Política
Sobre Friedrich Naumann y el papel injerencista de las fundaciones alemanas
En una entrevista, el experto cubano Francisco Brown, señala que «La fundación Friedrich Naumann, del Partido Liberal Demócrata de Alemania (FDP) se le atribuye un rol importante en el golpe de Estado realizado por las fuerzas de derecha en Honduras». Esto nos llama la atención luego de la reunión de la presidenta del Congreso y otros nueve congresistas en hotel miraflorino donde se habló de la vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Curiosamente la cuenta de los parlamentarios peruanos fue pagada por la fundación alemana.

El experto cubano Francisco Brown Infante, habla sobre la fundación Friedrich Naumann y otras fundaciones alemanas que presuntamente tienen un papel injerencista en América Latina. La entrevista resulta reveladora luego de conocer que María del Carmen Alva, presidente del Congreso de la República, se reunió junto con nueve parlamentarios en un hotel de Miraflores, donde según la publicación de Hildebrandt en sus trece, se planificaba la vacancia del presidente Pedro Castillo Terrones.
Aquí la entrevista a Francisco Brown, donde además menciona que «las fundaciones alemanas desarrollan una intensa actividad de intromisión en la política interna de los países latinoamericanos».
¿Por qué tiene sentido investigar el trabajo de las fundaciones alemanas?
Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, el Parlamento alemán aprobó una ley de cooperación internacional que estableció que todo partido político con representación parlamentaria tendría una fundación que promovería la democracia a nivel mundial, la que sería financiada por el Estado alemán, de acuerdo al tamaño de la bancada del partido y dando nacimiento a las llamadas fundaciones políticas alemanas.
En la actualidad, las fundaciones experimentan un auge en Alemania, país en el cual hay actualmente más fundaciones que nunca. En 2008 estaban registradas 16,406 fundaciones de derecho civil con personería jurídica, según datos de la Asociación Federal de Fundaciones alemanas: un aumento del seis por ciento con respecto al año anterior. Semejante auge hizo declarar a un funcionario público que «Alemania se está transformando en un país de fundaciones» [1] .
En el caso de las fundaciones políticas, son organizaciones independientes, pero que se hallan vinculadas a la filosofía política de los grandes partidos de ese país. Así por ejemplo, la Friedrich Ebert, vinculada con el Partido Socialdemócrata (SPD); la Konrad Adenauer, relacionada con el Partido Demócrata Cristiano (CDU); la Friedrich Naumann, con el Partido Liberal (FDP); la Hans Seidel, de la Democracia Cristiana bávara (CSU), la Heinrich Boell con el Partido Verde y la Rosa Luxemburg, ligada política e ideológicamente a la nueva fuerza de izquierda que constituye Die Linke (La Izquierda).
Estas fundaciones tienen un profundo contenido ideológico, de manera que resulta esencial el que promuevan la ideología del partido al que pertenece cada una de ellas, con la particularidad de que ello se realiza preferentemente en otros países, fundamentalmente en el Sur del Planeta, África y América Latina en particular.
Con frecuencia, las fundaciones alemanas, además de promover la ideología del partido al que se vinculan, debido a lo cual su principal actividad es la educación política, y en esto cooperan con grupos e instituciones socio-políticos en los países del Sur, como sindicatos, partidos políticos, organismos patronales, cooperativas y organizaciones de jóvenes, etc., también apoyan a aquellas fuerzas que forman parte de la oposición, participando de este modo en los procesos políticos internos de cada país, una realidad perfectamente visible en América Latina, sobre todo en los últimos tiempos.
¿Qué papel juegan estas fundaciones en el contexto europeo, o sea, en comparación con instituciones españoles o francesas?
Los procesos revolucionarios que actualmente discurren en América Latina son percibidos por el actual gobierno alemán como una amenaza a sus intereses, lo que explica su determinación en el sentido de que «en todas nuestras relaciones dedicaremos una atención mayor a América Latina», según palabras de Angela Merkel, Canciller Federal, por lo que se puede esperar un mayor accionar de Alemania en los países de la región, con la particularidad que la nueva línea del gobierno de Berlín frente a América Latina no ha sido ni será ejecutada solamente por los partidos en el gobierno, sino también y sobre todo por las fundaciones que ellos financian.
Además de la fundación Konrad Adenauer, próxima al CDU, participa también de manera activa en el cumplimiento de los objetivos del gobierno germano la fundación Friedrich Naumann, del Partido Liberal Demócrata de Alemania (FDP), en tanto el Partido Unión Cristiano-Social está representado en Latinoamérica y el Caribe por el accionar de la fundación Hanns-Seidel. Las diferencias existentes respecto a las instituciones españolas o francesas se refieren ante todo a la mayor escala y profundidad de la intromisión de las fundaciones alemanas en la política interna de los países latinoamericanos.
¿Usted ve diferencias entre las fundaciones cercanas a los partidos políticos alemanes?
Si hay diferencias. La identificación de cada fundación con la ideología del partido con el que se relaciona es un factor esencial para caracterizar el papel que estas instituciones desempeñan en los países de América Latina. De este modo, las fuerzas sociales opuestas a los cambios sociales en el continente son sistemáticamente apoyadas tanto por los partidos políticos como por las fundaciones de ideología conservadora. El ejemplo mas elocuente de ello es la fundación Konrad Adenauer, la que con el declarado propósito de «ofrecer formación política, elaborar bases científicas para la acción política, otorgar becas a personas altamente dotadas e investigar la historia de la democracia cristiana», se ha dedicado en realidad a fabricar planes desestabilizadores, estimular a la subversión en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, así como a crear una plataforma ideológica desinformativa sobre estos países a nivel internacional, en tanto la fundación Friedrich Naumann, del Partido Liberal Demócrata de Alemania (FDP) se le atribuye un rol importante en el golpe de Estado realizado por las fuerzas de derecha en Honduras.
