A pesar de las diversas y permanentes campañas en contra de la violencia contra la mujer y el feminicidio, el problema persiste y es uno de los más graves en nuestra sociedad actual, junto con la corrupción de funcionarios, la delincuencia y el crimen organizado y la violencia familiar.

En documentos publicados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (https://www.mimp.gob.pe) y el Observatorio contra la Violencia (https://observatorioviolencia.pe) se han expuesto una serie de conceptos fundamentales y principios para comprender que estamos ante un gravísimo problema social de alcances que van hacia el ámbito judicial, penal y criminalístico, especialmente en el caso de los feminicidios.

En este artículo citaré plenamente a documentos emitidos por las instituciones mencionadas, por la claridad y contundencia de sus exposiciones.

Se entiende por violencia contra la mujer “Cualquier acción o conducta que, basada en su condición de género, cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Además, “Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual”.

Además se incluye la violencia tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Asimismo la “que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra”.

La violencia hacia las mujeres, independiente del espacio en que se produzca, tiene graves efectos a nivel individual y social. En el primer caso, ocasiona serios daños físicos y psicológicos, que incluso pueden acabar con la vida de las mujeres. Las sobrevivientes suelen padecer a lo largo de toda su vida trastornos emocionales, problemas de salud mental e incluso limitaciones para disfrutar de una vida sexual sana y satisfactoria.

En el caso de las mujeres víctimas de abuso sexual, corren mayor riesgo de infectarse con el VIH. En el ámbito social, la violencia contra las mujeres impacta negativamente en las posibilidades de desarrollo de una comunidad y constituye un obstáculo para salir de la pobreza, ya que disminuye capacidades, genera gastos debido a la atención que se demanda en salud, seguridad y tutela judicial; y ocasiona pérdidas en el PBI nacional por las inasistencias laborales y la baja productividad de sus víctimas, quienes mayoritariamente se ubican en el segmento etario que corresponde a la población económicamente activa.

En general, la violencia contra las mujeres termina quebrando a las familias como espacio de protección y descapitalizando a la sociedad en su conjunto. En el caso de las mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas, se pueden identificar mayores factores de riesgo, de indefensión o de bajo acceso a la cobertura estatal de servicios, por lo que hay necesidad de una doble especificidad de derechos. Si bien es cierto, hoy las mujeres indígenas y afrodescendientes reivindican su derecho a la diferencia cultural, también demandan el derecho a cambiar aquellas tradiciones que las oprimen o excluyen. (https://tinyurl.com/bdfczprp)

En el informe presentado ante la Asamblea General en el 2011 por la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas, se señaló que “En todo el mundo la violencia contra la mujer es un fenómeno persistente, generalizado e inaceptable (…). Ya sea en épocas de conflicto o posteriores a este o de presunta paz, las diversas formas y manifestaciones de la violencia contra la mujer son simultáneamente causas y consecuencias de discriminación, desigualdad y opresión” (Manjoo, 2011).

Existen distintas expresiones de la violencia hacia las mujeres. Entre ellas se encuentran las siguientes:

1. Violencia física y psicológica contra la mujer en la relación de pareja

La violencia física es “la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación” (artículo 8 Ley 30364, inciso a). Este tipo de violencia es la más denunciada, precisamente por ser la más visible.

La violencia psicológica, que por lo general acompaña a las otras formas de violencia y que también tiene como base la desigualdad de género, es definida en la Ley N.º 30364 como “la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo” (artículo 8 Ley 30364, inciso b).

Incluye varias formas de afectación tales como amenazas, insultos relacionados con el aspecto físico de la persona, con su inteligencia, con sus capacidades como trabajadora, con su calidad como madre, esposa o ama de casa; humillaciones de todo tipo, desprecio, desvalorización de su trabajo o de sus opiniones.

Incluye, además, el afán insistente de saber a dónde van las mujeres, los celos, así como la acusación de infidelidad, la prohibición a la mujer de trabajar fuera de su casa, de estudiar, de maquillarse y arreglarse (Red de Defensorías de Mujeres, 2010), el impedimento de visitar o de que la visiten sus amistades, la amenaza de abandono o de privarla de sus hijos, la indiferencia o el silencio y en general todas aquellas acciones que provocan sentimientos de miedo o culpa en la víctima y que incrementan el nivel de control y de dominación que ejerce sobre ella el agresor, reforzando el patrón de género existente (machismo). Este tipo de violencia causa un grave impacto en la autoestima y el proyecto de vida de las mujeres, menoscaba sus aspiraciones y su afirmación como ser humano (MIMDES, 2009).

