Cuatro docentes han denunciado a la directora del colegio PNP Santa Rosa de Lima, la suboficial Flor Betzabé Cama Trebejo, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación docente para el año 2025, llevado a cabo en febrero. A pesar de haber presentado su reclamo ante el Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP, esta entidad les dio la espalda. Ante la falta de respaldo, ayer elevaron su denuncia a la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía. Lima Gris tuvo acceso al documento, el cual evidencia un caso de abuso de autoridad.

El 17 de febrero, cinco días después de la publicación de los resultados, la docente Mirtha Calderón recibió una carta firmada por la directora Flor Betzabé Cama Trebejo. En el documento, se detallaban los supuestos “criterios de evaluación” utilizados en el proceso de contratación. Según la directora, el puntaje se distribuía de la siguiente manera: “Título profesional (37puntos), formación continua 2024 (02 puntos), méritos y/o felicitaciones (02 puntos) y entrevista (45 puntos)”. Aunque no se especificó el puntaje máximo, la suma de estos valores reveló que los postulantes competían por un total de 86 puntos.

Directora Flor Betzabé Cama Trebejo.

La jugada de la entrevista personal

De acuerdo con el Ministerio de Educación, el título profesional es un requisito indispensable para la contratación docente. Quienes cumplían con esta condición debían recibir automáticamente los 37 puntos asignados. Hasta ese momento, el proceso parecía seguir un criterio imparcial. Sin embargo, la verdadera diferencia radicó en la distribución de los 49 puntos restantes.

Bajo esta fórmula, logros como un grado de maestría, un reconocimiento por buen desempeño, la experiencia profesional y la actualización académica quedaban reducidos a un máximo de 02 puntos, sin aclarar si eran acumulativos. En contraste, la entrevista personal tenía un peso determinante: 45 de los 49 puntos en disputa dependían del cuestionario realizado por un jurado compuesto por la directora, el subdirector y una docente, lo que dejaba un amplio margen de subjetividad en la calificación final.

La profesora Fanny Morán, quien laboró en el colegio Santa Rosa de Lima durante el 2024, declaró a Lima Gris: “El año pasado también hubo reclamos y, en enero de 2024, Inspectoría de la Policía reevaluó el proceso. Salí en segundo puesto y mi ficha de desempeño laboral de ese año es destacada. Sin embargo, este año, con este nuevo método no aprobé. Informé a la directora que tengo una maestría en Educación, 21 años de experiencia en aula, capacitación actualizada, un libro registrado en la Biblioteca Nacional, y he sido asesora pedagógica de la UGEL y la DRE. Pero su respuesta fue que eso no lo había evaluado. Prácticamente me dijo que mi trayectoria no vale”.

Carta al coronel Quiroz Dávila

Al día siguiente de la publicación de los resultados del “proceso de evaluación”, el 13 de febrero, los docentes Karen Barreto, Fanny Morán, Mirtha Díaz y Luis Almeida enviaron una carta manuscrita al coronel Erick Augusto Quiroz Dávila, jefe del Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP. En ella denunciaron las presuntas irregularidades en el proceso, señalando que este había favorecido a ciertos docentes de manera arbitraria. El documento evidenciaba una serie de maniobras premeditadas por parte de la directora Cama Trebejo, las cuales detallamos a continuación.

Coronel Erick Augusto Quiroz Dávila.

La carta inicia con una denuncia clara: “No se publicó el cronograma con sus criterios de evaluación”. Dos semanas después, el coronel Quiroz Dávila respondió afirmando que la convocatoria fue publicada el 6 de febrero en la página de Facebook Prensa Escolar La Voz Santarrosina 2018.

“El anuncio fue publicado en Facebook el 06 de febrero a las 10:30 de la mañana. Este describe que el plazo para la recepción de expedientes es el 06 y 07 de febrero”, afirma la docente Mirtha Díaz, quien laboró por 11 años en el colegio Santa Rosa. Esto revela que los profesores tuvieron menos de 24 horas para enterarse del proceso y postular sus expedientes. No hubo un canal formal de comunicación del proceso. Lima Gris comprobó que el anuncio fue borrado de la mencionada página de Facebook.

