Política
Aportantes de la ONP recibieron un duro golpe de Vizcarra
Justamente, en el último día de plazo que tenía el Ejecutivo para promulgar la autógrafa de ley propuesta por el parlamento, éste declinó y en el documento de 38 folios que envió al Congreso, el presidente Martín Vizcarra y el Premier Walter Martos argumentaron que dicha devolución es antitécnica y que desnaturalizaría el sistema de pensiones, porque éste fue destinado para otorgar una prestación económica a sus afiliados, solamente cuando hayan acumulado 20 años de aportes y tengan 65 años de edad.
Asimismo, aseveraron que no es viable, porque como lo dijo en su momento la ministra de Economía, el Estado no tiene fondos para realizar los pagos porque eso afectaría a los actuales pensionistas y que ya no habría la liquidez suficiente para cumplir con las pensiones mes a mes. Y que desde un punto de vista técnico significaría para el Estado un costo de casi s/. 16,000 millones, cuyo impacto afectaría directamente al creciente déficit fiscal en un 13% del PBI y que además el riesgo fiscal alcanzaría un cuantioso incremento de la deuda pública hasta alcanzar un excesivo nivel del 37.7% del PBI. Es decir, la debacle total… y significaría un cataclismo económico nunca antes visto en la economía peruana; sin embargo, cuando el BCR de Julio Velarde, otorgó alegremente mediante sus dos Reactiva-Perú S/60 mil millones a los grandes empresarios, y S/30 mil millones a sus amigos de las AFP, no pasó nada y no hubo ningún forado fiscal que se tumbaría a la economía nacional y más bien arguyeron que aquel millonario financiamiento coadyuvaría a un superávit económico.
Por otro lado, es irónico ver cómo el Ejecutivo alude al artículo 12° de la Constitución que señala la intangibilidad de los fondos de la seguridad social.
Entonces, surge la pregunta ¿Acaso aquellas devoluciones no son destinadas a pensionistas de la seguridad social que nunca cobraron nada?
Es curioso que en estos momentos el Poder Ejecutivo hable de la intangibilidad de los fondos de la seguridad social, cuando el único que no respetó esa intangibilidad durante años ha sido el propio Estado que cogió como caja chica aquel fondo intangible para beneplácito de los proyectos inviables, las monarquías locales y las cofradías de turno. Entonces, al primero que se le tendría que interponer una acusación constitucional por infracción de la Constitución (artículo 99° Carta Magna) justamente por haber pisoteado los derechos de los trabajadores y afiliados es al propio presidente de la República y también a los anteriores, por sus infraternas gestiones de turno.
Leer a continuación lo que no acataron los últimos presidentes del Perú con respecto a la siguiente norma constitucional:
Artículo 11° de la Constitución.- El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas y privadas o mixtas. Supervisa asimismo, su eficaz funcionamiento.
¿Y qué garantizó el Estado? ¿Garantizó el libre acceso a pensiones? ¿Acaso ha sido eficaz en el funcionamiento de la ONP? Lo único que ha hecho el Estado a través de la ONP, ha sido robarle durante años a sus afiliados que aportaron el 13% de sus sueldos, porque si sus aportes se acumulaban durante 19 años y 11 meses, simplemente, se les decía adiós y el Estado se quedaba con sus dineros y los dejaba en sus arcas fiscales, porque la ley solo permite dar pensiones a los que aportaron durante 20 años y a eso se le llama ROBO.
Asimismo, el Estado le ha robado a millones de afiliados que fallecieron en el camino, porque sencillamente, sus beneficiarios y herederos forzosos luego no podían cobrar esas pensiones; recordemos que hay casos de afiliados que lograron aportar hasta un millón de soles; sin embargo, al morir ya no pudieron cobrar nada. Es decir, durante décadas ha habido una política malsana de desprecio hacia los jubilados de la ONP, pero cuando luego de mucho tiempo, un Congreso, sea con fines electoreros, o sea con fines populistas impulsa por primera vez una ley que al menos dignifica y resarce en parte a esos aportantes que fueron olvidados, para que se les devuelva algo que siempre esperaron y que nunca lo obtuvieron, luego salió toda esta retahíla de felones y felonas a sueldo para despotricar falacias sobre el sistema previsional estatal, con el único fin de mantener sus lenocinios comunicacionales al servicio del gobierno.
