Comentaba la semana pasada, en la primera parte de este artículo, que el Perú es quizás el único país en el mundo en el que más de cinco expresidentes han estado o están inmersos en procesos penales por diversos delitos. Mencionábamos que son conocidos los casos de Francisco Morales Bermúdez (sentenciado a cadena perpetua y fallecido en julio de 2022), Alberto Fujimori (actualmente cumpliendo condena), Alejandro Toledo (en proceso de extradición), Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Y ya se sabe que existen serios cuestionamientos e investigaciones contra Martín Vizcarra en torno a su gestión como presidente regional de Moquegua y también hay investigación fiscal contra el actual mandatario Pedro Castillo Terrones, protegido por la figura legal de “inmunidad presidencial”.

Con el suicidio de Alan García Pérez –quien se disparó en la cabeza el 17 de abril de 2019 cuando la fiscalía se aprestaba a allanar su domicilio y proceder a su detención preventiva– se extinguió la acción penal contra él.

Todo esto debe ser motivo de una seria preocupación como sociedad peruana si es que queremos encontrar el rumbo. Continuamos con el recuento de presidentes procesados.

Caso Alejandro Toledo

El expresidente Alejandro Toledo detenido en julio del 2019 en California (EE.UU.), donde ha residido durante los últimos años, y estuvo ocho meses encarcelado por riesgo de fuga, pero finalmente pasó a cumplir arresto domiciliario en marzo del 2020, a raíz del inicio de la pandemia del COVID-19.

Uno de los presuntos delitos en los cuales está involucrado, es el caso Ecoteva, proceso penal por un presunto delito de lavado de activos. Ecoteva es una empresa fundada en Costa Rica por la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbug y a pedido del expresidente. En dicha empresa se usaron dos cuentas en el banco ScotiaBank de Costa Rica. La primera se creó el año 2012 en el mes de febrero a la que ingresó 17 millones de dólares.

El dinero proveniente, según Toledo, era del gobierno alemán que indemnizó a todos los judíos sobrevivientes del Holocausto, entre las que se encuentra Fernenbug. Sin embargo, se supo mediante un reportaje que ese dinero era de un préstamo a Scotiabank de Costa Rica que Ecoteva había solicitado. El préstamo fue cancelado en 89 días.

La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú informó que esa es una modalidad para blanquear el dinero en los paraísos fiscales y que en realidad ese préstamo no lo necesitaban. Los otros involucrados en el caso Ecoteva son Eliane Karp, esposa del exmandatario, Josef Maiman, además del chofer del expresidente y su hijo de este. El juez Abel Concha Calla dispuso que Toledo sea procesado como coautor del presunto delito de lavado de activos.

El 4 de noviembre de 2015 el Tribunal Constitucional rechaza el hábeas corpus presentado por el expresidente Alejandro Toledo que buscaba anular el informe del Congreso sobre el caso Ecoteva. El Poder Judicial abre el proceso por el presunto delito de lavado de activos a Alejandro Toledo.

En las elecciones generales 2016, después de no pasar la valla electoral y perder su inscripción como partido político. Después de eso, se abre proceso a Alejandro Toledo por el caso Ecoteva. El juez Abel Concha decidió el levantamiento del secreto bancario de Alejandro Toledo, siendo esto como parte del juicio por caso Ecoteva.

El día 19 de febrero, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a cargo del Juez Richard Concepción Carhuancho, emitió el auto de requerimiento judicial de extradición del expresidente Alejandro Toledo Manrique. Y ello por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos.

Además, Toledo es considerado como una de las piezas claves en el escándalo de corrupción de Odebrecht (https://tinyurl.com/4zkz4su9). Toledo es uno de los tres exgobernantes peruanos implicados en las investigaciones de esta trama de corrupción que, en su caso, comprende la presunta entrega de un soborno de unos US$ 35 millones para facilitar los negocios de la empresa brasileña.

En relación al delito de tráfico de influencias, el auto de requerimiento señala que en el año 2004, el expresidente habría ofrecido a Jorge Simoes Barata (Superintendente de la Empresa Odebrecht en Perú) interceder en el proceso de licitación del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil (carretera interoceánica) a fin de que la empresa Odebrecht resultara beneficiada con la buena pro. De esta manera, Toledo “se encargaría de que los plazos proyectados en el proceso no se posterguen; así como también modificar las bases de la Licitación para dificultar o impedir la participación de otras empresas”. Todas ellas, funciones a cargo del Comité Especial de Proinversión, entidad que conducía el proceso de selección.

A cambio de ello, Alejandro Toledo habría recibido la suma de veinte millones de dólares entre los años 2006 y 2010 a través de las empresas del empresario Josef Maiman. Estos hechos constituirían el delito de tráfico de influencias (art. 400° del Código Penal peruano), que, conforme al auto de requerimiento, y de cara al requisito de doble incriminación, se corresponderían además con lo previsto en el artículo 201 literal b numeral 1, del Capítulo 11 sobre Cohecho, Soborno y Conflicto de Interés, del Título 18 sobre delitos y proceso Penal de los Estados Unidos de América.

Por otro lado, el requerimiento incluye el delito de colusión, debido a que, entre los años 2004 y 2005 Alejandro Toledo se habría concertado con Jorge Simoes Barata a fin de favorecer a la empresa Odebrecht en la concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, Tramo 2 y 3. En ese sentido, Toledo “se encargaría de que los plazos del proceso no se posterguen, así como de lograr la modificación de las cláusulas de las bases de la licitación para dificultar o impedir la participación de otras empresas”. Según el auto de requerimiento, se aprecian intervenciones de Toledo en distintas fases del proceso, como por ejemplo en la designación del Comité de Selección.

Conforme a lo señalado en el auto, estos hechos calificarían como delito de colusión (art. 384 del Código Penal peruano) y estarían calificados como delitos en leyes de los Estados Unidos como el artículo 201 literal b, numeral 2, letra C, dentro del Capítulo 11 sobre Cohecho, Soborno y Conflicto de Interés, del Título 18 sobre Delitos y Proceso Penal de los Estados Unidos y el artículo 1 de la Ley Antimonopolios Sherman.

