Política
El vidente de Vizcarra
Aquí un adelanto del libro «El perfil del lagarto» del periodista Carlos Paredes.

Presentamos un anticipo del libro del periodista Carlos Paredes titulado «El perfil del laqarto», que fue publicado en el semanario Hildebrandt en sus trece. Este capitulo revela la creencia del expresidente Martín Vizcarra en lo esotérico y las decisiones que tomó consultando a Hayimy.
«Martín Vizcarra conoció a su guía espiritual en la presidencia por una casualidad de la vida. Era la tarde del sábado 24 de junio del 2017 y ambos coincidieron en la primera fila de un avión de Latam que estaba a punto de partir a Tacna. Ese día un voraz incendio en las galerías Nicolini, de la avenida Argentina, en Lima, acaparaba la atención de los medios. El discreto primer vicepresidente Vizcarra viajaba a Moquegua a ver a su familia, pero lo hacía vía Tacna porque en el aeródromo de su ciudad no podían aterrizar aviones Boeing 727 con capacidad para más de cien pasajeros. Vizcarra había dejado de ser ministtro de Transportes hacía unas semanas, obligado a renunciar por la firma de la adenda en el contrato para la construcción del aeropuerto ele Chinchero, en el Cusco. Mantenía el cargo de primer vicepresidente, sin tarea conocida, tampoco sueldo. Estaba solo, aunque en los vuelos domésticos no hay primera clase, la primera fila se reserva para los pasajeros VIP o para los que paguen por esa ubicación. El vicepresidente era considerado un VIP. Para cuando Vizcarra entró en el avión, en la primera fila de la izquierda estaba sentado un hombre moreno, de contextura gruesa, cabello negro y corto, bastante amable. Vizcarra lo reconoció y lo saludó con su nombre artístico:
«Hola, Hayimy». Ese saludo fue respondido con otro amable: «Buenos días, ministro Vizcarra, qué gusto conocerlo personalmente». El vidente Hayimy iba de gira a la ciudad ele Tacna. Durante el vuelo hubo química lo que se llamaría en términos esotéricos «buena vibra» entre ambos. Vizcarra le confesó que su esposa Maribel era una asidua seguidora del programa radial ele Hayimy. En los 90 minutos que demora un avión en conectar las ciudades de Lima y Tacna, el vidente respondió a
todas las interrogantes, dudas existenciales y angustias que el vicepresidente se atrevió a hacerle, una tras otra. Hayimy dice que percibió su soledad política, le vaticinó que pronto saldría del país. «Lejos de hacerle un mal, le están haciendo
un bien, señor Vizcarra; usted regresará como presidente del Perú», recuerda Hayimy que le elijo a Vizcarra a diez mil pies ele altura en pleno vuelo. Presagio que Vizcarra escuchaba con cierto asombro, calladamente.
Entonces hizo la pregunta inevitable: «¿Seguro?». «Confirmado, señor Vizcarra», respondió el vidente. Aterrizaron en Tacna, intercambiaron contactos por WhatsApp y se despidieron. Así se iniciaría una relación constante, fluida y dependiente entre el vidente y Vizcarra a su paso por la vicepresidencia, la embajada en Canadá y la presidencia.
No pasó ni una semana desde el vuelo a Tacna para que Martín Vizcarra invitara a Hayimy a su casa. El vidente estaba en su tierra, Piura, exactamente en el balneario de Órganos, desde donde regresó para visitar al político. En su departamento de la calle Dos de Mayo en San Isidro lo esperaban Vizcarra y su esposa Maribel Díaz. El vidente dice que ahí le confirmó que se iba como embajador a Canadá, que lo haría con toda su familia, incluso con tres de sus cuatro hijos, los que estaban en el colegio y la universidad. Esa tarde la pregunta recurrente de la pareja era qué iba a pasar después de su estancia por la embajada de Perú en Canadá. Hayimy se reafirmó en su vaticinio del avión: «Usted regresará para ser presidente del Perú. El señor PPK tendrá muchos problemas, dará un paso al costado». El vidente dice que con este escenario Vizcarra se quedó más tranquilo. Feliz.
Martín Vizcarra entregó sus credenciales como embajador del Perú en Canadá algunos meses después del inicio de su relación con el vidente Hayimy, exactamente el 23 de octubre del 2017. Lo hizo en el Palacio de Rideau Hall, en Ottawa, ante la gobernadora general de Canadá Julie Payette. El vidente sostiene que, en todo ese tiempo, desde que partió a Canadá y durante toda su gestión como embajador hasta marzo del 2018, la comunicación fue fluida, siempre por WhatsApp, tanto por mensajes de texto, como, en ocasiones, a través de llamadas.
Cuando asumió la presidencia, apenas instalado en Palacio, ese viernes 23 de marzo del 2018, lo primero que hizo Vizcarra, incluso antes de juramentar a su gabinete ministerial, fue citar a Hayimy para las dos de la tarde del día siguiente, el sábado 24. Se reunieron por más de tres horas en el salón Grau de Palacio de Gobierno, adyacente a su despacho, en lo que se llama internamente la cápsula presidencial. Hayimy recuerda que esa primera vez, de la veintena de ocasiones que ha visitado a Vizcarra en su despacho y residencia presidencial, lo recibió el jefe de Seguridad de Palacio de Gobierno, el coronel de la Policía Jesús Manuel Vásquez Vásquez. El oficial tenía la indicación expresa del presidente ele que su invitado no pasara registro alguno; ingresaba solo cruzando el arco magnético de la puerta trasera, la adyacente a Desamparados.
Hayimy Jesús Aleman Herrera, que es el nombre de pila de uno de los videntes más famosos del Perú, nació en la Nochebuena de 1974, en Talara, Piura. En los últimos años se ha convertido en uno de los más cotizados videntes del medio local debido a lo aceitados queson sus vaticinios. Los archivos periodísticos dicen que, por ejemplo, Hayimy predijo el terremoto de Pisco del 2007 en un programa de RPP (Radioprogramas), todavía entonces conducido por José María Salcedo. En internet está la grabación de su terrible revelación que todavía asombra. Uno de sus recientes e increíbles vaticinios fue haber adelantado, veinticinco días antes, la muerte de Alan García. Lo dijo un sábado por la mañana en la cabina de Radio Exitosa, mientras era entrevistado por el periodista Nicolás Lúcar: «Veo que un político tradicional, un político fuerte, que ha hecho historia va a fallecer pronto». Lúcar sorprendido le dijo: «Luis Bedoya Reyes acaba de cumplir cien años, será él». El vidente, que ese día vestía completamente de blanco, con un rosario que resaltaba colgado en el pecho, agarrando sus cartas con la mano derecha, dijo con mucha seguridad: «No se trata de Bedoya, él ya cumplió su ciclo; yo veo a otra persona que, lamentablemente, partirá a la otra dimensión». Ese sábado era 23 de marzo del 2019, Nicolás Lúcar se aseguró de recalcarlo al final de la entrevista para que quedara grabado. El miércoles 17 de abril, muy temprano en la mañana, el expresidente Alan García terminó con su vida después de resistirse a que un fiscal del Equipo Especial Lava Jato lo detuviera preliminarmente, acusado de recibir dinero de la empresa Odebrecht. Hayimy dice que él lo dijo primero, lo dice sin jactancia, más bien con algo de tristeza. La grabación de la entrevista con Lúcar lo confirma.
