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ACCOMARCA, 31 AÑOS TRAS LA JUSTICIA
TELMO HURTADO “EL CARNICERO DE LOS ANDES” EN SU JAULA FINAL
En la madrugada del 1 de setiembre del 2016 se terminó de leer el veredicto judicial donde una decena de militares peruanos fueron sentenciados entre 23 y 25 años por la matanza de Accomarca ocurrida hace 31 años. La Sala Penal Nacional integrada por los jueces Ricardo Brousset, María Vidal y Mirtha Bendezú determinó que se trató de un crimen masivo con crueldad y desprecio contra civiles, calificándolo como una grave violación de los derechos humanos.
1.
En esa foto de 1985 el subteniente Ejército Peruano Telmo Ricardo Hurtado Hurtado está cubriendo su mirada vacía con unos enormes lentes oscuros de aviador. Sobre sus labios, el frondoso bigote se desparrama en forma de paraguas a ambos lados de sus carrillos y su marcial camisa de desfiles está impecablemente planchada y en ella se observa galones y condecoraciones. Hurtado tenía 23 años en ese entonces y hoy no luce igual.
En la Sala Penal Nacional al interior del penal Castro Castro donde se lo procesa, Hurtado se exhibe demacrado e indefenso frente a la grita de los familiares de las víctimas de la matanza de Accomarca. “El carnicero de los Andes” como fue bautizado por la prensa, está acusado por el asesinato de 62 comuneros, entre mujeres, ancianos y niños, habitantes de aquel paraje en la provincia de Vilcashuamán, Ayacucho, un 14 de agosto de 1985. Su abogado, Luis Carmen Choquehuanca, sigue reconociendo que su patrocinado solo había cumplido órdenes encomendadas por sus superiores.
Las profesoras Jo-Marie Burt y María Rodríguez en el árticulo “El largo juicio por el caso de la masacre de Accomarca: El testimonio de Javier Diez Canseco”, Publicado en la página web, Juicios por Violaciones a los Derechos Humanos en el Perú, 14 de agosto de 2013 y editado luego en: HUARI BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y SOCIALES, AÑO I, Nº 2, afirman puntualmente que: “La demoras en juicios como el de Accomarca se ha vuelto muy común, y ello corresponde a problemas estructurales en cómo se está llevando estos juicios dentro del Poder Judicial”.
Luego, sintetizo, cómo describen las autoras en su trabajo que: “Desde noviembre del 2010 y cada 15 días las audiencias se sumergen en un pantano. La rutina es casi siempre la misma. A las 10 de la mañana, a los acusados, los abogados, los familiares de las víctimas no les permiten ingresar a la sala; “no han llegado los jueces”, les indican. A las 11 arriba una custer del Poder Judicial, desciende el secretario de la Sala cargando los voluminosos fajos del expediente Accomarca, también las juezas María Vidal y Mirtha Bendezú. La espera sigue. El director del Tribunal, juez Ricardo Brousset no llega. Casi al mediodía aparece. Recién se inicia la audiencia, el juez se disculpa por la tardanza. El juicio ya está entrando a sus fases finales, habiendo presentando el Ministerio Público sus testigos y sus evidencias. Ahora, le toca el turno de la defensa. Pero desde hace ya varias sesiones los testigos de la defensa nunca están. Los familiares de Accomarca consideran que es una estrategia de los militares “para dilatar y aburrir”.
Pero la historia va llegando a su fin. Lo rotundo del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ya había posibilitado que el caso fuese reabierto en el 2005 y así, el Poder Judicial volvió a procesar al general Mori Orso, el coronel Nelson Gonzales Feria (jefe de Estado Mayor de la II División de Infantería), Cesar Martínez Uribe Restrepo (G-2), Carlos Delgado Medina (G-3), José Williams Zapata (Jefe de la Compañía Lince), Helbert Gálvez Fernández (Jefe de la Base Contraguerrillas de Vilcashuamán), Ricardo Sotero Navarro (jefe político militar de Vilcashuamán), Telmo Hurtado Hurtado (Jefe de la patrulla Lince 7), Juan Rivera Rondón (Jefe de la Patrulla Lince 6) y los soldados integrantes de la patrulla de Hurtado.
En este nuevo proceso, Telmo Hurtado reconoció haber asesinado a los habitantes de Accomarca y que lo hizo porque se le fue ordenado por el comando militar de la II División de Infantería del Ejército. La investigación duró hasta el 2010. En noviembre de ese año, la Fiscalía acusó a Hurtado, Rivera y a los soldados de la patrulla Lince 7 como autores materiales del crimen. Por su parte, los altos oficiales Mori Orso, Gonzales Feria, Martínez Uribe, Delgado Medina, Williams Zapata, Gálvez Fernández fueron acusados de autoría mediata.
Así, después de casi 5 años, la etapa procesal llegó a su fin y el fiscal superior Landa sustentó la acusación oral contra los involucrados en este caso. La sentencia de la ‘matanza de Accomarca’ está en manos del Tribunal de la Sala Penal Nacional, integrada por Ricardo Brousett Salas (Presidente) y por las juezas superiores Mirtha Bendezú y María Vidal La Rosa.