Finalmente, se atribuye a Alejandro Toledo la comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión y transferencia (artículo 1 de la Ley N° 27765, vigente al momento de los hechos), por la serie de transacciones realizadas a través de las cuentas bancarias de las empresas offshore de Josef Maiman. En este caso, los caudales ilícitos estarían conformados por el dinero recibido de la empresa Odebrecht (20 millones de dólares) a cambio de la intervención de Toledo en los procesos de selección antes mencionados. El uso de las cuentas y empresas de Josef Maiman estarían dirigidos a evitar la identificación de la ilicitud de dichos activos. De igual manera, el lavado de activos se encuentra previsto como delito en el Perú (Ley N° 27765, vigente al momento de los hechos) y en Estados Unidos (artículo 1956 del Título 18 del Código de los Estados Unidos).

Con el requerimiento formal de extradición activa de Alejandro Toledo a los Estados Unidos, se elevó el cuaderno de extradición correspondiente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. De declararlo procedente, la Corte Suprema emitirá una resolución consultiva y remitirá el cuaderno de extradición al Ministerio de Justicia. En dicha instancia, será la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Condenados la que proponga al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Justicia, acceder o no al pedido de extradición (artículo 28 del D.S. N° 016-2006-JUS). Contando con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, el pedido de extradición de Alejandro Toledo se realizará mediante Resolución Suprema. Tanto la resolución como el cuadernillo serán luego enviados a los Estados Unidos por la vía diplomática.

El diario Gestión informó que tras un prolongado proceso que comenzó con su detención en el 2019, el magistrado Thomas Hixson de la Corte del Distrito Norte de California, avaló que el exmandatario sea entregado a las autoridades peruanas. Hixson aseguró que su tribunal consideró las pruebas “sobre la existencia de un acto criminal y las considera suficientes para apoyar las acusaciones de conspiración y lavado de dinero”.

“Luego del visto bueno de la Justicia estadounidense, será el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el que tomará la decisión final en un caso que el propio Gobierno de Estados Unidos ha representado los intereses de Perú durante el proceso. Aunque su defensa aún puede solicitar como último recuerdo una orden de ‘hábeas corpus’, de la decisión que tome Blinken dependerá de que Toledo, de 75 años, sea procesado en su país y afronte el pedido fiscal de una condena de 20 años y 6 meses de prisión por el caso Odebrecht”, precisó.

Caso Ollanta Humala

El expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, están inmersos en un proceso penal por el caso de los presuntos aportes irregulares al Partido Nacionalista. Ellos estuvieron en prisión preventiva y ahora siguen su proceso en comparecencia.

La investigación se inició en enero del 2015, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectara transferencias por US$216 mil a cuentas bancarias de Nadine Heredia. Las operaciones fueron hechas por su madre Antonia Alarcón, su hermano Ilan Heredia Alarcón, Arturo Belaunde Lossio y las empresas venezolanas Inversiones Kaysamak CA y Venezolana de Valores.

Según la tesis de la fiscalía, el dinero para la campaña del 2006 del Partido Nacionalista habría provenido del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela y para la campaña del 2011 de las empresas Odebrecht y OAS.

En octubre del 2016, luego de dejar la presidencia de la República, Ollanta Humala fue incluido en la investigación. La situación de la pareja se complicó cuando Odebrecht reconoció haber entregado cerca de US$3 millones a la campaña electoral del 2011 del Partido Nacionalista.

Sobre las presuntas irregularidades en la campaña del 2011, la fiscalía indica que hay testigos que confirman aportes fantasmas a la ONPE, anotaciones en las agendas de Heredia que coinciden con aportes bancarios y contratos ficticios usados para justificar ingresos sospechosos en el manejo de los fondos del partido.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, que preside el juez Richard Concepción Carhuancho, ordenó el 13 de julio del 2017 18 meses de prisión preventiva para Humala y Heredia en el marco del proceso por lavado de activos que se les sigue a raíz de los aportes para las campañas del 2006 y 2011 del Partido Nacionalista Peruano. Asimismo, el 3 de agosto del mismo año, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, encabezada por Octavio Sahuanay, ratificó la medida.

Sin embargo, en abril de 2018, el Tribunal Constitucional (TC) dispuso que salieran de prisión ante un recurso de hábeas corpus presentado por ambos acusados.

Según el portal de noticias Infobae (https://tinyurl.com/3shz3n5c) el próximo miércoles 9 de noviembre, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema abordará el caso del expresidente Ollanta Humala y el Partido Nacionalista Peruano (PNP) en un debate público sobre si los aportes irregulares o clandestinos a las campañas electorales pueden considerarse delito de lavado de activos.

La definición de este asunto resulta crucial para la continuidad de los juicios por aportes fraudulentos de campaña electoral, pues tendrá incidencia en otros procesos como el de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.

La defensa de todos ellos aguardan la decisión de los magistrados en una sesión en la que asistirán representantes de Fiscalía, Procuraduría y abogados de Humala y la exprimera dama Nadine Heredia.

Para los implicados, los aportes no configuran lavado de activos, pues el presunto dinero de dudosa procedencia se gasta durante la campaña. La Fiscalía, en cambio, considera que este delito se produce al ocultar a los electores y los órganos electorales la procedencia de los fondos que se utilizan para financiar la campaña política.

El matrimonio Humala-Heredia es investigado por recibir, en 2006, presunto dinero del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez extraído ilegalmente del tesoro público de dicho país por medio de la empresa Inversiones KA. Para la Procuraduría de Lavado de Activos, se debe fijar en 20 millones de soles la reparación solidaria contra Humala y Heredia.

Ya lo decía el finadito Alfonso Tealdo, el periodismo no es un don privilegiado con el que se nace para informar, como lo creen esos personajes que se hacen llamar líderes de opinión y que nacieron en cuna de broadcasting recibiendo como herencia un puesto laboral.

No señor, el periodista se hace, se curte, autoaprende, se cuestiona, rebusca y si no sabe lo inventa, ¡sí señor! aunque eso ya no sea periodismo y haya servido como doctrina para varias generaciones de comunicadores.

