El congresista Jorge Marticorena, se reunió este último sábado con el ministro de Agricultura y Riego, Andrés Alencastre Calderón, el Gobernador Regional de Ica, Javier Gallegos, alcaldes distritales, pequeños agricultores, junto a técnicos y expertos para participar del Conversatorio: “La Agricultura en Ica: Problemática, propuestas de solución y políticas públicas”, organizado por su despacho en las instalaciones de la Cooperativa Señor de Luren del distrito de la Tinguiña en Ica

“Los grandes problemas se resuelven de manera más fácil cuando todas las autoridades vinculadas al tema están unidas. “, indicó el vocero de la bancada Perú Bicentenario. 

Durante la reunión de trabajo, se mencionaron las diferentes problemáticas que afecta a la agricultura de Ica como la cosecha de agua ante la crisis hídrica, el uso indebido de pozos subterráneos, créditos para los agricultores con bajos intereses y la entrega de equipos que se encontraban obsoletos.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre mostró su compromiso para buscar soluciones inmediatas para que los agricultores empiecen la campaña agrícola 2022 – 2023 garantizando la seguridad alimentaria del país. 

“Que todos deben llegar a conclusiones que van más allá de cada una de nuestras posibilidades. Si el agua es el vertebrador de todas las formas de vida, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego será el vertebrador de todas las formas de producción que estamos haciendo ahora, esa es nuestra responsabilidad y la mirada con enfoque territorial desde el sector agrario que me comprometo a establecer”, mencionó el titular del Midagri.

Finalmente, los alcaldes y dirigentes de cada Junta de Usuarios e instituciones involucradas con el sector agrícola agradecieron la convocatoria impulsada por el congresista Marticorena y la presencia del ministro de Agricultura y Riego, Alencastre, por llegar a la región y escuchar los pedidos del pueblo iqueño que en estos momentos necesita la sostenibilidad del recurso hídrico. 

Otro más de los detenidos. Ayer por la tarde, el Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú detuvo al alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, quien es cercano al presidente Pedro Castillo. El burgomaestre se encuentra investigado por pertenecer presuntamente a una organización criminal comandada nada menos por el jefe de Estado.

El alcalde de Anguía, según investigación de la Policía, se encuentra vinculado con presuntos ilícitos en el gobierno del mandatario chotano, los cuales vienen siendo desarrollados por el Ministerio Público.

El burgomaestre, que registra 8 visitas a Palacio de Gobierno durante la gestión de Pedro Castillo. La primera reunión ocurrió durante los primeros días del gobierno de Pedro Castillo, el 7 de agosto y duró alrededor de dos horas. El 21 de agosto, el alcalde acudió a la Casa Militar de Palacio para una nueva cita con el jefe del Estado, esta vez, por tres horas. Al día siguiente retornó a la Casa Militar.

#LoÚltimo Fuentes de Panorama aseguran que la policía ha detenido a José Nenil Medina Guerrero, alcalde de Anguía, señalado como uno de los operadores políticos del Presidente Pedro Castillo. pic.twitter.com/a7C0mFyo7j

— Panorama (@PanoramaPTV) August 9, 2022

Gracias a esas visitas adjudicó un proyecto de 3 millones de soles a la empresa de Anggi Espino, hermana de Hugo Espino, quien es investigado por Fiscalía junto a Yenifer Paredes, cuñada del jefe de Estado.

Asimismo, Medina, de 31 años, fue incluido a fines de julio en una investigación del Equipo Especial de la Fiscalía contra la Corrupción en el Poder por el presunto delito de organización criminal, en la que también están involucrados la primera dama, Lilia Paredes, y sus hermanos Yenifer Paredes, Walter Paredes y David Paredes, así como Hugo Espino y Anggi Espino.

En tanto, el ex secretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, lo ha señalado como operador de la presunta organización criminal.

Según testimonio del ahora colaborador eficaz, Medina Guerrero servía como “cajero” del presidente Castillo.  Este ya ha sido trasladado a la sede de División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) tras ser capturado en las inmediaciones del centro de Lima.

