Los fiscales del equipo especial contra la corrupción en el poder (Eficcop), que lidera Marita Barreto, desde la madrugada del martes 23 de abril allanaron 21 inmuebles en el marco del operativo ‘Valkiria II’ y también allanaron la vivienda del periodista Juan Carlos Tafur, en el distrito de Barranco.

Según, la notificación fiscal, sindican a Tafur como integrante de la organización criminal que lideraría la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y que él como comunicador cumplía el rol de operador.

“Aprovechando que es periodista y tiene apertura a los medios periodísticos, (Tafur) se habría puesto a disposición del programa criminal, publicando a sabiendas un reporte sobre desprestigio a la fiscal superior Marita Barreto, que había sido formulado por el abogado de su gran amigo José Luis Castillo Alva; además de ello, participó activamente en las coordinaciones para la destitución de fiscales y el nombramiento de aquellos que respondan a los intereses de José Luis Castillo Alva, investigado por el caso Cuellos Blancos del Puerto”.

Juan Carlos Tafur se defiende y dice que es una venganza fiscal

El director del portal Sudaca dijo que el allanamiento de su casa en Barranco responde a una persecución fiscal.

En declaraciones a una radio local, señaló que el allanamiento es una represalia por un reportaje que exponía los viajes que realizó la fiscal coordinadora del Eficcop, Marita Barreto, a Punta Cana y Estados Unidos entre el 2022 y el 2023; para tomar las declaraciones de la empresaria Sada Goray, quien es investigada por supuesta corrupción en el gobierno de Pedro Castillo.

Desde la madrugada del martes 23 de abril el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que dirige la fiscal superior Marita Barreto, con el apoyo de 23 fiscales y más de 100 policías, realizó el operativo Valkiria XI en Lima, Perú.

El operativo del Ministerio público que consiste en allanamiento y detenciones preliminares por las investigaciones que se siguen contra la presunta ‘organización criminal’ que lideraría la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, dio como resultado, a siete implicados que quedaron con detención preliminar por los delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias y otros.

Además 21 viviendas ubicadas en diferentes distritos de Lima, como El Agustino, Jesús María, San Isidro, Magdalena de Mar, Ate, Lince y Barranco, fueron allanadas.

Los detenidos son allegados a Patricia Benavides

Miguel Ángel Girao Isidro (exasesor de Patricia Benavides)

Abel Hurtado Espinoza (exasesor de Patricia Benavides).

José Luis Castillo Alva (abogado de Patricia Benavides).

Giancarlo Valer Enciso

Jorge Luis Palomino Quesada

Mirtha Cristina Gonzales Yep (esposa del abogado José Luis Castillo Alva).

Jorge Jonathan Rodríguez Menacho (capitán exagente PNP de la Diviac).

Según indicó el Ministerio Público en sus redes sociales, la intervención fiscal se da en el marco de las investigaciones a cargo del fiscal Christian Niño Torres, seguidas contra Jaime Villanueva, Miguel Girao Isidro, José Luis Castillo y Alva y otros, que vincularían también Liz Patricia Benavides Vargas.

La presunta organización criminal habría instrumentalizado el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para intereses particulares y generar ganancias ilícitas producto de actividades corruptivas.

La fiscal suspendida Patricia Benavides cuando asumió la titularidad de la Fiscalía de la Nación, con el fin de favorecer en la investigación que se seguía contra su hermana Enma Benavides Vargas, destituyó a la fiscal suprema Bersabeth Felicitas Revilla Corrales, responsable de promover la acción penal contra su hermana, acción que le trajo como consecuencia acusaciones constitucionales en el Congreso.

Desde ello, la organización criminal logró su consolidación, desplegando acciones para evitar ser procesada y sancionada y así sostenerse en el máximo cargo de la titularidad de la acción penal, haciendo que sus exasesores Jaime Villanueva Barreto, Miguel Ángel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza, influyan ilícitamente en las decisiones de Congresistas para que procuren promover la destitución de Zoraida Avalos Rivera como fiscal suprema, quien sería una potencial sucesora ante su eventual destitución, dando como contraprestación el archivamiento de denuncias de carácter penal que ella tenía a cargo, también habrían influido en la designación del Defensor del Pueblo y procurar la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para impedir su destitución.

El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo Vela, tras estar al tanto de las noticias diarias que anuncian asesinatos por parte de sicarios, cobro de cupos y extorsiones con detonación de explosivos en diversas viviendas del país, exhorta a que las autoridades competentes realicen una reevaluación del marco legal y sugiere que ya es momento de que las organizaciones criminales sean consideradas como terroristas.