¿Se puede hablar de una división de trabajo entre los EE.UU. y Alemania?
El financiamiento a las actividades de intercambio académico y cultural, que no pocas veces encubren el carácter subversivo, mezclado en la mayoría de los casos con el más descarado injerencismo, así como la promoción de la contrarrevolución, marcan hoy por hoy –y en perspectiva- la actividad política de los partidos de derecha alemanes y de sus fundaciones en Latinoamérica, convirtiéndoles en un poderoso y dañino factor de desestabilización, lo que permite señalar que más allá de una división de trabajo entre los EE.UU. y Alemania, seria más exacto decir que son un aliado incondicional de la política hegemónica norteamericana en el área.
Lo anterior se deriva del análisis del Acuerdo de Coalición del nuevo gobierno alemán, en el cual es posible leer conceptos tan agresivos como «Fuerza de penetración de la ayuda al desarrollo», y «exactitud de objetivos de los medios utilizados», así como el papel que se le atribuye a las fundaciones, las que deberán ser «instrumentos de la política alemana sobre los Derechos Humanos» [2]
¿Nos puede dar dos o tres ejemplos del trabajo de las fundaciones en Latinoamérica?
Como ya he explicado, las fundaciones alemanas desarrollan una intensa actividad de intromisión en la política interna de los países latinoamericanos fundamentalmente en aquellos en tienen lugar procesos que se consideran atentan contra los intereses germanos en la región, a los cuales se les define como «populistas» y «totalitarios».
A modo de ilustrar lo anterior, se pueden señalar algunos ejemplos. En mayo del 2009, la Fundación Konrad Adenauer convocó a una conferencia internacional sobre Cuba en la ciudad de Praga. ¿»Quo vadis, Cuba?», se preguntaba en el título de este evento. En la actividad se reunieron representantes de la derecha conservadora de la Unión Europea con funcionarios estadounidenses de alto rango. Juntos debatieron cómo se puede forzar un cambio de sistema en el Estado caribeño.
El entonces encargado de la fundación Konrad Adenauer para América Latina, Hans-Hartwig Blomeier, en aquella oportunidad discutió, entre otros, con funcionarios del Partido Popular de España, con el antiguo gerente de Coca-Cola y ex-presidente de México, Vicente Fox y con un gran número de organizaciones derechistas cubanas del exilio sobre «las perspectivas para Cuba después de Fidel Castro». De ultramar llegaron además los presidentes de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) y desde Washington participó el entonces «coordinador de la transición en Cuba», Caleb McCarry. Como parte de su labor injerencista y desestabilizadora, esta fundación conservadora asumió un rol de liderazgo en la creación de redes entre la oposición al gobierno de Chávez en Venezuela, apoyando a los partidos de derecha Primero Justicia y COPEI a través de sus centros de formación en la región y en Europa y promoviendo la nominación de «candidatos de unidad del sector opositor» con miras a las ultimas elecciones municipales y legislativas en Venezuela.
La fundación Hanns Seidel, por otra parte, tuvo una importante participación en los intentos por evitar el triunfo del candidato presidencial Mauricio Funes, del partido de izquierda entonces en la oposición Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Con tal finalidad, esta fundación encargó al consejero político venezolano Alfredo Keller elaborar un estudio de estrategia para la ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), la cual gobernaba en el país centroamericano, a la cual el señor Keller «aconsejó» la divulgación de calumnias sobre el candidato del FMLN como única posibilidad de éxito en la contienda electoral por la Presidencia.
¿Qué posibilidades tienen los gobiernos latinoamericanos?
Un desafío crucial para los países latinoamericanos es el de enfrentar la actividad de diversionismo ideológico que realizan determinadas «inocentes e independientes» ONGs europeas y estadounidenses, las que actúan como instrumentos del intervencionismo norteamericano y europeo en el conglomerado de fuerzas políticas opositoras bajo el pretexto del «empoderamiento de la sociedad civil», la «educación ciudadana» y otras argucias por el estilo.
Ante la permanente acción conspirativa del imperialismo yanqui y sus aliados nativos (bloqueo y constante hostigamiento a Cuba; golpismo, campañas mediáticas y boicot estimulado desde la Casa Blanca contra la Venezuela Bolivariana; injerencismo y presiones contra los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Nicaragua, etcétera), los países del ALBA necesitan ampliar y profundizar el carácter popular de los procesos económico- sociales, políticos y culturales que desarrollan.
Notas:
[1] (Sefrin, Oliver: Ideas e impulsos). En: http://www.magazine-
[2] Gehrcke, Wolfgang/ Schäfer, Paul: Deutsche Schlagkraft (Fuerza de penetración alemana, en alemán título original) http://www.jungewelt.de/2009/11-05/001.php , 05.11.2009
Tomado de Rebelion.org
Política
Ministerio de Cultura acepta abstención de viceministra Moira Novoa en ‘caso Armatambo’
La cuestionada viceministra de Patrimonio Cultural pidió abstenerse de opinar sobre el retiro parcial de la condición cultural de la Parcela Arqueológica O en el Morro Solar. El ministro Fabricio Valencia, declaró procedente su solicitud mediante resolución ministerial.