General del Ejercito Peruano Wilfredo Mori Orzo condenado a 25 años.
2.
A mediados de la década de los ochenta, escuchar en Ayacucho, de fosas comunes y del primer ‘niño bomba’ –como bien recuerda el investigador Walter Quispe en su libro Historia del Perú—, era un asunto de mera cifra estadística. Los peruanos estábamos tan acostumbrados a los asesinatos civiles, que aquel genocidio de Accomarca pertenece a ese evento que los lugareños han llamado “guerra sucia” y hoy queda como un pasaje inadvertido y no forma parte de la conciencia de un país que se desangró con un resultado increíble: 69 mil peruanos asesinados. Telmo Hurtado es uno de sus símbolos y para él la guerra continua. El ex militar es un sujeto osco y hermético. Su ostracismo es tal, que sus visitas son contadas aunque no estuvieron prohibidas en ningún momento.
La mañana del 14 de agosto de 1985, aproximadamente 25 soldados a la orden de Hurtado y del teniente Juan Rivera Rondón llegaron a Llocllapampa, a tres kilómetro de Accomarca, y reunieron a los pobladores en la plaza. Las orden eran la de eliminar cualquier vestigio de la llamadas “escuelas populares” –núcleo de formación de los militante de Sendero Luminoso–. Así, separaron a hombres, mujeres y niños para dirigirlos a tres viviendas que incendiaron y a las que lanzaron granadas, a pesar de las súplicas de los comuneros. Pocos sobrevivieron. En aquel tiempo, Alan García era un presidente de prédica populista y muy pendiente de la opinión pública. Él mismo y ante la crueldad de los hechos, ordenó una investigación que presidió Javier Valle Riestra, la misma que llegó a entrevista a Telmo Hurtado quien diría por única vez: “Según mi decisión que yo he tomado, yo la considero correcta (…) Ustedes no viven las acciones de guerra que nosotros vivimos acá (…) A nosotros no nos agrada pero tenemos que cumplir para darles un mejor gobierno (…) Nosotros tenemos que realizar esas cosas por ustedes”, dijo Hurtado sin ningún tipo de remordimiento. Solo así, empezó a ser llamado “El carnicero de los Andes”.
En la celda apartada que lo cobija, Hurtado goza de un ambiente aislado y que él mismo ha sabido proteger. Para las autoridades del Inpe, su conducta es intachable y dice que vive igual que los otros reclusos y por lo tanto no es observado como un interno problemático. Sus compañeros de pabellón apenas han podidos cruzar palabras y ya han pasado ocho meses desde que fue confinado luego de haber estado detenido en los Estados Unidos. Hurtado, en el 2007 era un peruano más en Norteamérica y a finales de marzo de ese año fue apresado no por asesino sino por haber obtenido en su pasaporte un visado con falso testimonio. Es de esa fecha que las autoridades judiciales peruanas solicitaron su extradición inmediata ya que Hurtado estaba “requisitoriado” en el proceso seguido por la Sala Penal Nacional por el delito de asesinato en agravio de Juliana Baldeón y otras víctimas de Accomarca. Su abogado norteamericano presentó una serie de recursos judiciales para evitar su retorno. Todos ellos fueron desestimados debido a las gestiones de la justicia peruana quien coordinó con las autoridades centrales de los EEUU.
Primer aniversario del informe de la CVR. Foto: Walter Hupiu.
3.
Preso en Miami, Hurtado logró enturbiar el proceso de extradición el cual se alargó por cuatro años más. En julio del 2011, fue extraditado gracias a las presiones de diversas organizaciones de derechos humanos y que hoy siguen exigiendo, junto a los familiares de las víctimas, que el tribunal del caso decida con celeridad y probidad lo antes posible. El juicio oral que lleva la Sala Penal Nacional se inició el 4 noviembre y solo se ha interrogado a cinco de los 17 procesados de un total de 28 militares implicados en este caso. El Dr. Carlos Rivera, director adjunto del Instituto de Defensa Legal (IDL) y parte de la defensa declaró que: “estamos ante un hecho horrendo como fue el crimen de Accomarca y estamos ante la persona, que según las versiones de los sobrevivientes, de los propios efectivos militares y de los documentos que existen en el expediente, que ejecutó materialmente el crimen y, por lo tanto, estamos ante una persona que de alguna manera ha simbolizado la impunidad en el Perú”.
Rivera Paz recordó que existieron diversas instituciones desde el Estado peruano que permitieron que ese tipo de crímenes queden en la impunidad y que los perpetradores, e inclusive los que dieron las órdenes, tengan una carrera sin ningún tipo de inconveniente al interior de los institutos armados. “Más allá de que Telmo Hurtado fue investigado de manera fraudulenta en la justicia militar, el hecho concreto es que a pesar de que fue supuestamente condenado por el delito de negligencia, Telmo Hurtado siguió una carrera de ascenso en la jerarquía militar y del año 85 cuando tenía el grado de subteniente no se le pudo separar, sino hasta 1999, cuando ya tenía el grado de comandante del Ejército y eso significaba que toda esta pantomima de la justicia militar era una pantalla”, señaló Rivera.