Asimismo, desde un principio y como una especie de muletilla citaron el artículo 79° de la Constitución, que habla de la iniciativa del gasto púbico que por cierto no tiene el parlamento; no obstante, eso es discutible en este contexto, porque en principio, con esta norma de devoluciones no se está debatiendo un proyecto presupuestal, ni de aprobación de tributos; por lo tanto la literalidad de “crear y aumentar gasto público” no es taxativa, porque está sujeta a interpretación y para eso están los ocupantes de la casa de Pilatos.
Aquí la única verdad, es que tanto los agentes del Ejecutivo, así como esos analistas de alquiler que han estado mintiendo a la opinión pública y no han mencionado la real dimensión del proyecto de ley, porque la devolución pretende ser equitativa; es decir, de acuerdo al nivel de aportes de cada afiliado; en ese sentido, estamos hablando de 4,7 millones de aportantes.
La ley ordena abonar hasta una UIT (S/4,300 soles) a cada persona y su devolución será de acuerdo a sus contribuciones; y no necesariamente se tendrá que abonar el monto de una UIT. Asimismo, podrán retirar el 100% de sus aportes los afiliados mayores a 65 años que nunca accedieron a una pensión y ellos apenas comprenden a 223 mil jubilados. Y por último, apenas 575 mil jubilados de la Ley 19990 podrán recibir un bono extraordinario de S/930 soles.
En ese sentido, no es verosímil lo que sostuvo la titular del MEF, María Antonieta Alva: que el tesoro público del Estado va a quebrar por ese desembolso, porque las devoluciones a los aportantes tampoco provendrán de aquel Fondo Consolidado de Reserva (FCR) de la ONP, que asciende aproximadamente a S/23 mil millones de soles y que siempre estuvo destinado para asegurar las pensiones de los jubilados; por lo tanto, no corren peligro como lo han estado difundiendo los esbirros periodísticos del gobierno en todos los medios de comunicación y vaya que dieron el grito en el cielo, y por eso iniciaron una agresiva campaña en contra de las devoluciones, que fue liderada por analistas de opinión y economistas alquilados.
Así las cosas y a pesar de las trabas de este gobierno, es absolutamente LEGITIMO que los afiliados de la ONP que en estos momentos de emergencia sanitaria se encuentran sin empleo, abandonados a su suerte, y sobre todo sin medios económicos para supervivir, reciban finalmente, lo que siempre aportaron, porque fueron olvidados por el sistema. Así como están siendo olvidados los siete millones de peruanos que se han quedado sin empleo.
Los que seguimos de cerca esta problemática que de por sí es crónica, tenemos claro que antes que la componenda y el lobby, deben primar los derechos fundamentales de las personas que necesitan sus pensiones y que en esta coyuntura de emergencia solo requieren de un resarcimiento legítimo.
Por lo pronto, y en un afán de ser vocera del gobierno, la ministra de Justicia y Derechos Humanos Ana Neyra, acaba de anunciar que si el Congreso promulga la ley por insistencia, entonces el gobierno interpondrá una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, luego de haber sido testigos de la postura del Congreso que en principio aprobó una moción para vacar al presidente Vizcarra, y que a los pocos días votaron en mayoría para no vacarlo, ya no sabemos qué pensar. Aunque todo indica que el Legislativo basado en el artículo 108° de la Carta Constitucional, reconsiderará la ley e intentará promulgarla por insistencia, pero para ello tendría que alcanzar el voto de más de la mitad del numero legal de miembros del Congreso; es decir, 66 votos.
Entonces, surge la pregunta: a pesar que el pasado 25 de agosto el Congreso aprobó la ley de devolución de aportes con 106 votos a favor, 13 en contra y 15 abstenciones ¿Esta vez nuevamente la aprobará? Considerando que ya nada nos garantiza que entre ellos luego surjan pactos y acuerdos subrepticios para cautelar intereses ocultos que al final serán revelados a través de los “votos”.
