Se les fue el tren. La colaboración entre la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) permitió desmantelar una organización criminal dedicada a la reventa de pasajes con tarjetas adulteradas en la Línea 1 del Metro de Lima.

Mediante un operativo simultáneo en cinco estaciones de la Línea 1 (Grau, Gamarra, La Cultura, Angamos y Cabitos), la fiscalía, con el respaldo policial, arrestó a dos individuos vinculados a una mafia que obtenía de forma ilícita hasta S/ 50,000 al día.

Este tipo de delitos representa un perjuicio económico para el Estado, que subsidia los gastos operativos del servicio de la Línea 1 del Metro de Lima.

Los denominados ‘salderos’ o ‘tarjeteros’ cobran S/ 0.50 más del precio real del pasaje en la Línea 1, que es de S/ 1.50. Durante la intervención, se decomisaron múltiples tarjetas adulteradas y los detenidos ahora enfrentan cargos por fraude informático, que puede conllevar hasta ocho años de prisión.

El caso, que involucra a más de diez personas, está a cargo del Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia de Lima y cuenta con la participación de la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) como parte afectada en el proceso.

Mediante un monitoreo y vigilancia constante y en colaboración entre la ATU, el MTC y la PNP, se busca intervenir a los revendedores de boletos ubicados en diferentes estaciones de la Línea 1, con el objetivo de combatir la actividad informal y reducir el perjuicio económico para el Estado.

Para fin de año operaría el primer tramo de la Línea 2 del Metro

Por otro lado, el presidente de la ATU, José Aguilar, anunció que antes de fin de año se desarrollará la marcha blanca del primer tramo de la Línea 2 del Metro de Lima, es decir que se transportará gratuitamente al público por un tiempo determinado para comprobar la eficiencia del servicio.

“Estamos trabajando arduamente para coordinar con distintas entidades y poner (este tramo) en funcionamiento antes de fin de año, en marcha blanca, lo que corresponde a Santa Anita”, dijo en entrevista con TV Perú.

Un sujeto ingresó a robar en un chifa ubicado en la avenida Micaela Bastidas, en el distrito de Villa El Salvador (VES), sin embargo, no se imaginó que iba a encontrar la muerte al instante. El dueño del establecimiento asesinó en defensa propia al malhechor y ahora se encuentra detenido en la comisaría de ese distrito. La madre del delincuente pide “justicia” para su hijo, pues ella asegura que él no tenía un arma.

De acuerdo con las cámaras de seguridad del establecimiento, el sujeto irrumpió en el local y amenazó a un menor de edad y a su madre para apoderarse de las ganancias del día. Sin embargo, cuando iba a darse a la fuga, el dueño del negocio le disparó dos tiros.

Producto de los balazos, el delincuente cayó bruscamente al suelo, falleciendo en el lugar a los pocos minutos. Tras lo ocurrido, la policía llegó al lugar y detuvo al empresario, identificado como Ney Chávez Santillán.

Según sus familiares, el dueño del chifa tenía permiso para portar un arma de fuego, precisamente, debido a la ola de inseguridad y delincuencia que se registra en el distro de Villa El Salvador.

Madre de joven abatido indicó que no llevaba ningún arma

La otra cara de la moneda es la progenitora del presunto delincuente, quien salió a declarar a diversos medios que el propietario del local de comida le habría disparado adrede.

“Le metió dos balazos, no uno… quiero justicia. (Él) No tenía nada”, mencionó la mujer.

De acuerdo con la información que brindó su madre, el sujeto conocido como Jhan, de 33 años, vivía con ella y le ayudaba a vender anticuchos. También se conoció que ya había estado en prisión, pero habría vuelto a delinquir. El hombre deja a dos hijas de 15 años.

Una historia macabra que podría tener un final inesperado. Los magistrados del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas, de la Corte Superior de Loreto,ordenaron siete meses de prisión preventiva para los padres del bebé que fue asesinado en Iquitos, identificados como Jesús Bautista (32) y Vanessa Cachique (25).

La audiencia inició ayer martes 23 de mayo luego de que la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas pidiera 18 meses de prisión preventiva para ambos, mientras los investigan por la presunta comisión del presunto delito de homicidio en la modalidad de sicariato.

Jesús Bautista será investigado como autor inmediato, mientras que la madre como cómplice primario.

Recordemos que el bebé de 11 meses fue asesinado el pasado 6 de mayo en el puente Nanay de Iquitos. Al inicio, los padres aseguraron que el crimen ocurrió en medio de un robo que sufrieron, pero luego cayeron en contradicciones, lo que levantó sospechas en la Fiscalía.

