Presidente de la FPF y personas de su entorno enfrentan investigación por ‘organización criminal’. Y es que el exalcalde de Chongoyape inventó acuerdos comerciales para favorecer a compañías, realizó designaciones ilegales, modificó reglamentos internos, creó licitaciones direccionadas, encubrió a Edwin Oviedo, contrató abogados con dinero de la FPF, cedió habitaciones de la Videna a trabajadores afines a él y condonó deudas a clubes deportivos, causando así un millonario perjuicio económico a la institución.
El detenido Agustín Lozano Saavedra es investigado por los presuntos delitos de fraude en la administración, corrupción y lavado de activos, debido al supuesto uso indebido de los recursos de la Federación Peruana de Fútbol.
Como se sabe, la semana pasada, desde tempranas horas de la mañana del jueves 7 de noviembre, agentes del Ministerio Público, con apoyo de la Policía, allanaron 17 inmuebles en Lima, Tumbes, Piura, Chiclayo, Chachapoyas y Huánuco, y procedieron con la detención preliminar por 15 días del presidente de la FPF, Agustín Lozano Saavedra, así como de otras 7 personas. La orden de detención preliminar recaía en total sobre 12 personas vinculadas a la presunta organización criminal ‘Los Galácticos’.
Durante las diligencias también se detuvo, además de Agustín Lozano, a Gisella Karen Mandriotti, presidenta del club Academia Cantolao; Sabrina Martin Zamalloa, secretaria de la FPF; Jean Marcel Robilliard, exsecretario de la FPF; Genaro Humberto Miñán Armanza, presidente de la Liga de Tumbes; Joel Raffo Olcese, presidente del Sporting Cristal; Norma Rosa Alva Vidal, operadora de venta de entradas y Fredi Climaco Salazar Rondinel, contador de la FPF.
Según el Auto de allanamiento de inmuebles, levantamiento del secreto de las comunicaciones y detención preliminar, y a lo solicitado por el Ministerio Público en relación a los 13 investigados, se cumplieron con los presupuestos procesales fijados en el Código Procesal Penal, en el sentido que se hallaron sufrientes elementos de convicción, al considerar que todos los investigados estarían incursos en los delitos que se les imputa; y porque el pronostico de pena supera a los cuatro años de cárcel.
Agustín Lozano, líder de una ‘organización criminal’
En ese sentido, al imputado Agustín Lozano Saavedra, se le vincula por ser presunto autor del delito de organización criminal, al constituir desde el 7 de diciembre del 2018 hasta la actualidad, la presunta organización criminal enquistada en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la que estaría conformada por 21 personas. No obstante, Lozano Saavedra, preside la Junta directiva del 2019-2021, y 2022-2025, con quienes habrían instrumentalizado sus cargos para incurrir en delitos de Fraude a la Administración de Personas Jurídicas, corrupción en el ámbito privado, así como coacción y lavado de activos.
Asimismo, Lozano instruyó al secretario general de la junta directiva de la FPF para que implementen y ejecuten acuerdos de directorio, sobre otros acuerdos comerciales, como el caso del contrato con ‘1190 Sports’ (compañía que gestiona y comercializa derechos deportivos), donde surgió un conflicto de intereses que vulneró los estatutos de la FPF y la norma de Conmebol y FIFA.
Además, se le atribuye el encargo de proponer a la Junta Directiva para nombrar personal de su confianza en cargos estratégicos dentro de la FPF, con el propósito de consumar su acto criminal, al proponer al directorio las designaciones del secretario general, jefes de finanzas y contabilidad, y a otros miembros, como la comisión de derechos de televisión. Asimismo, habría creado de manera ilegal la “dirección de competiciones” y a los integrantes de la “comisión de organización de competiciones”, con el objetivo de modificar el reglamento interno de la Liga 1 2023, creando sanciones graves a los clubes que se oponían al contrato entre la FPF y ‘1190 Sports’.
