¡Increíble! Horas antes que se iniciara la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso para absolver algunos cuestionamientos e interrogantes sobre el presunto uso del vehículo presidencial llamado ‘cofre’ y que habría favorecido en la fuga de Vladimir Cerrón, el Despacho Presidencial clasificó como ‘reservado’ el plan de seguridad de Palacio de Gobierno y anexos.

A través de la Resolución N° 000042-2024-DP/SG, que lleva la firma del secretario general del Despacho Presidencial, Enrique Vílchez Vílchez, se resuelve clasificar con carácter reservado el Plan de Seguridad de Palacio de Gobierno y locales conexos, asignándole como código: DR001-PSPG2024. Es decir, no se podría acceder a dicha información porque tiene carácter “secreto”.

Llama tremendamente la atención que desde Palacio de Gobierno hayan adoptado esa decisión que obstaculizaría las investigaciones sobre el desplazamiento del vehículo presidencial y que se haya clasificado con ‘carácter de reservada’ el Acta N° 001-2024-DP/FRCIDP, de fecha 17 de setiembre de 2024, asignándole como código ACT001.

En el artículo 4 de la resolución se detalla que el responsable de brindar la información pública en coordinación con la Casa Militar, “permitirá el acceso de la información clasificada a las entidades señaladas en el artículo 18° del Texto Único ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a su solo requerimiento”, es decir, al Congreso de la República, Poder Judicial, Contralor General, Defensor del Pueblo y Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

El Congreso de la República aprobó con 41 votos a favor, 22 en contra y 25 abstenciones la moción de orden del día N° 13303 para interpelar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

El ministro del Interior deberá presentarse el miércoles 2 de octubre a las 3 de la tarde ante el Pleno del Congreso para responder un pliego de preguntas relacionadas principalmente con temas de seguridad ciudadana, medidas efectivas contra la criminalidad y la controversia en torno a audios difundidos en los medios de comunicación, así como sus credenciales para ocupar el cargo.

La encargada de sustentar la moción fue la congresista Susel Paredes, quien dijo que un ministro del Interior debe conocer sus responsabilidades y que seguramente él las conoce, pero que los encargados de ese portafolio deben tener la característica especial de contar con capacidad estratégica, de organización y de articulación con actividades de prevención con la comunidad organizada para luchar contra el crimen organizado.

“Pero, en lugar de tener un ministro del Interior que tenga una estrategia discreta, que guarde la información, tenemos un histriónico que más bien se dedica todo el tiempo a hablar, defenderse, porque hay plata que está gastando el Estado peruano en que se defienda de sus propios procesos penales”, increpó la parlamentaria.

“Es un ministro que no ha mostrado tener un liderazgo. Tiene acciones concretas esparcidas, pero no ha podido”, expresó al tiempo de referirse a la situación que atraviesa un importante sector de transportes que se encuentra paralizada por las extorsiones y sicariato de la que es víctima, no solo en Lima sino en diferentes partes del país.

“Es un ministro preocupado por él y otras actividades que no son las de un ministro”, concluyó.

Hoy el pleno del Congreso de la República aprobó, en primera votación, la creación del Colegio de Politólogos del Perú. Luego de someterse a votación, con 73 votos a favor, 13 en contra y 8 abstenciones, el Parlamento aprobó en primera votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 484 que propone la creación del mencionado colegio profesional.

Esta iniciativa es impulsada por el parlamentario José Luis Elías Ávalos de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), y de acuerdo al Reglamento, en un plazo de siete días, se deberá de someter a una segunda votación.

Por su parte, el presidente del Comisión de Educación, Segundo Montalvo, argumentó que el colegio profesional sería fundado para generar una adecuada representación gremial para los profesionales de las ciencias políticas en el Perú. Asimismo, indicó que esta profesión se imparte en el Perú desde 1988. En ese sentido, en la actualidad, las universidades que ofrecen la carrera de Ciencias Políticas son: Federico Villareal, San Marcos, Pucp, UPC, Ruiz de Montoya, Católica de Santa María, Nacional de Trujillo, Pedro Ruiz Gallo y Micaela Bastidas.

Montalvo también refirió que dicha carrera es una de las mejores remuneradas del país y que sus áreas de estudios son la teoría, la sociología política, la historia de las ideas, la ciencia administrativa, las relaciones internacionales, etc.

El campo en el que estos profesionales se desarrollan laboralmente contempla las labores de “asesores de cuerpos colegiados como parlamentos, municipalidades y otras, estrategias políticas, gestionan políticas públicas, analistas en empresas privadas que requieren diagnóstico del entorno sociopolítico y tendencias sobre actitud política y administrativa en el país”, sostuvo.

Por su parte, la legisladora Adriana Tudela, integrante de Avanza País, sostuvo que el dictamen sea regresado a la comisión respectiva, debido a que la creación de este colegio implicaría “cobrar un cupo” para el ejercicio de la carrera profesional; pero su pedido fue rechazado. Asimismo, su colega Sigrid Bazán cuestionó el proyecto de ley por no tener “opiniones técnicas” de instituciones especializadas.

