Mientras
la Revolución Cubana se consolidaba y millares de corazones juveniles se
encrespaban en América, en 1959 en la ciudad argentina de Azul se fundó la
Escuela Nacional de Bellas Artes y Escuela de Cerámica. Entre los profesores
que se radicaron en el poblado para dictar clases, en la etapa inicial y
fundacional, estuvo Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz 1980), quien
además de una notable obra escultórica que perdura (el Monumento a la Madre) dejó algunos escritos que hemos recuperado y
que serán objeto de un próximo artículo. La Escuela comenzó a formar
profesionales, año tras año, durante su primera década, y lo hizo auspiciosamente;
pero, para el país, sobrevinieron años trémulos desde entonces, agudizados a
partir de la dictadura de 1966 y, más aun, con la que se instauró diez años
después. Durante ese período, de los establecimientos terciarios y
universitarios de Azul, la Escuela de Bellas Artes fue la única que sufrió no
sólo sistemáticas operaciones de inteligencia policial y militar sino también detenciones
y secuestros de alumnos. Varios de ellos continúan hoy desaparecidos. De ello
trata esta historia.
Años oscuros
Norma
Delbonis, Roberto Zaffora y María del Carmen Barros fueron tres de los jóvenes
estudiantes de Bellas Artes secuestrados y desaparecidos. Militaban en la
Juventud Peronista, relacionada con la organización Montoneros. Susana Yaben y Norma Monticelli —cuyo caso hemos tomado
para desarrollar particularmente aquí— fueron secuestradas y mantenidas
en cautiverio; sufrieron vejámenes de toda índole y sus verdugos las liberaron
pasado un mes de reclusión en Centros Clandestinos de Detención (CCD). No
pertenecían a organizaciones juveniles armadas, sólo habían tenido una
esporádica participación en la campaña electoral del Partido Socialista en Azul durante 1973. Darío Restivo, un joven
egresado de Bellas Artes, fue detenido y permaneció encarcelado como preso
político. En su caso, jamás había participado en movimiento político alguno. Su
única pasión eran las Bellas Artes.
¿Por
qué esta escuela fue particularmente tomada como pieza de caza por los
represores? ¿Cuál fue el criterio “de selección” de alumnos, a la hora de las
persecuciones y detenciones o secuestros? Como estos, es posible formular muchos
otros interrogantes en torno al caso particularmente llamativo de la Escuela de
Bellas Artes de Azul, pero implicaría un desarrollo más voluminoso que el
presente.
“Éramos raros. Además de jóvenes, queríamos crear y pensábamos desde el Arte”, dice Darío Restivo. “Eso, para el poder, ya era un síntoma grave”. Tanto el de fines de los ’60 como el de principios de los ’70, recuerda, “era un tiempo esperanzado, donde parecía que todo era posible. Un clima de gran efervescencia revolucionaria. En Bellas Artes, además del clima de efervescencia, se vivía lo clandestino. Ya iniciados los ‘70, los cambios que se venían eran posibles. Así se lo vivía, ya fuera uno simpatizante de los grupos peronistas o de los grupos más definidos de izquierda. Llegaban las revistas clandestinas, se leían y se pasaban de mano en mano. Estrella Roja, El Descamisado u otro tipo de revistas, como Satiricón o Crisis. Todo eso circulaba entre la juventud. De la misma manera se pasaba la música prohibida, como fue el caso de la cantata popular Santa María de Iquique de los Quilapayún, o los discos de Zitarrosa o de Violeta Parra. Entre el ‘60 y el ‘70, todo era posible. Luego vino una época de terror y de miedo. Y después, de desesperanza”.
Una obra de Norma Delbonis, expuesta en su recorrido por Latinoamérica en 1969.
1975
fue el año de las tomas de escuelas, entre ellas la de Bellas Artes de Azul. El
momento coincidió con el dictado de los decretos antisubversivos por parte del
gobierno de Isabel Perón, con lo cual agudizó la persecución de “la guerrilla”,
aunque bajo ese rótulo se terminó englobando expresiones que nada tenían que
ver con quienes profesaban y ejercían la lucha armada.
