Política
Vizcarra y las mentiras del bono

Ayer el presidente Martín Vizcarra durante su mensaje a la nación fue aplaudido solo por sus ministros dentro del hemiciclo en el Congreso, luego de que anunciara que con mucho esfuerzo su gobierno finalmente dará el bono de 760 soles, a 8 millones y medio de hogares peruanos. Ante ese anuncio del mandatario, probablemente el pueblo peruano también aplaudirá porque desconoce en qué consiste todo esto.
Aquí las contradicciones del presidente Martín Vizcarra que son evidenciadas por su propia ministra del MIDIS Patricia Donayre
Justamente, ayer la ministra de Desarrollo e Inclusión Social Patricia Donayre, durante una entrevista televisiva aclaró algunas dudas sobre toda esta confusión de los bonos. En principio, ella no sabe de cuánto dinero se está hablando con respecto a los subsidios que supuestamente brindarán a las familias.
Asimismo, ella mencionó que todavía está pendiente el 2do tramo del Bono Familiar Universal y que éste se estaría pagando recien a partir de la próxima semana; es decir, máximo en la quincena de agosto y que el MIDIS aún tiene pendiente a 687 mil hogares para pagar.
Otra información que se muestra muy reveladora y sorprendente, según declaraciones de la propia ministra, se refiere a lo que anunció el presidente Martín Vizcarra en su mensaje de ayer. Ella admitió que pagarán otro Bono Universal que abarca a todas las personas que ya han sido consideradas en los bonos anteriores. Es decir, la ministra Patricia Donayre dice que el presidente ha anunciado otro Bono Universal para los mismos hogares que ya han sido comprendidos en todos los anteriores bonos, vale decir: el Bono Yo me quedo en casa, Bono Independiente, Bono Rural, y Bono Familiar Universal.

Ella asegura que se ha avanzado bastante con el Bono Familiar Universal porque ya están a un 90%, y que se ha mejorado muchísimo, porque no solo cuentan con la data e información del Registro Nacional de Hogares, sino también, con la información de los municipios, de la Sunat, el INEI, y la SBS, y que toda esa data la ha manejado el RENIEC. La pregunta es ¿Acaso eso se ve reflejado en las calles?
Algo que también ha afirmado con absoluta seguridad, es que, el registro con el que actualmente cuentan, tienen la casi certeza que sí estarán inscritas todas las personas que realmente necesitan el bono. ¿Eso es creíble? si tomamos en cuenta, que hasta hoy cientos de miles de personas inscritas en todo el país no han recibido en sus correos electrónicos, ni en sus SMS ningún mensaje que los declare beneficiarios.
La ministra Patricia Donayre también aseguró algo muy contundente y que nosotros denunciamos desde el principio. Ella reconoció que el padrón ya se cerró. Eso confirma, las mentiras del gobierno y la complicidad de los medios cuando seguían publicando y publicitando que todas las personas que aún no fueron beneficiadas, lo hagan a través de un link que nunca estuvo abierto para el acceso de ellas.
Y lo que sí nos parece una burla de parte de la ministra, es cuando dijo: “En todo caso, si hay alguna otra persona que haya quedado fuera, pese a tener las condiciones, habría que analizar la posibilidad de ampliarlo para este bono que ya ha anunciado el presidente”. ¿Cómo puede afirmar eso? si ha reconocido que hasta el cierre de su padrón, ya tienen a los 8,5 millones de familias comprendidas, y que por ahora esa es la decisión. En otras palabras, todo está zanjado; sin embargo, siguen con el juego de la inclusión.

