Y decía. Caminé por la Av. Del Ejército. Chompa vieja sin camisa, pantalón de trapeador, zapatillas en la última lona. Jorobado en extremo, tomado de mis propias manos, el pelo hirsuto de mi barba rala y un terror de cojones para el jabón y el agua. Despacio, arrastrando los pies, llegué hasta la puerta principal, gané la gran alameda central empedrada y un brazo me cogió por el hombro. «Oye, tus papeles», dijo una voz con «fotocheck». Yo entregué la copia de mi electoral y me señalaron una vieja edificación sobre el corredor de la derecha. Eran los consultorios externos, el lobby del infierno, hasta ahí llegue con mi muerte a plazos y mi perplejidad.
Era una mañana de agosto y yo con toda la apariencia del loco había ganado la calle. Como otros tantos de cientos de enfermos mentales que deambulan por las calles de Lima. Ya, disfrazado y temprano estaba a la buena de Dios. El manicomio me serviría para escribir una crónica que obligaría a las autoridades una semana más tarde a declarar en emergencia el hospital. Tres días estuve internado –al final contra mi voluntad– y conviví en los linderos de la tolerancia más curtida. Al final, valió la pena, la cordura no era mi fuerte pero con ella, descubrí que la vida sí se puede soportar sólo con ella, aunque de forma infrahumana.
En aquel tiempo y mientras me preguntaba si el Perú era un país depresivo, ponía en mis labios aquello que pregonaba el Dr. Baltasar Caravedo respecto al por qué los pobladores de Monsefú, hasta 1910, seguían guardando luto por la muerte de Atahualpa. El Perú de Alan García no había cambiado mucho en relación a este aserto. El luto depresivo seguía entre nosotros tanto como la pena. Audaz me profundicé en el tema y llegué a la conclusión que, aunque cueste creerlo, existía una enfermedad original peruana: la neurosis depresiva.
Justo en esos años ocurrió un suceso que colocó a la salud mental del país en alerta roja. En el hospital Larco Herrera, la huelga indefinida de paramédicos, la falta de alimentación y medicinas, habían provocado en menos de una semana nueve muertos y la tragedia se sumaba a la falta de recursos en el Ministerio de Salud que colocó a los enfermos en el peldaño más bajo de la condición humana. Yo era un pichón de cronista y veía cada día como mis solicitudes para ingresar al más grandes hospital de enfermos mentales de Lima eran rechazadas sin ninguna explicación. Así no tuve otra solución.
Foto. Caretas
2.
¿Doctor Fernández o doctor Díaz?, me preguntó una mujer de mandil blanco, herméticamente blanco y en desgracia. «No sé, vengo por primera vez, soy borracho y quiero matar a mi padre», dije. El que oficiaba de huachimán y enfermero y que también era interno, me miró con satisfacción, «uno más», pensó. Pagué con unas monedas por la consulta en la ventanilla del fondo del pasillo y recibí a cambio un ticket mimeografiado y ciento de mirada ágrafas. Salí del pabellón e ingresé a la otra vida. Al fin, ya tenía el pasaporte para conocer las tinieblas del horror y apenas eran las ocho y cuarto de la mañana. Cierto, sudaba como un descosido.
«Hígado», «molleja», «apanado», «lentejas», estaba escrito en una pizarra del primer restaurante frente al pabellón de la administración. Un hombre fumaba en una de las mesas y leía una revista evangelista. «Un café por favor», le pedí al mozo de mirada extraviada. Él me observó receloso, «No hay agua hervida», me contestó. Ahora estaba sentado en una banca de madera frente al pabellón 16. Del último fondo, y escapándose por una ventana semitapiada, se escapaban unos gritos desgarradores: «Mamaaá, mamaaá, mamaaá…».
Un guardia republicano vigilaba la entrada del oscuro edificio que fungía de pabellón para terroristas. De pronto, un pedazo de concolón de arroz fue arrojado en la vereda, debajo de mi banca a la hora de del almuerzo, a la hora de la ‘paila’. Un tipo de abrigo seboso y zapatillas rotas se acercó para recogerlo. Lo tomó y fue a sentarse en la banca del lado. Luego comenzó a comer lentamente olvidándose del mundo. Más allá, unos internos sudaban y cargaban grandes ollas en sendas carretillas. «Estofado. Pab. 12», Estaba escrito en uno de ellas. Dos hombres de baja estatura buscaban en los desperdicios algo para comer y se llenan la boca sin escrúpulos y en verdadera competencia que uno había visto en una disputa de cerdos.