“Comenzaron
a aparecer grupos civiles que secuestraban jóvenes en la vía pública. Hubo un
caso que ocurrió a las dos de la tarde, en pleno centro de la ciudad, frente a
la vista de todo el mundo. Yo no militaba en política, pero eso no quiere decir
que no tuviera una simpatía ideológica. Comenzó a vivirse un clima de terror.
Llegábamos a Bellas Artes y alguien decía: viste, anoche fueron a la casa de
fulano y se lo llevaron. O: cuidate, porque esa persona que viene siempre a la
escuela no es fiable”, rememora Darío Restivo.
“Nos
perseguían si usábamos poncho, si usábamos barba —que no era la barba
prolijita tipo ‘candado’ de los abogados—. Yo iba de poncho a
Bellas Artes; lo había comprado durante un viaje al norte del país. Entiendo
que era una identificación con lo telúrico, pero está claro que nosotros la
habíamos cargado otro contenido, más allá de lo costumbrista que pudiera darse.
Una vez no me permitieron dar un examen porque me presenté con ojotas de cuero,
como las que usaban los collas. En otra oportunidad, porque no llevaba saco y
corbata. Ese día pude rendir porque me prestó su ropa el portero”. Darío
Restivo fue detenido en 1975, recluido como preso político en la cárcel de
Sierra Chica —destinada a delincuentes de máxima peligrosidad— y finalmente liberado
en 1979.
Para
Susana Yaben, “pertenecer a Bellas Artes era ser ‘rara’, ‘difícil’. Empecé en
1974 y en 1976 fue el primer allanamiento en mi casa, antes del golpe militar,
en pleno gobierno democrático. En Bellas Artes se hacían algunas
actividades que, para el poder represor, pudieron ser consideradas
‘peligrosas’. Una vez fuimos con un profesor a Buenos Aires, a una villa
miseria, a llevar parte de lo que nosotros hacíamos en la escuela. Fue
impresionante; los chicos nos abrazaban, nos besaban. ¿Qué había de peligroso
en eso para el poder represivo?”.
Desaparecidos
María Barros y Roberto Zaffora eran, además de estudiantes avanzados de Bellas Artes, una pareja. Se habían conocido en esa escuela y bien pronto formaron familia. El día 25 de septiembre de 1977 fueron secuestrados en la localidad de San Martín (Gran Buenos Aires). Los vecinos se hicieron cargo momentáneamente de sus dos pequeños hijos, Sabina y Nicolás. Algunos testimonios aseguran que ambos estuvieron en el centro clandestino de detención La Cacha (La Plata) y continúan desaparecidos.
Darío Restivo, uno de los estudiantes de Bellas Artes secuestrados por las fuerzas parapoliciales.
Norma
Delbonis fue ejecutada la mañana del 6 de diciembre de 1977 en el Barrio Parque
Luro de Mar del Plata, a manos de un comando de la Subzona Militar 15, a cargo
del Ejército. Su cuerpo no fue entregado a la familia, aunque el gobierno
dictatorial publicó la noticia confirmando la muerte. Un coronel, a pesar de
algunas promesas preliminares, terminó negando la entrega del cuerpo a la
familia Delbonis.
Norma
era una “artista prometedora”, según los medios. En 1969 había realizado una
exposición personal en la Escuela de Bellas Artes de Nicaragua y, un tiempo
antes, en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Costa Rica. El diario Crónica de Perú afirmó en 1969: “Pocas
veces una artista tan joven se vio favorecida de esa forma en nuestro país”.
El caso de Norma (o La Sed)
Mañana
de llovizna invernal la de ese día. No se condecía con el mes, ni la época, ni
el lugar: febrero, verano, Mar del Plata (Argentina). Ella amaneció con un
resfrío muy fuerte, pero tenía que ir al trabajo. Salió caminando desde el
hotel donde se hospedaba, rumbo a su nueva oficina. Se cubría con un paraguas
esa mañana. Y se sonaba la nariz.
Las 6,15
horas de uno de los primeros días de febrero de 1977. Norma Mabel Monticelli,
mientras avanzaba por la calle vio, de reojo, un Falcon verde estacionado. En
ese preciso instante, dice, se le terminó
el mundo. Como testigos estaban las espaldas de la Catedral y el centro
marplatense.
