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ACCOMARCA, 31 AÑOS TRAS LA JUSTICIA
TELMO HURTADO “EL CARNICERO DE LOS ANDES” EN SU JAULA FINAL
En la madrugada del 1 de setiembre del 2016 se terminó de leer el veredicto judicial donde una decena de militares peruanos fueron sentenciados entre 23 y 25 años por la matanza de Accomarca ocurrida hace 31 años. La Sala Penal Nacional integrada por los jueces Ricardo Brousset, María Vidal y Mirtha Bendezú determinó que se trató de un crimen masivo con crueldad y desprecio contra civiles, calificándolo como una grave violación de los derechos humanos.
1.
En esa foto de 1985 el subteniente Ejército Peruano Telmo Ricardo Hurtado Hurtado está cubriendo su mirada vacía con unos enormes lentes oscuros de aviador. Sobre sus labios, el frondoso bigote se desparrama en forma de paraguas a ambos lados de sus carrillos y su marcial camisa de desfiles está impecablemente planchada y en ella se observa galones y condecoraciones. Hurtado tenía 23 años en ese entonces y hoy no luce igual.
En la Sala Penal Nacional al interior del penal Castro Castro donde se lo procesa, Hurtado se exhibe demacrado e indefenso frente a la grita de los familiares de las víctimas de la matanza de Accomarca. “El carnicero de los Andes” como fue bautizado por la prensa, está acusado por el asesinato de 62 comuneros, entre mujeres, ancianos y niños, habitantes de aquel paraje en la provincia de Vilcashuamán, Ayacucho, un 14 de agosto de 1985. Su abogado, Luis Carmen Choquehuanca, sigue reconociendo que su patrocinado solo había cumplido órdenes encomendadas por sus superiores.
Las profesoras Jo-Marie Burt y María Rodríguez en el árticulo “El largo juicio por el caso de la masacre de Accomarca: El testimonio de Javier Diez Canseco”, Publicado en la página web, Juicios por Violaciones a los Derechos Humanos en el Perú, 14 de agosto de 2013 y editado luego en: HUARI BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y SOCIALES, AÑO I, Nº 2, afirman puntualmente que: “La demoras en juicios como el de Accomarca se ha vuelto muy común, y ello corresponde a problemas estructurales en cómo se está llevando estos juicios dentro del Poder Judicial”.
Luego, sintetizo, cómo describen las autoras en su trabajo que: “Desde noviembre del 2010 y cada 15 días las audiencias se sumergen en un pantano. La rutina es casi siempre la misma. A las 10 de la mañana, a los acusados, los abogados, los familiares de las víctimas no les permiten ingresar a la sala; “no han llegado los jueces”, les indican. A las 11 arriba una custer del Poder Judicial, desciende el secretario de la Sala cargando los voluminosos fajos del expediente Accomarca, también las juezas María Vidal y Mirtha Bendezú. La espera sigue. El director del Tribunal, juez Ricardo Brousset no llega. Casi al mediodía aparece. Recién se inicia la audiencia, el juez se disculpa por la tardanza. El juicio ya está entrando a sus fases finales, habiendo presentando el Ministerio Público sus testigos y sus evidencias. Ahora, le toca el turno de la defensa. Pero desde hace ya varias sesiones los testigos de la defensa nunca están. Los familiares de Accomarca consideran que es una estrategia de los militares “para dilatar y aburrir”.
Pero la historia va llegando a su fin. Lo rotundo del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ya había posibilitado que el caso fuese reabierto en el 2005 y así, el Poder Judicial volvió a procesar al general Mori Orso, el coronel Nelson Gonzales Feria (jefe de Estado Mayor de la II División de Infantería), Cesar Martínez Uribe Restrepo (G-2), Carlos Delgado Medina (G-3), José Williams Zapata (Jefe de la Compañía Lince), Helbert Gálvez Fernández (Jefe de la Base Contraguerrillas de Vilcashuamán), Ricardo Sotero Navarro (jefe político militar de Vilcashuamán), Telmo Hurtado Hurtado (Jefe de la patrulla Lince 7), Juan Rivera Rondón (Jefe de la Patrulla Lince 6) y los soldados integrantes de la patrulla de Hurtado.
