Política
Así fue la ‘chacra’ de Agustín Lozano
Presidente de la FPF y personas de su entorno enfrentan investigación por ‘organización criminal’. Y es que el exalcalde de Chongoyape inventó acuerdos comerciales para favorecer a compañías, realizó designaciones ilegales, modificó reglamentos internos, creó licitaciones direccionadas, encubrió a Edwin Oviedo, contrató abogados con dinero de la FPF, cedió habitaciones de la Videna a trabajadores afines a él y condonó deudas a clubes deportivos, causando así un millonario perjuicio económico a la institución.

El detenido Agustín Lozano Saavedra es investigado por los presuntos delitos de fraude en la administración, corrupción y lavado de activos, debido al supuesto uso indebido de los recursos de la Federación Peruana de Fútbol.
Como se sabe, la semana pasada, desde tempranas horas de la mañana del jueves 7 de noviembre, agentes del Ministerio Público, con apoyo de la Policía, allanaron 17 inmuebles en Lima, Tumbes, Piura, Chiclayo, Chachapoyas y Huánuco, y procedieron con la detención preliminar por 15 días del presidente de la FPF, Agustín Lozano Saavedra, así como de otras 7 personas. La orden de detención preliminar recaía en total sobre 12 personas vinculadas a la presunta organización criminal ‘Los Galácticos’.
Durante las diligencias también se detuvo, además de Agustín Lozano, a Gisella Karen Mandriotti, presidenta del club Academia Cantolao; Sabrina Martin Zamalloa, secretaria de la FPF; Jean Marcel Robilliard, exsecretario de la FPF; Genaro Humberto Miñán Armanza, presidente de la Liga de Tumbes; Joel Raffo Olcese, presidente del Sporting Cristal; Norma Rosa Alva Vidal, operadora de venta de entradas y Fredi Climaco Salazar Rondinel, contador de la FPF.
Según el Auto de allanamiento de inmuebles, levantamiento del secreto de las comunicaciones y detención preliminar, y a lo solicitado por el Ministerio Público en relación a los 13 investigados, se cumplieron con los presupuestos procesales fijados en el Código Procesal Penal, en el sentido que se hallaron sufrientes elementos de convicción, al considerar que todos los investigados estarían incursos en los delitos que se les imputa; y porque el pronostico de pena supera a los cuatro años de cárcel.
Agustín Lozano, líder de una ‘organización criminal’
En ese sentido, al imputado Agustín Lozano Saavedra, se le vincula por ser presunto autor del delito de organización criminal, al constituir desde el 7 de diciembre del 2018 hasta la actualidad, la presunta organización criminal enquistada en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la que estaría conformada por 21 personas. No obstante, Lozano Saavedra, preside la Junta directiva del 2019-2021, y 2022-2025, con quienes habrían instrumentalizado sus cargos para incurrir en delitos de Fraude a la Administración de Personas Jurídicas, corrupción en el ámbito privado, así como coacción y lavado de activos.
Asimismo, Lozano instruyó al secretario general de la junta directiva de la FPF para que implementen y ejecuten acuerdos de directorio, sobre otros acuerdos comerciales, como el caso del contrato con ‘1190 Sports’ (compañía que gestiona y comercializa derechos deportivos), donde surgió un conflicto de intereses que vulneró los estatutos de la FPF y la norma de Conmebol y FIFA.
Además, se le atribuye el encargo de proponer a la Junta Directiva para nombrar personal de su confianza en cargos estratégicos dentro de la FPF, con el propósito de consumar su acto criminal, al proponer al directorio las designaciones del secretario general, jefes de finanzas y contabilidad, y a otros miembros, como la comisión de derechos de televisión. Asimismo, habría creado de manera ilegal la “dirección de competiciones” y a los integrantes de la “comisión de organización de competiciones”, con el objetivo de modificar el reglamento interno de la Liga 1 2023, creando sanciones graves a los clubes que se oponían al contrato entre la FPF y ‘1190 Sports’.
Asimismo, habría dirigido la realización de la licitación pública de derechos de televisión de la Liga 1, creando así un conflicto de intereses para favorecer a la empresa ‘1190 Sports’. Además, se le atribuye haber suscrito, en conjunto con el secretario general de la FPF, Jean Marcel Robilliard Ibárcena, el contrato con ‘1190 Sports’, pese a que sabía que existía un conflicto de intereses. En esa línea, su autoría y participación se encuentra acreditada en la mayoría de hechos delictivos atribuidos a la organización criminal, en la cual sería el líder.

