Política
Vacunagate: la nueva «crisis moral» del Perú

El ‘Vacunagate’ ha sumergido al Perú en una profunda crisis moral. La presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez Chuquilin, hizo un llamado a que se mantenga la estabilidad en este momento de transición para que se puedan elegir a los gobernantes en las próximas elecciones generales del 11 de abril.
Las declaraciones de Vásquez Chuquilin surgen en medio de la crisis que se vive en el país por el escándalo en el que más de 480 personas, incluidas funcionarios públicos y el expresidente Martín Vizcarra, accedieron a una vacunación irregular y secreta con las dosis de Sinopharm que llegaron al país en el marco de un ensayo clínico patrocinado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
La presidenta del Congreso sostuvo que la inhabilitación política puede ser una sanción posible para funcionarios públicos que han lesionado gravemente el sistema y han mellado la confianza en las instituciones, en medio de la crisis sanitaria por la covid-19.
“Si los funcionarios se prestan para cometer actos tan graves que van en contra de bienes tan fundamentales como la vida y salud de la gente, sí creo que la inhabilitación puede ser una de las medidas que se aplique”, enfatizó.
Cabe indicar que el Ministerio Público anunció que la Fiscalía de la Nación ha incluido en su investigación preliminar al expresidente Martín Vizcarra Cornejo, a la exministra de Salud Pilar Mazzetti y a la excanciller Elizabeth Astete, en el marco de su vacunación secreta con las dosis del ensayo clínico de Sinopharm.
A través de su cuenta institucional, la Fiscalía de la Nación explicó que la investigación se realiza por los presuntos delitos de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Vásquez Chuquilin cree que es muy importante que se proyecte que no hay intereses políticos detrás de la investigación y que se haga un trabajo objetivo para llegar a la verdad. En su opinión, todo funcionario que haya ejercido un cargo importante y que se le demuestre una responsabilidad tan seria, debería evitarse que siga en la función pública.
La Conferencia Episcopal Peruana ha sido de las últimas instituciones en rechazar el escándalo. La presidencia se pronunció sobre la actual crisis política y social que atraviesa el país debido a la aplicación irregular de vacunas contra el coronavirus.
«El Perú, una vez más, es golpeado por el reprochable proceder de algunas autoridades que se han beneficiado egoístamente, dejando de lado los intereses del país, el bien común y su obligación de velar por los más necesitados, los que están en primera línea de lucha contra la pandemia», critica en un comunicado.
Según los obispos, la vacunación irregular de funcionarios públicos «muestra un nuevo rostro del monstruo de la corrupción y de la crisis ética y de valores que impide la auténtica realización de la justicia y el desarrollo del país».
«La indignación que generan estos hechos se agrava porque deja de lado a los que por más de un año vienen sacrificándose en la primera línea enfrentando esta pandemia. No es posible que sigan muriendo médicos, enfermeras, policías, servidores públicos y tantos otros voluntarios, mientras que un grupo insensible busca su propio interés».
La Conferencia Episcopal Peruana exigió que estos hechos «sean debidamente investigados y sancionados para que la impunidad no tenga más espacio entre los peruanos y, por fin, logremos trabajar en unidad y transparencia para vencer esta pandemia».
El Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó ayer veinte (20) de febrero una moción donde se exhorta a los 130 congresistas a ser sometidos a un peritaje que permita descartar que tengan anticuerpos por haber recibido una vacuna contra el coronavirus de Sinopharm.
Luego de casi cinco horas de debate en la sesión del Pleno que se convocó para revisar este tema, se aprobó por 111 votos el documento que presentaron los congresistas Manuel Merino, Otto Guibovich y Ricardo Burga de Acción Popular.
Esta medida también se aplica a los titulares de la Defensoría del Pueblo, la presidencia de la Corte Suprema o la Fiscalía de la Nación, entre otras instituciones, así como todos los ministros y otros altos funcionarios en el cargo a partir de julio de 2020. El objetivo es descartar que los funcionarios públicos se hayan beneficiado de las vacunas contra el coronavirus.
En el escenario de esta crisis política y social, el gobierno peruano ha anunciado que el estado de emergencia sanitaria se extenderá por lo menos hasta el dos (02) de septiembre, según lo publicado en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano a fin de continuar con las acciones de prevención, control y atención de salud para la protección de la población de todo el país.
(*) Escritor, poeta, editor y sociólogo. Presidente del Instituto Peruano de la Juventud (IPJ) y director de Editorial Río Negro.
Política
Un voto de confianza más que conversado
Premier Arana acudirá el 12 de junio al Congreso para solicitar el voto de confianza.

