Pese a su constante exigencia de transparencia en el sector público, algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) parecen menos dispuestas a aplicar esos mismos estándares a sus propias finanzas. Tal es el caso del Instituto de Defensa Legal (IDL), que actualmente enfrenta un proceso administrativo sancionador por parte de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). La noticia se conoció tras un requerimiento formal del Congreso de la República, que buscaba esclarecer el manejo de los cuantiosos fondos que las ONG como el IDL reciben del extranjero.

Mediante el Oficio N.º 0037-2025-APCI/OAJ, la APCI confirmó que la investigación sigue en curso como parte de un esfuerzo institucional para reforzar el control sobre los recursos no reembolsables que canalizan estas entidades. La falta de rendición de cuentas ha sido una constante en el debate público, pero sorprendentemente, muchas de estas ONG —incluido el IDL— han optado por guardar silencio frente a los cuestionamientos.

La solicitud fue presentada por el congresista Alejandro Aguinaga en el marco de una sesión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. En ella también se discutieron los avances en la implementación de la Ley N.º 32301, que amplía las facultades de supervisión de la APCI. Según la entidad, ya se culminó la elaboración del reglamento respectivo, junto con un nuevo esquema de infracciones y sanciones, así como el rediseño de su estructura interna.

En teoría, estas reformas buscan cerrar décadas de permisividad. Durante años, las ONG han recibido importantes sumas de dinero internacional sin que exista un seguimiento claro de su uso. En el caso del IDL, la ironía es doble: una organización dedicada a fiscalizar al Estado ahora deberá explicar el uso de fondos millonarios que ella misma recibió sin mayor control público.

La creación de una Intendencia de Inteligencia Financiera dentro del plan estratégico de la UIF refuerza este viraje institucional. Lo que antes se consideraba terreno intocable, hoy entra en una etapa de escrutinio legítimo. El silencio de las ONG, en medio de este proceso, ya no puede interpretarse como prudencia, sino como resistencia a la rendición de cuentas.

El IDL y otras entidades similares tendrán que adaptarse a una nueva realidad: la fiscalización no es solo una herramienta para el Estado, también debe ser una exigencia interna en quienes dicen defender el interés público.

A pocos días de que se inicie el proceso para renovar la Mesa Directiva del Congreso, las primeras alianzas empiezan a tomar forma, pero no necesariamente con señales de cambio. Más bien, los rostros que suenan refuerzan la percepción de continuidad en una dinámica política centrada en el reparto de cuotas, antes que en la transparencia o en una verdadera reforma del Legislativo.

La elección se realizará el 26 de julio, y las candidaturas se inscribirán entre el 24 y 25. Según versiones difundidas, una de las listas —posiblemente la Lista 1— estaría encabezada por José Jerí Oré como presidente del Congreso, acompañado por César Revilla, Waldemar Cerrón e Ilich López en las vicepresidencias. Esta peculiar fórmula tendría el respaldo de sectores afines a la actual conducción parlamentaria.

La posible inclusión de Waldemar Cerrón por tercer año consecutivo ha sido duramente cuestionada. Su presencia simboliza, para muchos, la consolidación de una coalición interesada más en mantener privilegios que en impulsar reformas. ¿Acaso se busca repetir la misma lógica de repartijas y blindajes que ha marcado esta legislatura?

La congresista Ruth Luque criticó la fórmula por perpetuar una alianza construida desde 2021 sobre acuerdos opacos y beneficios políticos. Señaló que no se ha promovido ninguna transformación institucional de fondo en el Congreso.

En paralelo, el congresista José Cueto estaría articulando la lista alternativa 2, aún en negociación. Se desconoce quiénes lo acompañarían, aunque se presume que contará con apoyo de sectores de centro y derecha. Sin embargo, más allá de nombres, persiste una pregunta central: ¿habrá voluntad real de renovar prácticas o simplemente se cambiarán las fichas del tablero para que todo siga igual?

Con el Congreso entrando en su último año, y varios parlamentarios buscando la reelección en 2026, el control de la Mesa Directiva podría seguir siendo utilizado como moneda de cambio y no como una herramienta para mejorar el uso de los fondos públicos ni la rendición de cuentas.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó a Luis Fernando Ruiz Lecaros como nuevo asesor del Gabinete de Asesores del despacho ministerial, según la Resolución Ministerial N.º 338-2025-EF/49. La decisión fue tomada por el titular del sector, Raúl Pérez-Reyes, conforme al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del ministerio.

