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Política

¿Un racista como ministro de Trabajo?

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Martín Ruggiero Garzón, un joven de 32 años que se convirtió en ministro de Trabajo. Un abogado con Master en derecho empresarial pero que tiene nula experiencia en gestión pública, más allá de ostentar sus estudios en la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, la misma de Harry Potter. Su presencia en el nuevo Gabinete despertó duros cuestionamientos que se hicieron públicos, uno de ellos es la reciente denuncia por racismo, presentada por el ciudadano Edison Tito Peralta ante el Ministerio Público.

Se dice que un ministerio de Trabajo tiene el deber de liderar la implementación de políticas y programas de generación y mejora del empleo, así como ayudar en el desarrollo de las micro y pequeñas empresas para fomentar la formación profesional, velar por las normas legales y sobre todo, implementar y mejorar las condiciones básicas laborales, siempre en un contexto de diálogo y concertación entre los actores sociales y el Estado. En ese sentido, el sector ostenta una serie de direcciones generales, como la del Trabajo, de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo, de Promoción del Empleo, y de Políticas de Inspección del Trabajo.

Es decir, toda la estructura organizacional del sector Trabajo, ha estado allí siempre… incólume, lista para llevarlas a la práctica de parte del ministro que esté liderando la cartera de turno. Sin embargo, en términos factuales ¿Cuál es la labor que usualmente hemos visto en los últimos ministros/as de Trabajo?

A pesar que estamos acostumbrados de ver mesas de debates, discusiones, conferencias, y foros donde los especialistas, economistas, incluso laboralistas dando innumerables pautas para solucionar la gran problemática nacional ligada al trabajo; la realidad nacional les da un portazo en las narices, porque desde hace décadas campea el desempleo, los actos de hostilización, los contratos temporales, las services, las tercerizaciones, los CAS, y otras modalidades, que solo han servido para vulnerar mucho más a los trabajadores nacionales, porque el Principio de la Primacía de la Realidad casi nunca es tomado en cuenta para hacer justicia a los trabajadores.

Entonces, si el problema laboral es crónico, ¿A quién se debe designar como ministro de Trabajo?

E ahí el error. Si bien, el gobierno de Martín Vizcarra acaba de renovar su Gabinete liderado esta vez por Pedro Cateriano, suponemos que ante la actual crisis política y económica, el Premier y el Presidente han debido analizar y jugar responsablemente las nuevas fichas y reemplazos que asumirán las Carteras. Pero ya está todo consumado, y ya tenemos nuevos ministros en algunas carteras ministeriales.

Entendemos que ser ministro es un cargo político y de confianza, y por el momento, nadie pretende reformar el artículo 124° de la Constitución que apenas exige ser peruano de nacimiento, y haber cumplido veinticinco años de edad para acceder a ser ministro. Entonces, la ley es clara y no prohíbe que un ministro muy joven realice el ejercicio de sus funciones; más aún, si nos remontamos en el tiempo y tomamos en cuenta las últimas palabras que esbozó Manuel Gonzáles Prada en su discurso en 1888 en el Teatro Politeama: “¡Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas! ¡Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra!” Lo que dijo el pensador peruano es absolutamente razonable, pero hay que tomar en cuenta que esos jóvenes también tienen que estar a la altura de las circunstancias y de la política peruana; justamente, él se refería a jóvenes comprometidos con su país y con su problemática social. Él no se refería a jóvenes que están comprometidos con su ascenso profesional, para que en la vejez se sintieran satisfechos con su autorrealización.

Entre tanto, el Premier Pedro Cateriano insiste en defender a su nuevo ministro, porque afirma que su designación se basó  en un proceso de democratización por su juventud. Y dice además: “Una de las razones por las cuales la democracia peruana se ha debilitado es precisamente porque no hay presencia juvenil. Los jóvenes del Congreso han sido de 50 años. Los jóvenes de los partidos de 60 años. Eso tiene que cambiar. El Perú es un país de jóvenes y necesitamos incorporar a los jóvenes”.