En este nuevo proceso, Telmo Hurtado reconoció haber asesinado a los habitantes de Accomarca y que lo hizo porque se le fue ordenado por el comando militar de la II División de Infantería del Ejército. La investigación duró hasta el 2010. En noviembre de ese año, la Fiscalía acusó a Hurtado, Rivera y a los soldados de la patrulla Lince 7 como autores materiales del crimen. Por su parte, los altos oficiales Mori Orso, Gonzales Feria, Martínez Uribe, Delgado Medina, Williams Zapata, Gálvez Fernández fueron acusados de autoría mediata.
Así, después de casi 5 años, la etapa procesal llegó a su fin y el fiscal superior Landa sustentó la acusación oral contra los involucrados en este caso. La sentencia de la ‘matanza de Accomarca’ está en manos del Tribunal de la Sala Penal Nacional, integrada por Ricardo Brousett Salas (Presidente) y por las juezas superiores Mirtha Bendezú y María Vidal La Rosa.
General del Ejercito Peruano Wilfredo Mori Orzo condenado a 25 años.
2.
A mediados de la década de los ochenta, escuchar en Ayacucho, de fosas comunes y del primer ‘niño bomba’ –como bien recuerda el investigador Walter Quispe en su libro Historia del Perú—, era un asunto de mera cifra estadística. Los peruanos estábamos tan acostumbrados a los asesinatos civiles, que aquel genocidio de Accomarca pertenece a ese evento que los lugareños han llamado “guerra sucia” y hoy queda como un pasaje inadvertido y no forma parte de la conciencia de un país que se desangró con un resultado increíble: 69 mil peruanos asesinados. Telmo Hurtado es uno de sus símbolos y para él la guerra continua. El ex militar es un sujeto osco y hermético. Su ostracismo es tal, que sus visitas son contadas aunque no estuvieron prohibidas en ningún momento.
La mañana del 14 de agosto de 1985, aproximadamente 25 soldados a la orden de Hurtado y del teniente Juan Rivera Rondón llegaron a Llocllapampa, a tres kilómetro de Accomarca, y reunieron a los pobladores en la plaza. Las orden eran la de eliminar cualquier vestigio de la llamadas “escuelas populares” –núcleo de formación de los militante de Sendero Luminoso–. Así, separaron a hombres, mujeres y niños para dirigirlos a tres viviendas que incendiaron y a las que lanzaron granadas, a pesar de las súplicas de los comuneros. Pocos sobrevivieron. En aquel tiempo, Alan García era un presidente de prédica populista y muy pendiente de la opinión pública. Él mismo y ante la crueldad de los hechos, ordenó una investigación que presidió Javier Valle Riestra, la misma que llegó a entrevista a Telmo Hurtado quien diría por única vez: “Según mi decisión que yo he tomado, yo la considero correcta (…) Ustedes no viven las acciones de guerra que nosotros vivimos acá (…) A nosotros no nos agrada pero tenemos que cumplir para darles un mejor gobierno (…) Nosotros tenemos que realizar esas cosas por ustedes”, dijo Hurtado sin ningún tipo de remordimiento. Solo así, empezó a ser llamado “El carnicero de los Andes”.
En la celda apartada que lo cobija, Hurtado goza de un ambiente aislado y que él mismo ha sabido proteger. Para las autoridades del Inpe, su conducta es intachable y dice que vive igual que los otros reclusos y por lo tanto no es observado como un interno problemático. Sus compañeros de pabellón apenas han podidos cruzar palabras y ya han pasado ocho meses desde que fue confinado luego de haber estado detenido en los Estados Unidos. Hurtado, en el 2007 era un peruano más en Norteamérica y a finales de marzo de ese año fue apresado no por asesino sino por haber obtenido en su pasaporte un visado con falso testimonio. Es de esa fecha que las autoridades judiciales peruanas solicitaron su extradición inmediata ya que Hurtado estaba “requisitoriado” en el proceso seguido por la Sala Penal Nacional por el delito de asesinato en agravio de Juliana Baldeón y otras víctimas de Accomarca. Su abogado norteamericano presentó una serie de recursos judiciales para evitar su retorno. Todos ellos fueron desestimados debido a las gestiones de la justicia peruana quien coordinó con las autoridades centrales de los EEUU.
