Política
The Washington Post: «La promesa anticorrupción llega a su fin en Perú»

El diario The Washington Post publicó ayer un artículo donde resume los últimos acontecimientos políticos que viene sucediendo en el Perú. El medio estadounidense señala que la promesa anticorrupción ha llegado a su fin y la bandera anticorrupción del presidente Martín Vizcarra ha quedado manchada. El artículo fue realizado por el periodista Jonathan Castro. Aquí reproducimos t la publicación completa.
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La última crisis política peruana tiene como origen las contrataciones de un cantante, Richard “Swing” Cisneros, por el Estado. Por esto, el país podría quedarse sin presidente este viernes 18 de septiembre, cuando el Congreso ha programado la votación de la moción de vacancia contra Martín Vizcarra, acusándolo de incapacidad moral permanente.
Cisneros, quien además de cantante es coach, es un personaje excéntrico incluso para la clase política peruana. Sin mucho talento ni gran fama, Cisneros estuvo contratado por el Ministerio de Cultura desde 2018 (entre otras cosas, para dar charlas motivacionales y organizar algunos eventos), cuando Vizcarra asumió la presidencia, por un total de 155,400 soles (aproximadamente 44,000 dólares estadounidenses). ¿Cómo había obtenido estos contratos que incluso se extendieron hasta los inicios de la pandemia? Una foto con el presidente, registros de visitas a Palacio de Gobierno y declaraciones de Cisneros y Vizcarra dieron luz a una relación entre ambos más o menos cercana, dependiendo de quién lo diga.
Al margen del desenlace de la votación de este 18 de septiembre, esto representa un punto de inflexión en el legado de Vizcarra. El referéndum para la reforma de justicia y para evitar la reelección de congresistas, los proyectos de reforma del sistema político y la disolución del Congreso —principales gestos de su gobierno— vinieron con una promesa: mejorar la clase de representantes políticos de la mano de la lucha anticorrupción. Esa promesa es ahora una desilusión.
La Fiscalía y una comisión investigadora del Congreso llevan a cabo indagaciones por estos hechos. Pero la semana pasada, el congresista Edgar Alarcón, presidente del grupo investigador del Legislativo, presentó en una sesión pública del Parlamento unos audios en los que se escucha a Vizcarra y su entorno cercano coordinando las versiones sobre las visitas de Cisneros a Palacio de Gobierno. En respuesta, el Congreso aprobó el inicio de la moción de vacancia. Esto sucede en el último año de su mandato y a siete meses de que se produzcan las elecciones generales de 2021.
La hemorragia de grabaciones —hechas por una asistente del presidente— ha continuado desde ese día, y probablemente prosiga en los próximos. En estas grabaciones se escucha a los funcionarios de Palacio de Gobierno planificando el encubrimiento de las visitas de Cisneros a Vizcarra.
Pero el proceso que se ha seguido en el Congreso ha sido rápido y cuestionable. El trámite de vacancia inició el mismo día que se presentaron los audios, y el artículo de la Constitución al que apeló —la incapacidad moral permanente— puede ser un cajón de sastre para justificar cualquier acusación.
Si bien los hechos que allí se describen ameritan investigaciones fiscales para determinar si hubo delitos de colusión y obstrucción de la justicia, la percepción que habrá sobre los audios tendrá un manto de oscuridad. La sospecha tiene justificación popular, pues la historia sobre la que se asientan los últimos 20 años de democracia está marcada por grabaciones que revelaron hechos ilícitos: en el 2000, por estas mismas fechas, los “vladivideos” demostraron el pago de sobornos en el régimen de Alberto Fujimori; en el 2008, los “petroaudios” revelaron un faenón petrolero durante el gobierno de Alan García; en el 2018, los “mamanivideos” propiciaron la renuncia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Vizcarra, un presidente sin partido ni bancada en el Parlamento, se ha enfrentado varias veces a la oposición con una sola arma: poner a la opinión pública a su favor con base en la popularidad de la que goza un hombre que se enfrenta a la corrupción.
Ahora, ha quedado desnudo. Su bandera anticorrupción ha quedado manchada. Y aunque, según una encuesta de la empresa Ipsos, 79% de los encuestados considera que Vizcarra debe continuar con su presidencia, la opinión pública difícilmente volverá a mostrar un apoyo mayoritario mientras la población peruana siga luchando por sobrevivir durante la crisis sanitaria y económica generada por el nuevo coronavirus.
Este caso también forma parte de una ruptura sistemática de la primera parte de la promesa: mejorar la clase de representantes políticos. Por lo tanto, Vizcarra tiene parte de la responsabilidad de tener frente a él a este Congreso.
En 2018, Vizcarra impulsó un referéndum que, entre otros temas, prohibió la reelección de parlamentarios. Hoy, la única cámara está conformada por una amplia mayoría de legisladores sin experiencia en el cargo y sin posibilidades de reelección. Tienen una mirada de corto plazo, como lo han señalado varios analistas.
Por otro lado, tras la disolución del Parlamento en septiembre de 2019, Vizcarra convocó a elecciones pero se hizo de lado. A pesar de tener una mayoría de aprobación presidencial, no buscó alianzas con partidos políticos que levanten las reformas políticas que impulsaba. Su idea para implementar una renovación de la representación nacional parecía un viejo chiste de la serie televisiva The IT Crowd: “¿Has intentado apagarlo y encenderlo de nuevo?”.
En los seis meses que tiene en funcionamiento, el nuevo Parlamento ha demostrado la misma arbitrariedad que tenía el anterior. Sus decisiones en materia económica son un peligro para la estabilidad fiscal, y han permitido que se encumbren personajes cuestionables en el terreno político. Edgar Alarcón, el presidente de la comisión investigadora, fue destituido del cargo de contralor general de la República por faltas graves, tiene investigaciones fiscales por enriquecimiento ilícito, y llegó al Parlamento de la mano de un partido aliado del golpista Antauro Humala.
Al no disputar el espacio político, el Parlamento se llenó de grupos fragmentados, algunos con más beligerancia que la que hubo en el periodo anterior. Vizcarra no tiene aliados allí, ni mecanismos para un entendimiento político.
En ese tránsito, Manuel Merino, presidente del Congreso y sucesor de Vizcarra en caso de ser destituido, se intentó comunicar con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas para informarles sobre el proceso. El Ministerio de Defensa calificó esos hechos como temerarios por pretender involucrarlos en un proceso político. Luego, el ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, reveló que dos personas del partido político de Merino se comunicaron con él para señalarle que él podría continuar en el cargo si destituyen al presidente.
Lo que Vizcarra no ha podido ganar en la política, ahora pretende hacerlo en los tribunales. La oposición no tiene los votos suficientes para destituirlo, pero en lugar de convencer a los indecisos, se ha optado por otra vía. El lunes, el Ejecutivo presentó una medida cautelar y una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para detener el proceso de vacancia, recursos que serán vistos en las próximas sesiones aunque podrían durar unos tres meses en resolverse. Este proceso no es excepcional, pues ya el Congreso pasado había presentado un pedido similar contra la disolución, pero fue desestimado. Aún así, profundizar la judicialización de la política es un camino que no tiene retorno.
La polarización de la opinión pública pretende que solo se mire las irregularidades de un lado. Vizcarra rehusó la necesidad de una organización que le dé respaldo político, y se refugió en un pequeño círculo de confianza que se ha ido destartalando. Aún así, si este viernes prospera la vacancia, este periodo será recordado como el del turbulento siglo XIX, cuando los gobernantes cambiaban con tal frecuencia que sus nombres han pasado al olvido para los peruanos.
Tomado de The Wshington Post.
Política
Gobierno exportará presos en lugar de solucionar el hacinamiento penitenciario
Frente a la crisis carcelaria y la falta de nuevas cárceles, el Ejecutivo busca trasladar reos a El Salvador, una medida costosa, cuestionada y que no aborda las causas reales del problema. Expertos advierten que esta propuesta es un parche irresponsable y demagógico.