2. Feminicidio

El feminicidio se define como el asesinato de las mujeres perpetrado por los hombres por el solo hecho de ser mujeres y que tiene como base la discriminación de género. En realidad, debe ser visto como el último capítulo en la vida de muchas mujeres, marcada por un “continuum de violencia y terror” (Defensoría del Pueblo, 2010). Es producto del fracaso de los intentos de someter y controlar a las mujeres. Expresa la necesidad de eliminar, en forma definitiva, la capacidad de las mujeres de convertirse en sujetos autónomos. A menudo, los medios presentan el asesinato de mujeres como “crímenes pasionales”, lo cual desvirtúa su carácter y contribuye a reforzar los estereotipos que ubican a las mujeres en una posición de subordinación y desvalorización frente a los varones.

El feminicidio es la más grave manifestación de la violencia basada en género y es un fenómeno bastante extendido, que va aumentando sistemáticamente en el país y en la región. Siete países de América Latina lo han tipificado como delito, lo cual tiene ventajas, ya que facilita que en la investigación y en el proceso judicial se consideren factores y variables distintos a los que se toman en cuenta cuando se aborda un homicidio y que responden a la especificidad de este delito. Asimismo, hace posible que se visibilice el trasfondo de género que hay detrás de estos delitos y que se identifique a las mujeres como sujetas de protección, entre otras ventajas.

3. Violencia sexual

La violencia sexual sigue siendo una de las modalidades menos denunciadas y con más problemas de acceso a la justicia. Puede darse tanto en el espacio privado como en el público, en tiempos de paz o de conflicto armado y más aún puede constituirse en delito de lesa humanidad cuando es perpetrado de forma sistemática contra las mujeres de una nación o grupo étnico, como forma de humillar a los varones vencidos y dar una prueba de hegemonía (Defensoría del Pueblo, 2011). Por sus características, la violencia sexual se constituye en un verdadero indicador de las desigualdades de género en todos los ámbitos de la vida social, que limitan el ejercicio de derechos de las mujeres.

La violencia sexual abarca una gran diversidad de situaciones contra la integridad sexual de la persona, que tienen como base la desigualdad de género, y en la cual intervienen además otros determinantes. En la Ley 30364, se señala que la violencia sexual se refiere a “acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno”.

Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación (artículo 8, inciso c).

Como es recogido en la Ley aprobada, y de acuerdo con la jurisprudencia internacional y en concordancia con las reglas de procedimiento provenientes de la Corte Penal Internacional, no es preciso que haya penetración para que se configure un caso de violencia sexual. Basta con que haya abuso de naturaleza sexual que afecte la integridad moral y física de una persona y su dignidad, ejercido a través de coerción, amenaza o intimidación.

4. Violencia en el trabajo

El problema de fondo de la violencia en el trabajo remite a la persistencia de una división sexual del trabajo tradicional marcada por consideraciones de género y que asigna mayor valoración y reconocimiento al trabajo que realizan los varones en el mundo social y no reconoce y valora adecuadamente el trabajo no remunerado que han desempeñado las mujeres de todas las edades en el hogar a lo largo de la historia. Este trabajo de las mujeres ha sido y es un trabajo dedicado al cuidado de los suyos, trabajo sin el cual ninguna persona podría estar en posición de participar en la vida social.

Al entrar las mujeres al mercado laboral, lo hacen con la marca de esta división sexual del trabajo. Por eso, pese a que su participación sigue aumentando, es una participación en desventaja, pues la mayoría de ellas ocupan los puestos más precarios y con menor reconocimiento social, y las más bajas remuneraciones del mercado, sin acceder a los beneficios del sistema de seguridad y protección social existente, que también responden a dicha división del trabajo y manteniendo la responsabilidad del trabajo de cuidado en el hogar.

Esta desigualdad de género se manifiesta también a través de formas más violentas en el ambiente laboral, que son vivo reflejo de las relaciones de poder asimétricas existentes entre hombres y mujeres: “La violencia de género en el trabajo es un hecho cotidiano que se expresa en las relaciones laborales y en las relaciones entre los sexos en el ambiente laboral, pero que no es suficientemente reconocido como transgresión, con fuerte tendencia a la banalización o normalización de los hechos; y, sus consecuencias en la integridad física y psicológica de la víctima, no son atribuidos a la causa generadora” (Acevedo et al., 2009, p.165).

Una de las modalidades más visibles en que se presenta esta violencia basada en género en el trabajo es el hostigamiento sexual, que refleja este patrón de dominación de género que se dirige de manera particular en contra de las mujeres.

