Las cajuelas portátiles que aún llevan en sus espaldas los miles de repartidores motorizados del servicio delivery que circulan por todo el país, están con las horas contadas, debido al reciente Decreto Supremo n.° 006-2025-MTC emitido este jueves 17 de abril, que aprueba medidas específicas para fortalecer la seguridad ciudadana en materia de tránsito y transporte. El mismo que establece la creación de un registro obligatorio para los repartidores de delivery, quienes dentro de un mes deberán inscribirse en dicho padrón a través de sus municipalidades.

Es decir, a partir del 17 de mayo de 2025, todos los repartidores de delivery, ya sean personas naturales o vinculadas a empresas o aplicaciones, están obligados a registrarse, en el «Registro Nacional de Prestadores y Conductores del Servicio y Actividad de Transporte de Envíos de Entrega Rápida», parte del Sistema Nacional de Registros de Transporte y Tránsito (SINARETT).

Requisitos para registrarse como repartidor delivery

El registro incluye a conductores de motocicletas, bicimotos y bicicletas. Estos deberán cumplir con requisitos como presentar su DNI o carné de extranjería, licencia de conducir, placa del vehículo, SOAT vigente y certificado de inspección técnica, cuando corresponda.

-Nombre, razón o denominación social.

-Documento nacional de identidad (DNI), carné de extranjería o número del Registro Único de Contribuyentes (RUC).

-El domicilio y correo electrónico de la persona natural o jurídica solicitante.

-De corresponder, el nombre y domicilio del representante legal y número de partida de inscripción registral de la empresa solicitante y de las facultades del representante legal de la persona jurídica.

-Nombre, documento nacional de identidad o carné de extranjería y número de licencia de conducir del (los) conductor(es) que se solicita habilitar, cuando corresponda.

-El número de las placas de rodaje de los vehículos que se solicita habilitar, cuando corresponda, señalando que los mismos cumplen con las condiciones establecidas en el presente reglamento.

-Contar con certificado SOAT y certificado de inspección técnica vehicular vigente, cuando corresponda.

-Número de operación de pago por derecho de trámite.

También se exigirá una declaración jurada donde se comprometan a no llevar acompañantes y a transportar los paquetes en cajuelas, salvo en el caso de bicicletas.

Se acabaron ‘cajuelas portátiles’ adheridas en espaldas de motorizados

En uno de los preceptos del Decreto Supremo en mención se indica las condiciones técnicas específicas que en lo sucesivo se exigirá a los motorizados repartidores del servicio de delivery

Artículo 24-A.- Condiciones técnicas específicas exigibles a los vehículos destinados al servicio de transporte de envíos de entrega rápida

24-A1 Sólo se puede destinar al servicio de transporte de envíos de entrega rápida vehículos que correspondan a la categoría L subcategorías L1 y L3 del ANEXO I. CLASIFICACIÓN VEHICULAR del RNV y bicicletas. 24-A.2 Los vehículos de la categoría L subcategorías L1 y L3 deben contar con los siguientes elementos, características, equipamientos o dispositivos:

a. Sistema de frenos;

b. Sistema Sonoro;

c. Láminas retrorreflectivas;

d. Alumbrado delantero y trasero; y

e. Cajuela para reparto de mercancía, en la cual debe consignarse la Placa Única Nacional de Rodaje y ser fijada al chasis posterior del vehículo.

Si repartidor no tiene moto, deberá tener ‘contrato de arrendamiento’

La norma contempla situaciones en las que el repartidor no sea propietario del vehículo. En estos casos, se deberá presentar un contrato de arrendamiento que indique expresamente que el vehículo será usado para entrega de pedidos. Este documento será validado por las municipalidades provinciales, que deberán verificar que el arrendador sea el dueño legítimo.

Vehículos permitidos para el servicio de delivery

-Motocicletas: Cilindrada mayor a 50 cm3. Velocidad máxima mayor a 50 km/h

-Bicimotos: Cilindrada de hasta 50 cm3. Velocidad máxima de 50 km/h

-Bicicletas: De todo tipo

Adicionalmente, los conductores deberán participar en capacitaciones dictadas por las municipalidades provinciales sobre calidad de servicio, normativas de tránsito y seguridad vial. El incumplimiento de cualquiera de estos lineamientos podrá generar sanciones severas.

Repartidores que no cumplan con la norma pagarán más de S/ 4 mil

Las infracciones por operar sin estar registrado, o por no cumplir las condiciones establecidas serán consideradas «Graves» o «Muy Graves». Cada falta está sujeta a una multa de 0.8 UIT, equivalente a S/ 4.280, además del decomiso del vehículo y su internamiento.

