Política
Benavides y la UTP ¿el temor a una doble caída?
El jefe provisional de la SUNEDU Oswaldo Zegarra Rojas, salió en diversos medios a señalar que las “filiales presentadas por la UTP cumplieron con lo exigido por la Ley Universitaria” y en su intentó por encubrir una grave situación que envuelve a Martín Benavides, ministro de Educación y ex jefe de la Sunedu, terminó entregando una evidencia: el licenciamiento de toda la UTP, sede central y filiales, sería inválido y deberá ser investigado. Aquí el informe.

Ad portas de la interpelación al ministro de Educación Martín Benavides por el caso de los licenciamientos de las sedes de las universidades UTP y UPAL, el actual jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, salió en diversos medios a defender a Benavides difundiendo una idea fuerza: “Creo que hay una concertación que ha tomado como pretexto a la persona del ministro de Educación, Martín Benavides, atacándolo fuertemente. Es una persona honorable, un profesional de éxito. ¿Por qué lo atacan?” y en lo que parece ser una desesperada defensa el médico que ejerce como jefe interino de la Sunedu, arremetió, incluso, contra las más altas autoridades. En efecto, un titular en el diario El Comercio recoge esta declaración de Zegarra: “No escucho al presidente ni al primer ministro defender la reforma universitaria”.
Asimismo, en la defensa previa a la interpelación, el jefe de la Sunedu que reporta a Benavides, se esmeró en señalar que, en el caso del cuestionado licenciamiento de la UTP, la Sunedu “verificó presencialmente que estas filiales cumplieran con todas las condiciones básicas de calidad exigidas para lograr su licenciamiento”. La extraña defensa de un caso específico ha terminado por destapar una realidad que desvela a Martín Benavides: el licenciamiento de la UTP. Según varios indicios y la opinión de expertos, estaría viciada de nulidad y por eso la desesperada defensa y las visitas a medios de comunicación en las últimas dos semanas tanto de Benavides, defendiendo su gestión en Sunedu, como la de Oswaldo Zegarra su reemplazante ocasional en el cargo.
Lo que tratan de ocultar
Las diversas denuncias publicadas en Lima Gris dieron lugar al pronunciamiento del Contralor General de la Nación, Nelson Shack, quien anunció “Vamos a trabajar intensamente e intervenir en diferentes instituciones y no solo en el caso de la Sunedu”. Uno de los casos a investigar es el irregular licenciamiento de la UTP y el temor es que, si las investigaciones llegan a la conclusión de que en la gestión de Benavides se dio un licenciamiento ilegal a la UTP, esto automáticamente invalidaría el licenciamiento total. Esto significa que la sede central de la UTP en Lima y sus filiales en provincias estarían operando con un licenciamiento que no tiene validez.
En efecto, según las reglas dispuestas por la propia Sunedu, todo proceso culmina en un Licenciamiento Institucional. En la página web de la Sunedu se puede leer el concepto impuesto por ellos: “El Licenciamiento Institucional es un procedimiento obligatorio para todas las universidades del país, a través del cual cada casa de estudios debe demostrar ante la SUNEDU que cumple con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) para poder brindar el servicio educativo”.
Dicho concepto significa que la licencia se aprueba para toda la institución. Esto quiere decir que no existe el licenciamiento individual. Es decir, no se puede pedir licencia para la sede central y otro trámite para cada filial. Es un solo proceso para toda la institución. Por lo tanto, basta que una sola filial no haya cumplido con los requisitos para que el íntegro del licenciamiento carezca de valor.
Esta fue una exigencia constante de la Sunedu en todos los procesos y, por esa razón, muchas universidades fueron desistiendo de presentar locales y filiales que podían ser desaprobados porque si un solo local no contaba con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) eso daba lugar a la denegatoria de todo el licenciamiento solicitado y la universidad ingresaba a un proceso de cese de actividades. Esta fue la disposición del reglamento implementado por el propio Martín Benavides en el año 2018. ¿Por qué no se le aplicó a la UTP?
La UTP no cumplió con las Condiciones Básicas de Calidad
Teniendo en cuenta lo antes señalado, basta dar una mirada a la filial de la UTP en Ica, uno de los casos que ha sido difundido en diferentes medios a nivel nacional. La filial de Ica tiene como código de local F05L01 y en el Informe Técnico de Licenciamiento figura como “Pendiente de licenciamiento”. Además, en el gráfico de ubicación de locales en Provincia, esta aparece, en el citado informe, como si tuviese construido el primer piso. Sin embargo, en la realidad, al 15 de junio del 2019 —cuando Benavides ya había firmado el licenciamiento para la UTP— en el terreno no existía nada construido, era un lote vacío tras haber sido derruido el local del cine UVK. Esta es la toma fotográfica de Google Earth de fecha 15 de junio de 2019.