Mediante la Resolución Ministerial N.º 158-2025-MC, el Ministerio de Cultura aceptó y declaró procedente la abstención formulada por la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Moira Novoa Silva, respecto al procedimiento que evalúa el retiro parcial de la condición cultural de la Parcela O de la Zona Arqueológica e Histórica de Armatambo – Morro Solar, ubicada en el distrito de Chorrillos, Lima.

En su lugar, será el viceministro de Interculturalidad, Percy Yhair Barranzuela Bombilla, quien se pronunciará sobre el procedimiento mencionado.
La resolución, firmada por el ministro de Cultura Fabricio Valencia, señala en sus considerandos que Novoa Silva solicitó abstenerse por haber emitido previamente opinión técnica sobre el tema, cuando se desempeñaba como directora general de Patrimonio Arqueológico Inmueble. En ese cargo, suscribió los informes N.º 000050-2025-DGPA-VMPCIC/MC y N.º 000141-2025-DGPA-VMPCIC/MC, en los que se abordaba el caso. Por esta razón, y conforme al numeral 2 del artículo 99° del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General), se configuraría una causal de abstención.

Sobre el retiro parcial de la condición cultural de la Parcela O de Armatambo, especialistas advierten que deben evaluarse rigurosamente los motivos detrás de la decisión. Si la zona fue intervenida con un proyecto formal de rescate arqueológico y se concluyó que ya no existen restos patrimoniales, entonces podría justificarse la desprotección. Sin embargo, existen cuestionamientos por el uso de cateos mínimos o informes técnicos limitados como sustento para retirar la protección, lo cual representa un tema especialmente sensible dada la fragilidad del patrimonio arqueológico.
Cabe recordar que hace poco más de un mes, la misma viceministra Novoa Silva fue duramente criticada por firmar la controvertida Resolución Viceministerial N.º 000128-2025-VMPCIC/MC, que redujo en casi un 50% el perímetro de protección de las Líneas de Nasca y Palpa, lo que generó un fuerte rechazo por parte de la comunidad arqueológica y defensores del patrimonio cultural en todo el país.
Política
Congreso blinda a la JNJ y archiva denuncia por retorno de Benavides
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso rechazó investigar a los seis miembros de la Junta Nacional de Justicia que avalaron la controvertida reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Con esta decisión, ya no serán procesados.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, presidida por la parlamentaria de APP María Acuña Peralta, ha vuelto a actuar como muro de contención para los intereses de ciertos sectores del poder. Esta vez, al declarar improcedentes las denuncias constitucionales contra los seis miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que votaron por la restitución de Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación, a pesar de las evidentes irregularidades en el proceso y la ausencia de unanimidad.
El blindaje es evidente: mientras la misma SAC sí decidió abrir investigación contra los miembros de la Junta de Fiscales Supremos por una controversia similar, a la JNJ se le concede impunidad institucional. Esta doble vara confirma la falta de coherencia y la clara intencionalidad política de las decisiones parlamentarias.

Las denuncias rechazadas fueron presentadas por los congresistas Alfredo Pariona (Bancada Socialista) y Elías Varas (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo). Acusaban a los magistrados de la JNJ de usurpación de funciones, avocamiento indebido y abuso de autoridad, al intervenir en decisiones que, según sus críticos, correspondían exclusivamente al ámbito del Ministerio Público y no al de la JNJ.
