Presidente de la FPF y personas de su entorno enfrentan investigación por ‘organización criminal’. Y es que el exalcalde de Chongoyape inventó acuerdos comerciales para favorecer a compañías, realizó designaciones ilegales, modificó reglamentos internos, creó licitaciones direccionadas, encubrió a Edwin Oviedo, contrató abogados con dinero de la FPF, cedió habitaciones de la Videna a trabajadores afines a él y condonó deudas a clubes deportivos, causando así un millonario perjuicio económico a la institución.
El detenido Agustín Lozano Saavedra es investigado por los presuntos delitos de fraude en la administración, corrupción y lavado de activos, debido al supuesto uso indebido de los recursos de la Federación Peruana de Fútbol.
Como se sabe, la semana pasada, desde tempranas horas de la mañana del jueves 7 de noviembre, agentes del Ministerio Público, con apoyo de la Policía, allanaron 17 inmuebles en Lima, Tumbes, Piura, Chiclayo, Chachapoyas y Huánuco, y procedieron con la detención preliminar por 15 días del presidente de la FPF, Agustín Lozano Saavedra, así como de otras 7 personas. La orden de detención preliminar recaía en total sobre 12 personas vinculadas a la presunta organización criminal ‘Los Galácticos’.
Durante las diligencias también se detuvo, además de Agustín Lozano, a Gisella Karen Mandriotti, presidenta del club Academia Cantolao; Sabrina Martin Zamalloa, secretaria de la FPF; Jean Marcel Robilliard, exsecretario de la FPF; Genaro Humberto Miñán Armanza, presidente de la Liga de Tumbes; Joel Raffo Olcese, presidente del Sporting Cristal; Norma Rosa Alva Vidal, operadora de venta de entradas y Fredi Climaco Salazar Rondinel, contador de la FPF.
Según el Auto de allanamiento de inmuebles, levantamiento del secreto de las comunicaciones y detención preliminar, y a lo solicitado por el Ministerio Público en relación a los 13 investigados, se cumplieron con los presupuestos procesales fijados en el Código Procesal Penal, en el sentido que se hallaron sufrientes elementos de convicción, al considerar que todos los investigados estarían incursos en los delitos que se les imputa; y porque el pronostico de pena supera a los cuatro años de cárcel.
Agustín Lozano, líder de una ‘organización criminal’
En ese sentido, al imputado Agustín Lozano Saavedra, se le vincula por ser presunto autor del delito de organización criminal, al constituir desde el 7 de diciembre del 2018 hasta la actualidad, la presunta organización criminal enquistada en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la que estaría conformada por 21 personas. No obstante, Lozano Saavedra, preside la Junta directiva del 2019-2021, y 2022-2025, con quienes habrían instrumentalizado sus cargos para incurrir en delitos de Fraude a la Administración de Personas Jurídicas, corrupción en el ámbito privado, así como coacción y lavado de activos.
Asimismo, Lozano instruyó al secretario general de la junta directiva de la FPF para que implementen y ejecuten acuerdos de directorio, sobre otros acuerdos comerciales, como el caso del contrato con ‘1190 Sports’ (compañía que gestiona y comercializa derechos deportivos), donde surgió un conflicto de intereses que vulneró los estatutos de la FPF y la norma de Conmebol y FIFA.
Además, se le atribuye el encargo de proponer a la Junta Directiva para nombrar personal de su confianza en cargos estratégicos dentro de la FPF, con el propósito de consumar su acto criminal, al proponer al directorio las designaciones del secretario general, jefes de finanzas y contabilidad, y a otros miembros, como la comisión de derechos de televisión. Asimismo, habría creado de manera ilegal la “dirección de competiciones” y a los integrantes de la “comisión de organización de competiciones”, con el objetivo de modificar el reglamento interno de la Liga 1 2023, creando sanciones graves a los clubes que se oponían al contrato entre la FPF y ‘1190 Sports’.