Otro punto crítico es que no existieron “criterios de evaluación”. Cuando los docentes exigieron claridad sobre estos, la respuesta del jefe del Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP resultó desconcertante: “La Directora dio a conocer las pautas de calificación del expediente y entrevista en concordancia con la mencionada directiva”. El coronel respalda la fórmula de puntuación de Cama Trebejo. Pero no responde: ¿Cuáles son y donde están los criterios de evaluación?

“No tuvimos ningún tipo de información durante el proceso. Un requisito para ser contratado en 2024 en el colegio Santa Rosa era haber aprobado el examen de nombramiento docente a la Carrera Pública Magisterial, yo he aprobado este año, sin embargo, ningún mérito ha sido tomado en cuenta por la directora”, afirma Karen Barreto, docente que laboró el año pasado en la mencionada escuela.

La profesora Barreto le tiene mucho cariño a este colegio “pues aquí estudié primaria y secundaria, cuando todo era tierra y no había pabellones, fueron 11 años de mi vida, y como docente el año pasado me he empeñado por mejorar la enseñanza de mis niños, el que no tengan a los mejores docentes no es culpa del Estado, sino de una evaluación injusta, lo padres de familia deben darse cuenta y plegarse a nuestro reclamo, porque son sus hijos los más afectados por la calidad educativa”.

En su denuncia, los docentes también cuestionan al jurado calificador de la etapa de entrevista y señalan que no debió integrarse como sub director de nivel primario a Fernando Quijano Alvarado, pues su título profesional corresponde al nivel secundario. Asimismo, denunciaron la ausencia de un actor clave en el proceso: el representante de los padres de familia en el Consejo Educativo Institucional (CONEI), Luis Alberto Garay Kuga, cuya participación en la evaluación de expedientes y entrevistas era obligatoria.

Respuesta de la directora.

Violaron la Ley

Según la norma vigente “que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para la contratación y renovación de profesores en el servicio docente en educación básica y técnico-productiva en el marco de la ley 30328”, es competencia de cada UGEL “determinar los puestos y/o cargos que conforman el comité” de contratación. Algo que la directora Flor Betzabé Cama Trebejo, no ha tenido en cuenta en su proceso de evaluación.

Los profesores señalan que la directora justifica su fórmula de evaluación afirmando de las instituciones Educativas de la PNP tienen independencia, sin embargo, la norma mencionada anteriormente precisa en su artículo 3 que el ámbito de su aplicación alcanza a “Instituciones Educativas Públicas gestionadas por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior de Educación Básica y Técnico-Productiva”.

Norma vigente.

En el proceso de contratación ideado por Cama Trebejo, el comité tampoco realizó el “cuadro de méritos en la etapa de evaluación de expedientes” que la norma establece en su artículo 5.2.

No se encuentran títulos de Docentes

Como resultado de este proceso de contratación, Lima Gris comprobó que, de un total de 8 docentes contratados en Primaria en el Colegio Santa Rosa, solo 4 registran título en Educación en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) o en el portal de “consulta de grados y títulos” del Ministerio de Educación. Uno alcanza al grado de bachiller y los otros tres no tienen registro en estas plataformas. Otro docente en al área de Arte y Cultura, del nivel secundario, tampoco se encuentra registrado.

Esta omisión viola, una vez más, la norma. Pues en su artículo 5.2 establece que el comité debe “Verificar en la Plataforma de Consulta Pública de Grados y Títulos de Educación Superior del Minedu que el título pedagógico de los postulantes se encuentre registrado, en el siguiente enlace: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/”.

Este artículo también especifica “Verificar en la plataforma de la SUNEDU, que el título universitario de licenciado en educación u otro de los postulantes al procedimiento de contrato, se encuentre registrado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales”. A la luz de la normativa vigente, son innumerables los vicios que las autoridades encontrarán en este proceso de contratación si toman cartas en el asunto.

A diez días de iniciadas las clases en el colegio Santa Rosa de Lima que es administrado por la Policía Nacional del Perú, son varias las denuncias que han llegado a la redacción de Lima Gris, sobre la directora Cama Trebejo. La asignación irregular de vacantes, la construcción de tres aulas sin un expediente técnico y un cuestionado proceso de contratación docente, son solo la punta de un iceberg.  