Lo que debe entender el Premier, es que, el Consejo de Ministros no es su chacra y menos una agencia de empleos. Es decir, si quiere ayudar a un millennial en su carrera personal de emprendimiento, que lo haga en su empresa o negocio, pero no puede ser tan desatinado de promover en estos momentos de crisis, a un inexperto en políticas públicas estatales y laborales, mientras que el país se viene cayendo en pedazos por la falta de empleo y reactivación económica.

Así las cosas, este joven ministro ¿Cómo solucionará los problemas de desempleo en el Perú? Tomando en cuenta, que patrocinó los intereses de los grandes grupos empresariales, como AFP Integra en un proceso ante el Tribunal Constitucional en 2017. Eso, sin contar su sociedad con el estudio Payet, Rey, Cauvi, y Pérez Asociados, que fue beneficiado con un crédito de casi 5 millones de soles por el programa Reactiva Perú, y que también asesoró a la cuestionada brasileña Odebrecht, y a la empresa Tamshi SAC que fue investigada por deforestar la Amazonía en Loreto.

El nuevo ministro Martín Ruggiero, ni bien juramentó al cargo, en las redes sociales propalaron unos chats que lo comprometían por tener frases racistas y despectivas contra la gente de Huancayo; sin embargo, aún se tendrá que determinar si esos chats son un fake, y precisamente, el día de ayer, el abogado Edison Tito Peralta lo denunció por discriminación ante la 12° Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima. De confirmarse su responsabilidad, él debería renunciar en el acto.

Precisamente, hoy pudimos conversar con Tito Peralta, y nos confirmó la veracidad de la denuncia electrónica realizada por él y también nos corroboró que de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo General (N° 27444), ha remitido una Petición Administrativa al propio despacho del ministro de Trabajo Martín Ruggiero para que responda por su presunta conducta racista contra mujeres huancaínas y contra las personas andinas en general, y por su presunta omisión de registro de sus títulos profesionales en la SUNEDU.  Dicha petición que de acuerdo a ley, obligadamente tiene que ser contestada al administrado, en 30 días hábiles por el ente administrador, también la envió con copia a otros funcionarios del aparato del Estado, como es: el ministerio de Defensa, ministerio del Interior, ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, y la Secretaría de la Presidencia de la Republica.

El nuevo ministro de Trabajo ¿Realmente trabajará para los trabajadores vulnerados, o seguirá la consigna de la exministra Sylvia Cáceres, al servicio de la Confiep?

Finalmente, el Premier Pedro Cateriano debe dar una explicación al país, para responder ¿Por qué en la hoja de vida institucional de Martín Ruggiero, la PCM borró sus nexos con el Estudio que asesoró a Odebrecht? y también debe responder por aquellas presuntas conductas racistas de parte de su recomendado ministro.

Aquel mutismo mostrado hasta el momento, es una falta de respeto a la colectividad y a la opinión pública, que de acuerdo a ley merecen explicaciones y muestras de transparencia de parte de los servidores del Estado.

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Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.

Política

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evaluará denuncia contra Dina Boluarte el martes 4 de junio

La presidenta del grupo de trabajo Lady Camones aseguró que la denuncia recién ingresó el lunes a Mesa de partes, por lo que tuvo que ser agendada para la sesión de la próxima semana.

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La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Lady Camones informó a los medios que la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, presentada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por el ‘caso Rolex’, será evaluada el próximo martes 4 de junio en la sesión del grupo de trabajo.

La legisladora de Alianza para el Progreso (APP) indicó que la denuncia presentada por el fiscal de la Nación, recién ingresó durante la tarde del lunes 27 de mayo a Mesa de partes, por lo que no pudo ser incluida en la última sesión del grupo de trabajo y por ende tuvo que ser agendada para la sesión de la próxima semana.

«Nosotros ya teníamos una agenda, incluso notificada, así que esta denuncia que ha sido ingresada ayer al Congreso en realidad, a nosotros nos han notificado ayer (lunes) en horas de la tarde y como subcomisión tendremos que dar cuenta en la próxima todavía que será el próximo martes», indicó la titular de la subcomisión.

Asimismo, Camones descartó algún tipo de injerencia de parte del presidente del partido APP, César Acuña, y aseguró que durante el tiempo que lleva como titular del grupo de trabajo siempre han sido objetivos.

