Si en la actualidad existen congresistas que se muestran abiertamente a favor de la renovación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) no es de manera gratuita, ya que durante toda su vida jamás han tenido un contacto sumamente cercano con los mineros informales; y es que lo que verdaderamente les estaría motivando a votar a favor de la extensión de un programa notablemente fallido no es precisamente el afecto o entendimiento pleno que tienen sobre esa problemática, sino los miles de dólares que podrían recibir de parte de ellos. No es amor al chancho, sino a los chicharrones, dirían algunos.

Es tanto el dinero que se mueve en la minería ilegal que esto representa alrededor de S/23 mil millones en pérdidas para el país solo en el año 2022, monto equivalente al 2.5 % del Producto Bruto Interno (PBI), según datos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Esa cifra sigue en aumento con el transcurso de los años y el año pasado eso representó el 2.8 % del PBI. Lo peor de todo eso es que resulta imparable debido a una deficiente respuesta del Gobierno Central.

Pero, ¿en qué momento hablamos de minería ilegal? La socióloga e investigadora Zaraí Toledo, experta en minería ilegal, explica en el paper “Legal, or Illegal? Varieties of Artisanal Mining in the Global South”, publicado en la prestigiosa revista World Politics en el año 2024, algunas diferenciaciones que nos permitan reconocerla.

• Minería informal: el Estado no la regula, ni recibe protección de este, y tampoco paga impuestos.
• Minería ilegal: es aquella que se realiza en zonas prohibidas, como una reserva natural, y se asocia a una violación extensiva de reglas y prácticas delictivas y criminales.
• Minería artesanal: se realiza con instrumentos rústicos o semimecánicos.

La minería ilegal y la política, su influencia a futuro

Un reciente estudio de campo de IPSOS arrojó una cifra preocupante, pero que para varios conocedores del tema es solo una confirmación del problema: 71 % de los encuestados respondió que la minería ilegal va a financiar la próxima campaña electoral. De corroborarse, daría pie a que los futuros diputados y senadores inclinen sus votos a para regulaciones más favorables a los mineros ilegales, ya sea modificando zonas que en la actualidad son consideradas como santuarios ecológicos, protección legal, impunidad, etc.

De esta manera, 7 de cada 10 peruanos considera que el dinero proveniente de la minería ilegal servirá para el pago de los afiches, los viajes al interior del país, el pago para los músicos, fuegos artificiales, enormes estrados, banderolas, polos y demás pagos relacionados a una campaña electoral.

Mineros llaman a la puerta del Congreso

El problema resulta sumamente complejo, pues muchos de los mineros ilegales se camuflan como mineros informales para realizar la ilícita extracción del oro, que a propósito se estima que para fines del 2025 su valor llegue a los 3,700 dólares por onza.

Recientemente, se conoció que 168 mineros informales de Pataz, inscritos al REINFO, figuran como militantes del partido político Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña, quien en la actualidad es el gobernador regional de La Libertad, región donde se encuentra Pataz. ¿Coincidencia?

Asimismo, el año pasado, entre enero y mayo, periodo donde se debatía la extensión del REINFO, se registró al menos 158 veces la visita de dirigentes relacionados a la minería informal.

El Perú es minero por naturaleza y el negocio del oro es sumamente lucrativo para muchos; además, da trabajo de manera directa e indirecta a millones de peruanos que conscientes o no de ese ilícito trabajo, prefieren guardar silencio luego de recibir en sus manos un considerable sueldo. Total, ellos solo son una pieza de un terrible engranaje de una maquinaria que busca más y más poder, arrasando con todo lo que encuentre a su paso.

Para empezar, es pertinente definir de qué se trata una vivienda VIS. Las Viviendas de Interés Social (VIS) son inmuebles destinados a aquellas familias que no cuentan con una vivienda y presentan limitaciones o dificultades para acceder a una. Desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), entidad encargada de fomentarla a través de sus distintos programas, se busca reducir el déficit habitacional existente, proporcionándole una opción más al alcance del bolsillo a miles de peruanos que buscan una casa propia que cumpla con los estándares de calidad de diseño, arquitectura y construcción.

