A pesar de ser una de las instituciones que goza del mayor rechazo de la ciudadanía, el Congreso de la República, a través del proyecto presupuestario votado ‘a favor’ por los mismos legisladores que lo conforman, ha incrementado su presupuesto institucional de apertura (PIA) para el año 2025, en más de S/400 millones. Es decir, a partir del próximo año ascenderá a S/1 412 401 268 . Esta exorbitante cifra significa para el Perú tener al Parlamento más caro de la historia.

Como se recuerda, el pliego presupuestario del Congreso para este año también sufrió un incremento sustancial que totalizó unos S/ 1.084 millones 148 mil, que implicó un incremento de más de S/ 204 millones 403 mil (+23,23%) comparados con el aprobado el año 2023.

Solamente en los años 2020 y 2021, producto de la pandemia del Covid 19, hubo una notable reducción presupuestaria. Por ejemplo, el 2020, el presupuesto se redujo a un poco más de S/650 millones, de los cuales apenas se llegó a ejecutar el 73 %. En 2021 fue similar. Sin embargo, en 2022 ascendió a S/ 881 millones, en 2023 a S/930 millones y en 2024 a S/ 1 134 millones. No obstante, en los últimos tres años, ha crecido vertiginosamente.

Cabe recordar, que hace diez años, en el 2015, el presupuesto institucional modificado (PIM) fue de S/543 842 303. Es decir, en apenas diez años, los fondos destinados para el Congreso prácticamente se triplicaron, habiendo aumentado en casi S/870 millones. esta desmedida expansión ha generado el rechazo y la crítica de la población nacional que no se siente debidamente representada por el Parlamento.

Posteriormente,en 2016, el presupuesto modificado creció a más de S/651 millones, más de S/100 millones adicionales de lo presupuestado en el año anterior 2015. Para el año 2017, este volvió a incrementarse significativamente, y ascendió a más de S/711 millones.

En detalle, el presupuesto de S/ S/1 412 401 268, en 2025 será destinado para los gastos corrientes que incluye pago de personal, obligaciones sociales, bienes y servicios, donaciones y otros gastos, que se distribuirán en las siguientes acciones centrales:

-Planeamiento y presupuesto.

-Conducción y orientación superior.

-Gestión administrativa.

-Control político.

-Acciones de control y auditoría.

-Infraestructura inmobiliaria del Congreso.

-Construcción de edificio legislativo.

-Implementación del archivo documental y depósito administrativo del Congreso.

Por boca suelta. El Ministerio Público abrió investigación preliminar a uno de los ministros engreídos de la jefa de Estado, Dina Boluarte; nos referimos al titular del Ministerio de Educación (Minedu), Morgan Quero, por sus declaraciones a un medio de prensa durante una visita a Piura, en las que manifestó que “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, cuando se le consultó por los fallecidos en las protestas contra la mandataria.

Tras lo dicho por el titular del Minedu, se presentaron hasta tres denuncias en su contra. Una de estas, interpuesta por el abogado Javier Adrianzén Carreño, lo acusa del presunto delito de discriminación en agravio del Estado.

«Al atribuir a cincuenta personas fallecidas, que ellos no tienen derechos humanos, sino que son ratas. Eso no lo puede decir un ministro de Educación, ni ningún ministro, ni ningún peruano, cualquiera que sea la condición», manifestó el letrado para RPP.

El delito de discriminación se encuentra tipificado en el artículo 323 del Código Penal, y de ser encontrado culpable podría recibir una pena entre dos a tres años de prisión o de 60 a 120 jornadas de servicio comunitario.

Según Adrianzén Carreño, el ministro Quero «insultó la memoria» de los fallecidos y desestimó la versión que brindó el funcionario, en la que afirmó que hacía referencia a los violadores y que sus palabras fueron «tergiversadas».

«Por eso, como ciudadano común y corriente, interpuse la denuncia penal, sin necesidad de cargo alguno, sin representar ningún partido político, simplemente como un peruano indignado», aseveró.

Como parte del proceso, Morgan Quero fue citado para el 10 de enero, en horas de la mañana, para rendir su manifestación respecto a esta investigación preliminar.

El exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, actualmente investigado por Fiscalía, respondió ante la Comisión de Fiscalización una serie de interrogantes sobre cuáles fueron los criterios que adoptó para contratar personal femenino en su despacho legal para presuntamente enquistar una ‘red de prostitución’ dentro el Legislativo. Así como su presunta participación en el asesinato de su exasesora Andrea Vidal. En ese sentido, enfrentó preguntas incisivas del grupo de trabajo.

