Un puesto creado de la nada y un sueldo que todos le tendremos que pagar por leer comunicados al mismo estilo que el vocero presidencial Fredy Hinojosa. Una información proveniente del diario El Comercio detalla que el coronel PNP en situación de retiro Carlos López Aedo percibirá 30 mil soles por ejercer como vocero del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, según consta en su orden de servicio.

Y es que el titular del Mininter había salido a decir anteriormente que desconocía el monto que iba a recibir el vocero/portavoz de su cartera, obviamente para no decir que López Aedo iba a ganar semejante cantidad de dinero.

Cabe mencionar que López Aedo ganará incluso más que el vocero presidencial, quien como jefe del gabinete técnico de la presidenta Dina Boluarte se lleva mensualmente 25 mil soles por estar parado todo el rato mirando a la cámara.

De acuerdo a la documentación obtenida por el citado medio, las funciones del coronel en retiro incluyen la elaboración de presentaciones que resalten los logros del sector, intercambios de experiencias en materia de seguridad ciudadana con personalidades nacionales e internacionales, y contacto con medios de comunicación, en otras palabras y sin tanto adorno de por medio: un simple mensajero.

“Respecto al servicio de gestión y vocería de difusión, el proveedor realizará lo siguiente: doce presentaciones que contengan información de impacto sobre los logros del Sector Interior para su difusión en las redes sociales; doce acciones de intercambio de experiencias con personalidades nacionales y/o internacionales en materia de seguridad ciudadana, para su difusión en las plataformas digitales del Ministerio; y doce atenciones a medios de comunicación sobre solicitudes de información relacionadas con las acciones del Sector”, expone el documento.

La creación de este puesto ha llamado la atención, ya que no existe registro de un vocero oficial en ningún ministerio del país. No obstante, parece ser una medida desesperada ante la presencia de un ministro altamente cuestionado y una percepción pública desfavorable.

El dato:

Durante su carrera policial, López Aedo fue, entre otros cargos, jefe de Comunicación e Imagen de la PNP y jefe de Interpol Lima. Cumplió 37 años de servicio.

Pasó a la situación de retiro el último 1 de enero por renovación de cuadros, mediante una resolución ministerial suscrita por el propio Santiváñez.

El parlamentario separado de Fuerza Popular y que actualmente integra la bancada de Somos Perú, Luis Gustavo Cordero Jon Tay, presentó el Proyecto de Ley N° 10343/2024-CR, que autoriza la reelección inmediata de gobernadores regionales, alcaldes provinciales y alcaldes distritales. El legislador, quien en octubre de 2023 fue blindado por la Comisión de Ética presidida por Diego Bazán, por archivar la denuncia en su contra por violencia contra la mujer, indicó que su iniciativa legislativa fortalecerá la democracia y dará continuidad a las políticas públicas.

No es la primera vez que esta iniciativa legal pretende salir airosa en el Congreso. Como se recuerda, en diciembre del año pasado el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi aseguró que restablecer la reelección inmediata por un periodo adicional ayudaría a tener un sistema político «más estable y representativo», asegurando la continuidad de quienes lo merezcan.

Sin embargo, la propuesta ha generado diversas críticas entre la ciudadanía, que en su mayoría considera que la norma se ha elaborado pensando únicamente en el beneficio de las autoridades regionales y locales, a quienes solo les interesa mantenerse en el poder.

De aprobarse la norma, modificaría los artículos 191° y 194° de la Constitución Política del Perú, que en adelante aprobará la reelección inmediata de las autoridades locales y regionales por un único periodo adicional.

«La presente ley tiene por finalidad fortalecer la democracia, garantizar la estabilidad en la administración pública y permitir la continuidad de políticas y proyectos de desarrollo local y regional, asegurando una representatividad más eficiente y coherente», se lee en el documento y pasaría a establecer que el gobernador regional, elegido conjuntamente con un vicegobernador regional por sufragio directo por un periodo de cuatro años, podría optar, de manera excepcional y por un único periodo adicional, a la reelección inmediata. El mandato de dichas autoridades sería revocable conforme a la ley.