El Reglamento de la Ley N.º 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, define el hostigamiento como una conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos de connotación sexual, no deseados o rechazados por la persona contra la cual se dirige y que afectan su dignidad. No es casual que la gran mayoría de víctimas sean mujeres y los perpetradores sean varones, pues es una expresión más de la dominación y sometimiento que proviene del sistema de género imperante.

5. Acoso sexual en espacios públicos

Esta modalidad de violencia, “ocurre cuando uno o más hombres extraños acosan a una o más mujeres… en un lugar público que no es el lugar de trabajo de la mujer. A través de miradas, palabras o gestos, el hombre afirma su derecho a entrometerse en la atención de la mujer, definiéndola como un objeto sexual y obligándola a interactuar con él” (Di Leonardo, 1981).

De acuerdo con lo establecido en el Artículo N.º 4 de la Ley N.º 30314, Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, “El acoso sexual en espacios públicos es la conducta física o verbal de naturaleza o connotación sexual realizada por una o más personas en contra de otra u otras, quienes no desean o rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, la integridad y el libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos”.

Comprende una amplia gama de prácticas tales como actos de naturaleza sexual, verbal o gestual; comentarios e insinuaciones de carácter sexual; gestos obscenos que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos; tocamientos indebidos, roces corporales, frotamientos contra el cuerpo o masturbación en el transporte o lugares públicos y exhibicionismo o mostrar los genitales en el transporte o lugares públicos.

Es un problema no visible e incluso “naturalizado”, por tanto, no se tienen cifras para evidenciar la dimensión que tiene en la actualidad. El Instituto de Sondeo de la PUCP en conjunto con el “Observatorio Virtual de Paremos el Acoso Callejero” exploró este fenómeno mediante la aplicación de una encuesta en la cual se evidenció que el 38.3% por ciento de mujeres manifestó haber recibido silbidos en la calle en los últimos seis meses, 23% gestos vulgares y el 15% roces incómodos en el transporte público y/o espacios congestionados, entre otras manifestaciones.

Se trata de una práctica perniciosa que no ha recibido la debida atención y que busca ratificar la masculinidad y el dominio de los hombres del espacio público, dentro del cual se considera al cuerpo de la mujer, y que daña la autoestima de las mujeres, restringe su movilidad geográfica y sabotea el intento de controlar sus propias vidas públicas.

6. Trata de personas

La trata de mujeres y de niñas, niños y adolescentes debe ser reconocida como la esclavitud del siglo XXI, dado que implica pérdida de la libertad, de la dignidad y de la identidad de la persona afectada, que estando en esa situación, ve imposibilitado el ejercicio de sus derechos más fundamentales y queda sometida a trabajo forzado o al servicio de otros en condiciones infrahumanas y bajo amenaza de su integridad y de su vida.

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que

complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocido como Protocolo de Palermo, define la trata de personas de la siguiente manera:

Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. (Fuente: https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgcvg/mimp-marco-conceptual-violencia-basada-en-genero.pdf)

Por Tino Santander Joo

En Ecuador, “La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador” CONAIE, lideradas por Leónidas Iza Salazar, han paralizado el país, exigiendo el congelamiento del precio de la gasolina; de los préstamos bancarios y de los intereses usureros para todos los ciudadanos; también demandan educación bilingüe, además de paralizar la actividad minera y petrolera contaminante. Estos son los puntos más importantes de la plataforma del movimiento social ecuatoriano.

El presidente Guillermo Lasso, es un reconocido banquero ecuatoriano que ganó las elecciones, por la incompetencia de la izquierda que no supo ganar la confianza de las clases medias; sin embargo, este presidente de derechas,  le envía una carta al líder indígena el 18 de junio pasado en el que le explica:  que los combustibles están congelados y que esa no es la causa de la inflación, sino que factores externos promueven el alza de precios; además se compromete a nombrar una comisión que revise el abuso de los bancos con los ciudadanos; también señala: “que el gobierno va a redoblar esfuerzo en el control ambiental de las empresas extractivas de recursos naturales”. Lo importante de la misiva presidencial es que reconoce el liderazgo del movimiento social y el desencanto con las políticas neoliberales que su gobierno implementa y busca una solución política a la crisis ecuatoriana.

En Colombia, ganó la izquierda que se enfrentaba a la misma oligarquía de siempre; millones de colombianos cansados de la desigualdad extrema, de la falta de derechos laborales, de la violencia de la marginación social votaron masivamente por Petro, como lo señalan diversos analistas económicos y políticos de Latinoamérica y Europa.

