Uno no sabe si reír o llorar. Los abogados hacen todo lo posible por defender a sus clientes, velan por sus derechos, recurren a pactos internacionales, interceden por ellos ante los tribunales, y también son capaces de construir argumentos que solamente los más despistados pueden creerlo. Es cierto que las prisiones en el Perú no son hoteles cinco estrellas, y que permanecer dentro de ellas por largos periodos socava la integridad del ser humano, ya sea física o mentalmente; de cumplir la condena el reo, supuestamente la libertad le hará apreciar con otros ojos el sentido de su vida, eso solo en teoría.

Como la gran mayoría de peruanos sabe, el ex presidente Pedro Castillo cumple prisión preventiva por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre y por el caso Puente Tarata-Petroperú, donde lo acusan de ser el presunto jefe de una organización criminal. Sus abogados han presentado diversos recursos legales para lograr su liberación, pero el Poder Judicial ha rechazado todas por las pruebas que han presentado desde el Ministerio Público.

En ese marco se ha hablado mucho sobre cómo Castillo Terrones afrontaría sus días en la cárcel, lejos del poder que ostentaba en Palacio de Gobierno y rodeado de varios ministros incondicionales que lo abandonaron cuando trato de cerrar inconstitucionalmente el Parlamento y capturar diferentes instituciones públicas. Una versión de una integrante de su equipo legal brinda mayores luces.

Indira Rodríguez, abogada que patrocina al expresidente, reveló a la BBC de Londres que la salud mental de su cliente se encuentra “muy mal” porque “ha perdido mucho peso”. La letrada agregó que Castillo no recibe la comida que le dan en el penal de Barbadillo por una poderosa razón: “Piensa que lo pueden envenenar, así que no quiere comer lo que le sirven en la prisión”.

Además, la abogada mencionó que el exmandatario se alimenta de los productos que le traen sus familiares en sus visitas. Refirió que en su celda hay una hornilla para cocinarlos e ingerirlos.

El discurso de víctima de Castillo, una estrategia que no piensa soltar tan fácilmente

En otra parte de la entrevista, la abogada de Castillo sostiene que los días de visita son los jueves y sábados. Solo pueden ingresar cinco personas de forma individual y tienen un límite de tiempo: una hora y media.

Entre las personas que van a verlo al expresidente se encuentran sus hermanas y cuñada Yenifer Paredes, quien también es investigada por la Fiscalía al ser presuntamente la testaferro de la organización criminal que habría liderado para direccionar licitaciones de obras públicas en comunidades de Cajamarca.

Sin embargo, Indira Rodríguez refirió que Castillo extraña conversar con su esposa Lilia Paredes y sus hijos Arnold y Alondra, quienes se encuentran en México como refugiados políticos por apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El paso del tiempo y, sobre todo, no poder hablar con su mujer y sus hijos ha hecho que su salud mental toque fondo, y ha empezado a sufrir ataques de pánico y pesadillas”, mencionó sobre la salud del expresidente.

La defensa legal de Castillo ha denunciado que no puede acceder a hacer llamadas telefónicas como sí lo hace su vecino, el expresidente Alberto Fujimori, quien también se encuentra recluido en el penal de Barbadillo.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó con 12 votos a favor, 09 en contra y 02 abstenciones el Informe Final de la DC 300, contra los parlamentarios Raúl Doroteo, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza y Elvis Vergara por el caso ‘Los Niños’. Ellos son acusados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

En el documento se incluyó la propuesta de suspensión de los congresistas Darwin Espinoza, Elvis Vergara, Jorge Ancachi y Raúl Doroteo, por la duración del proceso penal, pudiéndose reincorporar en caso sean absueltos; sin embargo, Juan Carlos Mori e Ilich López no están incluidos en dicha sanción. Ahora esto deberá pasar a la Comisión Permanente y si es aprobado pasará al pleno del Parlamento. 

La empresaria Karelim López reveló ante la Fiscalía que estos parlamentarios buscaron colocar allegados en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y obtener beneficios ilícitos con obras de esa cartera durante el gobierno de Pedro Castillo.

La parlamentaria Norma Yarrow fue la encargada de sustentar el informe de la denuncia impulsada por la legisladora Patricia Chirinos de Avanza País. En declaraciones a la prensa explicó por qué Juan Carlos Mori e Ilich López fueron absueltos.

“Ellos no aparecen en ninguna de las investigaciones en tanto que a los demás congresistas sí se les vincula inclusive con algunos colaboradores eficaces con reconocimiento fotográfico. Si la Fiscalía va a ampliar (las indagaciones) eso ya es un trámite que va a continuar”, señaló la parlamentaria.

Yarrow también consideró que las revelaciones que viene dando el ciudadano extranjero Jorge Hernández, conocido como ‘El Español’, en medios de comunicación puede verse de manera separada y sin incluirlo en el caso ‘Los Niños’.