Ayer, el expediente de denuncia de los profesores, con toda la documentación sustentatoria sobre el proceso de evaluación docente en el colegio Santa Rosa, ha sido enviado vía mesa de partes, al general PNP Antero Rasendo Mejía Escajadillo, director de Bienestar y Apoyo al Policía. Esta entidad, regula al Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP, el cual ha sido cómplice de la pésima gestión de Cama Trebejo.

Las entidades responsables, desde la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía hasta el Ministerio de Educación, deben intervenir para garantizar un proceso de contratación docente basado en la meritocracia y la transparencia. No se puede permitir que estas irregularidades sigan afectando la educación de cientos de estudiantes ni que el abuso de autoridad se normalice.

La educación pública no puede ser rehén de intereses personales; es momento de actuar con firmeza y recuperar la confianza en un sistema hoy cuestionado. Mientras no se tomen medidas concretas, los 900 alumnos del IE PNP Santa Rosa de Lima 2001, quedan expuestos a un sistema que prioriza el favoritismo sobre el mérito.

Mientras la directora Cama Trebejo continúa guardando silencio, desde las oficinas del Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior nos comunicaron que han solicitado una investigación y en las próximas horas se han comprometido en brindar una respuesta formal de lo que viene ocurriendo en el colegio de la familia policial.

Madre solo hay una. No cabe duda de que el amor de una madre no conoce límites ni barreras, tampoco impedimentos físicos o mentales, y mucho menos las distancia. Brenda Barazorda ha iniciado una larga caminata desde Tacna hasta Lima llevando consigo un chaleco con un enorme QR para que las personas le puedan colaborar. El único propósito es salvarle la vida a su hijo que sufre una rarísima enfermedad llamada distrofia muscular de Duchenne.

Según Barazorda, Facundo fue diagnosticado con este mal genético cuando tenía seis años, y desde entonces viene recibiendo terapias físicas y medicamento; sin embargo, los únicos que son aprobados en el Perú ocasionan efectos secundarios.

En setiembre del 2024, la campaña ‘Todo por Facu’ se formó con el objetivo de acceder a un tratamiento genético llamado Elevidys, uno de los más costosos del mundo y que promete retrasar e incluso detener el avance progresivo de la enfermedad.

Luego de hacer rifas pro fondos y pedir colaboraciones voluntarias para lograr su meta, Brenda y su familia decidieron promover la recaudación de donaciones por medio de un reto: caminar por más de 15 días desde Tacna hasta la ciudad de Lima.

Brenda Barazorda lleva su quinto día de caminata y ya se encuentra en la región Moquegua. La madre de Facundo publica videos en la página oficial de Facebook ‘Todo por Facu’, donde registra sus avances y explica en qué parte de la ruta se encuentra.

Ya que el monto es muy alto, Barazorda calculó que una donación de S/ 15 hecha por al menos un millón de personas que conozcan el caso de su hijo, es suficiente para lograr su meta. Así lo hizo saber en su primer video publicado luego de iniciar su reto.

Las personas de buen corazón que deseen enviarle un pequeño donativo pueden hacerle a la cuenta de la madre de Facundo.

• Yape: 995648500, a nombre de Brenda Barazorda Valer
• Cuenta BCP S/: Cuenta Ahorro Soles 19122064504077 y CCI 00219112206450407758, a nombre de Brenda Barazorda Valer
• Cuenta BCP $: Cuenta Ahorro Dólares 19196562381156 y CCI 00219119656238115652, a nombre de Jorge Luis Ordóñez Ruiz
• Cuenta Fifth Third Bank $: Cuenta de Cheques 7992611793, Código Swift ftbcus3c, dirección 38 Fountain Square Plaza, Cincinnati, OH, 45263
• Cuenta PayPal: (i) Usuario: @jorgeordonezruiz (ii) Correo: jorge.ordonez.ruiz@hotmail.com (iii) Paypalme: www.paypal.me/jorgeordonezruiz⁠

A alentar, pero desde casa. Desde que asumiera Dina Boluarte a la presidencia del Perú los lazos con el gobierno del dictador venezolano Nicolás Maduro se encuentran en una constante tira y afloje entre ambos países debido a discrepancias políticas.

