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ACCOMARCA, 31 AÑOS TRAS LA JUSTICIA

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TELMO HURTADO “EL CARNICERO DE LOS ANDES” EN SU JAULA FINAL

 

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En la madrugada del 1 de setiembre del 2016 se terminó de leer el veredicto judicial donde una decena de militares peruanos fueron sentenciados entre 23 y 25 años por la matanza de Accomarca ocurrida hace 31 años. La Sala Penal Nacional integrada por los jueces Ricardo Brousset, María Vidal y Mirtha Bendezú determinó que se trató de un crimen masivo con crueldad y desprecio contra civiles, calificándolo como una grave violación de los derechos humanos.

1.

En esa foto de 1985 el subteniente Ejército Peruano Telmo Ricardo Hurtado Hurtado está cubriendo su mirada vacía con unos enormes lentes oscuros de aviador. Sobre sus labios, el frondoso bigote se desparrama en forma de paraguas a ambos lados de sus carrillos y su marcial camisa de desfiles está impecablemente planchada y en ella se observa galones y condecoraciones. Hurtado tenía 23 años en ese entonces y hoy no luce igual.

En la Sala Penal Nacional al interior del penal Castro Castro donde se lo procesa, Hurtado se exhibe demacrado e indefenso frente a la grita de los familiares de las víctimas de la matanza de Accomarca. “El carnicero de los Andes” como fue bautizado por la prensa, está acusado por el asesinato de 62 comuneros, entre mujeres, ancianos y niños, habitantes de aquel paraje en la provincia de Vilcashuamán, Ayacucho, un 14 de agosto de 1985.  Su abogado, Luis Carmen Choquehuanca, sigue reconociendo que su patrocinado solo había cumplido órdenes encomendadas por sus superiores.

Las profesoras Jo-Marie Burt y María Rodríguez en el árticulo “El largo juicio por el caso de la masacre de Accomarca: El testimonio de Javier Diez Canseco”, Publicado en la página web, Juicios por Violaciones a los Derechos Humanos en el Perú, 14 de agosto de 2013 y editado luego en: HUARI BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y SOCIALES, AÑO I, Nº 2, afirman puntualmente que: “La demoras en juicios como el de Accomarca se ha vuelto muy común, y ello corresponde a problemas estructurales en cómo se está llevando estos juicios dentro del Poder Judicial”.

Luego, sintetizo, cómo describen las autoras en su  trabajo que: “Desde noviembre del 2010 y cada 15 días las audiencias se sumergen en un pantano. La rutina es casi siempre la misma. A las 10 de la mañana, a los acusados, los abogados, los familiares de las víctimas no les permiten ingresar a la sala; “no han llegado los jueces”, les indican. A las 11 arriba una custer del Poder Judicial, desciende el secretario de la Sala cargando los voluminosos fajos del expediente Accomarca, también las juezas María Vidal y Mirtha Bendezú. La espera sigue. El director del Tribunal, juez Ricardo Brousset no llega. Casi al mediodía aparece. Recién se inicia la audiencia, el juez se disculpa por la tardanza. El juicio ya está entrando a sus fases finales, habiendo presentando el Ministerio Público sus testigos y sus evidencias. Ahora, le toca el turno de la defensa. Pero desde hace ya varias sesiones los testigos de la defensa nunca están. Los familiares de Accomarca consideran que es una estrategia de los militares “para dilatar y aburrir”.

Pero la historia va llegando a su fin. Lo rotundo del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ya había posibilitado que el caso fuese reabierto en el 2005 y así, el Poder Judicial volvió a procesar al general Mori Orso, el coronel Nelson Gonzales Feria (jefe de Estado Mayor de la II División de Infantería), Cesar Martínez Uribe Restrepo (G-2), Carlos Delgado Medina (G-3), José Williams Zapata (Jefe de la Compañía Lince), Helbert Gálvez Fernández (Jefe de la Base Contraguerrillas de Vilcashuamán), Ricardo Sotero Navarro (jefe político militar de Vilcashuamán), Telmo Hurtado Hurtado (Jefe de la patrulla Lince 7), Juan Rivera Rondón (Jefe de la Patrulla Lince 6) y los soldados integrantes de la patrulla de Hurtado.

En este nuevo proceso, Telmo Hurtado reconoció haber asesinado a los habitantes de Accomarca y que lo hizo porque se le fue ordenado por el comando militar de la II División de Infantería del Ejército. La investigación duró hasta el 2010. En noviembre de ese año, la Fiscalía acusó a Hurtado, Rivera y a los soldados de la patrulla Lince 7 como autores materiales del crimen. Por su parte, los altos oficiales Mori Orso, Gonzales Feria, Martínez Uribe, Delgado Medina, Williams Zapata, Gálvez Fernández fueron acusados de autoría mediata.

