Actualidad
ACCOMARCA, 31 AÑOS TRAS LA JUSTICIA

TELMO HURTADO “EL CARNICERO DE LOS ANDES” EN SU JAULA FINAL
En la madrugada del 1 de setiembre del 2016 se terminó de leer el veredicto judicial donde una decena de militares peruanos fueron sentenciados entre 23 y 25 años por la matanza de Accomarca ocurrida hace 31 años. La Sala Penal Nacional integrada por los jueces Ricardo Brousset, María Vidal y Mirtha Bendezú determinó que se trató de un crimen masivo con crueldad y desprecio contra civiles, calificándolo como una grave violación de los derechos humanos.
1.
En esa foto de 1985 el subteniente Ejército Peruano Telmo Ricardo Hurtado Hurtado está cubriendo su mirada vacía con unos enormes lentes oscuros de aviador. Sobre sus labios, el frondoso bigote se desparrama en forma de paraguas a ambos lados de sus carrillos y su marcial camisa de desfiles está impecablemente planchada y en ella se observa galones y condecoraciones. Hurtado tenía 23 años en ese entonces y hoy no luce igual.
En la Sala Penal Nacional al interior del penal Castro Castro donde se lo procesa, Hurtado se exhibe demacrado e indefenso frente a la grita de los familiares de las víctimas de la matanza de Accomarca. “El carnicero de los Andes” como fue bautizado por la prensa, está acusado por el asesinato de 62 comuneros, entre mujeres, ancianos y niños, habitantes de aquel paraje en la provincia de Vilcashuamán, Ayacucho, un 14 de agosto de 1985. Su abogado, Luis Carmen Choquehuanca, sigue reconociendo que su patrocinado solo había cumplido órdenes encomendadas por sus superiores.
Las profesoras Jo-Marie Burt y María Rodríguez en el árticulo “El largo juicio por el caso de la masacre de Accomarca: El testimonio de Javier Diez Canseco”, Publicado en la página web, Juicios por Violaciones a los Derechos Humanos en el Perú, 14 de agosto de 2013 y editado luego en: HUARI BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y SOCIALES, AÑO I, Nº 2, afirman puntualmente que: “La demoras en juicios como el de Accomarca se ha vuelto muy común, y ello corresponde a problemas estructurales en cómo se está llevando estos juicios dentro del Poder Judicial”.
Luego, sintetizo, cómo describen las autoras en su trabajo que: “Desde noviembre del 2010 y cada 15 días las audiencias se sumergen en un pantano. La rutina es casi siempre la misma. A las 10 de la mañana, a los acusados, los abogados, los familiares de las víctimas no les permiten ingresar a la sala; “no han llegado los jueces”, les indican. A las 11 arriba una custer del Poder Judicial, desciende el secretario de la Sala cargando los voluminosos fajos del expediente Accomarca, también las juezas María Vidal y Mirtha Bendezú. La espera sigue. El director del Tribunal, juez Ricardo Brousset no llega. Casi al mediodía aparece. Recién se inicia la audiencia, el juez se disculpa por la tardanza. El juicio ya está entrando a sus fases finales, habiendo presentando el Ministerio Público sus testigos y sus evidencias. Ahora, le toca el turno de la defensa. Pero desde hace ya varias sesiones los testigos de la defensa nunca están. Los familiares de Accomarca consideran que es una estrategia de los militares “para dilatar y aburrir”.
Pero la historia va llegando a su fin. Lo rotundo del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ya había posibilitado que el caso fuese reabierto en el 2005 y así, el Poder Judicial volvió a procesar al general Mori Orso, el coronel Nelson Gonzales Feria (jefe de Estado Mayor de la II División de Infantería), Cesar Martínez Uribe Restrepo (G-2), Carlos Delgado Medina (G-3), José Williams Zapata (Jefe de la Compañía Lince), Helbert Gálvez Fernández (Jefe de la Base Contraguerrillas de Vilcashuamán), Ricardo Sotero Navarro (jefe político militar de Vilcashuamán), Telmo Hurtado Hurtado (Jefe de la patrulla Lince 7), Juan Rivera Rondón (Jefe de la Patrulla Lince 6) y los soldados integrantes de la patrulla de Hurtado.
En este nuevo proceso, Telmo Hurtado reconoció haber asesinado a los habitantes de Accomarca y que lo hizo porque se le fue ordenado por el comando militar de la II División de Infantería del Ejército. La investigación duró hasta el 2010. En noviembre de ese año, la Fiscalía acusó a Hurtado, Rivera y a los soldados de la patrulla Lince 7 como autores materiales del crimen. Por su parte, los altos oficiales Mori Orso, Gonzales Feria, Martínez Uribe, Delgado Medina, Williams Zapata, Gálvez Fernández fueron acusados de autoría mediata.
Así, después de casi 5 años, la etapa procesal llegó a su fin y el fiscal superior Landa sustentó la acusación oral contra los involucrados en este caso. La sentencia de la ‘matanza de Accomarca’ está en manos del Tribunal de la Sala Penal Nacional, integrada por Ricardo Brousett Salas (Presidente) y por las juezas superiores Mirtha Bendezú y María Vidal La Rosa.