Bajo ese contexto, la Cancillería peruana emitió recientemente un comunicado desaconsejando a los ciudadanos viajar a Venezuela para alentar a la ‘Bicolor’ en su partido válido para las Eliminatorias al Mundial 2026.

El encuentro, programado para el martes 25 de marzo en el estadio Monumental de Monagas, en la ciudad de Maturín, enfrenta a Perú contra la Vinotinto en un contexto de tensión política y limitaciones logísticas.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró las recomendaciones emitidas el 28 de diciembre de 2024, destacando que la ausencia de funcionarios consulares peruanos en Venezuela, expulsados tras el quiebre diplomático, dificulta cualquier tipo de apoyo a los connacionales.

“Se desaconseja el viaje de peruanos a Venezuela debido a las limitaciones para prestar asistencia”, señala el comunicado oficial.

El Perú no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela

Cabe recordar que desde el pasado 28 de julio del año pasado nuestro país no reconoce a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela, debido a un presunto fraude electoral.

La postura peruana derivó en la ruptura de relaciones y la expulsión mutua de cuerpos diplomáticos y desde agosto de 2024, Brasil asumió la representación consular peruana en Venezuela, conforme a la Convención de Viena.  

A la fecha y desde septiembre de 2024, tres peruanos permanecen detenidos en Venezuela, de los cuales no se recibe ninguna información de parte del régimen chavista.

A inicios de febrero, el canciller peruano Elmer Schialer dijo que, al no contar con representación diplomática en Caracas, se ha recurrido a las autoridades diplomáticas como intermediarias, sin resultados favorables hasta el momento. Los peruanos detenidos en Venezuela fueron identificados como Renzo Huamanchumo Castillo, Ricardo Meléndez Guerrero y Carlos Madrid Martínez. 

Como manda la Ley. El Tribunal Constitucional (TC) ha emitido una sentencia que obliga al Banco Central de Reserva (BCR) a cumplir con las disposiciones legales sobre el uso correcto del escudo nacional y el lema “Firme y Feliz por la Unión” en la acuñación de monedas y billetes.

Según informó la oficina de imagen institucional del TC, esta decisión responde a la demanda interpuesta por el experto en protocolo de Estado, Carlos Tenicela Ninamango, quien denunció al BCR en el año 2022 a que respete las normas vigentes.

La resolución, emitida en el marco del expediente 01303-2023-PC/TC, declara fundada en parte la demanda de Tenicela Ninamango, quien argumentó que el BCR no ha cumplido con lo establecido en el artículo 7 del Decreto Ley 11323 de 1950 y la Resolución Legislativa de 1825. Estas normativas exigen el uso correcto del escudo nacional y el lema en las monedas y billetes emitidos por la entidad.

El TC ordenó que el cumplimiento de esta disposición se materialice en el próximo circulante de monedas y billetes que emita el BCR, con forme a la Ley 32251.

“Está constituido por un timbre una corona cívica de encina, cerrada, vista de plano, y el blasón está sostenido a cada lado por dos estandartes nacionales con la bandera nacional, uno pequeño adelante y uno grande atrás, y las banderas nacionales entrelazadas en la parte inferior”, decía la referida norma.

Tenicela Ninamango argumentó que el artículo 49 de la Constitución Política de 1993 establece los símbolos de la patria y sus características, y que el BCR ha venido utilizando un escudo nacional que no se ajusta a lo dispuesto en la Resolución Legislativa de 1825. Asimismo, señaló que tanto esta resolución como el Decreto Ley 11323 son normas vigentes, y que el BCR no ha demostrado que hayan sido derogadas.

▶️ La Sala Primera del Tribunal Constitucional ordenó al @bcrpoficial dar cumplimiento al mandato contenido en la Ley 32251 y hacer uso correcto del escudo nacional y el uso del lema nacional “Firme y Feliz por la Unión” en la acuñación de las monedas y billetes que emite. pic.twitter.com/3Ax9VyYd2p

— Tribunal Constitucional del Perú (@TC_Peru) March 19, 2025

Con esta sentencia, el BCR se encuentra obligado a ajustar sus prácticas en la emisión de monedas y billetes para alinearse con las normativas que regulan los símbolos patrios. Esto implica que el próximo circulante deberá reflejar fielmente el escudo nacional y el lema “Firme y Feliz por la Unión”, tal como lo establece la legislación vigente.