Primer aniversario del informe de la CVR. Foto: Walter Hupiu.
3.
Preso en Miami, Hurtado logró enturbiar el proceso de extradición el cual se alargó por cuatro años más. En julio del 2011, fue extraditado gracias a las presiones de diversas organizaciones de derechos humanos y que hoy siguen exigiendo, junto a los familiares de las víctimas, que el tribunal del caso decida con celeridad y probidad lo antes posible. El juicio oral que lleva la Sala Penal Nacional se inició el 4 noviembre y solo se ha interrogado a cinco de los 17 procesados de un total de 28 militares implicados en este caso. El Dr. Carlos Rivera, director adjunto del Instituto de Defensa Legal (IDL) y parte de la defensa declaró que: “estamos ante un hecho horrendo como fue el crimen de Accomarca y estamos ante la persona, que según las versiones de los sobrevivientes, de los propios efectivos militares y de los documentos que existen en el expediente, que ejecutó materialmente el crimen y, por lo tanto, estamos ante una persona que de alguna manera ha simbolizado la impunidad en el Perú”.
Rivera Paz recordó que existieron diversas instituciones desde el Estado peruano que permitieron que ese tipo de crímenes queden en la impunidad y que los perpetradores, e inclusive los que dieron las órdenes, tengan una carrera sin ningún tipo de inconveniente al interior de los institutos armados. “Más allá de que Telmo Hurtado fue investigado de manera fraudulenta en la justicia militar, el hecho concreto es que a pesar de que fue supuestamente condenado por el delito de negligencia, Telmo Hurtado siguió una carrera de ascenso en la jerarquía militar y del año 85 cuando tenía el grado de subteniente no se le pudo separar, sino hasta 1999, cuando ya tenía el grado de comandante del Ejército y eso significaba que toda esta pantomima de la justicia militar era una pantalla”, señaló Rivera.
“En Accomarca, asesinaron a mi madre Tomasa Chuchón Castillo así como a 15 primos y sobrinos. Ahora estoy contento porque después de 26 años de sufrimiento, por fin, este criminal pagará todo”, dijo Celestino Baldeón Chuchón (60) Presidente de la Comisión Víctimas de Accomarca. Dice el Dr. Rivera que el crimen solo se pudo conocer casi un mes después de perpetrarse, pero cuando se conoció -por la acción de los sobrevivientes- los que dieron la orden comenzaron a decir que Hurtado seguramente estaba loco. En realidad Hurtado estaba tan cuerdo como los que lo enviaron a Accomarca a destruir la subversión. Por ello, cuando en setiembre de 1985 una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados lo interrogó sobre las razones que tuvo para asesinar a mujeres, niños y ancianos, él solo respondió que lo hacía en defensa de la democracia y para que los que interrogaban estén sentados discutiendo en el Parlamento.
CODA
En esa foto de 1985 el subteniente Ejército Peruano Telmo Ricardo Hurtado Hurtado está cubriendo su mirada vacía con unos enormes lentes oscuros de aviador. Hurtado comandaba la patrulla “Lince 7” y solo hizo caso al operativo militar “Huancayoc” donde participaron las más altas autoridades del Ejército en Ayacucho quienes diseñaron un aparato organizado de poder que se estructuró sobre la organización militar de la Sub Zona de seguridad Nacional Nº 05”. Cierto, de aquellos años es el proceso seguido a los militares involucrados quienes fueron procesados por la Justicia Militar, tribunal que solo condenó a seis años de prisión al entonces subteniente Telmo Hurtado por los delitos de abuso de autoridad y negligencia, siendo favorecido posteriormente por las Leyes de Amnistía.
La foto está en la memoria de los deudos de Accomarca que así pudieron mirarlo a los ojos y exigirle que pague por sus actos y que denuncie a quienes les ordenaron tamaña crueldad. Inteligencia militar había identificado como delincuentes terroristas a esos peruanos. Hurtado recibió una orden y la cumplió.
LA SENTENCIA HISTÓRICA
Telmo Hurtado, finalmente fue sentenciado a 23 años . Además, por mayoría, la Sala Penal Nacional determinó que el general Wilfredo Mori Orzo dio la orden verbal al subteniente Telmo Hurtado para asesinar a más de 60 campesinos, considerados como terroristas. Afirmó que se trató de un crimen masivo con crueldad y desprecio contra civiles, calificándolo como una grave violación de los derechos humanos.