La situación es muy grave y eso es lo que mantiene muy preocupado a Benavides por las responsabilidades que ello acarrearía y esa es la razón por la cual el ministro de Educación arremete en sus tours mediáticos contra las investigaciones que van demostrando, entre otras cosas, que la sede de Ica de la UTP recién se terminó de construir y equipar en marzo de 2020 y el licenciamiento se le dio, ilegalmente, en junio de 2019. Un vicio que acarrea la nulidad de toda la licencia y el impedimento para funcionar de toda la institución llamada UTP —sede central en Lima y filiales en provincias—.
¿Quién realizó el Informe Técnico de Licenciamiento de la UTP?
El Informe Técnico de Licenciamiento fue efectuado y firmado por el funcionario Cristhian Alberth Pacheco Castillo, Coordinador General Técnico de Licenciamiento y por Ana María del Pilar Ríos Sosa, Jefe del Sub Equipo de Trabajo. Hay que señalar que Pacheco Castillo no es un profesional en materia educativa, tampoco tiene formación en el funcionamiento de instituciones pedagógicas. Pero aun así ejerció la función de Coordinador General Técnico de Licenciamiento, sin tener un título profesional, pues, solamente es bachiller en Ingeniería de Sistemas pasando por alto que el perfil profesional exigido para el cargo supone tener título profesional y una maestría.
A pesar de todo lo mencionado, el 12 de junio de 2019, y mediante Resolución del Consejo Directivo N° 081-2019-SUNEDU/CD, firmada por Carlos Martín Benavides Abanto, Superintendente de la Sunedu, se le otorgó la Licencia Institucional a la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).
Denunciar estas irregularidades no es atacar a la reforma universitaria, tampoco es abogar por universidades que no merecen ser licenciadas, es, simplemente, exigir el respeto a la ley y el cese de actos que evidencian una presunta corrupción.
Política
Congresista Bellido pide ‘cuestión previa’ contra proyecto de ley que favorece a grandes corporaciones turísticas
El legislador Guido Bellido hoy en el pleno afirmó que con el nuevo dictamen: “No solo están contentos con eliminar el beneficio social, sino, brindar beneficio presupuestario a las grandes empresas como las del señor Rafael López Aliaga”, y planteó una cuestión previa para que retorne a la Comisión de Descentralización y Economía.

Gremios y Empresarios de turismo a través de la Asociación Peruana de Empresas Turísticas (APETUR), enviaron un oficio a 23 congresistas de las bancadas de Acción Popular y Podemos Perú, que representan a diversas regiones del país, exigiendo que presenten ‘cuestión previa’ en contra del Proyecto de Ley 9796, acumulado a otros, Nueva Ley General de Turismo, para que regrese a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, con el fin de desacumular el Proyecto de Ley 10209, y pueda ser dictaminado de forma independiente.
Asimismo, denuncian que en el nuevo texto sustitutorio del dictamen de la nueva ley general de turismo se ha eliminado la obligación legal de que Mincetur deba aprobar programas de turismo social que beneficien a grupos excluidos del turismo, considerando que dicho detalle sí se encontraba en el texto primigenio de la vigente ley general del turismo.