El pueblo que dice apoyarlo, ese que le grita en su cara “corrupto” y “ladrón”, ese pueblo que tiene que mantener alejado, colocando un laberinto de rejas en los alrededores de Palacio de Gobierno, para que no tenga que oír los incesantes reclamos de ese “pueblo” que tanto repite.

Resulta evidente que su gestión es de mala para pésima y que él mismo se para disparando a los pies, facilitando la labor de la oposición, pues su poca o nula experiencia hacen de él un personaje que cada fin de semana es utilizado como piñata por diarios de corte popular. Eso nadie lo va a negar.

Anoche. El presidente Pedro Castillo, salió en señal abierta a dar un breve mensaje a la Nación, en donde se refirió a la reciente intervención por parte de un equipo especial de la Fiscalía para dar con la ubicación de Yenifer Paredes, hija putativa del jefe de Estado, y la que formaría parte de una presunta organización criminal, precisamente liderada por el chotano de sombrero.

“Hoy, Palacio de Gobierno y la casa presidencial una vez más han sido violentados por un allanamiento ilegal avalado por un juez, coincidentemente cuando se solicita el pedido de mi inhabilitación por cinco años. para arrebatarle al pueblo peruano su legítimo gobierno”, pronunció Castillo Terrones al promediar las ocho y cuarenta y cinco de la noche del martes.

Refirió que vienen buscando el diálogo por más de un año; sin embargo, lo que han recibido como respuesta ha sido acciones orientadas a la vacancia presidencial, a la acusación constitucional, a la inhabilitación, a la suspensión y la renuncia. Para Castillo Terrones, quienes hoy buscan quebrantar el orden constitucional y democrático, son los mismos que denunciaron un fraude electoral inexistente para desconocer su elección, recurriendo con tal fin incluso a los organismos internacionales.

Coincidentemente, señaló que el lunes, se presentó un informe ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales “pidiendo ilegalmente mi inhabilitación, y hoy montando un show mediático, la fiscalía allana mi domicilio en busca de mi hija, creyendo que con ello van a doblegarme”.

“Es evidente la confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático. Hago un llamado a las fuerzas democráticas, a los peruanos y peruanas a unirse en defensa del estado de derecho, el orden democrático y la voluntad popular. Podrán tener medios, podrán tener dinero, pero no tienen al pueblo”, aseveró.

Como se sabe, la Fiscalía ha estado investigando desde hace unos meses al entorno del presidente, con la sospecha que se teje una organización criminal que opera en la Casa de Pizarro. Poco a poco, se han dado a conocer las delaciones en torno a supuestos actos de corrupción en el Ejecutivo.

La buscaron hasta debajo de la cama pero nadie daba razón de su ubicación. Yenifer Paredes Navarro, hermana de la primera dama Lilia Paredes, sí, esa misma que dice no recordar dónde trabajo, nuevamente se ha desvanecido como por arte de magia cuando vio que el equipo especial de la Fiscalía llegó hasta Palacio de Gobierno para intervenirla, ya que la “hija” del presidente Pedro Castillo se encuentra inmersa en una investigación por la adjudicación de obras de manera irregular.

Durante el transcurso de las horas de ayer martes, en distintas partes de la capital, fueron detenidos el alcalde de Anguía (Chota, Cajamarca) José Nenil Medina Guerrero, así como los hermanos y empresarios Anggie y Hugo Espina Lucana; todos sindicados como integrantes de una presunta organización criminal que encabeza el presidente Castillo y que tiene como lugarteniente al ministro Geiner Alvarado.

La orden de detención para los implicados es por el plazo de 10 días, investigados por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y organización criminal, como parte de las investigaciones por las adjudicaciones de obras irregulares.

Además, se autorizó el allanamiento de inmuebles y registro de inmuebles, así como la incautación de los bienes muebles, documentos, joyas, dinero, equipos informáticos y otros bienes relacionados al caso.

Los ‘guachimanes’ de Palacio

Quién hubiera pensado ver a ministros de Gobierno cumpliendo el rol de ‘guachimanes’ de la casa de Pizarro, ni bien se enteraran que el fiscal Hans Aguirre Huataco y el coronel PNP Harvey Colchado iban a detener a la olvidadiza cuñada de Castillo.

