La Fiscalía estima que la posible condena que afrontaría la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, por la investigación que se le sigue por el presunto delito de organización criminal y otros, en agravio del Estado, sería de más de 30 años de cárcel, debido a que existiría un concurso real de delitos.

Asimismo, la fiscal suprema Delia Espinoza, titular de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos, solicitó 36 meses de impedimento de salida del país contra Benavides Vargas, basándose en los 186 elementos de convicción existentes en dicho caso, sosteniendo la existencia de graves y fundados elementos, así como el peligro procesal de fuga durante la investigación.

En esa línea, este lunes 29 de abril, se llevó a cabo la audiencia virtual a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley para evaluar el pedido de impedimento de salida del país en contra de Benavides Vargas, e informó que resolverá el pedido en el plazo de ley y anunciará su decisión a través de la casilla electrónica de las partes involucradas en el caso.

En el mencionado requerimiento del Ministerio Público, se indica que la exfiscal no solo tendría las facilidades para salir del país, sino, que contaría con distintos contactos en el ámbito político no solo para lograr su objetivo de escapar de la justicia, sino, de obstaculizarla.

“Tomando en cuenta las reglas de sumatoria de penas por el concurso real de delitos que se habrían cometido, que conforme al Art. 50 del Código Penal, no puede ser superior al doble de la pena concreta del delito más grave, esta podría superar los treinta (30) años de pena privativa de libertad en el presente caso. Por lo que, la imposición de una pena grave puede influir en la conducta procesal de la investigada Liz Patricia Benavides Vargas y en consecuencia evadir la acción de la justicia”, se lee en el documento de la fiscal Espinoza.

A la exfiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas, se le acusa por haber sido sindicada por su exasesor Jaime Villanueva como cabecilla de una presunta organización criminal, la cual se enquistó en el órgano fiscal institucional. Asimismo, enfrenta un juicio por varios delitos, incluyendo cohecho pasivo y activo, en sus distintas modalidades, así como tráfico de influencias agravado.

A la exfuncionaria fiscal se le atribuye haber realizado: interacciones indebidas con diversos parlamentarios para influir en la designación del Defensor del Pueblo, lograr la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos y la destitución de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), así como intentar retirar de sus cargos a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela.

Además, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción (Eficcop) indica que Benavides Vargas habría recibido distintos sobornos, entre ellos un pago de S/30 mil soles, a cambio de direccionar dos licitaciones de compra de computadoras por más de S/7,5 millones.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) encontró que, de las 32 mil firmas que entregó en enero pasado el partido ‘Ciudadanos por el Perú’ para su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al menos 10 mil fueron consideradas inválidas y medio millar se detectaron como falsificadas, según el informe del programa Cuarto Poder.

Dicho partido, es una iniciativa del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte Zegarra,

El Reniec se enfocó en unas 1,500 firmas del partido que promueve Nicanor Boluarte, de las cuales aproximadamente 500 resultaron ser apócrifas. En esa línea, se sospecha de una operación de adulteración de firmas para lograr el objetivo del registro oficial de ‘Ciudadanos por el Perú’.

Por su parte, Alberto Moreno, secretario general del partido y cercano colaborador de Nicanor Boluarte, negó las acusaciones y refirió que la recolección de rúbricas fue una labor interna, ejecutada por militantes del partido, sin contratar a personal externo para dicha labor.

“Nosotros hemos tenido una revisión antes de presentar al JNE en nuestros propios equipos, dijo antes de asegurar que él mismo realizó las diligencias de recolección. Por supuesto, vas a encontrar a toda mi familia militando, que son como 300″, enfatizó Moreno al periodista.

Asimismo, cuatro personas de Lima, Ica y San Martín manifestaron su indignación al descubrir que sus firmas habían sido falsificadas en planillones del partido y negaron haber firmado los documentos.

Griselda Herrera, cercana a la familia presidencial y quien tuvo un papel activo en la campaña de Dina Boluarte, se encuentra bajo sospecha como una de las principales responsables de la operación de firmas falsas, según denunció el dominical.

Anteriormente, Herrera ya tuvo denuncias por supuestamente exigir pagos y amenazar a prefectos y subprefectos de San Martín, para lograr que completaran formularios de afiliación al partido ‘Ciudadanos por el Perú’.

Tras este destape periodístico, la Procuraduría Anticorrupción denunció a Nicanor Boluarte por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias.