La izquierda ganó, porque supo conectarse emocionalmente con el descontento popular. Petro, es una esperanza para millones de colombianos y un demonio para la oligarquía que ve el fantasma de Chávez, sin embargo, el presidente electo, ha dicho que: “Colombia vive en la premodernidad y que el verdadero capitalismo va a llegar con él “. La tarea es inmensa y tenemos la esperanza de ver un gran gobierno popular que ayude no solo a Colombia, sino a Latinoamérica.

En el Perú, votamos por Pedro Castillo Terrones, el humilde profesor de Chota, que simbolizaba al vengador de los abusos de los bancos, las AFPs, de las grandes empresas que no pagan impuestos y judicializan sus deudas; de las mineras prepotentes, del Estado corrupto; millones de peruanos estaban ilusionados con la renegociación del contrato de Camisea para tener gas doméstico barato. Todos creíamos que asistíamos a un gran cambio, al principio confuso, pero que iríamos en esa dirección.

Nada ha cambiado en el Perú, los bancos siguen gobernando y con este gobierno tienen más poder, porque controlan el ejecutivo a través del MEF, el BCR, la SBS; el parlamento es una mesa de partes de sus intereses, los congresistas actúan como solícitos mayordomos de los banqueros y los grupos de poder económico. Los banqueros han impuesto un silencio cómplice de sus corruptelas en los medios de comunicación limeño. El Estado, se ha convertido en un botín de pájaros fruteros; los ciudadanos ven con desprecio a la clase política y el movimiento popular es indiferente a la crisis, porque, momentáneamente está buscando como sobrevivir.

A pesar de la indiferencia, por la crisis económica y social miles de dirigentes sociales que luchan por el agua, el desagüe y, la electrificación; los colectivos enfrentados a los bancos y los monopolios; los agricultores abandonados y, los jóvenes de diversas asociaciones; los pequeños empresarios de todo el país están organizando el “Movimiento Democrático Popular” integrando sus demandas y sobre todo preparando una movilización social que estremezca el Perú y nos lleve a nuevos destinos. Nada esta dicho, vienen tiempos de lucha sin tregua ni pactos con los mismos de siempre.

El mes pasado una entrañable amiga me solicitó estrepitosamente una exégesis sobre «¡Contra la doblegación del contingente gay!» que lograse asimilar. Considerando la propagación del discurso y un adecuado establecimiento en la psiquis de la población, actuar socioculturalmente en nuestro particular imaginario social se hace necesidad. Bajo estas características es que la estruendosa ofensiva mediática «parejas imaginarias» ha generado resultados. El lobby homosexual regenta percepciones a su favor.

En el 2005 esta campaña no habría sido autorizada pues durante este año INDECOPI dictaminó que no era ilícito discriminar a parejas homosexuales en locales abiertos al público si había menores de edad. Se consideraba que podía afectar psicológicamente a los menores. Sin embargo, para este año el mismo INDECOPI revirtió sus precedentes y sancionó la discriminación a gais en situaciones similares. De hecho, en Gran Bretaña hasta hace una década estaba prohibido realizar propaganda homosexual en escuelas, en televisión en horario de protección al menor o cerca de colegios. Hoy en día consiguieron aprobar el matrimonio gay con el respaldo del primer ministro conservador, cuando su propio partido había promovido dicha ley veinticinco años antes (este año han pasado una ley similar en Rusia, dándole la contra al lobby homosexual internacional). El lobby homosexual toma prestados sus paradigmas de las sociedades culturalmente más «avanzadas» (USA y Europa).

La concepción común para «enajenación» suele asociar «locura» y «agresividad» sin considerar el riguroso planteamiento que pueda relacionar eficazmente la privación del juicio con fenómenos producidos por instrumentos de la telecomunicación. Debemos diferenciar rigurosamente entre consecuencias ocasionadas en situaciones de alienación o enajenación. La comprensión de un psicosocial no puede remitirse a los idearios que se implantan en el imaginario social. En el comportamiento intersubjetivo influyen lesiones psíquicas que en interpretaciones próximas son efectos telecomunicacionales. Una condición enajenante no corresponde al carácter que desarrolla naturalmente una persona, es la actuación por causa de doblegación. En el imaginario podemos descubrir impregnado el discurso de aceptación de alteridad homosexual. Las «parejas imaginarias» no solo pueden concebirse comprendidas por idearios que se adoptan a causa de una apremiante aceptación que, en ciertas ocasiones y remitiéndonos a sus inicios, se ha desarrollado por métodos alienantes y enajenantes como «escuchar voces»: doblegar la conciencia de un individuo por medio de acciones telecomunicacionales. La realidad puede ser manipulada por medio de acciones comunicativas como telecomunicativas, siendo este complemento la generación del psicosocial que manifiesta nuestra sociedad.