Foto: Ana Castañeda.
3.
Al mediodía un médico distraído apuntó mi perfil síquico sobre un escritorio a punto de desplomarse. Escuchó mis males con bostezos. Se fastidió cuando le conté de mis obsesiones sexuales. Se entusiasmó cuando le dije que quería atentar contra la vida de mi padre. Se desilusionó cuando le confié que tenía temor a las sombras. Me extendió una receta al tiempo que escribía una orden para mi internamiento. Me dijo me iba a ver al día siguiente y me asignó un enfermero que nunca llegó. Por la tarde un anciano elegante de traje y sin zapatos y que miraba en lontananza el horizonte, me dijo que en su pabellón había dos colchones. Esa noche me quedé dormido tarde. Afuera se oían aullidos, almas en pena, la desesperanza más sobrecogedora.
Lo que tenía que ocurrir había ocurrido. Un empleado me reconoció al día siguiente. ¿Qué haces, loco?, me dijo. Le intenté explicar que estaba en misión secreta, ahí fingiendo, pegándola de demente. Que había llegado a escribir una crónica urgente, que en mi casa no sabían nada. No me creó, ni lo de la crónica ni que me esté haciendo el loco. Además, todos dicen lo mismo, me dijo. Que no están locos. Luego se extendió que un supuesto viaje a la selva de las sirenas azules. Que dónde estaba el cometa que se clavó en la luna. Que ayer han cazado una ardilla de metal. Yo lo arrastré debajo de unos árboles y al final lo convencí. Él me seguía observando desconfiado. Luego, dudando me fue enseñando las zonas secretas del hospital, la cocina desierta, la lavandería abandonada, la ropa asquerosa que forman cerros frente a tres trabajadoras de mandil incierto. Había otras máquinas, todas oxidadas e inservibles que no sé para qué. Llegamos al almacén, el amplio salón de farmacia apenas mostraba unas charolas y cinco o seis cajas de unas ampollas amarilla. Más allá, un enjambre de empleados y secretarias escriben a máquina, estampaban sellos, escuchaban Radio Mar, todos me observaron recelosos.
Foto: David Vexelman F.
4.
En 1987, la huelga de los trabajadores duró 56 días. Se exigía incrementar el presupuesto del sector Salud del 5 al 7.5 por ciento. La huelga se rompió y los problemas continuaron. A groso modo, en estos tiempos el hospital alberga a 1,570 trabajadores y sólo existen 1,100 camas para 5,000 enfermos. Un técnico administrativo, por ejemplo, con 28 años de servicios, gana un poco más del sueldo mínimo y le duele en el alma. El Hospital Larco Herrera tiene un apéndice en Barranca donde dicen que trasladan a los enfermos en recuperación. Falso, a eso lugar llegan los irreversibles. De ahí jamás regresarán, además, la familia ya los dio por muertos. Ahí también van a parar los empleados «conflictivos».
De aquellos días algo ocurrió en el pabellón 7, exclusivo para mujeres y que es severamente vigilado. Un policía violó a una paciente. La dirección les abrió un proceso disciplinario a dos trabajadoras supuestamente por complicidad. No obstante, el guardia continúo trabajando, nunca se investigó cómo ingresó en la noche y cómo consumó el delito. Su comando lo relevó y guardó un silencio absoluto. Casos como éste son frecuentes porque uno de los grandes problemas del hospital es que delincuentes y drogadictos pueden ingresar por las paredes en la noche y hasta venderles PBC a los internos que tiene algo de dinero porque todavía reciben visita.
Ese año de 1985 se implementaron los puestos de confianza, aumentó la burocracia y se suprimió la alimentación para los empleados asistentes. Según los delegados del sindicato, el director Aurelio Medina Gavidia había convertido el hospital en una guarida de la Juventud Aprista. «Esto está lleno de búfalos», me contaba uno que le decían «Tato», mientras tomaba un té en uno de los quioscos que está frente al pabellón donde se encuentra la capellanía. «Ahora se roban los teléfonos, las bombas de agua y hasta los focos». Pagó y se marchó.