Además, la Asociación Peruana de Empresas Turísticas denuncian que CANATUR y algunos congresistas que serían sus aliados, se confabularon los días 12 y 13 de diciembre del 2024, para excluir a las agencias de viaje y turismo y a las empresas que presten el servicio turístico de transporte turístico, para que sean excluidas del texto sustitutorio del Proyecto de Ley 7208, cuyo titulo es: “Ley que modifica la Ley 31556, Ley que promueve medidas de reactivación económica de micro y pequeñas empresas de los rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos”.
Finalmente, el presidente de APETUR, Rolando Concha López solicitó una audiencia con los integrantes de las bancadas a las que se le cursó el oficio para poder sustentar la necesidad de que presenten un Proyecto de Ley que modifique a la Ley 32219, que es la que pretende modificar a la Ley 31556, que promueve la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas turísticas y de restaurantes y alojamientos.
Por su parte, en el Pleno de hoy en el Congreso, el legislador Guido Bellido durante su intervención mencionó que, para los cusqueños, este predictamen se aprobó en una sesión en la Municipalidad Metropolitana de Lima en presencia del alcalde de Lima Rafael López Aliaga, aprobado solo con 5 votos favor; es decir, un predictamen que fue exonerado de la Comisión de Descentralización, cuando el tema de turismo tiene que ver con todo el país, y también fue exonerada de la Comisión de Economía, y han desaparecido el turismo social.
“Aquí claramente se muestra que el propósito es beneficiar a la corporación que maneja el turismo en el país, en detrimento de los intereses del propio país. No solo están contentos con eliminar el beneficio social, sino, con beneficio presupuestario a esas grandes empresas como las del señor Rafael López Aliaga, y planteo una cuestión previa para que retorne a la Comisión de Descentralización y Economía”, concluyó Bellido Ugarte.
El legislador Guido Bellido durante su intervención mencionó que, para los cusqueños, este predictamen se aprobó en una sesión en la Municipalidad Metropolitana de Lima en presencia del alcalde de Lima Rafael López Aliaga. @GuidoBellidoU pic.twitter.com/79HWyFGc4A
— Revista Lima Gris (@Limagris) May 8, 2025
Política
Congreso plantea exigir antecedentes penales y policiales para comprar motos
Proyecto de ley impulsado por legislador exfujimorista y actual apepista Lizarzaburu señala que su iniciativa fortalece la seguridad ciudadana y por la creciente ola de crímenes perpetrados utilizando las motos.

El congresista, exfujimorista y actualmente de Alianza Para el Progreso (APP), Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, ha presentado el Proyecto de Ley n.° 11037/2024-CR denominado: “Ley que fortalece la seguridad ciudadana, a través de la incorporación de los artículos 4-B y 4-C en la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre para la adquisición y responsabilidad de las transacciones de los vehículos menores motorizados”, que en resumidas cuentas plantea exigir antecedentes penales, policiales y otros requisitos de rigor para comprar motocicletas en el Perú. En el documento propuesto se indica que el objetivo ayudar a prevenir delitos.

La iniciativa propone que se incluyan los artículos 4-B y 4-C en la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y el nuevo texto sería de la siguiente manera:
Artículo 4-B. De la adquisición de los vehículos menores motorizados
Para la adquisición de los vehículos menores motorizados de la categoría L de la clasificación vehicular contenida en el Anexo I del Decreto Supremo 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos, serán indispensables los siguientes requisitos:
• Licencia de conducir.
• Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) legalizado.
• Antecedentes Penales.
• Antecedentes Policiales
• Para el caso de extranjeros, además, condición migratoria habilitante vigente.
Además, señala que los mismos requisitos serán necesarios para el alquiler de los citados vehículos motorizados, previo registro en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Mientras tanto, el artículo 4-C hace referencia a la «responsabilidad administrativa de las transacciones de vehículos menores motorizados».
«Las personas naturales y jurídicas que, al transferir, alquilar, prestar, donar o permutar vehículos menores motorizados de la categoría L de la clasificación vehicular contenida en el Anexo I del Decreto Supremo 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos; no hayan cumplido con acreditar ante el MTC, lo previsto en el artículo 4-B de la presente Ley, alcanzan responsabilidad administrativa», señala.

