Suelto en plaza. El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó la libertad del exalcalde de Anguía en Cajamarca, José Nenil Medina Guerrero, quien es investigado por los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado.

«Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordena la libertad del investigado José Nenil Medina Guerrero e impone las siguientes restricciones: no variar de domicilio sin autorización judicial, concurrir al Poder Judicial para control biométrico cada 15 días, no acercarse a los investigados y pagar una caución de 3 mil soles», se puede leer en la resolución.

Además, el tribunal le impuso restricciones como no variar de domicilio sin autorización judicial, concurrir al Poder Judicial para control biométrico cada 15 días, no acercarse a los investigados y pagar una caución de 3 mil soles.

El exalcalde de Anguía cumplía 30 meses de prisión preventiva como parte de la investigación por presuntamente ser parte de la red criminal enquistada en el Ministerio de Vivienda.

De acuerdo con la investigación fiscal, Medida Guerrero era miembro del denominado Gabinete en la Sombra del expresidente, Pedro Castillo, actuando como operador de una presunta red criminal.

Se le acusa de participar en negociaciones ilícitas para asegurar presupuesto de obras en Cajamarca, particularmente a través del Ministerio de Vivienda, recibiendo presuntas coimas a cambio de adjudicaciones.

En enero del año pasado, el Noveno Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda de habeas corpus a favor del exalcalde de Anguía y anuló el mandato de prisión preventiva en su contra. Sin embargo, un mes después la Tercera Sala Constitucional de Lima revocó el habeas corpus que dejaba sin efecto su reclusión.

Mentirosa y plagiadora. El Ministerio Público concluyó que el libro “Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, de coautoría de la actual jefa de Estado, Dina Boluarte, se detectaron “párrafos completos” extraídos de otros autores sin su consentimiento.

Cabe precisar que el delito de plagio ya prescribió, sin embargo, la Fiscalía ordenó retirar todos los ejemplares de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), así como la anulación definitiva de su registro legal.

De acuerdo a peritajes técnicos realizados con la colaboración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se constató la reproducción de párrafos completos de textos originales en el libro. No obstante, las diligencias no pudieron continuar debido al tiempo transcurrido desde la publicación, hace 19 años. La normativa vigente permite investigar casos similares solo dentro de un plazo de 12 años.

El proceso fiscal fue impulsado tras una denuncia periodística en el programa Punto Final que señalaba presunto plagio en la obra. El fiscal Miguel Puicón Yaipén lideró las indagaciones, que incluyeron entrevistas con los supuestos coautores del libro y un análisis técnico. Según informó el citado medio, su unidad de investigación pudo confirmar que el Ministerio Público sí corroboró plagio en la obra de la jefa de Estado. “Se advierte de la reproducción de párrafos exactos de los textos originales”.

Sin embargo, el tiempo transcurrido desde la comisión del delito obligó a las autoridades a archivar el caso penal. La Fiscalía explicó: “El transcurso del tiempo habilita la prescripción del presente caso, circunstancia que imposibilita continuar con las diligencias”. Pese a esto, se adoptaron medidas administrativas como el retiro del libro de la Biblioteca Nacional del Perú, instruyendo además la anulación de su registro.

Por su parte, los abogados Luis Gavancho, Carmen Rivera y María Chávez, supuestos coautores de la obra, manifestaron no haber aprobado el texto final de la obra, pues solo se llegó a considerar una publicación conjunta, la cual nunca se concretó.

Ya no es secreto para la opinión pública que la salud mental de algunos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) se ha visto menoscabada en los últimos tiempos por acciones antijuridicas, no solo ligadas a actos de corrupción; sino a graves delitos penales, como la violación sexual, el feminicidio, y pertenecer a bandas criminales, bajo el ropaje de un uniforme policial. Debido a estas razones, desde el Congreso proponen establecer de manera obligatoria una evaluación psicológica y periódica para todos los miembros de la Policía del Perú, mientras se encuentren en servicio activo.