«En los dos años que casi voy a cumplir como presidenta de la Subcomisión, nosotros siempre hemos sido objetivos. El tema partidario no ha tenido nada que ver en las decisiones que se han tomado, más aún si en el caso de la presidenta, yo soy solamente un voto de los 24 miembros. Entonces, mi voto no define si una denuncia se aprueba o no, es un voto colegiado de todos los miembros», concluyó.

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Política

El falso discurso del premier Adrianzén: “Hay una persecución sistemática e inconstitucional contra Dina Boluarte”

Con estos comentarios el premier Gustavo Adrianzén pretende pisotear la Carta Magna al no respetar el equilibrio de poderes. A través de su mensaje amenazante lo que busca es blindar al oscuro gobierno de Dina Boluarte.

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En declaraciones a la prensa, luego de presentarse ante la Comisión de Constitución, el premier Gustavo Adrianzén se pronunció de forma aireada tras la presentación de una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por parte del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, en el marco del ‘caso Rolex’. El jefe del Gabinete Ministerial aseguró que el recurso que el Ministerio Público presentó al Congreso “no es más que una muestra de la persecución sistemática en material fiscal” contra la presidenta.

“Esto firma parte de lo que nosotros venimos denunciando hace semanas atrás, la señora presidenta de la República Dina Boluarte está siendo víctima de una persecución que tiene como base la fiscalía de la nación. Es intolerable que, conociendo perfectamente el mandato constitucional, el articulo 117° y habiéndose indicado allí con claridad cuáles son los cuatro únicos supuestos del que puede ser acusad la presidenta de la República en un exceso que mella la potestad de la señora presidenta de la República, que está afectando el ejercicio de sus funciones constitucionales, no solamente se le haya denunciado en primer termino y por un plazo de sesenta días que ya se venció. Plazo en el que por lo menos teniendo en consideración la alta investidura de la presidencia debió archivarse, o en el extremo insólito formular una acusación. Esto es una persecución que denunciamos aquí”, sostuvo enfadado el premier Adrianzén.    

“Eso es intolerable. Eso es una persecución que denunciamos aquí y que confiamos que el primer poder del Estado, el Poder Legislativo, no va a dejar pasar por alto. Confiamos como lo hemos venido diciendo, que solo en mérito del ámbito constitucional, esto merezca un rechazo liminar”, culminó.

Así las cosas, vale mencionar que lo que se ha tornado sistemático de parte del Poder Ejecutivo, es el lamentable proceder de algunos ministros, como los de las carteras de Educación, Morgan Quero; Cultura, Leslie Urteaga; Transportes, Raúl Pérez Reyes; Vivienda, Hania Pérez de Cuellar; y Justicia, Eduardo Arana, que vienen saliendo a los medios de prensa para indicar que no se debe obstaculizar la labor de la presidenta Dina Boluarte, en lugar de preocuparse de mostrar los logros obtenidos en sus portafolios respectivos.

Aquí el video:

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Política

Congresista Ruth Luque denuncia a Dina Boluarte por ausentarse 12 días del cargo tras someterse a presuntas cirugías estéticas

La parlamentaria también denuncia que desde el Despacho Presidencial no le han informado detalladamente de las actividades que la presidenta tuvo entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023. Y únicamente, emitieron un listado de dispositivos normativos y actas emitidas, que no brindan detalles de la agenda presidencial de forma expresa.

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La legisladora de izquierda Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) presentó una nueva denuncia constitucional contra la jefa de Estado, Dina Boluarte, porque se habría ausentado del cargo, e inhibido de cumplir sus funciones presidenciales, desde el 29 de junio hasta el 9 de julio de 2023, luego de someterse a cirugías estéticas.

En el documento de la denuncia, Luque indica que su decisión se debe a que su despacho solicitó inicialmente que le alcancen desde Palacio de Gobierno, detalles de la agenda de la presidenta, en las mencionadas fechas; como la lista de reuniones y actividades, la prescripción médica de descanso, actas de sesiones de Consejo de ministros, entre otras evidencias.