Hay que decirlo: Hayimy ha mantenido absoluta reserva de su condición de consejero permanente del presidente Vizcarra. Sin embargo, más de veinte visitas a Palacio de Gobierno, en dos años -durante la pandemia solo lo visitó en dos ocasiones-, no son invisibles para los demás asesores, miembros de seguridad, mayordomos, secretarias y funcionarios que a diario circulaban por la casa de Pizarro. Es imposible guardar secretos con tanta gente que se le puede cruzar en la puerta, en los pasillos. Además, la policía también tiene un registro reservado de todos los que ingresan a la sede de gobierno, así el presidente ordene no apuntarlo en los anales oficiales. Una cosa es el registro oficial, que están obligados a hacer público por ley de transparencia, y otro el registro de la seguridad del Estado, a la que, en teoría, no se le puede pasar veinte veces un anónimo visitante del hombre más custodiado del país.
La primera reacción de Hayimy cuando lo llamé para pedirle su versión respecto a su relación con Vizcarra fue preguntar casi con tono de ampayado: «¿cómo te has enterado?». Cuando le expliqué detalles de su vínculo vidente-presidente, reconstruido con lujo de detalles gracias a otras fuentes cercanas al expresidente, aceptó y decidió dar más detalles. Empezó aclarando que nunca le pidió algún favor o canonjía a Vizcarra. «Ni siquiera cuando me invadieron mis terrenos en Órganos le pedí ayuda», dice con autosuficiencia. Explica que, desde su segundo ingreso a Palacio de Gobierno, por orden del presidente, era Karem Roca la que lo esperaba en la puerta de Desamparados para conducirlo directo, sin ningún registro ni físico ni electrónico, al encuentro con el presidente Martín Vizcarra. Tres fuentes del primer círculo de asesores del expresidente y una fuente de inteligencia policial confirmaron las periódicas reuniones con el vidente hasta febrero del 2020. Hayimy sostiene que diariamente se comunicaba con Vizcarra vía WhatsApp desde muy temprano, a las 5:00 o 5:30 a. m. En ellas, se escribían o hablaban sobre temas puntuales del día a día en el gobierno. Dice que guarda todos los mensajes.
Las citas quincenales se habrían suspendido porque alguien, probablemente Miriam Morales, una de las que sí conocía de la existencia del vidente, le habría dicho al presidente que Hayimy estaba contando secretos de Estado a algún amigo periodista ele Radio Exitosa, donde tenía un programa todos los viernes y sábados desde las diez de la noche.
Hayimy dice que dos veces hizo ceremonias de limpia y florecimiento en el despacho presidencial, llevó espadas, flores, y toda la parafernalia propia de su oficio. Que otras dos veces ingresó a la residencia presidencial, en el segundo piso de Palacio, donde fue recibido por el presidente y su esposa. Que Martín Vizcarra siempre se reunía a solas con él, unas veces en la sala Bolognesi, que es el mismo Despacho Presidencial, y otras en la sala Grau, que está al costado, destinada a las reuniones de trabajo del presidente, porque tiene una mesa para diez personas. El presidente Vizcarra le consultaba de todos los actos de gobierno y de las personas de su entorno, ministros, vicepresidenta, asesores y hasta secretarias. Su pregunta más recurrente era qué tan leal le eran a él. Hayimy asegura haberle recomendado cambiar a algunos ministros que él veía llenos de ambición y deslealtad. También le dijo que no confiara en la vicepresidenta Aráoz, a quien veía poco sincera, sin ganas de ayudarlo; al contrario, quería su puesto. Los hechos demostrarían que Vizcarra le hizo caso a su vidente: desembarcó desde el día uno de su mandato a Mercedes Aráoz, aunque ella decidió apoyarlo como su operadora política en el Congreso, como ha detallado en sus memorias.
Un exasesor del presidente Vizcarra contó como anécdota que el vidente solía aconsejarle que nunca juramentara a sus ministros en la noche, que eso era malo, debía hacerlo por la mañana. Preguntado Hayimy, confirma la versión explicando que el argumento técnico, desde su expertise como aficionado a la astrología y a la futurología, es que «Mercurio está retrógrado. Si quieres tener éxito nunca hagas cosas de noche, siempre al mediodía». Los anales de juramentos ministeriales indican que, en este detalle, aparentemente banal, también era escuchado el vidente.
Pero hubo consejos más serios del vidente. Hayimy dice que le dio luz verde para que cerrara el Congreso; sus capacidades extraordinarias para ver el futuro le permitían visualizarlo como un ganador en el pulso con un Congreso agresivo, díscolo y confrontacional. La gente estaría con él y, lo que más le preocupaba a Vizcarra, no iba a tener futuros problemas legales. Hayimy solo le diría que veía un futuro prornisor, iluminado, sin problemas. Que no tuviera miedo a las acusaciones, que todo iba a salir bien. Que se atreviera. Y así lo hizo.
El vidente Hayimy, al igual que el argentino Maximiliano Aguiar, reclama que su aseso• rado más importante desestimó algunos de sus consejos capitales. Explica que le advirtió que iban a traicionarlo algunas personas del primer círculo de su confianza. Todas mujeres. Pero él no le creyó. Le dijo también que no le diera más cabida a Richard Swing, pues este usaba indebidamente su nombre. «Pero el presidente no me hizo caso», se queja amargamente Hayimy, algunos meses y escándalos después.
Hayimy, después de veinticinco minutos de entrevista, se animó a presumir que él le adelantó, mucho antes de que llegaran unos indescifrables cables procedentes de China, que un extraño y letal virus aparecería para amenazar el planeta. «Veo algo muy grave, presidente, algo devastador, sin precedentes», afirma que le dijo a inicios del 2020, poco antes de que lo indispusieran con él. Según su versión, el presidente solo atinó a pedirle que no alarmara a la gente en su programa de radio, que no era bueno causar pánico; había que ser prudentes.
Hayimy solo decidió hablar de su relación con el expresidente después ele escuchar que había por lo menos cuatro fuentes adicionales y un cúmulo de hechos fácticos que demostraban, por lo menos sus constantes ingresos a Palacio de Gobierno cuando Martín Vizcarra fue presidente. Hayimy aclara que nunca fue asesor presidencial, solo guía espiritual de su amigo Martín Vizcarra, con quien, asegura, continúa manteniendo contacto.
Sea como fuere, lo que sí es un hecho corroborado es que este vidente ingresó subrepticiamente a Palacio de Gobierno, lo que es una violación de la norma de transparencia vigente. Hayimy también se ha negado a revelar cuánto cobraba por ser el «guía espiritual» del presidente, arguyendo que es parte de su secreto profesional. Pero en una conversación privada con amigos de la radio donde tiene su programa, después de reiterar que nunca le había pedido nada a Vizcarra, ni favores, ni dinero, aceptó que el presidente, por iniciativa propia, le entregaba un sobre en la mano cada vez que se despedían al finalizar su visita. Todos entendieron que se trataba de dinero. Pero era un sobre pequeño, como los que antaño se usaban para mandar cartas. No los sobres radiográficos que usaban Obrainsa o JCCGSA para mandarle encargos a Vizcarra con el chofer de Hernández.»
Política
Poder Judicial protege peajes de ‘Línea Amarilla’ pese a vínculos con Villarán
El juez Jorge Luis Chávez Tamariz rechazó el pedido fiscal de suspender el cobro de peajes en Línea Amarilla. Lima Expresa alegó riesgo de quiebra, priorizando intereses privados sobre la corrupción investigada durante la administración edil de Susana Villarán.