General del Ejercito Peruano Wilfredo Mori Orzo condenado a 25 años.
2.
A mediados de la década de los ochenta, escuchar en Ayacucho, de fosas comunes y del primer ‘niño bomba’ –como bien recuerda el investigador Walter Quispe en su libro Historia del Perú—, era un asunto de mera cifra estadística. Los peruanos estábamos tan acostumbrados a los asesinatos civiles, que aquel genocidio de Accomarca pertenece a ese evento que los lugareños han llamado “guerra sucia” y hoy queda como un pasaje inadvertido y no forma parte de la conciencia de un país que se desangró con un resultado increíble: 69 mil peruanos asesinados. Telmo Hurtado es uno de sus símbolos y para él la guerra continua. El ex militar es un sujeto osco y hermético. Su ostracismo es tal, que sus visitas son contadas aunque no estuvieron prohibidas en ningún momento.
La mañana del 14 de agosto de 1985, aproximadamente 25 soldados a la orden de Hurtado y del teniente Juan Rivera Rondón llegaron a Llocllapampa, a tres kilómetro de Accomarca, y reunieron a los pobladores en la plaza. Las orden eran la de eliminar cualquier vestigio de la llamadas “escuelas populares” –núcleo de formación de los militante de Sendero Luminoso–. Así, separaron a hombres, mujeres y niños para dirigirlos a tres viviendas que incendiaron y a las que lanzaron granadas, a pesar de las súplicas de los comuneros. Pocos sobrevivieron. En aquel tiempo, Alan García era un presidente de prédica populista y muy pendiente de la opinión pública. Él mismo y ante la crueldad de los hechos, ordenó una investigación que presidió Javier Valle Riestra, la misma que llegó a entrevista a Telmo Hurtado quien diría por única vez: “Según mi decisión que yo he tomado, yo la considero correcta (…) Ustedes no viven las acciones de guerra que nosotros vivimos acá (…) A nosotros no nos agrada pero tenemos que cumplir para darles un mejor gobierno (…) Nosotros tenemos que realizar esas cosas por ustedes”, dijo Hurtado sin ningún tipo de remordimiento. Solo así, empezó a ser llamado “El carnicero de los Andes”.
En la celda apartada que lo cobija, Hurtado goza de un ambiente aislado y que él mismo ha sabido proteger. Para las autoridades del Inpe, su conducta es intachable y dice que vive igual que los otros reclusos y por lo tanto no es observado como un interno problemático. Sus compañeros de pabellón apenas han podidos cruzar palabras y ya han pasado ocho meses desde que fue confinado luego de haber estado detenido en los Estados Unidos. Hurtado, en el 2007 era un peruano más en Norteamérica y a finales de marzo de ese año fue apresado no por asesino sino por haber obtenido en su pasaporte un visado con falso testimonio. Es de esa fecha que las autoridades judiciales peruanas solicitaron su extradición inmediata ya que Hurtado estaba “requisitoriado” en el proceso seguido por la Sala Penal Nacional por el delito de asesinato en agravio de Juliana Baldeón y otras víctimas de Accomarca. Su abogado norteamericano presentó una serie de recursos judiciales para evitar su retorno. Todos ellos fueron desestimados debido a las gestiones de la justicia peruana quien coordinó con las autoridades centrales de los EEUU.