Estas viviendas VIS significan una opción económica para miles de familias. Así, se pueden adquirir al módico precio de 150 mil soles, dependiendo la zona y el distrito, sin embargo, durante los últimos años han ido apareciendo enormes edificios en la ciudad teniendo hasta más de 20 pisos bajo la fachada de viviendas VIS.

Es ahí donde surgen los problemas, ya que dependiendo del municipio al que le competa, estas edificaciones no deberían de pasar los 5 o 6 pisos, y lo más curioso de todo es que existen viviendas VIS en distritos como San Isidro o Miraflores, donde el valor del metro cuadrado hace que se eleve el precio final de la vivienda, cuestionando si verdaderamente está destinado para una familia de escasos recursos.

Anteriormente, las inmobiliarias encargadas de construir las viviendas VIS se ceñían al ya derogado Decreto Supremo n.° 006-2023-VIVIENDA, el mismo que veía toda la reglamentación. Bajo esa normativa, hasta ahora se pueden ver departamentos de hasta 25 metros cuadrados, creados para que una sola persona pueda vivir ahí en un espacio donde se condense el dormitorio, el baño y la cocina.

Ahora, con la aprobación del Decreto Supremo n.° 005-2025-VIVIENDA, promulgado el pasado 10 de abril, el mismo que deroga el D.S 006-2023-VIVIENDA, estableciendo nuevos requisitos para la adquisición y construcción de las denominadas viviendas VIS.

De esta manera, en el reglamento vigente menciona que los beneficiarios no deben de contar con otra propiedad ni haber recibido bonos estatales, esto para reforzar la idea de que se ofrecerá una vivienda VIS para el que realmente lo necesita y no entregárselo a alguien que ve una vivienda a bajo costo en una zona exclusiva de Surco o Miraflores.

Pero el cambio más relevante va dirigido al tamaño de las viviendas, prohibiéndose que se oferten por menos de los 40 metros cuadrados.

“El área techada para VIS sin capacidad de ampliación es desde 40.00 m²; y, el área techada de la vivienda unifamiliar en su forma inicial como módulo básico de vivienda con posibilidad de expansión es desde 35.00 m², para lo cual el diseño del proyecto debe considerar dentro del terreno, el espacio adicional para la ampliación de manera integral”, se lee en el artículo 18.2 del citado reglamento.

Cambios que incomodan

La principal reacción a estas modificaciones ha llegado desde los empresarios inmobiliarios, quienes consideran que podría reducirse considerablemente la demanda de esas viviendas VIS, pues al momento de aumentar el tamaño de los departamentos también eso se verá reflejado en el precio final.

“Del 100 % de los departamentos de un dormitorio que manejamos, el 99 % tiene un área menor a 40 metros cuadrados. El precio depende de la zona; pero pasar de 33 a 40 metros es subir 20 % el espacio mínimo ya también los hará más caros. Podría caer la demanda”, manifestó en su oportunidad José Espantoso, presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI).

Otro aspecto importante trata sobre quién tiene la ‘última palabra’ en cuestión de zonificación. Al respecto, en el artículo 18.1 del Reglamento se precisa que serán las municipalidades provinciales las encargadas de otorgar los permisos, dejando de lado larga controversia que había surgido desde el Tribunal Constitucional para determinar si se podían construir edificios con más de 15 o 20 pisos.

“Los proyectos de habilitación urbana y/o de edificación para VIS, se desarrollan en las zonificaciones establecidas por las municipalidades provinciales en las que, por uso permisible o uso compatible, se puede desarrollar el uso residencial”.

Viviendas VIS, pero para los que verdaderamente lo necesitan

Desde el MVCS se busca acercar a miles de familias poder tener finalmente un techo propio, pero cumpliendo ahora con ciertos requisitos, como el de no contar con otras propiedades. Por su parte, desde el sector inmobiliario quieren que se mantenga la oferta de viviendas súper reducidas de 25 o 30 metros cuadrados, asegurando que les dan la posibilidad, sobre todo a las personas independientes, de tener una vivienda en un lugar cercano a su trabajo, todo ello a un precio que no se vaya por las nubes, considerando lo costoso que puede ser comprar una casa a una corta edad.