Asimismo, habría dirigido la realización de la licitación pública de derechos de televisión de la Liga 1, creando así un conflicto de intereses para favorecer a la empresa ‘1190 Sports’. Además, se le atribuye haber suscrito, en conjunto con el secretario general de la FPF, Jean Marcel Robilliard Ibárcena, el contrato con ‘1190 Sports’, pese a que sabía que existía un conflicto de intereses. En esa línea, su autoría y participación se encuentra acreditada en la mayoría de hechos delictivos atribuidos a la organización criminal, en la cual sería el líder.
FPF realizó licitación para favorecer a la compañía ‘1190 Sports’.
Asimismo, habría encubierto a Edwin Oviedo Picchotito (quien fue presidente de la FPF 2014-2018) y demás funcionarios de la FPF, omitiendo denunciar los hechos, causándole un perjuicio económico a la FPF. Dicho encubrimiento se realizó a los diversos hechos de fraude en la gestión de Oviedo Picchotito, Juan Matute (secretario general), y donde Lozano Saavedra, en dicha época cumplía el cargo de vicepresidente de la FPF.
Agustín Lozano encubrió al expresidente de la FPF, hoy preso Edwin Oviedo.
Utilizó indebidamente dinero de la FPF para contratar abogados para sus investigaciones
A Agustín Lozano Saavedra se le atribuye haber propuesto y aprobado el 21 de septiembre de 2020 la contratación de abogados para que ejerzan la defensa en la investigación preliminar, seguida por la Segunda Fiscalía Supranacional Corporativa contra la Junta Directiva y los que resulten responsables por el delito de lavado de activos. Contratación que causó un perjuicio económico a la Federación, ya que ésta no iba a recibir ninguna contraprestación a cambio, sino, todo lo contrario.
Honorarios de abogados con dinero de la FPF.
Asimismo, se hizo uso indebido de las instalaciones de la FPF en provecho de personal no calificado como deportista. En ese sentido, Lozano Saavedra avaló y permitió que las instalaciones de la FPF sean utilizadas por personas que no eran deportistas calificados, y en desmedro de las normas que establecen dicha exclusividad, concretamente se utilizaron las habitaciones N° 2, 7, 9, 11, 18, 20, y 28 en provecho de los trabajadores de la FPF, Jorge Andrés Guillén Ochoa, Franklin Félix Chávez García, Edgar Danilo Santos Oyola, Diana Carolina Aguilar Guevara, Manuel, Federico Barrantes Diaz y Víctor Manuel Lossio Diaz, para que vivieran allí.
Lozano compró la deuda de clubes de futbol con la SAFAP
Asimismo, el 23 de diciembre del 2020 el presidente de la FPF Agustín Lozano propuso y aprobó comprar las deudas de los clubes de futbol con la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) para que los clubes logren su saneamiento y estabilidad económica. En tal sentido, se le imputa haber comprado las deudas a los Clubes de la Liga 1 y Liga 2, fondos que no retornaron a las arcas de la Federación Peruana de Futbol, afectando así a la institución, que es una Asociación Civil sin fines de lucro.
Lozano compró deudas de clubes de futbol con la SAFAP.
Lozano Saavedra también otorgó un apoyo económico de entre S/3 mil a S/5 mil para los gastos personales del presidente de la Liga Departamental de Futbol de Piura, Hugo Vizcardo Herrera. Esto fue el 10 de marzo de 2021.
Además, en sesión de directorio del 8 de febrero de 2021, Lozano Saavedra acordó condonar la deuda que solicitó el club Ayacucho FC/ AYAC, de fecha 15 de agosto de 2024, representado por su presidente, Rolando Bellido Aedo. En tal sentido, de los US$150 mil otorgados por la FPF, al club Ayacucho FC, US$54 mil fueron en calidad de préstamo, pero el club solo habría cumplido con el pago de 3 cuotas por un total de US$20 mil 250, habiéndose condonado al club en mención, un monto de US$33, 750.