El exdirector general de asuntos criminológicos del Ministerio de Justicia, Víctor Quinteros, cuestionó duramente la reciente propuesta del Gobierno de enviar presos peruanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, calificándola de “inviable” y una medida demagógica que evade responsabilidades.
Quinteros enfatizó que mientras el gasto diario por reo en Perú oscila entre 27 y 30 soles, el traslado y confinamiento en el CECOT implicaría un costo superior a 200 dólares por preso, una cifra que evidencia la falta de racionalidad económica y social en la iniciativa gubernamental. “Los peruanos deben cumplir su condena en territorio nacional. Existe un marco legal para enviar presos extranjeros a sus países de origen, pero no para exportar peruanos”, aclaró.
El especialista criticó que el Ejecutivo pretenda externalizar un problema que es claramente de su competencia, desviando la atención pública y política de la urgente necesidad de construir y ampliar cárceles en Perú. “Esta propuesta refleja la incapacidad de los políticos para enfrentar el hacinamiento penitenciario que afecta a miles de reclusos y vulnera derechos humanos fundamentales”, apuntó.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) para deshacinamiento de penales antes del 2030, aunque con un plazo prudencial. Alcántara argumentó que factores como la pandemia y el impacto del ciclón Yaku han retrasado la ejecución de medidas, por lo que se ha solicitado tiempo adicional.
Sin embargo, para Quinteros, estos argumentos no justifican la falta de políticas concretas y responsables. “Exportar presos no es una solución, es un parche costoso y cuestionable que no atiende las causas estructurales del problema”, concluyó.
La polémica propuesta abre el debate sobre la prioridad real del Estado frente a una crisis penitenciaria que sigue sin resolverse desde hace años, mientras se opta por soluciones improvisadas que pueden poner en riesgo derechos y soberanía.
Política
Delia Espinoza se justifica por no reponer a Patricia Benavides
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, niega incurrir en desacato y se ampara en tecnicismos legales para no restituir a su rival, Patricia Benavides. Lo más preocupante: insiste en que no hay crisis institucional y asegura que el Ministerio Público “funciona con normalidad”.