Así, después de casi 5 años, la etapa procesal llegó a su fin y el fiscal superior Landa sustentó la acusación oral contra los involucrados en este caso. La sentencia de la ‘matanza de Accomarca’ está en manos del Tribunal de la  Sala Penal Nacional, integrada por Ricardo Brousett Salas (Presidente) y por las juezas superiores Mirtha Bendezú y María Vidal La Rosa.

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General del Ejercito Peruano Wilfredo Mori Orzo condenado a 25 años.

2.

A mediados de la década de los ochenta, escuchar en Ayacucho, de fosas comunes y del primer ‘niño bomba’ –como bien recuerda el investigador Walter Quispe en su libro Historia del Perú—, era un asunto de mera cifra estadística. Los peruanos estábamos tan acostumbrados a los asesinatos civiles, que aquel genocidio de Accomarca pertenece a ese evento que los lugareños han llamado “guerra sucia” y hoy queda como un pasaje inadvertido y no forma parte de la conciencia de un país que se desangró con un resultado increíble: 69 mil peruanos asesinados. Telmo Hurtado es uno de sus símbolos y para él la guerra continua. El ex militar es un sujeto osco y hermético. Su ostracismo es tal, que sus visitas son contadas aunque no estuvieron prohibidas en ningún momento.

La mañana del 14 de agosto de 1985, aproximadamente 25 soldados a la orden de Hurtado y del teniente Juan Rivera Rondón llegaron a Llocllapampa, a tres kilómetro de Accomarca, y reunieron a los pobladores en la plaza. Las orden eran la de eliminar cualquier vestigio de la llamadas “escuelas populares” –núcleo de formación de los militante de Sendero Luminoso–. Así, separaron a hombres, mujeres y niños para dirigirlos a tres viviendas que incendiaron y a las que lanzaron granadas, a pesar de las súplicas de los comuneros. Pocos sobrevivieron. En aquel tiempo, Alan García era un presidente de prédica populista y muy pendiente de la opinión pública. Él mismo y ante la crueldad de los hechos,  ordenó una investigación que presidió Javier Valle Riestra, la misma que llegó a entrevista a Telmo Hurtado quien diría por única vez: “Según mi decisión que yo he tomado, yo la considero correcta (…) Ustedes no viven las acciones de guerra que nosotros vivimos acá (…) A nosotros no nos agrada pero tenemos que cumplir para darles un mejor gobierno (…) Nosotros tenemos que realizar esas cosas por ustedes”, dijo Hurtado sin ningún tipo de remordimiento. Solo así, empezó a ser llamado “El carnicero de los Andes”.

En la celda apartada que lo cobija, Hurtado goza de un ambiente aislado y que él mismo ha sabido proteger. Para las autoridades del Inpe, su conducta es intachable y dice que vive igual que los otros reclusos y por lo tanto no es observado como un interno problemático. Sus compañeros de pabellón apenas han podidos cruzar palabras y ya han pasado ocho meses desde que fue confinado luego de haber estado detenido en los Estados Unidos. Hurtado, en el 2007 era un peruano más en Norteamérica y a finales de marzo de ese año fue apresado no por asesino sino por haber obtenido en su pasaporte un visado con falso testimonio. Es de esa fecha que las autoridades judiciales peruanas solicitaron su extradición inmediata ya que Hurtado estaba “requisitoriado” en el proceso seguido por la Sala Penal Nacional por el delito de asesinato en agravio de Juliana Baldeón y otras víctimas de Accomarca. Su abogado norteamericano presentó una serie de recursos judiciales para evitar su retorno. Todos ellos fueron desestimados debido a las gestiones  de la justicia peruana  quien coordinó con las autoridades centrales de los EEUU.

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Primer aniversario del informe de la CVR. Foto: Walter Hupiu.

3.