MTC deberá crear registro de compra de motos
En las disposiciones complementarias finales se establecen que el Poder Ejecutivo deberá aprobar el reglamento de la Ley en un plazo «no mayor de noventa días hábiles contados desde su entrada en vigor». Asimismo, la iniciativa establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cree el Registro de Adquisiciones de Vehículos Menores Motorizados.
En la exposición de motivos, el proyecto de ley argumenta que las razones se deben a que durante los últimos años se ha presenciado un «incremento exponencial de los delitos que se comenten utilizando como medio de transporte a los citados vehículos motorizados». En tanto, consideran que con las nuevas exigencias y requisitos se podrá ejercer un debido control sobre las motos lineales.
«Así, las autoridades tendrán las herramientas necesarias para una debida fiscalización y un monitoreo permanente con el propósito de la prevención de ilícitos», añaden en la iniciativa legal.
Política
Tu firma por tres gaseosas [VIDEO]
Movimiento por la unidad de los Pueblos, del ex ministro de Salud Hernando Cevallos, te da bebidas para afiliarte a su partido.

De acuerdo a su página oficial, el Movimiento por la Unidad de los Pueblos (MUP), aparece como un “movimiento político que lucha por la transformación del país hacia un Perú justo, soberano e igualitario”. A priori se leen palabras sensatas, sin embargo, investigando un poco más en sus redes sociales se observa que exigen la liberación del expresidente Pedro Castillo.
Justamente, el ex ministro de Salud castillista Hernando Cevallos figura como su coordinador nacional, quien en una oportunidad fue a visitarlo al penal de Barbadillo. Asimismo, desde el MUP se han organizado varias marchas a favor de la liberación de Castillo Terrones, acusando directamente al Congreso de la República y a los “grandes medios” de ser los verdaderos golpistas.

Más allá de esos pronunciamientos o actividades, poco o nada se sabe sobre la ideología de ese movimiento político. Quiénes son sus caras más visibles, sus representantes. Empero, sus tantas declaraciones a distintos medios, nos dan a entender que buscan una Asamblea Constituyente, el mismo discurso de varios partidos de izquierda.
“Somos un movimiento democrático y popular, reconocemos el valor de la democracia representativa, pero reivindicamos la necesidad de la participación directa y permanente del pueblo en las gestiones y decisiones del Estado, una democracia participativa que se asienta sobre la base de la organización y el poder popular, levantando las banderas de cambios profundos que el país necesita como una asamblea popular constituyente”, fueron las declaraciones de Hernando Cevallos difundidas por la revista Caretas el 22 de octubre del 2023.

Ese mismo movimiento ahora pretende afiliar a los ciudadanos entregándoles, según ellos de manera voluntaria, tres botellas de gaseosa para que firmen un planillón.
Un reportaje de 24 horas evidenció a dos señoras, con planillones, lapiceros y botellas, sentadas muy cerca al hospital Daniel Alcides Carrión, “regalando” gaseosas, pero con la condición de que el ciudadano otorgue sus datos personales y estampe su firma en una planilla de inscripción.
“Estamos regalando tres gaseosas con tu DNI”, se escucha a una de las mujeres en el video difundido por el programa de Panamericana.
Lastimosamente muchos de los incautos ciudadanos aceptan tal ofrecimiento y firman las hojas sin siquiera revisar el contenido ni a qué partido político se están afiliando. “Somos una sociedad que normaliza el clientelismo político”, advierte el ex ministro de Justicia, José Tello.
Política
¿Cuánto debería ganar Dina Bolaurte?
Mandataria en la actualidad percibe 16 mil soles, pero si su remuneración estuviera sujeta a su desempeño y popularidad ¿ganaría lo mismo?