Al momento de ser interrogado en la Sala Carlos Torres y Torres Lara, sobre su ubicación del día lunes 9 de diciembre, fecha en que Andrea Vidal fue asesinada a balazos mientras viajaba en un taxi en La Victoria, Torres Saravia declaró no recordar con precisión dónde se encontraba ese día a la hora exacta del crimen.

«Mi rutina diaria consiste en ingresar a trabajar a las 8 de la mañana y retirarme a las 6 de la tarde para regresar a casa con mi familia», aseveró Torres Saravia, y defendió su falta de memoria sobre los acontecimientos de esa fecha, causando gran desconcierto dentro del grupo de trabajo congresal.

Sin embargo, Torres Saravia negó enfáticamente que encabezara una red de prostitución, y calificó las acusaciones en su contra como infundadas y atribuyó la muerte de la señorita Vidal a la crisis generada por la inseguridad ciudadana.

“Expreso mi malestar, incomodidad, mi molestia por todo lo que se viene diciendo, lo que se me viene acusando sin prueba alguna”, enfatizó Torres Saravia.

Por su parte, la parlamentaria Norma Yarrow, contó algo que ya no es primicia, porque es de conocimiento público, al afirmar que la jefa de Recursos Humanos, Haidy Janette Figueroa Valdez, es afiliada al partido Alianza para el Progreso (APP) y añadió que Giovanni Forno, actual oficial mayor del Congreso, ingresó en el cargo cuando Alejandro Soto, también de Alianza para el Progreso (APP), asumió la dirección de la Mesa Directiva del Congreso.

Sin embargo, Torres Saravia contó que Giovanni Forno lo contactó para ocupar el cargo de jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. No obstante, en horas de la tarde, el propio oficial mayor asistió a la sesión de la Comisión de Fiscalización y desmintió lo aseverado por Torres Saravia y agregó que no recordaba quién le había entregado el CV para contratar al exfuncionario investigado.

Asimismo, Torres Saravia aseguró que las contrataciones de las “trabajadoras” vinculadas al presunto proxenetismo habrían sido gestionadas por la jefa de Recursos Humanos del Congreso, Haidy Jannette Figueroa Valdez, militante activa de Alianza para el Progreso (APP) y quien curiosamente ordenó la creación de una Comisión Ad Hoc para investigar a Torres Saravia. Cabe mencionar que la funcionaria de Recursos Humanos también asistió a la sesión de la Comisión y desmintió lo aseverado por el exjefe de la Oficina Legal al admitir que la oficina de Recursos Humanos no es la que contrata directamente, sino, es la que recibe y emite la resolución administrativa acorde a las decisiones tomadas en base a los cargos de confianza que le recomiendan.   

Torres Saravia defendió a trabajadora del Congreso que tenía OnlyFans

Durante su intervención en la Comisión de Fiscalización, Jorge Torres Saravia resaltó que el congresista Edwin Martínez haya defendido la contratación de Isabel Cajo en su despacho. “Qué gusto que el señor Edwin Martínez defienda a Isabel Cajo”, afirmó el exjefe de la Oficina Legal, en referencia a las constantes justificaciones que viene brindando el legislador no agrupado de Arequipa, por haber empleado en su despacho a la señorita quien anteriormente vendía contenido intimo en OnlyFans y que actualmente percibe un salario proveniente del Parlamento que supera los S/7 mil mensuales.  

“No me une amistad con el señor Martínez y si él la quiso contratar en su momento a la señorita Cajo, porque escuché que se pretende decir que yo se la presenté, lo que es totalmente falso. Que gusto que el señor Martínez la defienda a la señorita porque ella no tiene nada de malo. Lamentablemente, por ser bonita se le está incriminando, o se le está haciendo parecer como si fuera una prostituta», declaró.

Tras la muerte del dueño de ‘Frigoinca’ Nilo Burga Malca y luego del inicio de la investigación preliminar iniciada por la Fiscalía para dilucidar las causas de dicho deceso, Félix Chero, abogado defensor del fallecido, aseguró que su patrocinado sí se encontraba «preocupado» por las investigaciones por el caso ‘Qali Warma’; sin embargo, no tenía la intención de suicidarse.

Abogado conversó por última vez con Nilo Burga horas antes de su muerte

El letrado y exministro de Justicia Félix Chero también contó que la última vez que conversó con su defendido Nilo Burga Malca fue el pasado 24 de diciembre; es decir horas antes que se descubra el extraño fallecimiento del dueño de Frigoinca en un hotel de Magdalena. Y en dicha conversación, Burga Malca le pidió que continúe apoyándolo en la asesoría legal para establecer detalles. También, afirmó que «siempre» se sometió al llamado del Ministerio Público.