En medio de la crisis institucional que sacude al Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha optado por el camino del tecnicismo para justificar su negativa a reponer en el cargo a Patricia Benavides, como ordenó la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Lo que está en juego no es solo un conflicto de poder, sino el respeto al Estado de derecho y a las decisiones de los órganos constitucionales autónomos.
Espinoza Valenzuela declaró al Diario del Cusco que enfrentará cualquier denuncia del Congreso por presunto desacato, asegurando que hasta el momento no ha sido formalmente notificada de la resolución que restituye a Benavides Vargas como fiscal de la Nación. Bajo ese argumento, se ampara en que no hay “desobediencia” porque no hay una notificación formal, como si los pronunciamientos de la JNJ no fueran de conocimiento público ni vinculantes desde el momento de su emisión.
Más aún, cuestionó abiertamente que diversas autoridades —incluyendo congresistas, ministros y el propio defensor del Pueblo— hayan reconocido públicamente a Patricia Benavides como la legítima fiscal de la Nación. Según Espinoza, ese reconocimiento genera “confusión” y desinformación entre la ciudadanía, cuando en realidad lo que confunde es la resistencia de su despacho a acatar una resolución de un órgano constitucional.

Resulta preocupante que Delia Espinoza deslice la idea de que todo debe pasar primero por un análisis jurídico interno, como si la legalidad fuera un terreno interpretativo según su conveniencia. Bajo esa lógica, cualquier autoridad podría ignorar resoluciones oficiales mientras “analiza” si le parecen válidas.
La fiscal también aseguró que responderá a las denuncias del Congreso y que las mismas no prosperarán porque —según ella— la JNJ no siguió los procedimientos correctos. Es decir, antes que admitir el fallo y acatarlo, su estrategia es deslegitimar el procedimiento mismo, aunque este emane del ente competente.
Pero lo más grave no es la estrategia de defensa de Espinoza Valenzuela, sino la insistencia en negar que exista una crisis institucional. Afirma que el Ministerio Público “funciona con normalidad” y que no hay enfrentamientos internos. ¿Cómo puede hablarse de normalidad cuando existe una pugna abierta por el cargo más alto del organismo, cuando dos señoras reclaman legitimidad y el país observa una paralización operativa?
Lo que está ocurriendo en el Ministerio Público es una crisis con todas sus letras, agravada por una autoridad que minimiza el problema y retrasa su solución. La falta de una acción clara y oportuna no solo erosiona la legitimidad del Ministerio Público, sino que pone en duda su independencia y respeto a la institucionalidad.
Si Delia Espinoza espera que el silencio y el formalismo legal detengan el avance de la verdad, está equivocada. El país necesita claridad, no excusas. Y el Ministerio Público, hoy más que nunca, requiere liderazgo con principios, no posiciones cómodas disfrazadas de legalidad.
Política
Juan Silva: tres años prófugo y cero resultados de la PNP
Fugitivo desde el 7 de junio de 2022, el exministro de Transportes simboliza la evasión de justicia más descarada del gobierno de Pedro Castillo. Su caso revela la corrupción del pasado y la negligencia del presente. Sin captura, la justicia sigue humillada y desacreditada.