Por su parte, la mandataria defendió a su hermano y acusó a los medios de prensa de difamarlo y desmintió que él haya utilizado a trabajadores públicos para que logren inscribir un nuevo partido político.

“Dejen de difamar a mi hermano. Él no está participando absolutamente en nada, en ninguna organización de ningún partido, utilizando a los prefectos o subprefectos o algún medio económico del Estado”, remarcó Dina Boluarte.

Cabe recordar que hace 5 meses, en noviembre de 2023, la Fiscalía inició una investigación contra el hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte Zegarra, por los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias, debido a una denuncia por implicar a los acusados en el direccionamiento ilegal de una asignación presupuestal de 20 millones de soles para obras públicas en el pueblo Nanchoc (Cajamarca).

La Comisión de Ética del Congreso de la República, liderada por el legislador Diego Bazán, discutirá este lunes 29 de abril las denuncias contra el congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza, y su colega de Podemos Perú, Kira Alcarraz.

La sesión se iniciará a las 17.00 horas y en su orden del día tiene la denuncia de oficio contra los legisladores implicados en un presunto intercambio de favores.

La grave denuncia fue emitida el 21 de abril en el programa periodístico “Punto Final”, y en el que revelaron que Kira Alcarraz contrató a Stephania Cuya Bezzolo en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Dicha señorita es amiga íntima del congresista Darwin Espinoza desde la campaña electoral del 2021. Cuya Bezzolo fue contratada el 17 de agosto del 2023; tres días después de que Espinoza le cedió a su colega Alcarraz el cupo que tenía Acción Popular en la Comisión de Ética.

El reportaje también indicó que Stephania Cuya laboró dos meses como auxiliar en la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso, cuando dicho grupo era presidido por Darwin Espinoza, en el 2021.

Por su parte, la congresista respondió a la prensa sobre la denuncia sobre el presunto intercambio de favores con su colega de Acción Popular:

“El cupo de Ética solo es para que puedas votar (…) Me parece muy bajo que estén intentando ensuciar o crear morbo, la mayoría conoce mi trabajo. Jamás he negociado un voto, jamás he negociado un cupo de trabajo”.

Llamadas a escondidas, pero que siempre tienen a un testigo escuchando desde la otra habitación. Un testigo protegido de la Fiscalía dio cuenta que los abogados de Dina Boluarte tuvieron acceso previo a las preguntas que la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, iba a hacerle a la presidenta de la República en el marco de las investigaciones por las muertes en las protestas sociales que se realizaron contra su gobierno entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

De acuerdo con el programa Cuarto Poder, este hecho habría sido coordinado entre Óscar Nieves, en ese entonces defensa legal de la jefa del Estado, y el fiscal adjunto supremo provisional Marco Huamán Muñoz, vinculado a la suspendida titular del Ministerio Público.

“Emerson Campos Maldonado me contó que, en una oportunidad, mientras se encontraban preparando a Dina Boluarte para que brinde su declaración ante la Fiscalía, se pudo percatar que ya se tenían las preguntas que iban a ser objeto de interrogatorio y que ya se estaban consignando las respuestas para que todo sea más sencillo el día de la diligencia”, relató el testigo 1-2024-FSEDCFP el pasado 15 de abril.

Además, detalló que la mandataria intentó no acudir a la sede fiscal, por lo que sugirió que Patricia Benavides vaya a Palacio de Gobierno.

“En un momento de la preparación, Óscar Nieves le dice a la presidenta de la República que tenía que acudir presencialmente a la Fiscalía para que Benavides le tome su declaración, pero que en ese momento se fastidió y dijo que ella no iba a acudir, sino que la fiscal tenía que ir al despacho de Palacio, que no se iba a prestar a ningún show mediático”, expresó.

En diciembre pasado, Marco Huamán renunció al cargo de fiscal adjunto supremo provisional. Había tenido el encargo de ver la denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte, el exjefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, y los exministros del Interior, César Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero, por las muertes en las protestas sociales.

Patricia Benavides una vergüenza. Ya son muchos los cargos que la acusan de ilicitos.