Porque el periodismo no es literatura, sino, la literatura es fuego, como recordó Vargas Llosa a su homólogo Augusto Bresani cuando dirigía los famosos medios chicha que incendiaron el Perú de sensacionalismo. Se lo tomó literal.

Pues el periodista no es sinónimo de cultura, ni de sabiduría, ni de Dios. Aunque muchos lo crean. No. Más bien está ligado a los bajos mundos, a la sordidez, al otherside de la sociedad, al remilgo de la política, a los submundos del antro, la coima y ponzoña, por eso el periodismo pulula entre la ética y la corrupción, navega por bares culecos buscando redención en las botellas de alcohol para luego gritar (in) coherencias coléricas —como virus aeróbico— que desaparecen con el alcohol en spray que expulsa el mesero, antes de echarte a patadas.

¿Y si se mirara al espejo el periodismo qué vería?

Su rostro lindo y bien afeitado, con las muelas relucientes y maquillaje carísimo, camisa blanco sinónimo de honestidad, las manos acicaladas y embarnizadas cuyo finger acusador tiene manicura de mil dólares.

Oiría un lenguaje prolijo y refinado, de un curtido orador de partido político digno de manejar grandes audiencias con su elocuencia populista, pero no muestra el espectro tras el rostro periodístico, la sombra que dirige los contenidos que escriben sus dedos, que escupe su voz, que emana su expresión corporal y maneja millones de seguidores. Otro símil careta inventado por los organismos que velan: “por el bien del periodismo”, pero que afecta a una sociedad consumida por la desinformación.

Al periodista no le interesa la corbata ni el traje de tela porque su misión es nadar en la información y buscarla donde ella esté, en la calle, en la basura, en la corrupción, en las cantinas, en los burdeles, en el terrorismo, en la poesía, en la retórica, en el poder. Y para recorrer estas canchas necesitas estar ligero de equipaje, de ideas, de pensamientos cojudos, de tendencias políticas y posturas cliché.

El periodista no es un líder de opinión ni está cerca de serlo.

El periodista es un trasmisor de información, veraz y parcial, que escudriña, investiga, analiza, se pregunta, se cuestiona, la caga y también acierta, pero sigue aprendiendo en el camino, en la calle, en la entrevista b to b, en la persecución de la noticia, en el internado del archivo general para escribir bajo el confort de la evidencia a pesar de las opiniones, cuestionamientos, demandas y críticas de una sociedad desinformada.

Cada año es más trágico celebrar el día del periodista cuando la realidad le escupe al micrófono que su reputación está sujeta al designio de sus empleadores. Cada año el día del periodista se celebra con dinero pero no con amor.

La pasión por el periodismo desaparece cuando uno abre los diarios, ve la televisión, escucha la radio y navega en internet encontrándose con contenidos que evidencian cómo una sociedad puede hundirse cada vez más gracias a la desinformación que emiten los medios de comunicación cuyo interés es monetario y no social. El periodismo debe ayudar a la sociedad a reconocerse y mejorar, no destruirla alejándose de la verdad. Como dirían los Fabulosos Cadillacs en los festejos por el Quinto Centenario del Descubrimiento de América: No hay nada que festejar.

SEGÚN DIARIO PERÚ 21, ACTUAL CANDIDATO A TENIENTE ALCALDE DE PODEMOS PERÚ HABLABA TELEFÓNICAMENTE CON EX MINISTRO DE TRANSPORTES QUE HOY SE ENCUENTRA PRÓFUGO

En una investigación realizada por periodistas de ese diario encontraron un documento donde, de manera curiosa, el ex ministro Juan Silva —hoy prófugo— se comunicó vía telefónica hasta en siete oportunidades con José Luna hijo. Como sabemos, Luna hoy postula como teniente alcalde al municipio de Lima junto a Daniel Urresti Elera. El documento al que tuvo acceso el diario se encuentra en la Comisión de Fiscalización. Algo que llamó la atención de los periodistas es que una de esas comunicaciones se produjo justo cuando se veía la interpelación de Juan Silva en el Congreso. Recordemos que fue el congresista Luna Gálvez —padre del candidato— quien lo defendió ante el pleno del Congreso… SI ALGO HEMOS APRENDIDO, ES QUE EN LA POLÍTICA PERUANA NO HAY DISPUTAS IDEOLÓGICAS, SINO CONCERTACIÓN DE INTERESES. ADEMÁS, RECORDEMOS QUE ESTA GENTE NO SABE LO QUE ES TENER «COINCIDENCIA», POR LO QUE DEBE DE INVESTIGARSE HASTA EL FINAL ESTA DENUNCIA.

DENUNCIAN TAMBIÉN QUE PADRE DE CANDIDATO A TENIENTE ALCALDE POR PODEMOS PERÚ RECIBIÓ 200,000 SOLES PARA SU PROPIA PROPAGANDA POLÍTICA

Según un informe realizado por el diario La República, el legislador de Podemos Perú habría gastado más de 200 mil soles en temas de publicidad para promocionar y difundir la candidatura de su hijo —José Luna Morales— en estas Elecciones Municipales 2022. Así, entre enero y setiembre de este año el padre del candidato realizó 9 aportes que suman esa gran cantidad. Lo curioso es que los aportes se realizaron cuando el padre —es decir, Luna Gálvez— ya ejercía el cargo del congresista de las República… AHORA, QUÉ IRÁ A DECIR JOSÉ LUNA GÁLVEZ, QUIEN CREE SER EL CONGRESISTA CON MEJOR IMAGEN EN EL CONGRESO. POR LO QUE NOSOTROS SABEMOS, ES UNO DE LOS MAS CUESTIONADOS. SINO, PREGUNTENLES A LOS CRONISTAS PARLAMENTARIOS.