El presupuesto del hospital tenía varias partidas. La 02-00 destinada a bienes y que básicamente era la de alimentos y medicinas se había reducido a la mitad. El noventa por ciento de este dinero que estaba destinado a alimentación y el restante para medicinas ya no alcanzaba. «El Ministerio de Economía y Finanzas es el gran culpable», me explicaba despacito una mujer de edad enmandilada y que no me quiso decir cómo se llama. Y con el drama en la barriga remató: «soy del nivel C y mi sueldo no alcanza a fin de mes».
En la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, no existía estadísticas sobre los enfermos que se atienden en todo el país y cualquier cifra que se maneje pertenece a iniciativa de algún psiquiatra particular. Sin embargo, investigaciones realizadas por estudiantes universitarios de psiquiatría, arrojan un número cada vez más alarmante. Por ejemplo, hasta ese año existía oficialmente en el país 105 mil psicóticos, 280 mil neuróticos, 355 mil epilépticos, 700 mil deficientes mentales, 500 mil jóvenes con desarreglos en conducta escolar y 450 mil alcohólicos. Nunca se ha realizado estadísticas sobre el fármaco-dependiente y drogadictos pero según algunos especialistas, la proliferación es verdaderamente epidémica.
Otra cifra terrible es aquella que habla de que el 20 por ciento de los recién nacidos en el país, muestran el trauma por alumbramiento, ya que el 70 por ciento de estos niños nacen sin atención médica. De estos nuevos peruanos, la mitad fallece antes de cumplir los cuatro años. Los niños que “sobreviven”, están expuestos a un sinnúmero de enfermedades infecto-contagiosas que tarde o temprano provocarán lesiones en el sistema nervioso. Así de simple.
Enrique Sánchez Torres es técnico de enfermería y trabaja en el hospital Víctor Larco Herrera.
5.
El desayuno se sirve religiosamente a las siete de la mañana. Aquel jueves fui testigo de un porongo de quáker y algunos panes. En el almuerzo de las 11 y 30 sirvieron un caldo realmente abominable con algunos pedazos de zanahoria y que le dicen «sopa». De segundo eligieron trigo con arroz, mismo barro, y a las 6 de la tarde la cena fue el mismo arroz y una mazamorra sin nombre que, lo juro, me hizo vomitar. La paila no llega a todos los pabellones y los pacientes crónicos, francamente gritan de hambre.
El pabellón para niños ofrece una visión miserable. Ahí están encerradas 26 criaturas con escasos rasgos humanos. «A los niños apenas les llega una sopita y casi nunca pan», me explica una asistente y agrega: «Nosotros tenemos que prepararles unas tortillas con los huevos que nos dejan algunos familiares». Es cierto, los empleados observan de manera impotente tamaña miseria. Si no fuera por algunas donaciones, los muertos se multiplicarían. El Dr. Orlando Puliti funge de asesor legal. Me acerco, curioso, quiero hacerle algunas preguntas. «No jodas, está muy ocupado», me responde un sujeto sombrío desde el altillo de su oficina.
Por falta de alimento y de calorías los pacientes adquieren otras enfermedades amen de la caquexia y la pelagra. Los nueve muertos conocidos no fallecieron de locura, murieron por desnutrición, así consta en la denuncia fiscal y no como dice el ministro de Salud, Dr. Luis Pinillos, por culpa de la huelga de trabajadores. El personal profesional, llámese médicos, enfermeras y técnicos, trabajaron normalmente durante los días de la huelga del sector. Mentía el ministro –para variar–cuando hablaba de desatención.
Es verdad, tampoco se utiliza «la camisa de fuerza» porque todas están inservibles y el electroshock está suspendido por falta de fluido eléctrico. Entonces se recetaba a todo pasto el fármaco Largactil, un sedante que cuesta un ojo de la cara en las farmacias de la calle y que en la botica del hospital simplemente no existe por más que se luce una propaganda con la caja de 30 comprimidos. Esta sustancia química reemplaza al terrible «baño de ahogo» y a los manguerazos de agua helada.
Foto: Agencia Andina.
6.
Casi ningún paciente se medica. Por eso, para los propios empleados asistenciales es un riesgo ingresar, por ejemplo, al pabellón 4, el de los enfermos crónicos, donde el clima de violencia es inenarrable. En ese tenebroso edificio, donde se escuchan los gritos más lastimeros del mundo, en la actualidad hay 6 pacientes condenados a muerte. Desabastecidos, sin alimentación adecuada, sin ningún tipo de seguridad y con tres focos solamente alumbrando la ciudadela en la noche, el Larco Herrera era el lugar más dantesco del planeta.