Sin embargo, Luque indica que apenas recibió informes y memorandos, así como sus anexos respectivos, en los que básicamente dan cuenta de un listado de dispositivos normativos y actas emitidas, que en el fondo no brindan detalle de las acciones de la agenda presidencial de forma expresa.

«Existen vacíos en los documentos remitido evidenciando que las denuncias periodísticas cobran objetividad; más aún, porque la información brindada a mi despacho no permite corroborar objetivamente que la presidencia estuvo en ejercicio permanente del cargo», se lee en la denuncia.

«Los documentos seleccionados para su remisión permiten comprender que hay la intención de generar la percepción de una “formal y aparente” continuación de labores de la presidenta Dina Boluarte, pero que no se pueden apoyar con hechos, actividades específicas que den cuenta de un ejercicio efectivo de la presidencia. Por el contrario, existe vacío de información objetiva sobre la agenda presidencial de esos días, evidenciando que la mandataria no cumplió funciones, ni sostuvo actividades públicas ni tuvo reuniones con autoridades o representantes de organismos públicos o sociales», indica Ruth Luque en su acusación.

En esa línea, la legisladora denunciante refiere que la mandataria incurrió en infracción constitucional, al no cumplir los artículos 114° y 115° de la Constitución Política del Perú, así como del artículo 118°, inciso 1, al aparentemente habría hecho un abandono en el cargo.

Lo que sigue, es que el documento sea ingresado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, liderado por la parlamentaria Lady Camones (Alianza para el Progreso), para que sea evaluado, si es admitido a trámite, o lo envían al archivo.

Finalmente, los doce días que la presidenta Dina Boluarte se ausentó del Despacho Presidencial para incumplir con sus funciones, por una intervención de cirugías estéticas al rostro, no le fueron descontados de su remuneración, tal como lo informó la Subsecretaría General del Despacho Presidencial, ante el pedido que hizo la congresista Ruth Luque, la primera semana del mes de mayo.

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Política

Congresista Juan Carlos Lizarzaburu renunció al partido y a bancada de Fuerza Popular

Mientras que el Congreso se tarda demasiado para votar su informe de suspensión de 120 días, aprobado hace cuatro meses en la Comisión de Ética, por agredir verbalmente a su excolega Patricia Juárez, el legislador agradeció a Keiko Fujimori y justificó su alejamiento por motivos personales y de conciencia

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A pocas horas de que el Pleno del Congreso vote sobre su informe de suspensión de 120 días, aprobado en la Comisión de Ética, por agredir verbalmente a su excolega de bancada Patricia Juárez, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu presentó su carta de renuncia al partido de Fuerza Popular y también a la bancada naranja.

“He presentado el día de hoy mi renuncia irrevocable al partido y a la bancada de Fuerza Popular por motivos personales y de conciencia. ¡Agradezco a Keiko Fujimori la oportunidad de poder servir a mi patria y a los PEX (peruanos en el exterior), avanzaremos!”, escribió en su cuenta de X.

Cuenta de X de Juan Carlos Lizarzaburu.

Pasaron cuatro meses desde que el informe de suspensión de 120 días del congresista de Fuerza Popular, Juan Carlos Lizarzaburu, por agredir a Patricia Juárez, fue aprobado en la Comisión de Ética del Congreso, pero este aún no recibido la luz verde en el Pleno para que pueda hacerse efectiva su separación temporal.

Recordemos que el 13 de diciembre último, se produjo la agresión de Lizarzaburu a Juárez. El hecho ocurrió cuando, en medio de una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el fujimorista dejó encendido su micrófono y lanzó una frase agresora machista y sexista que fue difundida a través de los medios de comunicación, y se volvió inmediatamente un escándalo mediático.

Tuvo que pasar un mes y medio para que el informe final de ese bochornoso hecho recién sea votado, el 29 de enero, en la Comisión de Ética. Por su parte, Fuerza Popular solo lo sancionó con seis meses del ejercicio de su militancia.

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Política

Wilfredo Oscorima anuncia que encabezará marcha contra Gobierno de Dina Boluarte

El “wayki” Wilfredo Oscorima, anunció que en caso que el Ejecutivo no le asigne el presupuesto requerido de mil millones de soles para la región Ayacucho, él mismo encabezará una marcha contra del Gobierno de Dina Boluarte.