Los magistrados protegidos por el Congreso son Gino Ríos Patio (presidente), María Teresa Cabrera, Jaime De La Puente, Víctor Hugo Chanduví, Germán Serkovic y César Cayo Galindo. Todos ellos firmaron la resolución que repuso no solo a Benavides Vargas, sino también a la fiscal Azucena Solari y a la jueza Enma Benavides Vargas.
Pero el escándalo no termina ahí. El acta de la sesión extraordinaria en la que se decidió la reposición confirma que no hubo unanimidad, ya que el magistrado Francisco Távara no participó. Peor aún, la secretaria general de la JNJ, Giovanna Díaz, no fue convocada a la reunión, lo cual ella misma dejó consignado en el acta. Esta omisión plantea serias dudas sobre la legalidad de la sesión y abre la puerta a sospechas de manipulación institucional.
A pesar de estos hechos, el Congreso prefirió mirar hacia otro lado. Lo que debió ser un acto de fiscalización y defensa del orden constitucional terminó siendo otro ejemplo más de cómo las instituciones se protegen entre sí, incluso a costa de la legalidad y la confianza ciudadana. El blindaje a la JNJ por parte de la SAC deja una pregunta inquietante en el aire: ¿a quién sirve realmente el Congreso?
Política
MML derrochó más de 9 millones de dólares en estudio de abogados para luego despedirlo
Gestión de López Aliaga responsabilizó al estudio Foley Hoag LLP de perder los dos laudos arbitrales, acusándolos de omitir información que lo vincularía con Brookfield, empresa matriz de Rutas de Lima.

Plata al agua o al charco, para ser más precisos cuando se habla del alcalde de Lima. Como el dinero no sale de su bolsillo y sí de todos los peruanos, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), encabezada por el errático y explosivo Rafael López Aliaga, decidió dar por terminado el vínculo contractual que tenía con el estudio de abogados Foley Hoag LLP, alegando que la firma estadounidense le habría omitido información relevante relacionada a su cercanía con Brookfield, empresa matriz de Rutas de Lima.
Cabe mencionar que en la actualidad la MML y Rutas de Lima tienen un conflicto legal derivado de la cancelación del cobro de peajes de parte de la empresa concesionaria, la cual le viene exigiendo a la comuna capitalina el pago de más de 200 millones de dólares.
Según documentos judiciales y registros de contrataciones del Estado, la MML suscribió cuatro contratos con Foley Hoag LLP, tres durante el mandato del exalcalde Jorge Muñoz y uno bajo la administración de López Aliaga. La comuna destinó más de US$ 8 millones en tres procesos arbitrales que terminó perdiendo, y un contrato adicional por US$ 1.6 millones en 2024 para frenar la ejecución de los fallos. Esta última contratación fue anulada tras revelarse un conflicto de interés no declarado.
El municipio alega que Foley Hoag LLP ocultó que también representaba a Brookfield Asset Management, empresa matriz de Rutas de Lima, mientras defendía a la comuna en procesos contra dicha concesionaria. Esta falta de transparencia habría condicionado la estrategia legal y perjudicado gravemente a la municipalidad que dirige ‘Porky’.
“El conflicto de intereses no divulgado de Foley contaminó su representación de MML, y los resultados fueron devastadores”, se lee en el escrito presentado ante la Corte de Columbia por el nuevo estudio defensor, Boies Schiller Flexner LLP. En este documento se exige anular la sentencia que valida los laudos arbitrales por US$ 200 millones, alegando que Foley Hoag omitió recursos clave para proteger a la comuna.