Pasada la medianoche, la Sala Penal Nacional continuaba leyendo la sentencia por la masacre de más de 60 pobladores de Accomarca, en una audiencia que comenzó con casi ocho horas de tardanza. La resolución concluyó que el jefe del Comando Político Militar de Ayacucho en 1985, Wilfredo Mori Orzo, dio la orden verbal de asesinar a los campesinos, entre los cuales había 23 niños menores de 10 años. Fue condenado a 25 años de prisión.
El tribunal indicó que se trató de una matanza colectiva ejecutada con absoluto desprecio a la dignidad humana. Precisó que al dar esa orden, Mori Orzo desvinculó a las Fuerzas Armadas del ordenamiento jurídico. Más aún cuando el alto mando del Ejército trató de ocultar el crimen cometido por una patrulla militar el 14 de agosto de 1985.
Como se recuerda, semanas después de la incursión militar, el Ejército afirmó que el crimen fue obra exclusiva del subteniente Telmo Hurtado Hurtado, entonces de 23 años, en un arranque de “locura de guerra”. Durante la lectura de la sentencia, se dio detalles sobre cómo fueron detenidos los pobladores, los obligaron a ingresar a dos viviendas, donde fueron acribillados y, luego, los volaron con granadas. Los magistrados resolvieron que está probado que en Accomarca se perpetró un asesinato masivo con crueldad y desprecio contra civiles.
La Sala estuvo integrada por los jueces Ricardo Brousset, María Vidal y Mirtha Bendezú quienes recalcaron que este caso es una grave violación de los derechos humanos, compatible con el delito de lesa humanidad. Tras más de cuatro horas, el colegiado, con voto en mayoría, halló responsabilidad en siete acusados como autores materiales, entre ellos al comandante Telmo Hurtado Hurtado, quien en 1985 (cuando era subteniente) lideró la patrulla Lince 7, y a Juan Rivera Rondón, de la patrulla Lince 6, que ejecutaron la matanza. También sentenciaron a los soldados, explicando que eran profesionales.
Además, la Sala determinó que tres de los acusados fueron autores mediatos. Enfatizaron que los hechos evidenciaron “una ilegal política de combate al desviar a su unidad del orden legal”. Los magistrados concluyeron, asimismo, que el Estado mayor operativo participó en la elaboración de la orden aprobada por Mori Orzo. Durante el juicio oral –que duró más de cinco años– Hurtado afirmó que recibió la orden de su comando de aniquilar a los pobladores de esa zona, por considerarlos subversivos. Incluso tuvo un careo con el general Mori Orzo, en el que se reafirmó en su acusación. En declaraciones de abril del 2012, Hurtado se declaró culpable, pero señaló que siguió órdenes de sus superiores, y que en el Ejército las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones.
También, decidieron absolver al general Williams Zapata, quien fue jefe de la Compañía Lince en 1985, y a otros 16 acusados. Solo Zapata y Telmo Hurtado asistieron a la lectura de la sentencia. El colegiado señaló que hay dificultad para determinar el número de víctimas, ya que al haber sido voladas con explosivos, no se pudo hallar todos los cuerpos. Al final, habló de 61.
Asimismo, los jueces resaltaron que la pena debe ser mayor porque el Estado es corresponsable de los acontecimientos. Añadió que el estrés que se vivía en los años de violencia política generaba una situación que propiciaba el desvalor de la vida y expresaron que la matanza cortó el proyecto de vida de los niños asesinados y ocasionó un daño irreparable a decenas de familias.
Desde temprano, más de 80 personas, entre familiares, periodistas y defensores de derechos humanos, esperaban el inicio de la audiencia, prevista para las 11 de la mañana. Sin embargo, solo pudieron ingresar 33 personas poco después de las 7 de la noche, en que empezó la diligencia.
Finalmente, más de 8 horas tuvieron que esperar abogados, deudos y periodistas, en el Penal Castro Castro, para que la Sala Penal Nacional iniciara la lectura de sentencia. La sala citó a las 11 a.m. pero sus integrantes llegaron a las 7 de la noche.