Entonces veremos cuál será el escenario…
Política
Emisario de Dina Boluarte habría chantajeado a testigo de caso ‘Qali Warma’ para que le brinde información [VIDEO]
El apurimeño Carlos Guillén y hombre cercano al despacho presidencial de la mandataria Dina Boluarte habría intentado sobornar a Noemí Alvarado, testigo clave del caso ‘Qali Warma’, y a cambio de información le habría ofrecido 2 puestos de trabajo.
Un allegado a la presidenta de la República, Dina Boluarte, habría intentado sobornar a Noemí Alvarado, testigo clave del caso ‘Qali Warma’, a cambio de información sobre funcionarios implicados, según investigación periodística.
En esa línea, la Fiscalía de la Nación, resguarda un audio de contenido importante para Palacio de Gobierno. El material, que se encontraría en sobre lacrado, llegó el 20 de diciembre pasado, al despacho de Marcial Páucar Chappa, fiscal adjunto supremo provincial, señala una investigación de Latina. Se trata de la grabación de una conversación entre Noemi Alvarado Llanos, la principal testigo del caso Frigoinca – Qali Warma, y un allegado de la presidenta Dina Boluarte.
La reunión entre el allegado de Dina Boluarte y la testigo Noemi Alvarado
De acuerdo a la Unidad de Investigación, Carlos Guillén Anchayhua es la persona que habría intentado sobornar a la principal testigo, Noemí Alvarado, quien anteriormente fue coordinadora de ventas de la empresa Frigoinca, que proveía de productos alimenticios al programa ‘Qali Warma’. El informe manifiesta que hace unas semanas, el 18 de diciembre del 2024, a la 1:10 p.m., se registra el ingreso de Guillén al edificio en el que reside Noemí Alvarado, en Lima Norte. En esta reunión Guillén le habría dicho que se presentaba en nombre del ministro de Educación, Morgan Quero. Además, le comentó que la mandataria estaría preocupada por el caso ‘Qali Warma’ y le preguntó sobre el tipo de información que ella poseía y que, si se lo daba, podría conseguirle trabajo para ella y su hermana.
Dos días después, el 20 de diciembre, Carlos Guillén registró una visita al Ministerio de Educación y se reunió con el jefe de gabinete de asesores, el cual fue nombrado por Morgan Quero.
Carlos Guillén registra una visita a Palacio de Gobierno
Asimismo, el informe periodístico indica que el Ministerio Público tendría en su poder un audio entre Noemí Alvarado y Carlos Guillén, lo cual habría iniciado investigación penal por obstrucción a la justicia contra el ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini. La investigación sostiene que Guillén Anchayhua aparece en el registro de visitas al Ministerio de Educación y al Midis, pero también registra una visita a Palacio de Gobierno para una reunión con la presidenta Dina Boluarte. Este encuentro ocurrió el pasado 31 de enero de 2023.
Como se sabe, a Carlos Guillén se le puede observar en un video del sepelio del exviceministro de Desarrollo e Inclusión Social, William Contreras, y allí se le observa muy cerca a la presidenta Dina Boluarte, sin tener que estar detrás del cerco policial.
Luego de ser consultado, el ministro Julio Demartini admitió conocer a Carlos Guillén, sin embargo, añadió que no tiene ninguna amistad, ni relación contractual con el paisano de Dina Boluarte. Pero Demartini omitió decir que el pasado martes 7 de enero él se reunió con Guillén justamente en su despacho en el Midis. Y luego que la Fiscalía le inició una investigación por obstrucción a la justicia y negociación incompatible, el ministro Demartini el miércoles 9 de enero denunció en la comisaria de San Isidro a Carlos Guillén por supuestamente utilizar su nombre.
Política
Congreso: Isabel Cajo renunció al despacho parlamentario de Edwin Martínez
El legislador Edwin Martínez confirmó que Isabel Cajo ya no trabaja en su despacho, pero que aún “tiene un trabajo pendiente de 15 días”. «Las puertas en mi despacho están abiertas para ella», agregó el congresista No Agrupado.