Asimismo, habría dirigido la realización de la licitación pública de derechos de televisión de la Liga 1, creando así un conflicto de intereses para favorecer a la empresa ‘1190 Sports’. Además, se le atribuye haber suscrito, en conjunto con el secretario general de la FPF, Jean Marcel Robilliard Ibárcena, el contrato con ‘1190 Sports’, pese a que sabía que existía un conflicto de intereses. En esa línea, su autoría y participación se encuentra acreditada en la mayoría de hechos delictivos atribuidos a la organización criminal, en la cual sería el líder.
Asimismo, habría encubierto a Edwin Oviedo Picchotito (quien fue presidente de la FPF 2014-2018) y demás funcionarios de la FPF, omitiendo denunciar los hechos, causándole un perjuicio económico a la FPF. Dicho encubrimiento se realizó a los diversos hechos de fraude en la gestión de Oviedo Picchotito, Juan Matute (secretario general), y donde Lozano Saavedra, en dicha época cumplía el cargo de vicepresidente de la FPF.
Utilizó indebidamente dinero de la FPF para contratar abogados para sus investigaciones
A Agustín Lozano Saavedra se le atribuye haber propuesto y aprobado el 21 de septiembre de 2020 la contratación de abogados para que ejerzan la defensa en la investigación preliminar, seguida por la Segunda Fiscalía Supranacional Corporativa contra la Junta Directiva y los que resulten responsables por el delito de lavado de activos. Contratación que causó un perjuicio económico a la Federación, ya que ésta no iba a recibir ninguna contraprestación a cambio, sino, todo lo contrario.
Asimismo, se hizo uso indebido de las instalaciones de la FPF en provecho de personal no calificado como deportista. En ese sentido, Lozano Saavedra avaló y permitió que las instalaciones de la FPF sean utilizadas por personas que no eran deportistas calificados, y en desmedro de las normas que establecen dicha exclusividad, concretamente se utilizaron las habitaciones N° 2, 7, 9, 11, 18, 20, y 28 en provecho de los trabajadores de la FPF, Jorge Andrés Guillén Ochoa, Franklin Félix Chávez García, Edgar Danilo Santos Oyola, Diana Carolina Aguilar Guevara, Manuel, Federico Barrantes Diaz y Víctor Manuel Lossio Diaz, para que vivieran allí.
Lozano compró la deuda de clubes de futbol con la SAFAP
Asimismo, el 23 de diciembre del 2020 el presidente de la FPF Agustín Lozano propuso y aprobó comprar las deudas de los clubes de futbol con la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) para que los clubes logren su saneamiento y estabilidad económica. En tal sentido, se le imputa haber comprado las deudas a los Clubes de la Liga 1 y Liga 2, fondos que no retornaron a las arcas de la Federación Peruana de Futbol, afectando así a la institución, que es una Asociación Civil sin fines de lucro.
Lozano Saavedra también otorgó un apoyo económico de entre S/3 mil a S/5 mil para los gastos personales del presidente de la Liga Departamental de Futbol de Piura, Hugo Vizcardo Herrera. Esto fue el 10 de marzo de 2021.
Además, en sesión de directorio del 8 de febrero de 2021, Lozano Saavedra acordó condonar la deuda que solicitó el club Ayacucho FC/ AYAC, de fecha 15 de agosto de 2024, representado por su presidente, Rolando Bellido Aedo. En tal sentido, de los US$150 mil otorgados por la FPF, al club Ayacucho FC, US$54 mil fueron en calidad de préstamo, pero el club solo habría cumplido con el pago de 3 cuotas por un total de US$20 mil 250, habiéndose condonado al club en mención, un monto de US$33, 750.
Lozano también ordenó transferir una camioneta a favor de la Liga Departamental de Amazonas. Esto fue el 27 de abril de 2021, tras aprobar la transferencia en compraventa por el monto de US$8 mil del vehículo marca Hyundai modelo Santa Fe, año 2013, de placa N° F3L-517, a favor de la Liga Departamental de Futbol de Amazonas. Es decir, la FPF otorgó un bien patrimonial de la institución, en provecho de una persona jurídica.