Entre las infracciones figuran: prestar el servicio sin autorización, transportar mercancías fuera de la cajuela, llevar acompañantes, utilizar vehículos sin las condiciones técnicas exigidas o manejar con una licencia vencida, suspendida o no correspondiente.

Fue su hijo Sergio Pérez – Luna quien confirmara el sensible fallecimiento de su padre Álamo, destacado periodista que trabajara para distintas casas televisivas, así como en medios escritos.

La noticia de su partida ha ocasionado que distintas figuras del gremio de comunicadores escribieran con mucho pesar, recordándolo por su estilo crítico y frontal.

Aunque no se han dado detalles oficiales sobre la causa exacta de su fallecimiento, se presume que estuvo relacionada con las complicaciones derivadas de la enfermedad que lo aquejaba. Y es que el propio periodista, en mayo del año pasado, publicó en su cuenta de Twitter que había estado internado en el hospital Edgardo Rebagliatti por caso tres semanas.

“Del 29 de abril a este 18 de mayo he estado internado en el Hosp. Rebagliati. Me descubrieron un tumor maligno (cáncer) en el riñón y lo extirparon. Estoy en reposo absoluto hasta dentro de varias semanas. Gracias a los profesionales del Rebagliati y a todo el personal. Gracias.”, escribió entonces.

Sus restos serán velados hoy a partir de las 2 p.m. en el velatorio n.° 4 del hospital Edgardo Rebagliatti.

Perdieron el rumbo en el camino y hoy les toca acatar la orden directa del Santo Padre. El Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) ha dejado de existir oficialmente desde ayer, luego de que el superior general de la comunidad firmara el decreto de supresión como Sociedad de Vida Apostólica laical.

La disolución fue confirmada por el propio SVC a través de un comunicado en su sitio web.

La decisión, aprobada por el papa Francisco, pone fin a una institución marcada durante años por denuncias de abusos físicos, psicológicos y sexuales contra sus integrantes, perpetrados por sus líderes y fundadores.

“Con dolor y obediencia aceptamos esta decisión”, señala el comunicado.

En el mismo documento, el disuelto grupo pide perdón por los maltratos y abusos cometidos en la comunidad.

“Nuestra mirada se dirige también a las víctimas; les reiteramos nuestro sincero pedido de perdón por los maltratos y abusos cometidos en nuestra comunidad. Pedimos perdón también a toda la Iglesia y a la sociedad por el dolor ocasionado”, señala el texto.

Asimismo, se da a conocer el nombramiento de monseñor Jordi Bertomeu Farnós como comisario apostólico, encargado de la ejecución del proceso de supresión.

Previo a la entrega del decreto de disolución, se identificaron las propiedades y fundaciones vinculadas al Sodalicio con el fin de evaluar su destino como parte del proceso de reparación a las víctimas y el sustento de los miembros que dependían de la comunidad.

Como se recuerda, hace dos décadas surgieron denuncias de exmiembros que fueron profundizadas por investigaciones periodísticas, las cuales expusieron los abusos sistemáticos perpetrados por su fundador, el laico peruano Luis Fernando Figari, quien fue finalmente expulsado del grupo en agosto de 2024.

El dato:

El SVC se resistió a formalizar su disolución, a pesar de la orden del papa Francisco emitida en enero de 2025.Según el abogado José Ugaz, representante de seis víctimas no indemnizadas, el SVC maniobró para vaciar sus bienes y fondos antes de la disolución, con el fin de evitar que sean gestionados por el Vaticano. Ugaz alertó al Vaticano sobre esta posible fuga de dinero y ocultamiento de patrimonio en una carta enviada el 24 de marzo.

En el mundo donde la bala suena primero que la palabra, sangre con sangre se paga. Ni cuarenta estados de emergencia decretados por Dina Boluarte han hechos temblar a los extorsionadores extranjeros ante la reciente advertencia del hampa del primer puerto, quienes furiosos de que los foráneos empiecen a meterse con los ciudadanos del Callao, cobrándoles cupos, han rastrillado sus armas para lanzarles una durísima advertencia.

Y es que bien saben los delincuentes extranjeros que con otras mafias no se puede ‘negociar’ como con algunas autoridades, salvo tengan un interés en común, ahora vienen analizando a detalle qué tan ciertas sean las amenazas del hampa chalaca.