Preso en Miami, Hurtado logró enturbiar el proceso de extradición el cual se alargó por cuatro años más. En julio del 2011, fue extraditado gracias a las presiones de diversas organizaciones de derechos humanos y que hoy siguen exigiendo, junto a los familiares de las víctimas, que el tribunal del caso decida con celeridad y probidad lo antes posible. El juicio oral que lleva la Sala Penal Nacional se inició el 4 noviembre y solo se ha interrogado a cinco de los 17 procesados de un total de 28 militares implicados en este caso. El Dr. Carlos Rivera, director adjunto del Instituto de Defensa Legal (IDL) y parte de la defensa declaró  que: “estamos ante un hecho horrendo como fue el crimen de Accomarca y estamos ante la persona, que según las versiones de los sobrevivientes, de los propios efectivos militares y de los documentos que existen en el expediente, que ejecutó materialmente el crimen y, por lo tanto, estamos ante una persona que de alguna manera ha simbolizado la impunidad en el Perú”.

Rivera Paz recordó que existieron diversas instituciones desde el Estado peruano que permitieron que ese tipo de crímenes queden en la impunidad y que los perpetradores, e inclusive los que dieron las órdenes, tengan una carrera sin ningún tipo de inconveniente al interior de los institutos armados. “Más allá de que Telmo Hurtado fue investigado de manera fraudulenta en la justicia militar, el hecho concreto es que a pesar de que fue supuestamente condenado por el delito de negligencia, Telmo Hurtado siguió una carrera de ascenso en la jerarquía militar y del año 85 cuando tenía el grado de subteniente no se le pudo separar, sino hasta 1999, cuando ya tenía el grado de comandante del Ejército y eso significaba que toda esta pantomima de la justicia militar era una pantalla”, señaló Rivera.

“En Accomarca, asesinaron a mi madre Tomasa Chuchón Castillo así como a 15 primos y sobrinos. Ahora estoy contento porque después de 26 años de sufrimiento, por fin, este criminal pagará todo”, dijo Celestino Baldeón Chuchón (60) Presidente de la Comisión Víctimas de Accomarca. Dice el Dr. Rivera que el crimen solo se pudo conocer casi un mes después de perpetrarse, pero cuando se conoció -por la acción de los sobrevivientes-  los que dieron la orden comenzaron a decir que Hurtado seguramente estaba loco. En realidad Hurtado estaba tan cuerdo como los que lo enviaron a Accomarca a destruir la subversión. Por ello, cuando en setiembre de 1985 una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados lo interrogó sobre las razones que tuvo para asesinar a mujeres, niños y ancianos, él solo respondió que lo hacía en defensa de la democracia y para que los que interrogaban estén sentados discutiendo en el Parlamento.

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CODA

En esa foto de 1985 el subteniente Ejército Peruano Telmo Ricardo Hurtado Hurtado está cubriendo su mirada vacía con unos enormes lentes oscuros de aviador. Hurtado comandaba  la patrulla “Lince 7” y solo hizo caso al operativo militar “Huancayoc” donde participaron las más altas autoridades del Ejército en Ayacucho quienes diseñaron un aparato organizado de poder que se estructuró sobre la organización militar de la Sub Zona de seguridad Nacional Nº 05”. Cierto, de aquellos años es el proceso seguido a los militares involucrados quienes fueron procesados por la Justicia Militar, tribunal que solo condenó a seis años de prisión al entonces subteniente Telmo Hurtado por los delitos de abuso de autoridad y negligencia, siendo favorecido posteriormente por las Leyes de Amnistía.

La foto está en la memoria de los deudos de Accomarca que así pudieron mirarlo a los ojos y exigirle que pague por sus actos y que denuncie a quienes les ordenaron tamaña crueldad. Inteligencia militar había identificado como delincuentes terroristas a esos peruanos. Hurtado recibió una orden y la cumplió.

LA SENTENCIA HISTÓRICA

Telmo Hurtado, finalmente fue sentenciado a 23 años . Además, por mayoría, la Sala Penal Nacional determinó que el general Wilfredo Mori Orzo dio la orden verbal al subteniente Telmo Hurtado para asesinar a más de 60 campesinos, considerados como terroristas. Afirmó que se trató de un crimen masivo con crueldad y desprecio contra civiles, calificándolo como una grave violación de los derechos humanos.

Pasada la medianoche, la Sala Penal Nacional continuaba leyendo la sentencia por la masacre de más de 60 pobladores de Accomarca, en una audiencia que comenzó con casi ocho horas de tardanza. La resolución concluyó que el jefe del Comando Político Militar de Ayacucho en 1985, Wilfredo Mori Orzo, dio la orden verbal de asesinar a los campesinos, entre los cuales había 23 niños menores de 10 años. Fue condenado a 25 años de prisión.

El tribunal indicó que se trató de una matanza colectiva ejecutada con absoluto desprecio a la dignidad humana. Precisó que al dar esa orden, Mori Orzo desvinculó a las Fuerzas Armadas del ordenamiento jurídico. Más aún cuando el alto mando del Ejército trató de ocultar el crimen cometido por una patrulla militar el 14 de agosto de 1985.