De esta manera, la legisladora de la bancada de Perú Libre, María Agüero, ha presentado la propuesta legislativa N° 9928/2024-CR que busca implementar las pruebas psicológicas obligatorias para los miembros de las fuerzas del orden. La iniciativa, establece que los aspirantes a ingresar a la PNP deberán aprobar una evaluación psicológica como requisito indispensable para su admisión; aunque este requisito ya se encuentra incluido en la malla de evaluaciones al inicio de una postulación. Pero, además, se estipula que los policías que se mantengan en servicio activo se sometan a pruebas psicológicas trimestrales.

Se crearía la ‘Comisión Técnica de Evaluación Psicológica de la PNP’

La iniciativa legislativa también contempla la creación de la ‘Comisión Técnica de Evaluación Psicológica de la PNP’, que será la encargada de desarrollar, coordinar, implementar y supervisar el sistema de evaluaciones periódicas para todos los agentes de la institución policial. Este órgano será quien vele por la salud mental de todos los efectivos policiales, con el propósito de que se mantengan aptos mentalmente para el desempeño de sus funciones.

Policías que presenten diagnósticos con problemas de salud mental serán tratados

En caso de que un efectivo de la Policía presente indicios de trastornos emocionales graves, la propuesta legislativa establece su derivación a un tratamiento especializado. Pero, si el agente se niega a recibir el tratamiento psicológico, su actitud será considerada como una infracción disciplinaria, con las consecuencias que ello conlleve, como una sanción drástica.

El Congreso debatirá la propuesta legislativa

La parlamentaria Agüero sostiene que esta medida busca garantizar la integridad y eficacia de la institución policial, asegurando que sus efectivos puedan contar con la estabilidad emocional necesaria para enfrentar las exigencias de su labor diaria. «Es fundamental que nuestros policías estén en óptimas condiciones psicológicas para servir y proteger a la ciudadanía», sostuvo.

Mientras tanto, el proyecto de ley se encuentra en debate en las comisiones correspondientes del Congreso, donde se evaluará la viabilidad y las posibles modificaciones que requiera antes de ser sometido a votación en el pleno. Y de ser aprobado, marcaría un cambio importante en las políticas de recursos humanos de la Policía Nacional del Perú.

El Poder Ejecutivo, a través de la Resolución Ministerial N° 007-2025-PCM, autorizó el viaje de la delegación del Despacho Presidencial que acompañará a la presidenta Dina Boluarte a la ciudad de Davos, en Suiza, para participar en el ‘Foro Económico Mundial 2025’ que se desarrollará entre el lunes 20 y el viernes 24 de enero.

Según el dispositivo publicado en el diario oficial El Peruano, entre los servidores que viajarán con la mandataria figuran el Secretario General de Palacio, Enrique Ernesto Vílchez Vílchez; la asesora técnica de la presidenta, Carmen Elizabeth Giordano Velásquez; el jefe de prensa y comunicaciones de Palacio, Luis Manuel Urmeneta Delgado; así como los efectivos PNP y personal de seguridad del despacho presidencial, el suboficial técnico de tercera, Jhon Haidy Alberto Janampa Ruiz y la suboficial de tercera Milagros Kelly Vargas Castro, quien es conocida como ‘la sombra’ y quien sería mano derecha de la jefa de Estado.

Asimismo, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, también viajará al ‘Foro de Davos’, ya que recibió autorización formal para sumarse a la delegación, según la resolución.

Despacho Presidencial gastará más de US$29 mil en viaje de la delegación peruana

El costo estimado del viaje, que incluye pasajes y viáticos solo por tres días de estadía en Suiza, asciende a US$29,201, equivalentes a aproximadamente S/112,424, según fuentes oficiales.

La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha presentado una denuncia constitucional contra Luis Arce Córdova en su actuación como fiscal supremo y miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico agravado, por haber aceptado los pedidos del exjuez supremo y hoy prófugo de la justicia, César Hinostroza Pariachi, con el fin de beneficiar a terceras personas con las decisiones del ente electoral.

El área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, atribuye a Arce Córdova como presunto autor de los delitos de cohecho pasivo específico y tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado y lo sindica por presuntamente haber intercambiado favores con el prófugo César Hinostroza Pariachi, cuando este era juez supremo.

