Hugo Monteverde, alcalde de Santa María del Mar, expresó su preocupación sobre el proyecto del Congreso de la República que busca edificar un centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios en su distrito, una zona costera turística y balnearia. 

La autoridad edil remarcó que el proyecto fue solicitado por el Congreso, y no fue una iniciativa de la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN), como menciona el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana. En realidad, la SBN respondió a la solicitud formal del Legislativo para afectar un terreno y destinarlo a este fin.

“Este terreno fue solicitado por el Congreso para desarrollar un ‘Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios’, cuando sabemos perfectamente que Santa María del Mar es un balneario y un lugar de veraneo. En realidad, yo pienso que se han equivocado de destino. Trasladar a los funcionarios, a los parlamentarios desde Lima hasta Santa María para capacitarlos, me parece que la planificación o la proyección no ha sido la adecuada. En su solicitud a la SBN para conseguir la afectación presentan un proyecto preliminar y dentro de ese proyecto están auditorios, aulas, restaurantes, cafeterías, pérgolas y estacionamientos para 500 vehículos. Y en Santa María solamente hay estacionamientos para 600 vehículos, imagínese usted que un solo vecino que vendría a ser el Congreso, trate de ingresar 500 vehículos, va a ser un caos acá en el distrito que es muy pequeño que solamente tiene una sola pista de ingreso y de salida y que es una circunvalación”, expresó el burgomaestre del distrito más pequeño de Lima. 

El alcalde subrayó que el distrito ya enfrenta problemas de congestión por la alta cantidad de turistas, especialmente en verano, y que añadir estacionamientos para 500 vehículos de los trabajadores del centro de capacitación agravaría la situación. Asimismo, criticó la falta de planificación, considerando que Santa María no tiene una infraestructura adecuada para este tipo de proyectos, como universidades o centros de estudios.

A pesar de que el Congreso presentó un informe técnico detallado con el proyecto, el alcalde Monteverde cuestionó que este centro de capacitación tenga realmente cabida en un lugar diseñado para el disfrute y el turismo, cuando supuestamente pretendan realizar actividades educativas o administrativas. Al respecto, resaltó que la zona está destinada a parques y espacios verdes, no a centros educativos o de capacitación.

Si el Congreso continúa con el proyecto, el alcalde presentará demanda

El alcalde Hugo Monteverde advirtió que, si el proyecto continúa, podría presentar una demanda para evitar que se altere el equilibrio y la zonificación de Santa María, que podría verse afectada por este cambio de uso de terrenos en una zona residencial y turística.

“Presentaremos las demandas para tratar de evitar que vaya realmente a romperse el equilibrio inmobiliario y poblanacional que existe en Santa María del Mar”, concluyó.

El mayor problema que azota a Perú no solamente es la creciente criminalidad que ha derivado en una feroz inseguridad ciudadana, y una de las peores crisis que alimentan simultáneamente a la delincuencia organizada es la corrupción que principalmente se manifiesta en el ámbito de la política. En tal sentido, un informe realizado por Transparencia Internacional indicó que el país inca empeoró significativamente en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) del año 2024.

Según el informe, el Perú se ubica como la 52° nación más corrupta del mundo, y comparte posiciones similares con Yibuti, Papúa Nueva Guinea y Kenia. Asimismo, nuestro país se encuentra ligeramente en peor situación que Angola, Ecuador, Togo, Sri Lanka y Uzbekistán, países ubicados en África, Asia y Sudamérica. Este reporte evidencia la inestabilidad y las irregularidades institucionales de la escena política nacional.

Actualmente, Perú posee un nivel de ‘Índice de Percepción de la Corrupción’ de 31 puntos, sobre 100 puntos que es la máxima puntuación que obedece a “cero” corrupción. Es decir, a mayor cantidad de puntos, menor grado de corrupción, por lo que los limitados puntos recibidos por nuestro país, son motivo de alta preocupación.

La evolución de la ‘corrupción’ en el Perú es cada vez más significativa

El Perú registra un descenso histórico en niveles de percepción de la corrupción. De acuerdo a Transparencia Internacional, la curva de la última década ha ido preocupantemente y orientada hacia abajo. Desde los años 2012 y 2014, el nivel de percepción de la corrupción era de 38 puntos, una cifra mucho mejor que la actual. Entre tanto, tras mantener una clara tendencia a la baja, el 2023 cerró con el índice de corrupción en 33 puntos.