Como se recuerda, semanas después de la incursión militar, el Ejército afirmó que el crimen fue obra exclusiva del subteniente Telmo Hurtado Hurtado, entonces de 23 años, en un arranque de “locura de guerra”. Durante la lectura de la sentencia, se dio detalles sobre cómo fueron detenidos los pobladores, los obligaron a ingresar a dos viviendas, donde fueron acribillados y, luego, los volaron con granadas. Los magistrados resolvieron que está probado que en Accomarca se perpetró un asesinato masivo con crueldad y desprecio contra civiles.

La Sala estuvo integrada por los jueces Ricardo Brousset, María Vidal y Mirtha Bendezú quienes recalcaron que este caso es una grave violación de los derechos humanos, compatible con el delito de lesa humanidad. Tras más de cuatro horas, el colegiado, con voto en mayoría, halló responsabilidad en siete acusados como autores materiales, entre ellos al comandante Telmo Hurtado Hurtado, quien en 1985 (cuando era subteniente) lideró la patrulla Lince 7, y a Juan Rivera Rondón, de la patrulla Lince 6, que ejecutaron la matanza. También sentenciaron a los soldados, explicando que eran profesionales.

Además, la Sala determinó que tres de los acusados fueron autores mediatos. Enfatizaron que los hechos evidenciaron “una ilegal política de combate al desviar a su unidad del orden legal”. Los magistrados concluyeron, asimismo, que el Estado mayor operativo participó en la elaboración de la orden aprobada por Mori Orzo. Durante el juicio oral –que duró más de cinco años– Hurtado afirmó que recibió la orden de su comando de aniquilar a los pobladores de esa zona, por considerarlos subversivos. Incluso tuvo un careo con el general Mori Orzo, en el que se reafirmó en su acusación. En declaraciones de abril del 2012, Hurtado se declaró culpable, pero señaló que siguió órdenes de sus superiores, y que en el Ejército las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones.

También, decidieron absolver al general Williams Zapata, quien fue jefe de la Compañía Lince en 1985, y a otros 16 acusados. Solo Zapata y Telmo Hurtado asistieron a la lectura de la sentencia. El colegiado señaló que hay dificultad para determinar el número de víctimas, ya que al haber sido voladas con explosivos, no se pudo hallar todos los cuerpos. Al final, habló de 61.

Asimismo, los jueces resaltaron que la pena debe ser mayor porque el Estado es corresponsable de los acontecimientos. Añadió que el estrés que se vivía en los años de violencia política generaba una situación que propiciaba el desvalor de la vida y expresaron que la matanza cortó el proyecto de vida de los niños asesinados y ocasionó un daño irreparable a decenas de familias.

Desde temprano, más de 80 personas, entre familiares, periodistas y defensores de derechos humanos, esperaban el inicio de la audiencia, prevista para las 11 de la mañana. Sin embargo, solo pudieron ingresar 33 personas poco después de las 7 de la noche, en que empezó la diligencia.

Finalmente, más de 8 horas tuvieron que esperar abogados, deudos y periodistas, en el Penal Castro Castro, para que la Sala Penal Nacional iniciara la lectura de sentencia. La sala citó a las 11 a.m. pero sus integrantes llegaron a las 7 de la noche.

ENTRE 23 Y 25 AÑOS

las 2 y 17 am del 1 de setiembre se termina la lectura de la sentencia del caso Accomarca en sala de audiencias de penal Castro Castro.
–Nelson Gonzales Feria y Carlos Delgado Medina condenados a 25 años
–Juan Rivera Rondón condenado a 24 años
–Telmo Hurtado condenado por unanimidad a 23 años de prisión, descontada la que purgó, faltan 13 años 8 meses
–Gral. Mori Orzo condenado a 25 años
–Según los jueces: siete de los acusados son autores materiales y tres autores mediatos y hubo “Grave violación de los derechos humanos compatible con el delito de lesa humanidad”
–Williams Zapata absuelto de acusación fiscal por improbanza de asesinato y daños contra el cuerpo y la salud
–Once encausados no han comparecido al juicio, dos son contumaces
–Reparaciòn civil. 150,000 soles a los herederos de cada una de las víctimas de Accomarca.
–Fiscal interpone recurso de nulidad respecto de responsables d hechos 13 de sep de 1985, cuando mataron a sobreviviente

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MTC pone fecha definitiva para que la Línea 2 del Metro opere al 100%

Trabajos de manera simultánea en 40 puntos permitirán que obra concluya en el año 2028.