Asimismo, habría encubierto a Edwin Oviedo Picchotito (quien fue presidente de la FPF 2014-2018) y demás funcionarios de la FPF, omitiendo denunciar los hechos, causándole un perjuicio económico a la FPF. Dicho encubrimiento se realizó a los diversos hechos de fraude en la gestión de Oviedo Picchotito, Juan Matute (secretario general), y donde Lozano Saavedra, en dicha época cumplía el cargo de vicepresidente de la FPF.

Utilizó indebidamente dinero de la FPF para contratar abogados para sus investigaciones
A Agustín Lozano Saavedra se le atribuye haber propuesto y aprobado el 21 de septiembre de 2020 la contratación de abogados para que ejerzan la defensa en la investigación preliminar, seguida por la Segunda Fiscalía Supranacional Corporativa contra la Junta Directiva y los que resulten responsables por el delito de lavado de activos. Contratación que causó un perjuicio económico a la Federación, ya que ésta no iba a recibir ninguna contraprestación a cambio, sino, todo lo contrario.

Asimismo, se hizo uso indebido de las instalaciones de la FPF en provecho de personal no calificado como deportista. En ese sentido, Lozano Saavedra avaló y permitió que las instalaciones de la FPF sean utilizadas por personas que no eran deportistas calificados, y en desmedro de las normas que establecen dicha exclusividad, concretamente se utilizaron las habitaciones N° 2, 7, 9, 11, 18, 20, y 28 en provecho de los trabajadores de la FPF, Jorge Andrés Guillén Ochoa, Franklin Félix Chávez García, Edgar Danilo Santos Oyola, Diana Carolina Aguilar Guevara, Manuel, Federico Barrantes Diaz y Víctor Manuel Lossio Diaz, para que vivieran allí.
Lozano compró la deuda de clubes de futbol con la SAFAP
Asimismo, el 23 de diciembre del 2020 el presidente de la FPF Agustín Lozano propuso y aprobó comprar las deudas de los clubes de futbol con la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) para que los clubes logren su saneamiento y estabilidad económica. En tal sentido, se le imputa haber comprado las deudas a los Clubes de la Liga 1 y Liga 2, fondos que no retornaron a las arcas de la Federación Peruana de Futbol, afectando así a la institución, que es una Asociación Civil sin fines de lucro.

Lozano Saavedra también otorgó un apoyo económico de entre S/3 mil a S/5 mil para los gastos personales del presidente de la Liga Departamental de Futbol de Piura, Hugo Vizcardo Herrera. Esto fue el 10 de marzo de 2021.
Además, en sesión de directorio del 8 de febrero de 2021, Lozano Saavedra acordó condonar la deuda que solicitó el club Ayacucho FC/ AYAC, de fecha 15 de agosto de 2024, representado por su presidente, Rolando Bellido Aedo. En tal sentido, de los US$150 mil otorgados por la FPF, al club Ayacucho FC, US$54 mil fueron en calidad de préstamo, pero el club solo habría cumplido con el pago de 3 cuotas por un total de US$20 mil 250, habiéndose condonado al club en mención, un monto de US$33, 750.

Lozano también ordenó transferir una camioneta a favor de la Liga Departamental de Amazonas. Esto fue el 27 de abril de 2021, tras aprobar la transferencia en compraventa por el monto de US$8 mil del vehículo marca Hyundai modelo Santa Fe, año 2013, de placa N° F3L-517, a favor de la Liga Departamental de Futbol de Amazonas. Es decir, la FPF otorgó un bien patrimonial de la institución, en provecho de una persona jurídica.
Lozano indemnizó con US$250 mil al Club ‘Carlos Stein’
Asimismo, en su calidad de presidente de la FPF, se la tribuye a Agustín Lozano Saavedra, haber propuesto y aprobado la entrega de US$250 mil al “Club Carlos Stein”, por concepto de indemnización. Dicha suma correspondía al 50% del monto propuesto por el club en mención.