Estos últimos se oponen al nuevo reglamento, desde el Estado aducen que lamentablemente se ha distorsionado la finalidad de las viviendas VIS. Ahora, solo toca esperar si el mercado inmobiliario le da la razón a uno o al otro, y ¡cómo no! las municipalidades.

Desde el pasado lunes 5 de mayo cientos de trabajadores de la empresa minera Shougan Hierro Perú han dejado de laborar con normalidad debido a la rotura y colapso del shiploader (gantry), una máquina esencial para la carga de los barcos. Este incidente ocurrió una semana atrás y de acuerdo a la empresa se ha originado un “sobrestock de mineral”.

Ante ello, la empresa ha calificado ese incidente como un “caso fortuito de carácter imprevisible e irresistible”.

«Este evento, sin precedentes en la historia operativa de la Empresa, constituye un caso fortuito que no podemos superarlo pronto. La adquisición de este equipo (gantry) no es posible en Sudamérica, por ello requiere su fabricación en China, consecuentemente la solución de este problema tomará entre cuatro (4) a cinco (5) meses aproximadamente, lo cual constituye una situación de fuerza mayor que por su
naturaleza es imprevisible e irresistible», se lee en el comunicado.

Asimismo, la empresa de firma china anunció que se aplicará la suspensión temporal perfecta de labores, pero antes otorgará vacaciones vencidas, anticipadas y capacitación para su personal obrero, empleado y funcionario.

Sin embargo, esa noticia ha caído bien al sindicato de trabajadores de la empresa minera, rechazando tal comunicado, exigiendo la participación de la Sunafil para velar por los derechos de los trajadores, y de Osinergmin para determinar si en efecto se está ante un hecho fortuito.

«Rechazamos esta pretendida suspensión perfecta, porque nosotros consideramos que el evento que ha sucedido ha sido por negligencia de la propia empresa. No hubo ninguna comunicación por parte de la minera con el sindicato. No hubo ningún diálogo antes de que la empresa emite estos comunicados ya públicamente y esto es arbitrario. O sea, no puede ser que en tan solo unas horas te comuniquen y te digan, «¿Sabes qué? El día de mañana estás estás de vacaciones», manifestó Johan Hernández, presidente del sindicato para RPP.

El dato:

El año pasado, Shougan Hierro Perú extrajo de Marcona, provincia de Nasca, región Ica, 19,843,131 toneladas métricas de hierro, superando en más de una tonelada métrica la producción del año 2023 (18.58), y estima que para el año 2027 su producción anual llegue a las 25 toneladas métricas.

El Pleno del Congreso aprobó recientemente el Proyecto de Ley (PL) 5562, una iniciativa que permite a los pasajeros de vuelos nacionales transferir su pasaje a otra persona sin costo adicional, siempre y cuando se realice hasta 24 horas antes del vuelo.

Esta nueva disposición busca ofrecer una mayor flexibilidad a los usuarios del transporte aéreo y evitar cobros extras por cambios de nombre en los boletos, una práctica que es recurrente en las aerolíneas.

El PL establece que el cambio de titularidad podrá realizarse manteniendo las condiciones contractuales del pasaje original, es decir, sin modificar ruta, fecha ni horario, y sin cargas adicionales para el usuario. De esta forma, los pasajeros podrán hacer ajustes de última hora sin enfrentar los elevados costos que en la actualidad se aplican en muchos casos.

Este beneficio será aplicable solo para pasajes aéreos nacionales, y todavía no se ha aclarado si incluirá boletos adquiridos bajo promociones o tarifas especiales. Sin embargo, se espera que el reglamento correspondiente a esta ley aclare estos detalles y establezca las condiciones exactas para su implementación.