«Yo me he saludado con él día 24 (de diciembre) por navidad. Me pidió que continúe apoyándolo en el tema de la asesoría legal. Quedamos en conversar para establecer detalles. Él siempre se sometió a la investigación, al llamado del Ministerio Público junto a su hijo Michael Burga, que también está investigado», declaró a Exitosa.

Félix Chero indicó que no estaba en la mente de su patrocinado el «dejar este mundo»

«Lamentablemente, se produjo este hecho. Y los que hemos estado cerca de él, lo conocemos, lamentamos profundamente su deceso. Pero no estaba en la mente o en los planes de Nino Burga dejar este mundo sin aclarar su situación jurídica, porque siempre así lo manifestó», aseveró el abogado del presidente de Frigoinca y también apuntó que su patrocinado se encontraba «preocupado» por las investigaciones que afrontaba, debido a que estas afectaban su vida laboral.

«Más que depresión, era la preocupación propia de un empresario que deja de producir y que tiene una carga social de trabajadores. Esa preocupación es natural en cualquier ser humano. El doctor César Euscátegui ha percibido también como abogado en las investigaciones, tal preocupación», culminó el letrado.

Tras el asesinato de la extrabajadora del Congreso de la República, Andrea Vidal, se destapó la existencia de una presunta ‘red de prostitución’ al interior del Legislativo quien habría “reclutado” a señoritas a través de la Oficina Legal y Constitucional liderada por Jorge Torres Saravia, quien es investigado por trata de personas. Entre las féminas en mención, se encuentra Isabel Cajo Salvador, de 26 años, que ingresó a la Oficina Legal del Congreso; sin embargo, su perfil no obedecía precisamente a la de una asesora, porque era más conocida por vender sus fotografías y videos de entretenimiento para adultos en la página “OnlyFans” y cuyo nombre de usuario es Isatoons”.

A pesar de ello, y que no cumpliría con el perfil requerido, la joven Cajo Salvador fue contratada por el congresista no agrupado Edwin Martínez Talavera y actualmente trabaja en el despacho del legislador.

Como se conoce, la servidora Cajo Salvador no cuenta con bachiller, y percibe del erario congresal más de S/7 mil. En ese sentido, Edwin Martínez se ha empeñado en defenderla en todas las plataformas y entrevistas a las que acude ante la prensa. Indicando en un primer momento, que él no vive ni de “chismes, ni de habladurías” y que para el cargo que la joven ocupa no es necesario “ser bachiller”.

Congresista Edwin Martínez le dijo cobarde a su colega Juan Burgos

Siguiendo el mismo afán de defender a su nueva trabajadora Isabel Cajo Salvador, el legislador Edwin Martínez Talavera, en una de sus últimas declaraciones, confirmó que la señorita continuará trabajando con él, y además arremetió e insultó a su colega, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos y lo calificó como un “cobarde” por asegurar que en el Congreso se cambian votos por favores sexuales.

“Por ejemplo, nomás, (Juan) Burgos viene a decir que ha descubierto que algunos parlamentarios reciben favores a cambio de votos. Eso no es de varones. Que dé nombres si realmente es una investigación seria y no seguir echando barro a las personas. Sí, yo le digo que es un cobarde porque el hombre que investiga da nombres”, aseguró Martínez Talavera.

¿Vino o vinagre? Una peculiar manera de congraciarse con sus colegas encontró el parlamentario, ahora de Somos Perú, Jorge Flores Ancachi, quien no tuvo mejor idea que regalar botellas de vino con su rostro dentro del Parlamento.

De acuerdo a las imágenes compartidas en las redes sociales se observa que los empaques de los vinos llevaban el logo y nombre del Congreso, así como una fraternal frase “Gracias por tu amistad”, intentando posiblemente agradecer a los demás legisladores por haberle salvado de la suspensión.

Cabe recordar que el representante de Puno iba a ser suspendido por 120 días de sus haberes, pero el Pleno lo redujo a 30 días sin goce de haber por el caso “Mochasueldos”, en donde el parlamentario se habría aprovechado de su cargo para exigirle una parte de su sueldo a sus trabajadores.

«Los hechos están referidos a que dicho parlamentario habría abusado de su cargo para obligar a los trabajadores de su despacho congresal y de la Comisión de Energía y Minas, que presidió durante el periodo 2022-2023, a fin de que le entreguen sumas de dinero procedentes de sus haberes», indicó en un momento la Fiscalía.