PJ determinó que detención preliminar contra 12 personas es de ‘carácter de urgencia’
En este caso, las medidas de detención preliminar judicial de los investigados, el allanamiento de 17 inmuebles y el levantamiento del secreto de las comunicaciones e incautación de 6 inmuebles, resultan ser de estricta necesidad y urgencia; porque llevar adelante esta investigación sin adoptar dichas medidas puede alertar a estas personas, sea para fugar del país, o pasar a la clandestinidad y por ende llevar al fracaso a la indagación y no esclarecer los hechos que se imputan, e incluso, con la probabilidad de que obstaculicen la actividad probatoria.


Es por estas consideraciones, que el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho resolvió declarar fundado el requerimiento que presentó el Ministerio Público, sobre la detención preliminar judicial hasta por el plazo de 15 días naturales, de los trece investigados, Agustín Lozano Saavedra, Joel Raffo Olcese, José Carlos Isla Montaño, Genaro Humberto Miñan Armanza, Gisella Karen Mandriotti Nightingale, Fredy Climaco Salazar Rondinel, Susan Cinthia Cochon Baldarrago, Sabrina Gisella Martín Zamalloa, Jean Marcel Robilliard Ibárcena, Óscar Chiri Gutiérrez, Franklin Aly Chuquizuta Alvarado, Juan Francisco Quispe Cáceres, Norma Rosa Alva Vidal.


Todos los detenidos son investigados por los presuntos delitos de fraude, corrupción, lavado de activos y por el supuesto uso indebido de los recursos de la Federación Peruana de Futbol (FPF), favoreciendo indebidamente a algunos clubes peruanos, así como a empresas que comercializan derechos de trasmisión y por la reventa de entradas durante el repechaje al Mundial Qatar 2022. No cabe duda que Agustín Lozano tendrá mucho qué responder a la justicia peruana y además deberá explicar cómo es posible que haya utilizado a la FPF, como si fuera su “chacra”.
Política
Continúa la pugna entre Patricia Benavides y Delia Espinoza por el control de la Fiscalía
La batalla entre Benavides y Espinoza sigue escalando, mientras el Juzgado Supremo admite la apelación de Benavides contra su inhabilitación de dos años, se profundiza el caos institucional en el Ministerio Público y se debilita la imagen de imparcialidad judicial.

La reciente admisión de apelación presentada por Patricia Benavides Vargas, suspendida fiscal suprema, ha reactivado un conflicto interno que ya desbordó los límites del Ministerio Público. Lejos de tratarse de un proceso judicial común, el enfrentamiento entre Benavides Vargas y la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha evidenciado una peligrosa politización del sistema de justicia peruano.
Con el respaldo del abogado Jorge del Castillo, quien calificó de «express» la resolución que suspendió a Benavides Vargas por 24 meses, la estrategia es clara: revertir una medida que, si bien fue contundente, no estuvo exenta de cuestionamientos procesales. Sin embargo, lo más grave no es el recurso legal en sí, sino el uso instrumental de los órganos judiciales en medio de una pugna de poder.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema deberá ahora pronunciarse sobre la legalidad de la suspensión impuesta por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Pero la expectativa está menos en el argumento jurídico y más en el equilibrio de fuerzas internas. Las decisiones ya no parecen moverse por criterios de institucionalidad, sino por simpatías y alianzas políticas que fracturan peligrosamente la imagen de imparcialidad del Poder Judicial.

Ambas señoras, Benavides Vargas y Espinoza Valenzuela, representan facciones enfrentadas dentro del Ministerio Público, convirtiendo a esta institución en un campo de batalla. El problema no es solo la disputa personal entre dos fiscales, sino cómo esta ha contaminado los cimientos del sistema judicial, arrastrando a jueces, fiscales y salas completas a tomar posición en lo que debería ser un proceso técnico y desapasionado.
La justicia, en lugar de ser un poder del Estado autónomo, parece haberse convertido en una arena política más. El daño es profundo: se debilita la confianza ciudadana y se compromete la legitimidad de futuras decisiones. Mientras Benavides Vargas lucha por volver, la justicia debería luchar por no hundirse con ella.
Política
Renunció la jefa de Prensa de Palacio de Gobierno, Mónica Tiburcio
Apenas duró un día en el Despacho Presidencial.