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A esperar cuatro años más de desvíos y tráfico infernal. El viceministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ismael Sutta, brindó nuevas aproximaciones sobre lo que será el funcionamiento de la Línea 2 del Metro de Lima.

Entre ellas destacó que, gracias a los trabajos simultáneos que se vienen realizando en 40 frentes de lo que será la Línea 2 del Metro, se podrán se podrán acelerar los tiempos para poder inaugurar el total de las estaciones más rápido y que el primer subterráneo del Perú opere al 100% en el 2028.

“Eso está haciendo que nuestro avance pueda ir más rápido. De acuerdo al cronograma de avance, debemos tener funcionando todo el sistema en el año 2028. Este importante sistema nos va a permitir movilizar más de 600 mil pasajeros al día, en una primera etapa, y en el 2030, un millón 200 mil pasajeros”, declaró Sutta para Panamericana Televisión.

En cuanto a las declaraciones del titular del MTC, Raúl Pérez-Reyes, quien manifestó hace unas semanas que la obra en su totalidad podría estar lista para los Juegos Panamericanos Lima 2027, el funcionario público precisó que no será posible.

Sin embargo, afirmó que para ese entonces ya habrán varias estaciones inauguradas, lo que facilitará el transporte de los turistas, de los aficionados de los deportes y del público en general al descongestionar las principales avenidas de los distritos y brindar una nueva opción para movilizarse.

“Estamos trabajando a ritmos acelerados. Esperamos llegar para que los Juegos Panamericanos no tengan problemas de congestión vehicular. Estamos en ese proceso. Venimos coordinando con el concesionario para adelantar algunos trabajos de tuneladora y estación para minimizar los cierres que se tienen en las vías”, dijo el viceministro.

Trabajos se vienen realizando a paso acelerado para que el primer subterráneo del país entre en funcionamiento de manera íntegra el año 2028. Foto: MTC.

Como se recuerda, ya se inauguraron las primeras 5 estaciones de las 27 planificadas. Estas son: Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita. Desde que fueron abiertas al público, dichas terminales vienen funcionando de forma gratuita al aún encontrarse en marca blanca, la cual durará hasta finales de agosto del 2024.

Con el pasar de los años se inaugurarán las 22 estaciones restantes para que el subterráneo una la ciudad de Lima al recorrer los distritos de Ate Vitarte, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Carmen de La Legua y el Callao en un plazo menor a los 45 minutos.

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Congreso aprobó dictamen para que contralor Nelson Shack siga en el cargo hasta designación de su sucesor

A pesar, que el proyecto de ley fue rechazado en diciembre de 2023, ayer acaba de ser aprobado en el Pleno del Congreso. El periodo de funciones del contralor culmina el 19 de julio; sin embargo, Nelson Shack permanecerá en sus funciones.

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El Pleno del Congreso aprobó en primera votación el dictamen de los proyectos de ley 3523/2022-CR y 4674/2022-CR, que autoriza la continuidad en funciones del actual contralor general de la república Nelson Shack Yalta, hasta la designación de sustituto por el propio Poder Legislativo.

Con 72 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones, el Parlamento decidió, en primera votación. Ahora, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurrido siete días calendario.

Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, y de la Contraloría General, el cuestionado contralor Nelson Shack fue designado por un periodo de siete años y su vigencia debía mantenerse hasta julio 19 de julio del 2024.

“Finalizado el período de siete años, el contralor general de la República continuará en funciones hasta que el Congreso de la República designe al nuevo contralor general de la República”, se mencionó una parte del dictamen.

Además, establece que, dentro de los tres meses previos al término del periodo de la designación del contralor, la presidenta de la república remite al Congreso su propuesta para la nueva designación.

Es decir, el contralor general de la república es elegido a propuesta del Poder Ejecutivo y designado por el Congreso para un periodo de siete años.

Cuestionan medida que favorece a Shack Yalta

La parlamentaria Silvana Robles indicó que, el contralor Nelson Shack quien pretendió encubrir el escándalo de los Rolex de Dina Boluarte, ahora sea beneficiado por “el fujimontesinismo” por aprobar ley que amplía su mandato.

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BLANCO SAF brindó facilidades a la SMV en proceso de intervención

La institución asegura que esta acción contribuirá con reforzar su nueva política de comunicación transparente y oportuna con los inversionistas.

