Hoy la Comisión de Ética del Congreso de la República, presidida por Alex Paredes en su sesión verá las denuncias correspondientes a los legisladores Darwin Espinoza Vargas y Kira Alcarraz Agüero, quienes están involucrados en un presunto intercambio de favores, por haber utilizado sus influencias para contratar a personas cercanas a ambos con recursos públicos. El grupo de trabajo, que sesionará este lunes 4 de noviembre a las 5:00 p.m. discutirá esta denuncia que se encuentra contenida en el Expediente N.º 174-2023-2024/CEP-CR.

Asimismo, la Comisión de Ética Parlamentaria, también tiene previsto realizar la audiencia del expediente seguido contra el legislador José Arriola, así como el informe de calificación correspondiente a la denuncia contra los congresistas Guillermo Bermejo, Elizabeth Taipe, Kelly Portalatino y María Agüero.

Darwin Espinoza y Kira Alcarraz son acusados de usar sus influencias para intercambiar favores

Cabe recordar que hace siete meses, el pasado 21 de abril, de acuerdo al informe de «Punto Final», la parlamentaria Kira Alcarraz de Podemos Perú contrató a Stephania Cuya Bezzolo en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Parlamento. Según testimonios de extrabajadores parlamentarios, Cuya Bezzolo quien se desempeñó como auxiliar de Comisión es una amiga muy íntima de Darwin Espinoza desde la campaña electoral del 2021. En tal sentido, su contratación se realizó el 17 de agosto del 2023, solo tres días después de que Espinoza le cedió a Alcarraz el cupo que tenía Acción Popular en la Comisión de Ética Parlamentaria.

Fiscalía inició diligencias contra Darwin Espinoza y Kira Alcarraz por presunto cohecho

Asimismo, tras el destape de este caso, la Fiscalía de la Nación inició diligencias contra los congresistas Darwin Espinoza y Kira Alcarraz, por un intercambio de favores; para supuestamente beneficiar a sus allegados. Según se conoció, se involucró a Stephania Cuya Bezzolo, amiga íntima de Espinoza. De acuerdo a la disposición fiscal, Espinoza Vargas es sindicado como presunto autor del delito de cohecho activo genérico, mientras que Alcarraz Agüero será investigada por cohecho pasivo propio. En tal sentido, la Fiscalía requirió los informes de la Semana de Representación de Espinoza Vargas en los meses de marzo y abril.

¿Y cómo lo hizo? Un informe del programa Panorama reveló que la congresista de Perú Libre Kelly Portalatino contrató para su despacho como auxiliar de confianza a Lesly Valverde Broncano, hija de Juan Broncano, la mujer que cuida a los hijos de la parlamentaria.

Valverde ganó S/15,000 durante los primeros meses de septiembre de 2022, pese a no tener ninguna experiencia en el cargo. Dejó el Congreso y en marzo de 2023 postuló a otra entidad, donde la rechazaron y calificaron su currículum como “no apto”. Dos meses después de dicha postulación, en mayo de 2023, volvió al Legislativo y ha ganado hasta septiembre de este año el monto total de S/61,000.

Efectivamente, para evitar sospechas, a los seis meses de su contrato, Valverde Broncano dejó el despacho de Kelly Portalatino y postuló a la Municipalidad de Barranco. Sin embargo, fue declarada no apta para el puesto. A pesar de ello, en mayo de 2023, regresó al Congreso de la República, esta vez con un cargo en la Oficina de Prevención y Seguridad, con el doble de su salario original.

Al ser consultada sobre los méritos que llevaron a la joven a ocupar dicho cargo, Portalatino evitó brindar detalles específicos. “Dígame usted cuál es el criterio para tener un cargo de confianza. Cargo de confianza es tener un profesional que tú tengas la confianza para poder abordar como asistente y otras competencias”, respondió la parlamentaria visiblemente incómoda.

Según el portal de transparencia del Estado, hasta setiembre de este año, Valverde Broncano ha recibido aproximadamente 61 mil soles por su trabajo en el Congreso. Esta nueva revelación de Panorama ha generado críticas y cuestionamientos sobre el uso de cargos de confianza y la transparencia en la contratación de personal en el Palacio Legislativo.

El Gobernador Regional de La Libertad, César Acuña, nuevamente reiteró su incondicional respaldo a la presidenta de la República Dina Boluarte. En declaraciones a la prensa en la ciudad de Trujillo, el líder de Alianza para el Progreso, (APP) se manifestó en contra de las iniciativas de vacancias que vienen impulsando algunos congresistas debido a la ineficacia del gobierno para luchar contra la creciente criminalidad, y más bien aseguró que estas mociones no contribuyen a la estabilidad del Perú.