Primer aniversario del informe de la CVR. Foto: Walter Hupiu.
3.
Preso en Miami, Hurtado logró enturbiar el proceso de extradición el cual se alargó por cuatro años más. En julio del 2011, fue extraditado gracias a las presiones de diversas organizaciones de derechos humanos y que hoy siguen exigiendo, junto a los familiares de las víctimas, que el tribunal del caso decida con celeridad y probidad lo antes posible. El juicio oral que lleva la Sala Penal Nacional se inició el 4 noviembre y solo se ha interrogado a cinco de los 17 procesados de un total de 28 militares implicados en este caso. El Dr. Carlos Rivera, director adjunto del Instituto de Defensa Legal (IDL) y parte de la defensa declaró que: “estamos ante un hecho horrendo como fue el crimen de Accomarca y estamos ante la persona, que según las versiones de los sobrevivientes, de los propios efectivos militares y de los documentos que existen en el expediente, que ejecutó materialmente el crimen y, por lo tanto, estamos ante una persona que de alguna manera ha simbolizado la impunidad en el Perú”.
Rivera Paz recordó que existieron diversas instituciones desde el Estado peruano que permitieron que ese tipo de crímenes queden en la impunidad y que los perpetradores, e inclusive los que dieron las órdenes, tengan una carrera sin ningún tipo de inconveniente al interior de los institutos armados. “Más allá de que Telmo Hurtado fue investigado de manera fraudulenta en la justicia militar, el hecho concreto es que a pesar de que fue supuestamente condenado por el delito de negligencia, Telmo Hurtado siguió una carrera de ascenso en la jerarquía militar y del año 85 cuando tenía el grado de subteniente no se le pudo separar, sino hasta 1999, cuando ya tenía el grado de comandante del Ejército y eso significaba que toda esta pantomima de la justicia militar era una pantalla”, señaló Rivera.
“En Accomarca, asesinaron a mi madre Tomasa Chuchón Castillo así como a 15 primos y sobrinos. Ahora estoy contento porque después de 26 años de sufrimiento, por fin, este criminal pagará todo”, dijo Celestino Baldeón Chuchón (60) Presidente de la Comisión Víctimas de Accomarca. Dice el Dr. Rivera que el crimen solo se pudo conocer casi un mes después de perpetrarse, pero cuando se conoció -por la acción de los sobrevivientes- los que dieron la orden comenzaron a decir que Hurtado seguramente estaba loco. En realidad Hurtado estaba tan cuerdo como los que lo enviaron a Accomarca a destruir la subversión. Por ello, cuando en setiembre de 1985 una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados lo interrogó sobre las razones que tuvo para asesinar a mujeres, niños y ancianos, él solo respondió que lo hacía en defensa de la democracia y para que los que interrogaban estén sentados discutiendo en el Parlamento.
CODA
En esa foto de 1985 el subteniente Ejército Peruano Telmo Ricardo Hurtado Hurtado está cubriendo su mirada vacía con unos enormes lentes oscuros de aviador. Hurtado comandaba la patrulla “Lince 7” y solo hizo caso al operativo militar “Huancayoc” donde participaron las más altas autoridades del Ejército en Ayacucho quienes diseñaron un aparato organizado de poder que se estructuró sobre la organización militar de la Sub Zona de seguridad Nacional Nº 05”. Cierto, de aquellos años es el proceso seguido a los militares involucrados quienes fueron procesados por la Justicia Militar, tribunal que solo condenó a seis años de prisión al entonces subteniente Telmo Hurtado por los delitos de abuso de autoridad y negligencia, siendo favorecido posteriormente por las Leyes de Amnistía.
La foto está en la memoria de los deudos de Accomarca que así pudieron mirarlo a los ojos y exigirle que pague por sus actos y que denuncie a quienes les ordenaron tamaña crueldad. Inteligencia militar había identificado como delincuentes terroristas a esos peruanos. Hurtado recibió una orden y la cumplió.
LA SENTENCIA HISTÓRICA
Telmo Hurtado, finalmente fue sentenciado a 23 años . Además, por mayoría, la Sala Penal Nacional determinó que el general Wilfredo Mori Orzo dio la orden verbal al subteniente Telmo Hurtado para asesinar a más de 60 campesinos, considerados como terroristas. Afirmó que se trató de un crimen masivo con crueldad y desprecio contra civiles, calificándolo como una grave violación de los derechos humanos.
Pasada la medianoche, la Sala Penal Nacional continuaba leyendo la sentencia por la masacre de más de 60 pobladores de Accomarca, en una audiencia que comenzó con casi ocho horas de tardanza. La resolución concluyó que el jefe del Comando Político Militar de Ayacucho en 1985, Wilfredo Mori Orzo, dio la orden verbal de asesinar a los campesinos, entre los cuales había 23 niños menores de 10 años. Fue condenado a 25 años de prisión.
El tribunal indicó que se trató de una matanza colectiva ejecutada con absoluto desprecio a la dignidad humana. Precisó que al dar esa orden, Mori Orzo desvinculó a las Fuerzas Armadas del ordenamiento jurídico. Más aún cuando el alto mando del Ejército trató de ocultar el crimen cometido por una patrulla militar el 14 de agosto de 1985.
Como se recuerda, semanas después de la incursión militar, el Ejército afirmó que el crimen fue obra exclusiva del subteniente Telmo Hurtado Hurtado, entonces de 23 años, en un arranque de “locura de guerra”. Durante la lectura de la sentencia, se dio detalles sobre cómo fueron detenidos los pobladores, los obligaron a ingresar a dos viviendas, donde fueron acribillados y, luego, los volaron con granadas. Los magistrados resolvieron que está probado que en Accomarca se perpetró un asesinato masivo con crueldad y desprecio contra civiles.
La Sala estuvo integrada por los jueces Ricardo Brousset, María Vidal y Mirtha Bendezú quienes recalcaron que este caso es una grave violación de los derechos humanos, compatible con el delito de lesa humanidad. Tras más de cuatro horas, el colegiado, con voto en mayoría, halló responsabilidad en siete acusados como autores materiales, entre ellos al comandante Telmo Hurtado Hurtado, quien en 1985 (cuando era subteniente) lideró la patrulla Lince 7, y a Juan Rivera Rondón, de la patrulla Lince 6, que ejecutaron la matanza. También sentenciaron a los soldados, explicando que eran profesionales.
Además, la Sala determinó que tres de los acusados fueron autores mediatos. Enfatizaron que los hechos evidenciaron “una ilegal política de combate al desviar a su unidad del orden legal”. Los magistrados concluyeron, asimismo, que el Estado mayor operativo participó en la elaboración de la orden aprobada por Mori Orzo. Durante el juicio oral –que duró más de cinco años– Hurtado afirmó que recibió la orden de su comando de aniquilar a los pobladores de esa zona, por considerarlos subversivos. Incluso tuvo un careo con el general Mori Orzo, en el que se reafirmó en su acusación. En declaraciones de abril del 2012, Hurtado se declaró culpable, pero señaló que siguió órdenes de sus superiores, y que en el Ejército las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones.
También, decidieron absolver al general Williams Zapata, quien fue jefe de la Compañía Lince en 1985, y a otros 16 acusados. Solo Zapata y Telmo Hurtado asistieron a la lectura de la sentencia. El colegiado señaló que hay dificultad para determinar el número de víctimas, ya que al haber sido voladas con explosivos, no se pudo hallar todos los cuerpos. Al final, habló de 61.
Asimismo, los jueces resaltaron que la pena debe ser mayor porque el Estado es corresponsable de los acontecimientos. Añadió que el estrés que se vivía en los años de violencia política generaba una situación que propiciaba el desvalor de la vida y expresaron que la matanza cortó el proyecto de vida de los niños asesinados y ocasionó un daño irreparable a decenas de familias.
Desde temprano, más de 80 personas, entre familiares, periodistas y defensores de derechos humanos, esperaban el inicio de la audiencia, prevista para las 11 de la mañana. Sin embargo, solo pudieron ingresar 33 personas poco después de las 7 de la noche, en que empezó la diligencia.
Finalmente, más de 8 horas tuvieron que esperar abogados, deudos y periodistas, en el Penal Castro Castro, para que la Sala Penal Nacional iniciara la lectura de sentencia. La sala citó a las 11 a.m. pero sus integrantes llegaron a las 7 de la noche.
ENTRE 23 Y 25 AÑOS
las 2 y 17 am del 1 de setiembre se termina la lectura de la sentencia del caso Accomarca en sala de audiencias de penal Castro Castro.
–Nelson Gonzales Feria y Carlos Delgado Medina condenados a 25 años
–Juan Rivera Rondón condenado a 24 años
–Telmo Hurtado condenado por unanimidad a 23 años de prisión, descontada la que purgó, faltan 13 años 8 meses
–Gral. Mori Orzo condenado a 25 años
–Según los jueces: siete de los acusados son autores materiales y tres autores mediatos y hubo “Grave violación de los derechos humanos compatible con el delito de lesa humanidad”
–Williams Zapata absuelto de acusación fiscal por improbanza de asesinato y daños contra el cuerpo y la salud
–Once encausados no han comparecido al juicio, dos son contumaces
–Reparaciòn civil. 150,000 soles a los herederos de cada una de las víctimas de Accomarca.
–Fiscal interpone recurso de nulidad respecto de responsables d hechos 13 de sep de 1985, cuando mataron a sobreviviente
Actualidad
Mineros informales bloquean siete carreteras tras ser excluidos del REINFO
La exclusión de más de 50 mil mineros del REINFO expone el fracaso de una política de formalización que nunca llegó a los territorios.