A la fecha, la Corte de Apelaciones ya ha ratificado la validez de los laudos arbitrales, pero la MML aún espera una decisión de la jueza de primera instancia en EE. UU. que podría cambiar el rumbo de este escándalo legal y financiero.
Política
¿A quién beneficia la millonaria compra de aviones de guerra?
¡Escandalo! en vez de invertir en hospitales, cárceles o vías de transporte, el gobierno destina más de S/ 13 mil millones a aviones de guerra sin enemigo a la vista. Una decisión desconectada de las prioridades nacionales, que podría esconder millonarios negociados oscuros antes de dejar el poder.

Esta semana se confirmó: la presidenta Dina Boluarte ha decidido endeudar al Estado peruano por la exorbitante suma de 3,500 millones de dólares para adquirir 24 aviones de caza ‘Gripen E’ a la empresa sueca Saab. En un país que no enfrenta ninguna amenaza bélica real, este acuerdo resulta escandaloso, cuestionable y oportunamente silencioso. ¿Por qué ahora? ¿Para qué esta compra? ¿Y a quién realmente beneficia?
El argumento oficial es que esta adquisición forma parte del proyecto de modernización de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). La presidenta Boluarte Zegarra, flanqueada por el comandante general de la FAP, Carlos Chávez, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, y el premier Eduardo Arana, justificó el grosero gasto alegando que es una “decisión histórica” para “garantizar la paz mediante la disuasión”. ¿alguien puede creer eso?

Pero mientras la mandataria se alista para abandonar Palacio de Gobierno –como ya lo han hecho otros expresidentes–, deja atado al país a un endeudamiento que se pagará hasta 2050, y que no prioriza las verdaderas urgencias nacionales.
Gastos de guerra en tiempos de crisis
Dina Boluarte anuncia con orgullo esta compra, al tiempo que su propio gobierno apenas ha destinado 800 millones de soles para construir cinco penales en todo el país. Es decir, solo una fracción mínima de lo que costarán estos aviones, en un país donde el hacinamiento carcelario, la inseguridad ciudadana y la falta de infraestructura penitenciaria son un clamor nacional.
¿Por qué no destinar esos 3,500 millones de dólares a construir al menos 30 o 40 nuevos penales a nivel nacional, mejorar hospitales colapsados y construir decenas de estos, o cerrar la brecha de infraestructura educativa? ¿cuántas líneas de Metro de Lima se podrían implementar con esa millonada de dinero? ¿O es que existe un interés oculto detrás de este contrato con Saab?

Un proveedor cuestionado
Saab, la compañía sueca elegida por el gobierno peruano, está actualmente bajo investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. por su venta de aviones a Brasil en 2014. El caso, conocido como Operación Zelotes, involucró presuntos sobornos y tráfico de influencias, nada menos que con participación del actual presidente brasileño Lula da Silva y su hijo. Aunque el proceso fue archivado en Brasil, las investigaciones internacionales siguen en curso.
No se trata solo de antecedentes incómodos. Saab ha ofrecido “compensaciones legales” al Perú bajo el esquema offset, que supuestamente incluiría transferencia tecnológica y eventuales inversiones en sectores no militares. En teoría, suena bien. Pero en la práctica, es un terreno fértil para sobrecostos, contratos opacos y beneficios indirectos para actores políticos y empresariales.
Más aún: se ha revelado que parte de los aviones podrían ser ensamblados en Brasil, desde una planta inaugurada en 2023, lo que supondría una preocupante dependencia tecnológica y logística del Perú respecto al gobierno de Lula da Silva, un actor político que ya ha sido señalado por su participación directa en la anterior venta de Saab y que calificó como “intromisión” las investigaciones internacionales.