Mientras la justicia reafirma la prisión preventiva por 36 meses contra el prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, la gran pregunta sigue sin respuesta: ¿por qué la Policía Nacional del Perú no logra capturarlo? La reciente decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de rechazar la apelación de su defensa no solo confirma la solidez de las pruebas en su contra, sino que también expone una verdad incómoda: la ineficiencia —¿o desinterés? — del aparato estatal por hacer cumplir esa medida.

Silva Villegas, imputado por liderar una presunta organización criminal junto al expresidente Pedro Castillo, lleva tres años en condición de prófugo. Se le atribuyen actos de corrupción vinculados a la licitación del Puente Tarata y a otras obras públicas entregadas a empresas chinas. Los delitos que enfrenta —organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias— no son menores. Sin embargo, a pesar de la orden de captura nacional e internacional emitida en marzo de 2023, nada se sabe con certeza de su paradero. ¿Ha desaparecido del mapa con tanta facilidad o alguien lo protege?
A esta impunidad se suma la estrategia legal del exministro, quien busca deslegitimar la prisión preventiva con apelaciones sin sustento. El Poder Judicial ha sido claro: su defensa no presentó nuevos elementos ni argumentos para debilitar los “graves y fundados elementos de convicción” existentes. Y aun así, Silva pretende burlar a la justicia desde la clandestinidad.

La pasividad de la PNP en este caso es alarmante. No se trata de un prófugo cualquiera, sino de un exalto funcionario que, según la Fiscalía, formó parte del núcleo duro de una red criminal que saqueó al Estado. ¿Cómo es posible que, después de tres años, no exista un solo resultado concreto en su captura? ¿Realmente se le está buscando?
Es momento de que el Ministerio del Interior y la PNP rindan cuentas. No basta con emitir alertas rojas en Interpol si no hay un esfuerzo serio y sostenido para ubicar a quien simboliza la evasión de justicia más flagrante del gobierno de Pedro Castillo. El caso Silva refleja no solo la corrupción del pasado, sino la negligencia del presente. Y mientras siga libre, la justicia seguirá humillada.
Política
Se cumplen 250 días sin que Dina Boluarte le responda a la prensa
Mandataria pasa sus días entre denuncias, cirugías encubiertas, documentos “clasificados” para que no se conozca su aumento de sueldo, y viajes al extranjero.

La última vez que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se animó a contestarle a la prensa fue el ya lejano 22 de octubre de 2024, cuando en tono despectivo e irascible, les preguntaba antes a los hombres de prensa a qué medio pertenecían, asimismo, daba instrucciones sobre las preguntas que no tenía en mente responder porque eso sencillamente le ponía de muy mal humor.
Luego de ello, la autodenominada “mamá de todos los peruanos” se la pasó lanzando indirectas a los distintos medios cuando se trataba de una actividad oficial, tildándolos de ser los verdaderos “enemigos de la patria”, confabuladores, de estar jugando “en pared” con sus opositores para sacarla de Palacio. Incluso, en una ocasión, se atrevió a decir, siempre acompañada de niños y sus ministros complacientes, que los periodistas vienen realizando un “terrorismo de imagen” contra su persona.
Como si se tratara de una deidad a la que hay que agachar la cabeza y lanzar loas, la jefa de Estado no quiere que ningún medio de prensa se le acerque a menos de 50 metros, caso contrario serán interceptados por su seguridad personal, o peor aún, encerrados durante horas en algún ambiente cuando se trata de dar cobertura en una actividad oficial. Y es que esa mujer “valiente” pareciera tener miedo a las preguntas que le formulen aquellos entrevistadores que no se encuentran sometidos al canal del Estado o a su área de prensa.