Uno de sus líderes, a través de una filmación, advirtió a todos los extranjeros que “han desatado una guerra abierta”, al considerar que se han equivocado de zona para extorsionar. “Ya no te vamos a tolerar ni una. Aquí estamos los chalacos, una sola idea, compadre. Todos contra todos ustedes”, se llega a escuchar en el video.

Advierten a venezolanos no ingresar al Callao

El discurso se ha extendido como una consigna en los barrios más convulsos del puerto. En Carrillo Albornoz, uno de los jirones con mayor presencia policial, los vecinos reconocen que el temor a una guerra declarada es cada vez más tangible. “Cualquiera que esté ahí lo veamos haciendo delivery, así lo vamos a bajar también”, dijo un encapuchado durante la grabación.

Las amenazas no solo se limitan a los miembros de bandas extranjeras. El mensaje apunta a cualquier ciudadano extranjero, incluso aquellos sin vínculos delictivos. “Sabemos que también hay venezolanos que trabajan, pero lastimosamente justos por pecadores, y así va a ser”, sostuvo uno de los pandilleros entrevistados por el equipo de Panorama.

Al parecer, dentro de estos días o semanas, se verán teñidas de sangre las calles del primer puerto, consecuencia directa de la inoperancia del gobierno de Dina Boluarte que continúa repitiendo todos los días que se encuentra luchando contra la delincuencia, bien sentada en su denominado ‘Cuarto de Guerra’, pero sin salir a recorrer las calles más álgidas de Lima y Callao.

Alrededor de las 10.30 de la mañana de este lunes 14 de abril, se reportó un nuevo incidente en la Estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima. De acuerdo a la información preliminar, una persona resultó herida y fue evacuada al centro de salud más cercano para recibir atención médica. Sin embargo, como es habitual, a través de un comunicado ambiguo, el servicio de transporte público anunció el cierre temporal de las estaciones La Cultura y Nicolás Arriola, indicando que dicho cierre se debe a un incidente ajeno a su operación, evitando informar las verdaderas razones de la suspensión.

Es decir, el servicio de trenes se ha restringido de la siguiente manera: Desde Villa El Salvador hasta San Borja Sur y desde Bayóvar hasta Gamarra.

No habrá circulación de trenes entre San Borja Sur y Gamarra, por lo que las estaciones afectadas no ofrecerán servicio al público.

Las autoridades del Metro de Lima recomiendan a los usuarios considerar otros medios de transporte para sus desplazamientos y agradecen la comprensión del público. Además, solicitan seguir las indicaciones del personal en estaciones.

Lo niega todo. Para que un medicamente salga al mercado necesita pasar por rigurosos controles, siendo aprobado por distintos químicos farmacéuticos, operarios y tener el visto bueno de las cabezas de área; sin embargo, según la versión de Medifarma, solo existiría un responsable y ese sería un operario.

Roy Chávez Llicán, ahora ex operario de Medifarma, estuvo detenido durante 72 horas acusado de ser el principal responsable de la muerte de 5 personas, ahora ha salido a decir su versión de los hechos de lo que pasó con el suero fisiológico defectuoso y cómo así llegó a distribuirse en los hospitales, negando de raíz todas las acusaciones en su contra, denunciando que Medifarma lo presionó a autoinculparse para liberarlos de cualquier responsabilidad penal.

En entrevista con el dominical Punto Final, Chávez aseguró que fue forzado a firmar su carta de renuncia y que la compañía le imputó toda la responsabilidad sin una investigación adecuada.

“Ellos me obligaron a renunciar, me pusieron una carta de renuncia y me imputaron todos esos hechos”, afirmó.

Tras la visita del equipo periodístico al laboratorio, Guillermo Arboleda, director corporativo de Medifarma, indicó que el producto se preparaba inicialmente con 180 kilos de cloruro de sodio disueltos en mil litros de agua esterilizada dentro de un tanque conocido como triblender. Posteriormente, esta mezcla debía ser trasladada a un segundo tanque, el reactor, donde se agregaban hasta 20 mil litros de agua adicional, lo que permitía alcanzar la concentración final adecuada de 0.9% de sodio por litro.

Según Medifarma, Chávez habría omitido el encendido del reactor durante la preparación del suero, lo que impidió una correcta disolución del sodio. Además, se le acusa de haber tomado muestras de un tanque distinto, impidiendo detectar el error a tiempo. El trabajador rechazó ambas acusaciones y sostuvo que ha sido utilizado como “chivo expiatorio”.

La Fiscalía deberá determinar si lo ocurrido fue consecuencia de negligencias concatenadas o de una conducta deliberada. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen esperando justicia y respuestas claras frente a una pérdida irreparable.