Hoy que se han multiplicado los suicidios y como afirma el psiquiatra Javier Mariátegui: «La miseria ayuda a la gestación y proliferación de las neurosis y depresión. El Dr. César Rodríguez Rabanal dice casi resignado: «Al hospital llegan los perdedores de la sociedad».
Ser pobre es suficiente pero padecer de un trastorno mental ya es la miseria misma. En el país existe una gran verdad que dice a media voz. La familia es la principal productora de las enfermedades mentales. Suena terrible, súmese a este drama el asedio socialmente establecido y la pérdida general del status económico, así encontraremos las claves de este país enfermo. ¡Entonces, señor ministro de salud, cuándo la salud estuvo más enferma!
La noche cae en el Larco Herrera, ya no tengo cigarros. Han pasado tantos años. Está crónica quería seguir los pasos de una investigación que realizara José María Salcedo. No sé si logré mi propósito. Entonces, alguien toca un silbato, otro da órdenes a unos tigres inexistentes y alguien canta la canción más triste del planeta. En la oscuridad de la vieja casa hacienda muchos recuerdan entre brumas haber sido felices y en algún momento haber sido el peruano con familia habitando en un país hermoso. No insistiré en decir que me habían prohibida la salida. Sería hilarante y de eso no se trata. Así que, arrastrando los pies y más deprimido que «autista pobre», en la penumbra llegué hasta uno de los muros. Después de treparme por la tapia junto a los arbustos al fondo del estadio al fin gané la calle. En la Av. del Ejército logré subir al bus de la línea 91, los “moraditos”. Todo el que sube en el paradero del ‘Larco Herrera’ es más que sospechoso. Yo estaba con los ojos que miran para adentro y el cobrador que me grita: «Patita, paga, paga, paga, no te me hagas el loco». Ha pasado tantos años, lo sé, pero parece que fue ayer.
El Gobierno Regional de Loreto, a través de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC), ha intensificado las labores de mantenimiento rutinario en la carretera Iquitos – Nauta, una de las principales vías terrestres de la región amazónica. Las acciones, que comprenden la limpieza de malezas, desbroce de áreas invadidas por la vegetación, limpieza de cunetas y bacheo en zonas críticas, forman parte de una estrategia de conservación de esta importante arteria vial que conecta la capital regional con el distrito de Nauta.
Según lo anunciado por el gobierno regional, el mantenimiento de esta vía es considerado una prioridad, no solo por su relevancia para el tránsito de personas y mercancías, sino también porque es una de las pocas rutas terrestres que permite una conexión directa entre poblaciones del interior de Loreto. La Amazonía, caracterizada por su geografía compleja y dispersión territorial, depende en gran medida del buen estado de sus carreteras para facilitar el acceso a servicios básicos, el comercio local y la reactivación económica de la región.
El Dr. Pío Flores, gerente de la GRTC, informó que, además del mantenimiento rutinario, su despacho viene desarrollando los estudios técnicos necesarios para el mejoramiento integral de la carretera Iquitos-Nauta. “No solo se trata de parchar huecos o limpiar los bordes. Esta vía necesita una intervención mayor, y estamos trabajando en los estudios que lo permitan. Pero sin apoyo del Gobierno central, será difícil avanzar”, declaró Flores.
En ese sentido, el funcionario hizo un llamado enérgico al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional Descentralizado, así como al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para que asignen mayores recursos al Gobierno Regional de Loreto y a las municipalidades locales. “Con los escasos recursos que tenemos, hacemos lo posible por mantener nuestras vías transitables. Pero esto no puede recaer únicamente en los gobiernos regionales. El Estado debe entender que la conectividad en la Amazonía es una cuestión de urgencia y justicia territorial”, agregó.
La carretera Iquitos-Nauta, que ha sido históricamente afectada por el abandono y las inclemencias del clima, representa una línea vital para más de 120 mil personas que habitan en los distritos adyacentes. En épocas de lluvia intensa, muchas de sus zonas quedan prácticamente intransitables, lo que pone en riesgo la seguridad de los usuarios y limita el traslado de bienes de primera necesidad.
El Gobierno Regional de Loreto reitera su compromiso con el desarrollo vial de la región y continuará ejecutando labores de mantenimiento mientras gestiona el financiamiento necesario para proyectos de infraestructura más sostenibles. La ciudadanía espera que las autoridades nacionales escuchen este llamado y que, por fin, la selva deje de ser olvidada en el mapa de prioridades del Estado peruano.