«El Perú ha registrado su mayor caída en el Índice de Percepción de la Corrupción desde 2012, descendiendo del puesto 101 al 127. Su puntuación se redujo de 33 a 31 puntos en el último año y ha perdido cinco puntos en los últimos dos años, pasando de 36 en 2022 a 31 en 2024», anunció Proética en una publicación, responsabilizando a las últimas leyes promulgadas por el Congreso y el Ejecutivo que favorecen al crimen y la impunidad como unas de las principales razones.

Países menos corruptos

Entre los países con el menor Índice de Percepción de la Corrupción se encuentran Dinamarca (90 puntos), Finlandia (88 puntos), Singapur (84 puntos), Nueva Zelanda (83 puntos), y Luxemburgo, Noruega y Suiza (81 puntos).

Países más corruptos

Por su parte, los países con mayor Índice de Percepción de la Corrupción son Sudán del Sur (8 puntos), Somalia (9 puntos), Venezuela (10 puntos), Siria (12 puntos), entre otros países.

La congresista Norma Yarrow denunció que los gremios de salud de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) llevan 75 días en huelga indefinida sin encontrar solución hasta el momento a su pliego de reclamos que tiene que ver, principalmente, por presuntos malos manejos y actos de corrupción de los Fondos de Seguro de Cesación del Personal Civil de las FF AA y del Ministerio del Interior.

En ese sentido, la legisladora indicó que ha enviado sendos oficios al ministro de Defensa, Walter Astudillo, con la finalidad de que informe sobre las acciones adoptadas por esta situación.

“Los gremios de salud de las FF AA, solicitan que se emita el proyecto de Decreto Supremo de liquidación y disolución del Fondo de Seguro de Cesación del personal civil de la Fuerzas Armadas y Ministerio del Interior. Además, señalan que habría una vulneración de derechos y represalias por encontrarse en huelga indefinida. Es necesario que se tomen decisiones a la brevedad, por lo que he solicitado una reunión urgente con el ministro Walter Astudillo”, sostuvo la parlamentaria.

La representante de Renovación Popular también ofició al ministro Astudillo para que remita “el estado contable del fondo en mención, adjuntando el informe del Ministerio de Economía que habrían remitido a su despacho al respecto”.

AL MEF

De la misma manera, Yarrow Lumbreras envió otro oficio al ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, solicitándole informar sobre la ejecución presupuestal 2024 y del presupuesto asignado para el año fiscal 2025 para el Hospital Militar Central “Luis Arias Schreiber”,

Luego de reunirme con su director, el coronel EP de Sanidad Edgar Mario Cano Polo, nos informó que este nosocomio recibe a mil pacientes por día, pero que no cuentan con el presupuesto suficiente para la atención de dicha demanda. Además, existen 200 cirugías pendientes desde noviembre del año pasado, el laboratorio no cuenta con los reactivos necesarios y que las demandas laborales del personal de enfermería no habrían sido resueltas”, concluyó.

Al parecer, para el expresidente de la República Martin Vizcarra Cornejo la justicia se debe tomar a broma, porque pese a que tiene dos inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, y hay una tercera en proceso, él continúa haciendo giras proselitistas de su partido Perú Primero, y este fin de semana estuvo en Puno participando en las festividades de la Virgen de La Candelaria. Allí anunció que, en caso sea electo presidente, no descartaría indultar a Pedro Castillo.

“Yo creo que (Pedro Castillo) injustamente está en la cárcel. Injusto, porque lo han vacado sin darle el derecho de defensa (…) Fue un mensaje golpista, pero no dio un golpe de Estado”, expresó hace unos días en un medio local.

Aunque, también cuestionó el gobierno de Pedro Castillo y aseguró que fue un mal gobernante, al afirmar que «no estuvo preparado para ser presidente».

«Ese mismo día lo vacan, cuando para eso tendría que haber una acusación constitucional, pasar a la subcomisión de acusaciones constitucionales, ir a la Comisión Permanente y luego al Pleno. Se saltearon todo sin respetar el debido proceso (…) Primero tengo que ser presidente. Primero elijan a Martín Vizcarra. Uno no puede ponerse en hechos. En supuestos. Pero ya he sido claro de cuál es la situación de Pedro Castillo», concluyó.