Un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sugiere que nuestra presidenta de la República, Dina Boluarte, tendría que ganar por lo menos 35 mil soles por su condición de jefa de Estado, y que hasta sus ministros ganan más que ella.
Sin embargo, si evaluáramos tal remuneración considerando su desempeño en el sillón de Pizarro muchos de los ciudadanos consideran que la ‘madre de todos los peruanos’ debería solamente recibir un poco más del sueldo mínimo, una tarjeta por navidad y año nuevo y su pavo congelado.
Y es que nuestra presidenta desde que asumiera en el 2022 no da muestra de mejoría alguna. Recluida detrás de sus ministros, Boluarte Zegarra desde un principio quiso apartarse de los medios de prensa, esquivándolos, rechazándolos, tildándolos de “enemigos de la patria”, de “confabuladores” que solo ponen noticias negativas en sus portadas y que nunca ponen sus logros.
La primera presidente mujer de la historia del Perú anuncia todas las semanas, luego de concluido el Consejo de Ministros, que su gobierno está comprometido por brindarle la paz y tranquilidad a todos los peruanos y que salgamos tranquilos a la calle porque no nos va a pasar absolutamente nada, ya que la Policía y las Fuerzas Armadas “prácticamente” han desarticulado a las bandas criminales. Unos minutos después, un ciudadano es acribillado en la puerta de su casa.
Su desolador 3 % de aprobación es la clara muestra de que algo no anda bien con su gestión. Algunas empresas en el Perú, y otras empresas en el mundo, les pagan a sus empleadores de acuerdo a su desempeño. Viendo que Boluarte va perdiendo la batalla contra la inseguridad, más preocupada en ocultar sus cirugías, salimos a la calle a formular la siguiente pregunta al ciudadano de a pie: ¿cuánto debería ganar Dina Boluarte?
Las respuestas fueron variopintas.
- “Esa señora al contrario debería de pagarnos todo lo que nos ha robado”.
- “Que su wayki le pague su sueldo”.
- “Que venda todas esas joyas, esos relojes que tiene escondido. Con eso que se pague todas las cirugías que quiera”.
- “Le daría un sol para su pasaje y se largue. Vieja corrupta”.
Conociendo la indignación de las personas, muchas respondiendo ‘al vuelo’ nuestra pregunta, solamente cabría recomendarle a nuestra mandataria que de una vez por todas dé la cara (o lo que quede de ella) y empiece a hacer su tarea como máxima autoridad para que así justifique los miles de soles que gana y que los peruanos, con nuestro sudor, se lo venimos pagando.
Política
PJ: Julio Demartini niega responsabilidad por caso ‘Qali Warma’
El extitular del Midis, quien continúa trabajando como asesor para el Gobierno, reapareció en audiencia judicial y aseguró que no hay evidencia de que haya favorecido a algún proveedor. Asimismo, refirió que el caso ‘Qali Warma’ se basa en especulaciones.

Durante la audiencia de apelación del Poder Judicial por el impedimento de salida del país, el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, se dedicó a defender su trayectoria profesional de más de 30 años en el servicio público y sostuvo que no hay, ni habrá evidencia de que haya favorecido a proveedor alguno y que no tuvo ninguna injerencia en las contrataciones del cuestionado Programa Alimentario, “Qali Warma”.
Asimismo, enfatizó que el caso en su contra se basa en meras especulaciones mediáticas y en el desconocimiento de los procedimientos administrativos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
“Estamos hoy aquí por hechos originados en noticias de medios de comunicación, en especulaciones. Pero la realidad es que he estado, estoy y estaré en el país, enfrentando cualquier investigación, porque mi interés principal es que esto se esclarezca”, declaró Demartini ante los jueces.
El exministro afirmó que las contrataciones bajo investigación se realizaron a través de un procedimiento especial y autónomo dentro del programa alimentario, el cual no se rige por las reglas tradicionales de compras del Estado, y aclaró que los ministros no intervienen, en esos procesos.
“Ese procedimiento especial de compras tiene autonomía técnica, y las decisiones las toma el equipo especializado del programa, no los ministros”, puntualizó.