Dina Boluarte una "lagrima" esta es la foto del fracaso del Perú.. #CuartoPoder mostró el escándalo que sigue creciendo. @presidenciaperu pic.twitter.com/Delw50LWgO

— Marcial De La Cruz Esparza (@marproducer) April 29, 2024

Como se recuerda, a fines del 2023, lo que parecía una alianza se rompió con la detención del ahora colaborador eficaz Jaime Villanueva, exasesor de Benavides, quien confirmó la veracidad de los chats que dieron origen a una investigación abierta a una presunta red criminal dedicada al tráfico de influencias en el Ministerio Público.

Tras el pedido de la Fiscalía Suprema de impedimento de salida del país por 36 meses para la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria liderada por el magistrado Juan Carlos Checkley inició hoy lunes 29 de abril, desde las 11:10 a. m. la audiencia de dicho requerimiento.

En la sesión virtual vienen participando el fiscal Marcial Eloy Páucar Chappa, quien alegó que el esposo de la exfiscal de la Nación, el chileno Luis Espinoza Quiroz, es un empresario de la construcción, con diversas compañías y no tiene arraigo en Perú, así como su cónyuge, que actualmente se encuentra sin trabajo.

Fiscal Marcial Eloy Páucar Chappa alega que Patricia Benavides no tiene arraigo laboral.

También participan la fiscal suspendida Liz Patricia Benavides Vargas y su defensa técnica, el abogado Christian Salas, así como el procurador del Estado.

Christian Salas, abogado defensor de Patricia Benavides, argumentando en plena audiencia.

Dicha evaluación se basa en: «El requerimiento fiscal se sustenta en el peligro procesal por la probable pertenencia a la organización criminal de la investigada, que ha sido respaldado con numerosos elementos de convicción presentados ante la autoridad judicial», señaló el anuncio de la Fiscalía.

La Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos solicitó se imponga esta medida contra Benavides Vargas, investigada por el presunto delito de organización criminal, se lee en el comunicado emitido por el Poder Judicial a través de su cuenta de Twitter.

Fue el último 23 de abril cuando la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó dicho requerimiento ante el Poder Judicial, puesto que el Ministerio Público consideró que existe un riesgo de fuga de parte de Patricia Benavides Vargas, para las indagaciones que se encuentran en curso.

El ex presidente de 85 años, Alberto Fujimori, fue internado en una clínica local para ser sometido a una biopsia, según confirmó su hija, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a través de su cuenta de X. La ex candidata presidencial indicó que su padre fue internado en la Clínica Delgado para prepararlo y realizarle una intervención quirúrgica que tiene relación con su lesión en la lengua.

Según detalló, el informe médico especifica literalmente que Alberto Fujimori tiene un “diagnóstico presuntivo ambulatorio de tumor maligno en la base de la lengua con probable metástasis cervical derecha”.

Sobre el procedimiento a realizarse este informe establece que se realizará un “examen bajo anestesia general y biopsia en sala de operaciones”.

Fujimori Higuchi explicó que el objetivo de esta intervención es realizar una biopsia que permita confirmar la naturaleza exacta de ese mal y que los resultados tomarán varios días.

“Mi padre y todos nosotros confiamos en que, una vez más, podrá sobreponerse y recuperarse. Vamos a esperar estos resultados en familia”, expresó.

“Agradecemos de antemano las oraciones de quienes aprecian a mi padre y aclaramos que cualquier información sobre su estado de salud sólo será realizada por los miembros de la familia. Muchas gracias”, agregó.

Ex presidente Fujimori viene siendo procesado por el caso Pativilca

Cabe recordar que, en la actualidad, el octogenario ex presidente viene siendo procesado por el caso Pativilca.

Condenado en el 2009 a 25 años de prisión por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, fue excarcelado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) el 6 de diciembre del 2023, luego que Tribunal Constitucional ordenara su inmediata libertad.

La decisión se acató pese a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que el Estado se abstenga de ejecutar la medida.

Como se recuerda, la Corte IDH determinó que el Estado peruano cometió “desacato” al ejecutar la referida sentencia, por lo que dispuso se realice una supervisión reforzada de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta.

“Nuestro país ha actuado conforme a su marco jurídico interno y externo y ha seguido los procedimientos establecidos en el caso Fujimori en estricto apego a los principios de legalidad y justicia. El Perú exige que se respete su posición y nuestra soberanía jurídica nacional e internacional”, dijo el ministro de Justicia, Eduardo Arana.

Contra las cuerdas. El fiscal Germán Juárez Atoche presentó ante el Poder Judicial (PJ) una nueva acusación contra el ex presidente Martín Vizcarra Cornejo en la que se le solicita una pena en su contra de 10 años de prisión por el presunto delito de colusión simple, en el marco de las investigaciones que se le sigue por el caso ‘Obrainsa’.