El pez por la boca muere (Lo que dijo el presidente en su mensaje de ayer)
“Con mucho esfuerzo nuestro gobierno está llegando a 8.5 millones de hogares con un subsidio de 760 soles que busca ayudar a soportar las consecuencias económicas que se generaron durante la cuarentena y la extensión de la misma. El proceso gradual de la reactivación económica nos exige realizar un nuevo esfuerzo en beneficio de estos hogares, por ello, hoy anuncio la aprobación de un segundo bono de 760 soles para esos 8 millones y medio de hogares, destinando 6400 millones de soles para tal fin. Este bono será implementado entre agosto y octubre de este año, vamos a llegar a atender a todas las familias vulnerables del país de acuerdo al nuevo padrón elaborado con este fin”.
Y luego de esas palabras difusas, en el hemiciclo todos aplaudieron, y toda la gente en las calles que haya visto aquel auspicioso anuncio del presidente, quizá por cansancio también aplaudirá, porque pensarán que por fin les llegó la hora de cobrar su bono. Pero no es así.
El presidente Martín Vizcarra una vez más esboza un discurso embustero, porque está dando a entender que esta vez se llegará al resto de peruanos que hasta hoy no han sido atendidos con el famoso Bono Familiar Universal; y ya hemos visto y leído lo que ha dicho su ministra; que aquel bono que vendrá entre agosto y octubre, simplemente será la segunda entrega para todas aquellas personas que ya han sido beneficiadas y que ya cobraron todos los anteriores bonos; eso significa que finalmente, los anteriores beneficiados cobrarán una totalidad de 1520 soles. ¿Y qué pasará con el resto de peruanos que se ha quedado afuera?
¿Hasta cuándo mentirá el presidente Vizcarra? Él ayer dijo que brindará el bono de 760 soles a 8,5 millones de hogares entre agosto y octubre.
Si analizamos bien, esa cifra representa al 94.5% de todos los peruanos que en su totalidad suman 31,9 millones. Entonces, si nos ceñimos a sus engañosas declaraciones, eso significaría que el bono matemáticamente va a llegar a más de 30 millones de peruanos, (si tomamos en cuenta a cada hogar que tenga entre tres y cuatro integrantes en su núcleo); es decir, a casi toda la población de nuestro país; y eso es absolutamente inverosímil, porque cuando vamos por las calles vemos de manera factual que muchísima gente se ha quedado sin cobrar nada. ¿Cómo es posible que sin ningún criterio inclusivo y de equidad, vuelvan a pagar bonos a personas que ya fueron asistidas en los anteriores subsidios? Cuando en el mundo real se tiene que asistir a gente que ha sido abandonada económicamente durante la cuarentena.
Ante eso, la prensa siempre se queda silente, y no cuestiona nada, a pesar de verse enterada de toda esa maraña denominada inclusión. Y repetimos: en el colmo de la ironía, la propia ministra Donayre como para aplacar las interrogantes se da el lujo de saberse inclusiva y nos da el premio consuelo cuando afirma: “En todo caso, (sic) si hay alguna persona que haya quedado fuera, pese a tener las condiciones para recibirlo, habría que analizar la posibilidad de ampliarlo para el bono que ya ha anunciado el presidente”.
Finalmente, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social simplemente es una pieza más del gabinete liberal de Pedro Cateriano, y estarán más preocupados en sus convergencias partidarias y políticas, que en las genuinas demandas del pueblo.
Política
Congreso: Presentan PL para anular alza salarial de Dina Boluarte
Legisladora Sigrid Bazán impulsó una iniciativa para revertir el polémico aumento de sueldo a favor de la presidenta Dina Boluarte, calificándolo de injustificado y ofensivo. Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa similar.

La polémica por el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte continúa generando reacciones en el ámbito político. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la congresista Sigrid Bazán anunció que ha presentado un proyecto de ley para dejar sin efecto el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, que oficializa el incremento de la remuneración presidencial a S/35,568 mensuales.

Proyecto de Ley impulsado por parlamentaria Sigrid Bazán.
El mencionado decreto, aprobado con el respaldo del Consejo de Ministros, ha sido duramente criticado por su inoportunidad en medio de una coyuntura marcada por dificultades económicas y baja aprobación ciudadana. Frente a ello, Bazán Narro manifestó su indignación y explicó que su iniciativa se sustenta en el derecho de iniciativa legislativa que le otorga la Constitución y el Reglamento del Congreso.
“Acabo de presentar, con las firmas correspondientes, un proyecto de ley que DEROGA el DS que aprueba el DESCARADO aumento (…) Veremos si el Congreso lo tramita y quiénes están dispuestos a aprobarlo”, escribió la legisladora del Bloque Democrático Popular en su red social, cuestionando tanto el fondo como la forma en que se autorizó el incremento.
El proyecto de ley cuenta con el respaldo de otros parlamentarios, entre ellos Carlos Zevallos, Susel Paredes, Ruth Luque y Reymundo Mercado, quienes también consideran que el reajuste presidencial carece de justificación técnica y sensibilidad política.
Por su parte, el congresista Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa para derogar el mismo decreto. Quito argumenta que el aumento vulnera principios clave como el de legalidad presupuestaria y contradice los topes establecidos en la Ley N.º 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
La controversia no solo ha puesto en entredicho la decisión del Ejecutivo, sino que también ha abierto un nuevo frente de debate en el Congreso, donde ahora se espera conocer qué bancadas respaldarán la anulación del cuestionado incremento.
Política
Eduardo Arana y Pérez Reyes se zurraron en el Congreso
Pese a ser citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, los ministros Eduardo Arana y Raúl Pérez Reyes no asistieron al Congreso, eludiendo su responsabilidad de explicar el alza salarial de Dina Boluarte.