“En Accomarca, asesinaron a mi madre Tomasa Chuchón Castillo así como a 15 primos y sobrinos. Ahora estoy contento porque después de 26 años de sufrimiento, por fin, este criminal pagará todo”, dijo Celestino Baldeón Chuchón (60) Presidente de la Comisión Víctimas de Accomarca. Dice el Dr. Rivera que el crimen solo se pudo conocer casi un mes después de perpetrarse, pero cuando se conoció -por la acción de los sobrevivientes- los que dieron la orden comenzaron a decir que Hurtado seguramente estaba loco. En realidad Hurtado estaba tan cuerdo como los que lo enviaron a Accomarca a destruir la subversión. Por ello, cuando en setiembre de 1985 una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados lo interrogó sobre las razones que tuvo para asesinar a mujeres, niños y ancianos, él solo respondió que lo hacía en defensa de la democracia y para que los que interrogaban estén sentados discutiendo en el Parlamento.
CODA
En esa foto de 1985 el subteniente Ejército Peruano Telmo Ricardo Hurtado Hurtado está cubriendo su mirada vacía con unos enormes lentes oscuros de aviador. Hurtado comandaba la patrulla “Lince 7” y solo hizo caso al operativo militar “Huancayoc” donde participaron las más altas autoridades del Ejército en Ayacucho quienes diseñaron un aparato organizado de poder que se estructuró sobre la organización militar de la Sub Zona de seguridad Nacional Nº 05”. Cierto, de aquellos años es el proceso seguido a los militares involucrados quienes fueron procesados por la Justicia Militar, tribunal que solo condenó a seis años de prisión al entonces subteniente Telmo Hurtado por los delitos de abuso de autoridad y negligencia, siendo favorecido posteriormente por las Leyes de Amnistía.
La foto está en la memoria de los deudos de Accomarca que así pudieron mirarlo a los ojos y exigirle que pague por sus actos y que denuncie a quienes les ordenaron tamaña crueldad. Inteligencia militar había identificado como delincuentes terroristas a esos peruanos. Hurtado recibió una orden y la cumplió.
LA SENTENCIA HISTÓRICA
Telmo Hurtado, finalmente fue sentenciado a 23 años . Además, por mayoría, la Sala Penal Nacional determinó que el general Wilfredo Mori Orzo dio la orden verbal al subteniente Telmo Hurtado para asesinar a más de 60 campesinos, considerados como terroristas. Afirmó que se trató de un crimen masivo con crueldad y desprecio contra civiles, calificándolo como una grave violación de los derechos humanos.
Pasada la medianoche, la Sala Penal Nacional continuaba leyendo la sentencia por la masacre de más de 60 pobladores de Accomarca, en una audiencia que comenzó con casi ocho horas de tardanza. La resolución concluyó que el jefe del Comando Político Militar de Ayacucho en 1985, Wilfredo Mori Orzo, dio la orden verbal de asesinar a los campesinos, entre los cuales había 23 niños menores de 10 años. Fue condenado a 25 años de prisión.
El tribunal indicó que se trató de una matanza colectiva ejecutada con absoluto desprecio a la dignidad humana. Precisó que al dar esa orden, Mori Orzo desvinculó a las Fuerzas Armadas del ordenamiento jurídico. Más aún cuando el alto mando del Ejército trató de ocultar el crimen cometido por una patrulla militar el 14 de agosto de 1985.
Como se recuerda, semanas después de la incursión militar, el Ejército afirmó que el crimen fue obra exclusiva del subteniente Telmo Hurtado Hurtado, entonces de 23 años, en un arranque de “locura de guerra”. Durante la lectura de la sentencia, se dio detalles sobre cómo fueron detenidos los pobladores, los obligaron a ingresar a dos viviendas, donde fueron acribillados y, luego, los volaron con granadas. Los magistrados resolvieron que está probado que en Accomarca se perpetró un asesinato masivo con crueldad y desprecio contra civiles.
La Sala estuvo integrada por los jueces Ricardo Brousset, María Vidal y Mirtha Bendezú quienes recalcaron que este caso es una grave violación de los derechos humanos, compatible con el delito de lesa humanidad. Tras más de cuatro horas, el colegiado, con voto en mayoría, halló responsabilidad en siete acusados como autores materiales, entre ellos al comandante Telmo Hurtado Hurtado, quien en 1985 (cuando era subteniente) lideró la patrulla Lince 7, y a Juan Rivera Rondón, de la patrulla Lince 6, que ejecutaron la matanza. También sentenciaron a los soldados, explicando que eran profesionales.