El Poder Judicial, una vez más, ha optado por preservar los intereses económicos de empresas privadas en detrimento del interés público. Esta vez, al declarar infundado el pedido de la Fiscalía para suspender temporalmente el cobro de peajes en la concesión de Línea Amarilla, una infraestructura manchada por la corrupción durante la gestión de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
La decisión, firmada por el juez Jorge Luis Chávez Tamariz del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, favorece a Lima Expresa S.A.C., empresa actualmente a cargo de la concesión y vinculada directamente con el caso Lava Jato. La Fiscalía había solicitado que se detuviera el cobro de peajes mientras avanzan las investigaciones por lavado de activos y asociación ilícita, en las que están implicadas varias compañías brasileñas y funcionarios de la gestión Villarán.
Corrupción reconocida, pero sin consecuencias prácticas
La resolución judicial reconoce que la empresa Lima Expresa, anteriormente conocida como LAMSAC, está siendo investigada como parte de una red de corrupción encabezada por la constructora brasileña OAS. Sin embargo, considera que no existen motivos suficientes para suspender el cobro de peajes, ni para entregar temporalmente la administración del proyecto a la Municipalidad de Lima, a través de Emape S.A.
El argumento principal del juzgado se sostiene en la supuesta falta de riesgo procesal. Según Lima Expresa, ya no hay posibilidad de obstaculización porque la Fiscalía incautó todos los documentos clave en los allanamientos de mayo de 2023. Además, la empresa alegó que desde 2020 está aplicando correctamente la fórmula de reajuste tarifario dictada por un laudo arbitral internacional.