La FPF le condonó deuda de US$33,750 al club Ayacucho.
Lozano también ordenó transferir una camioneta a favor de la Liga Departamental de Amazonas. Esto fue el 27 de abril de 2021, tras aprobar la transferencia en compraventa por el monto de US$8 mil del vehículo marca Hyundai modelo Santa Fe, año 2013, de placa N° F3L-517, a favor de la Liga Departamental de Futbol de Amazonas. Es decir, la FPF otorgó un bien patrimonial de la institución, en provecho de una persona jurídica.
Lozano indemnizó con US$250 mil al Club ‘Carlos Stein’
Asimismo, en su calidad de presidente de la FPF, se la tribuye a Agustín Lozano Saavedra, haber propuesto y aprobado la entrega de US$250 mil al “Club Carlos Stein”, por concepto de indemnización. Dicha suma correspondía al 50% del monto propuesto por el club en mención.
Indemnizaron con US$250 mil al Club ‘Carlos Stein’.
PJ determinó que detención preliminar contra 12 personas es de ‘carácter de urgencia’
En este caso, las medidas de detención preliminar judicial de los investigados, el allanamiento de 17 inmuebles y el levantamiento del secreto de las comunicaciones e incautación de 6 inmuebles, resultan ser de estricta necesidad y urgencia; porque llevar adelante esta investigación sin adoptar dichas medidas puede alertar a estas personas, sea para fugar del país, o pasar a la clandestinidad y por ende llevar al fracaso a la indagación y no esclarecer los hechos que se imputan, e incluso, con la probabilidad de que obstaculicen la actividad probatoria.
Es por estas consideraciones, que el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho resolvió declarar fundado el requerimiento que presentó el Ministerio Público, sobre la detención preliminar judicial hasta por el plazo de 15 días naturales, de los trece investigados, Agustín Lozano Saavedra, Joel Raffo Olcese, José Carlos Isla Montaño, Genaro Humberto Miñan Armanza, Gisella Karen Mandriotti Nightingale, Fredy Climaco Salazar Rondinel, Susan Cinthia Cochon Baldarrago, Sabrina Gisella Martín Zamalloa, Jean Marcel Robilliard Ibárcena, Óscar Chiri Gutiérrez, Franklin Aly Chuquizuta Alvarado, Juan Francisco Quispe Cáceres, Norma Rosa Alva Vidal.
Todos los detenidos son investigados por los presuntos delitos de fraude, corrupción, lavado de activos y por el supuesto uso indebido de los recursos de la Federación Peruana de Futbol (FPF), favoreciendo indebidamente a algunos clubes peruanos, así como a empresas que comercializan derechos de trasmisión y por la reventa de entradas durante el repechaje al Mundial Qatar 2022. No cabe duda que Agustín Lozano tendrá mucho qué responder a la justicia peruana y además deberá explicar cómo es posible que haya utilizado a la FPF, como si fuera su “chacra”.
La mayoría de candidatos presidenciales normalmente ‘reviven’ cada 5 años y el caso de Hernando de Soto no es la excepción; la última vez lo vimos recorriendo dudosos programas de televisión y bailando rock and roll. Sí, en un país donde la mayoría prefiere la cumbia y la música vernacular, al octogenario economista se le ocurrió la genial idea de bailar rock.
Nadie puede negar su indiscutible preparación académica, pero a su edad resulta sumamente complicado que se ponga las botas de jebe y se ponga a recorrer los pueblos de la selva, o que se suba a un helicóptero para atender alguna emergencia.
Pues bien, a sus 83 años anunció lanzar su candidatura de manera oficial para las próximas elecciones generales a realizarse el próximo año.
“Quiero anunciar que me estoy lanzando a la presidencia de la República y esto está siendo anunciado en los diarios de hoy. En ellos explico por qué me estoy lanzando”, expresó de Soto que se presentará como candidato de la alianza política entre los partidos Capital Popular y Progresemos Perú, añadiendo que tiene un “plan estratégico” para dar solución a los problemas que aquejan al país.