Además, la Sala determinó que tres de los acusados fueron autores mediatos. Enfatizaron que los hechos evidenciaron “una ilegal política de combate al desviar a su unidad del orden legal”. Los magistrados concluyeron, asimismo, que el Estado mayor operativo participó en la elaboración de la orden aprobada por Mori Orzo. Durante el juicio oral –que duró más de cinco años– Hurtado afirmó que recibió la orden de su comando de aniquilar a los pobladores de esa zona, por considerarlos subversivos. Incluso tuvo un careo con el general Mori Orzo, en el que se reafirmó en su acusación. En declaraciones de abril del 2012, Hurtado se declaró culpable, pero señaló que siguió órdenes de sus superiores, y que en el Ejército las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones.
También, decidieron absolver al general Williams Zapata, quien fue jefe de la Compañía Lince en 1985, y a otros 16 acusados. Solo Zapata y Telmo Hurtado asistieron a la lectura de la sentencia. El colegiado señaló que hay dificultad para determinar el número de víctimas, ya que al haber sido voladas con explosivos, no se pudo hallar todos los cuerpos. Al final, habló de 61.
Asimismo, los jueces resaltaron que la pena debe ser mayor porque el Estado es corresponsable de los acontecimientos. Añadió que el estrés que se vivía en los años de violencia política generaba una situación que propiciaba el desvalor de la vida y expresaron que la matanza cortó el proyecto de vida de los niños asesinados y ocasionó un daño irreparable a decenas de familias.
Desde temprano, más de 80 personas, entre familiares, periodistas y defensores de derechos humanos, esperaban el inicio de la audiencia, prevista para las 11 de la mañana. Sin embargo, solo pudieron ingresar 33 personas poco después de las 7 de la noche, en que empezó la diligencia.
Finalmente, más de 8 horas tuvieron que esperar abogados, deudos y periodistas, en el Penal Castro Castro, para que la Sala Penal Nacional iniciara la lectura de sentencia. La sala citó a las 11 a.m. pero sus integrantes llegaron a las 7 de la noche.
ENTRE 23 Y 25 AÑOS
las 2 y 17 am del 1 de setiembre se termina la lectura de la sentencia del caso Accomarca en sala de audiencias de penal Castro Castro.
–Nelson Gonzales Feria y Carlos Delgado Medina condenados a 25 años
–Juan Rivera Rondón condenado a 24 años
–Telmo Hurtado condenado por unanimidad a 23 años de prisión, descontada la que purgó, faltan 13 años 8 meses
–Gral. Mori Orzo condenado a 25 años
–Según los jueces: siete de los acusados son autores materiales y tres autores mediatos y hubo “Grave violación de los derechos humanos compatible con el delito de lesa humanidad”
–Williams Zapata absuelto de acusación fiscal por improbanza de asesinato y daños contra el cuerpo y la salud
–Once encausados no han comparecido al juicio, dos son contumaces
–Reparaciòn civil. 150,000 soles a los herederos de cada una de las víctimas de Accomarca.
–Fiscal interpone recurso de nulidad respecto de responsables d hechos 13 de sep de 1985, cuando mataron a sobreviviente
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Repugnante: encuentran vellos en comidas enlatadas del programa Wasi Mikuna, ex Qali Warma
Producto enlatado fue abierto en presencia de los padres de familia, causando la sorpresa e indignación.
Primero carne de caballo, luego alimentos en mal estado, y ahora ¡vellos! Un terrible caso se ha dado en la Institución Educativa n.° 016 del Centro Poblado Puentecillos, distrito de Santa Rosa, en Jaén, donde padres de familia han denunciado la presencia de vellos en las conservas de pollo distribuidas por el programa Wasi Mikuna (ex Qali Warma).
El incidente fue reportado durante la preparación de los alimentos escolares, en presencia de los padres de familia, docentes y personal de cocina del centro educativo.
«Se han encontrado vellos supuestamente. Son pequeños. Delante de padres de familia, de la directora y de las profesoras vimos. Yo pensé que eran gusanos. Al momento en que nosotros abrimos el pollo enlatado era prácticamente vellos», aseveró una madre de familia.
Ante la situación, los padres han solicitado la presencia de las autoridades responsables para inspeccionar los productos y garantizar que los alimentos sean aptos para el consumo. Advirtieron que, de no obtener una solución, rechazarán la recepción de estos productos en futuras entregas.
El caso ha reavivado cuestionamientos sobre el control de calidad en la distribución de alimentos escolares y la supervisión de los proveedores encargados del abastecimiento.
La respuesta de Wasi Mikuna
En tanto, el programa Wasi Mikuna, a través del encargado de imagen institucional, mencionó que se vienen realizando las indagaciones en el centro educativo de conformidad a los protocolos, adelantando que se pronunciarán oficialmente cuando haya resultados.
Asimismo, el Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo (Midis) pidió que no se consuma el producto hasta que exista un pronunciamiento al respecto.