“Yo no creo en las vacancias, ni en las interpelaciones. No creo en la inestabilidad del país”, afirmó el popular ‘plata como cancha’.

César Acuña añadió que, a menos de dos años de culminar el periodo presidencial, se requiere estabilidad para que el gobierno logre avanzar.

“Estamos a menos de dos años de elecciones, y creo que todos los peruanos de buena voluntad deberíamos ponernos de acuerdo para ayudar a este gobierno a salir adelante”, expresó y sugirió que se debe apoyar a la gestión para lograr el bienestar del país en el tramo final.  

Cuando se le preguntó sobre una posible afiliación de Dina Boluarte al partido Alianza para el Progreso, Acuña fue claro: “Todavía no; está muy tarde. Creo que eso sería muy prematuro”. Además, resaltó que cada político debe a aspirar a construir su propio partido, sugiriendo que no ve viable una incorporación de Boluarte Zegarra a su agrupación.

Y con respecto a su propia participación en política, afirmó: “El que nace en la política, se muere político”. Dejando así abierta la posibilidad de participar en los futuros comicios electorales; y por último, el gobernador también sugirió de que la presidenta debería evaluar a sus ministros.

“La gestión depende de los ministros. Ella debería buscar los mejores para ayudarle a sacar adelante el país”, concluyó.

El gobierno del negacionismo. A casi unos meses para que Dina Boluarte cumpla dos años en el poder, no cabe duda que su principal trabajo es el de ‘maquillar’ los resultados, enviando de aquí para allá a cuanto ministro se ofrezca a servir de escudero. Uno de los más polémicos es el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, quien en más de una oportunidad ha tratado, de manera infructuosa, de disimilar las terribles cifras de asesinatos por sicariato y extorsión.

No solo ello, sino que también continúa negando, durante una conversación entre él y el capitán Junior Izquierdo (‘Culebra’), que se esté protegiendo al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

El programa dominical Cuarto Poder difundió anoche un nuevo audio atribuido al titular del Mininter en el que se da cuenta que dos generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) y otro en situación de retiro estarían detrás de la protección al líder del partido Perú Libre y condenado por corrupción, Vladimir Cerrón.

«La información que yo tengo es que hay generales que están protegiendo a Cerrón», le dice supuestamente el titular del Mininter, investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de cohecho activo genérico, encubrimiento real y tráfico de influencias, a ‘Culebra’.

«¿En actividad?», pregunta su interlocutor, a lo que este responde: «Hay dos generales y un general en retiro que ha sido Digimin (Dirección General de Inteligencia)». Sobre este último, el protagonista del extracto grabado por ‘Culebra’ el 21 de mayo pasado hace alusión a «Monar».

De acuerdo con el citado programa periodístico se trataría de Sergio Monar Moyoli, un general PNP en condición de retiro que fue director general de la Digimin del Mininter entre el 1 de diciembre de 2023 y marzo de 2024.

#CuartoPoder accedió a un nuevo audio donde el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, habla con su entonces amigo, el capitán Junior Izquierdo 'Culebra' sobre un presunto blindaje de altos mandos al prófugo Vladimir Cerrón ► https://t.co/aTG6bPNOYX pic.twitter.com/trAJJhpvD9

— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) November 4, 2024

Monar conoció a Juan José Santiváñez

Por su parte, Monar Moyoli confirmó que fue convocado para ese cargo por el entonces ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, pero se negó a señalar si conformó un grupo de búsqueda para capturar a Vladimir Cerrón durante su gestión.

«Yo no puedo declarar sobre actividades, documentos, decisiones que he tomado en el ejercicio de mi cargo. Tengo un acuerdo de confidencialidad», se excusó.

Asimismo, el general en retiro admitió que conoció a Juan José Santiváñez antes de que este presida el Mininter.

De acuerdo a Cuarto Poder, ambos coincidieron en febrero de 2024, cuando Sergio Monar Moyoli ya era general de la Digimin, mientras que Santiváñez ocupaba la jefatura del gabinete de asesores de la Alta Dirección del Mininter.  

Luego de conocerse que por mayoría, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema declaró ilegal a la organización política Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), vinculada a Antauro Humala, el congresista Guido Bellido se solidarizó con el etnocacerista.

Mediante un mensaje en su cuenta oficial de X, el parlamentario Bellido Ugarte señaló: «Las ideas se confrontan en el ámbito político. Excluir a un candidato del proceso electoral por ideas, no es democrático. Expresamos solidaridad con Antauro Humala y los militantes del partido A.N.T.A.U.R.O, a quienes se pretende privar del derecho constitucional de ser elegidos».