Entre tanto, ayer lunes 10 de febrero se realizó otra audiencia del juicio oral en su contra por el Caso Lomas de Ilo y se escuchó a tres testigos. No obstante, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional reprogramó para el viernes 14 de febrero, a las 8:00 a. m., la declaración de un testigo clave en el juicio oral contra Martín Vizcarra Cornejo. La decisión se tomó luego de que el testigo, Núñez Herrera, no se presentara a la audiencia de ayer, pese a haber confirmado previamente su asistencia.

Tras los cuestionamientos de agilizar los trámites administrativos y expedientes técnicos para la construcción de una sede de playa del Congreso, a través de un comunicado ambiguo, el Legislativo negó que exista dicho proyecto, sin embargo, reconoció que cuentan con un terreno ubicado en el balneario del sur y hoy Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, ha salido a defender la construcción de un “Centro de Capacitaciones y Estudios Parlamentarios” en el terreno cedido al Congreso por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) ubicado en el distrito de Santa María, en el sur de Lima.

El presidente de la Mesa Directiva del Parlamento contó que, por el momento, no existe un proyecto concreto para construir dicho centro, pero que se está tomando la medida de hacer un cerco perimétrico alrededor del terreno para evitar invasiones, y que se requiere un estudio arqueológico debido a la proximidad de áreas protegidas por el Ministerio de Cultura. 

Asimismo, desmintió que el proyecto sería para un centro de esparcimiento, aclarando que, si se llegara a construir algo en ese terreno, sería exclusivamente para fines institucionales del Congreso.  Asimismo, Salhuana mencionó que la decisión de construir en ese lugar corresponde a la gestión actual de APP. 

Aunque algunos de sus colegas congresistas consideran que está lejos, Salhuana destaca que las decisiones sobre el uso de ese terreno no están finalizadas, y que la prioridad es garantizar su integridad. En relación con los costos, Salhuana rechaza las especulaciones sobre el gasto en la construcción, aclarando que aún no hay cifras concretas y que lo único que se está haciendo es asegurar el terreno, no planificar por ahora un centro de capacitación.

Proyecto fue elaborado durante la gestión del congresista José Williams

Como se recuerda, el inicio de las diligencias para la obtención del terreno para la nueva sede de playa, se dio entre el 24 de marzo y el 3 de mayo del 2023, cuando el expresidente de la Mesa Directiva, José Williams aún estaba en el cargo. Y luego de casi 2 años de haberse conocido que el Congreso destinaría más de 17 millones de soles para la construcción de esta sede ubicada en el exclusivo balneario, la polémica ha vuelto a saltar en la opinión pública.

Según se conoció aquella oportunidad, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales le hizo entrega al Poder Legislativo un terreno de 35 mil metros cuadrados para la construcción de un edificio que tendría un aforo final para albergar a 4 mil personas.

En la resolución se detallan los motivos de la acreditación del predio. “Se estima que beneficiará a 4.000 trabajadores del Congreso y 12.000 habitantes. Asimismo, el personal se verá beneficiado con áreas libres y ambientes adecuados para capacitación y usos múltiples vinculados”, dicta el documento firmado por Carlos Alfonso García, de la SBN.

Pero lo que no precisa esta resolución es, qué incluye exactamente el término de “usos múltiples vinculados”, para los que se destinarán una serie de espacios denominados como “de lujo”. En los documentos se precisa la construcción de una serie de espacios que incluyen desde “salas de usos múltiples”, hasta “zonas de rotondas para reuniones al aire libre”, incluidos restaurantes y hasta estacionamientos para autos.

Solo dos meses después de que un informe de Controlaría logró que se anule el concurso público para la ejecución de una importante obra de saneamiento en Pasco; el gobierno de esta región acaba de adjudicar el proyecto, valorizado en más de 485 millones de soles, a un consorcio integrado por empresas sin la experiencia necesaria y que registran, además, graves cuestionamientos y sanciones que se habrían pasado por alto.

Con esta sería la tercera vez que la obra de ‘Mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional integral de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPA) Pasco’, anunciada con bombos y platillos por la presidenta Dina Boluarte, es otorgada a postores que no acreditan los requisitos mínimos para su ejecución, entre otras irregularidades que deberán investigarse y sancionarse de acuerdo a ley.