Política
PJ dicta 6 meses de impedimento de salida del país contra Fredy Hinojosa por el caso Qali Warma [VIDEO]
Vocero presidencial es incluido dentro de los 12 investigados por la irregular comercialización de conservas Don Simón, entre los años 2019 al 2022.
Algo huele mal en Palacio. El Poder Judicial (PJ) acaba de dictar 6 meses de impedimento de salida del país contra Fredy Hinojosa Angulo, vocero presidencial de Dina Boluarte, quien se encuentra bajo investigación por el caso Qali Warma, donde se habría repartido comida en mala calidad durante los años 2019 al 2022, años en donde Hinojosa presidía dicho programa social de alimentos.
Fue el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima el encargado en presentar la solicitud de estas medidas, que fueron aprobadas por la Corte Superior de Justicia de Lima como parte del proceso para esclarecer los presuntos actos ilícitos en el programa social.
De acuerdo al documento judicial, a Hinojosa Angulo se le investiga por presunta participación en una organización criminal. Los cargos incluyen colusión agravada, tráfico de influencias y otros delitos vinculados al manejo irregular del programa social Qali Warma, uno de los más importantes en la distribución de alimentos escolares en el país.
“Declarar fundado el requerimiento de impedimento de salida del país”, se lee en la resolución.
La restricción alcanza a un total de 12 implicados, entre ellos Michael Burga, Edgar Capani, Delia Zavaleta, Oliver Burga, Fredy Hinojosa, Víctor Salazar, Deyvis Espinoza, Davilton Rodríguez, Miguel Rosales, Yesabella Pazos, Alejandro Mendiola y Paul Burga.
En la resolución, el PJ declaró el desistimiento del impedimento de salida del país solicitado contra Nilo Burga, quien falleció antes de la emisión de la medida. Asimismo, se indicó que la restricción impuesta a Víctor Carlos Salazar Cóndor, ex jefe de la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación del programa Qali Warma, se hará efectiva una vez que este regrese al país.
Política
Alejandro Soto habría aprobado contratación de Isabel Cajo en el Congreso, según Juan Burgos [VIDEO]
El presidente de la Comisión de Fiscalización brindó nuevos datos sobre las contrataciones irregulares que se dieron en el Parlamento por la presunta ‘red de prostitución’ y aseveró que Isabel Cajo fue contratada luego de que el expresidente del Congreso, Alejandro Soto, aprobara los términos de referencia (TdR) de la joven.
Este viernes 10 de enero el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, habló sobre la contratación de Isabel Cajo en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso que era jefaturada por Jorge Torres Saravia, indicó que el requerimiento de éste habría sido aprobado por el expresidente del Parlamento Alejandro Soto, porque habría garantizado que la joven contratada sí cumplía con los Términos de Referencia (TDR) del Legislativo.
«Hemos encontrado que, dentro de los requerimientos que hacen los diferentes departamentos del Congreso de la República, la señorita Isabel Cajo ha trabajado en un área. Después de un mes y medio fue requerida por el señor Jorge Torres Saravia. Ese requerimiento habría sido firmado bajo la autorización de la presidencia del señor Alejandro Soto», declaró Burgos a Exitosa.
Juan Burgos cuestiona la ausencia de Alejandro Soto en la Comisión de Fiscalización
El parlamentario Burgos también cuestionó la ausencia de Alejandro Soto en la reciente sesión de la Comisión de Fiscalización. Y es que, inicialmente el extitular de la Mesa Directiva y militante de APP había señalado que se presentaría ante el grupo de trabajo; sin embargo, nunca asistió porque luego argumentó que esta carecía de facultades investigativas. Por lo que, el presidente de la Comisión de Fiscalización aprovechó para solicitar públicamente que se le otorgue las facultades investigadoras, a fin de poder indagar la presunta ‘red de prostitución’ que existiría en el Congreso.
Asimismo, Burgos mencionó en la entrevista radial: “Nosotros tenemos que limpiar el Congreso desde adentro, porque si vamos a esperar que lo hagan los que están adentro de la Mesa Directiva, no lo van a hacer. Tenemos que hacerlo nosotros».