Lozano indemnizó con US$250 mil al Club ‘Carlos Stein’
Asimismo, en su calidad de presidente de la FPF, se la tribuye a Agustín Lozano Saavedra, haber propuesto y aprobado la entrega de US$250 mil al “Club Carlos Stein”, por concepto de indemnización. Dicha suma correspondía al 50% del monto propuesto por el club en mención.
PJ determinó que detención preliminar contra 12 personas es de ‘carácter de urgencia’
En este caso, las medidas de detención preliminar judicial de los investigados, el allanamiento de 17 inmuebles y el levantamiento del secreto de las comunicaciones e incautación de 6 inmuebles, resultan ser de estricta necesidad y urgencia; porque llevar adelante esta investigación sin adoptar dichas medidas puede alertar a estas personas, sea para fugar del país, o pasar a la clandestinidad y por ende llevar al fracaso a la indagación y no esclarecer los hechos que se imputan, e incluso, con la probabilidad de que obstaculicen la actividad probatoria.
Es por estas consideraciones, que el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho resolvió declarar fundado el requerimiento que presentó el Ministerio Público, sobre la detención preliminar judicial hasta por el plazo de 15 días naturales, de los trece investigados, Agustín Lozano Saavedra, Joel Raffo Olcese, José Carlos Isla Montaño, Genaro Humberto Miñan Armanza, Gisella Karen Mandriotti Nightingale, Fredy Climaco Salazar Rondinel, Susan Cinthia Cochon Baldarrago, Sabrina Gisella Martín Zamalloa, Jean Marcel Robilliard Ibárcena, Óscar Chiri Gutiérrez, Franklin Aly Chuquizuta Alvarado, Juan Francisco Quispe Cáceres, Norma Rosa Alva Vidal.
Todos los detenidos son investigados por los presuntos delitos de fraude, corrupción, lavado de activos y por el supuesto uso indebido de los recursos de la Federación Peruana de Futbol (FPF), favoreciendo indebidamente a algunos clubes peruanos, así como a empresas que comercializan derechos de trasmisión y por la reventa de entradas durante el repechaje al Mundial Qatar 2022. No cabe duda que Agustín Lozano tendrá mucho qué responder a la justicia peruana y además deberá explicar cómo es posible que haya utilizado a la FPF, como si fuera su “chacra”.
Fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva para exasesores de ‘Mochasueldo’ María Agüero
Alexis de la Cruz y Edson Flores Valencia son acusados de haber sido los encargados de recolectar el dinero que la congresista de Perú Libre habría recortado a doce trabajadores. En total, entre transferencias bancarias y depósitos en efectivo, ambos asesores habrían recepcionado S/ 135 mil provenientes del 10% de la remuneración del personal.
El Equipo de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) ha solicitado imponer 18 meses de prisión preventiva a César Alexis de la Cruz y Edson Flores Valencia, quienes se desenvolvieron como asesores de la congresista de Perú Libre, María Agüero, y quienes, de acuerdo a un informe de Punto Final, estarían involucrados en la presunta recolección ilícita de un porcentaje de los sueldos de sus trabajadores.
Fiscalía allanó vivienda de la congresista María Agüero por caso ‘Mochasueldos’
Asimismo, hace una semana, el personal de la Fiscalía llegó desde tempranas horas de la mañana hasta la casa y despacho de la parlamentaria de Perú Libre y ambos inmuebles fueron allanados, en el marco de las investigaciones por el presunto recorte de sueldo de sus trabajadores. Las autoridades recopilaron evidencias que puedan confirmar su participación en este esquema, donde se le acusa a la legisladora arequipeña de retener hasta el 10% de los fondos de su personal.