Actualmente, las políticas de cambio de nombre en pasajes aéreos varían según cada aerolínea en Perú, y en la mayoría de los casos, solo son posibles bajo ciertas tarifas flexibles o mediante el pago de una penalidad. Esta nueva normativa plantea un cambio significativo en la forma en que se gestionan estos cambios, garantizando que los usuarios no deban pagar por realizar modificaciones en sus vuelos.

Aerolíneas podrían recibir sanciones si no permiten la transferencia de manera oportuna

La ley también especifica que las aerolíneas deberán habilitar canales digitales accesibles para que los usuarios puedan realizar este trámite de manera rápida y eficiente. Si alguna aerolínea se negara o demorara injustificadamente en efectuar la transferencia, será sancionada conforme a lo que establezca el reglamento correspondiente.

Este reglamento deberá ser emitido por el Poder Ejecutivo, y aún está pendiente su promulgación. Una vez promulgada la norma, se publicará el reglamento que detallará los procedimientos específicos, las condiciones para el endoso de pasajes y las sanciones que las aerolíneas podrían enfrentar en caso de incumplir la nueva disposición.

De acuerdo a proyecciones, el Perú cuenta con alrededor de 34 millones de habitantes al 2025. De esa cifra, más de la mitad de la población (17millones 322 mil 900 personas) se encuentran trabajando, según un informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI).

Siguiendo la data del INEI, los trabajadores peruanos en actividad tienen en su mayoría (49,5 %) un vínculo laboral dependiente, mientras que el 41,5 % se desempeña de manera independientes, y un 9 % (1 millón 569 mil 500 personas) es un trabajador familiar no remunerado.

Asimismo, el ingreso promedio mensual se ubica en S/1,765.90, equivalente a 481,9 dólares, monto que se ha incrementado en un 5,5 % entre el año 2023 y 2024.

La encuesta resalta que la gran mayoría de los trabajadores peruanos (72,5 %) labora en establecimientos con 10 empleados como máximo y el sector de servicios es el que concentra la mayoría de la actividad (41,9 %), seguida por la agricultura, la pesca y la minería (23,8 %).

Por otro lado, uno de los principales obstáculos de la economía peruana es que gran parte de la población económicamente activa es informal (70 %), mientras que solo el 30 % es formal, de acuerdo al reporte del INEI.

Informe de Comex revela que más de 2 millones de personas quieren trabajar, pero no pueden

Un reciente estudio de Comex Perú revela que más de 2.3 millones de personas desean trabajar, pero encuentran muchas trabas en ello. Las principales razones son las responsabilidades del hogar y las limitaciones personales que le impiden salir al mercado laboral.

Respecto a la primera razón, ocho de cada diez personas inactivas dedicadas solo a las tareas del hogar no remuneradas son mujeres. En tanto, las limitaciones personales representan problemas de salud o discapacidad. Además, esto está estrechamente vinculado a las barreras estructurales: hay gente que sí quiere trabajar, pero en su zona no hay suficientes oportunidades adecuadas, o saben que solo conseguirían empleos muy precarios o informales, y eso desincentiva su búsqueda activa.

“No se trata de personas que no quieran trabajar, sino que no pueden, porque no cuentan con condiciones adecuadas para buscar empleo o dejar sus responsabilidades en casa”, advierte Comex.

Un cartón no te asegura un trabajo en el Perú

Siguiendo los resultados del informe de Comex, los jóvenes enfrentan serias barreras: la tasa de desempleo juvenil llegó al 9.8 %, el doble que la de los adultos. Esto explica el creciente desinterés por invertir en educación formal en algunas zonas, donde los jóvenes perciben que el esfuerzo académico no garantiza una plaza laboral.

La pregunta inicial que uno se hace es “¿por qué el peruano prefiere ser informal?”, y la respuesta no resulta del todo sencilla, pues parte de varios factores que involucran necesariamente la eficacia y eficiencia del Estado. No es que el peruano quiera cerradamente permanecer en la informalidad, sino que existen variables que finalmente terminan por inclinarlo a ello.

La mayoría de los economistas concuerdan que la informalidad debe de ser entendida como un fenómeno complejo estrechamente ligado a cómo el Estado viene operando, ya sea en salud, educación, servicios básicos, o en la recaudación tributaria.