Fiscalía solicitó al PJ suspender el cobro de los peajes de la Línea Amarilla, pero éste no le dio la razón.
¿Y el perjuicio económico al ciudadano?
Mientras Lima Expresa se defiende invocando la legalidad de sus operaciones desde 2020, la Fiscalía documenta que el primer reajuste tarifario en 2013 —realizado durante la gestión de Susana Villarán— violó el contrato. En lugar de aplicar una fórmula mixta, se utilizó únicamente el IPC nacional, lo que infló las tarifas de manera irregular.
Según el Ministerio Público, esta decisión generó un perjuicio económico al Estado y a los ciudadanos por más de S/ 20 millones, sin que se aplicaran sanciones a la concesionaria. La MML, controlada entonces por la alcaldesa Villarán, avaló el reajuste sin cuestionamientos ni penalidades, pese a tratarse de fondos públicos.
Además, uno de los actos más cuestionables fue la inclusión del Proyecto Río Verde mediante una adenda al contrato original, reemplazando al proyecto COSAC IV sin estudios técnicos ni aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. El cambio no solo desvió recursos sin control, sino que favoreció directamente a la empresa sin prever mecanismos correctivos.
El fantasma de la quiebra y el chantaje económico
Lima Expresa, hoy controlada por el grupo francés Vinci Highways, argumentó que suspender los peajes durante un año significaría su quiebra. Dijo que se verían afectados 627 trabajadores, los fondos de pensiones que han invertido en sus bonos, y la recaudación del Estado vía IGV.
Este tipo de narrativa —el riesgo de colapso económico— ha sido recurrente en las defensas de concesionarias implicadas en corrupción. La empresa, pese a estar bajo investigación penal, apela a una lógica de chantaje económico que antepone la estabilidad financiera a la rendición de cuentas.
Pero, ¿debe el Estado renunciar a la justicia para evitar la quiebra de una empresa? ¿Debe tolerarse el cobro de peajes en condiciones cuestionadas por la propia Fiscalía, solo para evitar un impacto en el flujo de caja de una firma privada?
Diferencias con el caso Rutas de Lima: ¿doble rasero judicial?
La Fiscalía también intentó que el juzgado tomara en cuenta el precedente del caso Rutas de Lima, donde el Tribunal Constitucional ordenó suspender los peajes por la ausencia de vías alternas. Sin embargo, el juez Chávez Tamariz rechazó esa comparación, argumentando que las condiciones legales y técnicas eran distintas.
Aunque los contextos puedan variar, en ambos casos hay una constante: contratos de concesión firmados en contextos de corrupción, peajes impopulares y decisiones judiciales que terminan por favorecer a los actores privados, incluso cuando están bajo investigación por delitos graves.
Una justicia que llega tarde y a medias
El fallo del juez Chávez Tamariz refleja una tendencia preocupante en el sistema judicial peruano: la incapacidad para actuar de forma preventiva frente a casos de gran corrupción. Las decisiones tienden a privilegiar la estabilidad económica sobre la transparencia y la rendición de cuentas.
En el fondo, lo que se está legitimando es que empresas salpicadas por escándalos de corrupción —como OAS o sus subsidiarias— puedan seguir operando con normalidad, mientras el proceso judicial se arrastra por años. En paralelo, la ciudadanía sigue pagando peajes elevados sin recibir mejoras sustantivas en infraestructura ni respuestas claras sobre a dónde va ese dinero.
Demandas millonarias y arbitrajes internacionales
El caso se complejiza aún más al conocerse que, paralelamente, la Municipalidad de Lima enfrenta una condena internacional: deberá pagar cerca de US$ 200 millones al consorcio Rutas de Lima por incumplimientos contractuales, según una reciente sentencia en EE.UU. El Estado peruano ya ha iniciado acciones para investigar los vínculos de Brookfield, controladora del consorcio, con Susana Villarán.
Pero eso no es todo. Brookfield ha iniciado un arbitraje ante el CIADI exigiendo US$ 2700 millones por presunta expropiación de su inversión. La Municipalidad de Lima afirma que presentará nuevas pruebas sobre irregularidades en los contratos, pero el costo de estos litigios ya recae sobre los contribuyentes.
¿Quién paga por la corrupción?
Lo más preocupante es que, pese a los millonarios perjuicios económicos y las pruebas reunidas por la Fiscalía, las medidas correctivas son mínimas. Mientras las empresas se protegen con arbitrajes internacionales, el ciudadano común sigue atrapado entre contratos viciados, tarifas injustas y un sistema judicial que llega tarde y actúa con tibieza.
La pregunta es inevitable: ¿cuántos millones más deben perderse antes de que se tomen decisiones valientes en defensa del interés público?
Política
Compra de aviones de guerra: Dina Boluarte recibió a dueño de empresa Saab
La presidenta Dina Boluarte recibió en Palacio a Marcus Wallenberg. Mientras tanto, su gobierno destina más de S/ 13 mil millones a aviones de guerra, sin enemigo visible, en una decisión ajena a las urgentes prioridades del país.