A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, la Fiscalía de la Nación informó que ejecutaba la diligencia de allanamiento del domicilio de la parlamentaria en el distrito de Breña, en conjunto con el Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
De acuerdo con la tesis fiscal, la defensora del prófugo Vladimir Cerrón, quien es investigada por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito, «habría abusado de su cargo de parlamentaria para inducir y/o obligar trabajadores de su despacho entregar diversas sumas de dinero provenientes de un porcentaje de sus haberes mensuales», entre junio de 2022 y mayo de 2023. La legisladora habría recolectado aproximadamente S/ 135 mil provenientes del 10% de la remuneración de su personal. Todo ello, a través de sus asesores Edson Flores Valencia y César de la Cruz Canales.
Alejandro Cavero justificó la bonificación al señalar que cualquier congresista si lo desea puede rechazar el beneficio. María del Carmen Alva indicó que esta entrega económica se otorgó en diferentes formas a lo largo de 50 años y Eduardo Salhuana aclaró que hace tres periodos que los congresistas no se han elevado el sueldo y que esta asignación responde a un acuerdo institucional.
Como recién se anunció, antes de fin de año los parlamentarios, incluyendo los trabajadores del Congreso de la República, recibirán un bono de S/ 1,700 como beneficio por Navidad, así lo dio a conocer el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, el lunes 11 de noviembre.
Esta noticia, ha generado críticas en diversos sectores que consideran que pese al desprestigio que actualmente protagoniza el Legislativo, desde la mesa directiva, sí se muestren diligentes para gestionar sus propios beneficios económicos. Sin embargo, algunos congresistas defendieron el bono navideño que recibirán en diciembre, con el argumento, de que se trata de una práctica establecida desde hace décadas.
Por su parte, el parlamentario Alejandro Cavero, tercer vicepresidente del Congreso y miembro de la bancada de Avanza País, justificó la bonificación, y añadió que cualquier legislador, si lo desea, tiene toda la libertad de rechazar el beneficio.
“Cualquier parlamentario que quiera renunciar a ese bono podrá hacerlo tranquilamente, sea demagogia o no”, respondió Cavero ante la prensa, e hizo hincapié en que el bono se debe a un acuerdo colectivo con el sindicato de trabajadores parlamentarios.
Por otro lado, la congresista Maricarmen Alva aseveró que este incentivo económico no es nuevo y que se otorgó en diferentes formas a lo largo de 50 años y remarcó que anteriormente el bono se ofrecía en forma de canasta navideña, pero los trabajadores parlamentarios solicitaron recibir el monto equivalente en efectivo para poder adquirir productos de su elección.
“Es un tema de negociación colectiva que se viene manteniendo desde hace años. La entrega se hacía antes en canastas, pero luego se optó por el monto, ya que muchos preferían comprar según sus necesidades”, precisó Alva Prieto.
El parlamentario Alejandro Muñante mencionó que un año atrás donó su bono navideño a organizaciones de ayuda social, porque entiende la preocupación ciudadana por este tipo de asignaciones; sin embargo, también considera que sus colegas pueden darle un uso responsable a su bonificación.
“Yo doné mi aguinaldo el año pasado a unas ollas comunes. Si no se puede cambiar esta práctica, al menos se puede utilizar para apoyar a quienes más lo necesitan”, respondió ante la prensa.
Como se sabe, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Eduardo Salhuana, reiteró que esta asignación obedece a un acuerdo institucional de larga data.
Defensor del Pueblo critica al gobierno por imponer ‘clases virtuales’ por semana APEC [VIDEO]
Josué Gutiérrez señaló que el gobierno, a través del ministro Morgan Quero, tomó una mala decisión al suspender las clases presenciales en el sector Educación y consideró que los días que ya habían sido declarados como no laborables eran suficientes para garantizar la seguridad de APEC. Sin embargo, «Se tomó una mala decisión», refirió.
El mandamás de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, criticó al Gobierno de Dina Boluarte y al ministro de Educación Morgan Quero por haber ordenado impartir clases virtuales para los escolares de educación primaria y secundaria, así como para universitarios durante la semana APEC 2024.