Negó sus vínculos con investigado Martín Riepl
En otro momento, Juli Demartini, negó cualquier vínculo con los empresarios que vienen siendo investigados. “No conozco al señor Riepl, ni social, ni laboral, ni profesionalmente. No tengo relación alguna con su empresa, y ni siquiera tengo registro de haber sido entrevistado por él en calidad de periodista”, indicó y sostuvo que no hay, ni habrá evidencia de que haya favorecido a proveedor alguno.
“No he dicho jamás ‘contraten a tal persona’. Eso es impensable. Las contrataciones se basan en informes técnicos, con respaldo de entidades como el Sename, la Digesa o el Ministerio de Agricultura”, concluyó.
Política
Gobierno extingue 14 programas de ministerios y pasarán a formar parte de la ANIN
Ministro de Economía José Salardi anunció la desactivación de Provias Descentralizado, Plan Copesco, Programa Nacional de Telecomunicaciones y otros 11 programas de diversos ministerios, para formar parte de la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

El ministro de Economía y Finanzas, José Antonio Salardi Rodríguez, anunció la extinción de 14 programas de infraestructura que pasarán a ser parte de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), la misma que se encuentra adscrita a la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM) Estos son:
Provías Descentralizado.
Provías Nacional.
Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL.
Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED.
Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS.
Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU.
Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR.
Programa Agua Segura para Lima y Callao – PASLC.
Programa Subsectorial de Irrigación – PSI.
Plan Copesco Nacional – PCN.
Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR.
Programa Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB.
Programa Nuestras Ciudades – PNC.
Plan Nacional de Diversificación Productiva – PNDP.
El titular del MEF, indicó que actualmente existen múltiples entidades que ejecutan proyectos sin que haya una articulación territorial eficiente, lo que ha generado duplicidades administrativas y una fragmentación operativa.
“Hoy en día tenemos 14 programas que ejecutan inversiones a nivel nacional, tenemos 14 gerencias de administración, de logística, de recursos humanos. Es decir, se sobreponen muchas funciones. (…) Por eso, la medida que se va a tomar es la de extinguir estos programas y sus inversiones van a ser incorporadas en la cartera de proyectos del ANIN”, afirmó Salardi.
Según el MEF, ahorrarán miles de millones
Asimismo, destacó que, solo durante el segundo semestre de 2025 (de junio a diciembre), el ahorro estimado debido a la eliminación de estos programas será de aproximadamente S/ 2.500 millones.

Funciones de la ANIN
La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), es una entidad pública creada mediante la Ley N° 31841, promulgada el 21 de julio de 2023. Su misión principal es gestionar proyectos de infraestructura pública de gran envergadura. Esta entidad se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y posee autonomía funcional, administrativa, técnica y económica.
La ANIN tiene como objetivo principal ejecutar proyectos de infraestructura que superen los S/ 200 millones, así como aquellos entre S/ 40 y S/ 200 millones en situaciones de emergencia o con alto impacto territorial. Entre sus funciones se incluyen la formulación, ejecución y mantenimiento de estos proyectos, la gestión de contratos y convenios, y la supervisión de estudios técnicos y consultorías especializadas. Asimismo, está facultada para ejercer funciones de adquisición y expropiación de inmuebles necesarios para la ejecución de obras, así como para coordinar con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050.
Los proyectos gestionados por la ANIN se rigen por modalidades de contratación que incluyen contratos de ingeniería de uso estándar internacional, convenios de administración de recursos con organismos internacionales y contratos de fideicomiso con COFIDE.
Política
Dina Boluarte ‘premia’ a Juan José Santiváñez y ahora lo coloca en la Sucamec
Censurado ex ministro fue designado como miembro del Consejo Directivo de la Sucamec.