‘Cajuela’ de motorizados de delivery deberá estar fijada al chasis del vehículo
Quienes brinden servicios deberán empadronarse en el “Registro Nacional de Envíos de Entrega Rápida” de lo contrario ya no podrán circular, y deberán contar con DNI o carné de extranjería, domicilio y correo electrónico, domicilio del representante legal y partida de inscripción registral de la empresa. Asimismo, los motorizados no podrán llevar acompañantes.
Las cajuelas portátiles que aún llevan en sus espaldas los miles de repartidores motorizados del servicio delivery que circulan por todo el país, están con las horas contadas, debido al reciente Decreto Supremo n.° 006-2025-MTC emitido este jueves 17 de abril, que aprueba medidas específicas para fortalecer la seguridad ciudadana en materia de tránsito y transporte. El mismo que establece la creación de un registro obligatorio para los repartidores de delivery, quienes dentro de un mes deberán inscribirse en dicho padrón a través de sus municipalidades.
Es decir, a partir del 17 de mayo de 2025, todos los repartidores de delivery, ya sean personas naturales o vinculadas a empresas o aplicaciones, están obligados a registrarse, en el «Registro Nacional de Prestadores y Conductores del Servicio y Actividad de Transporte de Envíos de Entrega Rápida», parte del Sistema Nacional de Registros de Transporte y Tránsito (SINARETT).
Decreto Supremo n.° 006-2025-MTC emitido este jueves 17 de abril.
Requisitos para registrarse como repartidor delivery
El registro incluye a conductores de motocicletas, bicimotos y bicicletas. Estos deberán cumplir con requisitos como presentar su DNI o carné de extranjería, licencia de conducir, placa del vehículo, SOAT vigente y certificado de inspección técnica, cuando corresponda.
-Nombre, razón o denominación social.
-Documento nacional de identidad (DNI), carné de extranjería o número del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
-El domicilio y correo electrónico de la persona natural o jurídica solicitante.
-De corresponder, el nombre y domicilio del representante legal y número de partida de inscripción registral de la empresa solicitante y de las facultades del representante legal de la persona jurídica.
-Nombre, documento nacional de identidad o carné de extranjería y número de licencia de conducir del (los) conductor(es) que se solicita habilitar, cuando corresponda.
-El número de las placas de rodaje de los vehículos que se solicita habilitar, cuando corresponda, señalando que los mismos cumplen con las condiciones establecidas en el presente reglamento.
-Contar con certificado SOAT y certificado de inspección técnica vehicular vigente, cuando corresponda.
-Número de operación de pago por derecho de trámite.
También se exigirá una declaración jurada donde se comprometan a no llevar acompañantes y a transportar los paquetes en cajuelas, salvo en el caso de bicicletas.
Se acabaron ‘cajuelas portátiles’ adheridas en espaldas de motorizados
En uno de los preceptos del Decreto Supremo en mención se indica las condiciones técnicas específicas que en lo sucesivo se exigirá a los motorizados repartidores del servicio de delivery
Artículo 24-A.- Condiciones técnicas específicas exigibles a los vehículos destinados al servicio de transporte de envíos de entrega rápida
24-A1 Sólo se puede destinar al servicio de transporte de envíos de entrega rápida vehículos que correspondan a la categoría L subcategorías L1 y L3 del ANEXO I. CLASIFICACIÓN VEHICULAR del RNV y bicicletas. 24-A.2 Los vehículos de la categoría L subcategorías L1 y L3 deben contar con los siguientes elementos, características, equipamientos o dispositivos:
a. Sistema de frenos;
b. Sistema Sonoro;
c. Láminas retrorreflectivas;
d. Alumbrado delantero y trasero; y
e. Cajuela para reparto de mercancía, en la cual debe consignarse la Placa Única Nacional de Rodaje y ser fijada al chasis posterior del vehículo.
Motorizados tampoco podrán viajar con acompañante durante estado de Emergencia.
Si repartidor no tiene moto, deberá tener ‘contrato de arrendamiento’
La norma contempla situaciones en las que el repartidor no sea propietario del vehículo. En estos casos, se deberá presentar un contrato de arrendamiento que indique expresamente que el vehículo será usado para entrega de pedidos. Este documento será validado por las municipalidades provinciales, que deberán verificar que el arrendador sea el dueño legítimo.