«Tengo un plan estratégico elaborado por el mejor equipo del Perú que tiene los conocimientos y tiene, al mismo tiempo, la experiencia para implementarlo y atacar todos los problemas más importantes del Perú hoy día, cómo es su reputación internacional para desarrollarse, nuestros recursos naturales, las relaciones con China, Estados Unidos y cómo se combate al crimen», añadió al respecto.
El ex asesor de Alberto Fujimori indicó que, a partir del martes 1 de abril, publicará un resumen diario de las propuestas que ha incluido en su plan de gobierno, para que así la ciudadanía esté informada de lo que traerá consigo junto a Capital Popular y Progresemos Perú.
Esta sería la tercera ocasión que el economista de 83 años intente colocarse la banda presidencial. La primera ocasión fue en el año 2001, pero su agrupación Capital Popular no logró su inscripción. La segunda oportunidad se dio en el 2021, representando los colores de Avanza País, quedando en la cuarta ubicación.
Denuncian ‘conflicto de interés’ en designación de Sonia Delgado como directora de Digemid
El congresista Ernesto Bustamante cuestionó la designación de la exmilitante de APP, Sonia Delgado como directora de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), luego de visualizarla en una foto junto al director del laboratorio Medifarma.
El Ministerio de Salud (Minsa) designó hoy a la exmilitante de Alianza para el Progreso, (APP) Sonia Marisol Delgado Céspedes como la nueva directora general de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), en reemplazo de Moisés Eliseo Mendocilla Risco, quien ocupó dicho cargo desde el 4 de julio del 2023.
Sin embargo, Ernesto Bustamante Donayre, congresista de Fuerza Popular, acusó que existe un conflicto de interés en la designación de Sonia Delgado como directora de la Digemid; ello tras visualizarla en una foto junto al actual director de Medifarma, el químico farmacéutico Luis Kanashiro Chinen, en la cual sostenían una pancarta que decía: “No permitiremos más muertes”.
Bustamante Donayre, en su red social X, aseguró que entre el representante general y director técnico de la empresa Medifarma S.A, Luis Kanashiro, y la nueva directora general de la Digemid, Sonia Delgado Céspedes, hay un conflicto de interés.
“La nueva directora general de DIGEMID, en la foto al lado de Luis Kanashiro, DT de Medifarma (y también exdecano CQFP). Ambos tienen conflictos de interés en maraña que «ayuda» a laboratorios para navegar trámites creados exprofeso. ¿Cómo se va a poder reorganizar DIGEMID así?», se lee en el mensaje del parlamentario.
Nueva directora de Digemid sería la cuota de APP
Antes de ser designada, Sonia Marisol Delgado Céspedes fue consejera del Ministerio de Salud en representación de los colegios profesionales de salud. Además, es doctora en Farmacia y Bioquímica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y cuenta con una amplia trayectoria como química farmacéutica, y durante el periodo 2023-2024, se desempeñó como decana del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Ella fue designada en reemplazo de Moisés Eliseo Mendocilla Risco, en medio de un escándalo quien ha enlutado al país entero, por el caso de los cuatro pacientes fallecidos por haber sido suministrados con suero fisiológico adulterado.
Presentan PL para sancionar penalmente a candidatos que no cumplan con sus promesas de campaña
Iniciativa legislativa de Roberto Kamiche pretende eliminar las propuestas populistas o de difícil realización en el corto plazo recurriendo a la mentira solo para ganarse el voto del ciudadano.
De aprobarse más de la mitad del Congreso se iría a prisión. El parlamentario de Alianza para el Progreso (APP), Robert Kamiche, presentó el Proyecto de Ley (PL) n.° 10650/2024, en la que pretende erradicar la distorsión de hechos históricos, estadísticos y científicos dentro del ámbito político, y castigar el uso de información falsa como estrategia electoral, en el marco de las próximas Elecciones generales 2026.