Ambos ministros fueron citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos y no acudieron al Congreso y esquivaron la rendición de cuentas sobre el aumento de sueldo a la presidenta Boluarte.
Una vez más, el Ejecutivo da la espalda al Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el titular de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, decidieron no presentarse ante la Comisión de Fiscalización, pese a estar citados para ofrecer explicaciones sobre el polémico incremento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte. Su ausencia, lejos de pasar desapercibida, ha sido interpretada como una burla al control parlamentario y una muestra de desprecio por la transparencia.
La sesión, programada para las 10:30 de la mañana, arrancó con la lectura de asistencia. Ninguno de los dos altos funcionarios se hizo presente en el hemiciclo. Ambos enviaron oficios en los que comunicaban su inasistencia, sin brindar argumentos de fondo que justifiquen su decisión de no acudir.
La falta de compromiso del Ejecutivo llega en un momento particularmente sensible, cuando el país atraviesa una crisis de representación y una creciente desaprobación ciudadana hacia sus autoridades. Diversas voces dentro del Congreso ya se alistan para pedir que se reitere la citación, e incluso, que se recurra a mecanismos más severos como la convocatoria por grado o fuerza, amparados en el reglamento parlamentario.
Además de exigir la presencia de los ministros, la Comisión ha anunciado que requerirá los informes legales y técnicos que respaldan el cuestionado decreto supremo que elevó el salario presidencial. Se ha señalado especialmente la necesidad de acceder a los pronunciamientos de SERVIR y del propio MEF, que habrían sido clave para autorizar la medida.
El presidente ejecutivo de SERVIR, Guillermo Valdivieso, también brilló por su ausencia. Su participación era crucial, dado que su entidad fue parte del sustento técnico del aumento. Al igual que los ministros, Valdivieso optó por enviar una carta excusándose, sin aclarar los motivos concretos de su inasistencia.
La estrategia de silencio adoptada por el Ejecutivo no hace más que profundizar el malestar público. En un contexto donde miles de peruanos exigen mayor eficiencia del Estado, el reajuste salarial a Boluarte se percibe como un acto de desconexión con la realidad nacional. La negativa a rendir cuentas solo incrementa las sospechas de arbitrariedad, y abre un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento.
Política
REINFO: ¿Formalización o vía libre para la minería criminal?
La ampliación del Reinfo hasta 2025 reabre el debate sobre su eficacia. Mientras el Gobierno de Dina Boluarte defiende el proceso, expertos advierten que podría seguir siendo un escudo para actividades ilegales y delitos ambientales.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, anunció que más de 31 mil mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) podrán continuar su proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, la medida, que excluye a más de 50 mil inscripciones inactivas, ha generado una fuerte controversia sobre su efectividad y posibles consecuencias.
El titular del Minem aseguró que se ha realizado un «sinceramiento» del padrón de mineros, con el objetivo de ordenar el proceso y reforzar el combate a la minería ilegal. Montero Cornejo también señaló que se replicarán modelos de intervención como el aplicado en Pataz, que combina acciones de interdicción con mesas de desarrollo lideradas por autoridades locales y sectores del Ejecutivo.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la formalidad, la erradicación de la minería ilegal y la construcción de un país con paz social”, declaró el ministro en un medio radial. No obstante, su optimismo contrasta con los cuestionamientos de instituciones especializadas, que consideran que el REINFO ha fracasado en su objetivo original.