«Ante esta alerta (…) sobre una presunta materia extraña en la conserva de pollo, el programa Wasi Mikuna informa que (…), al tomar conocimiento de manera inmediata, acudió a la institución educativa donde, en presencia de los integrantes del comité de alimentación escolar y comunidad educativa procedió a verificar el lote del producto. Se procedió a revisar el muestreo de los alimentos; en tanto, se suspendió el uso y consumo del lote involucrado», se puede leer en el documento.
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Odisea en el circuito de playas por ‘cierre total’ de bajada de Armendáriz
Tras varios meses de paralizar una obra turística en Miraflores-Barranco, y luego del robo en la grúa abandonada en la quebrada de Armendáriz, los conductores no solo sufrieron congestión vehicular durante el verano, sino, que la supuesta fecha de entrega del puente peatonal, según informa la comuna miraflorina tras el reinicio de las obras, sería en junio.
En la bajada de Armendáriz una gigantesca grúa generó el rechazo y el malestar de transeúntes y conductores vehiculares no solo miraflorinos y barranquinos, sino de la capital, por encontrarse abandonada y varada hace varios meses en el lugar que ya debía haberse inaugurado un puente peatonal que uniría los distritos de Miraflores y Barranco. Sin embargo, gracias a la improvisación, esta obra quedó paralizada debido a las disputas y desencuentros entre la Municipalidad de Miraflores liderada por el alcalde de Renovación Popular, Carlos Canales y la compañía INCOT SAC Contratistas Generales.
Caos en el circuito de playas hasta el 01 de abril Así las cosas, la bajada de Armendáriz ha sido cerrada totalmente al tránsito vehicular desde altas horas de la noche del jueves 27 de marzo, hasta el martes 01 de abril. ¿Las razones? La municipalidad de Miraflores anunció que reiniciaron las obras del Corredor Turístico, que enlazará Miraflores con Barranco, con el puente tubular en la quebrada mencionada. En tanto, la Municipalidad miraflorina informó que, el cierre será total hasta las 5:00 a. m. del martes 1 de abril.
A partir de esa fecha, las restricciones continuarán según el horario aprobado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML): de lunes a domingo, se restringirá el tránsito de 5:00 a. m. a 9:00 p. m., y el cierre será total de 9:00 p. m. a 5:00 a. m. del día siguiente. Según informan, la medida es requerida debido al movimiento de la gigantesca grúa que ocupará parte de los carriles. Se espera que una vez finalizadas las obras—anunciaron que sería dentro de tres meses, a fines del mes de junio—la vía será completamente reabierta.
Alcalde Canales en 2024 canceló contrato y perjudicó a vecinos
Como se recuerda, en diciembre del 2024, la Municipalidad de Miraflores resolvió el contrato con INCOT S.A.C. Contratistas Generales debido al incumplimiento en la culminación de un puente peatonal en los malecones que uniría a los distritos de Miraflores y Barranco, el cual se denomina: proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del Corredor Turístico Malecón de la Reserva”. Sin embargo, INCOT se defendió y le echó la culpa a la subcontratista, la empresa metalmecánica AMENPROD STELL S.A.C. tildándola como la verdadera responsable de la paralización de la obra, por no cumplir con la entrega de la estructura metálica, pese a que estaba pagada en un 95%. E incluso, porque pedían más dinero para cumplir con la entrega.
Rutas alternas durante el cierre
Mientras dure el cierre, los conductores deberán tomar rutas alternas para aminorar en algo el congestionamiento que ya viene perjudicándolos. Para el desplazamiento de norte a sur, se debe tomar la Subida San Martín hacia la Av. Del Ejército, girar a la izquierda en la Av. José Pardo, continuar por la Av. Ricardo Palma y luego acceder a la vía auxiliar de la Vía Expresa en dirección sur. Otra alternativa es usar la Bajada Balta desde el Circuito de Playas, girar a la derecha en la Av. Óscar R. Benavides (Diagonal) y seguir hasta la Av. José Pardo.
De sur a norte, quienes vengan de Barranco pueden tomar la salida 2 (Av. 28 de Julio) hacia la vía auxiliar de Paseo de la República, girar a la izquierda en la Av. Ricardo Palma, seguir por la Av. José Pardo hasta la Av. Del Ejército y continuar hasta la Subida San Martín. Otra opción es tomar la Av. Reducto, continuar por la Av. 28 de Julio, girar a la derecha en la Av. José Larco, luego girar nuevamente a la derecha en la Calle Shell, lo que llevará directamente a la Bajada Balta en dirección norte.
Los vecinos miraflorinos y barranquinos y los ciudadanos en general, esperan que la municipalidad de Miraflores, con supervisión de la MML, esta vez cumplan con los plazos de entrega, ya que se han visto dilatados durante meses y es exigible que el famoso puente peatonal realmente sea culminado en el mes de junio, de acuerdo a lo anunciado.
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Minsa emite alerta sanitaria por suero fisiológico defectuoso que hasta el momento ya habría causado la muerte de 3 personas [VIDEO]
En tanto, lote defectuoso de suero del laboratorio Medifarma se encuentra inmovilizado hasta determinar responsabilidades.
