Nuevamente, el vocero presidencial, Fredy Hinojosa Angulo, negó que, durante su gestión como director ejecutivo del programa alimentario ‘Qali Warma’, se haya favorecido a la empresa vinculada a los hermanos Castro Yangali, quienes obtuvieron millonarios contratos en los departamentos de Lima y Junín.

Hinojosa Angulo, aseguró en Cuarto Poder ser un «objetivo político» de quienes buscan atacar a la presidenta de la República, Dina Boluarte, con el fin de desestabilizar a su Gobierno.

«Se pretende insinuar que durante mi gestión esta empresa tuvo beneficio. Rechazo tajantemente que durante mi gestión se haya beneficiado a esta u otra empresa (…) Yo soy un objetivo político, porque de no haber ejercido el cargo de jefe de Gabinete y realizado las actividades de vocería, nada de estos se me hubiese imputado», declaró en el programa dominical.

Fredy Hinojosa se defiende y respalda a la presidenta Dina Boluarte

Además, el vocero presidencial aseguró que, durante la gestión de Dina Boluarte como titular en el Ministerio de Desarrollo e inclusión Social, no se registró ningún acto de intoxicación o afectación a la salud de los niños. También, afirmó que aplicaron rigurosamente las normativas al sancionar a los proveedores a los cuales se les detectó certificados falsos, durante su gestión en ‘Qali Warma’.

«Durante la gestión de Dina Boluarte (en el Ministerio de Desarrollo e inclusión Social) y mi gestión no hubo ningún acto de intoxicación o afectación a la salud de los niños (…) Los controles de calidad efectuados durante mi gestión fueron eficientes. No tengo que ver con los hechos en materia de investigación fiscal», concluyó el cuestionado funcionario del despacho presidencial.

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Los hermanos Castro Yangali obtuvieron más de 60 contratos por más de 121 millones de soles entre 2018 y 2024. Coincidentemente, estos acuerdos se dieron bajo la gestión de Fredy Hinojosa en Qali Warma ► https://t.co/aTG6bPNOYX pic.twitter.com/PC3KFpuR0G

— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) February 3, 2025

El Poder Judicial informó que el juicio oral contra el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrores, se iniciará a las 9:00 de la mañana del próximo martes 4 de marzo y junto a él también han sido citados a juicio como coautores: los exministros Betssy Chávez Chino, Aníbal Torres Vásquez, Willy Huerta Olivas, Roberto Helbert Sánchez Palomino, entre otros.

«Fijar, como fecha de inicio del juicio oral público, para el martes cuatro (4) de marzo de 2025, desde las 9:00 A. M. hasta las 13:00 P.M. (TRECE HORAS), el cual se llevará a cabo 3 veces por semana (martes, jueves y viernes) inicialmente en forma presencial en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, ubicado en la Av. Principal s/n AA. HH Velasco Alvarado – Ate Vitarte», se lee en documento.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema fue la encargada de emitir la resolución que indica que el juicio oral se iniciará de forma presencial en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo y sus audiencias se realizarán 3 veces por semana: martes, jueves y viernes.

Como se sabe, el Ministerio Público ha solicitado 34 años de pena privativa de la libertad contra el exmandatario chotano y se ha solicitado S/ 65 419 como reparación civil, en favor del Estado.

Expresidente Pedro Castillo se encuentra con prisión preventiva

Como se recuerda, el pasado 10 de junio del 2024, el Poder Judicial amplió por 14 meses, la prisión preventiva contra el expresidente de la República, quien es acusado por el fallido golpe de Estado que no llegó concretar el 7 de diciembre del 2022. La autoridad judicial señaló que el plazo se ha ampliado debido a que el proceso por el delito de rebelión y otros, se encuentra en etapa intermedia. Además, se indicó que esta medida de coerción rige desde el 7 de junio del 2024, hasta el 6 de agosto del 2025: «Medida se computará del 7 de junio del 2024 hasta el 6 de agosto del 2025», indicó el PJ.

En una larga conversación distendida con un “streamer”, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, habló sobre la seguridad ciudadana en la capital bajo su gestión edil y a pesar de haber denunciado recientemente que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha sido extorsionada por criminales, de pronto, afirmó que Lima goza de una «paz y tranquilidad brutal».

