Tras algunas semanas de desidia de parte de las autoridades judiciales, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, a través de su Unidad de Sanción y Apelación, tomó la decisión de suspender de manera preventiva por seis meses a la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Delfina Vidal La Rosa Sánchez.

Esta decisión en contra de la magistrada, se enmarca dentro de un procedimiento disciplinario iniciado por la Unidad de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la ANC, y que a través de una misiva, precisa que enfrenta acusaciones de presuntas faltas muy graves en su rol como presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, así como otros actos que están siendo objeto de investigación.

“La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), a través de su Unidad de Sanción y Apelación, suspendió de manera preventiva por seis meses a la jueza superior María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima. Además, la Unidad de Procedimiento Administrativo Disciplinario, le inició un procedimiento disciplinario en su contra”, se lee en el documento de la ANC.

La medida de suspensión preventiva tiene como objetivo asegurar el normal desarrollo del procedimiento administrativo y evitar cualquier tipo de obstaculización, garantizando así la eficacia de la resolución final.

María Vidal viajó junto a ‘Chibolín’ a Estados Unidos y Panamá

Las investigaciones se abren tras las vinculaciones con su amigo ‘Chibolín’, quien se encuentra con prisión preventiva de 18 meses por una presunta trama de tráfico de influencias y cohecho pasivo en diversas entidades del Estado.

“Es puntualmente por el hecho que presuntamente el señor Andrés Hurtado habría organizado o participado indirecta o directa por el almuerzo del Día del Juez”, explicó la jueza sobre el proceso abierto en su contra.

Vidal La Rosa indicó que sus viajes al extranjero, especialmente a Panamá, fueron estrictamente por motivos familiares y que las escalas en dicho país fueron completamente ajenas a su voluntad. Como se recuerda, estos eventos organizados por el expresentador de televisión vienen siendo investigados por la Fiscalía.

De vuelta a los cuarteles. La parlamentaria de la bancada de Renovación Popular, Noelia Herrera, presentó un Proyecto de Ley (PL) para el retorno del servicio militar obligatorio, aplicado para todo aquel mayor de 18 años que no trabaje ni estudie. La propuesta además indica quiénes serían las personas que quedarían exentas del servicio.

De acuerdo a la iniciativa legislativa presentada por la congresista Herrera, se busca que los ciudadanos mayores de 18 años y menores de 51 hagan el servicio para “fomentar el patriotismo, la responsabilidad cívica, la disciplina y el compromiso de la defensa nacional”.

“La finalidad de la ley es fortalecer la defensa nacional, asegurando que el país cuente con un número suficiente de personas capacitadas para responder a situaciones de emergencia o conflictos. Así como, crear oportunidades de formación y desarrollo personal para los jóvenes”, detalla el documento. 

Asimismo, explica que la normativa se aplicaría para todas las personas sin distinción de sexo ni de ninguna otra índole, como raza, religión, condición económica o social. Por otro lado, se lee en el mismo texto, las personas que quedarán exentas del servicio militar obligatorio serían:

1. Personas con discapacidad física o mental que impida su incorporación.
2. Aquellos que se encuentren en situaciones de salud que les impidan realizar actividades físicas.
3. Estudiantes de instituciones educativas reconocidas que se encuentren cursando estudios superiores o técnicos.
4. Personas que sean responsables del cuidado de dependientes (niños, ancianos o personas con discapacidad).

Los ‘Ninis’ en el Perú

Esta situación respondería a una investigación realizada por el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), donde se reportó que al cierre del año pasado existió un alarmante incremento en los jóvenes que no estudian ni trabajan, conocidos como ‘Ninis’. La cifra de personas en esta condición alcanzó un millón y medio, aumentando en 2,4% en comparación con el año 2022.

De acuerdo a ese estudio solo el 15,7% de los jóvenes estudian y trabajan, mientras que el 45% solo estudia y otro 18,1% solo trabaja. La data es detallada en la Encuesta Nacional de Hogares 2023.

“El segmento nini representa el 20,1 % de la población juvenil en el país, el mismo que carece de programas educativos y tiene una limitada participación laboral”, puntualizó Óscar Chávez, jefe del IEDEP de la Cámara de Comercio de Lima.

El emisario para impulsar el Proyecto de Ley 4565/2022-PE, cuyo autor es el propio Poder Ejecutivo, con el fin de modificar la Ley 28832, para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, sería nada menos que el ministro de Energía y Minas Rómulo Mucho, con la venia de la Comisión de Energía y Minas, hasta llegar al Pleno y lograr la tan ansiada aprobación que perjudicaría a los bolsillos de millones de usuarios en el Perú. Según nuestra fuente, quien asesora principalmente a Mucho Mamani en las oficinas del Minem en San Borja con el objetivo de “finiquitar” este lobby de las harto publicitadas ‘energías renovables’, es el “moradito” exviceministro de Energía Pedro Gamio Aita.