Aunque muchos no lo deseen, Dina Boluarte terminará su mandato en julio de 2026, luego de haber creado ‘puentes’ con las principales bancadas del Congreso de la República; sin ellos, su nefasto gobierno habría durado menos que el de Pedro Castillo que no tuvo ‘muñeca’ ni tino para saciar el hambre de los parlamentarios.
Tras la renuncia de Gustavo Adrianzén al premierato su reemplazante fue el entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana Melchor, quien este 12 de junio tendrá que acudir con todo su Gabinete Ministerial al hemiciclo del Legislativo, buscando (o ratificando) el voto de confianza.
Sabiendo de antemano que no iba a contar con los votos suficientes para evitar su censura, el entonces premier Adrianzén decidió ‘inmolarse’ y ofrecer su ‘cabeza en bandeja’ para así evitar el primer ‘strike’ de un gabinete ministerial en la era Boluarte. De no haber realizado tal movida, Dina Boluarte y compañía en estos momentos solo tendrían una ‘bala de plata’, la cual era sumamente riesgosa si no se escogía correctamente al nuevo primer ministro. De haber persistido con Adrianzén estarían a merced del Congreso y eso significaba una amenaza muy fuerte para las aspiraciones de la chalhuanquina.
A los hechos eso nunca sucedió y ahora estamos solo hablando de un nuevo premier que ya contaría con la aprobación de la mayoría de bancadas en el Congreso; es por ello que Arana y compañía acudirán más que confiados el próximo 12 de junio para recibir la aprobación del Legislativo.
“Hemos compatibilizado las agendas y ya hemos dispuesto que la fecha de presentación del Gabinete sea el jueves 12 de junio, a partir de las 9 horas”, indicó el premier Arana luego de haber sostenido una reunión con el presidente del Parlamento, el congresista de Alianza para el Progreso (APP), su tocayo Eduardo Salhuana.

Asimismo, Arana Melchor también mencionó que ha cursado invitaciones formales a las diferentes bancadas con el objetivo de sostener encuentros previos a su exposición ante el pleno, las cuales se realizarán el lunes 2 y martes 3 de junio.
“Tenemos una agenda prevista para exponer nuestros lineamientos de trabajo, pero también para escuchar y recoger las propuestas de los legisladores”, añadió.
Desde las bancadas de izquierda ya se viene anunciando que no le darán el voto de confianza al gabinete de Arana, pero pesará más ese tridente compuesto por Fuerza Popular, Renovación Popular y APP, sí, la misma bancada del presidente del Congreso.
Política
Seis funcionarios del Mincetur viajarán a Australia con todo pagado
Cada pasaje aéreo a Oceanía costará 3,100 dólares, mientras que el viático diario asignado por el pliego presupuestal del Mincetur a cada funcionario será de 385 dólares. En total, entre pasajes y estadía, el ministerio desembolsará $31,690 dólares, lo que equivale aproximadamente a 115,668 soles.

Seis servidores del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) viajarán a la ciudad de Brisbane, Australia, del viernes 6 al sábado 14 de junio de este año, para participar en reuniones del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), en las que se discutirán prioridades del acuerdo.