Mientras el país sufre por hospitales colapsados, cárceles hacinadas y vías de transporte en ruinas, el gobierno de Dina Boluarte ha decidido destinar más de S/ 13 mil millones a la compra de aviones de guerra. ¿La justificación? Una “renovación histórica” de la flota aérea de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), pese a que el país no enfrenta ningún conflicto armado ni amenaza inminente.
La decisión, anunciada oficialmente el 2 de julio durante la ceremonia por los 40 años del sistema Mirage 2000, se concretó esta semana con una reunión en Palacio de Gobierno entre la presidenta Boluarte y Marcus Wallenberg, presidente de Wallenberg Investments AB, principal accionista de Saab, la empresa sueca que fabrica los cazas Gripen E que el Perú planea adquirir.
En la cita también participaron representantes del poderoso Grupo Wallenberg y seis ministros de Estado, incluyendo el titular de la PCM, Defensa, Relaciones Exteriores, Economía, Transportes y Energía. La visita se da en vísperas del arribo del ministro de Defensa de Suecia, Pål Jonson, quien llega tras participar en la feria F-AIR en Colombia, donde se exhibieron aviones Gripen utilizados por la Fuerza Aérea de Brasil.

Presidenta Dina Boluarte se reunió con Marcus Wallenberg y representantes del Grupo Wallenberg.
¿Seguridad o pretexto?
El gobierno argumenta que esta compra responde a la necesidad de “fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias” y renovar equipos obsoletos. Pero en un país donde la inseguridad ciudadana, la corrupción y la pobreza golpean a diario a millones, resulta difícil creer que las prioridades nacionales pasen por modernizar cazas de combate sin enemigo a la vista.
La pregunta cae por su propio peso: ¿a quién realmente beneficia esta millonaria operación? En un contexto de cuestionamientos a la legitimidad del Ejecutivo, con una presidenta aislada y acusada de usar el poder para blindarse, la compra de armamento de alto costo abre la puerta a sospechas sobre posibles negociados, comisiones ocultas o compromisos oscuros antes de dejar el cargo.
Aviones sí, hospitales no
El contraste es brutal: mientras se firman acuerdos para importar aviones supersónicos, las postas médicas carecen de insumos, las escuelas se caen a pedazos y los ciudadanos mueren esperando una cama UCI. La supuesta “decisión histórica” se parece más a una jugada estratégica que podría tener más de oportunismo que de visión de Estado.
Política
Zonificación a la medida: MML autoriza edificios de 28 pisos en San Isidro
Pese a las normas vigentes, con la ordenanza 2670, la gestión de López Aliaga allana el camino a megaproyectos inmobiliarios. Vecinos acusan a la alcaldesa de San Isidro de ceder ante su partido y ante intereses empresariales.