Ruiz Lecaros es ingeniero industrial y cuenta con un máster en Dirección de Empresas. Actualmente integra el Directorio de Perupetro S.A. como representante del MEF y anteriormente ocupó cargos similares en el Fondo Mivivienda y Sima-Perú S.A.

En 2023, durante la gestión de Isabel Tafur en Perupetro, Ruiz Lecaros fue parte del directorio que aprobó la adjudicación directa de los lotes petroleros I, VI y Z-69, ubicados en Piura a la estatal Petroperú. Este hecho fue denunciado ante la Contraloría General de la República por el congresista Jorge Morante Figari, quien cuestionó que se haya marginado a otras empresas interesadas, como Savia y Sapet, que habían presentado propuestas de negociación.

La designación de Ruiz Lecaros se da en un contexto de alta sensibilidad por los procesos de licitación y gobernanza en el sector energético nacional.

Se quiere meter de cabeza en la carrera. No falta casi nada para la fecha límite para la conformación de alianzas y en cualquier parte del país se vienen realizando tensas reuniones para definir quiénes serán los futuros candidatos presidenciales; algunas conversaciones llegan a buen puerto, mientras que otras solo comprueban que cada una de las partes busca solo satisfacer sus compromisos pactados con sus financistas.

Entre esa andanada de orgullos y apretones de manos, el ex congresista Yonhy Lescano anunció que tiene la intención de volver a postular a la presidencia de la República, pero esta vez con la alianza conformada por su partido ‘Verdad y Honradez’ y ‘Cooperación Popular’, donde se encuentra el congresista Carlos Zeballos.

Atrás quedaron los días donde Lescano se mostraba orgulloso de pertenecer a Acción Popular, pues el abogado ahora reniega que se le vincule con los actuales representantes del Parlamento, acusados de pertenecer a ‘Los Niños’ que, como se recuerda, habrían sido aliados del entonces presidente Pedro Castillo, negociando votos a cambio de beneficios políticos.

“¿Quiénes son los padres de Los Niños? Los dirigentes actuales que estaban trabajando con ellos. El señor presidente, el partido tiene 60 juicios penales en curso (Julio Chávez). Dile con quién coordina, ¿y con quién anda y cómo coordino antes de las elecciones generales?, cuestionó Lescano para Canal N.

En #AlFinalDelDía, Yonhy Lescano señaló que postularía a la presidencia con el partido “Verdad y Honradez”, en alianza con “Cooperación Popular”. Aseguró que hace política durante sus vacaciones, sin aprovecharse del Congreso

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— Canal N (@canalN_) July 16, 2025

“Lo cierto es que el partido ha caído en manos de dirigentes que lo han llevado a la situación grave en la que está, traicionando la memoria del presidente Belaunde, con dirigentes que tiene juicios penales, investigaciones penales, que no las tengo yo, y que he salido limpio de cuatro gestiones», añadió.

El caso “Los Niños”, que involucra a 13 congresistas presuntamente ligados a una red criminal durante el gobierno de Pedro Castillo, está a punto de naufragar no por falta de pruebas, sino por la inacción y desidia del Ministerio Público. El Poder Judicial ha ordenado a la Fiscalía de la Nación tomar una decisión inmediata: archivar el caso o presentar una denuncia constitucional ante el Congreso. El plazo legal de investigación preliminar venció en mayo, y ya han pasado más de dos meses sin que el Ministerio Público se pronuncie.

La resolución judicial busca frenar una situación insostenible: mantener a los investigados bajo un limbo procesal indefinido, lo que vulnera principios básicos del debido proceso y revela una preocupante falta de capacidad institucional para enfrentar casos de corrupción de alto perfil.

Una red criminal bajo la sombra del Congreso

La investigación comenzó hace tres años con una premisa grave: los congresistas habrían formado parte de una red criminal encabezada por el expresidente Pedro Castillo. Se les acusa de operar como su brazo político en el Parlamento, facilitando designaciones ilegales y blindando a funcionarios afines.

Los indicios apuntan a intervenciones en instituciones clave como el Ministerio de la Producción y Migraciones, con el objetivo de copar el aparato estatal. Sin embargo, pese a la gravedad del caso, el avance ha sido lento, errático y lleno de omisiones inexplicables.

Plazo vencido sin respuestas

En mayo se cumplieron los 36 meses que la ley concede como máximo para la investigación preliminar. Frente a la inacción de la Fiscalía, los abogados de los congresistas Juan Carlos Mori y Jorge Flores Ancachi presentaron un recurso de control de plazos ante el Poder Judicial, que fue admitido y resolvió presionar al Ministerio Público para definir el futuro del caso.