¿Cómo olvidar el Proyecto de Ley N° 6953/2020, “que incentiva la inversión en recursos energéticos renovables destinados a la generación de energía en el mercado eléctrico peruano”, impulsado sin éxito en 2021 por el también “morado” excongresista Alberto de Belaúnde? En aquel lobby energético, justamente el también excandidato “morado” al Congreso Pedro Gamio, habría sido asesor de de Belaúnde, para presentarlo como proyecto y promocionar justamente las “energías renovables”.

Como se recuerda, Pedro Gamio en 2021 se convirtió prácticamente en el vocero de Luz del Sur “Hay que cumplir las sentencias del Poder Judicial”, decía, cuando se refería a la Acción Popular que en tiempo récord Luz del Sur logró que se apruebe en el Poder Judicial, donde exigían que se “jugara el partido” pero con sus reglas. Entre tanto, el Minem encargó al COES que elabore la propuesta de modificación de los procedimientos técnicos para que sea aprobado por el Osinergmin; sin embargo, Gamio criticó y menoscabó el trabajo del COES, mientras que la empresa china presionaba, e incluso amenazaba tanto al COES y al Minem por resistirse a cumplir dicha sentencia exprés que solo beneficiaba a la china Luz del Sur.

Ex viceministro Pedro Gamio.

Tampoco se debe olvidar que durante el segundo gobierno del presidente Alan García, a inicios del 2007, el entonces viceministro de Energía del Minem, Pedro Gamio Aita firmó un documento que privilegiaba a la compañía minera Volcán con US$32 millones de dólares en beneficios tributarios. 

Viceministro de Electricidad Jaime Luyo formaría parte del lobby

Recordemos que el año pasado, el exviceministro de Electricidad, Jaime Luyo Kuong, declaraba en los medios de prensa aseveraciones absurdas con respecto al sector eléctrico, como la que brindó al diario Gestión, cuando mencionó: “del potencial de energía solar consumimos menos del 1%, del eólico menos del 2%”, y agregó que la tecnología con las que van operar esas energías las hacía más eficientes. Sin embargo, Luyo se resistía a decir, que mejor era medir la eficiencia con la entrada gradual de las energías renovables, en la medida que efectivamente garanticen eficiencia al sistema eléctrico y en salvaguarda de los usuarios finales. Era evidente que no tendría potencia. ¿qué intereses hubo detrás de sus declaraciones? Si tomamos en cuenta, que en esa misma entrevista afirmó que el Proyecto de Ley presentado por su sector reduciría las tarifas eléctricas según sus simulaciones.

Ex viceministro Jaime Luyo

Congresista Diana Gonzales cuestionó proyecto lobista a favor de energías renovables

Como se recuerda, el pasado 01 de octubre la Comisión de Energía y Minas, presidida por el legislador Paul Gutiérrez Ticona (BMCN) abordó la discusión sobre la necesidad de implantar la generación eléctrica con recursos ‘energéticos renovables’ y la diversificación de la matriz energética en el Perú. En dicha sesión los participantes expusieron sobre el dictamen en mayoría recaído en los proyectos de ley 2139/2021-CR, 3662/2022-CR, 4565/2022-PE y 4748/2022-CR, cuyas propuestas pretenden modificar la Ley 28832.

En aquella sesión, la vicepresidenta del grupo de trabajo, Diana Gonzales cuestionó el proyecto lobista que busca favorecer las “energías renovables”, a tal punto, que sugirió que el Proyecto presentado en el Congreso, debería cambiar de nombre y llamarse dictamen “A fin de favorecer que las generadoras solares ingresen al mercado”.

Sin ninguna duda, en la Comisión de Energía y Minas quedó claro quiénes serían los operadores políticos del ‘lobby energético’. Justamente, entre los que apoyan el proyecto lobista se encuentran el actual Viceministro de Energía, los representantes de Osinergmin y los exviceministros Pedro Gamio y Jaime Luyo. Estos personajes sin ningún reparo durante sus intervenciones se enfocaron en manifestar las bondades del dictamen a favor de las “energías renovables”.