Mónica Otilia Tiburcio Orbezo fue designada hace dos días, como nueva secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial, en reemplazo de Luis Urmeta Delgado. Su nombramiento habría tenido que pasar por el visto bueno de Juan José Santiváñez, pues según registros se llegó a reunir hasta en tres ocasiones con el exministro del Interior.

Ella tenía la misión de enfocarse en mejorar considerablemente la imagen de la presidenta de la República que ya lleva sin declarar a la prensa más de 200 días. Sin embargo, ya no va más y a través de la Resolución N° 000040-2025-DP/SGDP, firmada por el Secretario General, Enrique Vílchez, el Gobierno decidió aceptar su renuncia, dándole las gracias por los servicios prestados, apenas un día.
¿Ahora quién será el reemplazante de Tiburcio? ¿Acaso alguien que juegue en pared con el IRTP?
Política
Congreso perverso: cuando la planilla se reparte entre familiares
Al menos 30 grupos de hermanos fueron contratados sin restricción. Mientras el país exige transparencia, en el Congreso se reparten puestos como favores políticos. Parlamentarios de bancadas como APP y Fuerza Popular han convertido la planilla estatal en un feudo familiar, contratando hermanos, militantes y operadores sin pudor ni mérito.

El Congreso de la República, lejos de ser una institución al servicio del pueblo, se ha convertido en una agencia de empleo para militantes, familiares y amigos de los legisladores. Lo revelado por el periodista Martín Hidalgo no sorprende, pero sí indigna: hay al menos 30 grupos de hermanos contratados dentro del Parlamento gracias al uso descarado de influencias por parte de congresistas que actúan como si el Estado fuera su chacra personal.
Lo más grave es que este modus operandi no solo es conocido, sino también tolerado por las bancadas más poderosas. Fuerza Popular y, aún más escandalosamente, Alianza para el Progreso (APP) han convertido al Congreso en su feudo, donde colocan a militantes, amigos y familias enteras sin el menor rubor. No se trata de casos aislados, sino de una práctica sistemática que deja en evidencia el profundo desprecio que estos partidos tienen por la ética pública y el servicio al país.
Uno de los recientes casos más graves, tiene que ver con la congresista de APP, denunciada por “mochasueldo” e investigada por la Fiscalía, Rosio Torres, quien contrató a Cecilia Salazar y a su hija Alexandra Tafur, ambas militantes del partido de César Acuña. ¿Y qué dijo Eduardo Salhuana presidente del Congreso y también de APP? que no hay norma que prohíba el hecho de la parlamentaria por Loreto.

Los contratos se distribuyen sin vergüenza, como si fueran favores políticos pendientes tras campañas financiadas en la sombra. Son hermanos, primos, esposas, hijos y operadores de campaña que de pronto aparecen con sueldos del Estado, sin mérito alguno y muchas veces sin siquiera cumplir con las funciones que se les asignan. Todo esto es posible gracias a la «organización parlamentaria», ese espacio discrecional en el que cada congresista puede disponer de puestos como quien reparte caramelos.

Mientras tanto, el servicio parlamentario profesional, aquel que requiere carrera y mérito, queda relegado. ¿Para qué formar cuadros técnicos si con un carnet partidario basta para asegurarse un puesto? Esta es la lógica de la ‘dedocracia’ parlamentaria que ha colonizado el Legislativo.
El blindaje es otra constante. Entre ellos se tapan, se protegen, se callan. Cuando un escándalo estalla, se finge indignación en los pasillos, pero las comisiones de ética duermen el sueño eterno. Nadie investiga, nadie sanciona. La impunidad es parte del sistema.
Lo más trágico es que esto se hace con dinero de todos los peruanos. El Congreso, lejos de representar al pueblo, ha sido capturado por cúpulas partidarias que reparten cargos como botín. Si no se interviene con una reforma real y profunda, el Congreso seguirá siendo el refugio de mediocres, corruptos y familiares bien conectados.
Política
Nuevo revés de ‘Porky’: Corte de los EE.UU. falla a favor de Rutas de Lima y ahora Municipalidad de Lima deberá pagarle cerca de 200 millones de dólares
Corte de Apelaciones del distrito de Columbia ratificó que no existen pruebas suficientes de corrupción para anular el contrato firmado el año 2013.