Tal vez quiera evitar ese incómodo momento cuando le pregunten sobre sus viajes al extranjero, las joyas “prestadas”, sus “retoquitos” mencionados por el doctor Mario Cabani, los detalles sobre qué hacía el ‘cofre’ en una playa del sur, o el petitorio para aumentarse el sueldo.
A propósito de todo eso, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) le recuerda a la mandataria que ya lleva 250 días sin dar declaraciones, las mismas que tengan la posibilidad de un contrapunto o una repregunta, y que no estén sujetas a un cuestionario u hoja elaborado por su área de prensa. Y es que ella prefiere que solo le hagan preguntas que no la incomoden o la dejen mal parada.
«La ANP recuerda que el 22 de octubre del 2024 Boluarte, tras 105 días de silencio mediático, presentó su balance de gestión junto a sus ministros de Estado para, posteriormente, responder a preguntas de medios con expresiones hostiles hacia quienes se las formulaban. Desde esa fecha, la ANP ha registrado momentos álgidos en que la mandataria ha hecho manifiesto su reiterado menosprecio a la libertad informativa», se lee en un pronunciamiento de la institución.
Le queda poco más de un año y todo indica que seguirá manteniendo la boca cerrada; tal vez esa sea su estrategia para no cometer ni un desliz o dejarse llevar por sus impulsos y responder “tu mamá” de nuevo.
Política
Alcalde de Lima empecinado en hacer su “marcha blanca” pese a que el tren Lima – Chosica no está concluido
Ministro de Transportes previamente ya le había respondido que “no hay una obra concluida ni iniciada”.

Ya se siente el amo y señor del Perú. Han pasado tres años y la tan repetida “Lima, potencia mundial” es solo un sueño de opio, pues hasta el momento gran partes del Cercado de Lima está invadido de vendedores ambulantes y carretilleros, y ni qué decir sobre la creciente inseguridad que se vive.
El alcalde capitalino, Rafael López Aliaga, a propósito de esto último, mencionó muy suelto y despreocupado, que comprará drones que sobrevolarán la ciudad como “cóndores” y “explotarán” delante de los delincuentes.
Ahora, como si ya fuera presidente del país, viene repitiendo que iniciará una “marcha blanca” que será el inicio de las operaciones del tren Lima – Chosica, pero un gran detalle no pasa por inadvertido: no hay una obra concluida. Entonces, ¿dónde piensa colocar sus trenes de segunda traídos de los Estados Unidos?
El popular ‘Porky’ quiere colocar como sea sus trenes de la compañía Caltrain y ponerlas en funcionamiento el mes que viene. “El tren va a ir de todas maneras. Esa marcha blanca la hacemos en julio”, reiteró López Aliaga, a pesar de no existir un estudio técnico ni construidas las estaciones donde pasará el tren.
Al respecto, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, manifestó que tal “marcha blanca” no se encuentra contemplada debido a que “no hay una obra concluida ni iniciada”.
“Queremos saber si la Municipalidad de Lima lo va a hacer como obra suya, seguramente deben tener un expediente técnico, un plan a desarrollar y ejecutar, y sabrán los plazos y el cronograma. Si no lo puede hacer por diferentes circunstancias, sea tema presupuestal o apoyo técnico, y recurre al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC tendría que usar la concesión que ya tenemos y firmar una adenda -es una posibilidad-. Y esa adenda requiere revisarla técnicamente, incorporar la adenda, las especificaciones técnicas, requisitos, estudios, y hacer un proyecto para poder firmar una adenda de ampliación y eso no requiere menos de un año”, dijo.

Enterado de esta última declaración del ministro Sandoval, ‘Porky’ respondió que desde el MTC se está buscando poner “trabas” y que de encontrar mayores obstáculos no lo dudará dos veces en organizar una marcha hacia la sede del MC, pues para él lo único que se estaría buscando es “politizar” este proyecto.
“Si comienza a poner trabas, hay que hacerle una marcha hasta el MTC. Hay que llenar el MTC de gente que sí quiere tren”, manifestó.
Lo cierto de todo esto es que no existe una obra terminada para que pasen los trenes, ¿o será que pasarán volando por la ciudad con ayuda de los drones “cóndores” que pensaba comprar ‘Porky’?
Política
Rossella Leiblinger es designada ‘jefa interina’ del IRTP
Durante los últimos años, la abogada Rossella Guilianna Leiblinger Carrasco ha desarrollado su trayectoria en el sector estatal, ocupando cargos en diversos ministerios. Actualmente dirige Industrias Culturales en el Ministerio de Cultura y asume provisionalmente la encargatura, en el IRTP.