Agarraba de todos lados. El ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI), José Fernández Latorre, dispuso un pago mensual de 50 mil soles para el conductor de televisión Andrés Hurtado ‘Chibolín’, quien se encuentra actualmente implicado en los presuntos delitos de tráfico de influencias y soborno de funcionarios, para que lo ayudara “a limpiar su imagen”, según contó anoche Henry Shimabukuro.

En una entrevista difundida este miércoles en Beto A Saber, el empresario aseguró que Hurtado presentó a “personas muy poderosas del Poder Judicial y la Fiscalía” al exjefe de la DINI, uno de los más allegados al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien se encuentra recluido por cargos de rebelión y corrupción.

“Le pregunté al señor José Luis Fernández y me dijo que lo estaba apoyando a limpiar su imagen en su canal de TV y que le habían asignado un presupuesto (…) durante tres o cuatro meses. Creo que (el monto destinado) puede ir entre 50 mil soles mensuales”, dijo.

Beto Ortiz sobre Andrés Hurtado y el gobierno de Pedro Castillo:
En la planilla de la DINI, existía un codinome llamado Chivito, a quien se le pagaba 50 mil soles mensuales.
Henry Shimabukuro nos cuenta que la DINI le pagaba una mensualidad a Chibolín.#BetoASaber pic.twitter.com/wGjF23RA5n

— BUXTREP (@buxtrep) September 19, 2024

Según el relato, Hurtado no solo invitaba frecuentemente a Fernández a su programa, sino que también lo llevaba “a un departamento en Miraflores”, adonde asistía su círculo íntimo. “Solo ellos lo saben, ya usted sabe en qué andaba el señor Andrés Hurtado”, señaló.

De acuerdo con Beto A Saber, a la figura televisiva se le habría asignado un nombre en clave, ‘Chivito’, para destinarle ese monto en la planilla. “No sé a qué se debía su presencia (en la DINI). Yo asistía siempre y el personal me decía que lo había visto. Después, de su propia boca, el señor Fernández la Torre me dijo que sí había tenido reuniones con él y que le había asignado un presupuesto”, agregó Shimabukuro en un diálogo posterior con RPP.

El dato:

A la fecha, Hurtado es investigado simultáneamente por dos despachos del Ministerio Público en un caso declarado “complejo”. El primer de ellos lo relaciona con presuntamente haber servido de intermediario para el retiro de oro incautado en Aduanas. La segunda investigación se dirige sobre su presunto nexo con ‘Vaticano’; al conductor televisivo se le descubrió que es su representante jurídico, según un informe del programa ‘Cuarto Poder’.

Saben que tienen ‘rabo de paja’ y en algún momento cometerán los mismos errores que sus colegas sancionados. Lo visto ayer en el Parlamento fue completamente bochornoso, por no decir otra palabra de mayor calibre. Como si se tratara de una ley escrita en piedra en la puerta de ingreso de la sede del Legislativo, se escuchó en todos los pasillos la frase “Otorongo no come otorongo”.

Sus colegas parlamentarios hicieron todo lo posible, en distintas oportunidades, en reducir las sanciones impuestas a los congresistas Juan Carlos Lizarzaburu (Alianza para el Progreso), Jorge Flores Ancachi (Podemos Perú), y Katy Ugarte (Bloque Magisterial) por infringir el Código de Ética Parlamentario.

Tras idas y vueltas, Lizarzaburu, Flores y Ugarte solo fueron suspendidos 30 días. Para los dos primeros, la Comisión de Ética solicitaba 120 días de suspensión; y para Ugarte, 60.

Para el caso del congresista Lizarzaburu el Congreso lo encontró responsable de haber proferido frases misóginas contra su colega Patricia Juárez, el pasado 13 de diciembre durante una sesión virtual de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

En esa sesión, el legislador dejó su micrófono abierto y se le escuchó referirse de manera ofensiva contra congresistas mujeres y directamente contra Juárez.

Por su parte, el Pleno le rebajó la sanción de 120 a solo 30 días al congresista Jorge Flores Ancachi, acusado de haber recortado el sueldo a sus trabajadores.

El también acusado de ser parte de ‘Los Niños’ insistió en rechazar las acusaciones en su contra. “No he cometido ningún delito, no he recibido dinero ni mucho menos he podido presionar a trabajadores de mi despacho”, dijo.

Finalmente, la congresista Ugarte también salió bien salvada de su sanción, reduciéndosela de 60 a 30 días de suspensión.

Fue la legisladora Kira Alcarraz (Podemos) quien presentó una cuestión previa para que la suspensión se reduzca a 30 días de suspensión y una multa equivalente a 45 días de sus haberes. En la votación final, se aprobó esa sanción con 78 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones.

¡El Poder Judicial reaccionó! La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial a través del comunicado N° 0006-2024 emitido hoy, informó que ya inició un procedimiento administrativo contra la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Delfina Vidal La Rosa, y una investigación preliminar contra la jueza Paola Valdivia Sánchez.