Al parecer tendrá que requerir más días para “meditar” ya que recientemente la Corte de Apelaciones del distrito de Columbia, en los Estados Unidos, ratificó el pasado 24 de junio dos laudos arbitrales internacionales que ordenan a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), dirigida por Rafael López Aliaga, el pago de aproximadamente 200 millones de dólares a Rutas de Lima.
Como se recuerda, la MML y el consorcio Rutas de Lima (inicialmente liderada por Odebrecht y en la actualidad bajo el control de Brookfield Insfrastructure), firmaron en el año 2013 un contrato de concesión en tres vías de la capital, la Panamericana Norte, Sur y Ramiro Prialé, por un plazo de 30 años, donde se acordó el cobro de peajes a favor de la concesionaria, y que las mismas podían estar sujetas a incrementos paulatinos a lo largo de los años tras nuevos acuerdos pactados en los años 2014 y 2016.
Fue en el año 2017 donde se inició la disputa legal entre Rutas de Lima y la MML tras la implementación del peaje ‘Nueva Chillón’, en el distrito de Puente Piedra. Indignados vecinos empezaron a hacer protestas a lo que ellos consideraban como un cobro abusivo de parte de la concesionaria y en respuesta la comuna limeña decidió cancelar el cobro de manera unilateral, indicando entre sus argumentos que dicho contrato resultaba nulo porque la empresa matriz era Odebrecht, la misma que habría sobornado a funcionarios para quedarse con dicha concesión. Entre los involucrados de ese presunto soborno también se incluye a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.
Fue así que en el año 2020 el primer laudo arbitral resolvió que la MML debía pagar 68 millones de dólares más intereses a favor de Rutas de Lima, monto que con el tiempo se ha elevado a 190 millones de dólares. En el año 2022, un segundo laudo otorgó otros 7 millones a favor del consorcio por la demora en aplicar los ajustes tarifarios.

Declaraciones de ‘Porky’ terminaron inclinando la balanza a favor de Rutas de Lima
Un gran detalle que no se le ha escapado a la jueza Ana C. Reyes, de la Corte de Columbia, fueron las reiteradas declaraciones del alcalde de Lima, quien se oponía públicamente en pagarle a la concesionaria. Tales declaraciones le permitieron a la jueza sacar una conclusión.
“No pagaré ni un solo mango”, “(La Municipalidad) no paga nada a grupos criminales”, “No pagamos a delincuentes”, “(La Municipalidad) tiene mecanismos de defensa contra bandas criminales”, son algunas frases dichas por el alcalde y tomadas en cuenta por la magistrada.
“La Corte no recompensará tal conducta dilatoria al eximir a (la Municipalidad de) Lima de la obligación predeterminada (…) de presentar una fianza para posponer la ejecución y cumplimiento del fallo. La Corte deniega la petición del solicitante para suspender la ejecución y el cumplimiento del fallo”, resolvió la jueza.

Quizás sea que ahora el alcalde de Lima requiera de un “traductor” a su costado, porque cada vez que declara al público lo estaría haciendo sin tomarse un segundo para pensar en lo que dice. Esta vez la justicia estadounidense le “explotó” en la cara al popular ‘Porky’.
Política
Rosío Torres coloca a madre e hija en el Congreso y Salhuana afirma que no es ilegal
La congresista de APP, denunciada por “mochasueldo” e investigada por la Fiscalía, contrató a Cecilia Salazar y su hija Alexandra Tafur, ambas militantes del partido. Eduardo Salhuana, presidente del Congreso y también de APP, remarcó que no hay norma que prohíba el hecho.