RENZO REGGIARDO —CANDIDATO A TENIENTE ALCALDE POR RENOVACIÓN— MOSTRÓ UN DOCUMENTO QUE PROBARÍA QUE DANIEL URRESTI FUE SENTENCIADO POR DIFAMACIÓN

En un twitt que hiciera público el hoy candidato a teniente alcalde por Renovación Popular, escribió lo siguiente «(…) Oye difamador @DanielUrresti1 empecemos demostrando que fuiste SENTENCIADO (…)», en el mismo mensaje adjunta un documento del JNE —Resolución Nº 00085-2020-JEE— en el que se puede leer en el punto 10) que, de acuerdo a los antecedentes que obran en autos, el señor Daniel Urresti Elera fue sentenciado por difamación en contra de Rodrigo Pelagio Prada Vargas. Sería importante saber si el candidato de Podemos Perú habría consignado esta sentencia en su declaración jurada… MUCHAS DENUNCIAS EN CONTRA DE LA GENTE DE PODEMOS PERÚ, QUIENES NO HAN NEGADO SUS VÍNCULOS CON PALACIO DE GOBIERNO, Y QUE CADA DIA SE METEN EN MÁS PROBLEMAS.

PARA EL PREMIER ANÍBAL TORRES, LA CRISIS POLÍTICA DEL PERÚ ES POR CULPA DE LA GUERRA DE RUSIA CON UCRANIA

No sabemos en qué país vive el premier Aníbal Torres, quien le echa la culpa a la crisis política del país a la guerra que hoy atraviesan Ucrania y Rusia. Parece que los más de 60 ministros cambiados, la deficiencia de los funcionarios públicos, así como la mala elección de las autoridades elegidas mediante el voto ciudadano, serían culpa de los presidentes de éstos países que hoy equivocadamente usan la fuerza para los fines territoriales que ambos pretenden… ¿REALMENTE DEBEMOS DE SOPORTAR A ESTE ABOGADO QUE NOS HA DEMOSTRADO QUE, COMO POLÍTICO NO SERÁ RECORDADO POR LA HISTORIA, POR MAS AÑOS QUE LO MANTENGA EL PRESIDENTE PEDRO CASTILLO Y SU AMIGO GUSTAVO BOBBIO.

EVENTO QUE REALIZÓ ROSANGELA BARBARÁN EN EL CONGRESO, DIRIGIDO A JÓVENES, LE HIZO VER LA REALIDAD DE LAS CALLES

La congresista Rosangela Barbarán —Fuerza Popular— organizó un evento para jóvenes que se llamó «Pleno de la verdadera generación del bicentenario», que contó con la participación de 130 adolescentes de distintas partes del país. Lo que no esperaba la congresista limeña es que varios de ellos a viva voz pidieron «adelanto de elecciones y que se vayan todos». Parece que esto sorprendió tanto a la congresista como a sus allegados que se quedaron callados e incomodos… POR ÚLTIMO, LOS JÓVENES MOSTRARON CARTELES QUE NO FUERON DEL GUSTO DE LA CONGRESISTA KEIKISTA, QUIEN NO SABÍA QUÉ DECIR PARA ACALLAR A SUS JÓVENES INVITADOS.

MIENTRAS ABOGADO DE PRIMERA DAMA SE PASEA POR LAS CALLES DE PARÍS, ÉSTE SOLICITA A JUEZ REPROGRAMAR PEDIDO DE LA FISCALÍA SOBRE IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS PORQUE ÉL ESTÁ DE PASEO

Solo en este país podemos ver estos actos de justicia. En otros países ya se hubiera llevado a cabo la audiencia, toda vez que dos abogados adscritos a Benji Espinoza se encontraban en la audiencia, pero en este caso el abogado le pidió al juez preguntar a a la primera dama quien quería que la representase, y esta obviamente respondió que Espinoza era su abogado. Sin embargo, en las redes sociales se muestran fotos del abogado de la pareja presidencial paseando por las calles de París… ESTOS SON LOS ABOGADOS QUE HOY LLEVAN LA AGENDA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, QUIEN TIENE QUE RESPONDER TEMAS POLTICOS —PERO LO HACE ANIBAL TORRES— Y TEMAS LEGALES —QUE LO HACE BENJI ESPINOZA—.

El sol arequipeño nos recibió el lunes 26 por la tarde. Antes de llegar a la ciudad blanca ya había mapeado algunas actividades que se estarían realizando en el marco de PERÚMIN y la Feria Internacional de Libro (FIL) de Arequipa, dos eventos distintos que abrieron sus puertas la misma semana pero que atraen a públicos diferentes y que son, además, eventos que concitan el interés tanto de peruanos como de extranjeros.

Por un lado, PERÚMIN es la convención minera más importante del continente, y es organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas; la presidenta de la organización de la convención minera es Claudia Cooper. En esta 35 edición de PERÚMIN el evento es trilingüe: español, inglés y quechua. Además, sus cifras son admirables: 1400 stands, más de 60 mil participantes, más de 400 proveedores y todo esto se realiza en un espacio de 17 hectáreas de terreno.

La tecnología, innovación y las reflexiones en torno a la energía es lo que más resalta en PERÚMIN, donde, además, la crítica al actual gobierno no se hizo esperar y estuvo presente en distintos conversatorios. El cobre, la plata, el oro, el gas y la electricidad han despertado un masivo movimiento en la ciudad arequipeña, el cual inyectará a la economía local un aproximado de 80 millones de soles.

La historia en la FIL de Arequipa es la cara de otra moneda. Una cara más bien triste. Un evento cultural que no cuenta con difusión ni visitantes. Un espacio donde solo falta una bola de paja recorriendo sus ambientes mientras el viento silba entre los cactus. Esto se debe a una mala organización y una pésima gestión por parte de los responsables. Este año la FIL de Arequipa fue organizada por una institución privada que se hace llamar “Asociación Feria Internacional del Libro de Arequipa”, y está dirigida por Gonzalo Ávila. De internacional, la Feria del Libro solo tiene el nombre, pues solo cuenta con un puñado de stands y dos pequeños auditorios donde abundan las sillas vacías. 