Cifras para morir.Resulta increible que todavía se debata un moción de censura para el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, cuando las cifras les son totalmente contrarias y por ello ya debería de estar botado sin tanto rodeo.

La criminalidad se ha convertido en un problema que afecta a la población sin distinción alguna, cobrándose la vida de cientos de personas en lo que va del año. Las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) revelan un escenario inquietante: hasta el 18 de marzo de 2025, se han reportado 475 homicidios en todo el país. Este aumento de la violencia ha superado los registros de años anteriores y refleja un fenómeno que las autoridades no han logrado contener.

Las cifras del Sinadef muestran que los homicidios en el Perú han alcanzado niveles alarmantes. Solo en los dos primeros meses del año se registraron 368 asesinatos, una cifra significativamente mayor a la de periodos similares en años anteriores. Con los homicidios reportados hasta el 18 de marzo, el promedio actual indica que cada cuatro horas una persona es asesinada en el país.

El estado de emergencia decretado por la presidenta Dina Boluarte, ese mismo 18 de marzo, fue solo tinta en papel, pues en el transcurso de 24 horas 15 personas fueron asesinadas en distintas partes del país, incluyendo siete en la capital y el primer puerto, y otras ocho en provincias. La violencia continúa escalando, poniendo en jaque a las estrategias gubernamentales. Mientras tanto, las extorsiones y amenazas se han convertido en una realidad cotidiana para los peruanos, quienes sienten que la inseguridad sigue ganando terreno.

Cifras a nivel regional

Lima encabeza la lista de homicidios con 160 casos, seguida de La Libertad con 49, Callao con 42, Piura con 34 e Ica con 20. Estos datos reflejan que la violencia se ha extendido a diversas regiones, impactando en la vida de miles de ciudadanos. La mayor parte de las víctimas han sido atacadas con armas de fuego, lo que demuestra la facilidad con la que los delincuentes acceden a este tipo de armamento.

Cantarán por la paz. Aparte de la comida, al peruano le gusta mucho la cumbia y la reciente muerte de Paul Flores, conocido como el ‘Russo’, les ha tocado en el corazón; no solo su trágica partida, sino las razones de la misma la cual es la extorsión, el común denominador de miles de peruanos que viven el día a día con temor a que un delincuente les arroje una granada a sus viviendas o negocios.

La reacción de la población ya pasa como un hecho sociológico, pues su incomodidad es una respuesta casi inconsciente a que los extorsionadores choquen contra las agrupaciones de cumbia. Ese género musical asociado con alegría, celebración, reunión entre amigos y familiares, festejo; y arrebatarles eso se podría decir que es una línea que atravesaron los extorsionadores.

Es por ello que este viernes miles de peruanos, de todas las clases, ideologías y movimientos sindicales, saldrán a protestar contra la inseguridad. En esa movilización civil se sumarán además las agrupaciones musicales de cumbia, en evidente apoyo a la población que al igual que ellos se sienten indefensos.

De acuerdo a los anuncios que se vienen difundiendo en las redes sociales la marcha se congregará a partir de las 5 de la tarde en la plaza San Martín, en el Centro de Lima, no mencionándose cuál será su ruta o si posteriormente habrá un pronunciamiento de los organizadores.

En tanto, destacados grupos como Los Hermanos Yaipén, Corazón Serrano, y Armonía 10 se unirán a otros artistas y grupos musicales que ya confirmaron su asistencia.

Las mencionadas agrupaciones en un principio habían mencionado que no participarían de las protestas, pues consideraban que estaba “politizada”, sin embargo, ante la presión pública, las agrupaciones se retractaron y confirmaron su participación en la protesta, reafirmando su compromiso en la lucha contra la creciente violencia en el país.

Por otro lado, Agustín Távara, mánager de Armonía 10, manifestó que la orquesta ha decidido no volver a presentarse en Lima debido al alto riesgo que representa la creciente ola de criminalidad en la capital.