La búsqueda del establecimiento de las «parejas imaginarias» data de dos décadas atrás. Existían impresiones con el mismo discurso, es más con la descripción que aparece en la celebrada página de Facebook. Aún no se han considerado los efectos telecomunicacionales sobre el cuerpo humano en relación al establecimiento de un ideario y en consecuencia su influencia y asimilación en generaciones venideras. Es decir, se puede generar un discurso a través de fenómenos como el de «escuchar voces» y sensaciones exuberantes en nuestro organismo. El carácter imaginario de las parejas con que se sustenta el derecho a la unión entre dos personas del mismo sexo, pervierte la concepción prístina que promueven las «parejas reales». La causa homosexual en su riguroso establecimiento puede alterar la conciencia individual, familiar y en consecuencia social sin remordimiento alguno. La alteridad que sustenta su tesis ha prostituido el engendramiento del término como en demás planteamientos vitales para el desarrollo humanístico.

Ante la incertidumbre de la coexistencia de la humanidad contemporánea, nos encontramos sometidos y dominados en una vorágine de lucha de poderes económicos más oscuros y abominables, que manejan y manipulan las conciencias de las sociedades globales. Nuestro país no es ajeno, todo esto ocurre ante un Estado sin liderazgo ni horizonte.

Es así, que la provincia de Chepén, conocido como la perla del norte. Expresión de reflejo de una gran ciudad cultural. Hoy en día, irónicamente, sus calles, jirones y avenidas, nos muestran la explosiva hecatombe de la ingobernabilidad e incapacidad de la alcaldesa, María del Carmen Cubas Cáceres, que se aferra a sus limitaciones de iniquidad de liderazgo. Tal es así, que las sequías y abandono de sus parques, que en algún momento enarbolaban progreso y el desarrollo de prosperidad, son testigos de la suciedad y pestilencia de presuntos actos de corrupción.

Sus habitantes se encuentran rodeados de vastas tierras de arrozales que enaltece a su gente, pero que la ciudad pareciera que se encontraría adormitada y sosegada por una anticultura de perdición como fue la etapa del oscurantismo del siglo V y VI, donde no hubo el impulso y desarrollo del conocimiento cultural, científico y tecnológico.

A la burgomaestre Cubas Cáceres, no le interesa y no debe justificarse en prerrogativas baratas de no poder y no querer gestionar políticas culturales que generen cambio de reflexión y bienestar de auge de mentalidad, que tanto necesita la nueva generación de jóvenes chepenanos. Como una de las principales provincias, de la región de la Libertad. El caos, la bulla, el desorden y la basura afloran al pie de sus faldas de su imponente cerro. Son sus mercaderes abandonados a la intemperie, que sobreviven y sostienen parte de la economía interna de la ciudad, no tienen un epicentro moderno de comercio, no hay un reordenamiento urbano acorde con la trascendencia de la modernidad de una provincia.

Ante tanta indiferencia de una gestión municipal inmoral y paupérrima, cobijan en sus espacios una decadencia de personal, de regidores y de gerentes profesionales, no capaces frente a las responsabilidades del palacio municipal. Mis coterráneos, de a pie, paisanos míos, gente inteligente, que luchan día a día por sobrevivir, son un ejemplo de esfuerzo y de sobrevivencia. Se encuentran impotentes por el hoyo de la trasgresión de un grupete de advenedizos regidores y gerentes, que embriagados por un minúsculo poder efímero, transan y pululan en medio de los pasillos más oscuros y horrendos del palacio municipal. Promoviendo con sus vasallos en marquetear una buena publicidad de gestión, con el proyecto de seguridad ciudadana del distrito de Chepén, presupuesto manejado por el Ministerio del Interior de 7 millones de soles, dejado por la anterior gestión de Nelson Kcomt.

Como testigo sublime en lo más alto de la vía crucis del cerro de Chepén, alumbra una luz de esperanza, frente al horizonte de los millenneals y centennials. Son ellos, los futuros lideres humanistas que necesitamos preparar, con principios, desde el conocimiento reflexivo, con un espíritu de análisis crítico y constructivo de honestidad e integridad, elevando sus capacidades de construir un nuevo porvenir de nuestra provincia en todos los aspectos socioculturales y políticos. No dejándose manipular  por el dinero de los poderes facticos inhumanos, más bien permitiendo el bienestar del auge y progreso de los pueblos peruanos.