En el artículo 1 de dicho proyecto se establece que la ley tiene como propósito “evitar la normalización de la mentira en la vida política y su impacto negativo en la gobernanza del Perú”. Para lograr esto, el texto propone la incorporación de varios artículos al Código Penal, con penas específicas para quienes utilicen la mentira como una herramienta para manipular el voto de la ciudadanía o dañar la imagen de otros candidatos.
Asimismo, en el siguiente artículo del PL se presenta la modificación al artículo 356.A del Código Penal, que establece que “el candidato hábil de una lista electoral que utilice, en el proceso electoral en el cual participa, la mentira como estrategia política que distorsione hechos o datos históricos, estadísticos, económicos, científicos o de otra naturaleza, para intentar persuadir al electorado en favor de su candidatura o en contra de otro candidato será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años”. Esta sanción se aplicaría a aquellos que, a través de falsedades, busquen alterar la voluntad del electorado.
El proyecto de ley fue ingresado formalmente el 28 de marzo de 2025, y cuenta como coautores a los congresistas Eduardo Salhuana Cavides, Nelcy Lidia Ruiz Rodríguez, Magaly Rosmery García Correa, Idelso Manuel Acuña Peralta y María Grimaneza Heidinger Ballesteros. Actualmente, se encuentra a la espera de ser discutido y votado en las instancias correspondientes del Congreso de la República.
Congreso: citan a ministro de Salud y a directivos de Medifarma y Sanna por suero mortal
La Comisión de Salud del Congreso citó al titular del Minsa, César Vásquez, junto a los gerentes de Medifarma, Luis Rengifo, y de Sanna, Francisco Feliú, tras las muertes de pacientes por administración de suero defectuoso. Asimismo, se citó al exgerente de Digemid, Moisés Mendocilla.
Desde el Congreso de la República, la Comisión de Salud y Población, presidida por el legislador Luis Picón, citó al ministro de Salud, César Vásquez (APP), al exdirector general de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Moisés Mendocilla, y a los representantes de Medifarma, Luis Rengifo, y de Sanna, Francisco Feliu, para que respondan por el caso del suero fisiológico defectuoso del lote 2123624 que le arrebató la vida a cuatro pacientes que tuvieron atención médica en las clínicas Sanna y afectó la salud de 17 personas, hasta el momento.
Ingresó con gripe a la clínica SANNA y terminó con muerte cerebral.
Este martes 1 de abril, los directivos citados deberán presentarse en el Palacio Legislativo, a partir de las 11:30 de la mañana en la sala Carlos Torres y Torres Lara, ubicada en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.
El Minsa denunció a Sanna
A través de su Procuraduría pública, el Ministerio de Salud (Minsa) presentó una denuncia penal contra la clínica Sanna y todos los que resulten responsables, por no haber reportado a tiempo la ‘reacción adversa’ del suero fisiológico del laboratorio Medifarma.Ya que, de acuerdo a la ley vigente, estos incidentes deben reportarse en un plazo máximo de 24 horas. Sin embargo, la demora en la alerta habría impedido que Digemid activara a tiempo los protocolos de inmovilización del producto, lo que habría permitido evitar más fallecidos por causa del suero contaminado.
Padres de bebé que murió por suero mortal denunciarán a clínica SANNA.
Libre como el viento. El censurado ex ministro del Interior, Juan José Santiváñez, investigado por el presunto delito de influencias, donde el capitán Junior Izquierdo (Culebra) lo acusara de estar detrás de una serie de favores gubernamentales, ya no se encuentra en el Perú, luego que Latina Noticias difundiera su movimiento migratorio hasta el pasado 29 de marzo.
Es junto en esa fecha donde se aprecia que el ex ministro Santiváñez voló con destino a los Estados Unidos.
Cabe mencionar que el pasado 24 de marzo el Poder Judicial (PJ) rechazó el pedido de la Fiscalía para impedir su salida del país hasta que duren las investigaciones.