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Este 28 de marzo artistas confirman nueva manifestación ¡Marchamos todos! ‘No queremos Morir’
La movilización iniciará en el Parque Bustamante y Rivero, en San Isidro desde las 5 p.m. y se dirigirá hacia el Ministerio del Interior, con el fin de exigir al Gobierno de Dina Boluarte que tome medidas inmediatas contra la criminalidad.
Así como ocurrió el pasado viernes 21 de marzo, ciudadanos a través de diferentes plataformas han difundido una nueva convocatoria para manifestarse este viernes 28 de marzo, a las 5 de la tarde, en el Parque José Luis Bustamante y Rivero, en San Isidro. La protesta lleva como nombre ¡Marchamos todos! y en el cual los asistentes partirán desde el parque sanisidrino y se dirigirán a la sede del Ministerio del Interior, ubicada en la Av. Canaval y Moreyra.
Marcharán los artistas
Distintos artistas de salsa, cumbia, DJs, cantantes solistas y otros representantes del ámbito musical han compartido y difundido publicaciones sobre la convocatoria, e hicieron un llamado a la población a sumarse a la protesta. El objetivo de esta manifestación es exigir al Gobierno de Dina Boluarte, que tome acciones contra la criminalidad que día a día somete a la población a los más viles vejámenes y los asesina a mansalva, tal como ocurrió con la tragedia por el reciente homicidio del cantante Paul Flores.
Hace 11 días asesinaron a Paul Flores
Apenas hace una semana, la reconocida agrupación Armonía 10 compartió un mensaje en redes sociales en memoria de Paul Flores (39 años), conocido como ‘Ruso’, quien perdió la vida la madrugada del domingo 16 de marzo, tras ser víctima de un atentado armado. Se presume que el crimen estuvo vinculado a extorsionadores que habrían amenazado a la banda de cumbia.
Por causa de este execrable suceso, la ola de indignación en la comunidad artística y en la ciudadanía en general creció enormemente, y se organizó una primera marcha (21 de marzo) en la que cientos de personas salieron a las calles para exigir al Gobierno que tomen acciones rápidas y efectivas contra el crimen organizado, para que “no los sigan matando”.
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Nombramiento de sub oficial PNP en colegio Santa Rosa de Lima violaría convenio con Ministerio de Educación
Graves irregularidades frente a los ojos del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior.
En menos de diez días, una serie de denuncias sobre la gestión de la directora del colegio Santa Rosa de Lima, la suboficial PNP Flor Betzabé Cama Trebejo, ha llegado a la redacción de Lima Gris. Hemos publicado aquellas respaldadas con documentos oficiales y testimonios de fuentes involucradas, entre ellas: la asignación irregular de vacantes, la construcción de tres aulas sin un expediente técnico con dinero de los padres de familia y la manipulación del proceso de contratación docente.
Ahora, hemos accedido al documento titulado Convenio Marco N° 002-2019-MINEDU entre el Ministerio de Educación y la Policía Nacional del Perú. Este convenio establece que la designación de directores en colegios administrados por la PNP debe recaer exclusivamente en un oficial PNP. Es decir, el nombramiento de la suboficial Cama Trebejo sería irregular y contrario a la normativa vigente.
En la cláusula quinta del documento, titulada “Compromiso de las Partes”, se especifica que la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional del Perú tiene la obligación de designar en el cargo de Director, a un Oficial PNP. El convenio claramente señala: «podrán celebrar Convenios de Cooperación Institucional con la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía siempre, reconociendo como Director de II EE PNP, al Oficial designado por el Mininter (Ministerio del Interior)».
El nombramiento irregular de la suboficial Cama Trebejo no es un asunto menor; sería una violación directa a un convenio que busca garantizar una gestión adecuada en los colegios administrados por la PNP. Permitir que estas irregularidades se normalicen pone en riesgo no solo el cumplimiento de la normativa, sino también la calidad educativa de cientos de estudiantes.
En el mismo convenio, en la cláusula décimo segunda se señala: «En caso de incumplimiento, dentro de los 15 días calendario de producido el mismo, la parte afectada requerirá a la otra el cumplimiento de los compromisos asumidos, otorgándole un plazo de 15 días hábiles, bajo apercibimiento que el convenido quede resuelto de pleno derecho».
Es importante señalar que el convenio fue firmado por los exministro Daniel Alfaro y Carlos Morán. La educación no es un juego ni un espacio para la improvisación o el favoritismo. Es un derecho fundamental que debe ser protegido con responsabilidad y transparencia, y en este caso, es el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior quienes deben responder con acciones concretas.
No es posible que algunos integrantes de la Policía Nacional del Perú manejen espacios educativos como si fuera una chacra. Lo que más sorprende que esto sucede frente a los ojos del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior.
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Urgente: Peruanos en el exterior necesitan ayuda para adolescente accidentado en EE.UU.
Aviso de servicio público.