El vocal supremo Arévalo Vela señala que: “La colocación de explosivos, el cobro de cupos, asesinatos… y la pregunta es ¿a qué se parece esto? se parece al terrorismo. Pues bien, hay qué hacer algo. Creo que las autoridades deben reflexionar, que de repente ya es hora de considerar a estas organizaciones criminales, como organizaciones terroristas y por supuesto, previa definición legislativa, se necesita una ley y además pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas. Tenemos que hacer algo, porque esto cada día va de mal en peor”.

La posición que toma el presidente del Poder Judicial surge en respuesta al incremento de la criminalidad y propuso la integración de las Fuerzas Armadas para combatir a este tipo de delincuencia terrorista.

Como se recuerda, el congresista Eduardo Salhuana Cavides desde julio de 2021 apoyó al hoy preso Pedro Castillo, incluso votó en contra de su vacancia presidencial. Sin embargo, —“A rey muerto, rey puesto”—, dice el refrán en referencia a la asunción de Dina Boluarte en el poder. En ese sentido, Salhuana inmediatamente cambió de opinión y desde el 2023 vive para a la mandataria.

¿A quién representa realmente el congresista Eduardo Salhuana? Se ha comprobado que gran número de congresistas ya no ingresan al Parlamento para cumplir las funciones específicas que dicta la norma parlamentaria mediante el Reglamento del Congreso de la República; sino para cazar los jugosos lobbies que se presentan y/o que se acuerdan durante campaña, con grandes mineras, constructoras o empresas internacionales.

En esa línea, los intereses de Salhuana siempre estuvieron dirigidos en la PCM, el Ministerio de Economía y Finanzas, y en especial, el Ministerio de Energía y Minas, porque, no olvidemos que, según el portal de Transparencia, Salhuana sostuvo reuniones con el expremier Alberto Otárola, el exministro Alex Contreras y con los exministros y exviceministros del sector Energía y Minas (MINEM).

¿A quién patrocinaba Salhuana?

Al revisar la hoja de vida del vocero de la bancada de APP, encontramos una contundente respuesta. Eduardo Salhuana ha sido en el 2013 Asesor legal de la Federación Minera de Madre de Dios, luego en el 2015, se convirtió en Gerente General del Gobierno Regional de Madre de Dios, y en el 2017, volvió a ser asesor legal en la Federación Minera. De ahí, que como congresista presentó el Proyecto de ley N° 3377; ley que establece el Régimen Especial de Concesiones Mineras en las zonas de pequeña minería y minería artesanal de Madre de Dios, comprendidas en el anexo 1 del Decreto Legislativo 1100°. ¿Un lobby a la vista como exasesor legal de la Federación Minera de Madre de Dios?; no obstante, eso no le importó a la Comisión de Energía y Minas, y a su expresidente, “El Niño” Jorge Luis Flores Ancachi.

Salhuana y su apoyo incondicional a Dina Boluarte

El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, se reinventó, y tras haber apoyado al profesor chotano, luego mostró su apoyo incondicional a la gestión de la presidente Dina Boluarte, entre otras decisiones congresales. 

Como la sesión del pleno en la medianoche del jueves 25 de mayo de 2023, fecha en la cual, el Congreso aprobó una norma para que la maquinaria incautada a los extractores de oro ilegal, durante las labores de interdicción, ya no sea destruida y que a través del PRONABI, pase a manos de gobiernos locales y regionales. El autor del proyecto, fue nada menos que el congresista de APP, Eduardo Salhuana.

Movidas en la Comisión de Economía

En la Comisión de Economía del Congreso, presidida por el parlamentario César Revilla desde el año pasado, se pretendió inhibir sin evaluar y dictaminar los proyectos de ley N°2139/2021-CR, que propone la “ley que incentiva la inversión en recursos energéticos renovables destinados a la generación de energía en el mercado eléctrico peruano”, y el Proyecto de Ley N° 4748/2022-CR, ley de Transición Ecológica, mediante el cual tenían la misión de modificar la ley de la generación eléctrica, sin tener en cuenta el riesgo en el que pondrán al país al pretender confiar principalmente la generación eléctrica a las energías renovables.

En ese sentido, es necesario resaltar la conexión entre congresistas, empresas vinculadas a energías renovables, y la influencia ejercida ante la Comisión de Economía para inhibirse de la evaluación técnica de propuestas legislativas.