Por tratarse de un tema de interés institucional, asistirán a las reuniones los siguientes funcionarios del Viceministerio de Comercio Exterior: Gerardo Antonio Meza Grillo, director encargado de la Dirección de Asia, Oceanía y África; Celia Pamela Beatriz Huamán Linares, Alexandra Cecille Brun Coronado y Ángela Lucía Rodríguez Fernández, todas ellas también pertenecientes a esa dirección. Además, viajarán Ángela Rossina Guerra Sifuentes, de la Dirección de Norteamérica y Europa, y Victoria Marisol Palacios Surco, encargada de la Dirección de Asuntos Multilaterales.
Según lo dispuesto, cada pasaje aéreo a Oceanía en clase económica costará 3,100 dólares, mientras que el viático diario asignado por el pliego presupuestal del Mincetur a cada funcionario será de 385 dólares. En total, entre pasajes y estadía, el ministerio desembolsará $31,690 dólares, lo que equivale aproximadamente a 115,668 soles.
La Resolución Ministerial n.° 145-2025-Mincetur autoriza el viaje de los mencionados funcionarios para representar al Perú en los encuentros del CPTPP. Además, se establece que, al retornar al país, deberán presentar un informe detallado a la ministra Úrsula Desilú León Chempén, con las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la rendición de cuentas correspondiente.

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) es un acuerdo comercial entre 11 países de la región Asia-Pacífico, diseñado para fomentar el libre comercio, reducir aranceles y promover normas comunes en temas como inversión, propiedad intelectual, comercio electrónico, trabajo y medio ambiente.
El CPTPP usa el término “progresista” más como una etiqueta diplomática y política que como una garantía de políticas con enfoque social. Su carácter progresista es más nominal que estructural.
Política
Congresista Susel Paredes sobre la reducción del perímetro de las Líneas de Nasca: «Todo recorte a zonas arqueológicas son negativas» [VIDEO]
Desde el Congreso la parlamentaria criticó el accionar del Ministerio de Cultura.

La reciente decisión del Ministerio de Cultura de reducir el perímetro de protección de las Líneas de Nasca ha despertado una ola de críticas, entre ellas, la de la congresista Susel Paredes, quien alertó sobre los riesgos que esta medida representa para la integridad de uno de los patrimonios arqueológicos más importantes del continente.
“Todo recorte a zonas arqueológicas, zonas de amortiguamiento, son negativas, porque los espacios de las zonas arqueológicas siempre son tentación para las invasiones. Mira nomás Chan Chan, es un escándalo, está invadido inmensamente”, sostuvo Paredes en declaraciones a Lima Gris, subrayando que estas modificaciones abren la puerta a la destrucción progresiva del patrimonio cultural.
El Ministerio de Cultura, a través de una resolución firmada por la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Moira Novoa Silva, aprobó la modificación del polígono de protección de la zona arqueológica de Nasca, lo que implica un recorte de su zona de amortiguamiento. La medida ha generado preocupación entre especialistas, activistas y algunos sectores del Congreso, quienes cuestionan la falta de transparencia en la decisión y temen consecuencias irreversibles.
“La zona de Nasca no solamente son las líneas, hay inmensa cantidad de restos de momias en donde sea que tú abras el suelo”, advirtió Paredes. “Eso tiene que estar muy resguardado. No debe recortarse en ningún caso los límites de las zonas arqueológicas, ni los polígonos, ni las zonas de amortiguamiento, porque lo que necesitamos es protegerlas”.
La congresista también apuntó al trasfondo político de la decisión. “Que APP gobierna con el fujimorismo y con Dina Boluarte, eso es un hecho que lo demuestran los votos y las designaciones en distintas instancias del Estado”, declaró, sugiriendo que detrás del recorte podrían existir intereses particulares ligados al control del territorio.
Consultada sobre posibles acciones parlamentarias, Paredes señaló que solicitará información directa sobre la resolución emitida. “Lo que sí puedo hacer es yo misma pedir la información”, dijo, dejando abierta la posibilidad de convocar a la viceministra de Cultura a la Comisión de Fiscalización del Congreso.
El caso ha puesto nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los sitios arqueológicos frente a decisiones administrativas que, lejos de garantizar su protección, podrían facilitar su degradación. En el caso de Nasca, los expertos coinciden en que cualquier intervención debe estar regida por criterios técnicos estrictos y por una política de preservación que respete el valor histórico, cultural y espiritual del lugar.
Política
Anthony Lastra, ¿el ‘gurú’ de Dina Boluarte?
Pastor evangélico fue consejero espiritual de Pedro Castillo y Lilia Paredes, y ahora estaría aconsejando a la jefa de Estado que cree en un diálogo “interreligioso”.