“El plazo se venció hace más de dos meses y medio. Estamos en una etapa completamente extemporánea”, advirtió el penalista Julio Espinoza. Su colega, Julio Rodríguez, fue aún más enfático: “Este caso refleja el estado de crisis y falta de liderazgo del Ministerio Público”.

Diligencias se postergaron sin justificación

Uno de los aspectos más preocupantes del caso ha sido la demora en la ejecución de diligencias básicas. Recién en mayo pasado, la Fiscalía solicitó el levantamiento del secreto bancario de los implicados, una medida que debería haberse adoptado al inicio de la investigación.

“En un caso de corrupción, lo primero es revisar las cuentas y comunicaciones de los investigados. Aquí pasaron tres años sin hacerlo”, criticó Rodríguez. Esta omisión no solo revela negligencia, sino que pone en duda el compromiso del Ministerio Público con la lucha contra la corrupción.

Posibles consecuencias: impunidad y deslegitimación institucional

Si la Fiscalía opta por archivar el caso, los 13 congresistas investigados quedarían libres de cualquier proceso penal por estos hechos, salvo que surgieran nuevas pruebas. Esto beneficiaría a personajes como Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores Ancachi, Juan Mori, Darwin Espinoza e Ilich López, entre otros.

Aunque el archivo no equivale a una absolución, el mensaje político y social sería devastador: que un grupo de parlamentarios puede estar involucrado en actos de corrupción y salir impune gracias a la lentitud del sistema judicial.

Congreso: juez y parte

En caso de que la Fiscalía presente finalmente una denuncia constitucional, el caso deberá pasar por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso. Pero aquí surge otro obstáculo: los implicados serían juzgados por sus propios colegas, muchos de los cuales podrían tener vínculos políticos con ellos, o interés en protegerlos.

Como explicó el penalista Espinoza, “incluso si la Fiscalía denuncia, el proceso no avanza sin que el Congreso levante el fuero parlamentario. Y esa decisión es política”. De no hacerlo, la investigación se estancará nuevamente, esta vez por voluntad del Legislativo.

Una Fiscalía paralizada

La debilidad institucional del Ministerio Público en este caso es inocultable. El retraso en diligencias clave, el incumplimiento de los plazos legales y la falta de resultados concretos reflejan un patrón de ineficiencia que trasciende a “Los Niños”.

“No se puede entender que un caso de esta magnitud, con pruebas públicas, testimonios y seguimiento mediático constante, se quede sin avance real durante tres años”, señaló Julio Rodríguez. “La Fiscalía ha demostrado que no está preparada para enfrentar redes de corrupción cuando estas involucran a altos funcionarios del Estado”.

Más allá del aspecto jurídico, el caso “Los Niños” se ha convertido en un símbolo del deterioro institucional del país. La percepción de que el sistema protege a los corruptos mientras castiga con dureza a los ciudadanos comunes erosiona la ya debilitada confianza en la democracia.

La sociedad civil, los medios y varios sectores políticos exigen una respuesta clara y urgente de la Fiscalía de la Nación. La reciente orden judicial no solo es un llamado de atención, sino una última oportunidad para evitar que otro caso emblemático termine en el archivo, sin justicia ni sanción.

¿Y ahora qué?

La pelota está en la cancha del Ministerio Público. Tiene la obligación de actuar, de dejar atrás la inercia que ha caracterizado su gestión en este caso y definir el futuro del expediente. Archivar el caso sin una investigación seria, sería una claudicación institucional. Presentar una denuncia permitiría al menos avanzar hacia una posible rendición de cuentas, aunque los obstáculos políticos permanezcan.

En cualquier escenario, el manejo del caso “Los Niños” quedará registrado como un fracaso más del sistema judicial peruano en su lucha contra la corrupción en las altas esferas del poder.

Si ya se le pagó a una ‘vecinita’ para que pueda viajar a Francia, por qué no hacer lo mismo con un ingeniero cercano al segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, total, el dinero no es de ellos, sino de todos los peruanos. Así de mal estamos.

El hermano del prófugo Vladimir Cerrón, el mismo que repite ser un paladín de la justicia, pero escribiendo solo en Twitter, Waldemar, aquel curioso parlamentario que gusta de condecorar a la comediante trans ‘Dayanita’ por su “impacto positivo en el arte”, ahora le estaría dando ‘alas’ al ingeniero Dennis Jack Núñez Huamancayo para que pueda viajar sin muchas complicaciones a cursar su maestría a Moscú-Rusia.