El ciudadano promedio se ve frustrado al encontrar un servicio de salud primario como una posta desprovista de medicamentos o personal sanitario, cuestionando a dónde van a parar sus impuestos. Así pasa lo mismo en el sector educación cuando la infraestructura de los colegios resulta para más lamentable; sin asientos, sin pupitres, con techos de calamina que al primer ventarrón se van volando. Ante esa situación, muchos de esos niños y jóvenes encuentran una gran barrera para desarrollarse académicamente, teniendo que dedicarse muchas veces a la manufactura.

Otro aspecto relevante es el acceso a la justicia. En teoría, cuando un ciudadano sufre una vulneración a sus derechos lo primero que hace es acudir a una comisaría a sentar su denuncia, pero se topa con algunos malos efectivos que desde ahí ya le van mostrando que el camino hacia la “justicia” es el pago de sobornos, y no tanto la vía formal.

Por otro lado, el ciudadano ve a la Sunat como un ente persecutor más que distribuidor, poniéndose rígido ante los pequeño y micro empresarios y laxo con los grandes cuando se trata del cobro de impuestos. Asimismo, consideran excesivo y engorroso el trámite para pasar a la formalidad, viendo que resulta mucho más beneficioso permanecer en la informalidad, significando que no tienen que rendir cuentas a un ente que no les proporciona herramientas útiles.

En otras palabras, las causas de la informalidad provienen de distintas ramas y son transversales al Estado, que es visto deficiente y de baja calidad en los servicios que ofrece (salud, educación, justicia, etc.) y ausente en las partes más alejadas del país.

A todo eso hay que agregar que el Perú es mayoritariamente rural, lo que puede propiciar que la ayuda estatal no llegue a todos los rincones, desmotivando una vez más el interés del peruano a querer ser formal.

El Registro de Trabajadores en la Informalidad Laboral

Esta mañana, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) oficializó la creación del Registro de Trabajadores en la Informalidad Laboral, recogida en la Resolución Ministerial n.° 057 -2025 -TR, mencionando que su finalidad será “permitir coadyuvar en el diseño, implementación, evaluación y mejora de políticas públicas, intervenciones, estrategias, entre otras, orientadas a abordar la problemática del empleo informal”.

Queda claro que combatir la informalidad no consistirá solamente de un sector, sino que significa un trabajo multisectorial que incumbe a diferentes ministerios e instituciones del Estado. El MTPE puede tener toda la buena intención de presentar cuadros estadísticos y proponer soluciones conjuntas con otras instituciones, pero el gran paso hacia adelante será finalmente convencer a los ciudadanos sobre los beneficios de la formalidad, y para ello se requerirá de una “reingeniería” de todo el sistema.

Un tercio de peruanos trabaja de manera informal

Visto el contexto, no resulta sorprendente que de los 36 millones de peruanos más de 12 millones (12 millones 387 mil 570, para ser más precisos) se encuentran en la informalidad laboral en el Perú, de acuerdo a las cifras del reciente Registro de Trabajadores en la Informalidad Laboral.

A los 2,4 millones de jóvenes con trabajo informal en el rango de edad de los 18 a 29 años hay que añadir los 783 mil extranjeros que se encuentran al margen de la formalidad, trabajando muchos de ellos más de 12 horas al día y recibiendo menos del sueldo mínimo.

Por último, no se puede dejar de lado el millón de personas con discapacidad, los cuales se encuentran con muchas dificultades a la hora de postular a un puesto laboral.

¿Formal o informal?, he ahí el dilema

A modo de conclusión, se podría recalcar que existe un descontento de parte del micro o pequeño empresario al momento de querer formalizarse, desincentivándolo de querer contratar, bajo todas de la ley, a ciudadanos nacionales o extranjeros, al ver que los gastos resultan sumamente superiores a los beneficios económicos o sociales.

Por otro lado, lo único que ha hecho el Estado durante los últimos años fue incrementar la base tributaria hacia los creadores de contenido, los influencers o negocios en línea, o crear la famosa ‘Tasa Netflix’, exprimiendo más y más a los formales, pero no ofreciendo beneficios que inviten a permanecer en ese lado de la vereda.