Estaba
graduada, pero quería seguir estudiando. Había pensado en la carrera de
Abogacía. Ya era profesora de Dibujo y Pintura, egresada de la Escuela de
Bellas Artes de Azul. Y tenía trabajo en la Caja de Ingeniería. Se hallaba de
paseo en Buenos Aires cuando le ofrecieron un reemplazo breve, de dos a tres
meses, en Mar del Plata. Era enero de 1977. Norma tenía 26 años. Le aseguraron
gastos pagos y hotel. Ni lo pensó: se fue a Mardel.
Llevaba
menos de un mes allí cuando la abordaron cuatro hombres. “Grandotes”, dice
ella. Le taparon la cara, desde atrás, le cruzaron los brazos adelante y la levantaron
como si fuese un puñado de plumas. La empujaron desde la cabeza para meterla
violentamente dentro del automóvil, en el asiento trasero. La acusaron de
inmediato: “guerrillera”. Y le dieron trompadas. En el estómago, en la cabeza,
en las orejas.
La trasladaron hasta La Cueva, uno de los centros clandestinos de detención más trágicamente célebres que funcionó durante la última dictadura militar, en este caso en Mar del Plata (Era el antiguo radar de la Base Aérea, lindero con el Aeropuerto Astor Piazzola. En 1977 estaba bajo el control operacional del Ejército).
La Escuela de Bellas Artes de Azul (Fotografía de Nacho Correa).
Uno de
los captores la bajó del auto a Norma. Se la cargó sobre un hombro y descendió varios
escalones. Escalones de cemento. Norma cree que el lugar era un sótano. Algo
profundo, porque fueron muchos los escalones que bajaron. Muy cerca, se
escuchaban ruidos de aviones.
Allí fue
violada por los captores, a modo de “bienvenida”.
Tenía los
ojos vendados, con mucho algodón y varias vueltas de cinta adhesiva alrededor de
la cabeza. Le habían destapado la boca.
Los
captores le dijeron “te vamos a meter en la parrilla”. Le ataron piernas y
brazos a un elástico metálico de una cama. Norma se sintió crucificada.
Uno de
los torturadores le dijo que era “muy linda”, que era una lástima que anduviera
metida en “eso”. Pero ella nunca se enteró qué era lo que los represores
significaban con “eso”.
Quizá a
consecuencia de la aplicación de picana, ella pedía agua. Tenía mucha sed. Los
captores se reían y le arrojaron agua sobre el cuerpo. Sentía cada golpe de
agua. Y la sed la exasperaba.
De comer
no le dieron, salvo un bocado dos veces en quince días. Permaneció encapuchada
y atada, de pies y de manos, a una silla dura. Volvieron a golpearla, a insultarla
y amenazarla. Cierto día ya no la golpearon. Le dijeron que no le debían quedar
marcas. Oyó los gritos de otras personas que eran sometidas a torturas. Escuchaba
los gritos desgarradores y después, solamente silencio.
Norma
rezaba. No hacía otra cosa. Le pedía a la Virgen de Luján.
Que la
dejaran viva.
La noche
del 24 febrero de 1977 una persona se le acercó y le comunicó a Norma
Monticelli: “Nos equivocamos. Te vamos a soltar”.
La introdujeron
en una bolsa de arpillera y la trasladaron en un vehículo hasta un camino
cercano a Sierra de los Padres. La sacaron de la bolsa y le dijeron que contara
hasta mil y, recién después, que se sacara las vendas de la cabeza y que
caminara hacia una dirección determinada.
Así lo
hizo, pero contó mucho más porque hasta mil le pareció poco.
Se vio
en un camino de tierra. Empezó a andar, con dificultad. Llevaba un sólo zueco y
ni se enteró cuándo y dónde perdió el otro.
Se
sentía sucia Norma. Nunca la habían bañado y, además de todas las torturas, la habían
obligado a hacerse encima sus necesidades, todos los días de las tres semanas
de su cautiverio.
Ya era
25 de febrero. Pronto iba a amanecer. Un trabajador municipal la halló y, a
pocos metros, apareció otra secuestrada: Susana Yaben. Su amiga, igualmente
extraviada y con signos de tortura.