Gobernadores felices con la medida

La iniciativa legislativa que ya fue debatida a profundidad el pasado mes de diciembre, ha sido ampliamente apoyada por las autoridades regionales. Como es el caso de César Acuña Peralta, actual Gobernador Regional de La Libertad, que aseguró que al no aprobarse «deja como gran perdedor al pueblo». Esto luego que el Pleno del Parlamento no llegara a acumular los suficientes votos para aprobar la norma.

«Como presidente fundador de Alianza Para el Progreso, lamento que el Congreso haya rechazado la reelección de alcaldes y gobernadores. Es injusto que se permita la reelección de congresistas, pero no de autoridades locales que demuestran resultados», expresó el popular ‘plata como cancha’ en su cuenta de X.

La parlamentaria ultraconservadora de la bancada de Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo, ha presentado un proyecto de ley que propone reemplazar el delito de ‘feminicidio’, por ‘asesinato de la pareja’. Iniciativa que pretende modificar el artículo 108-B del Código Penal, basándose en el «principio constitucional de igualdad ante la ley de mujeres y hombres» y según el documento oficial, esta propuesta busca evitar la discriminación por sexo.

«La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 108-B del Código Penal, reemplazando el delito de feminicidio por el delito de asesinato de la pareja, en concordancia con el principio constitucional de igualdad ante la ley de mujeres y hombres, evitando la discriminación por sexo», se lee en el documento legislativo.

De aprobarse el delito de ‘feminicidio’ será derogado

El proyecto de ley que busca la modificación del actual artículo 108-B del instrumento legal penal, pretende cambiar el fragmento que señala: «el que mata a una mujer por su condición de tal» por «el que mata a su cónyuge o su conviviente». Y de ser aprobado, el «delito de feminicidio» sería derogado y cambiado por el «delito de asesinato de la pareja», el cual sería descrito y tipificado de la siguiente manera:

«Artículo 108-B.- Asesinato de la pareja

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años el que mata a su cónyuge o su conviviente, en cualquiera de los siguientes contextos:

Violencia familiar.

Coacción, hostigamiento o acoso sexual.

Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente.

Cualquier forma de discriminación, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. La pena privativa de libertad será no menor de treinta años cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes:

Si la víctima era menor de edad o adulto mayor.

Si la víctima se encontraba en estado de gestación».

Según legisladora, el ‘feminicidio’ hace diferencias en la ley

Por su parte, la autora del proyecto de ley, la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, indicó que el «problema» con el tipo penal del ‘feminicidio’, radica en las diferencias que hace en la ley, al tratar de sancionar con «mayores penas» al homicidio contra las mujeres, así como los casos de tentativa, frente al homicidio producido por mujeres contra los hombres.

«En el mundo, el mayor número de asesinatos se produce contra los hombres», se lee en el documento de iniciativa legislativa.

No solo Julio Demartini, exministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), rechazó las acusaciones que lo cuestionan por ser parte de una red delictiva en relación con la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la Nación por presuntas irregularidades en el programa alimentario ‘Qali Warma’.

También su abogado defensor, Fernando Silva, rechazó en declaraciones a Exitosa, cualquier indicio de fuga en relación con el posible nombramiento de su defendido como embajador del Perú ante el Vaticano y destacó que Demartini no evadió ninguna citación y que ha cumplido con todas las diligencias judiciales que le fueron solicitadas, y argumentó que su conducta demuestra su arraigo al país.

Fiscalía investiga a Demartini por irregularidades en ‘Qali Warma’

La solicitud de impedimento de salida presentada el pasado viernes por la fiscal Delia Espinoza ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria se enmarca dentro de una investigación por presuntas irregularidades cometidas durante la gestión de Demartini como ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y tiene como foco una serie de omisiones en el proceso de supervisión de adquisiciones del programa alimentario ‘Qali Warma’, lo que habría resultado en la distribución de productos alimenticios en mal estado, como carne de caballo en lugar de carne de res, y conservas de pollo con hongos.