“Yo creo que son procesos independientes, pero he cerrado hasta donde llegué (con el informe) referente al tema de ‘El Español’ ahora que estuve yo en Fiscalización se negó a responder. Es bien fácil salir a la prensa y acusar y otra cosa es bajo juramento en el Congreso diga ‘no voy a contestar porque estoy en mi derecho'”, comentó.

Se buscan responsables ante la desmedida represión de las fuerzas del orden que a diferencia de las protestas que se vienen suscitando en Francia hasta el momento no hay ni un solo fallecido. El Congreso de la República debatirá hoy la admisión de la moción de vacancia contra la jefa de Estado, Dina Boluarte, por las muertes registradas durante las protestas sociales que se llevaron a cabo en diversas regiones del país contra su gobierno.

En el documento, firmado por parlamentarios de las bancadas de Perú Libre, Perú Democrático y Cambio Democrático, se señala que “jamás en la historia del Perú un gobierno en tan poco tiempo ha asesinado a más de cuarenta personas en manifestaciones” y que “el uso desmedido y desproporcionado de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional merece tener más de un responsable, principalmente, el presidente de la República, puesto que de acuerdo (con lo) que la Constitución Política, es el jefe supremo” de las fuerzas del orden.

“Es así que la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra, actual Presidenta de nuestro país, es quien debe de asumir y responder por todas estas muertes; en un primer momento, debió renunciar al cargo, sin embargo a pesar que han transcurrido varias semanas y el último mensaje a la Nación dado por el Poder Ejecutivo la noche del día 09 de enero de los corrientes, se asume que tanto la señora Boluarte, como ninguno de los miembros de su gabinete están dispuestos a renunciar”, se lee.

Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, se mostró seguro que la admisión de la moción de vacancia no iba a prosperar.

“Esta moción de vacancia es de hace bastante tiempo. Son mecanismos constitucionales y soy un convencido que en virtud de los hechos que se vienen suscitando en relación con esa iniciativa es que va a ser rechazada. Tengo la plena seguridad de que la señora presidenta, en el desarrollo de la misma, estará presentándose y llevando a cabo todas las acciones correspondientes”, expresó en conferencia de prensa realizado en el Congreso.

Cabe indicar que lo que se debatirá hoy es la admisión de moción de vacancia y para su aprobación se requiere el voto del 40% de congresistas, (unos 52 votos según la asistencia de los 130 parlamentarios).

De aprobarse, el Congreso acuerda día y hora para el debate y votación de la moción. En esa sesión la presidenta tendrá derecho a realizar su defensa junto a un abogado por un tiempo de 60 minutos. Para hacer efectiva la vacancia se requiere una votación no menor a los dos tercios del número legal de congresistas, es decir, 87 votos.

Se acabó la diplomacia. El Gobierno de Dina Boluarte oficializó hoy el retiro definitivo del embajador peruano en Colombia, Félix Denegri. A través de la Resolución Suprema N° 049-2023-RE, publicada en el diario oficial El Peruano, se indica que también se le cancelaron las cartas credenciales y los plenos poderes correspondientes.

Además, le dieron las gracias “por los importantes servicios prestados a la Nación en el desempeño de sus funciones”. El documento lleva las firmas de la presidenta de la república y de la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi.

Ayer, la Cancillería informó que el representante diplomático del Perú en Colombia iba a ser retirado. En el comunicado alegaron que se debía a las reiteradas intromisiones que el presidente Gustavo Petro tuvo en los asuntos internos de nuestro país.

“Esta decisión responde a las reiteradas expresiones injerencistas y ofensivas del presidente Gustavo Petro, quien persiste en distorsionar la realidad al desconocer que el 7 de diciembre de 2022 se produjo en el Perú un golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo”, se lee en un inicio en el pronunciamiento público realizado por Torre Tagle.

Además, la Cancillería agregó que el comportamiento de Petro ha dañado seriamente las relaciones diplomáticas entre Perú y Colombia.

“La actitud del presidente Petro, y sus continuas expresiones injerencistas, han deteriorado seriamente la histórica relación de amistad, cooperación y respeto mutuo que ha existido entre el Perú y Colombia”, se menciona.

Además, Torre Tagle recalca que “el Perú ha reaccionado de forma ponderada, progresiva y proporcional, conforme a la práctica diplomática y teniendo en consideración la estrecha relación que lo une a Colombia, desde hace más de 200 años”.

“El Perú hace votos para que la estrecha y bicentenaria relación bilateral con Colombia retome su cauce en el marco del respeto mutuo y las normas, principios y valores que rigen la convivencia entre los estados”, añaden.

Finalmente, el comunicado cierra que la relación entre Perú y Colombia quedará a nivel de encargado de negocios.