Vehículos permitidos para el servicio de delivery
-Motocicletas: Cilindrada mayor a 50 cm3. Velocidad máxima mayor a 50 km/h
-Bicimotos: Cilindrada de hasta 50 cm3. Velocidad máxima de 50 km/h
-Bicicletas: De todo tipo
Adicionalmente, los conductores deberán participar en capacitaciones dictadas por las municipalidades provinciales sobre calidad de servicio, normativas de tránsito y seguridad vial. El incumplimiento de cualquiera de estos lineamientos podrá generar sanciones severas.
Repartidores que no cumplan con la norma pagarán más de S/ 4 mil
Las infracciones por operar sin estar registrado, o por no cumplir las condiciones establecidas serán consideradas «Graves» o «Muy Graves». Cada falta está sujeta a una multa de 0.8 UIT, equivalente a S/ 4.280, además del decomiso del vehículo y su internamiento.
Entre las infracciones figuran: prestar el servicio sin autorización, transportar mercancías fuera de la cajuela, llevar acompañantes, utilizar vehículos sin las condiciones técnicas exigidas o manejar con una licencia vencida, suspendida o no correspondiente.
Fue su hijo Sergio Pérez – Luna quien confirmara el sensible fallecimiento de su padre Álamo, destacado periodista que trabajara para distintas casas televisivas, así como en medios escritos.
La noticia de su partida ha ocasionado que distintas figuras del gremio de comunicadores escribieran con mucho pesar, recordándolo por su estilo crítico y frontal.
Aunque no se han dado detalles oficiales sobre la causa exacta de su fallecimiento, se presume que estuvo relacionada con las complicaciones derivadas de la enfermedad que lo aquejaba. Y es que el propio periodista, en mayo del año pasado, publicó en su cuenta de Twitter que había estado internado en el hospital Edgardo Rebagliatti por caso tres semanas.
“Del 29 de abril a este 18 de mayo he estado internado en el Hosp. Rebagliati. Me descubrieron un tumor maligno (cáncer) en el riñón y lo extirparon. Estoy en reposo absoluto hasta dentro de varias semanas. Gracias a los profesionales del Rebagliati y a todo el personal. Gracias.”, escribió entonces.
Sus restos serán velados hoy a partir de las 2 p.m. en el velatorio n.° 4 del hospital Edgardo Rebagliatti.
Perdieron el rumbo en el camino y hoy les toca acatar la orden directa del Santo Padre. El Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) ha dejado de existir oficialmente desde ayer, luego de que el superior general de la comunidad firmara el decreto de supresión como Sociedad de Vida Apostólica laical.
La disolución fue confirmada por el propio SVC a través de un comunicado en su sitio web.
La decisión, aprobada por el papa Francisco, pone fin a una institución marcada durante años por denuncias de abusos físicos, psicológicos y sexuales contra sus integrantes, perpetrados por sus líderes y fundadores.
“Con dolor y obediencia aceptamos esta decisión”, señala el comunicado.
En el mismo documento, el disuelto grupo pide perdón por los maltratos y abusos cometidos en la comunidad.
“Nuestra mirada se dirige también a las víctimas; les reiteramos nuestro sincero pedido de perdón por los maltratos y abusos cometidos en nuestra comunidad. Pedimos perdón también a toda la Iglesia y a la sociedad por el dolor ocasionado”, señala el texto.
Asimismo, se da a conocer el nombramiento de monseñor Jordi Bertomeu Farnós como comisario apostólico, encargado de la ejecución del proceso de supresión.
Previo a la entrega del decreto de disolución, se identificaron las propiedades y fundaciones vinculadas al Sodalicio con el fin de evaluar su destino como parte del proceso de reparación a las víctimas y el sustento de los miembros que dependían de la comunidad.
Como se recuerda, hace dos décadas surgieron denuncias de exmiembros que fueron profundizadas por investigaciones periodísticas, las cuales expusieron los abusos sistemáticos perpetrados por su fundador, el laico peruano Luis Fernando Figari, quien fue finalmente expulsado del grupo en agosto de 2024.
Luis Fernando Figari, uno de los fundadores del Sodalicio. Foto: archivo GEC.