Por Tino Santander Joo

Los diez millones de peruanos que no tienen agua ni desagüe, los agricultores que claman por fertilizante para evitar la hambruna, los ocho millones de familias amenazadas por el monopolio de los bancos con juicios coactivos para quitarles sus casas; los pequeños comerciantes, los empresarios; la gente más humilde estaba ilusionada con el mundial, porque, mas que un logro deportivo anhelamos   reconocimiento social.

La selección nos da reconocimiento, eleva nuestra autoestima, nos sentimos orgullosos que un equipo limitado como el peruano compita con las mejores selecciones sudamericanas. El fútbol, es el símbolo del esfuerzo y la voluntad de ganar. En esta historia Ricardo Gareca, es un mesías, no miente, es serio, prudente, y siempre está trabajando a pesar de las adversidades.

La prensa deportiva internacional destaca los logros de seleccionado que a pesar de su irregularidad tenía una idea, una intención de competir con profesionalismo. La selección peruana no tiene estrellas rutilantes que destaquen en las ligas europeas, son simples obreros esforzados que han destacado en una liga de futbol de inválidos, corruptos y, mediocres como la peruana.

Los torneos locales se definen en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), incluso el descenso se disputa en comisiones corruptas de eternos dirigentes asociados a otros grupos de poder del fútbol sudamericano. Los equipos peruanos son humillados en los torneos internacionales con la excepción del Cienciano del Cusco, campeón sudamericano, pero más allá de esa hazaña deportiva de ganarle a River Plate y Boca Junior, no tenemos ningún merito futbolístico en Sudamérica.

Estamos fuera del mundial. Nos ganó un equipo de futbol rudimentario, no fueron errores tácticos del entrenador, fue el peso de la invalidez del futbol peruano que carga en sus espaldas la falta de espíritu, de hacer las cosas bien, de concentrarse por encima del voluntarismo ramplón. La imprecisión, la apatía, el chocolate callejero, la pendejada como ética deportiva no sirvió frente a la voluntad de ganar de los australianos.

Ojalá, Juan Carlos Oblitas, logre retener a Gareca, pero, no solo para escoger nuevos jóvenes, sino para transformar nuestra liga en una competitiva, para eso se necesita la acción del Estado. Gareca, lo ha dicho en muchas conferencias de prensa. Lo que sucede es que nos gusta más el escándalo que la verdad. Ahora, a los peruanos nos toca ver el mundial por TV y alentar a Argentina, Brasil, Ecuador y, Uruguay. Yo, voy a ¡Argentina campeón!

Durante más de una década hemos sido testigos de la destrucción del patrimonio cultural en la ciudad del Cusco, funcionarios y empresarios se coludieron para perpetrar la devastación de nuestro patrimonio arqueológico. Esto ha sido responsabilidad de exfuncionarios y gestiones anteriores que fueron cómplices. Solo basta con revisar el caso del hotel Sheraton en la calle Saphi para comprobar el nivel de corrupción que existió en gobiernos anteriores.

Luego de la renuncia de la señora Magda Mateos, quien venía siendo cuestionada por su precaria gestión, el ministro Alejandro Salas designó a Mildred Fernández como la nueva Directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Una acertada designación que genera confianza y que ayuda a creer que en la ciudad imperial de ahora en adelante se hará respetar la riqueza de nuestro patrimonio cultural.

Mildred Fernández Palomino, asume oficialmente el cargo hoy viernes 10 de junio. El lunes 13 de junio, sostendrá una reunión con los servidores de la institución cultural para informar sobre los lineamientos de su política de gestión.

Uno de los errores del actual gobierno parece haber sido superado, ya que anteriormente se nombraba a gente que no tenían el debido perfil para el cargo, en ese sentido podemos decir que Mildred Fernandez obtuvo el grado de Licenciada en Arqueología en la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco, asimismo obtuvo el grado de Máster en la Universidad de Vigo, en España.

Es discípula de los Doctores Karen Mohr de Chávez y Sergio J. Chávez Farfán, quienes la formaron en los cuatro campos: arqueología, etnografía, lingüística y antropología física, dentro de la escuela ecléctica inductiva. Además, es miembro cofundador y organizadora permanente del Simposio Internacional Dr. Manuel Chávez Ballón, y exdirectora del Museo Regional e Instituto de Arqueología y Antropología Dr. Manuel Chávez Ballón.

Desde hace años viene desarrollado investigaciones en los Andes Centrales, publicando importantes artículos y libros de investigación etnográfica y arqueológica, especialmente referentes a la tecnología de producción de la alfarería prehispánica, participando como expositora en eventos académicos a nivel nacional e internacional. Además, cuenta con una nutrida bibliografía, donde destacan los libros “Sicuani y el sur andino”, “La casa del Patrón San Sebastián” y “Qhenchapata”.