Las tensiones en el sector minero estallaron este lunes 7 de julio, luego de que el Gobierno excluyera a más de 50.000 mineros de la pequeña minería y minería artesanal del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La medida ha desencadenado bloqueos en al menos siete vías nacionales, interrumpiendo el tránsito en regiones clave como La Libertad, Arequipa, Cusco e Ica.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, señaló que solo 31.500 mineros han cumplido parcialmente con los requisitos del REINFO y deberán completar cinco etapas adicionales antes de diciembre de 2025. Estas incluyen la formalización laboral, acuerdos de acceso a superficie, firma de contratos con los titulares de concesiones y la incorporación al nuevo Fondo Minero, un mecanismo diseñado para canalizar recursos hacia el desarrollo sostenible del sector.
Por su parte, la presidenta Dina Boluarte justificó la exclusión afirmando que cerca de 45.000 mineros llevaban más de cuatro años sin avanzar en su formalización, a pesar de una prórroga otorgada desde noviembre de 2024. Además, se identificaron 1.500 casos de uso irregular de permisos, incluyendo su alquiler o tercerización en zonas ya concesionadas, lo que habría generado conflictos legales y sociales.
Siete carreteras bloqueadas
De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), todas las interrupciones en vías nacionales están vinculadas directamente a protestas por parte de mineros informales y pequeños productores. El monitoreo realizado en coordinación con la Policía Nacional, Defensa Civil y concesionarias viales muestra las siguientes rutas afectadas:
Trujillo – Agallpampa – Quiruvilca (km 121), La Libertad: interrumpida por huelga de mineros.
Longitudinal de la Costa Sur (km 443), Ica, Nasca: bloqueada por protesta de la Confederación Nacional de Pequeña Minería.
Mara – Velille (km 37+600), Cusco, Chumbivilcas: vía cerrada por manifestación de mineros artesanales.
Mara – Velille (km 121), Cusco, Chamaca: nuevo punto de bloqueo reportado por la misma confederación.
Costa Sur (km 619), Arequipa, Chala: interrupción por movilización de pequeños mineros.
Costa Sur (km 782), Arequipa, Camaná: manifestación de pobladores vinculados a la minería informal.
Sierra Norte (km 129+500), La Libertad, Quiruvilca: protesta de mineros artesanales.
La situación genera serias afectaciones al transporte de carga, alimentos y personas, además de evidenciar un problema estructural no resuelto: la informalidad minera y la incapacidad del Estado para implementar una política de formalización efectiva y sostenida en el tiempo.
Desde el Gobierno, el mensaje es claro: quienes no cumplan con los pasos establecidos quedarán fuera del proceso. Sin embargo, la falta de acompañamiento técnico, la demora institucional y la débil presencia estatal en zonas mineras explican en parte el fracaso de la formalización. Hoy, esa deuda estalla en las carreteras.
Actualidad
Miguel Ángel Requejo: una ‘tentativa de homicidio’ que exige justicia
La jueza Kharla Orellana Sánchez dictó nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo, acusado de embestir con su camioneta en el restaurante ‘El Charrúa’.