Hasta el momento el congresista también acusado de pertenecer a la presunta organización criminal “Los Niños” no ha salido a responder por ese singular gesto.

Esa mancha negra en Petroperú no se borrará fácilmente. El Ministerio del Ambiente (Minam) declaró en emergencia ambiental la zona afectada por hidrocarburos en Talara – Piura, con el fin de garantizar el manejo sostenible del área y la ejecución de trabajos de recuperación y remediación que permitan mitigar la contaminación ambiental, protegiendo así la salud de la población.

La Resolución Ministerial 00443-2024-Minam fija un plazo de 90 días y aprueba también el Plan de Acción Inmediato y a Corto Plazo que contempla labores de contención, limpieza y recuperación de las zonas afectadas, priorizando la protección de los ecosistemas y la salud de las comunidades locales.

Las acciones serán ejecutadas por entidades públicas especializadas e instituciones en permanente coordinación con el gobierno local y regional, desde la Refinería Talara hasta la playa Cabo Blanco, Además, las playas Las Capullanas, Punta Malacas, Yapato, El Alto, Peña Negra y Retín de Cabo Blanco.

El monitoreo en las zonas impactadas continuará para evaluar los efectos del derrame y adoptar medidas adicionales de remediación. Con estas acciones, el Minam refuerza su compromiso con la protección del medio ambiente y la población afectada.

Como se recuerda, el pasado 21 de diciembre la Dirección de Capitanías y Guardacostas reportó al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), órgano adscrito al Minam, sobre la presencia de hidrocarburos en el área del Terminal Multiboyas de la Refinería Talara, ubicado en el distrito de Pariñas, provincia de Talara, departamento de Piura.

Presidente de Petroperú minimizó derrame de petróleo

Como se recuerda, Óscar Vera Gargurevich, presidente del directorio de Petroperú, aseguró a distintos medios que el petróleo que llegó a las costas de Lobitos “ya fue recogido”, calificando todo ello como una “pequeña fuga”.

«Me parece que el calificativo de ‘desastre’ es totalmente diferente. No hay ningún desastre. La flora y la fauna, su afectación, ha sido mínima. Tal es así que está totalmente limpia el área. No podemos comparar con otros derrames que sí se verifica y se evidencia, la afectación. Esto ha sido una pequeña fuga, diferente a cuando se derrama el hidrocarburo», expresó. 

Otra extraña muerte que salpica a las más altas esferas de poder en el país. El año está a punto de culminar y las cifras de homicidios se han incrementado superlativamente debido a la ola de extorsiones y sicariato; sin embargo, algunos asesinatos involucran a siniestros personaje ligados al Ejecutivo y el Legislativo.

Primero sucedió con Andrea Vidal y el presunto caso de prostitución A1 dentro del Parlamento, donde las primeras pesquisas indican que habría sido silenciada por aquellos personajes que no desean que se revele toda la verdad.

Ahora, otro sujeto ligado a un caso de corrupción ha aparecido muerte en una habitación de un hotel en Magdalena; se trata del empresario Nilo Burga Malca (69) que en estas últimas semanas su nombre aparecía constantemente en las portadas de los diarios por la presunta distribución de alimentos no aptos para el consumo humano del programa social Qali Warma.

El presidente del directorio de Frigoinca, según las primeras declaraciones de su abogado Félix Chero, fue hallado sin vida la tarde del 24 de diciembre en el hotel “Luz y Luna” del distrito limeño de Magdalena.

De acuerdo a las indagaciones, a las 5:44 p.m. del día siguiente, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios recibió una alerta desde ese hotel que en el sistema público aparece como una “dificultad respiratoria”. Sin embargo, al llegar al lugar, ya encontraron al empresario sin vida.

Dejó una carta de despedida, pero escrita por una tercera persona

En tanto, el abogado César Eucástegui, otro de sus representantes legales, informó que se habría tratado de un suicidio dada las condiciones en que fue hallado el cadáver del empresario. Asimismo, indicó que se halló un manuscrito de Nilo Burga al interior de su vehículo, detallando que fue escrita por una tercera persona pero con la firma de su cliente.

Su cercanía con Freddy Hinojosa, actual vocero presidencial

Durante la gestión de Freddy Hinojosa en Qali Warma, entre los años 2019 al 2022, la empresa Frigoinca de Nilo Burga obtuvo jugosos contratos para distribuir alimentos, muchos de ellos cuestionados por su calidad.

El actual vocero de Dina Boluarte es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y cohecho. Tanto Burga como Hinojosa eran ex militantes del APRA.