El dato:
El SVC se resistió a formalizar su disolución, a pesar de la orden del papa Francisco emitida en enero de 2025.Según el abogado José Ugaz, representante de seis víctimas no indemnizadas, el SVC maniobró para vaciar sus bienes y fondos antes de la disolución, con el fin de evitar que sean gestionados por el Vaticano. Ugaz alertó al Vaticano sobre esta posible fuga de dinero y ocultamiento de patrimonio en una carta enviada el 24 de marzo.
En el mundo donde la bala suena primero que la palabra, sangre con sangre se paga. Ni cuarenta estados de emergencia decretados por Dina Boluarte han hechos temblar a los extorsionadores extranjeros ante la reciente advertencia del hampa del primer puerto, quienes furiosos de que los foráneos empiecen a meterse con los ciudadanos del Callao, cobrándoles cupos, han rastrillado sus armas para lanzarles una durísima advertencia.
Y es que bien saben los delincuentes extranjeros que con otras mafias no se puede ‘negociar’ como con algunas autoridades, salvo tengan un interés en común, ahora vienen analizando a detalle qué tan ciertas sean las amenazas del hampa chalaca.
Uno de sus líderes, a través de una filmación, advirtió a todos los extranjeros que “han desatado una guerra abierta”, al considerar que se han equivocado de zona para extorsionar. “Ya no te vamos a tolerar ni una. Aquí estamos los chalacos, una sola idea, compadre. Todos contra todos ustedes”, se llega a escuchar en el video.
Advierten a venezolanos no ingresar al Callao
El discurso se ha extendido como una consigna en los barrios más convulsos del puerto. En Carrillo Albornoz, uno de los jirones con mayor presencia policial, los vecinos reconocen que el temor a una guerra declarada es cada vez más tangible. “Cualquiera que esté ahí lo veamos haciendo delivery, así lo vamos a bajar también”, dijo un encapuchado durante la grabación.
Las amenazas no solo se limitan a los miembros de bandas extranjeras. El mensaje apunta a cualquier ciudadano extranjero, incluso aquellos sin vínculos delictivos. “Sabemos que también hay venezolanos que trabajan, pero lastimosamente justos por pecadores, y así va a ser”, sostuvo uno de los pandilleros entrevistados por el equipo de Panorama.
Al parecer, dentro de estos días o semanas, se verán teñidas de sangre las calles del primer puerto, consecuencia directa de la inoperancia del gobierno de Dina Boluarte que continúa repitiendo todos los días que se encuentra luchando contra la delincuencia, bien sentada en su denominado ‘Cuarto de Guerra’, pero sin salir a recorrer las calles más álgidas de Lima y Callao.
Metro de Lima: Cierran estaciones La Cultura y Nicolás Arriola por persona herida en rieles [VIDEO]
Como es habitual, la Línea 1 del Metro de Lima ha emitido un comunicado indicando que el cierre temporal se debe a un “incidente ajeno a su operación”. Sin embargo, cada cierto tiempo aquellos incidentes consisten en intentos de suicidios de personas que fortuitamente deciden arrojarse a los rieles de la vía ante la inoperancia de los miembros de seguridad.
Alrededor de las 10.30 de la mañana de este lunes 14 de abril, se reportó un nuevo incidente en la Estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima. De acuerdo a la información preliminar, una persona resultó herida y fue evacuada al centro de salud más cercano para recibir atención médica. Sin embargo, como es habitual, a través de un comunicado ambiguo, el servicio de transporte público anunció el cierre temporal de las estaciones La Cultura y Nicolás Arriola, indicando que dicho cierre se debe a un incidente ajeno a su operación, evitando informar las verdaderas razones de la suspensión.
Es decir, el servicio de trenes se ha restringido de la siguiente manera: Desde Villa El Salvador hasta San Borja Sur y desde Bayóvar hasta Gamarra.
No habrá circulación de trenes entre San Borja Sur y Gamarra, por lo que las estaciones afectadas no ofrecerán servicio al público.
Comunicado de la Línea 1 del Metro de Lima.
Las autoridades del Metro de Lima recomiendan a los usuarios considerar otros medios de transporte para sus desplazamientos y agradecen la comprensión del público. Además, solicitan seguir las indicaciones del personal en estaciones.
Lo niega todo. Para que un medicamente salga al mercado necesita pasar por rigurosos controles, siendo aprobado por distintos químicos farmacéuticos, operarios y tener el visto bueno de las cabezas de área; sin embargo, según la versión de Medifarma, solo existiría un responsable y ese sería un operario.