El pleno del Congreso de la República aprobó anoche, por mayoría (97 votos a favor, 6 votos en contra y 2 abstenciones), el dictamen que autoriza a los trabajadores, por única vez y hasta el 31 de diciembre del 2026, a disponer libremente del 100 % de los depósitos por compensación por tiempo de servicios (CTS).

“Se autoriza, por única vez y hasta el 31 de diciembre de 2026, a los trabajadores comprendidos dentro de los alcances del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por el Decreto Supremo 001-97-TR, a disponer libremente del cien por ciento de los depósitos por CTS efectuados en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición”, indicaba el predictamen.

Asimismo, el dictamen aprobado autoriza el retiro de hasta el 100 %, en cualquier momento, de la CTS para casos de aportantes con enfermedad terminal o diagnóstico de cáncer.

La titular de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Edhit Julón Irigoín (APP), sostuvo que la aprobación de la presente iniciativa resulta oportuna considerando dos extremos.

“Primero, permitir la disposición indefinida para pacientes de cáncer y otras enfermedades terminales, quienes tienen que afrontar el incremento del costo de vida de forma intempestiva.

Segundo, como una medida transitoria que permita afianzar el crecimiento de la economía. Haciendo un análisis ex post, en este caso, la mayoría de los trabajadores que han dispuesto de los fondos de su CTS, ha sido para el pago de deudas y en suma con ellos, casi la mitad, decidió invertir estos fondos en educación”.

Por su parte, el congresista Alejandro Cavero criticó que se aprobara la medida y no dudó en calificarla de «populista».

«Yo creo que la CTS funciona como un seguro de desempleo, entonces es muy facilista y populista decidir que la gente pueda disponer de un dinero que en el fondo es para cuando no tenga empleo. El argumento principal de mis colegas es porque hay crisis económica, pero es justamente cuando hay crisis que más rápido se quedan sin trabajo. ¿Quién cubrirá los gastos del trabajador cuando se quede sin empleo?», señaló a su salida del Congreso.

Nuevos aires para Telefónica Perú. Tras conocerse que la filial en Perú de Telefónica presentaba cifras en rojo, obligándola a entrar en un Proceso Concursal Ordinario de Reestructuración (PCO –R) para evitar su completa disolución, un ‘salvavidas’ acaba de llegar desde Argentina; nos referimos a la empresa Integra Tec International que acaba de adquirirla solo por 3,7 millones de soles.

A través de un comunicado, la marca comercial que se encuentra en nuestro país desde 1994 sostuvo que esta transición representa una oportunidad clave para acelerar y asentar su plan estratégico, fortalecer sus capacidades y construir un futuro más sólido y sustentable.

De acuerdo con la información proporcionada por Movistar, las operaciones de la compañía no afectarán a los clientes, quienes seguirán manteniendo sus servicios con normalidad, sin interrupciones ni alteraciones en su experiencia. “Queremos asegurarte quenuestras operaciones continúan sin cambios ni afectaciones. El equipo actual de Telefónica del Perú sigue liderando la gestión, con foco en garantizar la prestación ininterrumpida y de calidad de nuestros servicios, para más de 13 millones de clientes en todo el país”, expresaron.

La venta a Integra Tec representa un movimiento significativo en el sector de telecomunicaciones del país. Telefónica del Perú, que ha sido un actor clave en el mercado peruano, continuará operando bajo la dirección de su nuevo propietario, con el compromiso de mantener la prestación ininterrumpida de servicios a sus millones de clientes.

Sobre Integra Tec

La empresa cuenta con una amplia trayectoria en América Latina, especialmente en sectores como telecomunicaciones, energía, medios y servicios públicos. Además, la firma tiene experiencia destacada en la recuperación de empresas que enfrentan situaciones financieras complejas. “Su compromiso es trabajar de manera colaborativa con clientes, trabajadores, proveedores, el Gobierno del Perú y todos los actores vinculados a nuestra operación”, mencionaron.