En declaraciones para Latina, el mánager confirmó la determinación de la banda y enfatizó que la seguridad de sus integrantes es la principal prioridad. “La orquesta no tocará más en Lima mientras persista esta ola de crímenes y extorsiones. No hay presentaciones programadas y no las habrá hasta que la situación mejore”, expresó, dejando en claro la gravedad del problema que enfrenta el grupo.

El colegio Santa Rosa de Lima 2001 administrada por la Policía Nacional del Perú podría terminar en escombros. La construcción, avanzada en su estructura, no tiene techo ni puertas y presenta rajaduras. Fue iniciada en la cuestionada gestión de la actual directora, ST1 PNP Flor Betzabé Cama Trebejo, sin contar con expediente técnico.

Lima Gris tuvo acceso a una carta de julio de 2024, donde la propia directora admitió que: “En lo que respecta al pedido de información relacionado al expediente técnico, la presencia de un ingeniero residente, el estudio de suelo, el diseño arquitectónico; son requerimientos que generarían costos excesivos que no forman parte del Plan anual 2024. No obstante a ello se cuenta con los planos de construcción y la experiencia de un maestro albañil que labora muchos años por la zona”.

La directora priorizó la reducción de costos en la construcción de las aulas, pese a no contar con los estudios técnicos exigidos por ley, dejando en manos de un “experimentado albañil” la edificación de aulas para albergar a 180 alumnos menores de edad.

La respuesta de la directora Flor Cama, demuestra el total desconocimiento de la normativa y una omisión al criterio de salvaguardar la vida de sus estudiantes. La normativa vigente para todo tipo de edificaciones establece que antes de la construcción debe existir un expediente técnico aprobado por la municipalidad del distrito correspondiente. Este expediente no existe, pues según la directora, generaría un costo excesivo.

El peligro de construir sin estudios técnicos

Además de ello, la Sub Oficial que ejerce el cargo de directora, incumple varios de los lineamientos que constan en la norma técnica “Criterios Generales de Infraestructura Educativa”, que establece el Ministerio de Educación para la edificación de escuelas. Aquí precisa que “los estudios más relevantes para el diseño de infraestructura educativa son el estudio topográfico y el Estudio de Mecánica de Suelos (EMS)”.

Según la directora Cama Trebejo de la Institución Educativa PNP Santa Rosa 2001, el estudio de suelos “no forma parte del Plan anual 2024”. Sin embargo, para el Ministerio de Educación, el estudio de suelos es imprescindible antes de edificar. Las rajaduras en las paredes generan preocupación sobre la seguridad estructural de la edificación, que actualmente, está pintada de blanco, sin techo ni puertas. Literalmente, la obra es un elefante blanco y además representa un peligro latente.

Las tres aulas en construcción presentan grietas preocupantes.

El Ministerio de Educación, se manifestó en este sentido el 06 de setiembre del 2024, mediante una carta afirmó que “el proceso regular para la construcción, ampliación o remodelación de una infraestructura es solicitar una licencia de construcción presentando un expediente técnico; una vez regularizada la licencia, se solicitan las visitas técnicas a la municipalidad”.

Fuente: Minedu.

Las obras iniciadas el 26 febrero de 2024 fueron paralizadas en julio pasado. Las tres aulas siguen deshabitadas desde entonces y los alumnos tienen que ocupar aulas de material pre fabricado instalas en el patio del colegio. Según un grupo de padres de familia, se ha gastado en la construcción de estas tres aulas alrededor 16 mil soles del presupuesto aportado por los padres.

El colegio Santa Rosa de Lima 2001 tiene una población estudiantil que bordea los 900 alumnos, los cuales aportan, cada uno en la actualidad 400 soles anuales. Por lo que se calcula que el aporte de los padres el año pasado fue de 360,000 soles.

Además, es importante señalar que en el año 2023, un informe que realizó la empresa Group Hesti Arcon S.A.C a las estructuras del colegio Santa Rosa de Lima 2001, en sus conclusiones y recomendaciones mencionó que el centro educativo se encuentra con deficiencias en la estructura y que se recomienda la demolición de la infraestructura existente.

¿Quién responde por estas irregularidades?