Visitar el Parque Libertad de Expresión, donde se realiza la FIL de Arequipa y donde el ingreso es libre, ha resultado una lamentable experiencia. Eventos tan importantes como este, donde se convoca lectores y curiosos, es esencial en el desarrollo de una sociedad menos ignorante. Hoy en Arequipa, los libros y los nombres de Mario Vargas Llosa y Oswaldo Reynoso parecen ya no importarle a nadie, y son apenas la referencia inmediata —una suerte de respuesta rápida de cultura general— pero sin el conocimiento de su valioso aporte al mundo de las letras nacionales. Una pena.

(Columna publicada en el diario La Razón)

Por Wang Kwo Tsai
Ministro de Transportes y Comunicaciones
República de China (Taiwán)

Conocemos que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) desarrolla reglamentos y normas comunes para la aviación civil, por lo que los países de todo el mundo cumplen con las directivas de la OACI orientadas a garantizar el crecimiento seguro y ordenado de la aviación civil internacional. La 41ª Asamblea trienal de la OACI, que se celebrará entre el 27 de septiembre y el 7 de octubre de este año en Montreal, Canadá, será el mayor evento de la OACI desde que comenzó la pandemia de la covid-19. Así, el encuentro será simbólico para apoyar la recuperación del sector de la aviación, que moviliza personas y bienes en una compleja red global. Además, muestra la importancia de la colaboración entre todas las partes interesadas en la comunidad de la aviación internacional. Hacemos un llamamiento a la OACI para que se reconecte con Taiwán en un esfuerzo colectivo para lograr el objetivo de un cielo sin fisuras.

Reconectar el mundo y facilitar la participación técnica de Taiwán

La OACI, un importante foro que impulsa el desarrollo de la aviación, es donde las autoridades de aviación civil debaten asuntos comunes, tales como, la seguridad de la aviación, los servicios de navegación aérea, la protección del medio ambiente y la economía de la aviación. Todos ellos inciden en el desarrollo del sector de la aviación civil de cada país. Dado que la industria de la aviación mundial se ha visto especialmente afectada por la pandemia, la colaboración entre todas las partes interesadas en apoyar la salud de los pasajeros y la seguridad en los viajes es ahora más importante que nunca. Por ello, ninguna autoridad de aviación civil debe estar excluida. La OACI celebrará su 41ª sesión de la Asamblea con el objetivo declarado de “reconectar el mundo”. Incluir a Taiwán ayudaría al mundo a cumplir con este objetivo, para lograr un cielo sin fisuras.

La Región de Información de Vuelo de Taipéi de Taiwán (Taipei FIR, siglas en inglés) es parte de la red de la OACI de más de 300 FIR. La Administración de Aeronáutica Civil de Taiwán (Taiwan CAA, siglas en inglés) es la única entidad supervisora y es responsable de la gestión del tráfico aéreo seguro en toda la Taipei FIR. Ofrece una amplia gama de servicios de información y coordina las rutas aéreas para garantizar la seguridad y la eficiencia de todas las aeronaves y pasajeros, nacionales e internacionales, que llegan, salen y transitan por la FIR de Taipéi.

Los esfuerzos de la Taipei FIR se han visto obstaculizados por las acciones recientes de China. En agosto de 2022, China realizó ejercicios militares unilateralmente alrededor de Taiwán con escaso margen de aviso. Esto afectó a las rutas aéreas internacionales y puso en peligro la seguridad de la aviación en la Taipei FIR y en las FIR vecinas. En un esfuerzo por evitar el peligro y aliviar los problemas de seguridad, la Taiwan CAA tuvo que planificar y guiar precipitadamente el tráfico aéreo, incluidas muchas aeronaves extranjeras que salían, llegaban o transitaban por la Taipei FIR. La situación sobrecargó a las aerolíneas con costes adicionales debido a su necesidad de realizar viajes más largos y costosos, e incrementó sustancialmente el riesgo imprevisto. En consecuencia, tanto desde la perspectiva de la gestión del riesgo como de la seguridad, la OACI debería permitir que la Taiwan CAA participe en la OACI para así poder comunicarse con otras FIR y proporcionar y obtener información oportuna a través de la OACI.

Compartir las experiencias de aviación de Taiwán para lograr el objetivo de la OACI de una aviación sin fisuras

A pesar del grave efecto que la pandemia ha tenido en el mundo durante los últimos dos años, la Taiwan CAA ha hecho los mayores esfuerzos para mantener el sólido historial de seguridad de la Taipei FIR, mientras se adhiere diligentemente a las medidas antipandémicas pertinentes y cumple rigurosamente con los Normas y Prácticas Recomendadas por la propia OACI. Gracias al esfuerzo conjunto de las partes interesadas de la aviación civil y el gobierno, las aerolíneas nacionales de Taiwán han estado entre las pocas aerolíneas del mundo que se han mantenido rentables y no han eliminado puestos de trabajo durante la pandemia. Además, según las estadísticas para 2020 y 2021 del Consejo Internacional de Aeropuertos, el Aeropuerto Internacional Taoyuan de Taiwán, el más grande de Taiwán, fue considerado el cuarto aeropuerto más transitado del mundo para carga aérea internacional.

Los avances tecnológicos han provocado un desarrollo y cambios sin precedentes en la aviación. Los drones son un ejemplo de ello. Dado que el uso más generalizado de drones plantea un riesgo potencial para la seguridad de la aviación y las operaciones aeroportuarias, la OACI ha estado revisando o adoptando disposiciones en los materiales de orientación relacionados con los sistemas de aeronaves no tripuladas. La Taiwan CAA, a pesar de su falta de acceso a la información de la OACI, ha establecido mecanismos de gestión relevantes de manera oportuna para mantener la seguridad de la aviación dentro de la Taipei FIR y contribuir, al mismo tiempo, a impulsar el desarrollo de industrias relacionadas con los drones. El 31 de marzo de 2020 entró en vigor un capítulo dedicado a los drones en la Ley de Aviación Civil de Taiwán. Al mismo tiempo, se activó en línea un sistema de aplicación en internet llamado Sistema de Información de Gestión de Operaciones de Drones. Además, para mantener el funcionamiento seguro de los aeropuertos y detectar actividades ilegales de drones, la Taiwan CAA instaló sistemas de defensa para drones en varios aeropuertos. La Taiwan CAA también ha comenzado a planificar un sistema de automatización de control del tráfico aéreo de próxima generación para, de ese modo, garantizar que su sistema de gestión de tráfico aéreo satisfaga las necesidades operativas futuras de la Taipei FIR. El objetivo de ello es contribuir a una mayor eficiencia de la navegación regional y mundial. Taiwán está dispuesto a compartir sus experiencias de aviación con otros países y espera también aprender de ellos para mejorar sustancialmente la seguridad de la aviación.