En un país donde la impunidad muchas veces se confunde con indulgencia, el Poder Judicial ha ordenado nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo Astochado, el sujeto imputado por tentativa de homicidio calificado, omisión de socorro y otros cargos, tras haber embestido con su vehículo el restaurante «El Charrúa», en La Molina. Este hecho, que dejó cuatro heridos y cuantiosos daños materiales, pudo haber terminado en una tragedia de dimensiones mayores.
La noche del miércoles 2 de julio, Requejo Astochado —según la acusación fiscal— condujo y estrelló su automóvil directamente contra el establecimiento gastronómico, poniendo en grave riesgo la vida de comensales y trabajadores. Entre los lesionados figuran Augusto Fernando Ramengui Quintanilla, Mario Rodolfo Barbacci Quintanilla, Aníbal Aliaga Masías y Dante Ricardo Consiglieri Chávez. Más allá del impacto físico y económico, lo ocurrido revela una profunda irresponsabilidad criminal que hoy intenta disfrazarse de arrepentimiento.
Durante la audiencia, la fiscal Karen Rosario Cueva Quispe fue categórica: el acusado no solo huyó de la escena sin brindar auxilio a los heridos —lo cual evidencia su desprecio por la vida ajena— sino que además tiene antecedentes por lesiones dolosas. A pesar de autodenominarse empresario, no presentó prueba alguna de arraigo laboral. ¿Cómo confiar entonces en que no intentará fugar del país?
Lo más llamativo, sin embargo, fue el cambio de actitud del imputado al escuchar la decisión de la jueza Kharla Orellana Sánchez, quien finalmente acogió el pedido fiscal, dictando 9 meses de prisión de preventiva y dispuso su reclusión hasta abril de 2026. En ese momento, el acusado rompió en llanto y pidió perdón entre balbuceos, apelando a la conmiseración con frases como «El restaurante es como mi casa» o “no sé qué pasó, perdí mis lentes”.
Actualidad
Técnicos de la FAP son investigados por robar componentes aeronáuticos en Iquitos
Grave escándalo en la Fuerza Aérea del Perú: red de corrupción, robo de componentes aéreos y presuntos vínculos con sicarios comprometen al Grupo Aéreo N.º 42 en Iquitos.

Por Jorge Linares
El pasado 7 de enero del presente año fue hallado el TIP FAP Boris Meléndrez Seminario en una situación comprometedora con una caja conteniendo diversas piezas pertenecientes a las aeronaves DHC6-Twin Otter Series 300/400, dentro de uno de los almacenes del Grupo Aéreo N° 42 en la ciudad de Iquitos.
Asimismo, se pudo comprobar que no es la primera vez que el TIP FAP Meléndrez incurre en estos actos perniciosos contra la Fuerza Aérea del Perú, como consta en la carpeta fiscal N° 1328-2024, donde se le investiga por ser el único responsable de la pérdida de 4 componentes aéreos: 2 unidades FCU (unidad de control de combustible) y 2 unidades gobernadores de hélices, valorados aproximadamente en medio millón de dólares.
Según las investigaciones de este caso, llama la atención que dos de los testigos claves —el TIP FAP Ronal Borbor Reátegui y el TC3 FAP César Vega Paredes— expresan contradicciones con respecto a la presencia de ambos en un área restringida como es el almacén de alto costo.