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El gobernador regional de Ayacucho, el “wayki” Wilfredo Oscorima, anunció que realizará una marcha contra el Gobierno de Dina Boluarte, en caso no le asignen el presupuesto requerido para la región Ayacucho en el 2025.

Así lo proclamó Oscorima, durante su discurso en la ciudad de Puquio, provincia de Lucanas, donde se realizó la primera Audiencia Pública Regional Descentralizada de rendición de cuentas 2024. La noticia de la marcha, causó impresión entre los asistentes, los cuales respondieron con aplausos al momento de las exigencias. Y, asimismo, a los críticos al Gobierno de Dina Boluarte, que prácticamente es muy afín a la posición del Gobernador Regional de Ayacucho, respecto de su wayki Boluarte Zegarra.  

Wifredo Oscorima, durante su participación en la primera Audiencia Pública Regional Descentralizada de rendición de cuentas 2024, realizada en Puquio.

«En el 2025 nuestro presupuesto debe superar los mil millones de soles. De lo contrario yo mismo encabezaré las marchas por el pueblo […] Porque no hay otra forma de poder salir de la situación de pobreza», dijo Oscorima, en la Audiencia Pública Regional Descentralizada, realizada en Puquio.

Durante su discurso, Wilfredo Oscorima señaló que su Gobierno requiere más de mil millones de soles para el 2025. Y en caso no recibir el presupuesto, recurrirá a las marchas de protestas encabezadas por su persona.

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Política

Gobierno de Dina Boluarte gastó medio millón de soles en contratos duplicados

Según la investigación periodística, el Gobierno de Dina Boluarte contrataría funcionarios por montos entre S/16 y S/21 mil soles para labores que ya se realizan en el despacho presidencial y cuyas órdenes de servicio ascendieron a S/589 mil soles por trabajos que bien pudieron hacerlo el personal ya contratado. Sin embargo, desde Palacio, responden que todo fue dentro del marco de la ley.

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Otra denuncia le salpica al Poder Ejecutivo. Esta vez el gobierno de Dina Boluarte, ha sido acusado de gastar cerca de medio millón de soles en contratos duplicados. El dominical Panorama, reveló que el Despacho Presidencial habría contratado a personas que lleven a cabo funciones que ya son realizadas en Palacio. Ello a cambio de cifras que oscilan entre los S/16 y S/ 21 mil soles.

Entre otras las labores, que estarían realizándose por duplicado, están los servicios archivísticos y el control de documentos. En el marco de la misma acusación, a inicios de 2024 se registraron contrataciones en el Ejecutivo que han causado preocupación.

Solo en dicho periodo, tres servidores públicos fueron contratados para realizar labores vinculadas a las contrataciones del Estado por pagos desde S/ 16 mil y S/ 27 mil. Dichos cargos fueron descritos como “servicio en contrataciones públicas”, “servicio en contrataciones del Estado” y “servicio de analista en contrataciones del Estado”.

El Gobierno se defiende

El día de ayer, tras tonar conocimiento del reportaje; el Gobierno de Dina Boluarte se pronunció en la noche de este domingo 26 de mayo.

Mediante un comunicado emitido desde la cuenta de la Presidencia, el Ejecutivo rechazó presuntos actos irregulares en las mencionadas contrataciones y aseguró que los referidos vínculos están bajo la supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE. Asimismo, el vocero de la presidenta, Fredy Hinojosa, defendió a la jefa de Estado y explicó que estos casos obedecen a que los funcionarios de planta no podrían cubrir la necesidad de los servicios mencionados anteriormente.

Comunicado de la Presidencia de la República.

“Los servicios por terceros se realizan dentro del marco de la ley y cumplen estrictamente con lo establecido en los términos de referencia. Estos contratos están bajo supervisión de OSCE, se encuentran debidamente registrados en SEACE y publicados en el Portal de Transparencia de libre acceso para cualquier ciudadano”, se lee en el documento publicado en X.