Estas aseveraciones las dio en un reciente stream del creador de contenido Andy Dante Merino Ramírez, más conocido como “Andynsane” o simplemente “Zein”. En la conversa que se realizó en uno de los balcones del Palacio Municipal, el burgomaestre se mostró alegre, incluso reconoció que estaba sintiendo los efectos de los tragos que le ofreció el Zein; e invitó a los streamers a visitar Perú, aduciendo que se le había puesto una imagen de país violento, en el que no se puede caminar, cuando no es así, porque “se vive una maravilla de paz y tranquilidad brutal”.

«Yo invito a todos los streamers que quieran venir a Perú, que vengan para cambiar la imagen que nos han puesto. País violento, país que no se puede caminar. ¡Por favor! Miren esta maravilla de paz y tranquilidad brutal,» aseguró entre tragos el alcalde López Aliaga.

El alcalde remarcó que Lima cuenta con una seguridad destacada, mencionando que la ciudad dispone de cámaras de seguridad con tecnología de reconocimiento y análisis basado en inteligencia artificial. Y que esto ha generado una paz y tranquilidad «brutal» en la ciudad, especialmente en las inmediaciones del Palacio Municipal. También criticó las gestiones anteriores, asegurando que no contaban con la infraestructura adecuada y que los recursos destinados a la seguridad se malgastaban.

«Tenemos cámaras por todos lados, cámaras con inteligencia artificial. Todo, acá no puede pasar nada. (Eso no había antes) ¿Qué iba a haber hermano? Se tiraban toda la plata. Las cámaras no funcionaban. Cuando habían muertos acá, las cámaras no funcionaban,» agregó.

López Aliaga primero revelo que la MML era extorsionada y ahora dice que existe paz

El alcalde de Lima Rafael López Aliaga ahora asegura que Lima es una «maravilla de paz y tranquilidad brutal»; sin embargo, hace solo unos días expresó su preocupación sobre la creciente ola de violencia en la ciudad y señaló que no era normal que se estuvieran colocando granadas a la gente, e incluso reveló que la propia MML estaba siendo extorsionada y que, si no pagaban S/100 mil soles de cupo, entonces los delincuentes iban a volar maquinaria pesada de la Vía Expresa Prialé.

«No es normal que les estén poniendo granadas a la gente. No es normal, por ejemplo, que en la Vía Expresa Prialé nos estén amenazando a nosotros, la Municipalidad de Lima, con volarnos la maquinaria si no les pagamos S/100 mil soles. (…) Estamos pésimo. La osadía (que tienen los delincuentes). Están crecidos. Por eso el marco legal tiene que estar a favor de la Policía, de la ley y el orden”, expresó López Aliaga a la prensa solo hace unos días.

En la actualidad el país se encuentra dominado por bandas y organizaciones criminales que encuentran impunidad en nuestro resquebrajado sistema judicial; se les captura pero a las horas vuelven a salir gracias a cuestionadísimos jueces y fiscales. Son los propios ciudadanos que se organizan para detenerlos, pero una vez más las puertas hacia la libertad las encuentran ni bien tocan una comisaría.

La mayoría de peruanos exige medidas drásticas y en las encuestas se refleja el total descontento ante la pasividad de nuestras autoridades.

Es así que no es de extrañar que el congresista Miguel Ciccia (Renovación Popular) presentó una iniciativa legislativa que promueve la expulsión de extranjeros detenidos en flagrancia.

El Proyecto de Ley (PL) n.° 10087 /2024 -CR busca modificar el literal f del artículo 58 del Decreto Legislativo 1350, que corresponde al Decreto Legislativo de Migraciones. Según la normativa vigente, este literal establece como razones para la expulsión las «actividades que atenten contra el orden público, el orden interno o la seguridad nacional». No obstante, la propuesta actual plantea lo siguiente:

«Son expulsados los extranjeros que estén incursos en los siguientes supuestos: Los que sean detenidos en flagrancia realizando delitos contra el patrimonio; con la seguridad y la tranquilidad pública; contra el orden económico, financiero y monetario; contra la fe pública; contra el Estado y la defensa nacional; contra la humanidad y delitos ambientales y tributarios», indica la iniciativa legislativa.

De acuerdo con el grupo parlamentario, la implementación de esta ley permitiría al Estado generar un «ahorro directo», dado que los extranjeros serían expulsados del país en lugar de permanecer en prisión mientras se resuelve su situación legal.

Según el portal del Congreso, la iniciativa fue enviada a las Comisiones de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas; y de Justicia y Derechos Humanos, para su estudio y dictamen.

“O me das o te vas”, esas fue la aberrante propuesta sexual que habría realizado el actual Jefe del Área de Cultura del Gobierno Regional del Callao (GORE Callao), Arnaldo Uribe Enríquez, hacia la ex trabajadora María de los Ángeles Escobar Herrera, quien lo viene denunciando por no haber aceptado acostarse con él. Ante la negativa de esa propuesta indecente, Uribe Enríquez habría cumplido con su promesa, despidiéndola en el acto.