En esa línea, Fiscalía argumenta que, debido a su posible responsabilidad en estos hechos, Demartini representa un riesgo de fuga. La audiencia que determinará si se acepta o no el pedido de impedimento de salida de Demartini se llevará a cabo el próximo 4 de marzo ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. De ser aprobada, la medida impediría que el exministro deje el país durante un período de nueve meses.

Por su parte, Fernando Silva, abogado de Demartini, recalcó que el exministro ha asistido puntualmente a todas las declaraciones solicitadas por la fiscalía y ha cooperado en todo momento con las investigaciones y agregó que los funcionarios diplomáticos, como los embajadores, no pueden «fugarse» del país, ya que ingresan con pasaporte diplomático, lo que les garantiza un estatus especial ante cualquier posible inconveniente en otro país.

«Un diplomático no se va a quedar de ilegal, no puede fugarse de una instancia diplomática. Si llegara a haber alguna situación, simplemente lo deportan», explicó Silva.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el abogado de Julio Demartini en el caso Qali Warma, Fernando Silva, aseguró que no hay peligro de fuga en posible nombramiento de su defendido como embajador ante el Vaticano.

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— Exitosa Noticias (@exitosape) February 26, 2025

Se le ‘chispoteó’. La bancada de Renovación Popular ha emitido un comunicado exigiendo a la Cancillería declarar como “persona non grata” a la actual mandataria de México, Claudia Sheinbaum, por salir en defensa del ex presidente Pedro Castillo, desconociendo completamente que intentó dar un golpe de Estado en el año 2022.

En el mensaje de la bancada congresal mostraron su rechazo ante las declaraciones de Sheinbaum, quien el pasado 22 de febrero recibió al exabogado del golpista Pedro Castillo, calificando de «injusto» el proceso que se le sigue ante el Poder Judicial por el golpe de Estado.

Así pues, exigieron al canciller Elmer Schialer la medida tras cuestionar y buscar irregularmente tener injerencia política en nuestro sistema de justicia.

Como se recuerda, el pasado 22 de febrero la presidenta de México calificó como “causa justa” la defensa de Pedro Castillo, quien podría ser condenado a una pena de hasta 34 años de cárcel.

En la misma publicación, Sheinbaum argumentó que debe prevalecer la “justicia, la democracia y el respeto a los derechos humanos”, dejando claro que su postura está en contra del gobierno de Dina Boluarte y lo que percibe como un abuso en el trato a Castillo.

La postura de Sheinbaum, que no solo apoya al exmandatario peruano, sino que también cuestiona las acciones legales emprendidas en su contra, ha generado una fuerte reacción en el ámbito político peruano.

En tanto, la Cancillería peruana subrayó que al respaldar una causa que considera “justa”, Sheinbaum omite el contexto legal y constitucional que guió la respuesta del gobierno peruano ante el intento de golpe. Además, enfatizó que esta postura, a la luz de la ideología expresada por la mandataria mexicana, demuestra un claro irrespeto por el Estado de Derecho, un principio fundamental en el sistema democrático del Perú.

Por lo visto, y según las últimas declaraciones del vocero del Real Plaza, ¿el Grupo Intercorp pretendería deslindar responsabilidades?

El vicepresidente de asuntos corporativos de Real Plaza, Hernán Malpartida, aseguró que la tragedia ocurrida en el centro comercial de Trujillo fue un caso «aislado» y que todas las sedes de la cadena de malls son seguras.

Estas declaraciones las dio tras 5 días de ocurrida la tragedia acontecida la noche del pasado viernes 21 de febrero, en el patio de comidas del concurrido centro comercial Real Plaza en Trujillo y que se convirtió en un escenario de caos y muerte, tras el colapso del techo que causó la muerte de seis personas y un saldo de más de 80 heridos.

Entre tanto, los familiares de las víctimas continúan exigiendo justicia y que la empresa perteneciente al Grupo Intercorp asuma su responsabilidad.