En ese sentido, el defensor del Pueblo indicó que se tomó una mala decisión al suspender las actividades presenciales en los planteles educativos y en las universidades.
«De ninguna manera debió haberse suspendido. Ya se había declarado los feriados, jueves, viernes, sábado, y domingo, y era lo necesario para garantizar la seguridad de nuestros invitados que se merecen todo un tratamiento especial», expresó para Canal N.
Defensoría también cuestiona implantar ‘teletrabajo’ para sector estatal
Gutiérrez Cóndor también cuestionó que el Gobierno haya ordenado implantar teletrabajo para el sector público durante el 11, 12 y 13 de noviembre, por motivo del APEC, y precisó que hay áreas del sector público que no han podido realizar teletrabajo debido a que sus labores implican su presencia activa. «Existe la necesidad de producir, de trabajar», remarcó.
Por su parte, la congresista y exministra de Educación Flor Pablo también asumió una postura crítica, al referirse a esos días como «una semana perdida» y consideró que la disposición respaldada por el Ministerio de Educación (Minedu) «no tiene ningún criterio» y carece de «empatía».
«Condena a los más pobres, al atraso, a que realmente la educación sea para el que tenga las condiciones y el que pueda avanzar, avance. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras. (…) Un discurso vacío, hueco, fuera de contexto, sin sentido de realidad; realmente una vergüenza», señaló Pablo Medina.
Ministro Morgan Quero defiende las ‘clases virtuales’
No obstante, El ministro de Educación, Morgan Quero, defendió la medida instaurada y aseguró que las clases virtuales permitirán que los padres de familia «estén más cerca de sus hijos» debido a que ellos estarían laborando en modalidad de teletrabajo durante el APEC.
Sin embargo, su respuesta no quedó ahí, pues aseguró que sería una oportunidad para «reunirnos en familia» y permitiría reflexionar sobre la importancia del APEC 2024. En suma, continúo defendiendo la modalidad virtual, a la que él llama “remota”.
«Será una oportunidad para estar más cerca a nuestros hijos y organizarnos. Todos vamos a estar en teletrabajo en Lima Metropolitana», declaró Quero hace unos días para Canal N.
En #CuentasClaras, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, sobre clases virtuales durante APEC: "De ninguna manera debió haber suspendido (las clases presenciales). Se tomó una mala decisión. El sector público no debió dejar de trabajar" ► https://t.co/QTAt5w7uQwpic.twitter.com/LkwD4a4rg3
Caso Agustín Lozano: allanan oficinas de la empresa ‘1190 Sports’ [VIDEO]
Como parte de las investigaciones seguidas contra Agustín Lozano, por ser el presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Galácticos’, la Policía Fiscal y agentes de la Dirección de Inteligencia de la PNP ingresaron a las oficinas de la empresa que gestiona y comercializa derechos deportivos y que habría sido favorecida por el dirigente hoy detenido.
Mientras el presidente de la FPF, Agustín Lozano, sigue detenido preliminarmente desde el pasado jueves 7 de noviembre, hoy por la mañana un grupo de fiscales y policías de la Dirección de Inteligencia de la PNP y la Policía Fiscal allanaron la sede de la empresa ‘1190 Sports’, ubicada en la calle Esquilache, en el distrito de San Isidro en Lima, como parte de las investigaciones contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano Saavedra, por presuntamente ser el cabecilla de la organización criminal denominada ‘Los Galácticos’. Estas diligencias de allanamiento, también se ejecutan en nueve inmuebles en Lima.
Agustín Lozano, líder de una ‘organización criminal’ que habría favorecido a ‘1190 Sports’
Al imputado Agustín Lozano Saavedra, se le vincula por ser presunto autor del delito de organización criminal, al constituir desde el 7 de diciembre del 2018 hasta la actualidad, la presunta organización criminal enquistada en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la que estaría conformada por 21 personas.