El GORE Callao continúa en el ojo de la tormenta. Hace unas semanas, Rubén Villalba, coodinador de la Oficina de Gestión Patrimonial, también fue denunciado por realizar esas malas prácticas que por lo visto estarían continuando dentro de esa institución encabezada por su gobernador Ciro Castillo. Y es que en el GORE Callao se habría extendido la mala costumbre de otorgar puestos de trabajo a cambio de favores sexuales.

La denunciante de Uribe Enríquez presentó al dominical Panorama chats de WhatsApp donde se corroboraría un constante acoso contra la ex trabajadora.

Mi regalo serás tú y yo te daré el depa, ¿aceptas?”, se lee en uno de los mensajes. “Me ofreció un departamento a cambio de que yo me acostara con él, me dijo o me das o te vas. Yo le dije no entiendo y él me dijo, aquí es así y tú lo sabes’”, declaró Escobar Herrera.

“Estamos hablando de un tema de abuso de poder. En este momento estamos frente a una sociedad machista, yo he visto muchos casos que te dicen yo estoy acostumbrado a hablar así y es porque la sociedad machista tiene ese tipo de conversaciones; sin embargo, la norma es clara y nos dice que estas condicionas sumando el abuso de poder y conductas sexistas y hostigar a la persona una y otra vez… Estamos frente a un caso de hostigamiento sexual laboral.”, explicó la abogada Gianela Sipion Castillo, quien representa a la denunciante.

Los mensajes revelados incluyen comentarios despectivos sobre el físico de la denunciante, así como propuestas sexuales explícitas. “¿Viste esa pareja? La chica tiene tú mismo d*** o sea, p***”, se puede leer en uno de los chats. Uribe, quien también es profesor de marinera, ha sido presentado como un modelo de respeto hacia la mujer, pero las evidencias apuntan a un comportamiento completamente opuesto en el ámbito laboral.

Uribe Enríquez niega conversaciones

Por su parte, Uribe Enríquez negó las acusaciones en su contra. Sin embargo, en una conversación telefónica previa, había admitido haber mantenido diálogos con Escobar Herrera. El caso ha generado indignación y se espera una pronta acción de las autoridades para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

¡Se vienen las portátiles! No sería raro ver dentro de poco a decenas o cientos de ciudadanos vitoreando y lanzando flores a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y sus ministros, gritando eufóricamente “Dina, reelección” o “Viva Dina y sus ministros”, todos ellos pulcramente usando un polo blanco con el rostro de la mandataria, tornándose iracundos cuando alguno de nosotros ose criticarla.

Pues bien, tal parece ser el caso de su ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien estaría contando con una “portátil digital” que se encarga de limpiar su alicaída imagen en las redes sociales. Definitivamente una ardua labor, pues los resultados en el combate contra la delincuencia no lo acompañan.

El dominical Cuarto Poder difundió unas conversaciones de WhatsApp donde se demostraría la existencia de dicha “portátil digital”, encabezada por Luis Pineda Rodríguez, un expolicía y amigo de Santiváñez, quien obtuvo contratos con el Mininter por servicios de monitoreo y análisis de redes sociales.

El citado medio reveló que Pineda visitó a Santiváñez el 7 de agosto de 2024. Trece días después, el 20 de agosto, recibió su primera orden de servicio por 10.800 soles.

Dos meses más tarde, obtuvo una segunda contratación por el mismo monto y rubro. En las conversaciones filtradas, Pineda instó a miembros de un chat a participar en encuestas en redes sociales para respaldar al ministro.

Esta clase de respaldo ocurrió el 20 de octubre de 2024, cuando Cuarto Poder planteó la pregunta: “¿Cree que Juan José Santiváñez debería ser removido de su cargo?”. Ante ello, en el chat, Pineda Rodríguez escribió: “Voten por el NO. Santiváñez es el único ministro que se ha preocupado por nosotros, ha peleado por los aumentos y el único que pecha a la Fiscalía cuando nos denuncia. Es hora de defenderlo”.

El resultado de la encuesta reflejó un 67% de apoyo al ministro. Un hecho similar ocurrió el 26 de enero de 2025. En esta ocasión, la secretaria del general Óscar Arriola, Francesca Velapatiño, escribió en el chat grupal: “Chicos, apoyen al ministro. Están haciendo una encuesta para que lo cambien. Se viene el aumento en diciembre, les recuerdo. El aumento a las remuneraciones después de mucho tiempo”.

Consultado sobre el contenido compartido en los chats, Pineda Rodríguez explicó: “Yo lo conozco desde hace muchos años, me enseñó muchas cosas porque es un profesional preparado, enfocado en el derecho policial (…) Cuando reenvío una encuesta, no estoy diciendo, ‘vota por el sí o no’, es su libre voluntad”, sin embargo, en las imágenes compartidas por el medio periodístico se estaría dando todo lo contrario.

El Congreso hace lo que se le da la gana y al parecer ninguno de sus representantes puede hacer algo por cambiarlo. Este último viernes, la jefa de Estado, Dina Boluarte, promulgó la ley 31254 que restituye el financiamiento privado de personas jurídicas a los partidos políticos.

La medida busca regular los aportes de estas entidades y establecer disposiciones específicas para el uso del financiamiento público.

Dicha norma modifica la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, específicamente los 29, 30 y 31, respecto al financiamiento público directo, financiamiento privado, y sobre las fuentes de financiamiento ilegal.

Respecto al financiamiento privado, precisa que las organizaciones políticas “pueden recibir aportes o ingresos procedentes de la financiación privada”.

Ello, mediante las cuotas y contribuciones en efectivo o en especie de cada aportante como persona natural y persona jurídica nacional, incluido el uso de inmuebles, a título gratuito, no superen en un año calendario el equivalente a 200 unidades impositivas tributarias por aportante para cada organización política.

“En ningún caso un aportante puede aportar más de 500 unidades impositivas tributarias (UIT) al año – es decir, 2.67 millones de soles-, sin importar el número de organizaciones políticas a las que aporte”, refiere.

En las disposiciones complementarias finales, se establece que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) deberá adaptar sus procedimientos internos y la normativa reglamentaria relacionada dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor de la ley.

Asimismo, se indica que la ONPE, en colaboración con el Banco de la Nación y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, debe emitir las normas correspondientes para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30-C sobre las contribuciones a través de la entidad financiera estatal.

Como se recuerda, hasta el año 2018 las empresas privadas podían financiar campañas políticas; sin embargo, la norma se modificó tras revelarse el caso Lava Jato en el Perú.

A su casa. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema acaba de excluir del proceso penal al actual congresista de la República Roberto Sánchez Palomino, quien durante el fallido golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo el 7 de diciembre del año 2022 se desempeñaba como ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Dicha instancia judicial declaró fundado un recurso de excepción de improcedencia de acción que presentó Sánchez Palomino para que se archive el delito de rebelión que le atribuye la Fiscalía y sea excluido de este proceso penal.

El tribunal supremo adoptó esta medida al acoger el recurso de apelación que presentó la defensa legal de Roberto Sánchez para que se revocara la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el 11 de julio del 2024, en la que había declarado «infundada» dicha excepción de improcedencia de acción, en primera instancia.

La sala presidida por el juez supremo César San Miguel resolvió revocar el auto o resolución apelada y declarar fundada la excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa legal de Sánchez Palomino.

La defensa legal de Roberto Sánchez sostiene en su recurso de apelación que el juez supremo Checkley Soria realizó un análisis que no planteó la conducta atribuida a su patrocinado no se subsume en el delito de rebelión y que existe una falta de precisión en la imputación formulada contra su defendido por lo que demandaba que la siguiente instancia revocara la resolución apelada y estime su pretensión.

“El primer argumento contra mi patrocinado es que habría participado en una reunión el 6 de diciembre donde se tomaron acuerdos para supuestamente cerrar el Congreso, pero era una versión absolutamente genérica, sin ningún tipo de precisión. El segundo argumento era que también había estado en una supuesta reunión con el señor (Luis) Mendieta, pero tampoco decían de qué se había tratado esta reunión. Esas son las observaciones que nosotros hicimos y que el representante del Ministerio Público no pudo vincular directamente”, explicó su abogado para Infobae Perú.

No obstante, el tribunal supremo confirmó la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el 11 de julio del 2024, en la que declaró «infundado» el recurso de excepción de improcedencia de acción que presentó el teniente de la Policía Nacional, Eder Infanzón, con el que buscaba que se archive el delito de rebelión que le atribuye la Fiscalía y sea excluido de este proceso penal.

El dato:

El Ministerio Público solicitó una pena de 25 años de prisión e inhabilitación por 2 años y 6 meses para ejercer cargos públicos contra el extitular del Mincetur.