Según expertos, la Comisión de Economía sí tendría competencia en estos asuntos, debido a que una propuesta sobre la transición hacia fuentes de energía renovables y la promoción de la sostenibilidad del sistema son cuestiones que tiene un impacto significativo en la economía del país.

Salhuana defendió a la minería informal

Una vez más, el legislador Eduardo Salhuana el pasado 3 de abril, utilizó su corta intervención en el debate para decidir otorgar el voto de confianza al premier Gustavo Adrianzén y aprovechó para publicitar su incondicional apoyo a los mineros informales, ¿acaso esto es casualidad?

Y finalmente, votó a favor de darle la confianza al premier Adrianzén. En su intervención mencionó: “El apoyo al Ministerio de Energía y Minas para que implemente nuevos proyectos mineros que podrían implicar $54 mil millones de dólares de inversión que podrían generar un aporte del 2% al PBI.  Hay enormes riquezas que no estamos explotando en el país y sobre eso tenemos que ponernos de acuerdo”.

Además, sobre los mineros ilegales manifestó: “En el sector minero, hay medio millón de peruanos y en vez de perseguirlos y adjetivarlos y generar toda una leyenda negra sobre ellos, vamos a formalizarlos, vamos a ordenarlos, pero hay que poner recursos, hay que poner logística, profesionales y voluntad política del gobierno. Los ministerios tienen que actuar de acuerdo a las políticas del gobierno. El Ministerio de Ambiente está creando una Reserva Nacional exactamente sobre lotes petroleros que están en exploración y explotación. El Minam pretende afectar nuevamente a los castañeros de Madre de Dios”.

Minería ilegal en Madre de Dios, que defiende el congresista Eduardo Salhuana.

Recordemos que hace tres semanas el Observatorio de Minería Ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad (OMI) publicó un pronunciamiento donde solicitan a las autoridades investigar al congresista de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana Cavides, luego de la difusión de un reportaje de Punto Final que denunció un posible conflicto de interés por parte del despacho del parlamentario.

Según el informe de Punto Final: “La controversia surgió luego de que Erasmo Mestas, minero informal de Madre de Dios, recordara que Eloy Saxi Arapa utilizó su concesión minera para inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), en setiembre de 2020. En una primera instancia, la Dirección Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos de Madre de Dios le dio la razón a Mestas y excluyó del padrón administrado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) a Saxi Arapa. Sin embargo, el minero denunciado logró revertir la decisión de la autoridad regional, pero esta vez con el asesoramiento legal de Eduardo Salhuana”.

El caso continuó en el Consejo de Minería del Minem. Esta vez el presunto minero invasor tuvo como abogada a Saby Meza, asesora nivel II del despacho del congresista Eduardo Salhuana.

Al parecer, desde el despacho del congresista se estaría impulsando intereses privados del sector energético y minero. La pregunta es ¿a cambio de qué?

Ana Estrada ya no está más aprisionada en una habitación sin poder siquiera ponerse en pie para mirar a lo lejos el cielo, las nubes o las estrellas. Sus profundos ojos café solo pueden mirar fijamente al techo. Ella, entre sus inquietudes y ganas de poder volar, buscaba romper con el maleficio que la tenía encadenada, dar un salto furibundo y reincorporarse para comenzar a atravesar primero el umbral de su cuarto, luego la puerta de salida de su casa, así hasta llegar a las orillas de un extenso mar, desconocido y misterioso.

A los 12 años le detectaron polimiositis, una enfermedad incurable que causa degeneración muscular progresiva, eso no le impidió seguir adelante, fue a la universidad y ejerció su profesión. Sin embargo, en 2015 todo se complicó: los músculos de su garganta empezaron a fallar y le tuvieron que practicar una traqueotomía para que pueda respirar y una gastrostomía, para facilitar su alimentación.

“No quiero estar atada las 24 horas a una cama, ni soportar dolorosas úlceras en la piel, que se profundizan hasta ver los huesos y que supuran pus. Eso solo sería el comienzo de sendas infecciones, más medios invasivos y amputaciones y no moriré. Este infierno será eterno y mi mente estará totalmente lúcida para vivir cada dolor en una cama de hospital sola y queriendo morir”, explicó Ana en 2021.

Ella solo quería sentir en todo su cuerpo la brisa del mar, el golpe de las olas, el susurro de las piedras siendo arrastradas por el vaivén de la naturaleza. Todo eso solo lo podía encontrar reducidamente en una imagen, una grabación, o tal vez en una narración, pero ¿quién vive de anécdotas contadas por terceras personas? Ana solo pasaba sus días viendo cómo el tiempo transcurría sobre su piel, sin que ella tenga la posibilidad de movilizarse, pero esa monotonía solamente duro hasta ayer.