“La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, comunica que hoy se presentó la denuncia constitucional contra Luis Carlos Arce Córdova, en su actuación como fiscal supremo y miembro del Jurado Nacional de Elecciones, como presunto autor de los delitos de cohecho pasivo específico y tráfico de influencias agravo, en agravio del Estado”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.

Asimismo, en el comunicado del Ministerio Público se precisa que el exmagistrado Arce Córdova habría aceptado un pedido de César Hinostroza, para favorecer a un alcalde del distrito de Carmen de la Legua-Reynoso en un proceso de vacancia contra un teniente alcalde, a cambio de que a Arce Córdova luego se le favorezca en el momento que lo requiera.

«Asimismo aprovechando su posición como miembro del JNE habría prometido a dicho juez interceder ante los funcionarios de la Dirección del Registro Nacional de Organizaciones Políticas para favorecer al exsecretario general del partido político ʼUnión por el Perúʼ, en la solicitud de cambio de símbolo partidario», señaló el Ministerio público en su cuenta de red X y además remarcó que Arce Córdova habría aceptado el pedido de Hinostroza Pariachi para favorecer directamente al exsecretario del partido político en mención, emitiendo una decisión a su favor, a cambio también de obtener beneficios cuando éste lo necesite.

Le abren las fronteras. El Poder Judicial (PJ) acaba de revocar la orden de impedimento de salida del país que tenía la ex jueza superior Enma Benavides, hermana de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, lo que permite a la exmagistrada enfrentar el proceso judicial en su contra bajo la medida de comparecencia simple. Esta resolución implica que podrá salir del país sin restricciones.

Poder Judicial revocó impedimento de salida del país contra Enma Benavides, hermana de la exfiscal de la Nación e investigada por presuntos actos de corrupción

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— Canal N (@canalN_) January 16, 2025

Esta noticia tiene lugar después de que la defensa de Enma Benavides presentara una solicitud de caducidad de la medida coercitiva, en la que se pedía el levantamiento del impedimento de salida del país. La solicitud argumentaba que el plazo de la medida había expirado

“Declarar fundada la caducidad de la medida coercitiva de comparecencia con restricciones, presentada por la defensa técnica de la imputada Enma Rosaura Benavides Vargas, en el proceso que se le sigue, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico y otro, en agravio del Estado. En consecuencia, continuará en el proceso bajo comparecencia simple”, se lee en el documento.

Adicionalmente, se dispuso la devolución de la caución económica impuesta a la imputada en el proceso, una vez que la resolución quede consentida.

Cabe recordar que a la ex jueza Benavides se le viene investigando por presuntos actos de corrupción, entre los que se encuentran el haber liberado a narcotraficantes a cambio de presuntos sobornos.

Asimismo, fue destituida de su cargo como jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el marco de las investigaciones por corrupción en el sistema judicial.

Mediante un documento la Fiscalía de la Nación le exigió al ministro del Interior, Juan José Santiváñez el acceso a su cuenta de iCloud, luego que este entregara su celular reseteado sin chip y sin ninguna información como parte de una investigación en su contra. En ese sentido, le dio un plazo de 48 horas para que lleve a cabo la entrega. Sin embargo, Santiváñez, cuestionó el pedido de la Fiscalía y hoy en declaraciones a la prensa, remarcó que existen dos tipos de pedidos que puede hacer el Ministerio Público: legales e ilegales.

Con respecto a los pedidos legales explicó que estos están basados en disposiciones claras y justificadas, como el Código Procesal Penal; mientras que los ilegales no están permitidos y pueden ser sancionados por la jurisprudencia. Por lo que cuestionó la legalidad de solicitar información tan personal como acceso a cuentas bancarias, fotografías, antecedentes o cualquier otra información sensible de una persona.

Santiváñez rechazó la solicitud del Ministerio Público y argumentó que es ilegal, y que no está dispuesto a tolerar ninguna vulneración de sus derechos.