ENTRE 23 Y 25 AÑOS
las 2 y 17 am del 1 de setiembre se termina la lectura de la sentencia del caso Accomarca en sala de audiencias de penal Castro Castro.
–Nelson Gonzales Feria y Carlos Delgado Medina condenados a 25 años
–Juan Rivera Rondón condenado a 24 años
–Telmo Hurtado condenado por unanimidad a 23 años de prisión, descontada la que purgó, faltan 13 años 8 meses
–Gral. Mori Orzo condenado a 25 años
–Según los jueces: siete de los acusados son autores materiales y tres autores mediatos y hubo “Grave violación de los derechos humanos compatible con el delito de lesa humanidad”
–Williams Zapata absuelto de acusación fiscal por improbanza de asesinato y daños contra el cuerpo y la salud
–Once encausados no han comparecido al juicio, dos son contumaces
–Reparaciòn civil. 150,000 soles a los herederos de cada una de las víctimas de Accomarca.
–Fiscal interpone recurso de nulidad respecto de responsables d hechos 13 de sep de 1985, cuando mataron a sobreviviente
Actualidad
Gobierno Regional de Loreto intensifica mantenimiento de la carretera Iquitos-Nauta y exige mayor apoyo del Ejecutivo
Gestión del gobernador René Chávez reafirma su compromiso con Loreto.
El Gobierno Regional de Loreto, a través de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC), ha intensificado las labores de mantenimiento rutinario en la carretera Iquitos – Nauta, una de las principales vías terrestres de la región amazónica. Las acciones, que comprenden la limpieza de malezas, desbroce de áreas invadidas por la vegetación, limpieza de cunetas y bacheo en zonas críticas, forman parte de una estrategia de conservación de esta importante arteria vial que conecta la capital regional con el distrito de Nauta.
Según lo anunciado por el gobierno regional, el mantenimiento de esta vía es considerado una prioridad, no solo por su relevancia para el tránsito de personas y mercancías, sino también porque es una de las pocas rutas terrestres que permite una conexión directa entre poblaciones del interior de Loreto. La Amazonía, caracterizada por su geografía compleja y dispersión territorial, depende en gran medida del buen estado de sus carreteras para facilitar el acceso a servicios básicos, el comercio local y la reactivación económica de la región.
El Dr. Pío Flores, gerente de la GRTC, informó que, además del mantenimiento rutinario, su despacho viene desarrollando los estudios técnicos necesarios para el mejoramiento integral de la carretera Iquitos-Nauta. “No solo se trata de parchar huecos o limpiar los bordes. Esta vía necesita una intervención mayor, y estamos trabajando en los estudios que lo permitan. Pero sin apoyo del Gobierno central, será difícil avanzar”, declaró Flores.
En ese sentido, el funcionario hizo un llamado enérgico al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional Descentralizado, así como al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para que asignen mayores recursos al Gobierno Regional de Loreto y a las municipalidades locales. “Con los escasos recursos que tenemos, hacemos lo posible por mantener nuestras vías transitables. Pero esto no puede recaer únicamente en los gobiernos regionales. El Estado debe entender que la conectividad en la Amazonía es una cuestión de urgencia y justicia territorial”, agregó.
La carretera Iquitos-Nauta, que ha sido históricamente afectada por el abandono y las inclemencias del clima, representa una línea vital para más de 120 mil personas que habitan en los distritos adyacentes. En épocas de lluvia intensa, muchas de sus zonas quedan prácticamente intransitables, lo que pone en riesgo la seguridad de los usuarios y limita el traslado de bienes de primera necesidad.
El Gobierno Regional de Loreto reitera su compromiso con el desarrollo vial de la región y continuará ejecutando labores de mantenimiento mientras gestiona el financiamiento necesario para proyectos de infraestructura más sostenibles. La ciudadanía espera que las autoridades nacionales escuchen este llamado y que, por fin, la selva deje de ser olvidada en el mapa de prioridades del Estado peruano.