La congresista Rosío Torres Salinas, de Alianza Para el Progreso (APP), vuelve a protagonizar un escándalo que evidencia el uso clientelista de recursos públicos en el Congreso. Esta vez, la parlamentaria —investigada por el caso de recortes salariales conocido como “mochasueldo”— ha sido señalada por contratar en su entorno inmediato a una madre y su hija, ambas militantes del mismo partido de César Acuña Peralta.
El reportaje de Cuarto Poder reveló que Cecilia Salazar, asesora principal de Torres Salinas e involucrada en la presunta red de recortes, fue reemplazada temporalmente por su hija, Alexandra Tafur Salazar, como trabajadora del Área de Desarrollo y Bienestar del Parlamento. La contratación de ambas no solo expone la precariedad ética que impera en ciertos sectores del Legislativo, sino también el descaro con el que se normaliza el nepotismo encubierto bajo la excusa de la legalidad.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana —también miembro de APP— confirmó la relación familiar y reconoció que, si bien no existe una norma explícita que lo prohíba, el hecho es “éticamente cuestionable”. Una declaración tibia, que más parece una maniobra para ganar tiempo que un verdadero compromiso con la transparencia.
Este episodio revela una práctica común pero silenciada: el uso de cargos públicos como botín político, donde los puestos se reparten entre amigos, militantes y familiares. Que Rosío Torres haya confiado su despacho a personas investigadas por delitos, y que además pertenezcan a su círculo íntimo, debería ser suficiente para exigir su separación inmediata del cargo y una investigación seria desde el Congreso.
No se trata solo de una “falta ética”. Se trata de un patrón de conducta reiterado. Cecilia Salazar, madre de Alexandra, ha sido acusada por un extrabajador del despacho de haber sido cómplice directa en el cobro ilegal de parte de los sueldos del personal. Que hoy siga operando en el Congreso como “trabajadora de confianza” de Torres Salinas, parlamentaria por Loreto, y que su hija Alexandra haya sido colocada en un cargo público, es una afrenta a la ciudadanía.
Mientras tanto, el presidente del Congreso promete “evaluar” y “revisar” si existen más casos similares. La pregunta es: ¿necesita más evidencias para actuar? ¿O la complicidad partidaria seguirá imponiéndose sobre la ética pública?
El Congreso no puede seguir funcionando como agencia de empleos. La permanencia de Rosío Torres y su entorno cercano en puestos clave es un insulto a los peruanos que esperan integridad, no favores ni redes de impunidad.
Política
‘Ley General de Turismo’ proyecta 34 mil nuevos empleos hacia 2030
La nueva normativa busca impulsar el desarrollo sostenible del sector, formalizar a miles de prestadores turísticos, atraer inversiones y fortalecer la economía local en todas las regiones del país, generando un movimiento económico superior a 17 mil millones de dólares.

La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, anunció este jueves que el Ejecutivo está sentando las bases para consolidar un turismo fuerte, sostenible y descentralizado, capaz de generar al menos 34 mil nuevos puestos de trabajo en todo el país. Así lo señaló durante la ceremonia de promulgación de la nueva Ley General de Turismo, realizada en Palacio de Gobierno.
En el acto participaron el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides; la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León Chempén, así como otras autoridades del sector.
“El turismo no solo es una fuente de ingresos para miles de familias peruanas; también constituye un motor clave para el crecimiento económico y un pilar fundamental en la promoción de nuestra cultura y diversidad ante el mundo”, expresó la mandataria.
Boluarte Zegarra destacó que la promulgación de esta norma representa un hito en la modernización del sector turístico, al fomentar su desarrollo competitivo y sostenible. Según detalló, la ley permitirá la formalización de al menos cinco mil nuevos prestadores de servicios turísticos en las denominadas zonas especiales de desarrollo, lo cual contribuirá significativamente a dinamizar las economías locales.
Además, precisó que se espera una reducción del 30 % en la oferta informal en los destinos turísticos priorizados, mediante la implementación de controles efectivos y el fortalecimiento del apoyo a las micro y pequeñas empresas del sector (mypes).
Uno de los avances más relevantes que trae la nueva normativa es la ampliación del régimen de recuperación anticipada del IGV, que ahora beneficiará a más de 5,900 empresas turísticas, en contraste con las menos de mil que podían acceder bajo el esquema anterior.
Además, subrayó que, con esta ley, se proyecta alcanzar más de mil millones de dólares en nuevas inversiones turísticas públicas y privadas hacia 2030, lo que generaría un movimiento económico superior a los 17 mil millones de dólares. Esta cifra representa un crecimiento de más del 52 % respecto al desempeño del sector en 2024. Asimismo, reafirmó el compromiso de su gobierno con el fortalecimiento institucional del turismo, al proyectar la llegada de más de cinco millones de turistas internacionales por año al 2030, cifra que representa una meta ambiciosa pero alcanzable.
Política
Perú estudia salir del ‘Sistema Interamericano de Derechos Humanos’
¿Avance o retroceso? El titular del Minjusdh, Juan Alcántara anunció que la Cancillería liderará una comisión multisectorial encargada de evaluar rigurosamente la permanencia del Perú en el SIDH.

