En su primera entrevista en extenso, el viceministro de Cultura en el área de Patrimonio, Luis Jaime Castillo, reconoce el punto más débil: la ley no está de nuestro lado. “Lo que hay está hecho para un mundo que ya no existe”, asegura. Y lo que está en juego son millones de millones de dólares, fruto del nuevo valor que tiene la tierra. Habla de Paraíso, Puruchuco, y del complicado acertijo que deberá resolverse junto con el poder judicial y el Congreso para mejorar el marco legal de lo que se debe proteger.
La herencia arquitectónica de los limeños está bajo ataque, y cada semana hay alertas de invasiones en sitios arqueológicos. ¿Qué está pasando?
Que los tiempos han cambiado, en perjuicio del patrimonio. En el pasado, el INC decía ‘esto es arqueológico’ y lo respetaban. Ahora ya no. Ahora nos enfrentamos al valor de la propiedad, de la tierra. El enemigo ya no es el huaquero. Es un tremendo problema de una pequeña oferta y una enorme demanda.
¿La factura del desarrollo económico?
Para darte un ejemplo, hace unos 20 años la tierra en San José Moro [proyecto arqueológico en La Libertad] no valía nada. Invadías y te instalabas. Hace unos 15 años tuvo su primer precio: US$10, el metro cuadrado. Hoy está a 100 dólares, porque está cerca de una empresa agropecuaria que da trabajo. Cuando multiplicas eso por miles de metros cuadrados te das una idea del volumen de dinero que hay detrás.
Y sin control de ningún tipo
Existe una gran presión demográfica sobre el terreno. Tampoco se trata ya del invasor de terrenos. Los traficantes de tierras ven que es más lucrativo entrar en el negocio inmobiliario, y ahí no hay sitio arqueológico o casona histórica que cuente. Son millones de dólares en juego.
¿Cómo se protege en ese escenario entonces?
Lo que he aprendido en estos tres meses [desde que soy viceministro] es que el sector patrimonio no está preparado legalmente para enfrentar los retos actuales. Hay un desfase mayúsculo, y no existe un adecuado marco jurídico.
Pero la ley es clara: todos los bienes arqueológicos son propiedad del Estado
Así es. Lo que dice la ley es que el Estado es propietario de los bienes arqueológicos, ya sea que estén en propiedad privada o pública. Pero uno de los conflictos que tenemos ahora tiene que ver con los sitios en propiedad privada, y es un tema que jamás se enfrentó ni aclaró en el pasado.
El Estado puede hacer trabajos en propiedad privada…
El Estado puede y tiene el derecho, y en principio solo tiene que informarle al dueño. Ni siquiera está obligado a pedirle permiso. Pero los propietarios pueden apelar y los jueces les pueden dar la razón, porque la ley no es clara en ese punto.
Hay varios puntos sueltos…
Las zonas de amortiguamiento tampoco han sido definidas. ¿Cuánto es esta área: 15cm. como en Pucllana?, un metro, 15 metros? Es otra área donde existen vacíos. La verdad es que hemos postergado el sinceramiento del marco legal a partir del cual podemos asegurar la protección del patrimonio.
Insisto, cómo pueden proteger en un situación así
El ministerio está trabajando en reformar las leyes para adecuarlas a la realidad actual. Cada día la situación es peor, y la presión para solucionar es mayor también. Quienes están revisando la ley de patrimonio no son arqueólogos sino juristas de alto nivel [ex miembros del Tribunal Constitucional].
Dos lugares emblemáticos, como Paraíso y Puruchuco, están envueltos en una cuestionada dinámica comercial. ¿Qué está pasando con el primero?
No sabemos a ciencia cierta quién destruyó la pirámide, porque toda el área le pertenece a tres dueños [el viceministro muestra un mapa del sitio arqueológico, dividido en tres zonas]. Y en principio, cualquiera de ellos pudo enviar la maquinaria pesada. Podemos tener sospechas, pero la ley necesita evidencias.
Una fuente vinculada al ministerio me aseguró que una sospechosa decisión del departamento legal de Uds. fue el detonante para que se destruyera la pirámide
No fue así. No puedo poner la mano en el fuego por nadie, pero te aseguro que nada en el ministerio provocó la destrucción.