Ana Estrada falleció el último domingo, convirtiéndose en la primera mujer peruana en la historia en acceder al procedimiento de eutanasia, significando que finalmente la justicia peruana ha reconocido su derecho a tener una muerte digna.

El procedimiento médico se realizó conforme al “Plan y Protocolo de Muerte Digna” aplicable a Ana, que fue aprobado por el Seguro Social de Salud (EsSalud), luego de que el Poder Judicial emitiera una histórica sentencia a su favor, el 23 de febrero de 2021, la cual fue luego ratificada por la Corte Suprema el 14 y 27 de julio del 2022.

Josefina Miró Quesada, su abogada que la acompaño durante gran parte de su batalla legal, indicó que la activista por los Derechos Humanos falleció “bajo sus propios términos” y “conforme a su idea de dignidad”.

Maniobras temerarias, cruces intempestivos, piruetas y piques a más de 80 kilómetros por hora. Malos motorizados, muchos de ellos de nacionalidad extranjera que se disfrazan de repartidores han tomado la vía rápida de la Costa Verde para dar rienda suelta a todas sus imprudencias; teniendo como consecuencia que al final los buenos conductores motorizados tengan que pagar los ‘platos rotos’.

Ante ese constante desconocimiento de las normas de tránsito la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) comunicó a los conductores de motos que está prohibido que circulen por las pistas de la Costa Verde, debido a que hay una ordenanza vigente.

La Policía Nacional del Perú (PNP), entidad a cargo de poner las infracciones de tránsito, estaba a la espera de que la comuna implemente correctamente la señalética para empezar a realizar operativos y las campañas de concientización a los conductores.

“Si es que no ha cumplido con la señalización, obviamente los motociclistas normal pueden ingresar a las vías. Si no hay eso, nosotros lo único que hacemos es realizar la fiscalización y control de lo que es la regularización de tránsito”, dijo la coronel PNP Shirley Asto, jefa de la División de Tránsito y Seguridad Vial, a Panorama.

Sin embargo, este último fin de semana, Emape, empresa del municipio de Lima, colocó las señales en los 14 accesos a la Costa Verde y, con eso, desde este lunes 22 de abril, se empezarán a intensificar las labores policiales para hacer respetar la prohibición del ingreso de motocicletas a esta vía expresa.

Elvira Moscoso, gerente de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima, aclaró que la ordenanza 2499-2022 señala claramente que la Costa Verde es vía expresa y remarcó que “ya no es posible” la circulación de los motociclistas a lo largo de los 22 kilómetros del circuito de playas.

“Ya es definitivo, el año 2022, la última ordenanza 2499 señala, de acuerdo al mapa vial, que la Costa Verde es vía expresa y, por lo tanto, estaría inmersa en la restricción de circulación de vehículos menores”, afirmó.

Motorizados en contra de restricción

La Asociación de Motociclistas del Perú, por su parte, apoya su defensa de la libre circulación por la Costa Verde en el artículo décimo octavo de una ordenanza de la comuna capitalina, que data de diciembre del 2016.

No obstante, Moscoso respondió que esa ordenanza del 2016 ya fue derogada por la del 2022, donde claramente se precisa que la Costa Verde es vía expresa y no puede circular ningún tipo de moto. “No corresponde”, agregó.

Moscoso insistió en que todos debemos respetar las reglas de tránsito y remarcó que no se está prohibiendo el libre tránsito. “No es el vehículo el que se conduce solo, somos las personas. Y tenemos que respetar las reglas así no nos guste”, acotó.

La Contraloría General de la República hoy intervino en simultáneo a las sedes de los gobiernos regionales de Ayacucho y Cusco, por presuntos actos irregulares de sus gobernadores Wilfredo Oscorima y Wegner Salcedo, respectivamente.

El órgano de control, a través de los auditores asignados recopilaron información relacionada a contratación de bienes, pagos a proveedores, servicios, ejecución de obras y designación de funcionarios con cargos de confianza correspondientes al periodo comprendido entre enero del 2023, hasta abril de este año.

Con respecto al caso del gobierno regional de Wilfredo Oscorima se ha recogido documentos importantes, entre los que se encuentran los Decretos de Urgencia N° 020-2023 (S/ 66 millones), N° 161-2023 (S/ 15 millones) y N° 006-2024 (S/ 100 millones).