Un Congreso cómplice
Este endeudamiento no sería posible sin la venia del Congreso de la República, que aprobó el financiamiento en dos tramos: 2,000 millones de dólares en 2025 y 1,500 millones en 2026, utilizando deuda interna del Banco de la Nación. El plazo de pago será de entre 18 y 24 años. ¿Por qué un Congreso tan crítico del gasto público autoriza sin mayor resistencia esta compra? ¿Cuáles son los intereses detrás?
Esta práctica de dejar “herencias envenenadas” se repite peligrosamente. El exencargado de Palacio de Gobierno, Francisco Sagasti comprometió al país en deudas a 100 años por vacunas y compras durante la pandemia, sin rendición de cuentas claras. Más recientemente, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha endeudado a la Municipalidad Metropolitana de Lima por más de 4,000 millones de soles, comprometiendo a sus sucesores durante los próximos 20 años.
Una ‘disuasión’ sin enemigo
El argumento de la “disuasión” esgrimido por el viceministro de Políticas para la Defensa, César Torres, no resiste un análisis serio. Perú no enfrenta amenazas bélicas ni tiene conflictos armados en el horizonte. En cambio, sí vive una guerra interna contra la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción y la impunidad judicial. Es en esos frentes donde urge invertir.
Invertir miles de millones de dólares en armamento sin enemigo visible es no solo irresponsable: es un acto de desconexión total con las prioridades nacionales, y podría esconder negociados oscuros en nombre de la defensa nacional. Se repite así la historia de gobiernos que, antes de irse, amarran contratos millonarios para beneficios ajenos a los intereses del pueblo.
El legado de Boluarte: deuda, armas y desconfianza
No cabe duda que Dina Boluarte pasará a la historia como una mandataria sin respaldo popular, que accedió al poder por la vía sucesoria, que ejerció con represión y terminó comprometiendo el futuro económico del país en acuerdos sin consenso ni transparencia.
La compra de aviones de guerra en tiempos de paz, sin consulta pública, sin licitación internacional abierta y con un proveedor extranjero bajo investigación, es más que una mala decisión política: es una afrenta al pueblo peruano, que exige justicia, desarrollo y seguridad real, no fantasmas de guerra ni herencias de deuda.
¿Quién se beneficia de este negocio? Esa es la pregunta que el país debe hacerse ahora, antes de que sea demasiado tarde.
Política
Perú Libre presenta PL para que solo jueces y fiscales supremos titulares puedan investigar a funcionarios de alto rango
Iniciativa presentada por el congresista Américo Gonza pretende realizar importantes cambios en el Código Procesal Penal.

No les gusta ser investigados y ahora pretenden elegir quiénes les pueden investigar. La bancada de Perú Libre cuenta con bastantes de sus integrantes con investigaciones abiertas, ya sea por sus vínculos con ‘Los Niños’, acusados de ser ‘Mochasueldos’, y demás barbaridades al momento de votar en el hemiciclo, y ni qué decir de sus antiguos miembros que terminaron desperdigados en distintas bancadas. Igual ellos tienen ‘rabo de paja’.
Como les incomoda que la justicia nacional esté a todo momento detrás de ellos, el congresista perulibrista Américo Gonza ha presentado el Proyecto de Ley (PL) n.° 11750/2024-CR, el cual propone modificar varios artículos del Código Procesal Penal para que solo los jueces y fiscales supremos titulares puedan investigar y juzgar a los altos funcionaros comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política, es decir, el presidente de la República, los parlamentarios, ministros de Estado, magistrados supremos y otros altos cargos.
De acuerdo a la iniciativa, se busca modificar artículos 44, 450, 451, 452 y 453 del Nuevo Código Procesal Penal para excluir a magistrados provisionales o supernumerarios de los procesos, pues, según el congresista Gonza, el objetivo es “asegurar un proceso penal transparente, imparcial y libre de cualquier influencia o presión política”. Esto debido a que, actualmente, la mayoría de jueces y fiscales son provisionales, lo que no ofrecería “garantías de autonomía e independencia”.
«La provisionalidad, al no estar amparada por la estabilidad que otorga la titularidad, puede propiciar una vulnerabilidad institucional, en tanto los fiscales provisionales, por el temor de ser removidos o no confirmados en sus cargos, podrían actuar condicionados por intereses externos, particularmente en investigaciones de alta carga política», sostiene el legislador cajamarquino.