A lo largo de la historia del Perú, distintos presidentes recurrieron a curanderos, chamanes, espiritistas, consejeros espirituales o videntes, para que les brinden una visión “más allá de lo evidente”; normalmente lo hacían para conocer quiénes eran sus enemigos, a develar a personajes cercanos de su entorno que en verdad los estaban traicionando. Así, se cuenta que el expresidente Alan García visitaba a los maestros de las huaringas, o que Alberto Fujimori era un asiduo cliente de chamanes y ‘brujitas’. El caso más mediático y conocido fue del expresidente Martín Vizcarra, quien permitía ingresar a su despacho al vidente conocido como Hayimy.
Nuestra actual jefa de Estado, Dina Boluarte, tampoco querría quedarse atrás, siendo ella muy creyente de lo que la ciencia no puede llegar a explicar, vinculándosela con el pastor evangélico Anthony Lastra, pues siempre es tener dos ojos en la espalda.
El pastor ya es un ‘caserito’ dentro de Palacio de Gobierno, pues fue guía espiritual del entonces expresidente Pedro Castillo y de su esposa Lilia Paredes, quien por cierto ha manifestado abiertamente ser evangélica.
Lastra, en sus redes sociales, aseguró haber tenido un rol activo en la salida de la entonces ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, a quien calificó de “hija del diablo” por mostrarse a favor del aborto y de una política pro LGBT.
“… le dije al presidente Castillo que la saque porque si no venía juicio de Dios a su vida y él la sacó”, escribió el pastor Lastra, quien ahora estaría hablándole al oído a la máxima autoridad del país.
A propósito de ello, mediante un comunicado, el Gobierno de Boluarte ha salido a rechazar que el pastor evangélico tenga una relación laboral o espiritual con los organismos del Estado, añadiendo en la parte final que la mandataria “es una mujer de profunda fe católica”, pero abierta a un “diálogo interreligioso”.

Y es que tal mensaje sale luego de que se difundiera una foto oficial donde sale Lastra junto con Boluarte y el ahora premier Eduardo Arana.

El dato:
Lastra considera al Partido Morado de ser “la peor vergüenza del país” al fomentar el matrimonio civil para personas del mismo sexo, tildándolos de ser “hijos de Satanás” por encontrarse a favor de la despenalización del aborto.
Política
Un Congreso legal, pero no legítimo
Un famélico 4 % de aprobación es el resultado inobjetable que algo anda mal detrás de la Plaza Bolívar.