Instar a la comunidad internacional a apoyar la participación de Taiwán en la OACI
El llamamiento de Taiwán para ser incluido en la OACI ha sido cada vez más reconocido por la comunidad internacional. Como parte interesada importante en la comunidad de la aviación internacional, Taiwán se toma muy en serio su responsabilidad de salvaguardar la seguridad de la aviación. Su participación en la OACI permitiría a Taiwán, junto con todos los demás países, contribuir al mayor desarrollo de la aviación mundial y al bienestar de toda la humanidad.
Durante muchos años, la Taiwan CAA ha mantenido sostenidamente los más altos estándares de servicio y seguridad para la Taipei FIR. También ha trabajado arduamente para cumplir con las Normas y Prácticas Recomendadas por la OACI. La OACI eligió el tema “reconectar el mundo” para la Asamblea de este año a fin de promover la recuperación de la aviación mundial. Ha llegado el momento de que la OACI se reconecte con Taiwán. Para seguir contribuyendo a la aviación civil internacional, la Taiwan CAA aspira a compartir sus experiencias profesionales y a participar, de manera significativa y profesional, en la 41ª Asamblea de la OACI, para ayudar al mundo a cumplir el objetivo de la OACI de establecer una red sin fisuras para la seguridad global de la aviación.

Abrumadora victoria de los fascistas en coalición con la centro derecha en Italia. A cien años exactos del ascenso de Mussolini al poder, los ultras alcanzan el poder en la tercera economía de Europa. Mientras tanto las bolsas del mundo tiemblan ante un irreversible retorno al poder, 77 años después, de los fascistas en el viejo continente.

No valió ni que la constitución italiana se declarará antifascista para evitar lo inevitable. El triunfo de Hermanos por Italia, un partido de la tradición fascista italiana, en alianza parlamentaria con el partido de ese plutócrata de Craso que es Berlusconi, más los votos de la Liga de Salvini, han llevado al fin del cordón sanitario político que desde el fin de la segunda guerra mundial impedía el acceso al poder de los fascistas italianos. Ahora no solo se hace historia en el año del centenario de la marcha sobre Roma que llevó al poder a Mussolini en 1922, sino que deja en evidencia el fin del liberalismo político en crisis desde 2008.

La responsable de este triunfo histórico es Giorgia Meloni, al que el Kremlin ha felicitado y plantea tener una relación constructiva. Meloni con un discurso muy a lo Le Pen centrada en el control de la inmigración africana y oriental, se ha dispuesto a favor de recibir a refugiados ucranianos como gesto de una política identitaria que mantenga Europa Blanca y Cristiana.

Opuesta al matrimonio gay y a la liberalizacion del aborto , ofrece subsidios y políticas a favor de la familia numerosa italiana en tanto se ha mostrado moderada respecto a su euroescepticismo y mantener una relación cordial con EE.UU. y su apoyo a la OTAN (al menos de palabra, y ya sabemos cuánto dura históricamente la promesa de los italianos con sus aliados durante las guerras) respecto a la guerra de Ucrania.

Pero ¿qué significa esta victoria? Históricamente la manifestación final de la crisis del modelo liberal político en Occidente desde 1945. Exactamente en términos de endeudamiento económico coincide con la crisis económica que agito a Italia en la década de 1920 y llevo al poder a los fascistas. Es también está victoria un espaldarazo a todos los movimientos ultras (los último movimientos revolucionarios vigentes que quedan en Europa y que coincidentemente tienen sus nichos de votantes en los núcleos industriales que eran los bastiones de poder electoral del otrora partido comunista italiano), coincide su ascenso al triunfo histórico de los ultras de Suecia hace una semana entretanto el tejido liberal se deshace en toda Europa de manera acelerada.

Este triunfo histórico coincide a su vez maravillosamente con el rearme histórico de Alemania que inició el mes pasado. También Japón se rearma ante una amenaza china creciente, dejando atrás una política pacifista de 77 años.  

Mientras las bolsas bajan en todo el mundo, la industria militar vive su edad de oro.

Una observación final. La izquierda liberal y progresista llama a los fascistas de Meloni así como a Le Pen como grupos de extrema derecha. Esto es un error con sabor a mentira. Tanto en sus declaraciones políticas como en sus idearios partidarios quedan claras unas posturas antiliberales contundentes. No se puede considerar de derecha a partidos revolucionarios que exigen un cambio radical del tejido político y económico, que hablan, que gritan de protecciones a la industria y al proletariado nacional. Lo que vemos es la reaparición de la extrema Izquierda , la única que queda después de 1991 , que viene a cavar la tumba del arrogante liberalismo. Porque como dijo Mussolini: el fascismo es todo en el Estado y nada fuera del Estado.

Por Tino Santander

El 2 de octubre millones de peruanos votaremos en blanco o viciado; será un voto de protesta contra la llamada clase política, el parlamento, y el gobierno. Los ciudadanos están convencidos de que estas elecciones regionales y municipales son una disputa de mafias que buscan afianzar su poder. Ninguno de ellos suscita la adhesión popular, al contrario, son repudiados por sus antecedentes y sus pueriles promesas electorales. Les transcribo queridos lectores diversas opiniones para que tengamos una idea de cómo piensan los peruanos que no tienen voz en los medios de comunicación tradicionales.

Hermes Cauna, dirigente del Frente de defensa ambiental de la zona aimara de Puno, me dice: “…Estas elecciones no van a cambiar nada en las regiones, votamos cada cuatro años para que todo siga igual. Los candidatos son financiados en su mayoría por el crimen organizado y los proveedores del gobierno regional y municipal. La regionalización es una farsa. El voto viciado y el ausentismo crece en Puno”.