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Aprobación de gestión presidencial de Dina Boluarte cae al 5 %, según encuesta IEP

Con respecto a temas de corrupción, la percepción entre los ciudadanos tampoco es favorable al actual gobierno. Porque, un 50 % cree que la gestión Dina de Boluarte terminará siendo más corrupta que en gobiernos anteriores. Mientras, que un 42 % indica que será igual de corrupto y apenas un 5 %, cree que será menos corrupto.

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La aprobación de la gestión presidencial de la mandataria Dina Boluarte cayó a su más bajo nivel, comparado a fechas anteriores. Actualmente, de acuerdo a la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) entre el 18 y el 23 de mayo, publicada por el diario La República, indica que un 90 % desaprueba cómo Boluarte Zegarra está conduciendo su gobierno, mientras que solo un 5 % aprueba su desempeño.

La caída de la presidenta se está incrementando, poque hace dos meses, según otro estudio del IEP, la mandataria era desaprobada por 86 % y aprobada por un 8 %. La aprobación de Boluarte Zegarra cae aún más en Lima, donde solo un 4.1 % de los encuestados dijo que aprobaba su gobierno.

Con respecto a temas de corrupción, la percepción entre los ciudadanos tampoco es favorable al actual gobierno. Porque, un 50 % cree que la gestión Dina de Boluarte terminará siendo más corrupta que en gobiernos anteriores. Mientras, que un 42 % indica que será igual de corrupto y apenas un 5 %, cree que será menos corrupto.

El nivel de aprobación del Congreso de la República también se mantiene en muy bajo nivel porcentual. Solo el 6 % de los encuestados, afirmó que lo aprueba, mientras que un 91 % manifestó su desaprobación al Parlamento.

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Jaime Villanueva: “Estoy asumiendo mi responsabilidad y me reafirmo en que todo lo que he manifestado es cierto”

Exasesor de la destituida Patricia Benavides se presentó esta mañana ante el Ministerio Público, donde rindió su manifestación y ratifica que, en todo, dijo la verdad ante la Fiscalía y reconoce que participó de actos bochornosos e ilegales.

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Jaime Villanueva, exasesor de la fiscal destituida Patricia Benavides, se ratifica en que todo lo que ha manifestado ante la Fiscalía sobre este caso es cierto y reconoció haber participado en “actos bochornosos e ilegales”.

Villanueva acudió esta mañana ante el Ministerio Público y rindió su manifestación en torno a la investigación que se sigue contra la destituida fiscal y tras salir de la sede declaró a la prensa, ratificando que todo lo que se conoce sobre este caso debido a sus declaraciones, son verdad.

“Saben que es cierto y no hay ninguna manera de sostener que en alguna parte digo la verdad y en otra no. Ya hay algunas acciones concretas que se han realizado a partir de lo que yo he declarado. Yo estoy relatando hechos en los que yo he participado o de los que yo he sido testigo, ya será el Ministerio Público y el Poder Judicial los que determinarán la responsabilidad de las personas”, indicó.

Villanueva, que en diciembre último recuperó su libertad tras acogerse a la colaboración eficaz, reafirmó que ha contado todo lo que sabe sobre las irregularidades al interior de la Fiscalía y que involucra a su exjefa Benavides Vargas, destituida el último miércoles 22 de mayo por el voto unánime de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), además del fiscal Rafael Vela y el operador Gustavo Gorriti.

Yo estoy diciendo la verdad. Yo estoy asumiendo mi responsabilidad en todos estos actos. Yo no estoy rehuyendo a mi responsabilidad ni me estoy escondiendo detrás de relatos, de mentiras, sino yo estoy afrontando, con lo duro y difícil que pueda ser reconocer actos bochornosos e ilegales en los que he participado, pero estoy dando la cara. Estoy asumiendo esa responsabilidad. Yo me reafirmo en que todo lo que he manifestado es cierto”, aseguró el exasesor y actual colaborador.

En su manifestación ante los fiscales, Jaime Villanueva narró una serie de actos irregulares que se llevaron a cabo dentro de las instalaciones de la Fiscalía cuando él trabajaba allí, donde se involucró a los fiscales Rafael Vela, fiscal superior que era encargado del equipo especial Lava Jato; José Domingo Pérez y al operador Gustavo Gorriti, ello con la finalidad de impedir la salida del expresidente Alan García.

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