Los argumentos del juez Juan Carlos Checkley para negar el impedimento de salida del país contra Juan José Santiváñez, fueron los anteriores viajes del exministro, los cuales presentaron su retorno al Perú. De acuerdo con el magistrado, esto denota la disminución de un riesgo de fuga.
En tanto, el ex ministro Santiváñez cuestionó el enfoque mediático de su viaje y rechazó que se presente como un hecho de relevancia judicial.
“El borde de la ridiculez considerar una gran exclusiva o urgencia el informar sobre un viaje familiar (esposa e hijos) a los Estados Unidos. Si estuvieran informados sabrían que pedí licencia en el estudio donde soy socio principal (Jamis & Dalguerre Abogados) hasta el 10 de abril para tomar unas breves vacaciones con toda mi familia. Resulta que ahora, que no soy funcionario público, informan más sobre mis movimientos que la lucha contra la criminalidad que tanto usaron para atacar nuestra gestión. En fin, es bueno siempre buscar la noticia, no inventarse una”, escribió en un mensaje interno que recibió el diario Expreso.
Al mismo estilo que Nicolás Maduro. El Gobierno de Dina Boluarte quiere que millones de peruanos la escuchemos desde nuestros hogares y en distintas partes del Perú, a través de una “franja informativa” dedicada exclusivamente a informar sus supuestos logros, obligando para ello a que todos los medios de comunicación lo difundan.
Así lo anunció el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, en conferencia de prensa este último domingo.
“(Se presentará) un proyecto de norma legal que modifica la Ley de Radio y Televisión, y que crea la franja informativa mediante el cual los medios de comunicación tendrán que difundir en estados de emergencia las acciones y actividades que viene realizando el Ejecutivo en contra de la delincuencia y en la lucha que estamos haciendo frontal contra la inseguridad ciudadana”, dijo Arana.
El sorpresivo anuncio lo realizó desde el denominado “Cuarto de Guerra” en Palacio de Gobierno, junto al primer ministro Gustavo Adrianzén, ministros de Estado y altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.
#OJO El gobierno busca establecer una franja informativa en la que los medios de comunicación TENDRÁN que difundir las actividades contra la inseguridad ciudadana durante estados de emergencia, informó el ministro de Justicia Eduardo Arana pic.twitter.com/7ssr7y3EYV
El proyecto deberá ser presentado ante el Congreso, que este mes aprobó en primera votación un proyecto de ley que amenaza el ejercicio de la prensa.
El referido proyecto, dictaminado por la Comisión de Justicia que preside el perulibrista Issac Mita, busca elevar las penas previstas para los delitos de calumnia y difamación. También propone desnaturalizar el derecho a la rectificación.
Por su parte, el premier Gustavo Adrianzén informó que en las últimas 24 horas se desplegaron 2449 efectivos en Lima y Callao, y se realizaron 555 operativos en las que se detuvo a un total de 243 personas y 34 requisitoriados.
Al igual que en ocasiones anteriores, la presidenta Dina Boluarte no estuvo presente en la conferencia de prensa.
Sonia Delgado Céspedes, ex militante de APP, es designada como directora de Digemid [VIDEO]
Reemplazará a Moisés Mendocilla, en medio de escándalo por sueros fisiológicos defectuosos que hasta el momento ha causado la muerte de cuatro personas.
El Ministerio de Salud (Minsa) designó hoy a Sonia Marisol Delgado Céspedes como la nueva directora general de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). Dicho cambio está sustentado en la Resolución Ministerial n.° 226-2025/Minsa, publicada en el diario El Peruano.
De esta manera, Sonia Delgado Céspedes ocupará este cargo en reemplazo de Moisés Eliseo Mendocilla Risco, quien ocupó dicho cargo desde el 4 de julio del 2023.
La designación de Delgado Céspedes llega luego de que la clínica Medical Network, lugar donde los médicos realizaron intervenciones estéticas a tres pacientes utilizando suero fisiológico observado por el Minsa, indicara que dio aviso a la Digemid, pero dicha entidad les habría hecho “caso omiso”, acusándolos “injustamente”.