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Blanco Sociedad Administradora de Fondos S.A.C. (“BLANCO SAF”), mostró su total disposición y facilidades a los representantes de la Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), luego que esta institución dispusiera la intervención administrativa en la modalidad de supervisión de la gestión de BLANCO SAF.

Cabe precisar, que esta intervención es sobre los Fondos de Inversión por Oferta Pública FIBP6 SOLES y FI BP7 DÓLARES (los “Fondos”), durante un periodo de 90 días calendarios contados a partir de la entrada en vigencia de la precitada Resolución, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para obtener la recuperación de los Fondos.

BLANCO SAF, recalcó que esta medida adoptada por la SMV recae directamente sobre los Fondos FI BP6 SOLES y FI BP7 DÓLARES. El resto de los fondos de inversión que administra BLANCO SAF, incluyendo su fondo mutuo, mantendrán sus operaciones con normalidad.

Asimismo, recuerda que durante toda la vida institucional de BLANCO SAF, siempre se han distinguido por atender diligentemente todos los pedidos y requerimientos de la SMV. En este sentido, consideran que la medida adoptada por el ente regulador transmitirá mucha tranquilidad a los inversionistas y que contribuirá con las acciones de transparencia que BLANCO SAF se había comprometido a reforzar.  

De igual forma, señalaron que esta acción contribuirá con reforzar su nueva política de comunicación transparente y oportuna con los inversionistas y además ayudará a fortalecer las acciones de control en los fondos que administran y en los alcances de las políticas de inversiones sobre sus futuros fondos.” La supervisión de la gestión de la SMV nos dará el espacio que necesitamos para implementar las acciones de reactivación de la liquidez de los Fondos, en beneficio de nuestros inversionistas”, expresaron.

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Patricia Benavides en audiencia advirtió: “Me quieren destituir con un informe espurio”

Hoy el Pleno de la JNJ pretende destituir por unanimidad a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, según el informe de la magistrada Inés Tello, por “haber beneficiado a su hermana Emma” y por separar a la exfiscal Bersabeth Revilla que se encargaba de dicho caso.

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Este jueves 18 de abril desde las 9 de la mañana se inició la audiencia oral en la sede de san Isidro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para decidir la destitución de la exfiscal suspendida Liz Patricia Benavides Vargas, por haber cometido tres faltas graves cuando lideraba el Ministerio Público, como haber interferido en la investigación fiscal que se le sigue a su hermana Enma Benavides y haber emitido resoluciones sin motivación, según se sustenta en el informe de 148 páginas, redactado por la magistrada Inés Tello. 

El informe también sustenta que, la exfiscal de la Nación dio un trato degradante a la fiscal suprema provisional, Bersabeth Revilla Corrales, e hizo hincapié en un presunto favorecimiento al fiscal superior de Lima Centro, Miguel Ángel Vegas.

Asimismo, Benavides Vargas desde que inició su intervención de defensa, de manera contundente, acusó a los magistrados de querer removerla violando el debido proceso.

“Me quieren destituir con un informe espurio”, señaló Benavides Vargas.

Además, pidió frontalmente a Aldo Vásquez Ríos que por decoro se inhiba de votar en este caso.

Por su parte, el exfiscal supremo anticorrupción, Martín Salas Zegarra, remarcó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituirá por unanimidad a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pues los cargos en su contra “están más que demostrados”. Además, respaldó el informe de Inés Tello, magistrada de la JNJ, contra Benavides Vargas, porque el hecho de que la fiscal suprema “haya beneficiado a su hermana” en una investigación es “una falta grave”.

“El Pleno de la JNJ por unanimidad deberá proceder a destituirla del cargo de fiscal suprema. Los cargos están más que demostrados. Los hechos de mal usar su cargo para favorecer a la hermana es a todas luces una falta grave que debe ser sancionada con una destitución”.

“Conforme al reglamento, se establece que la decisión final del Pleno debe darse 10 días siguientes a la vista de la causa, es decir, tras la exposición de Patricia Benavides con sus alegatos de defensa, a desarrollarse hoy. Una vez que se pronuncie (la decisión), la parte procesada podrá presentar un recurso de reconsideración en un plazo de 5 días. Con esto se acabaría la instancia correspondiente”, enfatizó.

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Viudas y familiares de líderes asháninkas asesinados temen por sus vidas y aseguran que no pueden regresar a su comunidad por las constantes amenazas

Familiares de los dirigentes fallecidos indican que familiares de los condenados buscan cobrar venganza.