Pese a ola de crímenes por la minería ilegal, Gobierno extiende por cuarta vez el Reinfo.
Según el Colegio de Abogados de Lima (CAL), la extensión del REINFO puede terminar favoreciendo el crecimiento de la criminalidad asociada a la minería informal. En un comunicado reciente, el CAL advirtió que, tras nueve años de vigencia, apenas el 2.31 % de los inscritos logró formalizarse. El resto permanece en un limbo legal que, en muchos casos, sirve de cobertura para operaciones ilícitas.
Además, el Tribunal Constitucional ha señalado que el REINFO no puede interpretarse como una figura que otorgue exención penal frente a delitos ambientales. La prolongación del plazo, según el TC, no resulta constitucionalmente amparable si se convierte en una puerta trasera para evitar sanciones legales.
Desde el Ejecutivo se insiste en que la exclusión de 50 mil REINFOS demuestra voluntad de depuración. El 90 % de estos registros, dijo el ministro Montero Cornejo, llevaban más de cuatro años suspendidos y no presentaban ningún avance en el proceso.
Sin embargo, el dilema de fondo persiste: ¿puede el Estado seguir ampliando plazos sin fortalecer la capacidad institucional para fiscalizar y sancionar? Si la formalización se convierte en una excusa para la inacción, el riesgo es que la minería ilegal siga expandiéndose, esta vez con una aparente fachada legal.
Política
Fiscalía Investiga al ministro de Cultura Fabricio Valencia por escándalo de Nasca
La denuncia contra el titular del Mincul y la investigación fiscal surgen por un presunto atentado contra las Líneas de Nasca, Patrimonio Mundial de la Unesco, que habría sido impulsado desde el propio Gobierno.

La Fiscalía ha iniciado una investigación contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, por una controvertida decisión que puso en riesgo uno de los patrimonios arqueológicos más valiosos del país: las Líneas de Nasca.
Todo comenzó cuando el Ministerio de Cultura redujo drásticamente el área protegida que cubre las milenarias líneas y geoglifos ubicados en la región Ica. Esta decisión —formalizada mediante una resolución viceministerial a fines de mayo— dejó fuera de protección más de 2,300 kilómetros cuadrados. Para muchos, ese recorte abrió las puertas a la minería informal, que ya amenaza la integridad del sitio arqueológico.
La investigación está a cargo de la Fiscalía de Ica, con el respaldo de la Fiscalía Superior Penal de Lima. También participa el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca, liderado por el fiscal José Alejandro Meléndez Curasi, que ha iniciado una pesquisa preliminar de 60 días, con posibilidad de extensión.

Fuente: Ministerio Público.
Además del ministro Valencia, están bajo la lupa la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva —quien firmó la resolución—, así como funcionarios clave de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica y el alcalde provincial de Nasca.
Los investigados incluyen a Jeanette Gutiérrez Achulla, responsable interina de la DDC de Ica; Johny Isla Cuadrado, arqueólogo a cargo del Sistema de Gestión Nasca-Palpa; y William Bravo Quispe, alcalde de Nasca. Se les acusa de presuntos delitos como atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes funcionales y abuso de autoridad.
El foco está en la resolución N° 000128-2025-VMPCIC/MC, que modificó los límites del área protegida establecida en 1993 y reafirmada en 2004 por la Unesco. La zona original comprendía 5,633 km², pero con la nueva norma se redujo a 3,235 km², sin que —según la denuncia— se cumplieran los procedimientos legales.
Política
PPK no podrá salir del país: PJ le rechaza habeas corpus
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski insiste en evadir a la justicia, pese a estar investigado por presuntos aportes ilegales en su campaña de 2016, vinculados al caso Odebrecht.

Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República, sigue buscando salidas para esquivar los procesos judiciales en su contra. Esta vez, el Poder Judicial rechazó un nuevo recurso de habeas corpus presentado por su defensa, con el que intentaba levantar la orden de impedimento de salida del país que pesa sobre él por 18 meses.
PPK enfrenta una investigación preparatoria por los presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2016, relacionados al caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más grandes en América Latina. A pesar de ello, el exmandatario ha insistido en su derecho a viajar al extranjero, ahora apelando a su edad y estado de salud.

En junio PPK se quiso ir del país en silla de ruedas, pero fue impedido por Migraciones.
La Segunda Sala Constitucional de Lima ratificó la decisión del juez Jonathan Valencia, quien ya había declarado improcedente el recurso. El tribunal consideró que no tenía sentido pronunciarse sobre el fondo del pedido, ya que existe una resolución vigente —emitida el 8 de junio por la jueza Margarita Salcedo— que impide la salida de Kuczynski del país por año y medio.
La defensa alegó una supuesta vulneración al derecho de una adecuada motivación judicial. Sin embargo, el colegiado concluyó que la medida restrictiva ya está activa, y por tanto el pedido no tiene objeto, aplicándose la figura legal de “sustracción de la materia”.
“Nos encontramos ante una situación jurídica que responde al régimen ordinario de sustracción de la materia”, señala la resolución judicial.