Una nueva polémica sacude al tradicional distrito de San Isidro. La construcción de un edificio de 28 pisos en la avenida Salaverry con calle Burgos ha desatado la indignación vecinal. ¿El motivo? La Municipalidad del distrito otorgó una licencia que contradice abiertamente las normas urbanísticas: en esa zona solo se permiten edificaciones de hasta 10 y 4 pisos, respectivamente. La Contraloría General de la República lo ha confirmado: la obra viola todas las regulaciones vigentes.
Pese a que el caso se encuentra judicializado, la Municipalidad de San Isidro aprobó el proyecto en marzo de este año. Mientras tanto, la alcaldesa Nancy Vizurraga de ‘Renovación Popular’ guarda silencio ante el reclamo ciudadano. Su gestión ha iniciado “acciones administrativas” para investigar responsabilidades, pero los vecinos no ven avances concretos. Para ellos, la situación es clara: el municipio parece responder más a los intereses del sector inmobiliario que al bienestar de los ciudadanos.
Alcaldesa de San Isidro es criticada por no defender al distrito
“No estamos en contra del desarrollo urbano, pero queremos que se respete el orden y se escuche a los vecinos”, dicen con firmeza. La falta de transparencia, consulta y estudios técnicos —como los de impacto ambiental y vial— en proyectos como este refuerzan sus sospechas.
La controversia se amplía con la ordenanza 2670, que modifica la zonificación del centro comercial Camino Real. La Municipalidad de San Isidro ha pedido su revisión, alegando que sus observaciones técnicas fueron ignoradas. Pero la decisión final la tiene la Municipalidad de Lima, bajo la gestión de Rafael López Aliaga, que, según los vecinos, actúa como aliado de los grandes constructores.

Ordenanza 2670 de la MML, firmada por el teniente alcalde Renzo Reggiardo.
En medio del malestar, la vecina Nora Loredo fue contundente:
“Lo que está sucediendo es un escándalo. La MML ha cambiado la zonificación para que aquí se pueda construir cuatro torres de 18 pisos, con no sabemos cuántos departamentos, sin hacer estudios de impacto ambiental, sin hacer estudios de impacto vial; no hay consulta vecinal y sin tomar en cuenta que esta es una zona de reglamentación especial porque está la huaca Huallamarca allá y El Olivar aquí. la alcaldesa de San Isidro Vizurraga que se ponga los pantalones y que se enfrente a su jefe, el señor López Aliaga, pero en realidad no es su jefe. Su jefe somos nosotros señora alcaldesa, porque nosotros fuimos los que votamos por usted. Nosotros fuimos los que la hicimos alcaldesa a usted. Usted tiene que rendirnos cuentas a nosotros. A sus votantes”.
Política
Dina Boluarte: “Me retiraré en 2026 con el orgullo de haber servido de la mejor manera»
La presidenta Dina Boluarte afirma que dejará Palacio de Gobierno el 28 de julio de 2026 “con la frente en alto”, pese a las críticas, protestas sociales y su alta desaprobación ciudadana.

Durante una ceremonia organizada por el Ministerio de Trabajo, la presidenta Dina Boluarte anunció que culminará su mandato el 28 de julio de 2026 “con orgullo y la frente en alto”. Frente a un centenar de jóvenes talentos, afirmó que su gestión se ha caracterizado por la ejecución de obras y una lucha firme contra la corrupción. “Misión cumplida. Me retiraré con el orgullo de haber servido de la mejor manera como presidenta de la república», exclamó Dina Boluarte, refiriéndose a su paso por el Ejecutivo.
En el acto, donde se presentó a los jóvenes que se integrarán a la administración pública, Boluarte insistió en que su gobierno será recordado como “honesto y decente”. Aseguró que no se toleran actos irregulares en su gestión y que todo indicio de corrupción es sancionado de inmediato. “Con nosotros no hay adendas, donde bien sabemos que se escondía la corrupción. Aquí obra iniciada es obra terminada y entregada al pueblo”, dijo.

Pese a investigaciones, la mandataria dice: “Nuestras obras son con las manos limpias”.
Más tarde, acompañada del ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero Campos, Boluarte presentó un informe sobre avances en el sector agropecuario. Desde Palacio de Gobierno, resaltó el cierre de brechas como una de las prioridades de su mandato.
Sin embargo, la afirmación de que dejará el poder con la “misión cumplida” contrasta con una gestión marcada por cuestionamientos, protestas sociales, crisis política y altos índices de desaprobación. Si bien la presidenta busca proyectar una imagen de transparencia y eficiencia, diversos sectores de la sociedad civil critican la falta de resultados tangibles y la desconexión con las demandas ciudadanas. Su declaración parece más un intento de consolidar una narrativa oficial que una evaluación objetiva de su paso por el poder.
Política
Congreso: bancadas tantean ‘alianzas’ para disputar la Mesa Directiva
Con los comicios internos a la vuelta de la esquina, el denominado “Bloque Democrático” busca perpetuarse en el control del Congreso, mientras sectores opositores intentan —sin aún los votos suficientes— construir una alternativa que rompa la hegemonía legislativa.