Gestión del gobernador René Chávez reafirma su compromiso con Loreto. pic.twitter.com/q9tsxnKOZB
— Revista Lima Gris (@Limagris) April 17, 2025
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‘Cajuela’ de motorizados de delivery deberá estar fijada al chasis del vehículo
Quienes brinden servicios deberán empadronarse en el “Registro Nacional de Envíos de Entrega Rápida” de lo contrario ya no podrán circular, y deberán contar con DNI o carné de extranjería, domicilio y correo electrónico, domicilio del representante legal y partida de inscripción registral de la empresa. Asimismo, los motorizados no podrán llevar acompañantes.
Las cajuelas portátiles que aún llevan en sus espaldas los miles de repartidores motorizados del servicio delivery que circulan por todo el país, están con las horas contadas, debido al reciente Decreto Supremo n.° 006-2025-MTC emitido este jueves 17 de abril, que aprueba medidas específicas para fortalecer la seguridad ciudadana en materia de tránsito y transporte. El mismo que establece la creación de un registro obligatorio para los repartidores de delivery, quienes dentro de un mes deberán inscribirse en dicho padrón a través de sus municipalidades.
Es decir, a partir del 17 de mayo de 2025, todos los repartidores de delivery, ya sean personas naturales o vinculadas a empresas o aplicaciones, están obligados a registrarse, en el «Registro Nacional de Prestadores y Conductores del Servicio y Actividad de Transporte de Envíos de Entrega Rápida», parte del Sistema Nacional de Registros de Transporte y Tránsito (SINARETT).
Requisitos para registrarse como repartidor delivery
El registro incluye a conductores de motocicletas, bicimotos y bicicletas. Estos deberán cumplir con requisitos como presentar su DNI o carné de extranjería, licencia de conducir, placa del vehículo, SOAT vigente y certificado de inspección técnica, cuando corresponda.
-Nombre, razón o denominación social.
-Documento nacional de identidad (DNI), carné de extranjería o número del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
-El domicilio y correo electrónico de la persona natural o jurídica solicitante.
-De corresponder, el nombre y domicilio del representante legal y número de partida de inscripción registral de la empresa solicitante y de las facultades del representante legal de la persona jurídica.
-Nombre, documento nacional de identidad o carné de extranjería y número de licencia de conducir del (los) conductor(es) que se solicita habilitar, cuando corresponda.
-El número de las placas de rodaje de los vehículos que se solicita habilitar, cuando corresponda, señalando que los mismos cumplen con las condiciones establecidas en el presente reglamento.
-Contar con certificado SOAT y certificado de inspección técnica vehicular vigente, cuando corresponda.
-Número de operación de pago por derecho de trámite.
También se exigirá una declaración jurada donde se comprometan a no llevar acompañantes y a transportar los paquetes en cajuelas, salvo en el caso de bicicletas.
Se acabaron ‘cajuelas portátiles’ adheridas en espaldas de motorizados
En uno de los preceptos del Decreto Supremo en mención se indica las condiciones técnicas específicas que en lo sucesivo se exigirá a los motorizados repartidores del servicio de delivery
Artículo 24-A.- Condiciones técnicas específicas exigibles a los vehículos destinados al servicio de transporte de envíos de entrega rápida
24-A1 Sólo se puede destinar al servicio de transporte de envíos de entrega rápida vehículos que correspondan a la categoría L subcategorías L1 y L3 del ANEXO I. CLASIFICACIÓN VEHICULAR del RNV y bicicletas. 24-A.2 Los vehículos de la categoría L subcategorías L1 y L3 deben contar con los siguientes elementos, características, equipamientos o dispositivos:
a. Sistema de frenos;
b. Sistema Sonoro;
c. Láminas retrorreflectivas;
d. Alumbrado delantero y trasero; y
e. Cajuela para reparto de mercancía, en la cual debe consignarse la Placa Única Nacional de Rodaje y ser fijada al chasis posterior del vehículo.
Si repartidor no tiene moto, deberá tener ‘contrato de arrendamiento’
La norma contempla situaciones en las que el repartidor no sea propietario del vehículo. En estos casos, se deberá presentar un contrato de arrendamiento que indique expresamente que el vehículo será usado para entrega de pedidos. Este documento será validado por las municipalidades provinciales, que deberán verificar que el arrendador sea el dueño legítimo.