De acuerdo con las investigaciones por parte de la Policía y el Ministerio Público, se viene descubriendo más nombres relacionados a otros hechos similares y se puede vincular con una organización criminal dentro de la institución aérea, porque estas personas se han valido de los servicios de un sicario para atentar contra la vida del personal denunciante o de cualquier persona que atente contra sus intereses. Esta afirmación lo corroboró el SO3 FAP Gonzalo Jesús Espinoza Camacho en una colaboración notarial (16 de julio de 2024) al verse descubierto y ser parte de esta estructura criminal, como consta en la carpeta fiscal 17-2025, derivada de la carpeta fiscal 1161-2024.
El SO2 FAP (r) Carlos Andrés Burgos Huapaya, quien en su momento fue abogado de los implicados, manifestó que había dejado de llevar la defensa legal del SO3 FAP Anghelo Albornoz Córdova porque era indefendible ante las evidencias que hay en su contra por haber envenenado al perro guardián para ingresar sin autorización al hangar del Escuadrón de Mantenimiento N° 426 del Grupo Aéreo N° 42 el 13 de julio del 2024 a las 3:40 a.m. y que contó con la participación de los técnicos TC3 FAP César Vega Paredes, SO2 FAP Julio Gonzáles Ramírez y el sicario, quien hasta la fecha no está identificado; pero hay una probabilidad de que sea un mal miembro de la PNP del grupo terna. Burgos también aseveró que este robo de piezas de aviones es una práctica antigua en el Grupo Aéreo N° 42.

Desde el inicio de las investigaciones hasta la fecha, ninguno de los investigados se presentó a dar sus declaraciones, dejando entrever una posición obstruccionista y sospechosa para esclarecer estos hechos execrables que son materia de investigación, a excepción del SO3 FAP Gonzalo Jesús Espinoza Camacho, quien se ratificó de su primera manifestación en la sede policial y fiscal. Todos los implicados pertenecían al área de mantenimiento de motores del Grupo Aéreo N° 42 y ya fueron dados de baja, a excepción del TIP FAP Ronal Borbor Reátegui, quien pidió de manera voluntaria su pase a retiro, despertando mayor sospecha en su persona ya que tenía una carrera militar ascendente.
Es de mucha valía que las autoridades del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea del Perú, brinden importancia a este escándalo de corrupción dentro de la institución aérea, porque más allá del evidente robo millonario que le vienen haciendo al país estos malos efectivos, perjudican de manera directa la gran labor social que realiza el Grupo Aéreo N° 42 en la Amazonía peruana.
Actualidad
Pisaq y Tipón bajo amenaza: turistas defecan en nuestro patrimonio por falta de baños
Una denuncia ciudadana revela que, por falta de baños y señalización, turistas estarían utilizando zonas arqueológicas como letrinas

Hay actos que no solo denotan ignorancia, sino un desprecio inconsciente –y por eso más brutal– por la historia que nos sostiene. Lo que está ocurriendo en los Parques Arqueológicos de Pisaq y Tipón no es una simple anécdota escatológica, como algún burócrata desganado podría resumir en un parte olvidable. Es, en verdad, una forma sutil y cruel de profanación.
El 29 de junio, según denuncias de guías turísticos, visitantes defecaron y orinaron entre las piedras sagradas de nuestros ancestros. Y no lo hicieron por rebeldía o vandalismo gratuito, sino porque no hay baños. Así de sencillo. Así de grotesco.
La escena sería cómica si no fuera tan trágica: turistas desesperados, buscando dónde aliviarse, mientras la brisa andina arrastra los ecos de un pasado glorioso convertido en letrina. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible que un país que se llena la boca hablando de su riqueza patrimonial no sea capaz de instalar un baño seco, una letrina digna, un mísero cartel que diga “por aquí no”?
El problema no es nuevo. Lo nuevo es la frecuencia con la que se repite, la indiferencia con la que se recibe, y la absoluta desidia de quienes deben solucionarlo. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, órgano que debería velar por estos santuarios, parece vivir en un letargo administrativo. La escasa señalización, la falta de personal de resguardo y la inexistencia de puntos de información para los visitantes no son fallas técnicas: son síntomas de una renuncia institucional a proteger lo que nos define.

Pero la responsabilidad no termina ahí. El Ministerio de Cultura, que debería ser la conciencia vigilante del país, se ha convertido en una oficina de trámites opacos, más preocupada en sostener convenios insólitos con asociaciones ufológicas que en evitar que las ruinas se llenen de heces.
Lo que ocurre en Pisaq y Tipón no es solo un atentado físico contra las piedras: es una erosión simbólica. Cada micción entre muros incas es una bofetada a nuestra identidad. Cada excremento, una prueba de que el Estado se desentiende de su misión civilizatoria. Porque eso es, al final, el patrimonio: un recordatorio de que venimos de algo más alto que nosotros mismos.
No basta con declarar la indignación. Urge que el Estado reaccione, que asigne presupuesto, que entienda –de una buena vez– que la defensa del patrimonio no es un lujo, sino una urgencia nacional. Que los caminos del turismo no pueden estar sembrados de basura, ni los templos ancestrales convertidos en urinarios.
Si no somos capaces de proteger ni siquiera las huellas de quienes nos precedieron, ¿cómo aspiramos a dejar alguna huella nosotros?
Actualidad
Respuesta a Carta Notarial de Hotel Casa República
El gerente general del ‘Hotel Casa República’ envió una carta notarial requiriendo que se rectifiquen las supuestas expresiones falsas y difamatorias publicadas en una nota periodística del 17 de junio en nuestra web. Esta es la respuesta de Lima Gris.