Sin embargo, permanecieron en los exteriores por espacio de una hora debido a que les informaban que no podían ingresar bajo el argumento de que es la casa de un funcionario aforado, es decir, de una autoridad que goza de una prerrogativa.

Esos ‘guachimanes’, bien a la porra y el pito en la boca, eran nada menos que el abogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, así como los ministros Alejandro Salas (Trabajo) y Félix Chero (Justicia).

Después de una hora, los representantes del Ministerio Público lograron ingresar.

La Policía le informó al equipo especial de fiscal que Yenifer estaba allí debido al seguimiento que estaban realizando, por lo que habría delito de encubrimiento desde Palacio de no ubicarse a la familiar del presidente.

Luego de permanecer una hora en los interiores de Palacio, los representantes del equipo especial se retiraron.

Un sombrero no tapa la podredumbre que habría en Palacio

La orden de detención se da luego de que la Fiscalía identifique una red criminal.

Según la tesis fiscal, el presidente Castillo es el líder en la estructura de la organización criminal, pero tenía a dos altos funcionarios como lugartenientes.

El primero es Geiner Alvarado, ex titular de Vivienda y hoy ministro del MTC.

Alvarado ha sido uno de los pocos ministros que se ha mantenido en su cartera durante cuatro Gabinetes Ministeriales, pero fue cambiado recientemente al sector de Transportes, ministerio que estuvo a cargo del hoy prófugo Juan Silva Villegas.

Mientras que el segundo lugarteniente es José Nenil Medina.

Los coordinadores son dos familiares del presidente Castillo, una es Lilia Paredes, esposa del presidente Castillo y primera dama.

Los empresarios y hermanos Hugo y Anggie Espino Lucana serían las caras visibles de la organización, específicamente, los testaferros.

Por ejemplo, se señala que Hugo Espino compró un vehículo al contado el 11 de noviembre de 2021, para así ocultar el dinero que habría recibido por las presuntas licitaciones fraudulentas.

También lo serían Yenifer, David y Walther Paredes Navarro, hermanos de la primera dama.

En tanto que JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC (representado por Hugo Espino) y Destcon Ingenieros & Arquitectos S.A.C. (representada por Anggie Espino Lucana y su padre Hugo Espino Almeida) actuaron como empresas de fachada.

Además, la Fiscalía se encuentra en proceso de identificación de otras empresas.

La Policía Anticorrupción detuvo en la mañana del martes al gobernador encargado de la región Junín, Clever Mercado Méndez, en presencia del fiscal Aladino Lazo Pacheco, en el marco de la investigación por presuntos sobornos a consejeros para emitir votos en contra del retorno del gobernador en licencia, Fernando Orihuela Rojas.

La detención de Mercado fue en una vivienda del sector de Millotingo el distrito de El Tambo (Huancayo) y, según la Fiscalía, se dio debido que fue mencionado en una de las escuchas proporcionadas a la Policía de haber presuntamente “ordenado” el reparto de diversas sumas de dinero a los consejeros regionales haciendo, un total de S/ 42,850.

Este hecho se da como consecuencia de la detención del gerente regional de infraestructura, Gerardo Portocarrero Almonacid, cuando entregaba una presunta coima de S/3.800 al consejero José Villazana Flores, quien horas antes denunció el intento de soborno.

“En el audio grabado se escucha al gerente (Gerardo Portocarrero) decir que esta entrega (de dinero) era por órdenes del gobernador Clever Mercado”, sostuvo Villazana a la prensa.

Desde las 9:00 a.m. del martes, el fiscal Lazo junto a la Policía llegaron a la sede del Gobierno Regional de Junín donde recogieron documentación y se entrevistaron con cada uno de los consejeros. En la oficina de gobernación permanecía Fernando Orihuela, mientras que el despacho de la vicegobernación estaba vacío.

Durante esas diligencias las autoridades salieron raudos, pero minutos después se conoció de la detención del gobernador Mercado.