“Con el iCloud accedes a todo, a las cuentas bancarias, fotografías, antecedentes, documentos y la información de tu vida. Si la fiscal quiere enterarse de mi vida que me cite y me pregunte, más no el usuario y contraseña”, afirmó en su visita a la ciudad de Arequipa.

También mencionó que sus abogados han solicitado varias pruebas fuentes a la Fiscalía, pero que éstas no han sido consideradas, por lo que cuestiona el proceso judicial y la imparcialidad del Ministerio Público.

“La Constitución del Perú protege la presunción de inocencia. Mis abogados pidieron las pruebas fuentes donde están los audios y la Fiscalía sigue con una copia. Si la Fiscalía cree que una persona no va ejercer sus derechos de defensa, están equivocados. En las próximas horas voy a quejar a la Fiscal de la Nación ante la Junta Nacional de Justicia”, advirtió el ministro.

Pese a que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no logra solucionar los problemas fundamentales del país como la inseguridad y la lucha contra el crimen organizado, la asistencia de salud pública y una política económica que reduzca el gasto público, insiste en crear un nuevo Ministerio que requerirá nueva infraestructura y nuevo personal, entre funcionarios y trabajadores, tanto administrativos como operativos, y que de todas formas generará un gasto adicional al tesoro público del país, por más que aseveren que no será así; este miércoles 15 de enero, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció que la creación del nuevo Ministerio de Infraestructura se concretará antes del 28 de julio del presente año.

El premier aseguró en conferencia de prensa que hay comisiones trabajando en la fusión de dos ministerios, como lo informó la presidenta de la República, Dina Boluarte, y reiteró que antes del 28 de julio se aprobará el nuevo ministerio. Sin embargo, en realidad el nuevo portafolio solo absorberá dos entidades como la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), y el Organismo de Estudios y Proyectos de Inversión (OEDI), que no son ministerios.

«Le puedo asegurar que hay comisiones trabajando para la fusión del par de ministerios que ha asegurado (la presidenta). Tenemos también en ciernes la próxima aprobación del Ministerio de Infraestructura. Puedo asegurarle que antes del 28 de julio (del 2025) habremos terminado con el compromiso presidencial. Nos encontramos avocados a esta tarea», anunció.

Premier Adrianzén señala que sustentará el nuevo ‘proyecto ministerial’ en el Congreso

Asimismo, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) indicó que conversó con el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, sobre el Ministerio de Infraestructura y manifestó que se ha ofrecido a acudir a la Comisión de Constitución para explicar técnicamente los fundamentos de la propuesta de creación de la nueva cartera.

«Hoy tuve la oportunidad de hablar con el presidente del Congreso con relación a la creación del ministerio de Infraestructura. El propio presidente de la Comisión se interesó en el tema. Me dijo que el proyecto se encontraba en la Comisión de Constitución y nosotros nos hemos ofrecido a acudir a la comisión a explicar nuestra propuesta», sostuvo.

Se debe tomar en cuenta que el Congreso de la República es el encargado de aprobar el proyecto de Ley de creación del nuevo Ministerio de Infraestructura, luego de haberse sustentado la iniciativa en las comisiones respectivas y haber pasado por el Pleno.

El nuevo ‘Ministerio de Infraestructura’ no absorberá ministerios, sino dos ‘organismos públicos’

En esa misma línea, Gustavo Adrianzén detalló que el nuevo ministerio busca concentrar los diferentes sectores que ven proyectos de inversión, ello con el objetivo de evitar la duplicidad.

«Con este ministerio se busca concentrar en uno solo las unidades de diferentes sectores que ven proyectos de inversión, a fin de evitar la duplicidad. Con ello, esta unidad se dedicará a la infraestructura y los sectores se dedicarán a las labores que les corresponden», mencionó el presidente del Consejo de Ministros.

La nueva cartera de Infraestructura absorberá a ‘organismos públicos’ como la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), el Organismo de Estudios y Proyectos de Inversión (OEDI), así como los programas y los proyectos adscritos a los ministerios que en la actualidad ejecutan inversiones a escala nacional; pero no absorberá ministerios como vienen anunciando desde el Ejecutivo.