De esta manera la acusación fiscal contra el denominado ‘Lagarto’ por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua se incrementará a 25 años de pena privativa de la libertad.

Dicha acusación fiscal debe acumularse con otra que ya había presentado el magistrado ante el PJ contra el ex jefe de Estado, en la que solicitó que se le imponga la pena de 15 años de prisión, al acusarlo por el presunto delito de cohecho pasivo propio dentro de este proceso.

Según explicó el fiscal Juárez Atoche, el caso contra el ex jefe de Estado es “bastante sólido” y en un próximo juicio oral se demostrará que Vizcarra tuvo responsabilidad penal por los delitos que se le imputan.

“Estoy más que convencido voy a ganar ese juicio, porque si no, no hubiera acusado. Tenga la plena seguridad y le digo a la ciudadanía de que en este caso es un caso bastante sólido y el Ministerio Público va a estar a la altura de las circunstancias y vamos a acreditar en juicio oral la responsabilidad penal de este expresidente”, dijo al dominical Panorama.

El caso

El caso inició en marzo de 2021, luego de las declaraciones que brindaron aspirantes a colaboradores eficaces ante el despacho del fiscal Germán Juárez Atoche sobre presuntos sobornos que habría recibido Vizcarra durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

Se precisa que el exmandatario habría recibido el dinero de parte de empresas vinculadas al caso ‘Club de la construcción’, a cambio del Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y de la construcción del Hospital Regional de Moquegua.

Actualmente, la jueza Margarita Salcedo está llevando a cabo la etapa intermedia o de control de esta acusación fiscal. Se espera que la pena se incremente a 25 años de prisión debido a la acumulación de delitos, lo que sería un paso previo para el inicio del juicio oral.

Estos acontecimientos reflejan la complejidad y la profundidad de las investigaciones contra el expresidente Vizcarra, destacando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito público.

Una más de los ‘otorongos’. La Mesa Directiva del Congreso de la República acordó aumentar la asignación por representación para los congresistas en más de tres mil soles. Es decir, los 130 parlamentarios pasarán de recibir S/7,617.20 a S/11,000 por su función congresal, lo que en otras palabras significa aquellos gastos como alimentación, transporte y alojamiento, entre otros.

Así lo ha dado a conocer el dominical Punto Final, cuya investigación periodística señala que el mencionado incremento para parlamentarios tendrá lugar desde la segunda legislatura del periodo anual de 2023 – 2024.

Ello luego de que el Parlamento haya incluido dicha disposición en el 118-2023-2024/Mesa-CR, donde indica que esta cifra, correspondiente al desempeño mensual de sus labores, es reconocida desde marzo de este año. Ello en medio de la entrega del crédito suplementario al Legislativo por parte del Ejecutivo.

De acuerdo con el reporte del caso, el Congreso de la República tomó como argumento para aprobar dicho aumento el índice de precios al consumidor, aludiendo a que la cifra anterior (S/ 7 mil 617) no es suficiente por el alza de costos.

Los gastos en cifras macro

Esta medida aprobada en la Mesa Directiva provocaría un aumento del gasto congresal anual. Y es que este, de manera mensual, ascendería a más de S/ 456 mil al multiplicarse por los 130 congresistas y los 5 parlamentarios andinos.

En suma, solo el incremento de la asignación por representación para los congresistas significaría un desembolso de más de S/ 5 millones al año.

Ser un congresista en el Perú es todo un privilegio

Actualmente, los legisladores reciben en sus respectivas cuentas bancarias un sueldo de 15,600 soles y 7,617.20 por función congresal, es decir, mensualmente perciben un total de 23,217 soles, pero gracias a este nuevo acuerdo, pasarán a percibir 26,600.

A eso se suma los viáticos de 2,800 que se les asigna durante la semana de representación, una gratificación de 15,600 soles en julio y diciembre y una tarjeta visa para la canasta navideña, la cual fue de 1,700 soles en el 2023.

Los congresistas cuentan con más beneficios y es que además de asesores, tienen seis celulares, seguros de salud que protegen al 100% tanto a ellos como a sus familiares, también se les otorga cuatro pasajes nacionales ida y vuelta al mes para visitar sus regiones durante la semana de representación.