Fernando Orihuela, a finales de julio, presentó un documento al consejo regional para retomar sus labores como gobernador debido que había solicitado su retiro de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, quedando así el partido del lápiz sin candidato a la región Junín donde precisamente es cuna de Perú Libre.

En estos momentos, se debate en el consejo regional la aceptación de la solicitud de Orihuela para su retorno.

A principios de año, exactamente los días 24 y 25 de enero, el presidente de la República Pedro Castillo ofreció una entrevista para la cadena internacional CNN, en donde comentaba sobre la posibilidad de otorgar a Bolivia una salida al mar. Dichas declaraciones no escaparon de la atenta observación de los internacionalistas, pues se estaba hablando de desconocer parte de nuestra soberanía para ofrecérsela a otro país.

“No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo…jamás haría que cosas que el pueblo no quiera”, dijo Castillo Terrones aquella vez.

“Yo no lo estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia (…) Ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste”, agregó Pedro Castillo, según lo que señala la acusación.

Como siempre, el jefe de Estado se amparó en que la última palabra la tendría el ‘pueblo’, a través de un referéndum, ese mismo que hace solo unos días, de acuerdo a una encuesta realizada por Datum, lo rechaza hasta en un 81% en algunas partes del Perú.

Fue el congresista de Acción Popular Wilson Soto quien presentara una denuncia constitucional contra el mandatario, acusándolo, en resumen, de traición a la patria. 

De acuerdo al informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se recomienda la inhabilitación de Castillo Terrones por un periodo de cinco años, por haber violado los artículos 32, 54, 110, 118 incisos 1,2 y 11 de la Constitución Política del Perú.

“Apreciándose que el máximo representante de la república mediante sus declaraciones demostró su intención de transgredir el mandato de la Carta Fundamental, se concluye y se recomienda: Acusar por juicio político al investigado José Pedro Castillo Terrones, en su condición de Presidente de la República, por infracción de los artículos 32, 54, 110, 118 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución Política del Perú; y, de acuerdo al artículo 100 de la Carta Magna, proponemos que se imponga la sanción de inhabilitar por cinco años para el ejercicio de la función pública”, se lee en el escrito.

“Se concluye y se recomienda: acusar por antejuicio político al investigado José Pedro Castillo Terrones, en su condición de Presidente de la República, como presunto autor del delito de Traición a la Patria previsto y sancionado por el artículo 325° del Código Penal; en calidad de Autor y en grado de tentativa en agravio del Estado Peruano”, agrega el documento.

Once cuentas en total confiscadas a pedido del fiscal de lavado de activos Richard Rojas Gómez, cuyas titularidades se encuentran a nombre del fundador del partido político Perú Libre, Vladimir Cerrón, así como de su madre, Bertha Rojas, por disposición del Poder Judicial (PJ).

Seis a nombre del condenado por corrupción y cinco pertenecientes a su madre, dando una suma total en las cuentas de S/3 millones 22 mil, los cuales deberán ser sustentados ante las autoridades.

La medida fue autorizada en el transcurso de la última semana por el juez Jorge Chávez Tamariz en una investigación que se le sigue a ambos por presunto blanqueo de dinero, en el que se imputa que se utilizó dinero de origen sospechoso para diversos fines, entre ellos el de financiar las campañas políticas de Perú Libre tanto a nivel distrital, provincial, regional, congresal y presidencial.

En total, son cinco cuentas de Bertha Rojas las que se vieron afectadas y seis las de Cerrón. Rojas López tenía más de 90 mil soles en sus cuentas de ahorros del Banco de la Nación, mientras que en Credicorp tenía una cuenta en soles y dólares que sumadas superaban el millón de soles. En el caso del ex gobernador regional de Junín, este tenía en una cuenta de ahorro BBVA más de S/377 mil y en una cuenta Interbank más de S/1.2 millones.

Según la resolución judicial, la Fiscalía planteó incautar dichas cuentas el 1 de agosto pasado. Tras ello, el magistrado Chávez Tamariz estimó que la medida era proporcional, idónea y necesaria ante el peligro de que tanto el ex gobernador de Junín como su madre dispusieran o desaparecieran dichos montos en sus cuentas deshaciendo la posibilidad de un decomiso definitivo a favor del Estado.