Mientras tanto, en entrevista para Exitosa, el vocero y vicepresidente de asuntos corporativos del Real Plaza, Hernán Malpartida aseguró que todas las sedes de los malls Real Plaza cuentan con altos estándares de seguridad y calificó lo sucedido en Trujillo como un caso «aislado».

«Somos conscientes de lo que significa, pero nosotros actuamos en todo momento de manera responsable. Esto es una tragedia, algo que nunca debió suceder, pero creemos que no deja de ser un hecho aislado. Vamos a hacer absolutamente todas las verificaciones necesarias», declaró y añadió con firmeza, que ante el temor de la gente de visitar los centros comerciales de la cadena Real Plaza: «Nuestros malls son seguros».

Este 2025 el Carnaval de Cajamarca tendrá una nueva restricción debido a que el investigado alcalde Joaquín Ramírez Gamarra ha prohibido a través de una ordenanza municipal, la realización de cualquier parodia o representación que haga alusión a figuras políticas y públicas, una tradición que por años caracterizó a los desfiles y comparsas del evento cajamarquino.

No cabe duda, que esta medida busca evitar que en la vía pública se hagan representaciones satíricas de cuestionados personajes como la presidenta Dina Boluarte, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el gobernador Regional de La Libertad, César Acuña Peralta, e incluso la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Queda terminantemente prohibido realizar parodias o representaciones en alusión a personas, ya sea figuras públicas o particulares, de manera que atente contra su dignidad o buen nombre”, se lee en el documento oficial.

Asimismo, la ordenanza prohíbe el uso de imágenes religiosas que puedan resultar ofensivas para la comunidad. Esta disposición se anuncia en medio de serias investigaciones judiciales contra el burgomaestre Joaquín Ramírez, quien apenas hace 24 horas, sufrió el allanamiento su vivienda y otros inmuebles por una pesquisa que lo involucra por presunto fraude y lavado de activos relacionado con el desfalco a la Universidad Alas Peruanas. En dicha diligencia también se incluyó a su hermano Osías Ramírez y al exasesor fujimorista Pier Figari, además de diversas empresas vinculadas.

La ley de la impunidad. La congresista de Podemos Perú Heidy Juárez presentó un Proyecto de Ley (PL) que busca declarar nulo un proceso judicial si se presentan pruebas o medios obtenidos de manera ilícita.

De aprobarse el PL n.° 10296 se estaría modificando el Código Procesal Penal (artículo VIII.2 y 159) que hace referencia al uso de pruebas ilícitas en los procesos judiciales. De comprobarse que se presentaron pruebas obtenidas contraviniendo los derechos fundamentales de las personas todo el proceso podría ser declarado nulo.

Además, se establece que los jueces no podrán utilizar, ni siquiera de manera indirecta, fuentes o medios de prueba obtenidos de forma ilícita. «El proceso será declarado nulo si tiene su origen en pruebas que violen derechos fundamentales», precisa el texto de la iniciativa.

En los fundamentos de la iniciativa, Juárez subraya que garantizar un marco normativo que proteja estos derechos es clave para la mejora del sistema de justicia. Además, la propuesta sostiene que la implementación de la norma no generará costos adicionales para el Estado, ya que se mantendrán los gastos establecidos.

«La propuesta legislativa, además de tener importancia y trascendencia, no irrogará ningún gasto al erario público, por cuanto los gastos se mantendrán conforme a lo fijado. No obstante, se podrá apreciar que los beneficios para la mejora del sistema de justicia en el país, es trascendental, toda vez de que, se da mayor protección a los derechos fundamentales de la persona», se indica en el proyecto de ley.

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La congresista Heidy Juárez presentó un proyecto de ley que modifica las pruebas ilícitas

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— Canal N (@canalN_) February 25, 2025

Entre los coautores del PL se puede apreciar los nombres de los parlamentarios José Luna Gálvez, Guido Bellido Ugarte, José Arriola Tueros, Luis Picón Quedo, Kira Alcarraz, Edgar Tello, Darwin Espinoza Vargas, todos ellos con procesos judiciales abiertos.

Es más, la propia autora se encuentra bajo investigación por presunto cohecho pasivo.