Cada quinquenio nos hacemos la misma pregunta: ¿es este Congreso el peor de la historia? Nuestra Constitución Política ha sido tan manoseada con pequeñas modificaciones que no se ha requerido una nueva Carta Magna para darnos cuenta que se trata de una distinta, alterada, variada, modificada, todo para beneficio de aquellos que se hacen llamar ‘padres de la Patria’ y para aquellos que se jactan de ser los líderes de los partidos políticos.
El cambio más reciente va relacionado con el retorno de la bicameralidad en el Congreso, donde volveremos a ver a los senadores y diputados. Para que ocurra eso se tuvieron que modificar 53 artículos de la Constitución (artículos 2, 39, 56, 57, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 150, 157, 161, 162, 182, 183, 191, 194, 201, 203 y 206).
Antes que nada, corresponde mencionar que legalidad no es lo mismo que legitimidad, centrándonos solamente en el ámbito político y no jurídico. La legalidad es entendida cuando una institución se ha conformado de acuerdo a las leyes prescritas; en este caso los parlamentarios fueron elegidos mediante voto popular, corroborado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En contraposición, si una autoridad asume un cargo de manera autoritaria o no respetando ‘las reglas del juego’, se entiende por ello que se encuentra de manera ilegal.
En cambio, la legitimidad puede entenderse a la validación que tienen las autoridades frente a la población. Esto puede variar dependiendo al buen o mal desempeño que tengan estos desde sus puestos; así, un Congreso legitimado es aquel que cuenta con la aprobación de las personas y ello se obtiene cuando se ven leyes productivas y no inclinadas solo para beneficio de unos cuantos.
Recientemente, una encuesta elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) arrojó resultados previsibles, otorgándole un 4 % de aprobación a nuestro atribulado y errático Congreso de la República.
Esto tiene una explicación que para la mayoría de ciudadanos resulta muy fácil de entender, pero que para algunas personas solo se trata de una ‘guerra sucia’ para desprestigiar a los ‘padres de la Patria’. Tal vez su desaprobación se deba a los excesivos gastos que realizan mes a mes, contratando personal que nunca se aparece en sus despachos; o recortándoles el sueldo a sus trabajadores, aceptando ellos de “manera voluntaria”; o quizás porque prefieren votar de manera virtual cuando hay sesiones plenarias; o quién sabe, somos crueles al no permitirles que impulsen sus partidos políticos utilizando los recursos del Estado; o peor aún, les ponemos mala cara cuando nos enteramos que votaron a favor de leyes totalmente perjudiciales para el país; o, sencillamente, vemos cómo aprueban la bicameralidad.
Es por ello (y muchas cosas más) que el Poder Legislativo ha perdido legitimidad ante la población.
Bastará ver cómo al final del segundo periodo legislativo, que acaba este 15 de junio (a tan solo dos semanas) nuestros eruditos congresistas, entre gallos y medianoche, promulgan leyes sin mucho debate de por medio o análisis técnico; entonces, volveremos a preguntarnos una vez más ¿será acaso este el peor Congreso de la historia?
Política
Gobierno impulsa la educación con la entrega de nueva infraestructura escolar en San Juan de Lurigancho y otras regiones del país
La educación pública da un salto de calidad: 144 nuevos colegios con infraestructura moderna serán entregados en todo el país.

En medio de un contexto de constantes desafíos para el sector educativo peruano, el Gobierno Central, a través del Ministerio de Educación (Minedu), ha dado pasos importantes en la mejora de la infraestructura escolar, con resultados tangibles que empiezan a transformar el acceso a una educación digna y moderna. A la fecha, y bajo la gestión de la presidenta Dina Boluarte, se han culminado 144 colegios entre diciembre de 2022 y mayo de 2025, beneficiando a más de 107 mil estudiantes en todo el país.
En el distrito más poblado del Perú, San Juan de Lurigancho, ya se evidencian los frutos de esta política. Po ejemplo, los colegios IE Francisco Bolognesi y el IE Tomás Alva Edison, están siendo modernizados en su totalidad. Estos colegios también son parte del ambicioso programa de Escuelas Bicentenario, una iniciativa que el ministro de Educación Morgan Quero viene impulsando.

Construcción del IE Francisco Bolognesi en San Juan de Lurigancho.
La nueva infraestructura también se puede admirar en distritos como Carabayllo. Además, estos colegios contarán con espacios educativos modernos, seguros y equipados con tecnología adecuada para el aprendizaje del siglo XXI. Ambas instituciones no solo brindarán infraestructura de primer nivel, sino que también dignificarán el proceso de enseñanza y aprendizaje para miles de niños y jóvenes del distrito más poblado del país que cuenta con más de 1 millón 300 mil habitantes.

I.E. 2051 en Carabayllo.
Moderna infraestructura educativa en las regiones
El proyecto de Escuelas Bicentenario ha logrado culminar, hasta la fecha, 38 colegios en Lima Metropolitana, Callao y Junín, beneficiando a más de 59,485 estudiantes. Estas escuelas destacan por su diseño arquitectónico moderno, espacios pedagógicos funcionales y entornos seguros, lo que representa un avance significativo en comparación con la precaria infraestructura que durante décadas afectó el rendimiento escolar en diversas zonas del país.
Pero el esfuerzo no se detiene ahí. En total, se han construido 73 nuevos colegios, de los cuales 28 fueron ejecutados por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) en regiones como Lima, Cajamarca, Áncash, Moquegua, Puno, Tacna, San Martín, Junín, Piura e Ica, beneficiando a 25,337 estudiantes. A esto se suman 45 escuelas reconstruidas en el marco del plan de Reconstrucción con Cambios, ubicadas principalmente en Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura, con una cobertura de 5,879 alumnos.