Le quedó
la vida a Norma. También le quedó el pánico. Desde el día que volvió “sin
sonrisa”, como asegura hoy ella, vive con sed.
Aún no tolera
que le tapen la nariz. No puede acercarse las sábanas a la cara porque comienza
a sentir que se ahoga. Y la sed…
Todavía la
desespera. Algunas noches se despierta con la garganta reseca. Dice que se
muere se sed. Tiene un problema en un oído, como consecuencia de un golpe.
Culatazo. De fusil o Ithaca; quizá de una patada fortísima. “Sufrí disritmia
cerebral, por la tortura y los golpes. Sufrí desmayos y convulsiones”, dice.
Y las Bellas Artes, que tanto la apasionaron, también padecieron la tortura: Norma Monticelli nunca más pudo tomar un lápiz. O pintar.
El Gobierno Regional de Loreto, a través de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC), ha intensificado las labores de mantenimiento rutinario en la carretera Iquitos – Nauta, una de las principales vías terrestres de la región amazónica. Las acciones, que comprenden la limpieza de malezas, desbroce de áreas invadidas por la vegetación, limpieza de cunetas y bacheo en zonas críticas, forman parte de una estrategia de conservación de esta importante arteria vial que conecta la capital regional con el distrito de Nauta.
Según lo anunciado por el gobierno regional, el mantenimiento de esta vía es considerado una prioridad, no solo por su relevancia para el tránsito de personas y mercancías, sino también porque es una de las pocas rutas terrestres que permite una conexión directa entre poblaciones del interior de Loreto. La Amazonía, caracterizada por su geografía compleja y dispersión territorial, depende en gran medida del buen estado de sus carreteras para facilitar el acceso a servicios básicos, el comercio local y la reactivación económica de la región.
El Dr. Pío Flores, gerente de la GRTC, informó que, además del mantenimiento rutinario, su despacho viene desarrollando los estudios técnicos necesarios para el mejoramiento integral de la carretera Iquitos-Nauta. “No solo se trata de parchar huecos o limpiar los bordes. Esta vía necesita una intervención mayor, y estamos trabajando en los estudios que lo permitan. Pero sin apoyo del Gobierno central, será difícil avanzar”, declaró Flores.
En ese sentido, el funcionario hizo un llamado enérgico al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional Descentralizado, así como al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para que asignen mayores recursos al Gobierno Regional de Loreto y a las municipalidades locales. “Con los escasos recursos que tenemos, hacemos lo posible por mantener nuestras vías transitables. Pero esto no puede recaer únicamente en los gobiernos regionales. El Estado debe entender que la conectividad en la Amazonía es una cuestión de urgencia y justicia territorial”, agregó.
La carretera Iquitos-Nauta, que ha sido históricamente afectada por el abandono y las inclemencias del clima, representa una línea vital para más de 120 mil personas que habitan en los distritos adyacentes. En épocas de lluvia intensa, muchas de sus zonas quedan prácticamente intransitables, lo que pone en riesgo la seguridad de los usuarios y limita el traslado de bienes de primera necesidad.
El Gobierno Regional de Loreto reitera su compromiso con el desarrollo vial de la región y continuará ejecutando labores de mantenimiento mientras gestiona el financiamiento necesario para proyectos de infraestructura más sostenibles. La ciudadanía espera que las autoridades nacionales escuchen este llamado y que, por fin, la selva deje de ser olvidada en el mapa de prioridades del Estado peruano.
‘Cajuela’ de motorizados de delivery deberá estar fijada al chasis del vehículo
Quienes brinden servicios deberán empadronarse en el “Registro Nacional de Envíos de Entrega Rápida” de lo contrario ya no podrán circular, y deberán contar con DNI o carné de extranjería, domicilio y correo electrónico, domicilio del representante legal y partida de inscripción registral de la empresa. Asimismo, los motorizados no podrán llevar acompañantes.
Las cajuelas portátiles que aún llevan en sus espaldas los miles de repartidores motorizados del servicio delivery que circulan por todo el país, están con las horas contadas, debido al reciente Decreto Supremo n.° 006-2025-MTC emitido este jueves 17 de abril, que aprueba medidas específicas para fortalecer la seguridad ciudadana en materia de tránsito y transporte. El mismo que establece la creación de un registro obligatorio para los repartidores de delivery, quienes dentro de un mes deberán inscribirse en dicho padrón a través de sus municipalidades.