Hugo Neciosup catalogado como El ‘Montesinitos’ del Congreso
El titular del grupo de trabajo fiscalizador Juan Burgos también se pronunció sobre las presuntas presiones dentro del Congreso para evitar que los trabajadores declaren ante la Comisión de Fiscalización para brindar datos sobre la presunta red, y añadió que las integrantes de la Comisión Ad Hoc se encontraban asustadas, pese a que ellas lo negaban. Asimismo, contó que la exdirectora General de Administración del Congreso, Marisol Espinoza (APP) había denominado al Secretario Técnico de la Oficialía Mayor del Parlamento, Hugo Neciosup Santa Cruz, como el ‘Montesinitos’ del Congreso y ‘el Oficial Mayor en la sombra’.
«Él que hace y deshace las contrataciones, por el que llegan a pasar los filtros. ¿Ante quién nos estamos encontrando? El estatuto del Congreso tiene que ser reivindicado”, señaló, luego de conocerse de que Norma Yarrow le increpara presencialmente a Hugo Neciosup, que él estaría amenazando a dos asesoras de comisión para no continuar con la investigación sobre la presunta ‘red de prostitución’ en el Parlamento, porque de lo contrario, no les renovarían contratos laborales en el mes de marzo.
Política
César Acuña ahora reprocha viaje de Salhuana a China: “Yo no hubiese viajado”
Líder de APP prácticamente estaría dando la espalda a presidente del Congreso y miembro de su partido.
¿Le puso la cruz? Aunque intenten tapar el sol con un solo dedo no cabe duda que existe una ruptura dentro del partido Alianza para el Progreso (APP) del popular ‘Plata como cancha’, César Acuña, producto de la presunta red de prostitución dentro del Congreso propiciado por uno de sus colaboradores más cercanos, Jorge Torres Saravia, teniendo como consecuencia la renuncia y/o desvinculación de varios de sus partidarios. Y es que cuando el barco se hunde…
El también gobernador “viajero” de La Libertad recientemente salió a criticar el viaje del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Eduardo Salhuana, a China, pese a que se vienen realizando las indagaciones sobre la presunta red de prostitución dentro de los pasillos del Legislativo, barajándose que algunos de los congresistas habrían recibido los servicios sexuales de algunas agraciadas jovencitas.
En una reciente conferencia de prensa, acompañado de otros representantes regionales, provinciales y distritales de APP, Acuña expresó su postura frente al viaje realizado por Salhuana. El gobernador señaló que, de haber ocupado el cargo de presidente del Congreso, él no habría emprendido un viaje al extranjero en un momento tan delicado. Según su opinión, abandonar el país en medio del escándalo sería “darle la espalda”.
“Si yo hubiese sido presidente, no hubiese viajado. Abandonar el país en medio del problema es darle la espalda a lo que está sucediendo. Esto lo discutiremos el próximo martes, durante la reunión de bancada”, afirmó Acuña.
Asimismo, el líder de APP aprovechó la ocasión para instar a la Fiscalía a que considere el escándalo de la presunta red de prostitución como una de sus principales prioridades.
“Estamos acá para pedirle a la Fiscalía que tome como prioridad número uno lo que está pasando en el Congreso de la República, si bien es cierto hay muchos casos en la fiscalía, pero por la imagen del país y del Congreso, APP exige a la fiscalía y al Poder Judicial que investigue”, expresó.
Finalmente, Acuña reiteró que APP no brindará impunidad a nadie. “No vamos a blindar a nadie, porque el ADN de APP es la honestidad y la transparencia”, sostuvo.
Política
Harvey Colchado: “Me han sacado a la fuerza. Dina va a terminar en la cárcel”
El exjefe de la DIVIAC dio fuertes declaraciones sobre su pase al retiro de la Policía Nacional del Perú y señaló que la presidenta Dina Boluarte Zegarra terminará muy pronto tras las rejas.
El coronel Harvey Colchado en una entrevista para el semanario Hildebrandt en sus trece, manifestó que su salida de la PNP no se encontraba en sus planes y que investigar la corrupción en la esfera más alta del poder le pasó factura. “Era consciente que investigar la corrupción en el poder podía generarme problemas en la institución, pero no cumplía con los criterios técnicos para ser invitado la retiro por renovación de cuadros”, señala el exjefe de la DIVIAC.