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Ganaron una batalla judicial que duró cerca de 10 años, pero aún no encuentran la tan ansiada paz. Las viudas de los dirigentes asháninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima —asesinados por denunciar las actividades de tala ilegal en su territorio en septiembre de 2014— vienen denunciando que son víctimas de constantes amenazas por parte de algunos familiares de los sujetos que dieron muerte a los cuatro dirigentes, destacándose a la familia de Segundo Atachi, uno de los madereros condenados por los crímenes.

Los habitantes y sus líderes, como Andrés Arévalo Pérez, joven apu de la comunidad, demandan al Ministerio del Interior la implementación de un puesto policial que brinde la necesaria protección a la comunidad y a las familias afectadas por la violencia y la explotación ilegal de sus recursos naturales.

Si bien el pasado viernes se condenó a los cuatro responsables de los dirigentes asháninkas, aún persiste la tala ilegal en la comunidad de Alto Tamaya-Saweto, y también no cesan las amenazas contra aquellos que alzan la voz para preservar los recursos naturales; ellos aún no ven un acercamiento del Estado, o al menos una señal de buena voluntad que les brinde un poco de seguridad.

Viudas no pueden regresar a su comunidad por temor a represalias de parte de los familiares condenados. Foto: Salvador Oré.

Ante ello, Rocío Trujillo, abogada de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) —organización vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana—, exige garantías para la comunidad, así como para Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos; Julia Isabel Pérez, viuda de Edwin Chota; Lita Rojas, viuda de Leoncio Quintisima y Lina Ruiz, hija de Francisco Pinedo.

Nos pueden matar, así como mataron a mi padre. No podríamos regresar porque el asesino Segundo Atachi está en Saweto, sigue talando. Ahora están esperando la creciente del río para que bajen la madera. Sus hijos hablan, dijeron que, si a sus padres los condenan, se van a vengar de nosotros, nos quieren matar a todos y así quedará libre nuestro territorio para ellos, eso nos preocupa mucho”, declaró Lina Ruiz Santillán, hija de Francisco Pinedo, uno de los defensores indígenas asesinados, al diario La República.

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Gobierno declara estado de emergencia en Arequipa por crecida de la ola delictiva

Medida restringirá algunos derechos en la Ciudad Blanca y se extenderá durante 20 días.

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Una ciudad blanca manchada constantemente de sangre. El Gobierno del Perú ha declarado el estado de emergencia en la provincia de Arequipa debido al ingreso de organizaciones criminales que tienen en vilo a todos los ciudadanos de la también conocida como Ciudad Blanca. Esta medida empezará hoy y se prolongará durante 20 días.

El Decreto Supremo N.º. 043-2024-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, detalla que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) asumirá el orden interno provincial, pero con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

“La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú”, se lee en el documento.

“Y en el Decreto Legislativo N.º 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional”, continúa el texto.

El estado de emergencia en la provincia de Arequipa fue declarado por veinte días calendario. Se aplicará la restricción y suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales. Estos son: inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, libertad y seguridad personales.

El DS N.º 043-2024-PCM no menciona que habrá toque de queda o que los eventos sociales y espectáculos en la zona quedan suspendidos, como sí ocurrió en los estados de emergencia declarados en los distritos de Lima y las provincias de Trujillo anteriormente.

“Dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del Estado de Emergencia declarado, la Policía Nacional del Perú debe presentar al titular del Ministerio del Interior (Walter Ortiz), un informe detallado de las acciones realizadas durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos”, indica la norma.

Personal de las FF.AA. patrullarán las calles de la Ciudad Blanca para reestablecer el orden interno.

De acuerdo con datos proporcionados por la PNP y el Ministerio Público, Arequipa ha visto un incremento en la incidencia de delitos graves como homicidios, extorsiones, secuestros y robos en los últimos años. Un informe del año 2022 reveló que se registraron 33,930 denuncias en el periodo, incluyendo 336 por robo agravado con armas, 324 casos de extorsión y 121 homicidios.

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‘Marcha blanca’ de Línea 2 del Metro de Lima se extiende hasta el 31 de agosto

Hasta la fecha se han movilizado aproximadamente tres millones de personas; sin embargo, los usuarios piden que se acelere la construcción de más estaciones. Por su parte, el Concesionario ha proyectado que para abril de 2026 se inauguren las estaciones 25, 26 y 27.

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Por lo visto, el funcionamiento de la marcha blanca de la Línea 2 del Metro de Lima, ha tenido gran demanda y una buena respuesta de los ciudadanos; por lo tanto, se ha extendido su período (de marcha blanca) hasta el 31 de agosto, según informó Jean Paul Calle, vocero del Concesionario Metro de Lima Línea 2, que está integrado por Iridium, Dragados, FCC, Webuild, Cosapi, Hitachi Rail STS y Hitachi Rail Italy SpA.