Mediante la Resolución Suprema nº 013-2025-MC, publicada en el diario El Peruano, el Ministerio de Cultura designó a la abogada Rossella Guilianna Leiblinger Carrasco como jefa institucional encargada del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), en reemplazo de Ninoska Chandía Roque. El documento lleva las firmas del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, y de la presidenta Dina Boluarte.

Leiblinger ejercerá el cargo de manera interina y en adición a sus funciones como directora del Programa Sectorial IV de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, posición que ocupa desde enero de este año.

Es abogada por la Universidad de San Martín de Porres y magíster en Políticas Públicas y Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Prácticamente, ha ejercido su trayectoria durante muchos años en el aparato estatal, habiendo laborado en los ministerios de Trabajo, Justicia, Energía y Minas, Interior, Mujer, así como en el Ministerio Público, la SBS y el Inabif.

La llegada de Leiblinger Carrasco al IRTP se da en medio de un contexto institucional complejo, marcado por tensiones internas tras la salida de Chandía Roque, quien mantendría un grupo afín en la televisora, con el objetivo de cautelar sus intereses. Según fuentes del sector, se evalúa la designación de un nuevo titular en la jefatura institucional, siendo el nombre de Luis Francisco Vivanco Aldon uno de los voceados para asumir el cargo.
Política
Continúa la pugna entre Patricia Benavides y Delia Espinoza por el control de la Fiscalía
La batalla entre Benavides y Espinoza sigue escalando, mientras el Juzgado Supremo admite la apelación de Benavides contra su inhabilitación de dos años, se profundiza el caos institucional en el Ministerio Público y se debilita la imagen de imparcialidad judicial.

La reciente admisión de apelación presentada por Patricia Benavides Vargas, suspendida fiscal suprema, ha reactivado un conflicto interno que ya desbordó los límites del Ministerio Público. Lejos de tratarse de un proceso judicial común, el enfrentamiento entre Benavides Vargas y la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha evidenciado una peligrosa politización del sistema de justicia peruano.
Con el respaldo del abogado Jorge del Castillo, quien calificó de «express» la resolución que suspendió a Benavides Vargas por 24 meses, la estrategia es clara: revertir una medida que, si bien fue contundente, no estuvo exenta de cuestionamientos procesales. Sin embargo, lo más grave no es el recurso legal en sí, sino el uso instrumental de los órganos judiciales en medio de una pugna de poder.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema deberá ahora pronunciarse sobre la legalidad de la suspensión impuesta por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Pero la expectativa está menos en el argumento jurídico y más en el equilibrio de fuerzas internas. Las decisiones ya no parecen moverse por criterios de institucionalidad, sino por simpatías y alianzas políticas que fracturan peligrosamente la imagen de imparcialidad del Poder Judicial.

Ambas señoras, Benavides Vargas y Espinoza Valenzuela, representan facciones enfrentadas dentro del Ministerio Público, convirtiendo a esta institución en un campo de batalla. El problema no es solo la disputa personal entre dos fiscales, sino cómo esta ha contaminado los cimientos del sistema judicial, arrastrando a jueces, fiscales y salas completas a tomar posición en lo que debería ser un proceso técnico y desapasionado.
La justicia, en lugar de ser un poder del Estado autónomo, parece haberse convertido en una arena política más. El daño es profundo: se debilita la confianza ciudadana y se compromete la legitimidad de futuras decisiones. Mientras Benavides Vargas lucha por volver, la justicia debería luchar por no hundirse con ella.
Política
Renunció la jefa de Prensa de Palacio de Gobierno, Mónica Tiburcio
Apenas duró un día en el Despacho Presidencial.

Mónica Otilia Tiburcio Orbezo fue designada hace dos días, como nueva secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial, en reemplazo de Luis Urmeta Delgado. Su nombramiento habría tenido que pasar por el visto bueno de Juan José Santiváñez, pues según registros se llegó a reunir hasta en tres ocasiones con el exministro del Interior.

Ella tenía la misión de enfocarse en mejorar considerablemente la imagen de la presidenta de la República que ya lleva sin declarar a la prensa más de 200 días. Sin embargo, ya no va más y a través de la Resolución N° 000040-2025-DP/SGDP, firmada por el Secretario General, Enrique Vílchez, el Gobierno decidió aceptar su renuncia, dándole las gracias por los servicios prestados, apenas un día.
¿Ahora quién será el reemplazante de Tiburcio? ¿Acaso alguien que juegue en pared con el IRTP?
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