En el caso de Cerrón se valoraron las pericias que demostraron un desbalance patrimonial en sus cuentas del 2002 al 2018. El investigado, aseguran la Fiscalía y los informes periciales, tampoco pudo demostrar si realmente recibió pagos de más de S/15 mil entre 2008 y 2010 por clases dictadas en la Universidad Nacional del Centro.

Por el contrario, se evidenciaron contradicciones en su versión de que habría recibido además recibos por honorarios por el desempeño de su profesión como médico en 2021.

Testigos han afirmado que no pagaron por esos servicios, señala la resolución del juez. Una de sus transacciones realizada en 2017, por otra parte, por S/260.000, fue identificada como sospechosa por no encajar con las declaraciones juradas que había presentado entonces ante la Contraloría General de la República.

La cuenta en dólares de BBVA de Cerrón tampoco ha podido acreditar adecuadamente su origen, resalta el Ministerio Público. Con relación a Bertha Rojas, se tienen como elementos para incautar sus cuentas las adquisiciones de inmuebles en Junín y en Lima así como transferencias para el pago de la reparación civil que se impuso a su hijo Vladimir Cerrón en 2019 por una sentencia que se le dictó por negociación incompatible.

A pesar de que tiene vigente aún el congelamiento de sus fondos por la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), el juez Chávez Tamariz determinó que la constante actividad y transferencias entre sus cuentas era motivo suficiente para dictar la medida. Por todo ello, se concluyó que “existen abundantes operaciones sospechosas e inconsistencias que no se condicen con la realidad” en las cuentas de los investigados.

La hipótesis principal que maneja la Fiscalía en este caso es que Perú Libre fue utilizada para recibir dinero ilícito de lo generado por la presunta red criminal “Los Dinámicos del Centro” (dedicada en Junín al tráfico de licencias de conducir e intercambio de favores en su Dirección General de Transportes y Comunicaciones durante la gestión de Vladimir Cerrón).

Ello con el fin de que dichos montos sirvieran para “el pago de diversos servicios, gastos propios e inversiones como plan de actividades políticas y con ello darle apariencia de legalidad”.

No le simpatiza. El congresista Edgar Tello cuestionó la decisión del presidente de la República, Pedro Castillo, de designar a Betssy Chávez como nueva ministra de Cultura, en reemplazo de Alejandro Salas que ahora pasa a ser el nuevo titular de Trabajo.

El parlamentario indicó que el actual gabinete no es el adecuado, pues Chávez Chino había sido censurada por el Congreso de la República por los cuestionamientos que tuvo al mando del Ministerio de Trabajo.

“Yo sé que este gabinete indudablemente no es el adecuado porque no se puede poner una gestión incorporando a ministras censuradas. Será muy buena profesional, pero tampoco es un buen inicio en esta etapa del Gobierno”, declaró en diálogo con Canal N.

Seguidamente, Tello dijo esperar que el jefe de Estado se rectifique de dicho nombramiento por el bien del país. Del mismo modo, aclaró que si bien no existe un impedimento legal para la designación de Chávez, ya hubo una decisión política por parte del Parlamento.

“Hay errores, pero estoy seguro que se van a rectificar en bien del país y tienen que sacar adelante la gestión (…) legalmente no habrá impedimentos, pero políticamente ha tenido una decisión del Congreso y eso pesa para poder sacar la gestión a nivel actual”, manifestó.

En otro momento, el parlamentario del Bloque Magisterial se mostró a favor de la rectificación de Aníbal Torres como presidente del Consejo de Ministros, pues aseguró que ha sacado adelante la gestión y ha hecho respetar la democracia.

“Ha tenido sus altas y sus bajas, pero es una pieza fundamental en esta gestión. Quizá a algunos no les ha parecido, pero es una persona que ha estado sacando adelante la gestión, garantizando con logro las sesiones descentralizadas, haciendo respetar la democracia en nuestro país antes voces de vacancia, adelanto de elecciones y pretensiones que se ha escuchado”, subrayó.