A pocas semanas de elegirse a la nueva Mesa Directiva del Congreso para el período 2025-2026, las bancadas empiezan a mover fichas, tejer alianzas y tantear escenarios posibles. Por un lado, el Bloque Democrático, ya instalado por dos periodos consecutivos, busca repetir el control legislativo. Por el otro, agrupaciones opositoras intentan romper esa hegemonía y armar una lista alternativa. Pero el panorama está lejos de definirse.
El Bloque Democrático, conformado por Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País, perfila una fórmula continuista con apoyo previsible de Somos Perú, cuya adhesión ha sido casi automática en los últimos años. En palabras del vocero Héctor Valer, Somos Perú solo integrará una lista si es bajo el paraguas de ese bloque.
Desde el otro lado del tablero, la bancada Honor y Democracia —integrada por ex Renovación Popular como Jorge Montoya y José Cueto— fue la primera en anunciar su intención de competir. El 27 de junio, Montoya oficializó la candidatura de Cueto a la presidencia del Congreso y, en una muestra de apertura política poco usual, no descartó tender puentes incluso con bancadas de izquierda: “La mayoría manda”, afirmó.
Una oposición que aún no suma
La noche del domingo, Aron Espinoza, dirigente de Podemos Perú y esposo de la congresista Digna Calle, anunció que esta semana se iniciarán conversaciones formales con diversas agrupaciones para construir una lista opositora. Las bancadas convocadas para una primera reunión este martes 8 de julio son: Acción Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú y Honor y Democracia.
Espinoza fue tajante: la intención es evitar que la próxima Mesa Directiva sea funcional al Ejecutivo. “La lista oficialista está hecha para proteger a Dina Boluarte. Ya se sabe quiénes la integran: Fuerza Popular, Perú Libre —que ya le gustó la mamadera a Waldemar Cerrón—, Avanza País y Somos Perú”.
Sin embargo, los números aún no cuadran. Juntas, las bancadas convocadas suman apenas 46 votos (Podemos 13, Renovación 11, Acción Popular 9, Juntos por el Perú 8, Honor y Democracia 5). Aún les faltan 21 votos para alcanzar la mayoría simple de 67 necesaria para ganar en primera vuelta. Este margen obliga a una ampliación de alianzas que todavía no está asegurada.
Además, falta definir quién encabezará la fórmula. Aunque Honor y Democracia propone a Cueto, tanto Renovación Popular como Podemos Perú han señalado que no asumirán cargos en la directiva, al menos por ahora, lo que deja abiertas negociaciones complejas sobre los puestos de vicepresidencia.
¿Una izquierda como comodín?
Un punto llamativo es la disposición de Honor y Democracia —una bancada de perfil conservador— a dialogar con grupos de izquierda como Juntos por el Perú. Esta flexibilidad responde, más que a convicciones ideológicas, a una estrategia pragmática de supervivencia política, tras haber quedado fuera de las mesas anteriores. En esta ocasión, buscan evitar el aislamiento y no descartan respaldar una fórmula distinta si se garantiza su participación en algún cargo de la directiva.
¿El Congreso se inclina hacia el continuismo?
A pesar de los esfuerzos opositores, todo indica que el Bloque Democrático mantiene ventaja. Tiene experiencia, recursos, alianzas consolidadas y respaldo tácito del Ejecutivo. Además, los incentivos para mantenerse en el poder son evidentes: controlar la agenda parlamentaria, blindar a sus aliados y decidir el ritmo de las reformas.
La carrera hacia la Mesa Directiva 2025-2026 ya empezó. Pero más allá de los nombres, la verdadera disputa es por el modelo de Congreso que predominará: uno que responda a los intereses del oficialismo o uno que ejerza una oposición más activa, aunque aún fragmentada.
Política
Fiscalía investiga al alcalde de Pomalca por presunta apropiación de fondos municipales
El alcalde Manfri Bernal y dos funcionarias son investigados por no depositar más de S/ 171 mil en la Cuenta Única del Tesoro, lo que habría facilitado el presunto desvío de recursos públicos durante el primer semestre de 2025.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque ha abierto una investigación preliminar contra el alcalde del distrito de Pomalca, Manfri Bernal, y dos funcionarias de su gestión, por la presunta apropiación indebida de recursos económicos municipales que ascienden a más de S/ 171 mil soles.
El fiscal a cargo del caso, Daniel Gerardo Flores Aguinaga, del Tercer Despacho de la mencionada fiscalía, junto a agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, intervino las oficinas de Caja y Tesorería de la municipalidad para recabar documentos y verificar los ingresos recaudados durante el primer semestre de 2025.

Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.
Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.
En la investigación figuran también Ana Llempén, tesorera de la entidad, quien no habría rendido cuentas ni realizado el traslado de fondos, y Rosaliz Cubas, gerente municipal, señalada por presunta omisión de funciones en el control financiero.
El alcalde Bernal es incluido por inacción ante las irregularidades, lo que podría interpretarse como tolerancia o encubrimiento. La fiscalía ha establecido un plazo de 240 días para determinar responsabilidades y recabar elementos de convicción.
Política
Mininter aprueba contratación de abogados que defenderán a exministro Santivañez
Las resoluciones firmadas por la Secretaría General autorizan el uso de recursos públicos para contratar al estudio de abogados propuesto por el propio Santivañez, investigado por presuntas irregularidades durante su breve gestión en el Ejecutivo.

El Ministerio del Interior ha aprobado, mediante tres resoluciones de Secretaría General —N° 119-2025-IN-SG, 120-2025-IN-SG y 121-2025-IN-SG— la contratación de servicios legales para la defensa del exministro Juan José Santivañez Antúnez, quien enfrenta diversos procesos en su contra.

Resolución de Secretaria General N° 119-2025-IN-SG.
Esta decisión tiene como antecedente la Resolución de Secretaría General N° 071-2025-IN-RSG, emitida el 14 de mayo de 2025, en la que se declara procedente la solicitud presentada por el propio Santivañez para contar con servicios especializados de asesoría y defensa legal. Posteriormente, el Proveído N° 009696-2025-IN-OGAF, con fecha 21 de mayo, fue remitido desde la Oficina General de Administración y Finanzas a la Oficina de Abastecimiento, formalizando el requerimiento.

Resolución de Secretaria General N° 120-2025-IN-SG.
El estudio legal propuesto por Santivañez Antúnez para asumir su defensa es Miranda & Asociados E.I.R.L., firma que también brinda servicios contables y que, según los documentos oficiales, fue seleccionada por el exministro.
Las resoluciones en cuestión aprueban la ejecución de los Procedimientos de Selección No Competitivos N° 25, 26 y 27, a través de los cuales se formalizará la contratación de los abogados encargados de asumir la representación legal del exfuncionario.
Todas las resoluciones han sido firmadas por Erick Fernando Caso Giraldo, actual secretario general del Ministerio del Interior.

Resolución de Secretaria General N° 121-2025-IN-SG.
La decisión genera interrogantes sobre el uso de recursos públicos en defensa de exautoridades investigadas, especialmente en contextos donde la transparencia institucional está bajo constante escrutinio.
Cabe recordar que Juan José Santivañez fue designado ministro del Interior en abril de 2024, y debió dejar el cargo en medio de denuncias públicas por presuntas contrataciones irregulares, vínculos con estudios legales cuestionados y posible tráfico de influencias. Actualmente, es investigado por el Ministerio Público, por lo que el uso de recursos del Estado para costear su defensa ha generado preocupación y críticas por parte de especialistas y sectores de la sociedad civil.
Política
Congreso: Presentan PL para anular alza salarial de Dina Boluarte
Legisladora Sigrid Bazán impulsó una iniciativa para revertir el polémico aumento de sueldo a favor de la presidenta Dina Boluarte, calificándolo de injustificado y ofensivo. Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa similar.

La polémica por el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte continúa generando reacciones en el ámbito político. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la congresista Sigrid Bazán anunció que ha presentado un proyecto de ley para dejar sin efecto el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, que oficializa el incremento de la remuneración presidencial a S/35,568 mensuales.

Proyecto de Ley impulsado por parlamentaria Sigrid Bazán.
El mencionado decreto, aprobado con el respaldo del Consejo de Ministros, ha sido duramente criticado por su inoportunidad en medio de una coyuntura marcada por dificultades económicas y baja aprobación ciudadana. Frente a ello, Bazán Narro manifestó su indignación y explicó que su iniciativa se sustenta en el derecho de iniciativa legislativa que le otorga la Constitución y el Reglamento del Congreso.
“Acabo de presentar, con las firmas correspondientes, un proyecto de ley que DEROGA el DS que aprueba el DESCARADO aumento (…) Veremos si el Congreso lo tramita y quiénes están dispuestos a aprobarlo”, escribió la legisladora del Bloque Democrático Popular en su red social, cuestionando tanto el fondo como la forma en que se autorizó el incremento.
El proyecto de ley cuenta con el respaldo de otros parlamentarios, entre ellos Carlos Zevallos, Susel Paredes, Ruth Luque y Reymundo Mercado, quienes también consideran que el reajuste presidencial carece de justificación técnica y sensibilidad política.
Por su parte, el congresista Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa para derogar el mismo decreto. Quito argumenta que el aumento vulnera principios clave como el de legalidad presupuestaria y contradice los topes establecidos en la Ley N.º 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
La controversia no solo ha puesto en entredicho la decisión del Ejecutivo, sino que también ha abierto un nuevo frente de debate en el Congreso, donde ahora se espera conocer qué bancadas respaldarán la anulación del cuestionado incremento.
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