Asimismo, Lozano instruyó al secretario general de la junta directiva de la FPF para que implementen y ejecuten acuerdos de directorio, sobre otros acuerdos comerciales, como el caso del contrato con ‘1190 Sports’ (compañía que gestiona y comercializa derechos deportivos), donde surgió un conflicto de intereses que vulneró los estatutos de la FPF y la norma de Conmebol y FIFA.
Además, habría creado de manera ilegal la “dirección de competiciones” y a los integrantes de la “comisión de organización de competiciones”, con el objetivo de modificar el reglamento interno de la Liga 1-Temporada 2023, creando sanciones graves a los clubes que se oponían al contrato entre la FPF y ‘1190 Sports’ y habría dirigido la realización de la licitación pública de derechos de televisión de la Liga 1, creando así un conflicto de intereses para favorecer a la empresa ‘1190 Sports’ en los derechos de trasmisión de los partidos de la Liga 1-Temporada 2023. Además, se le atribuye haber suscrito, en conjunto con el secretario general de la FPF, Jean Marcel Robilliard Ibárcena, el contrato con ‘1190 Sports’, pese a que sabía que existía un conflicto de intereses.
Según la hipótesis de la Fiscalía, el dirigente ratificó las negociaciones directas, presuntamente ilegales, que realizó la Comisión de Derechos de Televisión con la compañía chilena, pese a que no había concluido el proceso de licitación y que esta comisión no tenía facultades para ello.
En tanto, se atribuye un conflicto de interés porque la comisión de los derechos de televisión estuvo conformada por Joel Raffo, presidente del Club Sporting Cristal y Gisella Karen Mandriotti, presidenta del Club Academia Cantolao. Y justamente, Diego Fernando Delgado Raffo es representante de Prisma SpA y además primo de Joel Raffo, quien era miembro de la citada comisión. Ambos son primos del representante de la empresa ‘1190 Sports’, Julio Carlo Gianella Raffo, sustentó la Fiscalía.
Lo tratan peor que a un soldado raso. El coronel PNP Harvey Colchado, ex jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) que venía investigando a la presidenta de la República, Dina Boluarte, viene denunciando, así como otros 800 compañeros suyos, represalias por haber realizado un allanamiento a la vivienda de la mandataria, y por ello ha presentado una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La petición demanda que el Estado peruano, a través del Ministerio del Interior, implemente “medidas adecuadas para proteger los derechos a la vida, la integridad y el desarrollo personal” de los agentes mencionados. Colchado denunció que tanto él como sus colegas han sido objeto de acoso desde el poder Ejecutivo, y ha enfrentado amenazas inminentes de ser destituido de la PNP.
Como se recuerda, Colchado fue separado de la Diviac tras el allanamiento a la casa de la jefa de Estado, enfrentando por ello un procedimiento administrativo disciplinario, además de dos investigaciones en la Inspectoría de la PNP por supuestas irregularidades, incluido el uso indebido de una imagen alusiva a dicho evento.
También se inició el proceso para su destitución de la PNP, a pesar de haber sido parte de la Diviac desde su fundación en 2016; una unidad que ha ganado notoriedad en casos de criminalidad organizada vinculados a altos funcionarios y políticos.
Tras recibir la solicitud de medidas cautelares, la CIDH deberá evaluar su cumplimiento con los requisitos formales y analiza la gravedad, urgencia e irreparabilidad del riesgo. Puede requerir información adicional al solicitante y al Estado. Si se cumplen los criterios, otorga las medidas y solicita al Estado acciones para proteger a las personas.
Se le vio realizando patrullaje a pie durante una protesta de los transportistas
Al coronel Colchado, en el mes de octubre, se le vio cuidando un puente de la Vía Expresa, en el distrito de San Isidro, como si se tratara de un efectivo más recién salido de la escuela de policías. Cuando se le consultó por su presencia en las calles, el coronel respondió que fue por órdenes de sus superiores.