El reciente anuncio del ministro de Justicia, Juan Alcántara, sobre la conformación de una comisión liderada por la Cancillería para evaluar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) marca un momento clave y delicado en la política exterior y de derechos humanos del país. Esta decisión, impulsada por el premier Eduardo Arana y respaldada por el Ejecutivo, pone sobre la mesa una discusión que tiene implicancias jurídicas, diplomáticas y éticas de gran magnitud.
El hecho de que la Cancillería esté a cargo de esta comisión responde a criterios de competencia institucional. El Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Elmer Schialer, posee la atribución exclusiva de conducir la política exterior del país, y por tanto, la eventual denuncia o retiro de tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, recae en su ámbito. No obstante, esta formalidad no exime al Estado peruano de asumir las consecuencias que implicaría alejarse de un sistema que ha sido tradicional en la protección de derechos fundamentales, durante las últimas décadas, especialmente en contextos donde la justicia interna ha sido insuficiente.
El SIDH ha sido históricamente una herramienta de protección para las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en la región. Casos emblemáticos en el Perú, como los de La Cantuta, Barrios Altos o los abusos en penales durante la época de la subversión, encontraron justicia internacional cuando los mecanismos nacionales fallaron.
No obstante, también se han registrado excesos por parte de diversos sectores, en especial algunas ONG que, de manera cuestionable, han instrumentalizado el discurso de los derechos humanos para obtener financiamiento millonario de fundaciones internacionales, promoviendo con ello una agenda progresista. En algunos casos, incluso han recurrido a demandar al Estado con el aparente objetivo de obtener indemnizaciones cuantiosas. A esto se suma la creciente y desproporcionada injerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo cual ha generado preocupación en distintos sectores del país.

El Ejecutivo plantea que esta evaluación se hará de manera multisectorial —incluyendo al Congreso, la sociedad civil y la academia—, es decir, esta comisión deberá tomar una decisión en un espacio real de deliberación democrática.
La soberanía democrática se fortalece cuando el país se sujeta a estándares supranacionales que garantizan el respeto a la dignidad humana; sin embargo, esta es insoslayable y bajo ningún concepto debería socavarse con algún tipo de injerencia internacional inapropiada.
En conclusión, esta comisión debe ser transparente, técnicamente sólida y abierta al escrutinio público. De lo contrario, podría sentar un precedente regresivo en la protección de derechos humanos en el Perú.
Política
Rechazan apelación de Pedro Castillo y seguirá en prisión preventiva por 18 meses
La Corte Suprema declaró infundada la solicitud de cesación de prisión preventiva presentada por la defensa del expresidente, quien enfrenta cargos por rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema declaró infundada la solicitud de ‘cesación de prisión preventiva’ presentada por el abogado del expresidente Pedro Castillo. Con esta decisión, se confirma la vigencia de la medida coercitiva de 18 meses, dispuesta el 5 de julio de 2024 por la Sala Penal Permanente.
La resolución forma parte del proceso penal que se le sigue a Castillo Terrones por su presunta responsabilidad en delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Entre los cargos más graves figura el delito de rebelión, contemplado en el artículo 346° del Código Penal, además de abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
El Poder Judicial ha considerado que no existen elementos nuevos que justifiquen una variación de la medida. Para el tribunal, los delitos imputados son de suficiente gravedad como para sustentar la prisión preventiva, en tanto se continúa desarrollando el juicio correspondiente.
La defensa del exmandatario alegó que la medida resulta excesiva y desproporcionada, pero su apelación fue rechazada. Según la Corte Suprema, las condiciones jurídicas que motivaron la decisión original se mantienen vigentes, así como el riesgo procesal que representa el imputado.
Castillo se encuentra actualmente recluido en el penal de Barbadillo, donde cumple la prisión preventiva impuesta. Esta medida fue ratificada tras la revisión de los elementos presentados en la investigación fiscal, entre ellos su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022, que dio origen a su detención y posterior procesamiento.
El proceso judicial avanza con audiencias periódicas, aunque no exentas de controversia. En las últimas semanas, se han registrado enfrentamientos verbales entre los magistrados y la defensa legal, reflejando el clima tenso que rodea el caso.
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