Abuso de autoridad contra Colchado
Para desterrar al coronel Colchado de la PNP, no solo en el Congreso se presentó un proyecto de ley, sino que también se forzó su salida con el apoyo del ministro del Interior Juan José Santivañez.
“Un grupo de congresistas investigados por el caso ‘Los Niños’ presentó un proyecto de ley para pasar al retiro de forma extraordinaria a los oficiales con sanciones consentidas o firmes por infracciones graves o muy graves. Ahí sí encajada por la sanción del rigor que se me impuso a raíz de la publicación de la foto de la torta de cumpleaños. Pero como este proyecto no fue aprobado a tiempo, el gobierno forzó la figura para sacarme en diciembre. Se ha cometido delito de abuso de autoridad”, declaró Colchado.
El factor Nicanor
Para el exjefe de la DIVIAC, su salida se forzó por no querer ayudar en la investigación a Nicanor Boluarte, el oscuro hermano presidencial.
Sobre ese tema, Colchado comenta: “Por no haber aceptado ayudar al hermano de la presidenta en la investigación que iniciamos en Eficcop, Lo que hace el hermano, lo hace en nombre de la presidenta, que es la que tiene el poder. Entonces, como no me sometí al poder de turno, me pasaron al retiro”.
Además, sobre el abogado Mateo Castañeda manifestó: “Nos pidió que lo ayudáramos a archivar el caso del hermano de la presidenta. Y también que le informáramos cuando un colaborador eficaz ofreciera declaraciones contra la presidenta”.
Exministro Carlos Morán
Colchado también contó sobre las reuniones que tuvo el exministro Morán con Dina Boluarte. “El exministro del Interior Carlos Morán se reunió con la presidenta y con su hermano en la oficina de Mateo Castañeda en Miraflores. Querían que ellos escucharán de mi propia voz que yo estaba dispuesto a ayudarlos”.
Además, agregó: “Le dije que la investigación (De Nicanor Boluarte) estaba incipiente y que se iba a archivar en tres meses. Ellos buscaban mi promesa de que eso realmente sucedería. Sin embargo, debo aclarar que ese comentario lo realicé únicamente en mi papel de agente encubierto. Yo les seguí la corriente porque me encontraba bajo una gran presión”.
Allanamiento a la casa de Dina
“No me arrepiento de nada. Siempre he mantenido mis principios. Aquellos que han trabajado conmigo saben que sí debo cumplir con la ley, lo haré, independientemente de si se trata de mi padre o de un familiar cercano. Si pudiera retroceder el tiempo y conociera las consecuencias, volvería actuar de la misma manera”, aseveró Harvey Colchado.
Dina terminará como Pedro Castillo
Sobre el futuro de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, el exjefe de la DIVIAC señaló: “Va a terminar igual que Pedro Castillo, Alejandro Toledo y el resto de los presientes que están siendo investigados y sentenciados. Va a acabar igual. Los resultados de mi trabajo hablan por si solo. Lo que puedo decir en defensa de mi personal, que también está siendo maltratado voy a lucha en el Poder Judicial para reincorporarme a la Policía. Estoy convencido de que voy a lograrlo”.
Política
Congreso: Exigen debatir proyecto que permitiría la renuncia de parlamentarios
La legisladora Digna Calle envió una solicitud al presidente de la Comisión de Constitución Fernando Rospigliosi para agendar el debate de su proyecto de ley que haría efectiva la renuncia de congresistas. Como se sabe, esta iniciativa de modificación lleva en carpeta desde el 2022.
La congresista de la bancada Podemos, Digna Calle Lobatón, quien regresó al país en 2023 tras estar más de 6 meses en Estados Unidos para dedicarse a sus negocios, acaba de solicitar mediante el Oficio N° 001-2025-DCL-/CR al presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, que su proyecto de ley que busca hacer efectiva la ‘Renuncia Congresal’ sea ya debatido por el Congreso, considerando que el documento fue puesto a disposición hace más de dos años, el 29 de diciembre del 2022 y hasta la fecha no logra su cometido de ser puesto a debate.