Resulta por lo menos sospechoso que la licitación, anulada ya dos veces por razones similares, la haya ganado, el 21 de enero último, el Consorcio Virgen de las Nieves, integrado por la empresa peruana Grupo Ravys Asociados S.C.R.L, la colombiana Orlando Sepúlveda Cely & Cía S.A.S Sucursal del Perú y la brasileña Enfil S.A Controle Ambiental Sucursal do Perú, las cuales habrían postulado al concurso público con “información inexacta”.

Así lo señala una carta enviada el 3 de febrero al gobernador regional de Pasco, Juan Luis Chombo Heredia, al jefe del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional (GORE), Álex Roy Simón Condezo, a la procuradora pública Marta Ana María Baldeón Berrocal y a los miembros del Consejo Regional del GORE Pasco. En ella se detallan los vicios e irregularidades hallados en el proceso de licitación.

No acreditan experiencia

Uno de los puntos más relevantes de la denuncia, es la referida a los contratos presentados por los miembros del consorcio ganador para acreditar experiencia. Por ejemplo, los de Orlando Sepúlveda Cely & Cía S.A.S Sucursal del Perú, suscritos supuestamente bajo la normativa colombiana, con lo cual debían acreditar el Registro Único Tributario (RUT) y el Número de Identificación Tributaria (NIT); no obstante, carecen de ambos requisitos.

“Las experiencias presentadas a folios 1801 y 1818 de la oferta técnica presentada por el postor ganador de la Buena Pro no resultan válidas, toda vez que al carecer de RUT y NIT contraviene el artículo 1.6.1.2.8 del Decreto 1625 de 2016 de la normativa colombiana que establece que la inscripción en el RUT debe efectuarse antes del inicio de cualquier actividad económica”, señala la denuncia.

Por su parte, la brasileña Enfil S.A Controle Ambiental Sucursal do Perú presentó un contrato de tipo EPS (Engineering, Procurement, and Services), en el cual el contratista es responsable de tres áreas clave: ingeniería, gestión y compra de materiales y prestación de servicios especializados, como mantenimiento, operación, supervisión y asistencia técnica.

“Este tipo de contrato es común en proyectos industriales, energéticos y de infraestructura, donde el contratista debe garantizar la calidad, costos y plazos en cada etapa. A diferencia de un contrato EPC (Engineering, Procurement, and Construction), el EPS no siempre incluye la construcción, sino que se enfoca más en la gestión y servicios asociados”, precisa la denuncia.

Sanciones y millones “fantasma”

Pero el contrato presentado por la empresa brasileña no sería lo más grave en este caso. Si, en cambio, una sanción contra su representante legal, Reinaldo Kobylinski. El brasileño, fue sancionado e impedido de contratar con el Estado en diciembre del 2024, cuando representaba a la empresa INPAVI, que integraba el Consorcio Vial Piura, por haber presentado “información inexacta y documentación falsa” ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Según la resolución N° 05581-2024-TCS-S2, del Tribunal de Contrataciones del Estado, Reinaldo Kobylinski se encuentra impedido de participar en contrataciones públicas por 37 meses, debido a la señalada infracción cometida en el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-Provías Nacional. Pese a ello, ganó en enero el concurso público en Pasco como representante de Enfil S.A.

En tanto, la empresa peruana Grupo Ravys Asociados S.C.R.L no está libre de irregularidades. Como se ha podido constatar en Registros Públicos, entre diciembre del 2022 y abril del 2023 esta empresa reportó un incremento notable en su capital económico, que creció de S/. 35 mil soles a S/. 1085 millones de soles. Según se pudo conocer, habrían registrado una serie de “bonos fantasmas” para elevar su capital.

¿Pero por qué estos bonos fantasmas son aceptados para ser inscritos en los Registros Públicos? La posición del tribunal registral, emitida en dos resoluciones del 2014 y 2020, es que no le corresponde calificar la prescripción de los títulos valores. Sin embargo, el 24 de marzo de 2024, el MEF volvió a ratificar su posición de que estos bonos no tienen valor por estar prescritos.

“Esto también es competencia desleal, porque hay empresas que tratan de subir su capital obra por obra. Mientras su crecimiento les toma entre seis y ocho años, las empresas que crecen con ‘capital bamba’ lo hacen en meses”, dice el abogado Manuel Enrique Castillo Luna. En tal sentido, estos ‘millones fantasma’, presentados como parte del capital del Grupo Ravys, también deberían investigarse y sancionarse.