Y es que recientemente el Parlamento acordó financiar el viaje a Rusia de Núñez, tras obtener una beca académica completa. Según el acta de la 39.ª sesión de la Mesa Directiva, celebrada el 21 de mayo de 2025, el pedido fue presentado por el segundo vicepresidente Waldemar Cerrón, de Perú Libre.

El ingeniero obtuvo una beca, pero esta no cubre gastos como alojamiento, alimentación o transporte. Es por ello que el cuestionado legislador solicitó el apoyo económico para cubrir el costoso pasaje que lo llevará a la tierra de Lenin y Putin.

Al respecto, Rodolfo Reyna, especialista en temas parlamentarios comentó para Exitosa que este tipo de ayudas deben de pasar necesariamente por criterios técnicos a fin de evitar posibles “donaciones amicales”. «Las donaciones deben ser justificadas y de conocimiento público para garantizar que no existan favores personales», indicó.

Un Congreso ‘regalón’

Si un escándalo no basta, también la Mesa Directiva aprobó el apoyo económico a la empresaria María Jesús Gosálvez Postigo, vecina del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, para que pueda viajar a Francia.

Cabe destacar que Gosálvez Postigo y Salhuana crecieron como vecinos en Puerto Maldonado, donde vivían a pocas cuadras de distancia y forjaron una estrecha relación que perdura hasta el día de hoy.

En una época donde la política se juega más en la esfera virtual que en la real, donde los hilos del poder se mueven por chats y no por discursos en el hemiciclo, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha decidido envolverse en el más antiguo de los disfraces: el silencio. Un silencio que no niega, pero tampoco se atreve a confirmar.

Ayer, publicamos un chat de WhatsApp donde Salhuana califica como “prensa basura” al programa dominical Punto Final. La frase, lanzada con liviandad y sin remordimiento, fue enviada el lunes 14 durante una conversación con Dante Seminario, un conocido consultor en gestión gubernamental, figura cercana al aparato parlamentario. El número de teléfono desde el cual se emitió el mensaje —inicia en 997 y termina en 145— corresponde al celular que Salhuana utiliza desde hace años y que diversos actores políticos y periodistas reconocen como suyo.

La publicación desató una veloz reacción del equipo de Comunicaciones del Congreso. Desde sus redes oficiales —esa maquinaria siempre presta a maquillar, distorsionar o negar— se apresuraron a calificar el chat como “falso”. Sin una sola prueba. Sin un solo desmentido personal de Salhuana. Sin siquiera el atrevimiento de una duda metódica. ¿Desde cuándo la verdad se decreta por redes sociales?

Publicación del Congreso de la República.

La respuesta institucional no solo carece de sustento, sino que revela un patrón inquietante: el desprecio por la prensa crítica, el uso político de las plataformas oficiales del Estado y, lo más grave, la manipulación descarada de la opinión pública. Porque mientras se lanza un comunicado negando la veracidad de un chat, el protagonista de ese mensaje guarda un silencio sepulcral. Ni un tuit, ni un comunicado, ni una palabra ha salido de los labios o dedos de Salhuana. La llamada de este medio —que buscaba, como corresponde, recoger su versión— no fue respondida. Y ese silencio, en política, tiene nombre: confirmación tácita.

No se trata aquí solo de una frase desafortunada. Se trata del reflejo de una mentalidad autoritaria que late bajo las formas democráticas, de esa incomodidad visceral que el poder siente cuando la prensa cumple su labor fiscalizadora. Llamar “prensa basura” a un medio que investiga, denuncia y pregunta, es una confesión más que una ofensa.

El Congreso —institución que debería ser el templo de la deliberación pública— no puede ser convertido en una agencia de propaganda. El equipo de comunicaciones del Parlamento no está al servicio de la reputación de sus autoridades, sino del derecho de los ciudadanos a estar informados. Y si desde esa trinchera se lanza una mentira para proteger al presidente del Congreso, lo que está en juego no es solo una anécdota más de arrogancia, sino la credibilidad de una institución entera.

El mensaje fue escrito. El número es verificable. La conversación existió. Salhuana calla. Y el Congreso miente.

No se puede maquillar la verdad con notas de prensa. La historia reciente del país ha demostrado que las pantallas de poder se desmoronan más pronto que tarde, y que la prensa —esa misma que hoy es vilipendiada— siempre encuentra el camino para que la verdad emerja, aunque venga herida y embarrada.