Continuará metiendo ‘bombazos’ a los “enemigos de la patria”, pero esta vez desde la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) gracias a Dina Boluarte.
Esta mañana se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución Suprema n.° 069-2025-IN donde se indica la designación del ex ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien fuera censurado por el Congreso por no ofrecer soluciones contra la delincuencia y la extorsión. En esa resolución se precisa que Santiváñez Antúnez ingresará al Consejo Directivo de la Sucamec.

De acuerdo al Decreto Legislativo 1172 en su octavo artículo, el “Consejo Directivo es el órgano máximo de la SUCAMEC… responsable de establecer las políticas institucionales y la dirección de la SUCAMEC”. Curiosamente, en artículo siguiente en su literal “e” también se precisa que el miembro del Consejo Directivo deberá “gozar de reconocida solvencia moral”, algo que muchos ciudadanos le han cuestionado al ex ministro Santiváñez.
Como se recuerda, el pasado 17 de abril Santiváñez fue incorporado como jefe de la Oficina General de Monitorio Intergubernamental, un puesto calificado como de confianza. Es así que el censurado ex ministro podrá estar cerca de la jefa de Estado.
El dato:
La SUCAMEC, o Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, es una entidad pública peruana adscrita al Ministerio del Interior. Su función principal es controlar, regular, fiscalizar y sancionar las actividades relacionadas con la seguridad privada, armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil en el país.
Política
Respuesta a Carta Notarial del excanciller Óscar Maúrtua
Tras publicación de un artículo de opinión titulado “Turismo Diplomático a costa del erario público: un privilegio injustificable”, el diplomático Óscar Maurtua, nos ha enviado una carta notarial pidiendo rectificación y reedición de la nota. Aquí la respuesta de Lima Gris.

Nos llegó a la redacción una carta notarial, remitida por el señor Óscar Maúrtua de Romaña, en la cual manifiesta su enfado e indignación por el artículo de opinión de nuestro columnista Luis Felipe Alpaca, publicado el pasado 2 de mayo, titulado: “Turismo Diplomático a costa del erario público: un privilegio injustificable”, porque considera que se afecta su honor. Asimismo, solicita rectificación y reedición de la nota periodística en mención, y aduce que es inexacta e incompleta.
Seguidamente, Lima Gris ha procedido a realizar las precisiones correspondientes, conforme a la solicitud del remitente.

A continuación, el párrafo con las precisiones actualizadas:
“A estos casos se suma el de Óscar Maúrtua, excanciller del Perú, quien fue denunciado por apropiación indebida de fondos destinados a víctimas del terremoto de 2001. Sin embargo, en 2008, la Corte Superior de Justicia anuló el proceso y archivó el caso. Asimismo, el exlegislador Álvaro Gutiérrez lo denunció constitucionalmente por su presunta participación en maniobras para favorecer a la aerolínea chilena LAN, que no cumplía con sus obligaciones fiscales en el país. Durante el mandato del expresidente sentenciado por corrupción Alejandro Toledo, Maúrtua participó en el avión parrandero; que era toda una fiesta con mucho alcohol en el avión presidencial con otros personajes del oficialismo con recursos del Estado. Actualmente, Maúrtua sigue siendo una figura prominente dentro del mundo de la diplomacia”.
“En septiembre del 2021 el Congreso citó al excanciller Maúrtua por la reunión secreta entre Castillo y Maduro. Sin embargo, Maúrtua aclaró que dicha reunión no fue secreta, sino espontánea y breve”.
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