En otras palabras, Gonza sostiene que los fiscales provisionales, al no tener un puesto seguro, pueden ser influenciados por la presión política o son más susceptibles a la agenda mediática y brindar una decisión «imparcial». «Esto por estar condicionadas por la necesidad de conservar el cargo o satisfacer a quienes tienen el poder de nombramiento o remoción», anota el proyecto.
Para sustentar su propuesta, el proyecto presenta una comparativa de la cantidad de fiscales provisionales frente a los titulares. Según ello, en 2023, de 8,338 fiscales, 4,662 eran provisionales y solo 3,676 titulares. «Mientras las plazas provisionales han aumentado en más de 1,400 en los últimos cinco años, el número de fiscales titulares ha disminuido», indican.

Política
El Congreso avanza hacia la inhabilitación de Betssy Chávez
El peso de la responsabilidad por intentar quebrar el orden constitucional. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe que recomienda inhabilitar por 10 años a la exprimera ministra Betssy Chávez.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la legisladora de APP María Acuña Peralta, aprobó el informe que recomienda la inhabilitación por diez años para toda función pública de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino. Señalada como una de las figuras clave detrás del intento de golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, Chávez enfrenta ahora una de las sanciones políticas más severas previstas por la Constitución.
El proceso avanza con rapidez. La exministra no presentó defensa ante la subcomisión, ni de forma personal ni mediante un abogado, lo que facilitó el trámite y dejó su situación aún más comprometida. Esta ausencia levanta preguntas sobre su estrategia legal, pero también refuerza la percepción de una falta de interés por enfrentar las consecuencias institucionales de sus actos.
Actualmente detenida mientras avanza el proceso penal en su contra, Chávez Chino ha quedado políticamente aislada. Aunque tendrá la oportunidad de ejercer su defensa ante la Comisión Permanente y ante el pleno del Congreso, el camino hacia la inhabilitación parece cada vez más inevitable.

Más allá de la figura de Betssy Chávez, este caso marca un punto de inflexión en la respuesta del sistema político frente a intentos de quebrar el orden democrático. Sin embargo, también se exige autocrítica del Congreso: no debe confundirse justicia con revancha política. La transparencia y el respeto al debido proceso son cruciales para que la sanción tenga legitimidad, y no se perciba como una simple maniobra punitiva.
El informe aprobado es parte de un paquete de acciones contra exfuncionarios vinculados al intento de disolver el Congreso. Pero el castigo político debe estar acompañado de una reflexión institucional más profunda: cómo evitar que quienes llegan al poder, como Pedro Castillo o sus principales aliados, vuelvan a intentar socavar la democracia desde dentro.
Política
Polémico ‘proyecto de ley’ busca devolver brevetes a conductores ebrios
¿Segunda oportunidad o riesgo público? En Perú, conducir en estado de ebriedad es incurrir en delito de ‘peligro común’. El artículo 274° del Código Penal sanciona esta conducta con prisión, e inhabilitación, subrayando la gravedad de manejar bajo efectos del alcohol o drogas.

El congresista Jorge Flores Ancachi, ahora legislador ‘no agrupado’ tras su salida de Podemos Perú, ha reactivado la polémica con su proyecto de ley 11781/2024-CR, conocido informalmente como la “Ley del borrachito”. La iniciativa propone permitir que conductores sancionados por manejar en estado de ebriedad puedan recuperar su licencia de conducir, siempre que no hayan causado muertes, ni daños permanentes.