La pregunta, ahora, no es si el chat es verdadero. Eso ya quedó claro. La pregunta es por qué Salhuana piensa que puede insultar a la prensa impunemente. Y la respuesta —aunque él no lo sepa— no vendrá desde el silencio, sino desde la misma prensa que él pretendió callar.

Tras varios días de silencio frente al informe titulado: “Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales”, publicado por el portal Lima Gris, la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP), antes ENSABAP, emitió un comunicado oficial en el que rechaza tajantemente las afirmaciones difundidas, calificándolas de “falsas y tendenciosas”.

El pronunciamiento, firmado por la Secretaría General, afirma que la institución sale a aclarar el contenido del reportaje “en honor a la transparencia institucional y del correcto uso de los recursos públicos”. Según la universidad, la publicación genera confusión y afecta la imagen de una institución que —según recalcan— actúa conforme a los principios de legalidad, ética y transparencia.

Deslindan responsabilidades

El comunicado también intenta desligar de responsabilidad a la actual directora general, Eva López Miranda, señalando que durante su gestión, iniciada en 2021, no se han efectuado pagos con fondos institucionales a favor de los docentes demandantes. Agregan que la mayoría de los procesos judiciales iniciaron en años anteriores y que han sido heredados por la administración vigente.

En esa línea, la universidad asegura que las sentencias que reconocen “beneficios sociales” a docentes —una vez que adquieren calidad de cosa juzgada— son gestionadas y pagadas directamente por el Ministerio de Educación, a través de la Procuraduría Pública y con recursos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Así, afirman que la UNABAP no tiene competencia directa, ni presupuesto asignado para ejecutar dichos pagos.

Finalmente, niegan que la universidad esté reservando dinero propio para cumplir con las indemnizaciones y reiteran que la publicación periodística “carece de rigor informativo”.

La respuesta de Lima Gris: contradicciones y documentos judiciales

Frente al pronunciamiento institucional de Bellas Artes, Lima Gris responde que, contrario a lo afirmado en el comunicado, sí intentó recabar la versión de las autoridades involucradas antes de la publicación del informe. De hecho, la Unidad de Investigación se comunicó oportunamente con la directora general Eva López, con su esposo Mauro Yrigoyen y con otros docentes implicados en el caso.

La única respuesta recibida, fue una escueta declaración de la directora general López Miranda, indicando que cualquier información debía canalizarse exclusivamente a través de la Secretaría General, a cargo de Mabel Lizarzaburu Rodríguez. No obstante, esta tampoco emitió respuesta directa, alegando que debían cumplirse procedimientos formales mediante correos institucionales.

Por lo tanto, Lima Gris refuta que su informe carezca de rigurosidad, o que haya buscado desinformar, y subraya que fue precisamente la falta de voluntad institucional para brindar descargos oportunos lo que motivó la publicación sin sus versiones.

Embargo judicial contradice afirmaciones de ‘Bellas Artes’

Más allá de las declaraciones, existe un hecho documentado que desmiente parte del pronunciamiento de la UNABAP. En efecto, mediante la Resolución N° 34 del Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente del Poder Judicial, con fecha 2 de enero de 2024, se declaró fundada una solicitud de EMBARGO en forma de retención sobre los fondos de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú.

La resolución judicial ordena expresamente embargar y retener un total de S/ 2,898,987.44 (más de dos millones ochocientos mil soles) de los fondos no ejecutados correspondientes al presupuesto institucional del ejercicio económico 2023. Además, dispone que tanto la directora general como el secretario general adopten todas las acciones necesarias para ejecutar dicha retención.

Esto contradice y desmiente directamente la afirmación institucional de Bellas Artes, de que los pagos serán cubiertos exclusivamente por el Ministerio de Educación con dinero del MEF, y no con fondos de la propia universidad. El documento judicial, de carácter vinculante, confirma que los recursos provendrán del presupuesto no utilizado de la propia UNABAP, como parte del cumplimiento de una sentencia laboral firme.

¿Quién daña la imagen institucional?

Lima Gris concluye que no es el medio, ni la publicación la que afecta la imagen de Bellas Artes, sino la situación generada por un grupo de docentes que judicializó sus vínculos laborales para obtener beneficios económicos, y por la falta de transparencia de las autoridades bellasartinas para informar a la comunidad académica y a la ciudadanía sobre el destino de los fondos públicos.

En un contexto donde la legalidad y la transparencia deben ser pilares de la gestión universitaria, el comunicado de la UNABAP no solo evita asumir responsabilidad institucional, sino que omite hechos verificables que hoy obran en los registros del Poder Judicial.