Además, los expedientes relacionados al financiamiento de proyectos de inversión que suman más de S/ 500 millones. Entre ellos, el mejoramiento de la infraestructura de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y del Hospital de Apoyo de Puquio, cuyos montos de inversión ascienden a S/ 232 y 294 millones, respectivamente.

Asimismo, examinarán las contrataciones bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, cumplimiento de perfiles de puestos de funcionarios, acondicionamiento de ambientes y adquisición de equipos para hospitales y cambios en titularidad de terrenos. Del mismo modo, se revisará lo relacionado a consultorías, adquisición de bienes y ejecución de obras por administración directa.

Entre las obras se encuentra la millonaria adjudicación a favor de un consorcio representado por Esperanza Rojas Gutiérrez, presidenta y fundadora del movimiento regional ‘Wari Llaqta’, con el cual Oscorima logró llegar al gobierno regional por tercera vez y es investigada en la Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho.

Con respecto a la gestión de Wegner Salcedo en Cusco, la Contraloría ha recopilado información sobre las licitaciones públicas para ejecutar obras de transitabilidad y educativas por S/ 40 millones, así como también para mejorar servicios de salud y compra de bienes para un instituto superior por casi S/ 11 millones.

También se encuentran analizando información sobre la compra de bienes para la prevención y control de incendios forestales y pastizales en la región cusqueña por S/ 2 millones.

El uso y mantenimiento de vehículo asignado a una gerencia regional, la designación de funcionarios en cargos de confianza, el cumplimento de perfiles en el referido GORE y en el Plan de Mejoramiento de Riego en Sierra y Selva – Plan Meriss (Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Cusco).

En el mismo el operativo de control, los auditores también ingresaron a la Dirección Regional de Transportes de Cusco para recopilar información sobre 5 adjudicaciones simplificadas otorgadas en el 2023 para la contratación del servicio de supervisión del mantenimiento periódico de redes viales por un monto total de S/ 1 millón 700 mil soles.

De esta manera, las gestiones de Oscorima y Salcedo ya se encuentran en la mira del Congreso, de la Contraloría y de la Fiscalía de la Nación que ya les inició investigación por el controvertido ‘caso Rolex’ que también involucra seriamente a la presidenta de la República, Dina Boluarte.

A esperar cuatro años más de desvíos y tráfico infernal. El viceministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ismael Sutta, brindó nuevas aproximaciones sobre lo que será el funcionamiento de la Línea 2 del Metro de Lima.

Entre ellas destacó que, gracias a los trabajos simultáneos que se vienen realizando en 40 frentes de lo que será la Línea 2 del Metro, se podrán se podrán acelerar los tiempos para poder inaugurar el total de las estaciones más rápido y que el primer subterráneo del Perú opere al 100% en el 2028.

“Eso está haciendo que nuestro avance pueda ir más rápido. De acuerdo al cronograma de avance, debemos tener funcionando todo el sistema en el año 2028. Este importante sistema nos va a permitir movilizar más de 600 mil pasajeros al día, en una primera etapa, y en el 2030, un millón 200 mil pasajeros”, declaró Sutta para Panamericana Televisión.

En cuanto a las declaraciones del titular del MTC, Raúl Pérez-Reyes, quien manifestó hace unas semanas que la obra en su totalidad podría estar lista para los Juegos Panamericanos Lima 2027, el funcionario público precisó que no será posible.

Sin embargo, afirmó que para ese entonces ya habrán varias estaciones inauguradas, lo que facilitará el transporte de los turistas, de los aficionados de los deportes y del público en general al descongestionar las principales avenidas de los distritos y brindar una nueva opción para movilizarse.

“Estamos trabajando a ritmos acelerados. Esperamos llegar para que los Juegos Panamericanos no tengan problemas de congestión vehicular. Estamos en ese proceso. Venimos coordinando con el concesionario para adelantar algunos trabajos de tuneladora y estación para minimizar los cierres que se tienen en las vías”, dijo el viceministro.

Como se recuerda, ya se inauguraron las primeras 5 estaciones de las 27 planificadas. Estas son: Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita. Desde que fueron abiertas al público, dichas terminales vienen funcionando de forma gratuita al aún encontrarse en marca blanca, la cual durará hasta finales de agosto del 2024.

Con el pasar de los años se inaugurarán las 22 estaciones restantes para que el subterráneo una la ciudad de Lima al recorrer los distritos de Ate Vitarte, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Carmen de La Legua y el Callao en un plazo menor a los 45 minutos.