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Nuevo escándalo: acusan a directora de manipular proceso de contratación de docentes en colegio PNP Santa Rosa de Lima
Directora del colegio arrastra irregularidad de vacantes, construcción de tres aulas sin un expediente técnico y un cuestionado proceso de contratación de docentes.
Cuatro docentes han denunciado a la directora del colegio PNP Santa Rosa de Lima, la suboficial Flor Betzabé Cama Trebejo, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación docente para el año 2025, llevado a cabo en febrero. A pesar de haber presentado su reclamo ante el Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP, esta entidad les dio la espalda. Ante la falta de respaldo, ayer elevaron su denuncia a la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía. Lima Gris tuvo acceso al documento, el cual evidencia un caso de abuso de autoridad.
El 17 de febrero, cinco días después de la publicación de los resultados, la docente Mirtha Calderón recibió una carta firmada por la directora Flor Betzabé Cama Trebejo. En el documento, se detallaban los supuestos “criterios de evaluación” utilizados en el proceso de contratación. Según la directora, el puntaje se distribuía de la siguiente manera: “Título profesional (37puntos), formación continua 2024 (02 puntos), méritos y/o felicitaciones (02 puntos) y entrevista (45 puntos)”. Aunque no se especificó el puntaje máximo, la suma de estos valores reveló que los postulantes competían por un total de 86 puntos.
Directora Flor Betzabé Cama Trebejo.
La jugada de la entrevista personal
De acuerdo con el Ministerio de Educación, el título profesional es un requisito indispensable para la contratación docente. Quienes cumplían con esta condición debían recibir automáticamente los 37 puntos asignados. Hasta ese momento, el proceso parecía seguir un criterio imparcial. Sin embargo, la verdadera diferencia radicó en la distribución de los 49 puntos restantes.
Bajo esta fórmula, logros como un grado de maestría, un reconocimiento por buen desempeño, la experiencia profesional y la actualización académica quedaban reducidos a un máximo de 02 puntos, sin aclarar si eran acumulativos. En contraste, la entrevista personal tenía un peso determinante: 45 de los 49 puntos en disputa dependían del cuestionario realizado por un jurado compuesto por la directora, el subdirector y una docente, lo que dejaba un amplio margen de subjetividad en la calificación final.
La profesora Fanny Morán, quien laboró en el colegio Santa Rosa de Lima durante el 2024, declaró a Lima Gris: “El año pasado también hubo reclamos y, en enero de 2024, Inspectoría de la Policía reevaluó el proceso. Salí en segundo puesto y mi ficha de desempeño laboral de ese año es destacada. Sin embargo, este año, con este nuevo método no aprobé. Informé a la directora que tengo una maestría en Educación, 21 años de experiencia en aula, capacitación actualizada, un libro registrado en la Biblioteca Nacional, y he sido asesora pedagógica de la UGEL y la DRE. Pero su respuesta fue que eso no lo había evaluado. Prácticamente me dijo que mi trayectoria no vale”.
Carta al coronel Quiroz Dávila
Al día siguiente de la publicación de los resultados del “proceso de evaluación”, el 13 de febrero, los docentes Karen Barreto, Fanny Morán, Mirtha Díaz y Luis Almeida enviaron una carta manuscrita al coronel Erick Augusto Quiroz Dávila, jefe del Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP. En ella denunciaron las presuntas irregularidades en el proceso, señalando que este había favorecido a ciertos docentes de manera arbitraria. El documento evidenciaba una serie de maniobras premeditadas por parte de la directora Cama Trebejo, las cuales detallamos a continuación.
Coronel Erick Augusto Quiroz Dávila.
La carta inicia con una denuncia clara: “No se publicó el cronograma con sus criterios de evaluación”. Dos semanas después, el coronel Quiroz Dávila respondió afirmando que la convocatoria fue publicada el 6 de febrero en la página de Facebook Prensa Escolar La Voz Santarrosina 2018.
“El anuncio fue publicado en Facebook el 06 de febrero a las 10:30 de la mañana. Este describe que el plazo para la recepción de expedientes es el 06 y 07 de febrero”, afirma la docente Mirtha Díaz, quien laboró por 11 años en el colegio Santa Rosa. Esto revela que los profesores tuvieron menos de 24 horas para enterarse del proceso y postular sus expedientes. No hubo un canal formal de comunicación del proceso. Lima Gris comprobó que el anuncio fue borrado de la mencionada página de Facebook.
Otro punto crítico es que no existieron “criterios de evaluación”. Cuando los docentes exigieron claridad sobre estos, la respuesta del jefe del Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP resultó desconcertante: “La Directora dio a conocer las pautas de calificación del expediente y entrevista en concordancia con la mencionada directiva”. El coronel respalda la fórmula de puntuación de Cama Trebejo. Pero no responde: ¿Cuáles son y donde están los criterios de evaluación?