Esperemos que desde ahora también se generen cambios en las diferentes Direcciones Desconcentradas de Cultura a nivel nacional. No puede ser posible que luego de celebrar 200 años de independencia, en algunas regiones se continúe permitiendo la destrucción de nuestro patrimonio cultural y se le siga dando la espalda a nuestros artistas.

El ministro Alejandro Salas debe entender que si se quiere hablar de una industria cultural en el Perú, primero se tiene que seguir convocando a personas honestas para desarrollar un verdadero cambio, y así generar de manera horizontal políticas para la cultura que tanta falta hacen en nuestro país.

(Columna publicada en el diario La Razón)

El pasado 8 de marzo, la bancada de oposición del Congreso de la República presentó una moción de vacancia contra José Pedro Castillo Terrones. Esta moción de vacancia o destitución presidencial fue iniciativa del congresista de la organización política Renovación Popular, Jorge Montoya, quien consiguió que su acción política tuviera 50 firmas para poder presentarla.

A diferencia de la primera moción de vacancia promovida por la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, este pedido de destitución presidencial alcanzó la votación necesaria para ser debatida y llamar al Presidente al pleno del Congreso a responder las preguntas el 28 de marzo.

El documento de la moción de vacancia o destitución presidencial planteaba veinte razones por las que Pedro Castillo debería dejar de ser Presidente. Podemos recordar que esta moción se planteó luego de que la empresaria Karelim López declarara ante la fiscalía, en calidad de colaborada eficaz, que participó en diversos delitos junto al Presidente.

Debemos señalar que en el artículo “La política subversiva de Perú Libre” (https://tinyurl.com/2p8e45e2) escribo sobre la política: “El pleno del Congreso de la República rechazó, por mayoría, la admisión a debate de la censura contra la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva Prieto, y la tercera vicepresidenta, Lady Mercedes Camones Soriano, por la reunión que se sostuvo con un grupo de la oposición política al Gobierno de José Pedro Castillo Terrones, en la cual se buscaba la fórmula para la vacancia o destitución del cargo presidencial”.

En el corto gobierno izquierdista de Pedro Castillo se presentó la solicitud para que funcionarios de la Organización de los Estados Americanos (OEA) acudan al debate de la pasada moción de vacancia en el pleno del Congreso creando diversas acciones entre los representantes de la bancada de oposición.

Además, debemos señalar que el parlamento de la organización gobernante Perú Libre y Juntos por el Perú, esta última organización del gobierno, se ha manifestado en contra de la moción de vacancia o destitución presidencial.

En el artículo “La corrupción del funcionario y su conducta en el Perú” (https://tinyurl.com/5ha2dtu8) escribo sobre la política de las izquierdas: “El presidente izquierdista Pedro Castillo mantuvo una reunión el 28 de diciembre con la lideresa de la organización Nuevo Perú, Verónika Mendoza Frisch, quien planteó instalar un Gabinete Social, a fin de que el gobierno ‘del pueblo’ rinda cuenta y mantenga una entrevista permanente con diversas organizaciones sociales”.

Más recientemente, la analista política Macarena Costa Checa señaló que mientras la coalición de Gobierno en el Congreso de la República, representada por las organizaciones: Perú Libre, Juntos por el Perú y Perú Democrático, se sostenga, garantiza al Presidente salir librado de una virtual moción de vacancia.

“Vemos cómo poco a poco el Gobierno pierde legitimidad, pierde apoyo popular y eventualmente, personalmente, no va a ser sostenible, independientemente de si el Congreso opta por vacarlo o no”, manifiesta.

Durante esta semana el congresista Alejandro Muñante de la organización Renovación Popular, no descartó la posibilidad de presentar una moción de vacancia contra José Pedro Castillo Terrones, si aparecen nuevas pruebas que vinculan al Presidente con los presuntos delitos que investiga la Fiscalía de la Nación.

“Nosotros siempre hemos cuestionado la labor del Ejecutivo. No sé si de manera lamentable, o de manera positiva, el tiempo siempre nos ha dado la razón y ahora que se siguen revelando muchos más casos revela que en su momento la vacancia presidencial tuvo su razón de ser y la excusa siempre fue falta de pruebas. Ahora que la Fiscalía ha iniciado su labor, lo que no se puede entender como una persecución política, todos tenemos que estar atentos a estas investigaciones”, sostuvo.