Por su parte, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) ha concretado la edificación de 33 instituciones educativas más, distribuidas en las regiones de Áncash, Cajamarca, Huancavelica, La Libertad, Lima y Piura, alcanzando a más de 17 mil estudiantes.
El Ministerio de Educación ha señalado que esta inversión responde a una política de Estado orientada a cerrar las brechas históricas en infraestructura educativa. Para muchos estudiantes, esto significa dejar atrás años de estudiar en aulas prefabricadas, con techos de calamina y sin acceso a servicios básicos, y entrar en contacto, por primera vez, con una escuela moderna y digna.

En un país donde la desigualdad educativa se manifiesta desde los primeros años de formación, la construcción de estos nuevos colegios representa un paso firme hacia una educación más equitativa. La comunidad educativa de San Juan de Lurigancho, y de muchas otras regiones del país, comienza a ver materializado un derecho largamente postergado: estudiar en condiciones que permitan desarrollar todo su potencial.
Política
¿Luna Gálvez y la doble moral frente a las AFPs? [VIDEO]
El oscuro pasado de José Luna Gálvez es recordado en las redes sociales.

En tiempos donde la desmemoria es moneda corriente y la indignación se diluye entre titulares virales, recordar quién es quién en la política peruana se convierte en un deber ciudadano. José Luna Gálvez, fundador del partido Podemos Perú, congresista y dueño de la tristemente célebre Universidad Telesup, ha vuelto al ruedo con un nuevo disfraz: el de defensor del pueblo ante las AFP. Pero detrás de su retórica populista, se esconde un oscuro historial de cálculo político y acusaciones de presunta corrupción que no pueden quedar impunes.
En las redes sociales como Tik Tok al actual congresista lo recuerdan entre más sombras que luces. La cuenta de Joco Opina detalle el paso de Luna Gálvez en la política peruana.
@joco_opina #retiroafp #onp @lilidoris @AméricoGonza #ilichlopez #guidobellido #pepeluna #podemosperu #joselunagalvez ♬ 大气震撼 史诗宣传 励志 – HD235( 音乐)
De enemigo de los retiros a oportunista electoral
Uno de los primeros cuestionamientos señala: «Durante años, Luna Gálvez fue un firme defensor del sistema privado de pensiones. Se opuso sistemáticamente a los retiros de fondos y protegió los intereses de las AFP, mientras millones de trabajadores apenas podían tocar un sol de su propio dinero. Sin embargo, hoy aparece presentando un proyecto de ley para un nuevo retiro, en un intento desesperado por reposicionarse políticamente».
¿Por qué este cambio repentino? Porque el retiro es inevitable. El clamor popular es ensordecedor, y hay múltiples proyectos de ley en marcha. Luna lo sabe. Sabe también que su imagen está deteriorada. Por eso reaparece, buscando colgarse de una victoria que no le pertenece.
La bancada invisible
«Cuando se votó la reciente reforma del sistema privado de pensiones, Podemos Perú tenía 11 congresistas. Sólo dos votaron a favor. El resto, simplemente, no fue. Ni siquiera se abstuvieron. No existieron. Esta ausencia no es casual: es una muestra más de que su aparente compromiso con la ciudadanía es, en realidad, cálculo electoral» se menciona en el video.
El pasado de los Luna
«José Luna Gálvez no solo es cuestionado por su ambigüedad política. Su trayectoria está marcada por múltiples investigaciones por presunta corrupción y crimen organizado. Según la Fiscalía, Luna habría liderado una organización criminal durante dos años para copar la ONPE con funcionarios afines. Usó la Universidad Telesup como base de operaciones para presuntos pagos ilegales, con el fin de manipular procesos electorales.
En el caso OAS, el Ministerio Público lo investiga por presunto lavado de activos. Habría recibido 50 mil dólares de la empresa brasileña OAS para financiar encuestas en la campaña del exalcalde Luis Castañeda Lossio. Además, transfirió 180 mil soles a la cuenta de Castañeda entre 2013 y 2015, dinero que, según la fiscalía, provendría del esquema corrupto del caso Lava Jato».
Y si todo esto fuera poco, Luna Gálvez aparece vinculado a los Cuellos Blancos del Puerto, ya que habría financiado campañas de exconsejeros del CNM a cambio de favores políticos y judiciales.
Política
Secretario General de APP: Luis Valdez Farias y sus visitas al poder
¿Puede un secretario de partido ‘coordinar’ con varios ministros a nombre de un Gobierno Regional sin cargo formal? Las reuniones de Luis Valdez, sus vínculos y antecedentes revelan el perfil de un ‘operador político’ con más poder del que su rol partidario aparenta.