De momento, se han registrado al menos cuatro casos de personas fallecidas por la aplicación de suero fisiológico defectuoso.
fuente: exitosa.
Sonia Delgado Céspedes se desempeñaba hasta antes de su designación como consejera del Minsa en calidad de representante de los colegios profesionales de salud.
Es doctora en Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), química farmacéutica con experiencia en el sector público y privado y fue decana del Colegio Químico Farmacéutico del Perú (2023-2024).
De acuerdo con su hoja de vida, Delgado laboró 8 años en la Digemid como evaluadora y jefa de Dispositivos Médicos. Además, ha laborado 3 años en el Centro Nacional de Recursos Estratégicos en Salud – Cenares como especialista en asuntos regulatorios y miembro de comités de selección para la compra de productos farmacéuticos y dispositivos médicos.
Asimismo, estuvo afiliada al partido Alianza para el progreso (APP) de César Acuña entre los años 2006 al 2007.
El 21 de febrero, se realizó una reunión clandestina en Miraflores. Este encuentro, realizado inmediatamente después de la salida discreta de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, involucró a figuras clave vinculadas al comercio de armamento en el país. Cuarto Poder mostró imágenes de la reunión que involucra a tres personajes claves.
Jorge Garboza, director de la ONG «Las manos que ayudan de corazón» y señalado como intermediario de Nicanor Boluarte, Paulo César Zevallos Rivarola, gerente temporal de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), y el empresario Diego Alfaro Di Natale, conocido por su relación con el proveedor de armas israelí IWI, se reunieron de manera casual en un restaurante en Miraflores.
Lo que parecía un encuentro sin mayores implicancias pronto dejó claro que las piezas del negocio comenzaban a encajar. En una conversación de tono confiado, Garboza relató su encuentro con Nicanor, mientras que Alfaro actuaba como puente entre Garboza y Zevallos. El objetivo de la reunión era claro: asegurar que Zevallos obtuviera el nombramiento definitivo como titular de la Gerencia Comercial de FAME, lo que finalmente ocurrió el 1 de marzo.
FAME, la empresa estatal encargada de la fabricación y comercialización de armas para el Ejército y la Policía Nacional, ha sido objeto de controversia. En 2024, la Contraloría detectó irregularidades en la compra de fusiles de la empresa israelí IWI, con la que FAME mantiene contratos millonarios. Sin embargo, el encuentro en el restaurante dejó en evidencia cómo estos contratos parecen estar entrelazados con favores políticos y empresariales.
La relación de Diego Alfaro con IWI es crucial, ya que representó a la empresa que vendió al Perú 10,000 fusiles ARAD7 por 23 millones de dólares. Mientras tanto, FAME, en sociedad con IWI, ha firmado acuerdos millonarios con el Estado para proveer armamento a la policía, incluida una transacción de 19 millones de dólares.
Más allá de la reunión en el restaurante, otros encuentros entre los involucrados, como las visitas previas de Alfaro a Zevallos en su despacho y su viaje a España en 2024, apuntan a una conexión más profunda, que no solo involucra negocios, sino también posibles implicaciones legales, ya que varios de los participantes enfrentan investigaciones fiscales.
El encuentro de 15 minutos, aunque fugaz, tuvo consecuencias inmediatas. El pedido hecho durante la conversación se materializó con la designación de Zevallos como titular de FAME, lo que demuestra cómo, en el corazón de este negocio de armas, las decisiones claves se toman en espacios ajenos a una institución, y lejos de la mirada pública.
La falta de respuesta por parte de FAME y de los involucrados deja una sombra de impunidad, mientras el país enfrenta una crisis de confianza en sus instituciones. En reuniones clandestinas, donde los intereses políticos y económicos se entrelazan, se define el destino de cargos clave, bajo la influencia del poder presidencial.