La entidad encargada de recabar las pruebas del asesinato solicitó prisión preventiva para asegurar que ambos progenitores estén presentes en el juicio oral, donde se dictará la sentencia para el responsable o los responsables de la muerte del bebé.

“Esta medida tiene por finalidad asegurar la presencia de los imputados durante el proceso hasta la expedición de la sentencia, por lo que el plazo mencionado se encuentra justificado”, se lee en su pedido de prisión preventiva.

La Fiscalía presentó este requerimiento luego que se cumplió la detención preliminar contra ambos.

El macabro caso del bebé de solo 11 meses asesinado

Ciudadanos en Iquitos quedaron conmocionados tras conocerse que la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a los padres del menor porque se presume que habrían participado en el asesinato del bebé de once meses.

El pasado viernes 19 de mayo los efectivos policiales los detuvieron y trasladaron al Departamento de Investigación Criminal (Depincri).

En sus declaraciones, la madre del recién nacido contó que el padre no quería otorgarle la pensión de alimentos correspondiente para el menor. Se cree que este habría sido el motivo del asesinato.

Cabe resaltar que el magistrado otorgó 40 minutos de plazo porque sí lo pidió la defensa pública, ya que la abogada privad de Vanessa Cachique, madre del infante, renunció horas antes de que se realice la audiencia. Así, afectó su derecho a defenderse.

“La renuncia no la libera de su deber de realizar todos los autos urgentes para impedir la indefensión en la diligencia a la que ha sido citada”, explicó.

Nunca antes ha sido tan fácil conocer los datos personales de una persona, desde su DNI, dónde vive, cuánto gana, sus propiedades, o el cargo que ocupa en una empresa. Información confidencial que debería estar protegida por nuestras leyes pero que son ofertadas como si se tratara de un polo o una camisa.

Un reportaje de Punto Final pone nuevamente a luz la venta ilegal de datos de millones de peruanos, los cuales son presa fácil de los extorsionadores o de entidades que tienen mapeado el perfil del sujeto, llenándole de llamadas indeseadas para ofrecerles productos o alguna promoción. Aunque parezca increíble todo eso ocurre en una concurrida avenida de la capital, a plena luz del día, y la cual ya es harto conocida por las autoridades, sin embargo, nadie hace nada al respecto.

Según el informe, son los propios Call Centers los que filtran tan delicada información, las cuales son adquiridas por inescrupulosos vendedores del Centro de Lima que usan como fachada las tiendas de servicio técnico de computadoras, vendiéndolas a 50, 100 o 150 soles dependiendo de la cantidad de datos requerido.

“Actualizado tengo y te viene nombre completo; DNI, celular, dirección… tipo Reniec, algo así. ¿Cuántas quieres? ¿50 mil o 100 mil (personas)? 50 mil te puedo dejar a 150 soles”, menciona uno de los ‘jaladores’ que pululan por la avenida Garcilaso de la Vega.

Según fuentes de la propia Policía Nacional del Perú (PNP) dicha información es utilizada por extorsionadores, estafadores o secuestradores que la obtienen sin mucha complicación, evidenciándose el incremento de robos o extorsiones a medianos y pequeños empresarios.

En un pequeño dispositivo USB el delincuente puede seleccionar a las personas con mayor poder adquisitivo, los puestos de trabajo que ocupan o los lazos familiares que poseen, adoptando las medidas que ellos crean convenientes sobre su potencial víctima, sea extorsionándolos, despojándole de sus ahorros, o secuestrarlos.

La pregunta del millón es: sabiendo el lugar donde se oferta la información confidencial, las personas que la venden, y el modus operandi de esas bandas criminales, ¿por qué las autoridades no hacen algo al respecto?

La ola de asesinatos en San Juan de Lurigancho (SJL) no cesa y los vecinos de ese distrito cada vez se sienten más indefensos hasta en sus propios hogares. La delincuencia y el sicariato se han apoderado de cada calle, parque o avenida, extorsionando a los ciudadanos o simplemente terminando con sus vidas a traición. La Policía no se da abasto en el distrito más poblado del país y todo parece indicar que hay una suerte de resignación por parte de las autoridades. Caminar, sea de día o de noche por las calles mal iluminadas de ese distrito, se ha vuelto una ruleta rusa, pues uno no sabe lo que le espera a la vuelta de la esquina.