Rómulo Mucho el ministro candidato para el 2026

El titular de Energía y Minas y fiel cercano a Dina Boluarte, se afilió al partido ‘Perú Moderno’ para postular en las elecciones del 2026. Tras la renuncia de Carlos Añaños, el partido se quedó sin candidato presidencial y entre los principales reemplazos suena el nombre de Rómulo Mucho, quien en 2016 integró la plancha presidencial del ‘Partido Orden’ de Ántero Florez-Araoz. Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, Mucho Mamani se afilió al partido el 12 de julio, último día de plazo para postular en las elecciones generales del 2026. Esto revelaría que el ministro tiene ambiciosas aspiraciones políticas.

Con números en rojo que no le permitirían pasar de año. Congresistas de diversas bancadas han presentado una moción de censura contra el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, aduciendo una “falta de liderazgo” por no atender los niveles de pobreza, así como no solucionar los graves problemas que aquejan desde hace semanas en Petroperú.

“Petroperú recibió US$ 1.500 millones y hasta hoy no tiene directorio. Mi bancada propuso censurar MEF y logramos treinta firmas. Hoy, al haberse presentado una Moción, lo democrático es plegarse a ella y evitar que dinero de peruanos se siga desperdiciando. El ministro debe dejar el cargo”, anunció el congresista Diego Bazán desde su cuenta de X.

Además, se acusa de una presunta “incompetencia” del titular del MEF para asumir un rol trascendental sobre la paralización de obras en diferentes gobiernos regionales y locales, la vulneración a los derechos laborales de los trabajadores estatales, el cambio de grupo ocupacional, la línea de carrera en el sector salud.

“Censurar al ministro de Economía y Finanzas, José Berley Arista Arbildo, por las consideraciones que parte de la presente moción y su manifiesta falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”, indica la moción del orden del día N° 13807.

En la parte considerativa del documento se indica que la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2025 presentado por el Gobierno contiene un “paquete antilaboral e inconstitucional” que excluye a las negociaciones colectivas descentralizadas por ámbito territorial y por entidad.

“Que, el presente proyecto de Ley de Presupuesto para el año fiscal 2025, no contempla presupuesto adicional para las reivindicaciones laborales del sector salud, es una burla que no haya un sol en este presupuesto ni para el cambio de grupo ocupacional y Iínea de carrera, ni para el ascenso por años de servicios”, señala el documento.

La moción de censura contra el ministro Arista también cita cifras del Banco Central de Reserva que revelan que el crecimiento económico será menor a la inflación y precisa que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), revela una cifra mayor de la población en condición de pobreza a la estimada en el año 2022.

La moción de censura contra el ministro José Arista fue presentada la noche del jueves 10 de octubre y lleva la firma de algunos parlamentarios de Perú Libre, Juntos Por el Perú, Renovación Popular, Acción Popular, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Bancada Socialista y Avanza País.

Durante una conferencia de prensa, el alcalde de las “10 mil motos prometidas” presentó en el Parlamento algunas medidas para ayudar a combatir la criminalidad, entre ellas, equipar a la Policía Nacional del Perú (PNP) con motos y drones a nivel nacional; así como aumentar el presupuesto a un supuesto Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), grupo que fue desactivado hace más de 30 años.

“Son una serie de puntos muy concretos y fáciles de implementar que durante más de un año personalmente o con miembros de la bancada los hemos planteado al Ejecutivo (…) Desde hace más de un año venimos pidiendo que se reactive y se le dote recursos. Recordemos que el terrorismo ideológico, del asesino Guzmán, fue derrotado con inteligencia de un grupo pequeño que lo capturó”, indicó.

Asimismo, el también amigo de Andrés Hurtado ‘Chibolín’, indicó que el penal San Jorge debería estar “al servicio de la gente” y ser un centro penitenciario donde irían los sentenciados por terrorismo urbano.

“El sexto punto de nuestra propuesta es la apertura de cárceles en cuarteles desocupados, por un tema de emergencia, para casos de terrorismo urbano. Por ejemplo, San Jorge, que es un penal debería estar al servicio de la gente que es amenazada por delincuentes que te pone una granada”, planteó. Además, indicó que para solventar estas propuestas se tienen que reducir las consultorías y la contratación de personal administrativo a cero, a nivel nacional.

“Cómo financiar estas iniciativas es muy sencillo. Con la reducción de consultorías y contratación de personal administrativo a cero (durante un año) a nivel nacional, ya sea en municipios, regiones o ministerios. Allí el ahorro estimado sería de S20.000 millones de soles (que servirían para financiar todas las iniciativas presentadas hoy)”, culminó.

Ya pasaron los días en que el coronel PNP y exjefe de la Diviac, Harvey Colchado hacía uso de su poder con operativos inquisidores que allanaban viviendas y detenían a políticos investigados por presunta corrupción. E incluso, como la vez que irrumpió en la casa de la presidenta Dina Boluarte, rompiendo la puerta de acceso con la ayuda de un “torito”, escena que luego la publicó a través de una fotografía de una torta que retrataba el allanamiento presidencial.