¿Quiénes fueron los jueces que tomaron esa decisión? Los jueces supremos fueron: Mariem Vicky De La Rosa Bedriñana, Eduardo Raymundo Ricardo Yrivarren Fallaqué, Juan José Linares San Román y José Wilfredo Díaz Vallejos emitieron el fallo en mayoría, a favor de declarar fundada la demanda. Mientras que el juez supremo Pedro Cartolín Pastor, en minoría, votó por declarar infundada la demanda.

Ante lo sucedido, el congresista Bellido se pronunció con firmeza en defensa de la democracia frente a la disolución del partido político de Antauro Humala, subrayando que esta medida resulta contraria a los principios democráticos que deben regir en el país. Según Bellido, el pueblo peruano es el único soberano para decidir a sus gobernantes y expresar su voluntad en las urnas, y no se debería limitar su derecho a elegir y participar en la vida política.

Recordemos que la democracia es un bien fundamental que no puede ser vulnerado, y una medida de este tipo plantea la urgente pregunta: ¿dónde queda la democracia en el Perú si no se respeta la pluralidad y la participación popular?

El Primer Despacho del Equipo Especial, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, requirió ayer la suspensión del cobro de peajes de concesión ‘Línea Amarilla’, como medida preventiva en las investigaciones que se le siguen a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, así como las empresas Constructora OAS y Línea Amarilla SAC.

Mediante un comunicado, la Fiscalía señaló que la solicitud de suspensión abarca los peajes ubicados en la sección 1: Vía de Evitamiento, Monterrico, Separadora Industrial, Santa Anita, Ramiro Prialé, y la sección 2: Peajes Estadio, Ejército y Huánuco.

La Fiscalía también requirió el nombramiento de la Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal de Peajes (Emape S.A.), como administrador judicial, a fin de que custodie los bienes de la concesión de las áreas del terreno.

Este pedido fue presentado por el Ministerio Público bajo el amparo del artículo 313 del Código Procesal Penal, como parte de las investigaciones contra la empresa Línea Amarilla S. A. C., Constructora OAS y Susana Villarán de la Puente, durante su gestión como exalcaldesa de Lima.

Con la medida, según el requerimiento, se busca poner término a las pretensiones de Lima Expresa de “seguir beneficiándose de manera indebida con el cobro de un peaje incrementado mediante acuerdos clandestinos” encubiertos vía un mecanismo de trato directo.

La respuesta de Lima Expresa

Por su parte, la empresa concesionaria Lima Expresa emitió un comunicado para señalar que la solicitud hecha por la Fiscalía se encuentra en «proceso de investigación» y piden al Poder Judicial tomar decisiones en respeto de las garantías constitucionales.

«Invocamos a las autoridades del sistema de justicia del país a adoptar decisiones en estricto respeto de las garantías constitucionales, única manera de restituir la confianza empresarial, garantizando la seguridad jurídica y la predictibilidad que son muy necesarias para el desarrollo de la inversión privada», se lee en el pronunciamiento.

El dato:

El Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional programó para el próximo 21 de noviembre, a las 10 de la mañana, la audiencia donde se verá el pedido realizado por el Ministerio Público para suspender la recaudación de peajes.

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, no puede poner orden dentro de su portafolio y peor va a ponerlo en las calles de la ciudad. Algo raro está pasando dentro del Mininter que los funcionarios no duran ni un mes.

El general PNP Luis Ricardo Chávez Gil, quien ocupaba el cargo de viceministro de Orden Interno en el Ministerio del Interior, presentó su renuncia tras cinco meses en el puesto. Chávez Gil, que también desempeñaba funciones como jefe de la Dirección General de Inteligencia (Digimin), dejó el cargo por “motivos personales,” según indicó el titular del Mininter. Sin embargo, fuentes cercanas revelaron que su salida ocurrió después de que Santiváñez ordenara aplicar pruebas de polígrafo a altos funcionarios del ministerio, incluido el propio Chávez Gil, algo que habría motivado su dimisión.

Chávez Gil, abogado y general de la Policía Nacional, cuenta con una larga trayectoria en el ámbito de la seguridad. Ha ocupado roles clave, como director de la Dirección Contra el Crimen Organizado en 2020 y asesor en el Viceministerio de Orden Interno. Su formación académica incluye estudios en Derecho por la Universidad San Martín de Porres y una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Católica Los Ángeles.

La salida de Chávez Gil se suma a una serie de renuncias recientes en el Ministerio del Interior, que refuerzan la percepción de inestabilidad en la alta dirección de esta entidad. Entre los funcionarios que han dimitido se encuentran Luis Santiago Quiñones Carrasco, director de Asuntos Internos, y Paúl César Guillén Montoya, asesor de la Secretaría General, quienes dejaron sus cargos a mediados de octubre. Además, cuatro directores clave, como el jefe de la Oficina de Presupuesto y la directora de Modernización y Desarrollo Institucional, también presentaron su renuncia el 15 de octubre, marcando un éxodo significativo de funcionarios en áreas cruciales para el funcionamiento de la institución.