“No tuvimos ningún tipo de información durante el proceso. Un requisito para ser contratado en 2024 en el colegio Santa Rosa era haber aprobado el examen de nombramiento docente a la Carrera Pública Magisterial, yo he aprobado este año, sin embargo, ningún mérito ha sido tomado en cuenta por la directora”, afirma Karen Barreto, docente que laboró el año pasado en la mencionada escuela.
La profesora Barreto le tiene mucho cariño a este colegio “pues aquí estudié primaria y secundaria, cuando todo era tierra y no había pabellones, fueron 11 años de mi vida, y como docente el año pasado me he empeñado por mejorar la enseñanza de mis niños, el que no tengan a los mejores docentes no es culpa del Estado, sino de una evaluación injusta, lo padres de familia deben darse cuenta y plegarse a nuestro reclamo, porque son sus hijos los más afectados por la calidad educativa”.
En su denuncia, los docentes también cuestionan al jurado calificador de la etapa de entrevista y señalan que no debió integrarse como sub director de nivel primario a Fernando Quijano Alvarado, pues su título profesional corresponde al nivel secundario. Asimismo, denunciaron la ausencia de un actor clave en el proceso: el representante de los padres de familia en el Consejo Educativo Institucional (CONEI), Luis Alberto Garay Kuga, cuya participación en la evaluación de expedientes y entrevistas era obligatoria.
Respuesta de la directora.
Violaron la Ley
Según la norma vigente “que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para la contratación y renovación de profesores en el servicio docente en educación básica y técnico-productiva en el marco de la ley 30328”, es competencia de cada UGEL “determinar los puestos y/o cargos que conforman el comité” de contratación. Algo que la directora Flor Betzabé Cama Trebejo, no ha tenido en cuenta en su proceso de evaluación.
Los profesores señalan que la directora justifica su fórmula de evaluación afirmando de las instituciones Educativas de la PNP tienen independencia, sin embargo, la norma mencionada anteriormente precisa en su artículo 3 que el ámbito de su aplicación alcanza a “Instituciones Educativas Públicas gestionadas por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior de Educación Básica y Técnico-Productiva”.
Norma vigente.
En el proceso de contratación ideado por Cama Trebejo, el comité tampoco realizó el “cuadro de méritos en la etapa de evaluación de expedientes” que la norma establece en su artículo 5.2.
No se encuentran títulos de Docentes
Como resultado de este proceso de contratación, Lima Gris comprobó que, de un total de 8 docentes contratados en Primaria en el Colegio Santa Rosa, solo 4 registran título en Educación en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) o en el portal de “consulta de grados y títulos” del Ministerio de Educación. Uno alcanza al grado de bachiller y los otros tres no tienen registro en estas plataformas. Otro docente en al área de Arte y Cultura, del nivel secundario, tampoco se encuentra registrado.
Esta omisión viola, una vez más, la norma. Pues en su artículo 5.2 establece que el comité debe “Verificar en la Plataforma de Consulta Pública de Grados y Títulos de Educación Superior del Minedu que el título pedagógico de los postulantes se encuentre registrado, en el siguiente enlace: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/”.
Este artículo también especifica “Verificar en la plataforma de la SUNEDU, que el título universitario de licenciado en educación u otro de los postulantes al procedimiento de contrato, se encuentre registrado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales”. A la luz de la normativa vigente, son innumerables los vicios que las autoridades encontrarán en este proceso de contratación si toman cartas en el asunto.
A diez días de iniciadas las clases en el colegio Santa Rosa de Lima que es administrado por la Policía Nacional del Perú, son varias las denuncias que han llegado a la redacción de Lima Gris, sobre la directora Cama Trebejo. La asignación irregular de vacantes, la construcción de tres aulas sin un expediente técnico y un cuestionado proceso de contratación docente, son solo la punta de un iceberg.
Ayer, el expediente de denuncia de los profesores, con toda la documentación sustentatoria sobre el proceso de evaluación docente en el colegio Santa Rosa, ha sido enviado vía mesa de partes, al general PNP Antero Rasendo Mejía Escajadillo, director de Bienestar y Apoyo al Policía. Esta entidad, regula al Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP, el cual ha sido cómplice de la pésima gestión de Cama Trebejo.
Las entidades responsables, desde la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía hasta el Ministerio de Educación, deben intervenir para garantizar un proceso de contratación docente basado en la meritocracia y la transparencia. No se puede permitir que estas irregularidades sigan afectando la educación de cientos de estudiantes ni que el abuso de autoridad se normalice.
La educación pública no puede ser rehén de intereses personales; es momento de actuar con firmeza y recuperar la confianza en un sistema hoy cuestionado. Mientras no se tomen medidas concretas, los 900 alumnos del IE PNP Santa Rosa de Lima 2001, quedan expuestos a un sistema que prioriza el favoritismo sobre el mérito.
Mientras la directora Cama Trebejo continúa guardando silencio, desde las oficinas del Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior nos comunicaron que han solicitado una investigación y en las próximas horas se han comprometido en brindar una respuesta formal de lo que viene ocurriendo en el colegio de la familia policial.
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