Es decir, a partir del 17 de mayo de 2025, todos los repartidores de delivery, ya sean personas naturales o vinculadas a empresas o aplicaciones, están obligados a registrarse, en el «Registro Nacional de Prestadores y Conductores del Servicio y Actividad de Transporte de Envíos de Entrega Rápida», parte del Sistema Nacional de Registros de Transporte y Tránsito (SINARETT).
Decreto Supremo n.° 006-2025-MTC emitido este jueves 17 de abril.
Requisitos para registrarse como repartidor delivery
El registro incluye a conductores de motocicletas, bicimotos y bicicletas. Estos deberán cumplir con requisitos como presentar su DNI o carné de extranjería, licencia de conducir, placa del vehículo, SOAT vigente y certificado de inspección técnica, cuando corresponda.
-Nombre, razón o denominación social.
-Documento nacional de identidad (DNI), carné de extranjería o número del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
-El domicilio y correo electrónico de la persona natural o jurídica solicitante.
-De corresponder, el nombre y domicilio del representante legal y número de partida de inscripción registral de la empresa solicitante y de las facultades del representante legal de la persona jurídica.
-Nombre, documento nacional de identidad o carné de extranjería y número de licencia de conducir del (los) conductor(es) que se solicita habilitar, cuando corresponda.
-El número de las placas de rodaje de los vehículos que se solicita habilitar, cuando corresponda, señalando que los mismos cumplen con las condiciones establecidas en el presente reglamento.
-Contar con certificado SOAT y certificado de inspección técnica vehicular vigente, cuando corresponda.
-Número de operación de pago por derecho de trámite.
También se exigirá una declaración jurada donde se comprometan a no llevar acompañantes y a transportar los paquetes en cajuelas, salvo en el caso de bicicletas.
Se acabaron ‘cajuelas portátiles’ adheridas en espaldas de motorizados
En uno de los preceptos del Decreto Supremo en mención se indica las condiciones técnicas específicas que en lo sucesivo se exigirá a los motorizados repartidores del servicio de delivery
Artículo 24-A.- Condiciones técnicas específicas exigibles a los vehículos destinados al servicio de transporte de envíos de entrega rápida
24-A1 Sólo se puede destinar al servicio de transporte de envíos de entrega rápida vehículos que correspondan a la categoría L subcategorías L1 y L3 del ANEXO I. CLASIFICACIÓN VEHICULAR del RNV y bicicletas. 24-A.2 Los vehículos de la categoría L subcategorías L1 y L3 deben contar con los siguientes elementos, características, equipamientos o dispositivos:
a. Sistema de frenos;
b. Sistema Sonoro;
c. Láminas retrorreflectivas;
d. Alumbrado delantero y trasero; y
e. Cajuela para reparto de mercancía, en la cual debe consignarse la Placa Única Nacional de Rodaje y ser fijada al chasis posterior del vehículo.
Motorizados tampoco podrán viajar con acompañante durante estado de Emergencia.
Si repartidor no tiene moto, deberá tener ‘contrato de arrendamiento’
La norma contempla situaciones en las que el repartidor no sea propietario del vehículo. En estos casos, se deberá presentar un contrato de arrendamiento que indique expresamente que el vehículo será usado para entrega de pedidos. Este documento será validado por las municipalidades provinciales, que deberán verificar que el arrendador sea el dueño legítimo.
Vehículos permitidos para el servicio de delivery
-Motocicletas: Cilindrada mayor a 50 cm3. Velocidad máxima mayor a 50 km/h
-Bicimotos: Cilindrada de hasta 50 cm3. Velocidad máxima de 50 km/h
-Bicicletas: De todo tipo
Adicionalmente, los conductores deberán participar en capacitaciones dictadas por las municipalidades provinciales sobre calidad de servicio, normativas de tránsito y seguridad vial. El incumplimiento de cualquiera de estos lineamientos podrá generar sanciones severas.