Como se recuerda, en febrero, el presidente Petro comparó a los agentes de la Policía Nacional del Perú con los nazis debido al amplio despliegue de esta institución para las protestas sociales que se dieron en Lima.

“Las calificaciones que han sido vertidas fuera del país en días recientes sobre la Policía Nacional del Perú son inaceptables. Están fuera de lugar. Siete de sus miembros han perdido la vida en un atentado criminal en el Vraem”, indicó la canciller Gervasi en una entrevista brindada a la revista Caretas.

Como en la época de la dictadura militar. La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) alertó que el proyecto de ley presentado por el congresista Alex Flores de la bancada de Perú Libre obligaría a los medios de comunicación a difundir música, arte y producción nacional mínima diaria de un 40% de su programación “pretende consumar el control de los medios de comunicación” mediante la imposición de cuotas de contenido.

A través de un pronunciamiento, el gremio periodístico cuestionó que esta iniciativa “apela de manera engañosa” a la necesidad de apoyar la difusión de la producción musical nacional, cuando el objetivo sería “promover la suspensión y/o cancelación de las autorizaciones de las empresas de radiodifusión”.

Ante la iniciativa del parlamentario perulibrista se tiene conocimiento que ya cuenta con dictámenes favorables de las comisiones de Transportes y Comunicaciones y Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso, y está lista para ingresar a la agenda del Pleno, calificaron de “antitécnico” que se pretenda modificar a la Ley del Artista intérprete y Ejecutante y la Ley de Radio y Televisión aplicando una cuota de contenido diaria de 40% de producción nacional.

“En un claro atentado al derecho de elección de la ciudadanía. El Proyecto de Ley pretende obligar al consumo de determinado tipo de música y programas audiovisuales destinando casi 8 horas diarias al contenido que pretenden imponer. La propuesta no solo pretende modificar las cuotas de emisión de producciones nacionales y la manera de calcularlas, también establece de forma desmedida que su incumplimiento sería sancionado con la cancelación de su autorización para operar”, indicaron.

“Esta propuesta atenta contra la libertad de elección de los usuarios de los distintos medios, pues procura controlar los contenidos que consumen, sin tomar en cuenta la existencia de emisoras temáticas y especializadas en determinado género musical”, agregaron.

Finalmente, recordaron que esta iniciativa se suma a otras que afectan el rol de la prensa y los medios de comunicación, como la que pretende limitar el ejercicio del periodismo a profesionales titulados y colegiados en dicha especialidad y el que incrementa las penas de cárcel por difamación. Asimismo, exhortaron a los congresistas de las distintas bancadas “a analizar de manera detenida las consideraciones establecidas en esta propuesta y el real objetivo que persigue”.

Cabe recordar que hace unos días, la congresista de Renovación Popular, Noelia Herrera, presentó una iniciativa que obliga a que aquellos que buscan ejercer el periodismo tengan un título profesional. Esta señala que así se pretende “crear un entorno que favorezca la profesionalización de los medios de comunicación con la participación de periodistas y comunicadores titulados, y facilitar la incorporación en sus respectivos colegios profesionales y permitir el autocontrol de la ética en el desarrollo de sus labores”.

Como ya es costumbre, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció esta mañana una conferencia de prensa para distintos medios informativos, para tratar variados temas relacionados a su Gobierno, así como asuntos internacionales siempre vinculados a su país.

Ante la pregunta del periodista Carlos Pozos, sobre cómo veía la posible candidatura del ex alcalde de Lima, Ricardo Belmont Casinelli, el mandatario de México se mostró animado que el popular “Hermanón” se lance a la presidencia del Perú con el partido Obras, así como se le permita estar en un espacio de comunicación con él.

Desde México los periodistas siguen de cerca la campaña que viene realizando Belmont Casinelli para la presidencia del Perú. Hace una semanas el exalcalde de Lima retornó a la capital luego de un recorrido exitoso por el norte del Perú, donde fue acogido por miles de personas que le vienen brindado su apoyo al partido Obras.

Ante el 91% de desaprobación del Congreso y con una presidente envuelva en investigaciones por lavado de activos y con una moción de vacancia latente, la candidatura de Ricardo Belmont sigue creciendo a pesar de no contar con la cobertura de lo medios tradicionales.

Por otro lado, AMLO también se pronunció sobre el ex mandatario peruano Pedro Castillo, a quien considera como el presidente legítimo: “Yo sostengo que él es el presidente legal y legítimo y que padeció un golpe de estado”, mencionó el presidente de México.

A ello, volvió a sentenciar su encarcelamiento y afirmó que fue víctima de “un golpe de estado”. Sin embargo, al hacer un recuento de los supuestos intereses detrás de la aprehensión, el jefe del Ejecutivo Mexicano acusó que otra de las razones que mantienen aprehendido al peruano es el racismo: “Es lo que más me indigna y molesta”.

Aquí las palabras del presidente de México.

Nada es gratuito en política y el pasado siempre deja huellas, en este caso facturas. La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos ha indicado a través de sus redes sociales que se ha ampliado investigación contra la presidente de la República Dina Boluarte, el ex asesor Henry Shimabukuro y el ex mandatario Pedro Castillo, por los presuntos delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal.

“La presunta comisión de estos delitos se habría producido durante la campaña electoral de Perú Libre en el 2021″, detalló la fiscalía a través de un hilo de Twitter. Hasta el momento, se conocía que Boluarte, Shimabukuro y Castillo venían siendo investigados solo por dos presuntos delitos: lavado de activos y organización criminal.

De acuerdo a una disposición fiscal, de fecha 19 de enero de 2023, se sospecha que Boluarte realizó una serie de “operaciones sospechosas” para recaudar dinero de procedencia ilícita y financiar de forma indebida su campaña política con Perú Libre, en la que Castillo iba como aspirante a presidente de la república.

La situación legal de la mandataria se complicó luego que su exasistente Maritza Sánchez revelara que Shimabukuro, investigado por presuntamente ser un exasesor en la sombra de Castillo, y otros empresarios dieron aportes de dinero no declarados a favor de la campaña de los perulibristas en 2021.

De acuerdo al portal de investigación Epicentro, Shimabukuro cubrió los gastos de estadía de Boluarte durante un viaje a la región Arequipa del 28 a 31 de mayo de 2021, en plena segunda vuelta electoral.

Por esos días, la entonces candidata a vicepresidenta arribó a esa región, acompañada de su comitiva, para el debate final entre Castillo y Keiko Fujimori, que se desarrolló el 30 de mayo de ese año.

El monto pagado por conceptos de comida y alojamiento fue de S/3.530, y fue cubierto por la empresa Kuroshima Ingeniería y Construcción E.I.R.L., propiedad de Shimabukuro, implicado en el caso Gabinete en la sombra.

En rigor, fueron 15 habitaciones simples y seis dobles en el hotel Villa del Carmen S.A.C., donde además se cubrieron servicios de lavado de prendas, agua mineral, planchado e, incluso, ocho adobos arequipeños y galletas Oreo. Ninguno de los pagos fue declarado.

“Aquí hay un problema adicional. Las personas jurídicas están prohibidas de aportar, ni en efectivo ni en especie, a los gastos de campaña. Es una fuente prohibida por la Ley de Organizaciones Políticas”, tuiteó Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Transparencia.

Tendrá que sacar una gran escoba para remover a esos agentes infectados por la corrupción. Tras la salida de Raúl Alfaro de la jefatura de la Policía Nacional del Perú (PNP) luego de que fuera relacionado con Jorge Hernández, alias ‘El Español’, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció que el Gobierno tomaría medidas dentro de la PNP para así reformarla desde sus entrañas.

Así lo afirmó en una conferencia de prensa, en donde recordó que la misma presidenta Dina Boluarte le encargó al ministro del Interior, Vicente Romero, iniciar un proceso de reforma con el fin de reclutar a los mejores cuadros técnicos y reforzar la lucha contra inseguridad ciudadana y la corrupción.

“Se le ha encargado al ministro del Interior, la señora presidenta se lo ha dicho con énfasis que inicie un proceso de reforma al interior de la Policía Nacional y que esta reforma signifique el reclutamiento de cuadros técnicos, la promoción de aquellos que han trabajado bien en la seguridad ciudadana y, por supuesto, una lucha frontal contra la corrupción”, indicó Otárola.

En esa línea, el primer ministro indicó que la supuesta influencia de ‘El Español’, quien asumía una función de “ministro del Interior de facto”, pone en evidencia la forma en el que el Gobierno de Pedro Castillo llevaba la seguridad ciudadana.

“Creemos que esta persona [’El Español’], que habría tenido un aparato paralelo de espionaje y de toma de decisiones en el anterior Gobierno, es una muestra más de cómo se tocaba el tema de la seguridad ciudadana y ratifica la posición que tuve respecto a cómo encontramos el Ministerio del Interior: desarticulado, desarmado, sin oficinas de base, sin un elemental procesamiento para la toma de decisiones que permitan el cuidado del orden público”, aseveró.

También se refirió a la salida de Raúl Alfaro, luego de que se expusiera una denuncia sobre su supuesta relación con ‘El Español’, haciendo que el Ejecutivo tome la decisión de retirarlo del cargo y poner en su reemplazo a Jorge Luis Angulo.

“El Gobierno tomó una decisión inmediata en lo que respecta del comandante general de la Policía, Raúl Alfaro. Esta decisión no solamente significó el retiro del general que ocupaba ese cargo, sino que también vino precedida de varios cambios de colocaciones que van a significar un nuevo enfoque en la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción”, aseveró.