Por la espalda y a sangre fría, así asesinaron a Percy García Serpa (42), dirigente vecinal de Jicamarca – SJL, quien se encontraba realizando una actividad vecinal pro fondos junto a los demás vecinos de la zona. Tres disparos a traición por parte de un desconocido terminaron con la vida horas más tarde del joven dirigente.

Después de ser baleado por dos sujetos a bordo de una moto lineal en Jicamarca, el dirigente fue trasladado al hospital de Vitarte donde acabaría falleciendo por los tres impactos de bala que recibió a la altura del tórax.

Percy García era padre de cuatro menores de edad y líder del asentamiento humano Los Portales de Basilio Auqui, en el anexo 8 de Jicamarca, por donde pasaba a bordo de la tolva de su motocarga de color rojo, vehículo que era su herramienta de trabajo.

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), este crimen podría haber sido ejecutado por la mafia de tráfico de terrenos de la zona que, días antes, ya había baleado otra actividad, pero sin dejar víctimas heridas ni mortales en su atentado.

Además, la ahora viuda de Percy García Serpa declaró a los efectivos del orden que su esposo había sido amenazado por estas mafias para que deje la dirigencia del asentamiento humano en Jicamarca o, si no, su familia iba a sufrir las consecuencias.

Durante veinte años caminaba despreocupado por el país a pesar de haber tenido una orden de captura, pero su buena fortuna se acabó esta mañana cuando la Policía Nacional del Perú (PNP) capturara a Cirilo Torres Pinchi (75), padre de la congresista Rosio Torres, en Tarapoto tras 20 años de encontrarse prófugo de la justicia.

El hombre de 75 años aparecía en el sistema del Programa de Búsqueda y Recompensas del Ministerio del Interior. El premio económico por el padre de la legisladora expulsada de Alianza para el Progreso (APP) era de S/ 20 mil.  

Cirilo Torres Pinchi era un prófugo de la justicia y condenado por peculado de S/ 15 millones durante su gestión en la Dirección de Educación de Loreto (DREL) de 1999 al 2000.  

En 2019, Torres Pinchi presentó un habeas corpus solicitando la prescripción del delito del que se le acusa, argumentando que ya había pasado el tiempo prudente para no continuar con la investigación. 

Como se recuerda, el 19 de enero del 2001, se dictó la autoapertura de instrucción, disponiéndose el mandato de detención contra Cirilo Torres Pinchi y otros. Hasta la fecha era considerado como no habido, teniendo la condición de reo contumaz. 

Congresista Rosio Torres estaría siguiendo el camino torcido de su padre

Como se recuerda, la congresista de la República, Rosio Torres, fue expulsada de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) debido a las carpetas fiscales en su contra por el presunto delito de lavado de activos y recorte de sueldos a sus trabajadores.  

Según la carpeta fiscal No. 242-2014, la parlamentaria está incluida en este caso junto al excongresista, exgobernador regional de Loreto y esposo, Fernando Meléndez Celis, por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de actas de conversión y transferencia, actos de tenencia y ocultamiento derivados del tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado peruano. 

De hecho, en la carpeta fiscal se indica que Torres habría trabajado con su familia para recolectar remesas económicas provenientes de empresarios cocaleros en el departamento de San Martín. Este dinero habría servido, finalmente, para financiar la campaña de Meléndez para ganar el Gobierno Regional de Loreto en 2014, lo cual terminó por suceder. 

Mientras que, en el otro caso, la Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra la congresista como presunta autora del delito de concusión por los presuntos cobros irregulares a los trabajadores de su despacho. 

La investigación también comprende a su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra como presunto cómplice del referido delito. 

En el reportaje, menciona que al menos cinco trabajadores o extrabajadores de su despacho parlamentario habrían sido obligados a depositar parte de sus sueldos a un familiar.  

En el reportaje se menciona el caso de Cecilia Salazar Mattos, quien fue asesora de Torres de julio de 2021 a agosto del año pasado, y en ese periodo transfirió al familiar de la parlamentaria unos S/ 24 562. 

Ante esta situación, la congresista Torres proviene de una familia que ha tenido problemas con la justicia.  

Este último miércoles un documental del medio español RTVE lanzó un adelanto de una entrevista a dos presuntos narcotraficantes. En el video, los dos sujetos afirman dedicarse al narcotráfico e indicaron a la reportera que alquilan el armamento a la misma Policía Nacional del Perú (PNP).

“La misma Policía (nos provee de armas). Nos las alquila”, dice entre risas uno de los sujetos entrevistados con el rostro totalmente cubierto. Además, se resalta que se trata de un problema grave de corrupción del aparato del Estado que es corrompido por el narcotráfico el cual, según indican, se ha incrementado en los últimos años.