Lo que mal empieza, mal termina. Luego de hacerse pública la denuncia de Andrés Bravo Pinedo, presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Ollantaytambo, respecto a un presunto acto de corrupción perpetrado nada menos que por el alcalde de Ollantaytambo Paul Palma, en colusión con la propietaria del hotel Sol Ollantaytambo Boutique, Lucinda Miranda Farfán, y su administrador Derik Miranda Farfán, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco, con apoyo de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) paralizaron la construcción del mencionado recinto hotelero como parte de una “medida cautelar” dispuesta por el despacho de Cultura.

La labor fiscalizadora, en principio, le corresponde a la municipalidad de Ollantaytambo, encabezada por Paul Palma, sin embargo, al estar dicha autoridad involucrada en las investigaciones, la encargada de realizar la medida preventiva fue la DDC del Cusco.

Y es que como ya se publicara en este medio, Andrés Bravo Pinedo viene denunciando una presunta red de tráfico de influencias y abuso de autoridad por parte del alcalde Paul Palma y los representantes del hotel Sol Ollantaytambo Boutique.

De acuerdo a los primeros informes obtenidos, la municipalidad de Ollantaytambo otorgó, sin pasar por las comisiones técnicas correspondientes, el permiso de restitución volumétrica para dicha obra, la misma que hasta la fecha no cuenta con una orden de demolición.

“La tardanza en la anulación y la ausencia de una orden de demolición sugieren complicidad o negligencia por parte de las autoridades, permitiendo que el daño al patrimonio continúe”, se lee en la nota publicada el pasado 2 de abril del año en curso.

Asimismo, continúa el informe, “entre las autorizaciones otorgadas de forma irregular se encuentran las siguientes: autorización N° 001-2023-GDUR – MDO, autorización N° 016-2024-GDUR – MDO, y la autorización N° 020-2024-GDUR – MDO.  Además, la ejecución de obras no cumple con la normativa vigente, donde los propietarios deberían presentar el expediente respectivo al procedimiento administrativo, en concordancia al Reglamento de Intervenciones Arqueológicas vigente aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2022-MC, de fecha 23 de noviembre del 2022”.

La nota completa en el siguiente enlace:

Ollantaytambo: atentado al Patrimonio Arqueológico revela presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de Autoridad

Finalmente, se tuvo conocimiento que la diligencia realizada esta mañana no acudió personal de la Fiscalía, impidiéndose la incautación de las herramientas y maquinarias, y constatando que al término del encintado aún habían obreros trabajando dentro de dicho inmueble.  

Mientras que el premier Gustavo Adrianzén asegura que la declaratoria de emergencia ha sido un “éxito que se viene observando”, la ola criminal continúa extorsionando y asesinando a los ciudadanos de a pie. Por lo que una comerciante de Comas reveló que se ha visto obligada a rematar su negocio debido a que extorsionadores le exigen una fuerte suma de dinero para no atentar contra su vida.

Entre lágrimas anunció ser víctima de extorsionadores

A través de su red social TikTok, la fundadora de ‘RubyLiz Boutique’, no pudo contener las lágrimas y contó en una trasmisión a sus seguidores que su situación es complicada tras ser víctima de las bandas extorsivas. A pesar de 10 años de dedicación y trabajo en su negocio, la madre de familia no pudo encontrar otra solución, debido a que no contó con el apoyo de la Policía.

En pleno llanto, la comerciante contó que, debido a la constante exigencia de los criminales, tuvo que tomar la decisión de rematar todas sus prendas de ropa en línea para poder juntar el dinero que tanto le exigen los extorsionadores.

“Estimados amigos y clientela, en estos momentos me comunico con ustedes a través de esta plataforma para informarles que voy a hacer una transmisión de remate porque necesito conseguir dinero muy fuerte para mañana. Es de vida o muerte. Espero contar con el apoyo de todos ustedes», expresó la comerciante y reveló que su negocio en Lima Norte dejará de funcionar porque priorizará el bienestar y la integridad de su familia, por lo que pidió contar con el apoyo de sus clientes para que pueda cubrir los pagos de los cupos que le exigen los criminales.

“Lamentablemente (la empresa) dejará de laborar. Ya no atenderá en almacén y quizás ya no vuelvan a verlo en redes sociales por un buen tiempo. Para mí lo más importante es la tranquilidad de mi familia, pero necesito conseguir un dinero muy fuerte», culminó entre sollozos la comerciante extorsionada.