La norma actual señala específicamente en el artículo 95° de la Constitución Política del Perú que el mandato legislativo es de carácter irrenunciable. Esta disposición tradicional busca ser modificada con el proyecto de ley de Calle Lobatón y permitiría que los congresistas puedan tener la facultad de poner sus cargos a disposición, tal como sucede con los ministros de Estado y los mandatarios.
En medio de una crisis institucional que afecta al Congreso por la polémica existente de que dentro de sus instalaciones habría operado una presunta ‘red de prostitución’, la parlamentaria pide que se evalué el cambio en el artículo 95° de la Constitución.
«La iniciativa legislativa propone modificar el artículo 95° de la Constitución Política del Perú a fin de permitir la renuncia voluntaria al cargo de Congresista de la República, siempre que se encuentre debidamente motivada», se lee en el oficio de la legisladora Calle Lobatón y añadió que, según el Reglamento del Congreso, las comisiones tienen 60 días para dictaminar. Esto permite que su proyecto esté disponible para el debate y posteriormente su ejecución, el cual es el primer objetivo de la parlamentaria.
Política
Poder Judicial: Janet Tello presidirá comisión de trabajo que evaluará ley contra el ‘Crimen Organizado’
La comisión recientemente instalada la conforman la presidenta del PJ Janet Tello, los magistrados César San Martín, Víctor Prado Saldarriaga y Elvia Barrios Alvarado, con el fin de analizar diversas normas penales y procesales que crearon controversia por su naturaleza política y que fueron aprobadas en sintonía por el Congreso y el Ejecutivo, respectivamente.
El Poder Judicial (PJ) instaló una comisión de trabajo para analizar y evaluar las leyes penales y procesales que hace unos meses fueron impulsadas y aprobadas tanto por el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. El equipo fue formado este jueves 9 de enero por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, quien además lo preside y está integrado por los extitulares del PJ, César San Martín, Víctor Prado Saldarriaga y Elvia Barrios Alvarado.
«Titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, preside instalación de comisión de trabajo que analizará las leyes en materia penal y procesal penal aprobadas por el Congreso y el Ejecutivo (…) Referido grupo de trabajo es presidido por Janet Tello y la conforman, asimismo, los expresidentes del Poder Judicial: César San Martín Castro, Víctor Prado Saldarriaga y Elvia Barrios Alvarado», se lee en la red social de la entidad judicial.
«Conocemos perfectamente las necesidades y problemáticas que presenta el Poder Judicial, por ende, la revisión de estas leyes tiene un objetivo eminentemente técnico y de alta especialización», sostuvo Víctor Prado Saldarriaga.
La comisión evaluará leyes de ‘organización criminal’ y la ‘imprescriptibilidad de delitos de guerra’
Entre las normas que serán rigurosamente analizadas, resaltan las reformas del artículo 317° del Código Penal sobre el delito de “Crimen Organizado”, y que, según el magistrado, no se ajustan a estándares internacionales. Asimismo, el grupo de trabajo analizará la Ley 32181°, vinculada al nivel etario de 80 años en medidas coercitivas; y la Ley 32182°, que criminaliza el prevaricato en casos de flagrancia; así como la Ley 32107°, la cual aborda la imprescriptibilidad de delitos de guerra y lesa humanidad.
Según el magistrado supremo Víctor Prado Saldarriaga, estas normas tienen implicancias en la judicatura, debido a que modifican artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal, lo cual impacta en la autonomía de las decisiones jurisdiccionales.
Comisión de Trabajo tiene un plazo definido para presentar sus conclusiones
La comisión especializada tiene un plazo definido para presentar sus análisis, conclusiones y recomendaciones. Cuyo informe será remitido a la Sala Plena, que luego lo evaluará, complementará o realizará observaciones antes de avanzar con su implementación.
«Vamos a plantear alternativas y desarrollar la mejor legislación para nuestro país y para los objetivos que tanto persiguen el Congreso y el Poder Judicial», afirmó Prado Saldarriaga.
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