Se ha insistido en la responsabilidad del director de la Biblioteca Nacional, Ramón Mujica, como uno de los propietarios del lugar
No tiene nada que ver, porque él ya había vendido sus derechos. Lo que pasa es que no se registró la venta. Pero apenas salieron estos comentarios la ministra le pidió un descargo, él presentó todos los documentos y ella ha quedado plenamente satisfecha de que el señor Mujica no está involucrado en absoluto.
En qué está hoy Paraíso
Estamos peleando legalmente por nuestro derecho a actuar en el sitio arqueológico, incluso si está en contra de los deseos del propietario. El dueño de ese sector ha apelado para que el ministerio no haga nada. Pero esto va en contra de la Constitución.
En diciembre del año pasado se anunció que habían designado unos cinco millones de soles para poner en valor Paraíso. ¿Qué pasa ahora con el presupuesto si no hacen nada? ¿Se pierde?
El proyecto considera los cinco millones en cinco años. Nosotros no estamos con los sentados de brazos cruzados. Estamos luchando para regresar al sitio. Estamos a la espera de la decisión de un juez. Pero de todas maneras vamos a regresar a trabajar al Paraíso. Cueste lo que cueste.
El Paraiso «El derecho privado no puede estar por encima del bien común»
¿Así esté en propiedad privada y el dueño se oponga?
La propiedad privada es importante, pero el derecho de un particular no puede estar por encima del bien común.
¿Y Puruchuco?
Ese proyecto ya está encaminado. Es el caso de dos bienes públicos que se enfrentan. Por una parte está la extensión de la avenida Javier Prado, y por otro el descubrimiento de unos canales prehispánicos, que son importantes. Nuestra respuesta ha sido dar una solución al presente, y no que los muertos impidan la vida.
Pero hay una creciente oposición
Nuestra responsabilidad es encontrar una solución que busque la protección del lugar, sin afectar el desarrollo. Y esas soluciones no comprometen el patrimonio. La zona arqueológica principal no va a ser afectada, por eso oponerse a los túneles no tiene sentido.
¿Por qué?
Porque estamos haciendo todo lo posible para llegar a un buen acuerdo. Hemos contratado al ingeniero Daniel Torrealba, arqueólogo y experto en estratos de la Universidad Católica, quien nos dirá cómo se deben cubrir esos canales para que se conserven. Él propone cómo protegerlos y dejarlos tapados. Si en 100 años se puede hacer otra cosa, se rescatarán.
Los críticos insisten en que se busca beneficiar al grupo económico que quiere levantar el centro comercial del otro lado
Ese proceso lleva años y ya hay toda una serie de inversiones hechas. De nuestra parte, quiero asegurarles a los vecinos que se van a tomar todas las precauciones. Se usará además cemento expansivo y nada de explosivos. Ahora, si hay contubernio entre Ate y una empresa comercial, eso no lo sé.
Vista aérea de Puruchuco
Estamos sacrificando el patrimonio…
Es un pequeño sacrificio, sí. Pero en el Perú es así. Convivir con el pasado implica tomar decisiones, pero hay que hacerlo bien. Una gestión eficiente y rápida consigue que la empresa privada se convierta en aliada del patrimonio, y no en su enemiga.
¿Qué es lo más importante para la gestión de la ministra?
Tenemos dos grandes proyectos: uno es la actualización del marco legal de la protección de patrimonio arqueológico, y el catastro nacional de sitios arqueológicos con tecnología de punta.
Sobre el primero, es lo que me decía más arriba…
Así es. Y es una prioridad porque hemos visto que todo está atrasado. Las leyes actuales norman un mundo que ya no existe.
Pero ya van tres ministros de Cultura que dicen que están revisando la ley de patrimonio…
Una vez que se tenga el texto revisado, este pasará al Consejo de Viceministros los cuales harán sus propias observaciones. Cuando esté todo listo recién se envía al Congreso.
Entonces no se tiene idea de cuándo va a estar lista la nueva ley
No, pero estamos trabajando fuerte en eso.
Me deja preocupado…
Lo que vamos a hacer mientras se sigue adelante con ese proceso largo y engorroso es proponer leyes más pequeñas, como de emergencia pública, que son más específicas y más fáciles de sacar adelante.
¿Alguna medida inmediata?
Te puedo anunciar que estamos lanzando el programa ‘364 carteles’, para identificar cada uno de los sitios arqueológicos de Lima. Por lo menos tendremos eso, mientras se avanza con la parte legal. Esta gestión está seriamente comprometida en lograr un marco adecuado para la protección de nuestro legado cultural.