Llegó a nuestra redacción una carta notarial fechada el 25 de junio de 2025, recibida con fecha 2 de julio del presente, enviada por el gerente general del Hotel Casa República, señor Juan José Mendoza Arredondo, en la que se nos requiere la rectificación de una nota periodística publicada el 17 de junio de 2025 en el portal digital de la revista Lima Gris, titulada: “Barranco y el ruido del Hotel Casa República”, bajo el argumento de que la misma contendría afirmaciones «falsas y difamatorias».
Al respecto, como medio de comunicación debidamente constituido y en ejercicio legítimo de la libertad de prensa, respetuosamente expresamos lo siguiente:
- Libertad de información y de expresión protegidas constitucionalmente
La publicación realizada por Lima Gris responde a la labor periodística de informar sobre hechos de interés público, en este caso, las quejas y preocupaciones de vecinos del distrito de Barranco respecto al impacto de ciertas actividades nocturnas en su entorno urbano y patrimonial. Esto se encuentra amparado por el artículo 2 inciso 4 de la Constitución Política del Perú, que reconoce el derecho fundamental a «buscar, recibir y difundir información de toda índole por cualquier medio de comunicación». Este derecho no solo ampara a los periodistas, sino también a la ciudadanía que tiene derecho a ser informada.
- Veracidad y sustento de la información publicada
Contrario a lo afirmado en su carta notarial, la publicación en mención no contiene expresiones difamatorias ni afirmaciones falsas. La información difundida ha sido elaborada con base en fuentes verificables, incluyendo testimonios directos de residentes, material audiovisual y reportes ciudadanos disponibles en redes sociales y otras plataformas. En ningún momento se ha atribuido de manera maliciosa o con intención de dañar, la generación de «escándalos nocturnos» al hotel sin fundamento fáctico.
- No existe animus difamandi
El contenido publicado se enmarca en un ejercicio legítimo de crítica y fiscalización periodística. Como lo ha sostenido reiteradamente el Tribunal Constitucional del Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el debate público admite expresiones incluso severas cuando se trata de asuntos de interés común. La publicación no ha tenido como propósito afectar la imagen de su representada, sino evidenciar un problema urbano percibido por un sector de la comunidad.

- Exigencia desproporcionada y amedrentamiento a la prensa
La amenaza de iniciar acciones penales y civiles en caso de no acceder a un pedido de «rectificación total en 24 horas» constituye una forma de censura indirecta y presión indebida sobre la libertad de prensa, prohibida por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Resulta preocupante que un actor privado pretenda condicionar la labor informativa mediante la judicialización de contenidos críticos.
- Posibilidad de réplica o descargo
Como corresponde a un medio que respeta el pluralismo, reiteramos que el Hotel Casa República pudo ejercer su derecho a réplica en el mismo portal, en vista que pudimos comunicarnos telefónicamente con el gerente Juan José Mendoza Arredondo, y cuyas versiones fueron debidamente transcritas en la misma publicación en calidad de descargo.
Por lo tanto, no existe obligación legal de rectificar contenidos que han sido redactados de buena fe, con base en hechos y bajo un interés informativo legítimo. En consecuencia, rechazamos el requerimiento de rectificación exigido en su carta notarial.
Sin otro particular, reafirmamos nuestro compromiso con el periodismo independiente, crítico y respetuoso del estado de derecho.
Actualidad
Sujeto embiste su camioneta en conocido restaurante porque local lo había expulsado debido a que se encontraba presuntamente bajo los signos del alcohol [VIDEO]
Miguel Ángel Requejo Astochado ahora será denunciado por tentativa de homicidio.

Un demente al volante. La noche de ayer, comensales del restaurante ‘El Charrúa’, ubicado en el distrito de La Molina, previo el incidente, indicaron que Miguel Ángel Requejo (51 años), había discutido con los mozos del local, quienes procedieron a expulsarlo ya que el sujeto había ingerido bastante alcohol y estaba incomodando a los demás comensales.
Minutos después, el sujeto se sube en su moderna camioneta para conducir sin frenos hasta la fachada del local, colisionando sin importarle que adentro se encontraban personas consumiendo.
Producto del salvaje impacto resultaron heridas dos personas, además del daño material ocasionado por el irresponsable conductor.
Uno de los afectados mencionó que procederá a denunciar penalmente a Requena, calificando el hecho de tentativa de homicidio, tildando además de “enfermo mental” al ebrio chofer, quien no paraba de gritar en todo momento, relata el agraviado, que era un magnate y podía hacer cualquier cosa.
«Ya está detenido. Es un enfermo mental. Esto es un intento de homicidio. Nosotros estamos pidiendo la cuenta y pagando. En un principio estaba sentado y me levanté no sé cómo segundos antes de que el carro se empotre por eso que estaba a un costado e igual me hizo volar», detalló a Canal N.
En tanto, el restaurante ‘El Charrúa’, lamentó el incidente ocurrido anoche, manifestando que colaborará directamente con la Policía para suministrar las grabaciones dentro del local.
«Desde ‘El Charrúa’, reafirmamos nuestro firme compromiso con la seguridad y el bienestar de todos nuestros clientes y colaboradores. Como medida preventiva y con el objetivo de reforzar nuestros protocolos internos, hoy miércoles 3 de julio permaneceremos cerrados», indicaron.
Actualidad
Clínica Delgado-Auna responde a sanción de Susalud por filtración del historial médico de Shakira
Centro de salud privado indicó que el caso se encuentra en “proceso de revisión” y que apelará multa de más de 600 mil soles.