En 2016, gran sector de la prensa difundía que PPK era ‘presidente de lujo’.
Como ya es habitual, Kuczynski reaccionó alegando injusticia. El pasado 16 de junio, expresó su malestar por no poder viajar a Estados Unidos, argumentando motivos de salud y el deseo de reencontrarse con su esposa, a quien dice no ver desde hace siete años.
Su plan era acudir a una revisión médica en Miami y luego trasladarse a Wisconsin para reunirse con su pareja y buscar fondos para costear su tratamiento y defensa legal.
Sin embargo, para muchos, este nuevo intento de salir del país no es más que una estrategia más de PPK para evitar enfrentar la justicia en Perú. A lo largo de los años, ha usado distintos argumentos para eludir procesos judiciales, y ahora recurre a su edad, con la esperanza de quedar impune.
Política
Inteligencia de la PNP alerta sobre posible toma del Congreso por parte de mineros
Servicio de inteligencia pone en alerta sobre posible toma del parlamento por parte de CONFEMIN.

Un documento interno de la Policía Nacional del Perú (PNP), al que tuvo acceso este medio, advierte sobre una posible toma de las instalaciones del Congreso de la República y locales conexos, protagonizada por mineros afiliados a la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN PERÚ).
Según el memorando N.º 012-2025-DIRSEEST-DIVSECON-DEPOPEDH/OFIPLOPE, la Unidad Especializada PNP, a través de su canal de inteligencia, ha detectado intenciones radicalizadas dentro del grupo de manifestantes que desde hace días bloquean la Av. Abancay. El reporte señala que estas acciones podrían derivar en “posibles actos violentos contra las instalaciones del Palacio Legislativo”, con el objetivo de provocar desmanes dentro del recinto parlamentario.
Frente a este riesgo, el documento ordena al personal policial que extreme las máximas medidas de seguridad, vigilancia y control ante cualquier situación adversa. Se pide especial atención a la presencia de los manifestantes y al posible escalamiento de sus acciones.
El memorando establece una serie de medidas concretas, entre ellas:
- Garantizar la seguridad personal del Presidente del Congreso, vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos durante su permanencia en la sede.
- Asegurar la protección de todas las instalaciones del Congreso y sus locales conexos, reforzando los dispositivos de seguridad.
- Incrementar la presencia policial y los controles de identidad en accesos y zonas de alto tránsito dentro del perímetro institucional.
- Establecer coordinación con las unidades de inteligencia y el DEPOPEDH para anticipar, prevenir y neutralizar cualquier amenaza.

Esta alerta ocurre en un contexto de creciente tensión social protagonizado por gremios de la minería artesanal, que exigen mayor reconocimiento legal y rechazan recientes fiscalizaciones del Estado. Hasta el momento, no se ha confirmado si el Ejecutivo ha tomado acciones preventivas adicionales frente a este posible escenario.
Política
Dina Boluarte cobrará S/ 71,136 por Fiestas Patrias
Dina Boluarte cobrará S/ 71,136 por Fiestas Patrias

Mientras el país atraviesa una crisis de legitimidad, pobreza creciente y una gestión estancada, la presidenta Dina Boluarte Zegarra ha decidido priorizar su propio bolsillo. El Gobierno publicó el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, con el cual oficializa un escandaloso aumento del sueldo presidencial: de S/ 15,600 a S/ 35,568 mensuales. La norma fue firmada por la propia Boluarte y el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes.

Decreto Supremo N.º 136-2025-EF que aprueba aumento de sueldo presidencial.
A pesar de tener apenas un 3 % de aprobación —la más baja para un mandatario peruano en las últimas décadas— y sin logros de gestión visibles, Boluarte ha decidido duplicarse el salario. En lugar de responder al clamor ciudadano por mejoras en salud, educación o seguridad, la presidenta opta por asegurarse un sueldo mensual superior a los S/ 35 mil, en un país donde la mayoría sobrevive con el salario mínimo o menos.
El decreto, según el Ejecutivo, se sustenta en la implementación progresiva de la Ley del Servicio Civil (Ley N.º 30057), que establece un nuevo régimen de compensaciones para altos funcionarios. También se argumenta que el aumento no demandará recursos adicionales del Tesoro Público, ya que será financiado con el presupuesto del Despacho Presidencial. Sin embargo, el gesto ha sido duramente cuestionado por la ciudadanía y diversos sectores políticos.