Estos hechos evidencian una grave deficiencia en la gestión de la suboficial PNP Flor Betzabé Cama Trebejo al frente de la I.E. Santa Rosa de Lima 2001. Los padres de familia reclaman la inspección urgente de la Municipalidad de San Martín de Porres, Defensa Civil, el Ministerio de Educación y la Policía Nacional del Perú, para que evaluen la seguridad de la obra y determinen las responsabilidades antes de exponer a los estudiantes a un riesgo mayor.

El colapso del techo del Real Plaza en Trujillo, que causó 8 muertes y dejó 82 personas heridas, es un ejemplo de las consecuencias fatales de la falta de supervisión técnica en construcciones. La comunidad educativa espera respuestas concretas. Mientras tanto, las aulas con grietas son un recordatorio alarmante de los riesgos de construir sin planificación ni supervisión profesional.

El silencio de la directora Flor Cama

Nos contactamos con la directora Flor Betzabé Cama Trebejo para recoger su versión pero hasta el cierre de este informe no hemos tenido respuesta. Mediante un mensaje de WhatsApp, el día de ayer le enviamos algunas preguntas que debe responder con urgencia. Aquí algunas de ellas:

¿Por qué construyó tres aulas el año pasado sin haber realizado primero un expediente técnico y un estudio de suelos?

¿Conoce usted la normativa vigente para la edificación de escuelas?

¿La Municipalidad de San Martín de Porres le aprobó algún estudio?

A pesar de que han pintado de blanco las paredes, son evidentes las grietas. ¿Serán habitables las tres aulas construidas en su gestión?

Sabemos que el ingeniero que firma los planos no está habilitado por el colegio de ingenieros ¿Por qué lo contrató?

¿Cuánto presupuesto demandó esta edificación?

¿Hasta cuándo van a estudiar los alumnos en aulas pre fabricadas instaladas en el patio?

Son solo algunas preguntas que necesitan respuestas.

La situación del colegio Santa Rosa de Lima 2001 es alarmante y evidencia una gestión negligente que pone en riesgo la seguridad de la comunidad educativa. La falta de un expediente técnico y de supervisión profesional en la construcción deja en evidencia una grave irresponsabilidad, agravada por la admisión de la directora de que la obra se lleva a cabo sin estudios esenciales. Si no se toman medidas urgentes, la estructura inacabada y debilitada podría convertirse en un peligro inminente, transformando lo que debería ser un espacio de educación en un símbolo del abandono y la incompetencia institucional.

Es importante que el ministro de Educación Morgan Quero y el ministro del Interior Juan José Santiváñez tomen cartas en el asunto para no lamentar una tragedia en el centro educativo de la familia policial.

En pleno siglo 21 y homofóbico. El Poder Judicial (PJ) declaró consentida la condena contra el ex integrante de la orquesta Zaperoko, Juan Carlos Paz Lobatón, por burlarse de un miembro de la comunicada LGBT en el año 2018.

Paz Lobatón, quien no presentó ningún recurso para revertir la decisión judicial, es condenado a dos años de pena privativa de la libertad suspendida, así como el pago de una reparación civil equivalente a dos mil soles y el cumplimiento de reglas de conducta, según Sergio Cruz abogado y asesor de litigio estratégico de Promsex.

 El fin del proceso judicial ocurre luego de 6 años y cuatro meses. Como se recuerda, el 30 de noviembre de 2018, el ciudadano Antonio Gálvez denunció haber sido víctima de burlas homofóbicas por integrantes de la orquesta de salsa conocida como Zaperoko.

“Uno de los integrantes se encontraba parado parodiando sus movimientos de forma burlona y exagerada, y era apoyado con burlas y risas ruidosas por los demás integrantes y el dueño de la orquesta musical”, detalló Promsex sobre el caso. Las grabaciones de Gálvez sirvieron para identificar a sus agresores.

El representante de Promsex recordó que la denuncia de Gálvez fue vital para que las autoridades atendieran el caso, así como el apoyo que recibió de miles de internautas quienes condenaron lo ocurrido. Sobre el agresor Paz Lobatón, “lo último que supimos es que ya no formaba parte de la orquesta, pero había periodos en los que trabajaba con ellos, otros en que no. Ha estado trabajando de manera intermitente”.