El secretario general del partido Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez Farias, ha sostenido reuniones con diversas autoridades del Ejecutivo; es decir con diversos ministros en fechas clave, lo que llama poderosamente la atención por su frecuencia y el nivel de los funcionarios involucrados.
Según registros oficiales, Valdez Farias se reunió con el entonces presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, el 28 de enero de 2025. También sostuvo reuniones con varios ministros de Estado: Morgan Quero, titular de Educación, el 7 de enero de este año; Durich Whittembury, de Vivienda, el 15 de octubre de 2024; Raúl Pérez Reyes, cuando dirigía el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el 26 de marzo de este año; y Jorge Montero Cornejo, de Energía y Minas, el pasado 5 de mayo.
La lista también incluye a exministros: Julio Díaz Zulueta, del Interior, el 13 de mayo, justamente el último día de su gestión en el Mininter; José Salardi, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el 12 de febrero; Juan José Santiváñez, también del Mininter, el 28 de enero; y José Arista, exministro del MEF, el 27 de agosto de 2024.
Pero las reuniones no se limitaron a ministros. El 28 de enero de 2025, Valdez también visitó al presidente ejecutivo de SERVIR, Guillermo Steve Valdivieso Payva, cuyo organismo gestiona la política de recursos humanos del Estado y vela por la meritocracia en el sector público.
Asimismo, el pasado 9 de abril, se reunió con el jefe del INEI, Gaspar Humberto Morán Flores, entidad encargada de generar la información estadística valiosa y geográfica oficial del país.

El hecho de que un secretario general de un partido político como Alianza para el Progreso (APP) tenga acceso tan directo y frecuente a altos funcionarios del Gobierno resulta, como mínimo, inusual. Según los registros de visitas, Valdez Farias justifica estas reuniones alegando que actúa en representación del gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, quien pasa más tiempo fuera del país, que gestionando los problemas urgentes de su región.
Esto abre varias preguntas: ¿Puede un secretario de partido coordinar directamente con varios ministros a nombre de un Gobierno Regional? ¿Luis Valdez tiene algún cargo formal en el GORE La Libertad? ¿Actúa como asesor informal de Acuña Peralta?
Más allá de las dudas, lo cierto es que APP se ha comportado como un aliado clave del Gobierno de Dina Boluarte, inclinando sus votos en el Congreso a favor del Ejecutivo en momentos decisivos. Las múltiples reuniones de Valdez Farias con ministros solo refuerzan esa relación.
Además, su nombre no es ajeno a las polémicas. Luis Valdez Farias fue quien llevó al cuestionado Jorge Torres Saravia —investigado por proxenetismo— a trabajar en el Congreso como hombre de confianza. También fue señalado por la compra de una lujosa casa en La Molina por S/ 3,3 millones a nombre de su esposa, Ana Paula Ganoza, cuyos ingresos declarados no superaban los S/ 4.000 mensuales. Pero él salió a defender a su cónyuge y declaró que fue quien pagó la propiedad.

Las reuniones, los vínculos y los antecedentes dibujan el perfil de un ‘operador político’ con más poder del que su cargo formal como secretario general de partido sugiere.
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