Boluarte no solo firmó su propio aumento de sueldo, sino que ahora se ubica entre las funcionarias mejor pagadas del país, a pesar de no tener resultados concretos que justifiquen semejante privilegio. La decisión se hizo oficial tras la aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) por parte de Servir, cumpliendo con los requisitos técnicos exigidos por la Ley de Presupuesto 2025. Pero lo legal no siempre es lo legítimo.
La Comisión de Fiscalización del Congreso presidida por el legislador Juan Burgos ya ha citado de urgencia a los titulares de la PCM, Eduardo Arana, el MEF, Raúl Pérez-Reyes y Servir para que este viernes 4 de julio expliquen el sustento real de este incremento. Porque más allá del tecnicismo, lo cierto es que el país no ve reflejado en la gestión de Boluarte Zegarra una razón válida para premiarla con más dinero.
El contraste es evidente. Hace no mucho, la presidenta declaró públicamente que con 10 soles se podía comer en el Perú. Hoy, con un ingreso mensual que supera los S/ 35 mil —sin contar gratificaciones—, la brecha entre su discurso y sus actos se vuelve insostenible. En julio, por ejemplo, recibirá una gratificación adicional por Fiestas Patrias del mismo monto, es decir, S/ 71,136 en un solo mes.

Decreto Supremo N.º 136-2025-EF.
Pero más allá del descontento social, el aumento podría tener implicancias legales. La Ley 28212, que regula las remuneraciones de altos funcionarios del Estado, establece que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente de la República, y fija como tope máximo diez Unidades de Ingreso del Sector Público (UISP). Cada UISP equivale a S/ 2,600, por lo que el salario presidencial no debería superar los S/ 26,000.
Con el nuevo decreto, Boluarte sobrepasa ampliamente ese límite, lo cual podría configurar una infracción a dicha ley. Además, la misma norma indica que cualquier pago que exceda este tope es nulo de pleno derecho y genera responsabilidad administrativa para quienes lo autoricen.
De acuerdo con la Ley 28212, toda modificación en la escala salarial debe responder a principios de racionalidad y equidad en el uso de recursos públicos. Sin embargo, el aumento aprobado por el Consejo de Ministros va en contra de esta lógica, y evidencia una desconexión preocupante entre el gobierno y las necesidades reales del país.
Mientras millones de peruanos enfrentan precariedad económica, la presidenta ha decidido recompensarse a sí misma, como si estuviera liderando un país exitoso y en bonanza. La medida, aunque revestida de legalidad, refleja una ambición personal incompatible con el momento crítico que vive el Perú.
Dina Boluarte no solo es la presidenta más impopular en la historia reciente, sino que ahora también será una de las mejor pagadas. Una contradicción que retrata con claridad sus prioridades: primero su sueldo, después —muy después— el país.
Política
Premier Arana: “Un juez supremo gana mucho más que la presidenta”
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana sobre el aumento de sueldo presidencial brindó un absurdo y polémico argumento, minimizando el contexto social y priorizando comparaciones que poco justifican el privilegio.

Tras la aprobación formal del controvertido aumento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte, en el Consejo de Ministros, duplicando su remuneración mensual. Según explicó el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, la medida responde a una supuesta “homologación” con los salarios de otros jefes de Estado en América Latina.
Sin embargo, más allá de los argumentos técnicos, la defensa incondicional del premier Eduardo Arana ha despertado cuestionamientos. En lugar de mostrar sensibilidad ante el contexto de crisis económica y el rechazo ciudadano, Arana optó por justificar el incremento apelando al rango constitucional del cargo presidencial. Afirmó que la presidencia es la más alta función del Estado y, por ende, debería ser la mejor remunerada.
“Con relación a la institución presidencial, no se debe hacer ni demagogia ni escarnio (…) tenemos funcionarios que están incluso por encima de S/ 60 mil soles, solo un juez supremo gana más que el sueldo aprobado”, señaló, en una inusual comparación que parece más una defensa personal que un análisis técnico.

El premier intentó deslindar el beneficio directo a Boluarte, señalando que no se trata de una persona, sino de un cargo. Según él, la iniciativa busca “darle el lugar que merece” la figura presidencial, completando así la reforma pendiente de Servir, que ya había ajustado los salarios ministeriales.
No obstante, su insistencia en justificar lo injustificable parece más alineada con una estrategia de blindaje político que con un criterio de equidad o eficiencia del gasto público. La decisión de aumentar el salario presidencial en medio de recortes sociales, crisis de legitimidad y baja aprobación ciudadana, refleja una desconexión preocupante entre el Ejecutivo y la realidad del país.
Boluarte, cuya remuneración era una de las más bajas de Sudamérica, ahora se ubica entre las presidentas mejor pagadas del continente. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿merece el país este tipo de prioridades mientras millones enfrentan precariedad y abandono estatal?
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