“Yo no puedo dar declaraciones. Estoy de servicio actualmente debido a que hay manifestaciones. Todas las unidades especializadas han salido a patrullar. Es orden de comando. Yo cumplo las órdenes siempre”, señaló.
Excanciller Rodríguez Mackay: “La imagen del Perú es muy mala internacionalmente”
El internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay cuestionó al gobierno de Dina Boluarte, por no haber tenido un plan de contingencia para asegurar que el presidente de China, Xi Jinping, acuda presencialmente a Chancay para inaugurar el megapuerto.
El excanciller e internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay lanzó una fuerte crítica contra el régimen de la presidenta Dina Boluarte y advirtió que la imagen del Perú a nivel internacional es muy mala. Y añadió que no se puede «tapar el sol con un dedo».
El extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores cuestionó que el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, no asista de manera presencial a Chancay para inaugurar el megapuerto durante su visita al país por el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).
«El problema es que la imagen del Perú no es la mejor, es muy mala. Tiene que haber una estrategia para cambiarla. Nuestras pugnas políticas se han externalizado. Está muy bien todo lo que estamos viendo con la llegada de los líderes, pero no podemos ‘tapar el sol con un dedo’. El presidente de China no irá a inaugurar presencialmente el megapuerto de Chancay porque hay huecos, no hay puentes y no podemos garantizar que ellos puedan movilizarse», sostuvo.
Asimismo, Rodríguez Mackay indicó que no sabemos prepararnos como Estado y remarcó que el gobierno de Dina Boluarte debió tener un plan de contingencia con el fin de concretar la visita del mandatario chino al megapuerto de Chancay.
«Esas son cosas que nunca debieron pasar. Seguramente que no le corresponden a este gobierno, pero como Estado no sabemos prepararnos y la contingencia, si es de este gobierno, no la he visto. Perfectamente pudieron haber ido en un helicóptero para que haya una inauguración presencial como corresponde y esto le da otro matiz a una reunión de esta envergadura», añadió.
Perú debe ser muy estratégico en sus relaciones con China y EE.UU.
Asimismo, el excanciller remarcó que Perú debe ser muy estratégico y no mostrar una preferencia por China o por Estados Unidos, de lo contrario, se crearía suspicacias, porque nos mostraremos como un país «que se pone la camiseta de uno o del otro».
«Es muy importante que el Perú con los dos sea muy estratégico, ni mucho China, ni mucho Estados Unidos. Tiene que haber un equilibrio, de lo contrario, nos vamos a mostrar como un país que se pone la camiseta de uno u otro, lo cual crea suspicacias», sostuvo y también afirmó que el gobierno debe pedirle a China que apoye a Perú en su industrialización y deje de explotar materias primas, mientras que, a Estados Unidos se le debe insistir en que deje de observar a Latinoamérica como «su patio trasero».
«A China tenemos que pedirle que se acabe ya el momento de ser un país solamente explotador de materias primas. Tenemos que tener un país realmente industrializado, los chinos tienen que apoyar porque nosotros les estamos dando y mucho. Mientras que, Estados Unidos siga afirmándose en el proceso de no mirarnos como su patio trasero, que, por hacerlo, fue perdiendo mucho de lo que China ha estado ganando», concluyó Rodríguez Mackay.
El gobierno de Dina Boluarte hace y deshace como se le antoja a otras instituciones. El cuerpo de bomberos en estos últimos días ha sido burlado con la entrega de equipos defectuosos, esos mismos que sirven para que los ‘hombre de rojo’ se cubran de la ferocidad de las llamas. A pesar de esa afrenta, ahora vuelven a pisotearla como se le plazca, utilizando sus implementos para labores de limpieza.
Una unidad del Cuerpo General de Bomberos fue captada para limpiar el frontis de Palacio de Gobierno. La tarea consistió en el uso de una escalera telescópica desplegada hacia una de las ventanas del edificio, como parte de un trabajo que, según el brigadier Rafael Loza, jefe de bomberos de Lima Centro, se ejecutó bajo la orden directa de la PCM.