A inicios de octubre, Walter Zegarra Figueroa, jefe del Gabinete de Asesores de Juan José Santiváñez, renunció a su cargo mediante una carta dirigida al ministro, sin especificar las razones. Fuentes cercanas señalaron que Santiváñez habría solicitado la renuncia de todos sus asesores ministeriales, lo que sugiere que la salida de Zegarra podría estar relacionada con cambios en la estrategia de gestión del ministerio.

Este contexto de múltiples renuncias pone de relieve una etapa de cambios y reorganización en el Mininter, en un momento en que las críticas hacia la gestión de la seguridad en el país y el manejo del orden interno han sido constantes.

La construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco, ha significado un rosario de controversias que solo han contribuido a dilatar aún más dicho proyecto, que hasta el momento solo habría alcanzado el 12% de su ejecución. 

Hace más dos meses, exactamente el 16 de agosto el ministro de Transportes Raúl Pérez Reyes se reunió en una mesa de diálogo en la cual se comprometió con el gobernador de Cusco, el alcalde de Urubamba, el alcalde de Chinchero y los presidentes de las comunidades campesinas, a solucionar las negociaciones con el ‘Consorcio Natividad Chinchero’ para que las obras no sean paralizadas. Sin embargo, el pasado 06 de septiembre el Consorcio envió una comunicación oficial dirigida al propio MTC anunciando la suspensión de todas las obras.

No obstante, el gobierno de Dina Boluarte Zegarra hoy anunció con “bombos y platillos” que acaban de firmar la adenda del proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco, con el fin de destrabar esta obra de gran envergadura.

“Este aeropuerto no es solo una obra de infraestructura; representa un motor para impulsar la conectividad, el desarrollo socioeconómico y la generación de oportunidades para más peruanos. Su construcción es una prioridad para nuestro gobierno, y nada detendrá esta obra”, refirió la presidenta durante el acto protocolar realizado en Palacio de Gobierno y explicó que, tras la firma de la adenda, esperan culminar el terminal de pasajeros y el cerco perimétrico, dentro de los plazos establecidos. Asimismo, anunció que la pista de aterrizaje y la torre de control pasarán por un nuevo proceso de licitación, que comenzará en 2025.

Además, la jefa de Estado subrayó que en su fase inicial el aeropuerto de Chinchero recibirá a más de siete millones y medio de pasajeros al año.

“Con ello, dinamizaremos el turismo nacional e internacional, así como la economía local. Más de cinco mil peruanos se beneficiarán con empleos directos, y más de un millón se verán favorecidos en sectores como el turismo, comercio y transporte”, culminó la mandataria.

Como se sabe, Cusco espera hace más de 20 años la culminación de la construcción de la obra del Aeropuerto Internacional de Chinchero; sin embargo, los lobbies, las componendas y las evidentes presiones políticas y empresariales originaron que este ambicioso proyecto no tenga fecha cierta de entrega; sin embargo, Dina Boluarte ha lanzado una noticia que pretende alentar a los que ya no creen en la culminación de este proyecto aeroportuario. 

Consorcio Natividad encargado de construcción del Aeropuerto de Chinchero exigía US$193 millones adicionales para continuar con la obra

Recordemos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), primero durante el gobierno de Martín Vizcarra y luego con su entonces titular Eduardo González, durante la encargatura de Francisco Sagasti brindó la adjudicación para la ejecución de esta obra mediante un contrato de Estado a Estado con el Gobierno de Corea, al Consorcio Natividad de Chinchero. El costo total de la obra era de US$427 millones; que incluía un terminal de pasajeros, que sería ocho veces más grande que el actual aeropuerto de Cusco Alejandro Velasco Astete, y debía ejecutarse en 47 meses; sin embargo, el “Consorcio Natividad de Chinchero” integrado por las empresas Hyundai Engineering & Construction CO. LTD (Corea), Sinohydro Corporation Limited (China), ICA Constructora S.A de C.V. (México) y HV Contratistas (Perú), pidió este año un adicional de US$193 millones para terminar y concluir la construcción del aeropuerto de Chinchero, argumentando que el cálculo inicial del presupuesto que realizaron no fue el adecuado, debido a la inflación y actualización de precios. Es decir, pidieron al gobierno―fuera del contrato―este excesivo incremento en el costo del presupuesto, sencillamente porque el Consorcio se encontraba desfinanciado para continuar con el proyecto. Sin embargo, el Ejecutivo anuncia el destrabe de dicha obra, pero no informa los detalles de la adenda firmada y tampoco explica si el Estado peruano desembolsará los US$193 millones adicionales.