“En el caso que se cuestiona a la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, quien habría sido aludida por el conductor de televisión Andrés Hurtado Grados en relación a la celebración por el Dia del Juez en agosto del 2023, el 13-09-2024 la Oficina Central de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial abrió procedimiento administrativo disciplinario en contra de la citada magistrada por los hechos mencionados en la denuncia, a fin que se diluciden las responsabilidades a las que hubiera lugar.

Respecto de la denuncia periodística contra la jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Lima, Paola Valdivia Sánchez, por presuntas relaciones extraprocesales con el presentador de televisión Andrés Hurtado Grados, el 17-09-2024 la Comisión de Intervención inmediata de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, inició de oficio una investigación preliminar, con el fin de dilucidar la situación de los presuntos responsables, así como las inconductas funcionales que se podrían haber incurrido”, se lee en el comunicado de la ANC.

Ya era tiempo que el órgano adscrito al Poder Judicial inicie acciones contra las magistradas, por el caso Andrés Hurtado ‘Chibolín’.

Toda una ‘quinceañera’. Cuesta imaginar que una jefa de Estado, encargada de toda una nación, haya utilizado un mensaje a la Nación, solamente para pronunciarse por la denegatoria del Congreso de la Repúplica para que no pueda viajar a Estados Unidos. Como si se tratara de una adolescente a la cual sus padres le castigan para que no salga el fin de semana, la presidenta Dina Boluarte ofreció un bochornoso espectáculo, acusando a diestra y siniestra que algunos parlamentarios se encuentran “influenciados” para su permanencia en el país.

Cabe recordar que en la actualidad el país viene afrontando casi medio centenar de incendios forestales en distintas regiones, sin embargo, para la mandataria el viaje a la asamblea de la ONU es más importante que estar gestionando las medidas de auxilio y soporte a los miles de afectados.

Durante su patético mensaje a la Nación, Dina Boluarte denunció que congresistas habrían sido “influenciados” para votar en contra del permiso a su viaje a Estados Unidos con motivo de participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La ‘madre’ de todos los peruanos cuestionó que existan intereses partidarios y personales de algunos parlamentarios que le hayan impedido viajar a Nueva York. Asimismo, pidió dejar de lado las diferencias y los “odios” para el bienestar del país. 

“En el transcurso del día hemos recibido información preocupante de que algunos de los congresistas estarían siendo influenciados para votar en contra de la autorización del viaje. Esta situación pone de manifiesto que, para algunos representantes, los intereses partidarios y personales son más importantes que los intereses de nuestra patria. Ante esta afrenta al Perú, les digo ¡Basta de intereses personales ¡Basta de odios! Dejemos de lado las barreras que nos separan y nos dividen”, indicó. 

Finalmente, Boluarte Zegarra dijo que su gobierno no cederá al cálculo político, ni a los interéses personales. “Ustedes podrán darse cuenta de quienes están trabajando por el bienestar del país y qué políticos ponen obstáculos al progreso de los peruanos y peruanas. A los congresistas demócratas, que nos dan su voto de confianza, poniendo el país por delante, les decimos gracias. Gracias. ¡Que viva el Perú!”.

La inminente suspensión contra la congresista cusqueña se concretó. El Pleno del Congreso aprobó con 50 votos a favor, 18 en contra y 30 abstenciones sancionar al congresista del Bloque Magisterial, Katy Ugarte Mamani, con la suspensión del ejercicio del cargo y el descuento de sus haberes por un periodo de dos meses.

En pleno debate en el Congreso se rechazó las cuestiones previas presentadas por el congresista del Bloque Magisterial, Germán Tacuri intentó reducir la sanción a la parlamentaria. Se planteó en total tres cuestiones previas con la finalidad de blindar a la parlamentaria Ugarte Mamani pero no tuvieron apoyo de los legisladores.

La comisión de Ética determinó de manera contundente que existen evidencias de que se habrían realizado recortes de sueldos a varios trabajadores de la denunciada para entregar dinero a diversos periodistas del Cusco y, de ese modo, mejorar su imagen.

Además, en el Pleno se reveló que la congresista ‘mochasueldo’ Katy Ugarte protege a su asesor Roger Torres Pando, quien se habría encargado de cobrar el dinero a los trabajadores del despacho congresal. Hasta el día de hoy, a pesar de las denuncias y el escándalo Torres Pando continúa como asesor principal de la cuestionada parlamentaria.

Asesor Roger Torres Pando.

Por este caso, la legisladora es investigada en el Ministerio Público como presunta autora del delito de concusión, por los presuntos cobros irregulares que habría efectuado a trabajadores de su despacho parlamentario.

Este castigo pone en evidencia las malas prácticas de algunos congresistas, que junto a sus asesores pretenden beneficiarse económicamente. Con la suspensión de 60 días la congresista Katy Ugarte no podrá recibir sus remuneraciones.

Tras conocerse la suspensión, decenas de cusqueños mediante las redes sociales señalan que se sienten avergonzados de que Katy Ugarte los represente en el Congreso de la República.