Leocadio Zavala Lezama, dirigente campesino del Cusco: “La región ha recibido aproximadamente veinte mil millones de soles desde el 2003 hasta la fecha por el canon del gas de Camisea y no sabemos dónde está el dinero, porque, no tenemos carreteras, ni hospitales, ni escuelas, menos un tren hacia La Convención, tampoco un parque industrial. Los gobernadores de la izquierda y los alcaldes se han robado el dinero; son corruptos. Votar por ellos es ser cómplice de la corrupción”. Voto viciado.

Micaela Silva, me dice: “los jóvenes no estamos identificados con ningún candidato a la alcaldía en Lima; nunca podríamos votar por Urresti, acusado de violar campesinas. Escuchar el testimonio de esas mujeres es desgarrador. No comprendemos, cómo alguien como él puede ser candidato. Tampoco podemos votar, por el Sr. Aliaga, que vive en la edad media y que cree que los jóvenes somos tontos. Forsyth, no esta preparado, se nota su incultura, es un improvisado, nos parece lo más degradante de la política”.

Enrique Rodríguez, pequeño empresario textil de Gamarra me dice: “votar nulo o viciado, es un deber. Es la forma más democrática de protestar contra el sistema político imperante. Los bancos amenazan a las familias emprendedoras con quitarles sus casas, sus autos, y maquinarias de trabajo; los candidatos no dicen nada de este tema, porque, están al servicio de los grupos de poder económico. Además, son risibles sus propuestas sobre seguridad ciudadana”.

La democracia en el Perú es una farsa. 10 millones de peruanos sin agua; 450 mil mineros informales abandonados por el Estado; 83% de agricultores sin acceso al crédito, ni a fertilizantes; 175 mil millones de dólares es el déficit en infraestructura social y productiva que afecta a todo el país; el fracaso de la inversión pública y la desconfianza de la inversión privada; la corrupción de los gobiernos regionales y locales; el 25% del territorio nacional está controlado por el crimen organizado; la falta de partidos políticos; el parlamento y el poder judicial repudiados.

Esta realidad no es una fantasía de los radicales o subversivos. La describe la Controlaría General de la Republica^[1] y las investigaciones sobre el déficit de infraestructura^[2], que concluyen en la necesidad de hacer una profunda reforma económica, social, y política, si no, tendremos una revuelta popular de impredecibles consecuencias. Por eso, el voto blanco y viciado crece como una opción democrática para que la clase política no se olvide que está sentada en un barril de pólvora con la mecha encendida.

[1] Ver El estudio de la Contraloría General de La República “Efectividad de la inversión pública a nivel regional y local durante el período 2009 al 2014”. Que describe las graves dificultades de la inversión pública y la corrupción en el Perú.

[2] AFIN “Plan Nacional de Infraestructura 2016-2025”

El Perú es quizás el único país en el mundo en el que más de cinco expresidentes han estado o están inmersos en procesos penales por diversos delitos. Son conocidos los casos de Francisco Morales Bermúdez (sentenciado a cadena perpetua y fallecido en julio de 2022), Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski. Existen serios cuestionamientos e investigaciones sobre Martín Vizcarra en torno a su gestión como presidente regional de Moquegua y también investigación fiscal contra el actual mandatario Pedro Castillo Terrones, protegido por la figura legal de “inmunidad presidencial”.

Con el suicidio de Alan García Pérez –quien se disparó en la cabeza el 17 de abril de 2019 cuando la fiscalía se aprestaba a allanar su domicilio y proceder a su detención preventiva– se extinguió la acción penal contra él.

Asimismo, a raíz del escándalo del caso Lava Jato, se sabe que la empresa constructora Odebrecht se dedicó a pagar sobornos (coimas) a funcionarios de gobierno nacional, regionales y municipios para obtener la buena pro de obras como la ruta Interoceánica, entre otras. Además, según las declaraciones de Jorge Barata (exrepresentante de esa empresa en el Perú), Odebrecht presuntamente habría financiado las campañas electorales de Alejandro Toledo, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, Lourdes Flores Nano y Susana Villarán. La investigación sobre este proceso continúa.

El índice de corrupción de funcionarios en el Perú es muy alto. Según un informe del Poder Judicial difundido por el diario La República, el año 2018 hubo “un total de 27 mil 20 funcionarios procesados por corrupción a nivel nacional. De esta cifra, 6 mil 731 corresponden a Lima y 20 mil 289 están repartidos en las regiones” (https://tinyurl.com/5ean5c8u).

La corrupción se refleja en la economía y en la disminución de la calidad de vida. La Defensoría del Pueblo, en un informe denominado “Radiografía de la corrupción en el Perú” (2017), reveló que se pierde anualmente 12 mil millones de soles, es decir alrededor de 3 mil 600 millones de dólares por actos de corrupción. El documento precisa que esto es equivalente a perder 10 millones de dólares diarios y señala que “el precio de la corrupción asciende al 10% del presupuesto nacional por año”.

En uno de mis anteriores ensayos sobre la corrupción en el Estado peruano señalé lo siguiente: “En el Perú el Estado se ha convertido en la sucursal detrás de la cual operan organizaciones criminales, que bajo diferentes modalidades delictivas y usando la corrupción como metodología tienen como único fin apropiarse del botín que representa el presupuesto nacional. Las estadísticas son contundentes: trece gobernadores regionales procesados por delitos de corrupción y la mayoría con orden de detención preventiva. Asimismo más de veinte alcaldes y exalcaldes provinciales y distritales afrontan procesos judiciales o han sido sentenciados por delitos de corrupción en sus gestiones”.

Recientemente, el procurador público especializado en delitos de corrupción, Amado Enco, reveló que a nivel nacional hay 2 mil 289 gobernadores regionales y alcaldes investigados por casos de corrupción. Y cuatro expresidentes de la República (uno de ellos en prisión), están cuestionados por presuntos delitos.

