Yo me alegro de la destitución de Allende, qué dolor voy a sentir yo por alguien que abusó del poder y el apellido“, aseguró durante la jornada de este miércoles 9 de abril José Antonio Kast, al arremeter contra la ahora exsenadora Isabel Allende, tras ser destituida de su cargo por el Tribunal Constitucional (TC).

En ese sentido, José Antonio Kast indicó en Tele13 radio que “ella (la senadora Allende) ayer le echó la culpa al empedrado, diciendo ‘nadie nos advirtió‘, pero acaso no leyó la Constitución. No tiene compresión lectora”.

Como se recuerda, en el mes de marzo, el congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona presentó un proyecto de ley para asegurar que las citas médicas especializadas en el sistema de salud públicas deberán otorgarse en un plazo máximo de cinco días calendario, desde la solicitud del paciente. Entre tanto, el legislador del Bloque Magisterial, acaba de presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley que propone que los afiliados a EsSalud y sus familiares reciban atención médica en establecimientos de salud de su libre elección y en cualquier lugar del país.

Afiliados podrían atenderse en el lugar de su elección

Esta iniciativa legislativa elimina las restricciones actuales que permiten a los afiliados de EsSalud a recibir atención médica solo dentro de su área laboral o de residencia registrada en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). En tanto, la propuesta establece que los asegurados y sus derechohabientes tienen el derecho pleno de escoger cualquier centro de salud en el país, ya sea de manera individual o familiar, asegurando así un acceso rápido y continuo a los servicios médicos.

«Los asegurados de EsSalud y sus derechohabientes tienen el derecho irrestricto de optar por recibir atención médica en cualquier establecimiento de salud a nivel nacional, independientemente de su centro de trabajo o del domicilio consignado en Reniec. Dicha elección podrá realizarse de manera o conjunta, garantizando el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud», se lee en el oficio.

La atención se brindará de manera inmediata, con solo presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), sin necesidad de trámites adicionales, independientemente de si la persona se encuentra por motivos laborales, de vacaciones, de viaje o cualquier otra actividad temporal.

“EsSalud tiene la obligación de garantizar el derecho de libre elección de establecimiento de salud de los asegurados, adoptando las medidas necesarias para su implementación. Queda prohibida cualquier restricción, requisito adicional o dilación en el proceso de reasignación, bajo sanción administrativa», se añade en otro párrafo del texto.

Servidores o médicos de EsSalud que no acaten la norma serán sancionados

Asimismo, dentro de uno de los acápites del proyecto legislativo, se estipula que cualquier incumplimiento por parte del personal de EsSalud, sean directivos, galenos o funcionarios administrativos, será considerado una falta grave, y estará sujeta a sanciones administrativas. Y de ser necesario, a las acciones civiles o penales que correspondan.

«El incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley por parte de funcionarios, directivos o personal de EsSalud será considerando falta grave y sujeto a sanciones administrativas, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que correspondan. La Superintendencia Nacional de Salud será la entidad encargada de fiscalizar su cumplimiento y aplicar las sanciones correspondientes», se lee en el proyecto de ley.

Que alguien le tape la boca. La presidenta de la República, Dina Boluarte, debería de sentarse con su ministro de Educación, ofrecerle un poco de manzanilla y darle unas palmaditas en la espalda para que se relaje, pues de manera interrumpida desde hace dos semanas viene manifestando una sarta de sinsentidos que realmente uno llega a cuestionarse su capacidad intelectual para tan importante cargo.

En medio de la inauguración de la nueva infraestructura de la IE 2029 Simón Bolívar, una nueva Escuela Bicentenario ubicada en el distrito de San Martín de Porres, el jefe del Ministerio de Educación (Minedu), Morgan Quero Gaime, quiso utilizar a los menores de edad que estudian ahí para lanzar otro mensaje político.

En clara alusión al paro de transportistas que se viene realizando en toda la ciudad, el ministro Quero se dirigió a los niños y adolescentes para manifestar que sus labores no se deben paralizar de ninguna manera, lo que causó una ola de críticas en las redes sociales al considerar que minimizó un reclamo justo.

“¿Por eso yo les pregunto a ustedes qué prefieren? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Trabajar o parar? ¿Qué prefieren, estudiar o parar? Todos queremos trabajar y todos queremos estudiar, fueron las palabras de Quero.

Ministro Morgan Quero a escolares en SMP: “¿Quieren estudiar o parar?” en medio de paro de transportistas @MineduPeru @MORGANQUERO pic.twitter.com/TnQhfYW6WT

— Revista Lima Gris (@Limagris) April 9, 2025

Ciudadanos indignados le hicieron saber su molestia al titular del Minedu a través de las redes sociales, considerando la poca empatía que tiene con los choferes de transporte público que todos los días vienen siendo extorsionados y asesinados.

“Como Morgan Quero hay bastantes en la política. Tremendos psicópatas, no importa si muere gente, solo les importa el dinero y el poder. Por eso vemos estos resultados, gente basura hablando huevadas en un cargo importante”, escribió la usuaria @Patikocher.

“Deplorable lo de Morgan Quero al preguntarle a escolares si quieren estudiar o parar. La medida de fuerza tiene un fundamento importante que es la vida y la salud, pero parece que es mucho entender para el ministro de Educación”, posteó por su parte @Lezvr.

Una vez más queda demostrado que el cargo de ministro de Educación le queda demasiado grande a un individuo que su único mérito es gritar a los cuatro vientos la inocencia de la mandataria. Patético.