Sin embargo, lo que parecía un simple apoyo en un trabajo rutinario terminó exponiendo las condiciones en las que trabajan los bomberos. José Ignacio Beteta, analista político, calificó la decisión como un reflejo de la ineficacia del Gobierno, que no parece saber cómo gestionar los recursos públicos de manera adecuada, afectando incluso a instituciones esenciales como los bomberos.
El premier Gustavo Adrianzén trató de defender el uso de la unidad bomberil para el trabajo en Palacio de Gobierno al señalar que sería más costoso contratar una empresa privada para la tarea y, por ello, los bomberos ayudaron en el bien público. Sin embargo, esta justificación no hizo más que agudizar el malestar de expertos, quienes ven con preocupación cómo la institución sigue funcionando con recursos limitados y equipos en mal estado.
Implementos de los bomberos en mal estado
Para colmo de males, la jornada culminó de manera desafortunada, ya que una de las mangueras de la unidad del Cuerpo General de Bomberos se rompió, la misma que data de 1980 y fue donada por los Bomberos de Estados Unidos. Actualmente, esta unidad se encuentra inmovilizada en la Estación 14, lo que subraya una vez más las condiciones en las que atienden las emergencias los bomberos en nuestro país.
Exconsejero regional de Moquegua hunde a Martín Vizcarra: «Es un coimero» [VIDEO]
Luis Miguel Caya, exconsejero regional de Moquegua, criticó al exmandatario que actualmente enfrenta un juicio por casos de corrupción y respalda las serias acusaciones expresadas por el exgerente de Obrainsa, Elard Tejeda.
Hoy el exconsejero regional de Moquegua, Luis Miguel Caya Salazar, declaró que el expresidente de la República Martín Vizcarra ha sido expuesto ante todo el país por los casos de corrupción que lo involucran a la constructora Obrainsa. Esto, tras las declaraciones del exgerente de dicha empresa, Elard Paul Tejada, quien confirmó que el ex jefe de Estado obtuvo un millón de soles en sobornos para revelar información privilegiada.
«El expresidente Vizcarra ha sido expuesto de forma contundente. Las declaraciones del exgerente de Obrainsa, el señor Tejeda, han desnudado la careta del antes mandatario», aseveró Caya Salazar.
Tal y como declaró Elard Paul Tejeda, Vizcarra Cornejo, obtuvo un millón de soles en dos pagos relacionados a la licitación de dos importantes proyectos en el sur nacional: el primero se dio a inicios del mes de diciembre, a través del alquiler de una avioneta tasada en un aproximado de S/400 mil soles. Posteriormente, existió un segundo pago de S/600 mil soles a inicios de abril. En aquel tiempo y según las declaraciones de Tejeda, Obrainsa ya contaba con un acuerdo interno para obtener la licitación de los proyectos de ‘Lomas de Ilo’ y la edificación del ‘Hospital Regional de Moquegua’.
“La crítica a Vizcarra es muy simple: el expresidente es un coimero y las declaraciones de Tejeda así lo indican. Está demostrado que ha delinquido en diferentes áreas: cargo público que ha ostentado, ha demostrado ser rapaz», comentó Caya Salazar en entrevista con Exitosa, y también arremetió contra la justificación vertida por Vizcarra Cornejo, quien aseguró que la acusación en su contra es floja debido a la ausencia de testigos.
«La defensa del señor Vizcarra argumenta que no hubo testigos, lo que no tiene sentido. ¿Por qué el presidente tiene que llamar antes del otorgamiento de la buena pro a un proveedor? Uno debe recordar que el delito de cohecho, que es por el cual se está procesando al expresidente, es un delito clandestino. Es decir, no necesita de testigos ni testimonios, pues apenas están presentes quien entrega la coima y quien la recibe», precisó Caya Salazar.