Quieren ir hasta las últimas. La Clínica Delgado-Auna recientemente emitió un comunicado respondiendo a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) por el caso que los involucra con la cantante colombiana Shakira. Al respecto, indicaron que dicho caso aún se encuentra en “proceso de revisión”, pues no existe hasta el momento una resolución final.
Como se recuerda, en febrero pasado, el historial clínico de la cantante barranquillera fue divulgado públicamente por personal de ese centro de salud privado, constituyéndose una grave vulneración a la confidencialidad de los datos de las personas, sean nacionales o extranjeras.
Es así que Susalud le impuso una multa a la clínica equivalente a S/668,750 por la difusión no autorizada del parte médico de la cantante Isabel Mebarak Ripoll, mejor conocida como Shakira.
Al respecto, la Clínica Delgado-Auna también indicó que apelará la millonaria sanción, argumentando que el caso se encuentra bajo evaluación por el Tribunal de Susalud, contando para ello con 15 días hábiles para presentar formalmente su impugnación.
“Clínica Delgado presentará la impugnación correspondiente para que el caso sea evaluado por el Tribunal de SuSalud, conforme lo establece el debido proceso, confiando en la solidez de los argumentos que nos respaldan. Cabe señalar que contamos con un plazo de 15 días hábiles para impugnar”, concluye el comunicado.

Actualidad
Fiscalía investiga a Johny Isla y a Jeanette Águeda Gutiérrez por caso ‘Líneas de Nasca’
El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra los dos funcionarios de la DDC de Cultura de Ica y el alcalde de Nasca, William Jorge Bravo Quispe, por presunto atentado contra las Líneas y geoglifos de Nasca, Patrimonio Mundial de la Unesco.

El Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca, a cargo del fiscal provincial José Alejandro Meléndez Curasi, ha iniciado una investigación preliminar de 60 días —con posibilidad de ampliarse— contra dos funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica y el alcalde de la Municipalidad Provincial de Nasca. Están siendo investigados por los presuntos delitos de atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes funcionales y abuso de autoridad, en agravio del Estado Peruano.

Los involucrados son la arqueóloga Jeanette Águeda Gutiérrez Achulla, responsable interina de la DDC de Ica, Johny Augusto Isla Cuadrado, arqueólogo responsable del Sistema de Gestión Nasca-Palpa de dicha dirección; y William Jorge Bravo Quispe, actual alcalde de Nasca.

La investigación se origina tras la modificación del área de reserva arqueológica de las Líneas y geoglifos de Nasca y Palpa, declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco. Esta zona protegida fue delimitada inicialmente en 1993 y reafirmada en 2004, cubriendo un total de 5,633.47 km². Sin embargo, una reciente resolución viceministerial —la N° 000128-2025-VMPCIC/MC, firmada a fines de mayo por la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva— redujo esta área a solo 3,235 km². Es decir, se recortaron 2,397 km² de territorio protegido.
La denuncia sostiene que esta reducción no cumplió con los procedimientos legales requeridos. Además, acusa que la resolución habría sido emitida como una “maniobra falaz” para encubrir posibles irregularidades.

El Ministerio Público investiga si la resolución favoreció intereses mineros. Se han detectado petitorios mineros en las zonas que quedaron fuera de la protección, así como posibles vínculos familiares y políticos entre los involucrados. También se denunció la exclusión de más de 100 sitios arqueológicos, y se presume la existencia de una red político-económica que habría actuado para facilitar la reducción del área protegida con fines de lucro y tráfico de terrenos.
Este caso surge semanas después de que el ciudadano Leonardo Favio Rojas Escajadillo denunciara ante la Fiscalía Especializada de Restos Arqueológicos y Monumentos de Nasca y Palpa a varios altos funcionarios, incluyendo al ministro de Cultura, Fabricio Valencia, y a la viceministra Novoa Silva.

En la acusación también figuran el director de la DDC de Ica, Injante Tipismana; Miriam Moquillaza Ramos; Johny Isla; Henmer Alva Neyra; el gobernador regional Jorge Hurtado Herrera; Javier Borjas Olaechea; el alcalde William Bravo Quispe y el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo. Sin embargo, la Fiscalía por el momento inició investigación preliminar contra las tres personas indicadas en la introducción de esta nota.
-
Política5 años ago
Las licencias de Benavides [VIDEO]
-
Política5 años ago
La universidad fantasma de Benavides
-
Actualidad5 años ago
Richard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»
-
General5 años ago
Dan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional
-
Política4 años ago
Altos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas
-
Actualidad2 años ago
Carlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»
-
Cultura5 años ago
MINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING
-
Cultura4 años ago
«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo