“Cállate pues hermano, déjame hablar”, dijo en un momento el congresista Edwin Martínez mientras el clima de la polémica se encendía en el hemiciclo.  El Pleno del Congreso dejó en cuarto intermedio el dictamen de ley que propone crear incentivos fiscales para el fomento de las actividades cinematográficas y audiovisuales en Perú. Mientras tanto, la batalla cultural se volvió a levantar en el Congreso donde se habló de todo menos de lo esencial.

La discusión se fue por la tangente de la guerra cultural en torno a los contenidos ideológicos de algunas películas peruanas financiadas en parte por los estímulos del gobierno.

El congresista Alex Flores al respecto se pronunció advirtiendo:

“Estamos queriendo entrometernos dentro del arte (…) toda producción lleva una carga ideológica”.

El congresista conocido como El Niño que preside la Comisión de Economía refirió sobre la norma que el artículo 13.3 señala “no puede beneficiarse de los estímulos económicos señalados en el art. 13 y 14 obras cinematográficas o audiovisuales destinadas a pautas publicitarias, propaganda electoral o en beneficio de una organización política o aquellas que atenten al Estado de Derecho o contravengan la defensa, la seguridad o el orden interno del país o que vulneren los principios reconocidos en la Constitución”.  Por lo mencionado según El Niño, podría haber una censura.

El congresista Ilich López Ureña (AP) afirmó que “se requiere tener un dictamen que no genere controversias y que vaya en beneficio del país”.

Por su parte, Ruth Luque señaló que la actitud que se viene llevando respecto al tema cultural “no permiten la contraposición de ideas ni de posiciones”.

En la misma línea retórica crítica a los estímulos al cine el parlamentario Edwin Martínez, quien avivó la polémica en su breve intervención.

“Todo cuesta poeta. Amar, vivir, soñar. Todo cuesta, nada es gratis en la vida”. Luego se refirió a las películas victimizadas que “pretenden cambiar la historia del Perú”.  Y después el Congreso se encendió como no había pasado durante la intervención de Santiváñez en la mañana, cuando Martínez dijo:

“Cuando ustedes, los terroristas dinamitaban el suelo patrio…” haciendo un gesto con el brazo que parecía señalar a los congresistas de la bancada de izquierda. La bancada de izquierda se puso a gritar furiosa.

“Le pido retire la palabra” le exigió el presidente del Congreso Salhuana que presidía la sesión. El congresista Martínez respondió: “yo me refiero a los terroristas de los 80 y 90”.

Finalmente, retiró la palabra y continuó en el minuto que le estaba de tiempo para solo empeorar las cosas al ser un momento interrumpido y decir: “cállate pues hermano, déjame hablar”. Finalmente pidió un aplauso por el soldado peruano.

Ya al cierre, el presidente del Congreso mencionó que “Paddington se filmó en Colombia, tal vez por falta de incentivos al cine peruano”.

El proyecto de ley cayó en el limbo del cuarto intermedio antes de cerrarse la sesión de la tarde e irse todos a almorzar. La batalla cultural, va a continuar.

Con un tono suave que invita a la piedad de sus verdugos, el ministro que hoy ha roto el récord de ministro del Interior con mayor tiempo de permanencia (10 meses y 5 días), se presentó ante el Congreso para el descargo de la moción de censura que se vota el día de mañana. Ante un parlamento que lo recibió con indiferencia y lo despidió a gritos, así fue la cerca de media hora de disertación de la defensa de su gestión.

Pero empecemos por el final de su disertación con un mensaje claro a su némesis, el Ministerio Público:

“Si no actuamos de forma articulada la lucha contra la delincuencia siempre será insuficiente (…) No voy a negar que hemos tenido diferencias con la Fiscalía, pero quiero decir con claridad que pese a todo lo sucedido el país no necesita enfrentamientos con sus instituciones. Necesita que trabajemos juntos, pero con instituciones que no sean indiferentes. Por eso hacemos un llamado y convocamos al Poder Judicial, al Congreso y a una nueva fiscalía que nos sentemos y tracemos la estrategia (…) sin agendas ocultas y sin revanchismos (…) Invoco a la posibilidad de seguir trabajando”.

En su alocución, Santiváñez refirió los logros de su gestión cuando enumeró el rearme policial y logros en número de detenciones.  Recordó recibir “una PNP sin chalecos antibalas” y que ahora “tenemos 3700 unidades de patrullas nuevas (…)  Hemos comprado después de 40 años más de 31 mil pistolas próximas ha llegar”. Mencionó también la defensa legal de la policía como aspecto clave para su trabajo a través de 200 nuevos abogados asignados al personal policial que pudiera o es judicializado en la lucha por abatir a los delincuentes.

Luego apeló a la unidad política del país: “Tengan por seguro que la delincuencia está celebrando esta división entre los poderes del Estado”.

 También denunció la narrativa de parte de la prensa. Calificó que lo que hacen es “exacerbar la percepción” y añadió: “Nos están saboteando”.

Sobre la Fiscalía señaló: “No es admisible que la fiscalía haga uso de abuso de sus atribuciones con fines políticos” esto a raíz del allanamiento a su hogar. Luego insinuó el que no trabajaba así con los delincuentes. Volviendo a la investigación que le sigue el ministerio público dijo, “Si esto pasa con ministro ¿qué pasará con un ciudadano a pie?”.

Defendió que su política viene dando resultados. Mencionó la desarticulación de dos bandas que han venido extorsionando a colegios, así como las medidas en acciones contra la extorsión como es el cortar la comunicación entre extorsionadores y víctimas a través del corte de las líneas con cooperación de las empresas telefónicas. “Cada llamada menos es una víctima menos” y luego refirió, “Estamos dotando a la policía en más tecnología y patrullas”. Prometió la asignación de más fondos para operaciones encubiertas. Y anunció que mil agentes de las fuerzas armadas de inteligencia se sumen al esfuerzo policial.

“Todos los policías están ahora en la calle”, refiriéndose a la reasignación del personal, incluido los que se dedican a la docencia de la escuela policial. Sobre el endurecimiento de penas se refirió al proyecto de terrorismo urbano con penas de cadena perpetua. También mencionó endurecer las penas de los que compren objetos robados, pasen de 2 a 4 años, a un régimen de 8 a 10 años de pena efectiva.

Refirió de la brecha de 60 mil policías que faltan en el servicio. Perú tiene 140 mil efectivos que no han aumentado desde 1997 mientras la demografía nacional sí que aumentó. Habló el ministro de sumar cien mil agentes más (no preciso cómo sería a través de medidas concretas). Mencionó también la compra de un avión multipropósito, así como la compra de mochilas tácticas, vehículos y armamento. Esto con un financiamiento de mil millones de soles.

Lo más crudo fue el número de detenciones detenidas por Fiscalía lo que agudiza el enfrentamiento institucional. Señaló que desde el 1 de enero al 19 marzo del año en corrientes fueron 91 mil los detenidos de los cuales 12 mil son extranjeros. Así mismo anunció que se han desarticulado “23 bandas criminales y más de cien millones de dinero incautado”.  Sin embargo, también señaló que el 92% de los detenidos han sido liberados “y no por la policía nacional del Perú”. “Han sido liberados por la fiscalía y no por el ministerio de Interior”.

En una mirada retrospectiva refirió que en el mismo período Pero que va de enero a mayo del 2024 fueron 89 mil los detenidos y que se liberaron 83 mil. Es decir, no avanzan.  Es decir, la Fiscalía sería la responsable de la actual situación.

En el Parlamento Nacional Cada año se destina una ‘lluvia de miles de soles’, para pagar los servicios de los estudios de abogados de los congresistas que tienen problemas legales, por estar investigados por Fiscalía. Por ejemplo, en agosto del 2024 los favorecidos fueron los acuñistas Alejandro Soto y Luis Kamiche, Óscar Zea del Bloque Magisterial y César Revilla de Fuerza Popular. Aquella vez, se desembolsó S/189,710 para que se defendieran.

Y este año 2025, la nada despreciable gollería les toca a los legisladores Patricia Chirinos, Kelly Portalatino, Hilda Portero y Luis Cordero Jon Tay.  Ellos son investigados de manera preliminar por el Ministerio Público por diversos presuntos delitos asociados a la corrupción y que van desde tráfico de influencias, cohecho activo, cohecho pasivo, e incluso participación en una organización criminal.

La decisión que autoriza el desembolso se adoptó el último martes 11 de marzo en cuatro acuerdos de la Mesa Directiva del Congreso que preside el apepista Eduardo Salhuana. Por lo que, cada uno de los cuatro colegas parlamentarios serán financiados para sus “defensas legales” con una cifra de S/42,800, equivalentes a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Es decir, el Estado pagará un total de S/171, 200.

En uno de los acuerdos, se fijó que el privilegio de contratación de defensa legal se brinda por una única vez a los legisladores por conductas relacionadas con el desempeño de sus funciones parlamentarias.

Patricia Chirinos

La hoy legisladora de Renovación Popular, viene siendo investigada por el presunto delito de peculado doloso, por utilizar boletos aéreos pagados por el Congreso para trasladarse a la ciudad de Trujillo y participar en la fiesta de cumpleaños de su colega de bancada, Diego Bazán.

Kelly Portalatino

La congresista de Perú Libre y ‘amiga’ incondicional de Vladimir Cerrón, tiene una investigación preliminar de la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos contra la administración de justicia, en la modalidad de presunta negociación incompatible en agravio del Estado. El 5 de febrero pasado, la Fiscalía, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional en su contra, por presuntas irregularidades en su gestión como ministra de Salud durante el gobierno del hoy detenido Pedro Castillo.

Según Fiscalía, Portalatino habría inducido al entonces jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Salud, José Celis para que tome en cuenta la contratación de Romy Vásquez para el servicio de asistente administrativo en el Minsa.

Hilda Portero López

La legisladora de Acción Popular, Hilda Portero, tiene una investigación en el Ministerio Público, por haber sido parte del denominado grupo ‘Los Niños’, que habrían hecho tratos oscuros con el expresidente Pedro Castillo. De acuerdo al testimonio de una colaboradora eficaz, ella habría sido parte del grupo de parlamentarios que se vieron favorecidos con licitaciones de obras durante el mandato castillista, a cambio de que voten en contra de las entonces voceadas vacancias presidenciales.

Luis Cordero Jon Tay

El exfujimorista y hoy miembro de la bancada de Podemos Perú, está investigado por los presuntos delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo impropio y por su supuesta participación en una ‘organización criminal’ liderada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas. Cabe mencionar que este legislador es hermano de la hoy suspendida parlamentaria María Cordero Jon Tay, en tanto dure el proceso penal por el recorte de sueldos a un trabajador.

¿Negociado a la vista? Tras su presentación en el Congreso de la República, el titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, no se marchó del Palacio Legislativo, tal como suele acostumbrarse, sino que prefirió permanecer un rato más para sostener una reunión con sus asesores y presuntamente con algunos congresistas, los cuales habrían escuchado la propuesta del cuestionado ministro.

Así lo dio a entender la legisladora Susel Paredes quien informó que el hasta ahora titular del Mininter se había reunido en la sala Víctor Andrés Belanúde con el único propósito de evitar su censura.

“Es terrible, está ahí encerrado, recibiendo congresistas y asesores. Yo creo que él está ahí buscando votos para que no lo censuren ¿Por qué no respeta? ¿Por qué no se va a trabajar a su despacho? ¿Qué hace aquí en el Congreso?”, advirtió ante los medios de comunicación.

Aunque Paredes dijo que no tenía ningún nombre confirmado, tomó una foto de la puerta de la sala, para dejar constancia que Santiváñez continuaba en el Palacio Legislativo.

“Me dicen que entran y salen (congresistas y asesores), pero no tengo ningún nombre. La foto que he compartido es para que quede constancia que está ahí, Santiváñez, tratando de salvar su vida (…) quiere salvarse el pellejo, pero que el pueblo sepa que está aquí en vez de estar en su oficina trabajando como ministro”, agregó.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, salió a defenderse y asegura que existe una campaña de desprestigio en contra de su gestión y añadió que se ha cometido un sabotaje. Asimismo, cuestionó los allanamientos recurrentes a su vivienda por parte de la Fiscalía de la Nación.

Dichas declaraciones las expresó este jueves 20 de marzo, durante su presentación en el Pleno, y en las cuales apuntó que la supuesta “campaña” emprendida contra él, ha creado una narrativa de inseguridad extrema. Por lo que, indicó que la seguridad no debería ser usada como un «arma política».

«También podemos evidenciar la campaña de desprestigio que se ha desplegado con una narrativa de inseguridad extrema, a través de ataques constantes. Usando, por ejemplo, datos falsos como la plataforma Numbeo, escarbando el miedo en la población y su percepción», expresó el ministro.

Santiváñez cuestionó allanamientos a sus viviendas

En otro momento de su intervención, el ministro Santiváñez Antúnez indicó que resulta inadmisible que el Ministerio Público haya ordenado dos allanamientos en la oficina del Ministerio del Interior y en su vivienda. Aseverando que las diligencias son una muestra de un «abuso arbitrario del sistema judicial con fines políticos».

El Gobierno de Dina Boluarte Zegarra, a través de lo que aseveró la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga Peña, no descarta proponer la ‘cuestión de confianza’ en el próximo Pleno del Congreso, que se llevará a cabo este viernes 21 de marzo, ante una probable censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

La titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) indicó en entrevista con Canal N, que Santiváñez Antúnez se presentará ante el Pleno del Congreso para informar sobre «los logros» que se han planteado y se vienen obteniendo en su gestión.

«El ministro del Interior va a ir a contar todos los logros objetivos que se ha planteado en su gestión y lo que se viene haciendo, obviamente temas de seguridad, de detalles. (…) Los que estamos en este proceso de respaldo de nuestra Policía Nacional podemos decirle a la población que, sí se está haciendo», sostuvo en un primer momento.

Inmediatamente después, mencionó que no se ha comentado sobre el planteamiento de una posible ‘cuestión de confianza’; sin embargo, no descartan que eso se vaya a dar.

«Él va a ir a informar lo que viene haciendo y lo que se va haciendo (…) ¿Hace cuántos años no se compra armamento para nuestra Policía? (¿Se va a plantear cuestión de confianza sí o no?) No lo hemos comentado, lo que se ha comentado es que nuestro ministro (del Interior) ha solicitado un espacio para ir al Pleno del Congreso para que lo puedan escuchar (…) (¿Descarta entonces?) no lo descarto», culminó la ministra Urteaga Peña.

El Pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación y por mayoría, con 69 votos a favor, 10 en contra y 11 abstenciones, el dictamen que modifica la Ley Orgánica de Elecciones para regular el voto digital en Perú. Mientras tanto, la iniciativa deberá someterse a una segunda votación en un plazo de siete días calendario.

El dictamen del proyecto de ley, incorpora el capítulo 5 al título IX de la Ley 26859, y establece que el sufragio digital será un mecanismo alternativo y equivalente al voto tradicional por cédula, de uso voluntario y con aplicación progresiva.

“El voto digital optimizará recursos y tiempo para los cerca de cuatro millones y medio de compatriotas en el mundo”, explicó el congresista Juan Carlos Lizarzaburu, autor de la propuesta y representante de los peruanos en el exterior.

Peruanos en el extranjero y pobladores nativos tendrán prioridad

 La norma autoriza a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a determinar la implementación del programa piloto, priorizando a peruanos residentes en el extranjero, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Asimismo, se incluyó la participación de comunidades nativas y pueblos originarios que viven lejos de los centros de votación, con el objetivo de facilitar su acceso al proceso electoral.

Voto obligatorio para militares y pueblos originarios

El Congreso de la República también aprobó una disposición complementaria final que establece el voto obligatorio para efectivos militares, policiales y comunidades indígenas.

El exintegrante de la bancada de Acción Popular, congresista Edwin Martínez Talavera, rechazó que se responsabilice exclusivamente al ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, por la incontrolable ola criminal que afecta a varias regiones del Perú. Para Martínez Talavera, la culpabilidad recae sobre todas las entidades públicas y actores responsables de garantizar la paz interna, y no solo sobre la figura de un ministro.

«La culpa la tenemos todos; porque hemos permitido que la delincuencia avance. Tenemos armamentos, tenemos a venezolanos operando. Entonces ¿por qué le echan la culpa solo a él? (Santiváñez)», aclaró el legislador por Arequipa.

«La delincuencia no es responsabilidad del ministro”

Asimismo, el legislador refirió que, pese a las críticas hacia el ministro Santiváñez, la situación de inseguridad es un problema más profundo que involucra a diversas instituciones, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, y el INPE (Instituto Nacional Penitenciario).

En su opinión, la falta de acción coordinada y la permisividad ante el avance del crimen han permitido que las organizaciones delictivas operen libremente en Perú; y cuestionó por qué se culpa solo al ministro del Interior, cuando existen otros factores involucrados, como el tráfico de armas y la presencia de grupos criminales extranjeros operando en el país, en referencia al protagonismo de ciudadanos venezolanos en los actos delictivos.

«El problema de la delincuencia no es responsabilidad única del ministro, sino de todas las entidades encargadas de mantener la seguridad», concluyó el congresista Edwin Martínez.