Vehículos permitidos para el servicio de delivery
-Motocicletas: Cilindrada mayor a 50 cm3. Velocidad máxima mayor a 50 km/h
-Bicimotos: Cilindrada de hasta 50 cm3. Velocidad máxima de 50 km/h
-Bicicletas: De todo tipo
Adicionalmente, los conductores deberán participar en capacitaciones dictadas por las municipalidades provinciales sobre calidad de servicio, normativas de tránsito y seguridad vial. El incumplimiento de cualquiera de estos lineamientos podrá generar sanciones severas.
Repartidores que no cumplan con la norma pagarán más de S/ 4 mil
Las infracciones por operar sin estar registrado, o por no cumplir las condiciones establecidas serán consideradas «Graves» o «Muy Graves». Cada falta está sujeta a una multa de 0.8 UIT, equivalente a S/ 4.280, además del decomiso del vehículo y su internamiento.
Entre las infracciones figuran: prestar el servicio sin autorización, transportar mercancías fuera de la cajuela, llevar acompañantes, utilizar vehículos sin las condiciones técnicas exigidas o manejar con una licencia vencida, suspendida o no correspondiente.
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Fallece periodista Álamo Pérez – Luna a la edad de 61 años
Un año atrás, polifacético comunicador había indicado que le habían extirpado un tumor maligno en el riñón.
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Sodalicio acata orden del Vaticano y queda oficialmente suprimida
Tras décadas de denuncias por abuso sexual, psicológico y físico, el Vaticano ha puesto fin al Sodalicio de Vida Cristiana.
Perdieron el rumbo en el camino y hoy les toca acatar la orden directa del Santo Padre. El Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) ha dejado de existir oficialmente desde ayer, luego de que el superior general de la comunidad firmara el decreto de supresión como Sociedad de Vida Apostólica laical.
La disolución fue confirmada por el propio SVC a través de un comunicado en su sitio web.
La decisión, aprobada por el papa Francisco, pone fin a una institución marcada durante años por denuncias de abusos físicos, psicológicos y sexuales contra sus integrantes, perpetrados por sus líderes y fundadores.
“Con dolor y obediencia aceptamos esta decisión”, señala el comunicado.
En el mismo documento, el disuelto grupo pide perdón por los maltratos y abusos cometidos en la comunidad.
“Nuestra mirada se dirige también a las víctimas; les reiteramos nuestro sincero pedido de perdón por los maltratos y abusos cometidos en nuestra comunidad. Pedimos perdón también a toda la Iglesia y a la sociedad por el dolor ocasionado”, señala el texto.
Asimismo, se da a conocer el nombramiento de monseñor Jordi Bertomeu Farnós como comisario apostólico, encargado de la ejecución del proceso de supresión.
Previo a la entrega del decreto de disolución, se identificaron las propiedades y fundaciones vinculadas al Sodalicio con el fin de evaluar su destino como parte del proceso de reparación a las víctimas y el sustento de los miembros que dependían de la comunidad.
Como se recuerda, hace dos décadas surgieron denuncias de exmiembros que fueron profundizadas por investigaciones periodísticas, las cuales expusieron los abusos sistemáticos perpetrados por su fundador, el laico peruano Luis Fernando Figari, quien fue finalmente expulsado del grupo en agosto de 2024.
El dato:
El SVC se resistió a formalizar su disolución, a pesar de la orden del papa Francisco emitida en enero de 2025.Según el abogado José Ugaz, representante de seis víctimas no indemnizadas, el SVC maniobró para vaciar sus bienes y fondos antes de la disolución, con el fin de evitar que sean gestionados por el Vaticano. Ugaz alertó al Vaticano sobre esta posible fuga de dinero y ocultamiento de patrimonio en una carta enviada el 24 de marzo.
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El hampa chalaca quiere erradicar a los extorsionadores venezolanos con sus propias manos [VIDEO]
Delincuentes del primer puerto indicaron que extranjeros han “roto” todos los códigos del bajo mundo.
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Metro de Lima: Cierran estaciones La Cultura y Nicolás Arriola por persona herida en rieles [VIDEO]
Como es habitual, la Línea 1 del Metro de Lima ha emitido un comunicado indicando que el cierre temporal se debe a un “incidente ajeno a su operación”. Sin embargo, cada cierto tiempo aquellos incidentes consisten en intentos de suicidios de personas que fortuitamente deciden arrojarse a los rieles de la vía ante la inoperancia de los miembros de seguridad.