Y tras ser separado hace seis meses de su cargo como jefe de la división policial, su comando lo acaba de enviar a cuidar un puente del paradero Javier Prado de la Estación del Metropolitano en el distrito de San Isidro.

Ante el asedio de la prensa que lo captó atento y uniformado transitando a pie las inmediaciones de dicha estación, Colchado respondió que él solo acata órdenes.

 “Yo no puedo dar declaraciones. Estoy de servicio actualmente debido a que hay manifestaciones. Todas las unidades especializadas han salido a patrullar. Es orden de comando y se da siempre. (¿Cómo toma la decisión de ponerlo a patrullar?) Eso tendría que preguntarle a mis superiores, yo no puedo dar ninguna declaración. (¿Usted aceptó la decisión de patrullar la capital? Yo cumplo las órdenes siempre”, declaró el exDiviac.

Le movieron las aguas y sacó toda su ‘artillería’. El parlamentario de la bancada de Honor y Democracia, Jorge Montoya, protagonizó un tenso momento con un grupo de transportistas que se hicieron presente en el Congreso para presentar sus reclamos ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por la creciente ola de extorsiones y crímenes.

El legislador dijo a Richard Bernachea Villanueva, presidente de la alianza gremial nacional de transportista del Perú, que él no aceptaba “matonerías ni amenazas (…) ¿Qué cosa crees que tienes?”. “Hablen sobre la verdad, no hablen sobre fantasías, ni narrativas equivocadas”, mencionó.

“Has mentido. Esa ley no blinda a nadie. Están poniendo una condición que no pueden cumplir, ustedes están mal. La gente va a estar afuera esperando que ustedes lleven algo que no pueden conseguir”, manifestó, haciendo referencia al pedido de los manifestantes de derogar la ley 32108, la cual ha sido señalado de no ayudar a combatir el crimen.

Uno de los dirigentes intentó calmar la situación, recordándole a Montoya que había votado por él, pero el congresista respondió con mayor vehemencia, exigiendo respeto y defendiendo sus palabras.

Los dirigentes de transportistas, que representan a gremios afectados por la inseguridad y extorsiones, no tardaron en responder al congresista, exigiendo que les mostrara respeto como representantes de la ciudadanía. “Respeta a la población. Somos la población. Usted es congresista y nos debe dar respeto”, increpó uno de los líderes presentes.

Montoya, en lugar de escuchar a los dirigentes, los descalificó al afirmar que estaban manipulando la verdad y tergiversando los hechos. Su respuesta, lejos de aportar al diálogo, fue acusar a los líderes de faltar a la realidad, mientras ignoraba las preocupaciones legítimas del gremio. Incluso frente a las reiteradas demandas de respeto y soluciones, Montoya persistió en una postura rígida y despectiva, negando cualquier posibilidad de error en su planteamiento, lo que evidenció una actitud intransigente y desconectada de la realidad que enfrentan los transportistas.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Caviedes, el jueves por la noche antes de suspender la sesión plenaria, anunció el acuerdo de la Junta de Portavoces que acordó realizar un pleno extraordinario para hoy viernes 11 de octubre desde las 2 de la tarde. Entre los temas a tratar, está el dictamen de la Comisión de la Justicia y Derechos Humanos sobre diversos proyectos de ley referidos al delito de terrorismo urbano. Asimismo, se exoneró de dictamen y se incorporó como prioridad, los proyectos de ley que plantean modificar la Ley 32108 relacionada al “crimen organizado”, así como los proyectos de ley 8507 y 8959 que proponen sancionar a jueces y fiscales que liberan a sujetos que han sido detenidos en flagrancia delictiva.

Asimismo, debatirán el Proyecto de Ley 9036 que propone la Ley que modifica el Código Penal para sancionar de forma efectiva la comisión de delitos graves en grado de tentativa. El titular del Parlamento exhortó a sus colegas a asistir de manera presencial para tratar estos temas de seguridad ciudadana, ante el clamor de la ciudadanía que exige urgentes medidas.

Por otro lado, durante la reunión de ayer sostenida con legisladores de diferentes bancadas del Congreso, Richard Bernachea Villanueva, presidente de la Alianza Gremial Nacional de Transportistas del Perú, indicó que los manifestantes buscan que el Congreso apruebe leyes que sean humanitarias y agregó que es un “hostigamiento de parte del Estado” tratar de promover una ley sobre ‘terrorismo urbano’.