La propuesta contempla una amnistía parcial hasta el 31 de diciembre de 2025, permitiendo a los infractores —previo pago de una multa con descuento del 80% y la aprobación de un curso de capacitación— volver a conducir legalmente. Según Flores Ancachi, no se trata de fomentar la impunidad, sino de reconocer la posibilidad de rehabilitación y evitar sanciones “eternas” para quienes desean reinsertarse laboralmente.
Miles de conductores inhabilitados por conducir en estado de ebriedad han mostrado respaldo a la medida, argumentando que están arrepentidos, necesitan trabajar y que han sido castigados por años. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se opone con firmeza, señalando que el proyecto representa un serio retroceso en la lucha por la seguridad vial.
El debate pone sobre la mesa una tensión legítima: ¿puede una sociedad negar toda posibilidad de reinserción a un infractor que no causó daños irreparables? Pero también es necesario recordar que conducir ebrio no es un simple error: es una conducta peligrosa con potencial letal, porque es considerado un delito.
Conducir bajo influencia del alcohol es delito
Como se recuerda, conducir en estado de ebriedad en Perú constituye el delito de peligro común. El artículo 274° del Código Penal «Conducción en estado de ebriedad o drogadicción», establece que manejar bajo la influencia del alcohol o drogas es un delito, y se sanciona con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años, o con prestación de servicios comunitarios, además de la inhabilitación para conducir.
El proyecto de ley, aunque bien acertado para algunos, corre el riesgo de normalizar una falta grave y un presunto delito. Las segundas oportunidades son valiosas, pero deben estar siempre subordinadas a la responsabilidad, la prevención y el bien común.
economía
Presentan PL para que el Banco de la Nación pueda comprar y vender oro de la minería artesanal
Iniciativa presentada por el congresista Jorge Montoya busca modificar la Ley 16000 para incrementar las funciones del banco.

Arroz con mango. Pretender dotar atribuciones que no corresponden a determinada institución es como forzar a los abogados que operen a un herido, o que un ingeniero se dedique a cosechar papas; es decir, cargarles con atribuciones que no van con la naturaleza de su oficio.
A propósito de ese desbarajuste, la Comisión de Economía del Congreso de la República viene evaluando el Proyecto de Ley (PL) n. 8491 para que el Banco de la Nación (BN) pueda comprar, vender, exportar y comercializar oro proveniente de la minería artesanal y de pequeña escala.

La iniciativa ha sido presentada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) y propone la modificatoria de los artículos 2 y 6 de la Ley 16000, la misma que regula las funciones del banco estatal.
En el mencionado PL se estipula además que la entidad deberá implementar tecnología y procedimientos para asegurar la trazabilidad, calidad y exportación de los minerales, todo ello respetando normas ambientales, tributarias y de prevención de lavado de activos.
Según el texto, el Ejecutivo tendría un plazo de 90 días para aprobar la reglamentación necesaria, en caso se apruebe la ley. El financiamiento, según se indica, se haría con cargo al presupuesto institucional del banco y sin recurrir a recursos adicionales del Tesoro Público.
Cabe precisar que uno de los argumentos principales de la propuesta es que gran parte del oro producido por la minería artesanal no es trazado ni declarado formalmente, lo que facilita su desvío hacia canales ilegales. El proyecto también afirma que países como Bolivia y Tanzania han implementado esquemas similares con resultados positivos, aunque no ofrece mayores detalles al respecto.

La postura del Banco de la Nación
En tanto, el BN envió un informe donde advirtió sobre los riesgos de aprobar el PL que propone ampliar las facultades operativas de la entidad para permitirle participar en la compra, venta y exportación de oro y minerales. Según el documento, el Banco no cuenta con experiencia en estas actividades, ya que su labor está orientada a brindar servicios financieros a entidades públicas, instituciones del sistema financiero y trabajadores del sector público, conforme a lo establecido en su Estatuto.
En adición, se señaló que habilitarlo para operar en el comercio de minerales podría generar resultados negativos debido a la falta de recursos y conocimientos técnicos, afectando incluso su desempeño actual en la prestación de servicios bancarios. Por estas razones, la Gerencia Legal no recomienda la aprobación de la iniciativa legislativa.
Por su parte, ADEX señaló que existe un alto riesgo de que la compra de oro sin conocer la procedencia de este pueda involucrar metales de origen ilegal e informal, significaría blanquear activos ilegales, con lo cual se estaría incentivando aún más la ilegalidad e informalidad del sector al monetizar el oro.
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