Repartidores que no cumplan con la norma pagarán más de S/ 4 mil
Las infracciones por operar sin estar registrado, o por no cumplir las condiciones establecidas serán consideradas «Graves» o «Muy Graves». Cada falta está sujeta a una multa de 0.8 UIT, equivalente a S/ 4.280, además del decomiso del vehículo y su internamiento.
Entre las infracciones figuran: prestar el servicio sin autorización, transportar mercancías fuera de la cajuela, llevar acompañantes, utilizar vehículos sin las condiciones técnicas exigidas o manejar con una licencia vencida, suspendida o no correspondiente.
Fue su hijo Sergio Pérez – Luna quien confirmara el sensible fallecimiento de su padre Álamo, destacado periodista que trabajara para distintas casas televisivas, así como en medios escritos.
La noticia de su partida ha ocasionado que distintas figuras del gremio de comunicadores escribieran con mucho pesar, recordándolo por su estilo crítico y frontal.
Aunque no se han dado detalles oficiales sobre la causa exacta de su fallecimiento, se presume que estuvo relacionada con las complicaciones derivadas de la enfermedad que lo aquejaba. Y es que el propio periodista, en mayo del año pasado, publicó en su cuenta de Twitter que había estado internado en el hospital Edgardo Rebagliatti por caso tres semanas.
“Del 29 de abril a este 18 de mayo he estado internado en el Hosp. Rebagliati. Me descubrieron un tumor maligno (cáncer) en el riñón y lo extirparon. Estoy en reposo absoluto hasta dentro de varias semanas. Gracias a los profesionales del Rebagliati y a todo el personal. Gracias.”, escribió entonces.
Sus restos serán velados hoy a partir de las 2 p.m. en el velatorio n.° 4 del hospital Edgardo Rebagliatti.
Perdieron el rumbo en el camino y hoy les toca acatar la orden directa del Santo Padre. El Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) ha dejado de existir oficialmente desde ayer, luego de que el superior general de la comunidad firmara el decreto de supresión como Sociedad de Vida Apostólica laical.
La disolución fue confirmada por el propio SVC a través de un comunicado en su sitio web.
La decisión, aprobada por el papa Francisco, pone fin a una institución marcada durante años por denuncias de abusos físicos, psicológicos y sexuales contra sus integrantes, perpetrados por sus líderes y fundadores.
“Con dolor y obediencia aceptamos esta decisión”, señala el comunicado.
En el mismo documento, el disuelto grupo pide perdón por los maltratos y abusos cometidos en la comunidad.
“Nuestra mirada se dirige también a las víctimas; les reiteramos nuestro sincero pedido de perdón por los maltratos y abusos cometidos en nuestra comunidad. Pedimos perdón también a toda la Iglesia y a la sociedad por el dolor ocasionado”, señala el texto.
Asimismo, se da a conocer el nombramiento de monseñor Jordi Bertomeu Farnós como comisario apostólico, encargado de la ejecución del proceso de supresión.
Previo a la entrega del decreto de disolución, se identificaron las propiedades y fundaciones vinculadas al Sodalicio con el fin de evaluar su destino como parte del proceso de reparación a las víctimas y el sustento de los miembros que dependían de la comunidad.
Como se recuerda, hace dos décadas surgieron denuncias de exmiembros que fueron profundizadas por investigaciones periodísticas, las cuales expusieron los abusos sistemáticos perpetrados por su fundador, el laico peruano Luis Fernando Figari, quien fue finalmente expulsado del grupo en agosto de 2024.
Luis Fernando Figari, uno de los fundadores del Sodalicio. Foto: archivo GEC.
El dato:
El SVC se resistió a formalizar su disolución, a pesar de la orden del papa Francisco emitida en enero de 2025.Según el abogado José Ugaz, representante de seis víctimas no indemnizadas, el SVC maniobró para vaciar sus bienes y fondos antes de la disolución, con el fin de evitar que sean gestionados por el Vaticano. Ugaz alertó al Vaticano sobre esta posible fuga de dinero y ocultamiento de patrimonio en una carta enviada el 24 de marzo.