Alrededor de las 10.30 de la mañana de este lunes 14 de abril, se reportó un nuevo incidente en la Estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima. De acuerdo a la información preliminar, una persona resultó herida y fue evacuada al centro de salud más cercano para recibir atención médica. Sin embargo, como es habitual, a través de un comunicado ambiguo, el servicio de transporte público anunció el cierre temporal de las estaciones La Cultura y Nicolás Arriola, indicando que dicho cierre se debe a un incidente ajeno a su operación, evitando informar las verdaderas razones de la suspensión.
Es decir, el servicio de trenes se ha restringido de la siguiente manera: Desde Villa El Salvador hasta San Borja Sur y desde Bayóvar hasta Gamarra.
No habrá circulación de trenes entre San Borja Sur y Gamarra, por lo que las estaciones afectadas no ofrecerán servicio al público.
Las autoridades del Metro de Lima recomiendan a los usuarios considerar otros medios de transporte para sus desplazamientos y agradecen la comprensión del público. Además, solicitan seguir las indicaciones del personal en estaciones.
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Ex operario de Medifarma, acusado por aprobación de suero defectuoso, responde: “Me imputaron esos hechos” [VIDEO]
Roy Chávez Llicán indica que farmacéutica lo coaccionó a admitir responsabilidad, obligándolo además a renunciar.
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Paralizan obras del hotel Sol Ollantaytambo Boutique ante presuntas irregularidades en su construcción
Desde tempranas horas del día, DDC del Cusco intervino construcción salpicada por presuntos actos de corrupción.
Lo que mal empieza, mal termina. Luego de hacerse pública la denuncia de Andrés Bravo Pinedo, presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Ollantaytambo, respecto a un presunto acto de corrupción perpetrado nada menos que por el alcalde de Ollantaytambo Paul Palma, en colusión con la propietaria del hotel Sol Ollantaytambo Boutique, Lucinda Miranda Farfán, y su administrador Derik Miranda Farfán, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco, con apoyo de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) paralizaron la construcción del mencionado recinto hotelero como parte de una “medida cautelar” dispuesta por el despacho de Cultura.
La labor fiscalizadora, en principio, le corresponde a la municipalidad de Ollantaytambo, encabezada por Paul Palma, sin embargo, al estar dicha autoridad involucrada en las investigaciones, la encargada de realizar la medida preventiva fue la DDC del Cusco.
Y es que como ya se publicara en este medio, Andrés Bravo Pinedo viene denunciando una presunta red de tráfico de influencias y abuso de autoridad por parte del alcalde Paul Palma y los representantes del hotel Sol Ollantaytambo Boutique.
De acuerdo a los primeros informes obtenidos, la municipalidad de Ollantaytambo otorgó, sin pasar por las comisiones técnicas correspondientes, el permiso de restitución volumétrica para dicha obra, la misma que hasta la fecha no cuenta con una orden de demolición.
“La tardanza en la anulación y la ausencia de una orden de demolición sugieren complicidad o negligencia por parte de las autoridades, permitiendo que el daño al patrimonio continúe”, se lee en la nota publicada el pasado 2 de abril del año en curso.
Asimismo, continúa el informe, “entre las autorizaciones otorgadas de forma irregular se encuentran las siguientes: autorización N° 001-2023-GDUR – MDO, autorización N° 016-2024-GDUR – MDO, y la autorización N° 020-2024-GDUR – MDO. Además, la ejecución de obras no cumple con la normativa vigente, donde los propietarios deberían presentar el expediente respectivo al procedimiento administrativo, en concordancia al Reglamento de Intervenciones Arqueológicas vigente aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2022-MC, de fecha 23 de noviembre del 2022”.
La nota completa en el siguiente enlace:
Ollantaytambo: atentado al Patrimonio Arqueológico revela presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de Autoridad
Finalmente, se tuvo conocimiento que la diligencia realizada esta mañana no acudió personal de la Fiscalía, impidiéndose la incautación de las herramientas y maquinarias, y constatando que al término del encintado aún habían obreros trabajando dentro de dicho inmueble.
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