Entretanto, el congresista de la organización Renovación Popular, Jorge Montoya, quien presentó la pasada moción de vacancia presidencial, consideró que corto el gobierno del Presidente, estaría cercano a su fin, debido a los audios revelados entre el empresario Zamir Villaverde y el exministro Juan Silva. El funcionario también sostuvo que su organización política no firmará la moción de censura contra el premier Aníbal Torres, por inadecuada.

El funcionario público Jorge Montoya también menciona que el tema fundamental es la moción de vacancia o destitución presidencial, porque tiene “todo el esquema de corrupción ya armado”, pero falta determinar la “incapacidad moral permanente del presidente”. Además, cuando se consultó al legislador sobre el tiempo que le resta al Presidente, aseguró que su vacancia presidencial se podría dar “este mes”.

“Yo creo que sí, al ritmo que van los audios que van saliendo, yo creo que en algún momento va a terminar descubriéndose finalmente. (…) Me da la impresión que podríamos llegar a esa situación (la vacancia) si es que los audios que han anunciado que van a salir tienen ese componente que nos falta”, declaró el funcionario.

Pensando en este acontecimiento, el funcionario Jorge Montoya aseveró que el Poder Legislativo ya se estaría preparando para la salida del Presidente y manifiesta que “habría que hacer una nueva directiva del Congreso para que soporte esa transición que se va a dar de todas maneras”.

Debemos recordar que el congresal de la organización gobernante Edgar Tello Montes (https://tinyurl.com/2p98r8cf) declaraba que se debe “respetar la democracia, el voto ciudadano de todos los peruanos que han dado como ganador a un maestro”.

Luchemos y combatamos la corrupción subversiva en el Perú.

El expremier Guido Bellido cuestionó el proyecto de ley N°679/2021-PE de la masificación del gas, con el que se pretende incrementar las tarifas de electricidad. “Los proyectos de masificación de gas tienen que favorecer a la población usuaria. Si esto va a ser favorable a la población usuaria, perfecto, pero si hay algunos gastos que realmente no se justifiquen eso sería un punto a debatir y si se tiene que corregir, se tendrá que corregir. El problema es eso, el Estado invierte en sistemas de transporte y sistemas de distribución, y cuando se entrega la operación de estas a las empresas transnacionales, ellas no asumen ningún costo, al final de cuenta el Estado lo termina asumiendo, y decir que el Estado asume es un poco abstracto, porque específicamente terminan asumiéndolo los usuarios”, señaló Bellido Ugarte.

Si bien en el dictamen del proyecto se menciona que el dinero para la masificación del gas saldrá de los recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), también en el propio dictamen se señala que “El recargo se aplica a todos los clientes de las empresas que realizan el servicio de transporte de gas natural por ductos”. Es decir, el recargo termina siendo para las empresas eléctricas, y las empresas eléctricas lo que harán es subir la tarifa de electricidad para pagar ese recargo. Curiosamente con este proyecto de ley las empresas beneficiadas serían Cálidda, TGP y Pluspetrol, empresas extrajeras que están intentando acelerar la masificación del gas natural a nivel nacional.

Por su parte, el ingeniero Luis Espinoza, exviceministro de Energía, quien es experto en regulación energética, comentó en una entrevista con Lima Gris, sobre el trabajo que viene haciendo la Comisión de Energía del Congreso sobre el tema de la masificación del gas. “Creo que ahí se tienen que focalizarse en lo importante, que es la masificación del gas. Porque la ley lo que ha querido hacer es la de ‘Robin Hood’, cargándole un impuesto a Lima para beneficiar a otros, porque el beneficio al cliente no existe, lo único que hay es darle un beneficio a la empresa que quiere hacer más negocio con otros clientes”.

Además, agregó: “El gran drama que hay acá es que el ministerio de Energía no se ha encargado de uniformizar los precios. Lo que se ha buscado es que cada concesión sea autosostenible, se pague a ellos mismos; por ejemplo, en Lima se sabe que es más barato porque tiene mucha densidad de clientes, pero el resto de ciudades tienen unas tarifas caras. Lo más sano sería subsidiar la inversión porque en las zonas más pobres es imposible que se paguen esas tarifas; pero lo que acá están pretendiendo es hacer un subsidio al precio de Lima para que la gente de provincias no pague los costos elevados”.

Hace unos días, el proyecto de ley N°679/2021-PE fue cuestionado por lo que esconde en el fondo —beneficiar a empresas extranjeras—, y ante las críticas retornó a la Comisión de Energía desde donde se pretendió llevarlo al pleno.  Cuidado con la trampa. Lo vamos a repetir siempre, un proyecto de ley debe beneficiar a la población y no a un grupo de empresas extranjeras.

(Columna publicada en el diario La Razón)