En el mundo donde la bala suena primero que la palabra, sangre con sangre se paga. Ni cuarenta estados de emergencia decretados por Dina Boluarte han hechos temblar a los extorsionadores extranjeros ante la reciente advertencia del hampa del primer puerto, quienes furiosos de que los foráneos empiecen a meterse con los ciudadanos del Callao, cobrándoles cupos, han rastrillado sus armas para lanzarles una durísima advertencia.
Y es que bien saben los delincuentes extranjeros que con otras mafias no se puede ‘negociar’ como con algunas autoridades, salvo tengan un interés en común, ahora vienen analizando a detalle qué tan ciertas sean las amenazas del hampa chalaca.
Uno de sus líderes, a través de una filmación, advirtió a todos los extranjeros que “han desatado una guerra abierta”, al considerar que se han equivocado de zona para extorsionar. “Ya no te vamos a tolerar ni una. Aquí estamos los chalacos, una sola idea, compadre. Todos contra todos ustedes”, se llega a escuchar en el video.
Advierten a venezolanos no ingresar al Callao
El discurso se ha extendido como una consigna en los barrios más convulsos del puerto. En Carrillo Albornoz, uno de los jirones con mayor presencia policial, los vecinos reconocen que el temor a una guerra declarada es cada vez más tangible. “Cualquiera que esté ahí lo veamos haciendo delivery, así lo vamos a bajar también”, dijo un encapuchado durante la grabación.
Las amenazas no solo se limitan a los miembros de bandas extranjeras. El mensaje apunta a cualquier ciudadano extranjero, incluso aquellos sin vínculos delictivos. “Sabemos que también hay venezolanos que trabajan, pero lastimosamente justos por pecadores, y así va a ser”, sostuvo uno de los pandilleros entrevistados por el equipo de Panorama.
Al parecer, dentro de estos días o semanas, se verán teñidas de sangre las calles del primer puerto, consecuencia directa de la inoperancia del gobierno de Dina Boluarte que continúa repitiendo todos los días que se encuentra luchando contra la delincuencia, bien sentada en su denominado ‘Cuarto de Guerra’, pero sin salir a recorrer las calles más álgidas de Lima y Callao.
Metro de Lima: Cierran estaciones La Cultura y Nicolás Arriola por persona herida en rieles [VIDEO]
Como es habitual, la Línea 1 del Metro de Lima ha emitido un comunicado indicando que el cierre temporal se debe a un “incidente ajeno a su operación”. Sin embargo, cada cierto tiempo aquellos incidentes consisten en intentos de suicidios de personas que fortuitamente deciden arrojarse a los rieles de la vía ante la inoperancia de los miembros de seguridad.
Alrededor de las 10.30 de la mañana de este lunes 14 de abril, se reportó un nuevo incidente en la Estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima. De acuerdo a la información preliminar, una persona resultó herida y fue evacuada al centro de salud más cercano para recibir atención médica. Sin embargo, como es habitual, a través de un comunicado ambiguo, el servicio de transporte público anunció el cierre temporal de las estaciones La Cultura y Nicolás Arriola, indicando que dicho cierre se debe a un incidente ajeno a su operación, evitando informar las verdaderas razones de la suspensión.
Es decir, el servicio de trenes se ha restringido de la siguiente manera: Desde Villa El Salvador hasta San Borja Sur y desde Bayóvar hasta Gamarra.
No habrá circulación de trenes entre San Borja Sur y Gamarra, por lo que las estaciones afectadas no ofrecerán servicio al público.
Comunicado de la Línea 1 del Metro de Lima.
Las autoridades del Metro de Lima recomiendan a los usuarios considerar otros medios de transporte para sus desplazamientos y agradecen la comprensión del público. Además, solicitan seguir las indicaciones del personal en estaciones.
Lo niega todo. Para que un medicamente salga al mercado necesita pasar por rigurosos controles, siendo aprobado por distintos químicos farmacéuticos, operarios y tener el visto bueno de las cabezas de área; sin embargo, según la versión de Medifarma, solo existiría un responsable y ese sería un operario.