“(El narcotráfico) es como pan caliente, estamos hablando de toneladas de cocaína, base, pasta, piedra, champán, whisky, vino… como llamemos, por clave”, dice otro de los narcotraficantes.

Además de las plantaciones, en la zona hay laboratorios que están administrados por cárteles bolivianos, peruanos. De esto tendría conocimiento, “en primer lugar”, la Policía además de otras autoridades. “Ellos mismos te la hacen quitar o asaltar (la droga), para que ellos mismos la venda o la revendan”, mencionaron los presuntos narcotraficantes.

Ante estas revelaciones, el propio comandante general de la PNP, Jorge Angulo, reconoció que algunos efectivos de esa institución sí se han visto involucrados en proveer armas el narcotráfico, tal como se mencionó.

Sin embargo, el general Angulo, indicó que se trata de casos aislados y que dichos efectivos ya han sido sancionados. “Que algunos policías se vean involucrados en con organizaciones criminales a través de la prestación de armamento no es un tema nuevo”, dijo en declaraciones a RPP Noticias.

Explicó que la Policía ha realizado investigaciones y ha pasado al retiro a los efectivos involucrados en este tipo de hechos delictivos. Solo en el año pasado, 1482 policías pasaron al retiro por diferentes motivos, contó.

Agregó que la gran cantidad de armas con las que cuentan las organizaciones criminales no son de la Policía, sino que ingresan de contrabando, en algunos casos, con colaboración de autoridades estatales.

Además, explicó que las armas que tienen los Policías son del Estado y cuando los efectivos no están de servicio estas permanecen en una armería. Es decir que pueden llevar las armas a sus casas.

“Sí ha habido casos de pérdida de armas del Estado, que no son muchas”, declaró y agregó que “las responsabilidades son personales”.

Una división especial de la Dinincri es la que se encarga de la investigación por el robo de armas, refirió.

También comentó que este jueves conversó brevemente con el ministro de Interior, Vicente Romero, sobre el contenido del documental y le refirió que se trataban de casos aislados del pasado.

En este caso la justicia se inaplica cuando uno tiene contactos y dinero. El 11 de octubre de 2019 se terminó con los sueños y proyectos de Joseph Huashuayo y Cristián Buitrón, mientras que su compañero Luis Miguel Vega Palacio resultó con fracturas. Los tres jóvenes se dirigían a un centro para pasar un examen médico del trabajo que habían postulado. Sin embargo, fueron atropellados por Melisa González Gagliuffi, quien manejaba a una velocidad no permitida por la avenida Javier Prado.

Se van a cumplir cinco años de este hecho, pero todavía los familiares de los deudos no pueden encontrar justicia. A pesar de que, en el 2022, la Corte Superior de Justicia de Lima sentenció a seis años de prisión efectiva contra González Gagliuffi, pero esto quedó atrás pues el Poder Judicial (PJ) cambió esta condena por vigilancia electrónica; es decir, la también abogada debería estar con grillete, pero no sería así. Además, tampoco tendría una vigilancia en su casa.

Como se recuerda, cuando se dictó esta condena González no se presentó y pasó a estar prófuga de la justicia. Asimismo, logró estar el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior para cualquier información de su paradero, pero ya no aparece en esta plataforma tras el cambio del Poder Judicial.

Para el otorgamiento de la vigilancia electrónica se da como prioridad solo a las personas mayores de 75 años, enfermedades graves, discapacidad física permanente, mujeres gestantes, o con hijos menores de tres años.

Sin embargo, esta procederá “únicamente” con la “aceptación expresa” del condenado en la audiencia, pero González no se presentó y se encontraba prófuga de la justicia.

Cuando una persona está fugada se presume razonablemente que no hay voluntad de presentarse a la autoridad judicial. Lo razonable sería no otorgar un beneficio de esa naturaleza”, afirmó Wilfredo Pedraza, exministro del Interior.

Hasta el momento, no se sabe dónde se encuentra la abogada que atropelló a tres personas, de las cuales dos de ellas fallecieron. Un silencio en la justicia que tampoco fue notificada a los deudos. Entonces, cómo consiguió González este beneficio si no cumplía con todos los requisitos.

“Siento una indignación y un dolor por haber perdido a mi hijo, aún me duele mucho y que no haya justicia como debe ser”, sostuvo Fortunato Huashuayo, padre de Joseph, el joven ingeniero atropellado.