Roy Chávez Llicán, ahora ex operario de Medifarma, estuvo detenido durante 72 horas acusado de ser el principal responsable de la muerte de 5 personas, ahora ha salido a decir su versión de los hechos de lo que pasó con el suero fisiológico defectuoso y cómo así llegó a distribuirse en los hospitales, negando de raíz todas las acusaciones en su contra, denunciando que Medifarma lo presionó a autoinculparse para liberarlos de cualquier responsabilidad penal.
En entrevista con el dominical Punto Final, Chávez aseguró que fue forzado a firmar su carta de renuncia y que la compañía le imputó toda la responsabilidad sin una investigación adecuada.
“Ellos me obligaron a renunciar, me pusieron una carta de renuncia y me imputaron todos esos hechos”, afirmó.
Tras la visita del equipo periodístico al laboratorio, Guillermo Arboleda, director corporativo de Medifarma, indicó que el producto se preparaba inicialmente con 180 kilos de cloruro de sodio disueltos en mil litros de agua esterilizada dentro de un tanque conocido como triblender. Posteriormente, esta mezcla debía ser trasladada a un segundo tanque, el reactor, donde se agregaban hasta 20 mil litros de agua adicional, lo que permitía alcanzar la concentración final adecuada de 0.9% de sodio por litro.
Según Medifarma, Chávez habría omitido el encendido del reactor durante la preparación del suero, lo que impidió una correcta disolución del sodio. Además, se le acusa de haber tomado muestras de un tanque distinto, impidiendo detectar el error a tiempo. El trabajador rechazó ambas acusaciones y sostuvo que ha sido utilizado como “chivo expiatorio”.
fuente: punto final.
La Fiscalía deberá determinar si lo ocurrido fue consecuencia de negligencias concatenadas o de una conducta deliberada. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen esperando justicia y respuestas claras frente a una pérdida irreparable.
Lo que mal empieza, mal termina. Luego de hacerse pública la denuncia de Andrés Bravo Pinedo, presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Ollantaytambo, respecto a un presunto acto de corrupción perpetrado nada menos que por el alcalde de Ollantaytambo Paul Palma, en colusión con la propietaria del hotel Sol Ollantaytambo Boutique, Lucinda Miranda Farfán, y su administrador Derik Miranda Farfán, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco, con apoyo de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) paralizaron la construcción del mencionado recinto hotelero como parte de una “medida cautelar” dispuesta por el despacho de Cultura.
Personal de la DDC del Cusco interviniendo la obra del hotel ubicado en la calle Ventiderio, Ollantaytambo.
La labor fiscalizadora, en principio, le corresponde a la municipalidad de Ollantaytambo, encabezada por Paul Palma, sin embargo, al estar dicha autoridad involucrada en las investigaciones, la encargada de realizar la medida preventiva fue la DDC del Cusco.
Y es que como ya se publicara en este medio, Andrés Bravo Pinedo viene denunciando una presunta red de tráfico de influencias y abuso de autoridad por parte del alcalde Paul Palma y los representantes del hotel Sol Ollantaytambo Boutique.
De acuerdo a los primeros informes obtenidos, la municipalidad de Ollantaytambo otorgó, sin pasar por las comisiones técnicas correspondientes, el permiso de restitución volumétrica para dicha obra, la misma que hasta la fecha no cuenta con una orden de demolición.
“La tardanza en la anulación y la ausencia de una orden de demolición sugieren complicidad o negligencia por parte de las autoridades, permitiendo que el daño al patrimonio continúe”, se lee en la nota publicada el pasado 2 de abril del año en curso.
Asimismo, continúa el informe, “entre las autorizaciones otorgadas de forma irregular se encuentran las siguientes: autorización N° 001-2023-GDUR – MDO, autorización N° 016-2024-GDUR – MDO, y la autorización N° 020-2024-GDUR – MDO. Además, la ejecución de obras no cumple con la normativa vigente, donde los propietarios deberían presentar el expediente respectivo al procedimiento administrativo, en concordancia al Reglamento de Intervenciones Arqueológicas vigente aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2022-MC, de fecha 23 de noviembre del 2022”.
Finalmente, se tuvo conocimiento que la diligencia realizada esta mañana no acudió personal de la Fiscalía, impidiéndose la incautación de las herramientas y maquinarias, y constatando que al término del encintado aún habían obreros trabajando dentro de dicho inmueble.