Convocatoria inválida

Finalmente, se conoció que la propia convocatoria a cargo del GORE Pasco carecería de validez, debido a una grave omisión respecto a la disponibilidad del terreno sobre el cual se debe ejecutar la obra licitada. En tal sentido, estaría contraviniendo lo dispuesto en los Principios de Transparencia y Publicidad del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 32 del mismo cuerpo normativo.

“Se ha tenido a la vista los documentos adjuntos a la Licitación Pública n.° SM-2-2024-CS-GRP-1, proceso referido a la contratación de la ejecución de obra (…) en los cuales se advierten que no se cuenta con la libre disponibilidad de terreno para ejecutar, documento sin el cual no se puede convocar un procedimiento de selección”, explica la referida denuncia.

De este modo, se estaría vulnerando los principios rectores que sirven como blindaje a las contrataciones estatales, como el Principio de Transparencia e Igualdad de Trato, así como el deber de probidad en la función pública, recogida en la Ley del Código de Ética de la Función Pública Ley n.º 27815. Todo esto, amerita que las autoridades competentes tomen medidas inmediatas, pese al grave perjuicio que significará una nueva postergación de la obra.

La presidenta de la República Dina Boluarte Zegarra no solo cuenta con una de las aprobaciones más bajas en la historia política del Perú, logrando alcanzar apenas un 4 % según la última encuesta de Datum. Y ahora su impopularidad ha llegado a niveles continentales en el contexto latinoamericano. Por lo que alcanzó un ínfimo 6 % de aprobación a su desempeño en enero del 2025, de acuerdo a la última encuesta que publicó la consultora internacional ‘CID Gallup’ este lunes.

Según se ha podido conocer, este bajo porcentaje la coloca escaños más abajo que el mandatario de Argentina, Javier Milei, el de Ecuador, Daniel Noboa y el de Bolivia, Luis Arce.

CID Gallup evaluó el desempeño de presidentes de Latinoamérica

La encuestadora consultó a 1200 ciudadanos de cada país de Latinoamérica y formuló la pregunta: «¿Cuál es la opinión que tiene usted de la manera en que desempeña sus labores como presidente?»

Luego de las respuestas, se pudo entrever que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es el jefe de Estado que ha recibido mayor aprobación ciudadana con un 83 %, seguido por su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles con 65 % y posteriormente el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader Corona con 59 %.

Presidentes con menor aceptación en Latinoamérica

En tanto, los mandatarios que tienen la menor aprobación son los de Guatemala, Bernardo Arévalo con 39 %; Argentina, Javier Milei con 32 %; Bolivia, Luis Arce 10 %, y finalmente Perú, con Dina Boluarte, quien llega a 6 % y ocupa el último lugar en Latinoamérica.

El Salvador – Nayib Bukele (83 %).

Costa Rica – Rodrigo Chaves (65 %).

República Dominicana – Luis Abinader (59 %).

Panamá – José R. Mulino (51 %).

Honduras – Xiomara Castro (50 %).

Ecuador – Daniel Noboa (47 %).

Nicaragua – Daniel Ortega (41 %).

Guatemala – Bernardo Arévalo (39 %).

Argentina – Javier Milei (32 %).

Bolivia – Luis Arce (10 %).

Perú – Dina Boluarte (6 %).

94 % de peruanos rechaza a la presidenta Dina Boluarte, según encuesta Datum

Casi el Perú entero desaprueba gestión de la mandataria, quien tiene 9 investigaciones fiscales entre las que destacan por homicidio, lesiones graves, enriquecimiento ilícito, cohecho y abandono del cargo, y que la han convertido en la jefa de Estado más impopular del mundo, mientras que apenas 4 % de peruanos la tolera, de acuerdo al sondeo.

La presidenta Dina Boluarte Zegarra continúa batiendo récords de desaprobación, y cuyos índices alcanzados nunca antes han sido vistos en la historia de la política peruana. Una nueva encuesta de Datum para el diario El Comercio ha revelado que la inquilina de Palacio de Gobierno alcanza un 94 % de desaprobación, ubicándose como una de las mandatarias con menor aceptación ciudadana en el país. Y apenas, el 4 % de los encuestados aprueba su gestión, aunque ésta ha subido un punto porcentual respecto a diciembre del 2024.

Este martes 10 de febrero, el Congreso de la República se vio obligado a pronunciarse ante los cuestionamientos debido a los informes periodísticos que dieron a conocer sobre la agilización de trámites y expedientes técnicos con la intención de construir una sede de playa en el distrito de Santa María del Mar, al sur de Lima.