CASO MORALES BERMÚDEZ

En el mes de enero de 2017, el expresidente peruano Francisco Morales Bermúdez (general del Ejército Peruano que sucedió al dictador Juan Velasco Alvarado en la década del setenta) fue condenado de cadena perpetua por un tribunal de Roma (Italia) por su participación en el “Plan Cóndor”, al ser hallado responsable, junto a otros acusados, de la muerte de una veintena de ítalo-latinoamericanos. Dos exmilitares del Perú también fueron sentenciados.

Este plan –dirigido por los gobiernos militares de Chile y Argentina– fue organizado en esta región de América para acabar con una veintena de ítalo-latinoamericanos, acusados de subversivos que supuestamente buscaban sacar del poder a las mencionadas dictaduras de Pinochet y Videla.

Cabe anotar que el “Plan Cóndor” fue una operación que ideó el exdictador chileno Augusto Pinochet para acabar con la oposición política entre 1970 y 1980. Esta se ejecutó principalmente en Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia y Chile.

En el artículo “Cuatro claves para entender la sentencia contra Francisco Morales Bermúdez” de Cristina Blanco, coordinadora académica y de investigaciones del IDEHPUCP (https://tinyurl.com/2s95j9ms), señala que, para entender esta sentencia, “se debe recurrir a los supuestos habilitantes de jurisdicción interna frente a graves violaciones de derechos humanos en impunidad”.

“Hay que recordar que las investigaciones fiscales en Italia se inician con la denuncia de un familiar de detenidos-desaparecidos contra el exmarino uruguayo Jorge Néstor Troccoli, quien fugó a Italia tiempo antes para evitar ser procesado en su país. Uruguay solicitó la extradición de Troccoli, la cual fue denegada y exigió a Italia aplicar el principio aut dedere aut judicare, por el cual si un país se niega a extraditar, debe juzgar al extraditable por los delitos que se le acusan. La denuncia contra Troccoli fue seguida por varias otras en los años siguientes y, tras la acusación fiscal, se inició el juicio penal contra 27 imputados nacionales de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay; en perjuicio de 43 víctimas, entre ellos 23 ítalo-latinoamericanos y 20 uruguayos”, comenta.

Y añade que “si bien, como principio general, los tribunales tienen competencia sobre crímenes cometidos dentro de su territorio, existen ciertos nexos jurisdiccionales para que el Estado ejerza competencia por hechos ocurridos fuera de este, supuesto conocido como jurisdicción extraterritorial. Una de las habilitantes más comunes, y que establece el ordenamiento italiano, es el de la nacionalidad de las víctimas, aplicado en este caso. Pero también es posible -como ocurriría con relación a las víctimas no italianas- que una instancia penal conozca hechos cometidos fuera de su territorio, y con acusados y víctimas extranjeras cuando se trate de graves crímenes internacionales que, de otro modo, quedarían en la impunidad. Estamos aquí ante el principio de jurisdicción universal por el cual, aunque no estén presentes los factores tradicionales de conexión (lugar de los hechos, nacionalidad de víctimas o acusados), los tribunales nacionales pueden procesar a una persona sospechosa de haber cometido un crimen internacional en cualquier parte del mundo al entender que atentan contra la comunidad internacional en su conjunto”.

CASO ALBERTO FUJIMORI

El expresidente Alberto Fujimori actualmente cumple una condena de 25 años por haber sido considerado como autor mediato de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado correspondientes a los casos de las matanzas de La Cantuta, Barrios Altos, y al empresario Samuel Dyer Ampudia. La sentencia se emitió el año 2009.

Para sus seguidores, las condenas son un exceso porque consideran que Fujimori hizo una lucha frontal contra el terrorismo para poder pacificar el país de la violencia iniciada por Sendero Luminoso y el MRTA. Ellos argumentan que en esa guerra frontal hubo consecuencias e incluso excesos por parte de elementos de las fuerzas armadas, razón por la cual están en desacuerdo.

Desde que fue extraditado desde Chile en el año 2007, el historial de los procesos penales contra Fujimori ha tenido varios episodios. A fines del año 2000, Alberto Fujimori viajó del Perú hacia Brunéi en el marco de la cumbre anual de la APEC. Desde allí se dirigió a Japón, desde donde renunció a la presidencia del Perú vía fax. En Japón permaneció hasta el año 2005, y amparado en su doble nacionalidad, pudo evadir las acusaciones judiciales en su contra por delitos de corrupción, de peculado y de lesa humanidad (https://tinyurl.com/3j2azxpz).

El 6 de noviembre de 2005, Alberto Fujimori viajó a Chile, donde fue detenido al día siguiente por las autoridades de aquel país y desde entonces se inició, exactamente el 11 de noviembre de ese año, un proceso de extradición en su contra.

El 21 de septiembre de 2007, la Corte Suprema de Chile aprobó la petición del Poder Judicial del Perú para extraditarlo. Tras su arribo a nuestro país, afrontó diversos procesos en su contra y terminó siendo condenado por lo señalado líneas arriba.

Una década después, el 24 de diciembre de 2017, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió un indulto humanitario a Fujimori, debido a que “una junta médica oficial ha evaluado al interno y ha determinado que el señor Fujimori padece de una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable y que las condiciones carcelarias significan un grave riesgo a su vida, salud e integridad”.

A las horas de anunciado el indulto, la defensa de los deudos de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta interpuso un recurso para revocar la gracia concedida.

El 3 de mayo del 2016 el Tribunal Constitucional del Perú rechaza la nulidad de la condena de Alberto Fujimori, razón por que se determinó que prosiga su condena de 25 años impuesta por responsabilidad en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, bajo la polémica teoría de “autor mediático”.

El 03 de octubre de 2018, tras meses de audiencias, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró inaplicable el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori y ordenó su ubicación y captura inmediata.

A pesar de todas las acusaciones y condena en su contra, muchos peruanos de las zonas urbanas y rurales se muestran a favor de un indulto humanitario, considerando que fue un presidente que estabilizó la economía y derrotó al terrorismo con una estrategia frontal que terminó con la captura, juicio y condena de los principales cabecillas terroristas.

Esto es solo parte del panorama de las denuncias, investigaciones, juicios y condenas contra expresidentes. Los casos de Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski los analizaremos en un próximo artículo.