Roy Chávez Llicán, ahora ex operario de Medifarma, estuvo detenido durante 72 horas acusado de ser el principal responsable de la muerte de 5 personas, ahora ha salido a decir su versión de los hechos de lo que pasó con el suero fisiológico defectuoso y cómo así llegó a distribuirse en los hospitales, negando de raíz todas las acusaciones en su contra, denunciando que Medifarma lo presionó a autoinculparse para liberarlos de cualquier responsabilidad penal.
En entrevista con el dominical Punto Final, Chávez aseguró que fue forzado a firmar su carta de renuncia y que la compañía le imputó toda la responsabilidad sin una investigación adecuada.
“Ellos me obligaron a renunciar, me pusieron una carta de renuncia y me imputaron todos esos hechos”, afirmó.
Tras la visita del equipo periodístico al laboratorio, Guillermo Arboleda, director corporativo de Medifarma, indicó que el producto se preparaba inicialmente con 180 kilos de cloruro de sodio disueltos en mil litros de agua esterilizada dentro de un tanque conocido como triblender. Posteriormente, esta mezcla debía ser trasladada a un segundo tanque, el reactor, donde se agregaban hasta 20 mil litros de agua adicional, lo que permitía alcanzar la concentración final adecuada de 0.9% de sodio por litro.
Según Medifarma, Chávez habría omitido el encendido del reactor durante la preparación del suero, lo que impidió una correcta disolución del sodio. Además, se le acusa de haber tomado muestras de un tanque distinto, impidiendo detectar el error a tiempo. El trabajador rechazó ambas acusaciones y sostuvo que ha sido utilizado como “chivo expiatorio”.
fuente: punto final.
La Fiscalía deberá determinar si lo ocurrido fue consecuencia de negligencias concatenadas o de una conducta deliberada. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen esperando justicia y respuestas claras frente a una pérdida irreparable.
Lo que mal empieza, mal termina. Luego de hacerse pública la denuncia de Andrés Bravo Pinedo, presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Ollantaytambo, respecto a un presunto acto de corrupción perpetrado nada menos que por el alcalde de Ollantaytambo Paul Palma, en colusión con la propietaria del hotel Sol Ollantaytambo Boutique, Lucinda Miranda Farfán, y su administrador Derik Miranda Farfán, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco, con apoyo de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) paralizaron la construcción del mencionado recinto hotelero como parte de una “medida cautelar” dispuesta por el despacho de Cultura.
Personal de la DDC del Cusco interviniendo la obra del hotel ubicado en la calle Ventiderio, Ollantaytambo.
La labor fiscalizadora, en principio, le corresponde a la municipalidad de Ollantaytambo, encabezada por Paul Palma, sin embargo, al estar dicha autoridad involucrada en las investigaciones, la encargada de realizar la medida preventiva fue la DDC del Cusco.
Y es que como ya se publicara en este medio, Andrés Bravo Pinedo viene denunciando una presunta red de tráfico de influencias y abuso de autoridad por parte del alcalde Paul Palma y los representantes del hotel Sol Ollantaytambo Boutique.
De acuerdo a los primeros informes obtenidos, la municipalidad de Ollantaytambo otorgó, sin pasar por las comisiones técnicas correspondientes, el permiso de restitución volumétrica para dicha obra, la misma que hasta la fecha no cuenta con una orden de demolición.
“La tardanza en la anulación y la ausencia de una orden de demolición sugieren complicidad o negligencia por parte de las autoridades, permitiendo que el daño al patrimonio continúe”, se lee en la nota publicada el pasado 2 de abril del año en curso.
Asimismo, continúa el informe, “entre las autorizaciones otorgadas de forma irregular se encuentran las siguientes: autorización N° 001-2023-GDUR – MDO, autorización N° 016-2024-GDUR – MDO, y la autorización N° 020-2024-GDUR – MDO. Además, la ejecución de obras no cumple con la normativa vigente, donde los propietarios deberían presentar el expediente respectivo al procedimiento administrativo, en concordancia al Reglamento de Intervenciones Arqueológicas vigente aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2022-MC, de fecha 23 de noviembre del 2022”.
Finalmente, se tuvo conocimiento que la diligencia realizada esta mañana no acudió personal de la Fiscalía, impidiéndose la incautación de las herramientas y maquinarias, y constatando que al término del encintado aún habían obreros trabajando dentro de dicho inmueble.