Mediante un comunicado ambiguo de la Oficina de Comunicaciones del Poder Legislativo negaron que dicho proyecto esté en marcha; sin embargo, sí reconocieron que poseen un terreno en dicho balneario; pero omitieron mencionar que el proyecto a construir se llamaría “Centro de Capacitaciones y Estudios Parlamentarios”.

Como se recuerda, según un reciente documento revelado el pasado 30 de enero del 2025, el Departamento de Logística del Congreso emitió la orden de servicio N° 74 a favor del arqueólogo Máximo Salazar Vivanco, para que dé inicio a la elaboración de una evaluación arqueológica y un posterior expediente técnico, con el fin de corroborar la viabilidad de la construcción del “Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios” ubicado en el balneario de Santa María del Mar, al sur de Lima. El monto destinado para dicho expediente calificador, supera los 141 mil soles, de los cuales ya se habría adelantado el 30 % del mismo y luego se irá abonando de acuerdo a los avances presentados.

Congreso niega que construirán una sede de playa

Pese a que el comunicado del Parlamento es ambiguo, éste señala que no existe ningún proyecto ya existente o en proceso acerca de la construcción de una sede de playa como se señaló en las últimas horas.

«La institución no tiene ningún proyecto, menos expediente técnico, para implementar una infraestructura con dicho fin, ni elaborado ni en formulación», se lee en la primera parte del comunicado.

Pero reconocen que poseen un terreno en Santa María que será construido

Pese a que la primera parte del comunicado niega la existencia del proyecto de playa, el Congreso admite y reconoce que sí cuentan con un terreno ubicado en el mencionado balneario del sur, por lo que se ha ordenado a un grupo de especialistas que realicen las investigaciones correspondientes para determinar si el mismo cuenta con vestigios arqueológicos.

«El Congreso tiene bajo su conducción, un predio en el distrito de Santa María, cedido por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), para ser utilizado en los fines propios de la institución; por lo cual, en cumplimiento de la legislación nacional, se ha dispuesto que especialistas establezcan si el área se encuentra libre de vestigios arqueológicos», añadieron en el pronunciamiento y dejaron en claro que a partir de estos resultados se dispondrá el uso del predio, tomando en cuenta las necesidades del Congreso.

Proyecto fue elaborado durante la gestión del congresista José Williams

Como se recuerda, el inicio de las diligencias para la obtención del terreno para la nueva sede de playa, se dio entre el 24 de marzo y el 3 de mayo del 2023, cuando el expresidente de la Mesa Directiva, José Williams aún estaba en el cargo. Y luego de casi 2 años de haberse conocido que el Congreso destinaría más de 17 millones de soles para la construcción de esta sede ubicada en el exclusivo balneario, la polémica ha vuelto a saltar en la opinión pública.

Según se conoció aquella oportunidad, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales le hizo entrega al Poder Legislativo un terreno de 35 mil metros cuadrados para la construcción de un edificio que tendría un aforo final para albergar a 4 mil personas.

En la resolución se detallan los motivos de la acreditación del predio. “Se estima que beneficiará a 4.000 trabajadores del Congreso y 12.000 habitantes. Asimismo, el personal se verá beneficiado con áreas libres y ambientes adecuados para capacitación y usos múltiples vinculados”, dicta el documento firmado por Carlos Alfonso García, de la SBN.

Pero lo que no precisa esta resolución es, qué incluye exactamente el término de “usos múltiples vinculados”, para los que se destinarán una serie de espacios denominados como “de lujo”. En los documentos se precisa la construcción de una serie de espacios que incluyen desde “salas de usos múltiples”, hasta “zonas de rotondas para reuniones al aire libre”, incluidos restaurantes y hasta estacionamientos para autos.

Según la tesis que maneja el Congreso, el próximo “Centro de Capacitaciones y Estudios Parlamentarios”, sería destinado para capacitar en materia política y congresal a los trabajadores del Legislativo. Sin embargo, anteriormente el proyecto generó la indignación de toda la opinión pública, por lo que fue negado rotundamente; pero al parecer, con la administración de Alianza para el Progreso (APP) al mando del Parlamento, y aunque ahora lo nieguen rotundamente, este proyecto continuará en boga hasta ver cristalizado su próximo funcionamiento.