Inicialmente, este servicio gratuito como periodo de prueba estaba previsto concluir el 8 de abril, pero se tomó la decisión de esta ampliación que beneficiará a los usuarios permitiéndoles seguir disfrutando del primer metro subterráneo gratuito de Perú.

Como resultado favorable. hasta la fecha, se han movilizado aproximadamente tres millones de personas, y se espera que esa cifra se duplique en los próximos cuatro meses. 

Por el momento, los usuarios utilizan tarjetas diferentes para la Línea 1 y Línea 2, pero la entidad informó que están trabajando en una integración de tarjetas para finales del año.

En el servicio operan cinco estaciones que cubren cinco kilómetros, desde la estación de Evitamiento hasta el Mercado de Santa Anita.

En 2026 se inaugurarán más estaciones

El Concesionario Metro de Lima 2, ha proyectado que para abril de 2026 se inauguren las estaciones 25, 26 y 27, con una tarifa estándar de S/1.40 para adultos y S/0.70 para estudiantes, la cual se empezará a cobrar desde septiembre. Además, se está construyendo una estación de interconexión entre la Línea 1 y la Línea 2, que se espera esté operativa pronto.

Finalmente, el proyecto total de la Línea 2, que unirá 10 distritos a lo largo de 35 kilómetros, se proyecta que esté concluido entre 2028 y 2029.

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Osiptel: A partir del 22 de abril los celulares robados serán bloqueados

¿Esta vez será cierto? Según Osiptel, este sistema detectará a diario todos los celulares cuyo código IMEI haya sido alterado, e inmediatamente, se ordenará su bloqueo en todas las empresas operadoras.

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Tras años de no darle solución al uso de celulares robados, en lugar de ser bloqueados para evitar las clonaciones y el reciclamiento de los mismos en el mercado negro, El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) anunció que a partir del 22 abril intensificará la lucha contra la venta ilegal de celulares.

Luis Pacheco, director de fiscalización e Instrucción de Osiptel, anunció que todas las empresas operadores del servicio móvil bloquearán todo celular que se reporte como robado por un ciudadano víctima de la criminalidad.

Osiptel implementará un sistema con la lista de los equipos a bloquear, así como los equipos autorizados para funcionar en las redes móviles del país.

Aseguran que detectarán código IMEI

Según el funcionario, este sistema también detectará a diario todos los celulares cuyo código IMEI haya sido alterado (es decir, que sea calificado como inválido o clonado), e inmediatamente, se ordenará su bloqueo en todas las empresas operadoras.

La medida forma parte de la tercera fase del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), que fue creado por el Gobierno peruano con el Decreto Legislativo n.° 1338 y reglamentado con el Decreto Supremo n.° 007-2019-IN, con el objetivo de desincentivar la comercialización de celulares robados o de dudosa procedencia en el mercado peruano.

Se bloquearán los equipos que no estén registrados en el Renteseg

Con la tercera fase del Renteseg se implementa también la lista de celulares válidos o lista blanca, en la cual figuran todos los equipos que están autorizados para operar en las redes del servicio móvil del país. Todos los celulares con servicio activo y que forman parte del registro de abonados de las empresas operadoras del servicio móvil, al 21 de abril de 2024, pasarán automáticamente a formar parte de la lista de celulares válidos.

A partir del 22 de abril, las empresas importadoras alertarán a los equipos móviles que se activen y no estén registrados para que regularicen su situación, pero no se bloquearán por el momento.

Si un usuario recibe un mensaje de texto o SMS en el que se le indica que su celular no está registrado en la lista de celulares válidos del Renteseg, debe acudir, inmediatamente, a la empresa operadora que le vendió el celular y exigir que regularice la situación del equipo.

Importadoras tendrán que registrar sus equipos

Solo hasta el 21 de abril, las importadoras realizarán el registro en el Sistema de Carga de Información de Equipos Terminales Móviles Importados, Fabricados o Ensamblados en el País (Sicart). A partir del 22 de abril, deberán hacerlo en el nuevo Registro de Equipos Terminales Móviles Importados, Ensamblados y Fabricados (RETMIEF). También, a partir del 22 de abril, todos los equipos celulares traídos desde el extranjero por personas naturales para su uso personal deben ser registrados en la lista de celulares válidos o lista blanca a través de las empresas operadoras de servicio móvil que les prestará el servicio para evitar el bloqueo.

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